Rafael Uzcátegui's Blog, page 8

Comentarios a “Sobre la amnistía por delitos políticos y violaciones de DDHH” del documento de Víctor Álvarez

Rafael Uzcátegui

El debate sobre las condiciones que harían viable una transición a la democracia en el país se ha puesto sobre la mesa de la conversación pública, especialmente a partir de la propuesta realizada por los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Lula Da Silva (Brasil) sobre la posibilidad de realizar un plebiscito para salvaguardar la vida, integridad y derechos civiles del candidato que no resulte favorecido en las próximas elecciones presidenciales. En este sentido el economista Víctor Álvarez, antiguo integrante del Centro Internacional Miranda, ha venido promoviendo una propuesta bajo el título “Pacto de convivencia pacífica entre los candidatos a la presidencia de la república”. En este texto vamos a realizar algunos comentarios al apartado de ese documento “Sobre la amnistía por delitos políticos y violaciones de derechos humanos”, dado que su contenido es del área de nuestra experticia.

En este tipo de documentos el orden de los factores sí altera el producto. La importancia dada por Álvarez al tema de violencia política y derechos humanos se refleja en que es la primera y más extensa área temática expuesta en el documento, cuyas consideraciones son desarrolladas en 6 artículos. Otros temas que bien pudieran ser igual de medulares no son discernidos con el mismo interés. “Sobre la reinstitucionalización de los poderes públicos y el papel de la FANB” se despacha en apenas dos artículos; “Sobre la cooperación entre niveles de gobierno y un gobierno de coalición” también se resuelve en dos renglones. “Sobre el levantamiento de las sanciones económicas” hay más elaboración, pues se detallan en dos largos artículos, con una extensión similar a la suma de los dos anteriores, pero menor a nuestro tema. Una primera conclusión es que para Álvarez, la amnistía y el levantamiento de sanciones son claves para facilitar “la alternabilidad del poder”. Álvarez, al igual que en otros documentos de posicionamiento, suscritos por su persona, omite la palabra “transición” y evita caracterizar el tipo de gobierno que ha venido funcionando desde Miraflores.

Según explica Álvarez el documento es el resultado de una “larga consulta”, que para el asunto específico de derechos humanos, respondió la pregunta: “¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no?”. Al final del documento enlista las personas que fueron parte de la larga consulta, cada una a partir de un tópico específico. Dada la jerarquía dada al tema de la amnistía y los derechos humanos, resaltan dos cosas: 1) Ninguna conversación tuvo como eje temático el de derechos humanos y 2) Dada la sensibilidad sobre el tema, ninguna de las conversaciones fueron con familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos o integrantes de ONG de derechos humanos reconocidas por su trabajo en el área.

El documento abre con dos grandes propuestas con las que nadie, que conozca mínimamente el tema de derechos humanos, pudiera estar en desacuerdo: Crear una Comisión de la Verdad y reactivar el trabajo dentro del país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH). Seguidamente delinea la propuesta espinosa: Una amnistía por delitos políticos, a través del “indulto, el sobreseimiento de causa o extinción de la acción penal”. Seguidamente Álvarez mete en el mismo saco peras con manzanas, pues entre los beneficiarios de dichas medidas enlista, indiscriminadamente, acusados por “delitos políticos” – se sobreentiende, por parte de las actuales autoridades- y funcionarios señalados por “represión, abuso de poder y violaciones leves de derechos humanos”. Seguidamente Álvarez nos aclara que, en sintonía con el artículo 29 de la Constitución, quedarían exceptuados de la amnistía «las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”, los cuales “sólo podrán ser juzgados en las instancias de la justicia ordinaria”. Aquí tenemos varios problemas. El primero es que la única instancia internacional de protección a los derechos humanos que Víctor Álvarez reconoce es al ACNUDH. Dos artículos más adelante, el número octavo, el economista lo ratifica abiertamente: “No seguir presionando en la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos, y a pedir el cese de la persecución judicial en contra de representantes de los poderes públicos del Estado venezolano”. Por tanto, no es casual el énfasis en que las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad serían exclusivamente tratados dentro del país.

Un segundo problema es que no existe ningún estándar internacional en la materia que nos aclare y nos delimite que pudiera significar “violaciones leves a los derechos humanos”. También el por qué el adjetivo “leve”, en la lista de lo amnistiable, acompaña los verbos “represión” y “abuso de poder”. Si esto no ha sido delimitado por los estándares internacionales, ¿quién haría la separación?, ¿cuáles son los criterios? El economista nos dice que separar la paja del grano sería trabajo de “Los tribunales especiales de justicia transicional”. Para “garantizar la alternabilidad en el poder” Álvarez hace hoy una oferta de impunidad, como incentivo. El día de mañana ya se verá. ¿Qué sería leve para Alvarez? –ironizamos- ¿Menos de cinco corrientazos en los interrogatorios?, ¿Bofetadas con la mano abierta?, ¿Amenazas de abuso sexual que no terminen de concretarse?

No podemos dejar de subrayar que Álvarez, por las evidencias, pertenece a la matriz de opinión para los cuales el trabajo de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos son un estorbo para la “negociación política”, un ataque a la soberanía y cuyos informes sabotean la posibilidad de una solución pacífica del conflicto en nuestro país. Al contrario, cualquier trabajo en la reconstrucción institucional del país necesita de la participación y la asesoría de organismos internacionales. Y para el área específica de derechos humanos, de las instituciones internacionales con mandato en la materia. La creación de cualquier “tribunal especial de justicia transicional” en Venezuela necesitaría del involucramiento de las instituciones internacionales que hoy Álvarez niega. La reconstrucción democrática en Venezuela necesitaría de todas las tercerías posibles, que hagan confiable el proceso y brinde seguridad a todas las partes.

Es curioso, por decir lo menos, que Álvarez le pida a los candidatos “dejar de presionar” en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, cuando esos mismos postulantes, o para hablar concretamente en el caso Edmundo González, están ocurriendo y continuarán sucediendo situaciones –detenciones arbitrarias, persecución, sanciones administrativas a proveedores de bienes y servicios- cuyo única posibilidad de contención es, precisamente, la actuación de esas instituciones internacionales con trabajo basado en la dignidad humana.  

El debate apenas comienza y esta es, apenas, una de las propuestas. Las víctimas y sus organizaciones, así como las organizaciones de derechos humanos, debemos involucrarnos en esta discusión, No hacerlo sería permitir que la impunidad no tenga el suficiente costo político y social en cualquier cosa que vaya a suceder en los próximos meses. La pregunta que se encuentra en el fondo de la diatriba es precisamente esa: ¿Cuánta impunidad estaremos dispuestos a permitir, a tolerar, a ofrecer, para que los victimarios permitan abrirle las puertas a la democracia? O cómo dicen los que plantean el dilema en base a metáforas: El tamaño de los sapos que tengamos que tragar. Pues, precisamente, ese volumen habla de nosotros y nosotras como la sociedad que somos y la que aspiramos a ser.    

El coco de la abstención

A partir de los resultados de las elecciones primarias del pasado 22 de octubre, un hito político de trascendencia en nuestro empedrado camino a las elecciones, diferentes sectores de la sociedad civil venezolana han estado denunciando el supuesto riesgo latente de la “abstención” y la “calle sin retorno” que estarían a punto de convocarse por conocidos sectores políticos del campo democrático. La advertencia ha trascendido la reflexión y se ha convertido en un arma arrojadiza contra quienes califican como “radicales”. La acusación no sólo carece de asidero, sino que se configura para un contexto que no es el que estamos viviendo en el año 2024.

Quienes ven abstencionistas agazapados en cada esquina y se espantaban con la consigna “Hasta el final” de María Corina Machado sufren de estrés post-traumático por las protestas del año 2017, otro hito político nos guste o no nos guste. Mucho más cómodos con el tono conciliador de una oposición de baja intensidad, repiten como su propio mantra las clases sobre transiciones negociadas de universidades norteamericanas de prestigio -si lo dicen ellas debe ser verdad-: Cuando los costos de salida sean menores que los costos de permanencia, luego del ofrecimiento de los incentivos necesarios, vendría indefectiblemente la redemocratización del país. Cualquier cosa fuera de la lámina de powerpoint de esa lección, debe ser rechazado por “extremista”.

En el 2017, por una serie de condiciones y oportunidades, un sector importante de la oposición optó por lo que los catedráticos de Stanford han calificado, también, como “Transición por colapso”, caracterizadas por manifestaciones masivas con el objetivo de quebrar la coalición dominante. Como en cualquier otro modelo de ruptura autoritaria no hay éxitos garantizados, pero existen ejemplos sobre logros de este tipo de transición. En el caso venezolano ni las movilizaciones masivas ni la táctica de presión de conformar un gobierno interino logró devolvernos a la democracia. El sentido común, por tanto, exigía promover un camino diferente. Que hoy haya un consenso en la ruta electoral es consecuencia, entre otras razones, que la movilización insurreccional de masas -que tiene una larga historia en América Latina- se haya mostrado ineficaz entre nosotros. Ninguno de los modelos de transición que usted pueda aprender en los cursos académicos sobre democratización es “moralmente superior” que los otros. Su valía depende, exclusivamente, de su eficacia en una realidad concreta. Para decirlo en cristiano: Si no hubiéramos usado ya, sin suerte, la barajita de la máxima presión, los contornos del debate político actual serían completamente diferentes. Nos hemos pasado el suiche y ahora estamos en el momento de una transición negociada, por elecciones.

En Argentina se hizo público, años atrás, un manual para desactivar conflictos ambientales. Uno de sus consejos, que tiene que ver con lo nuestro, era “ocupar el espacio del reclamo”. La compañía de marketing aconsejaba a la petrolera estatal que como el reclamo era una actividad social indetenible, había que ocupar ese espacio con una demanda favorable a sus intereses que, a su vez, fuera movilizadora. Esto explica el por qué, cuando nadie habla de no participar en el proceso electoral, se esté acusando de abstencionistas al sector democrático al cual se adversa. El foco no es exigir condiciones electorales de participación a quien tiene la posibilidad de garantizarlas, sino denunciar “el abstencionismo” en el ojo ajeno para viralizar la sospecha. No se ha entendido que la relación entre la gente y el liderazgo político cambió. Los consensos -como el resultado de primarias o la no participación en el referendo esequibo- se han venido construyendo desde abajo. Atrás quedaron los días en que, de manera pasiva, se esperaba que bajara la línea de actuación desde las alturas. Afortunadamente, el ciudadano común nos ha venido sorprendiendo con una madurez política a prueba de demagogias. La masa crítica actual no esta siendo impuesta por los tres tuiteros altisonantes de siempre.

Si la literatura académica plantea que sólo hay dos modelos de transición ya probamos el primero -por ruptura- y estamos apostando por el segundo -por negociación-. Por más épico que haya sido, ningún líder o lideresa regresará a una estrategia que lo condene a la soledad, abandonando el lugar privilegiado que hoy ocupa. La pregunta es qué pasaría si el gobierno logra imponerse siendo una franca minoría. Aunque dicen que no hay batallas finales en política, el escenario de 6 años más con Maduro es de oscuridad. Aprovecharía el impulso del fraude para mantener, en el 2025, la hegemonía en gobernaciones y alcaldías. Y estaría cuesta arriba convencer a los venezolanos que las posibilidades de cambio se encuentran manteniendo el foco participativo y electoral. Este resultado generará un nuevo pico de migración forzada.

Quienes me conocen saben que mi formación política proviene del anarquismo. Por eso me encuentro entre quienes han postergado sus proyectos personales para el regreso de la democracia en el país. Una democracia en la que cuestionar la representatividad y abstenerse sea una opción, y no una imposición del autoritarismo, en su fórmula para quedarse en el poder. Por eso, compañeros de ruta, el verdadero promotor de la no participación en elecciones no es María Corina Machado o “los radicales”, sino la abyección que controla militarmente el territorio.

El sabor de los sapos

Sobre el comunicado promovido por Luis Vicente León, y personas vinculadas al Foro Cívico (FC), la primera precisión que deseamos hacer es que consideramos como demócratas honestos y convencidos a todos y todas sus promotoras, no obstante, con una teoría de cambio de la que diferimos. Y como las personas deben respetarse, escrupulosamente, pero sus ideas deben ser discutidas con pasión, a continuación haremos algunos comentarios sobre dicho texto.

Uno agradece que ante la infantilización del debate político en la Venezuela actual un grupo de personas se animen a colocar sus ideas sobre un papel. Eso estimula el debate de un campo democrático que debe estar caracterizado por su diversidad y el intercambio permanente. Los primeros párrafos del documento, titulado “A la opinión pública”, son impecables y con los que cualquier venezolano de buena voluntad pudiera suscribir: La defensa de los derechos humanos como base del desarrollo, la reivindicación del Acuerdo de Barbados como marco para el proceso electoral y el reconocimiento al hecho político derivado de las elecciones primarias de la oposición. Luego de esa introducción aparecen lo que consideramos las ideas-fuerza de una teoría de cambio que hemos calificado como “dialoguista”, que creemos parte de un diagnóstico errado, y por lo tanto promueve tácticas contraproducentes para la estrategia de lograr una transición a la democracia. Llama la atención que el término “transición” se omite en la extensión del escrito.

Todos y todas estamos de acuerdo: la recuperación pacífica de la democracia necesita el diálogo y negociación con la contraparte. Esto es una cosa. Otra diferente, la centralidad estratégica dada por los dialoguistas al “acuerdo político”. Ellos consideran que los “acuerdos”, por si solos, crean mágicamente realidades políticas, independientemente que en el camino a esos convenios se debiliten los mecanismos de construcción de consensos en el liderazgo partidista opositor, se erosione la confianza de la base democrática y se envíen señales contradictorias a la comunidad internacional. Para el dialoguismo la acción más importante sería hacer todo lo que sea necesario para mantener los canales de comunicación abiertos con las autoridades, que finalmente hagan posible la materialización de un contrato político entre dos actores, el gobierno y la oposición, pares e igualados en actos y responsabilidades. El detalle de esta lógica es que realiza un diagnóstico sobre lo qué nos estamos enfrentando que no es el correcto. En el comunicado se afirma que la “reinstitucionalización” y “el reencuentro nacional” deseado para Venezuela se alcanzaría con “la edificación de un Acuerdo Integral de Convivencia Política y Social”. Un nuevo pacto, más ambicioso que el suscrito en Bridgetown, se pide cuando el chavismo realmente existente experimenta una deriva totalitaria, de cara a un proceso comicial en el que, por primera vez en su historia, asiste con una amplia impopularidad, caracterizada por la rebelión de la antigua base electoral oficialista. ¿Cuáles son los signos de esa vocación totalitaria? Sólo nombraremos dos: La tríada de leyes, de carácter retroactivo, que incluyen la normativa del fascismo y las evidencias (el asesinato del Teniente Ojeda), que desde Miraflores se ordenan trabajos de inteligencia y violaciones de derechos humanos fuera de las fronteras venezolanas.

La ausencia de mecanismos de monitoreo, verificación y presión de lo pactado convierten a los acuerdos en un fetiche para el dialoguismo. Lo importante no es su cumplimiento, especialmente de quien tiene la mayor responsabilidad de hacerlo, sino el acuerdo en si mismo. Y el espacio político y estatus que brinda ser su promotor. De otra manera no se entiende como en el contrato anterior, Barbados, se desechan las consecuencias del incumplimiento de una de las partes, algo que atenta contra la propia lógica de los acuerdos: Se pone en riesgo en caso de inobservancia por una de las partes. A pesar de las evidencias sobre la voluntad política del oficialismo en honrar la palabra empeñada, la solución ofrecida por el dialoguismo es sustituirlo por un acuerdo más ambicioso.

Por otra parte el dialoguismo está convencido que el mejor trato a convenir con las autoridades es el que mayor incentivos le ofrezca para suscribirlo. La teoría académica de la transición por negociación. Por ello la insistencia en imponer la candidatura de Manuel Rosales, pues sería quien estaría dispuesto a ofrecer los mayores y mejores estímulos para que quienes hoy están en el poder lo abandonen. Según su narrativa si la oposición es “responsable” y escoge al candidato “que pueda efectivamente participar en la elección planteada”, el problema estaría resuelto. La carga de la transición se ubica en la oposición, no en quien controla y modifica las normas a conveniencia. Esto respondería a la pregunta ¿El PSUV se encuentra hoy dispuesto a entregar el poder? Aunque todas las evidencias digan lo contrario, para el dialoguismo la respuesta es positiva: Maduro necesita escoger “el candidato contra quien perder”, que ofrezca las mayores garantías de impunidad e intocabilidad de los bienes al liderazgo chavista. Lo que coloquialmente se intenta deslizar en la opinión pública como “los sapos a tragar”. Esa sería el fondo de la “potabilidad” de la candidatura del gobernador del Zulia para el poder, ser el “hombre de las concesiones”.

El propio texto del comunicado, empero, pone en duda si efectivamente el dialoguismo cree genuinamente en una transición a corto plazo o su escenario real es el de seis años más con Maduro en el poder. Esto lo refleja la frase del comunicado: “Las señales que debe enviar la comunidad internacional deben ir en la dirección de apoyar a Venezuela a reintegrarse a sus circuitos económicos y geográficos naturales, reinstitucionalizar las relaciones diplomáticas y destrabar el diálogo político y social con todos los sectores del país”. Esto sería la consecuencia normal y natural de una transición a la democracia. Pero por el sentido de la frase sugiere que es una petición a los gobiernos de otros países independientemente que la elección del 28 de julio sea la peor posible e imaginable. La acusación de ser promotores de la “normalización” no es fortuita: tiene asidero.    

Una tercera frase, de escándalo para un defensor de DDHH, es cuando se pide un proceso electoral “pacífico y participativo”, como queremos todos y todas, pero “sin injerencias externas”. ¿Esto qué significa? ¿Sin misiones técnicas e independientes de observación internacional? ¿Sin la mediación de países como Brasil y Colombia para el respeto de las garantías electorales? ¿Sin el monitoreo y actuación de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos? En ocasiones anteriores personalidades del dialoguismo, de manera pública y privada, han solicitado el fin de la actuación de la Corte Penal Internacional o la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU porque su actuación ponía en riesgo sus canales de comunicación con Miraflores.  

El pasado 29 de marzo una de las académicas promotoras del comunicado expresaba a través de su cuenta X (twitter), luego del impedimento de la inscripción de Corina Yolis: “Es increíble que se crea que unos comunicados son “presión” para el madurismo”. Si este tipo de pronunciamientos no tienen el objetivo de incidir en la conducta de las autoridades, ¿para qué se realizan? Dos hipótesis: Para influir en los otros actores. Y dos, como salvoconducto ante las represalias de las autoridades frente a la posible reimposición de sanciones.

El dialoguismo nos muestra, luego de meses de eufemismos y subterfugios, cuál es el sabor de los sapos.

(*) Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz

El activismo que ya no es posible

El pasado 27 de febrero, en otro aniversario de los hechos inmortalizados como “El Caracazo”, volvió a aparecer la discusión de por qué en Venezuela, bajo una emergencia humanitaria compleja, no ocurrían situaciones similares. En el debate han aflorado argumentos interesantes, como el del investigador social Angel González, que para Contrapunto afirmó que la existencia de mayor mediación política en el discurso y en la cultura hacía menos probable que “los cerros volvieran a bajar”. La posible repetición de los hechos de febrero de 1989, a pesar de la presencia de las “condiciones objetivas” que originaron los saqueos, es una variable que el chavismo ha tenido muy en cuenta. Así como aprendió del 11 de abril de 2002 y de las protestas del 2017, Miraflores ha cortado de cuajo el conjunto de vínculos asociativos que hicieron posible la expresión de la indignación de las multitudes.

Para el caso de “El Caracazo” repetiremos ideas del foro “Derechos ambientales ayer y hoy”, del pasado 18 de noviembre en la Casa Disiente de Caracas, donde Claudia Rodríguez, Jorge Padrón y Liliana Buitrago realizaron un balance histórico del movimiento ecologista en Venezuela. Aunque hoy no lo parezca, en la década de los 90 el movimiento ambiental tenía presencia en casi todo el país, demostrando una importante capacidad de movilización e incidencia con las autoridades. Como se recordó en el debate, en 1997 los ecologistas venezolanos lograron generar la masa crítica suficiente para revertir el llamado Decreto 1850, que permitía la actividad extractiva en la Reserva Forestal de Imataca, que abarca los estados Bolívar y Delta Amacuro. Un bolivarianismo emergente como movimiento político-electoral capitalizó a su favor las demandas ciudadanas, asimilando a buena parte de aquellos activistas verdes de los 90. Pero la cooptación estatal tenía como objetivo neutralizar la capacidad autónoma de movilización y lucha de la sociedad, incluyendo la ambientalista. El derrumbe de torres por parte de indígenas de un Tendido Eléctrico al Brasil en el año 2.000 fue el último viento de independencia del ecologismo venezolano. En el año 2004 Hugo Chávez emitió el decreto presidencial 3.110 que permitía, de nuevo, la explotación minera y maderera en Imataca. Y la decisión, en la cúspide de popularidad del zurdo de Sabaneta, ocurrió sin ninguna contestación social. Los combativos verdes de antaño ya eran parte del nuevo stablishment. Sin embargo, es insuficiente explicar este apaciguamiento por la transformación de los defensores de derechos ambientales en funcionarios. Aquello fue acompañado de una política deliberada para acabar con las condiciones materiales que sustentaban y hacían posible ese tipo de activismo.

La primera de estas decisiones fue doblegar a la red de universidades públicas del país. Los análisis de la confrontación del chavismo con las instituciones de educación superior se han inclinado a explicarlo por el acorralamiento de la libertad de cátedra y la generación de conocimiento, que es verdad. Sin embargo, una dimensión que se omite es que la UCV y similares fueron un territorio de operación clave no sólo para las organizaciones de izquierda, sino para todas las expresiones asociativas y gremiales que aparecieron en el país desde finales de los 70. La infraestructura de la universidad, durante mucho tiempo, fue clave para la aparición y expansión de demandas de todo tipo. Sus aulas y auditorios cobijaron reuniones ordinarias y encuentros regionales y nacionales de diversa índole, con un costo cero para sus promotores; los comedores universitarios proveían el catering de antaño; sus autobuses garantizaban movilización, tanto en la ciudad como hacia diferentes puntos del país; las imprentas universitarias duplicaban proclamas y manifiestos, en offset o en los rudimentarios multígrafos; Profesores y estudiantes procesaban los datos que alimentaban la narrativa de las demandas. Acabar con la universidad, también, era una manera de eliminar el sustrato material usado por las organizaciones sociales y populares del país. Si vale la metáfora, es como si a un partido político con amplio alcance le allanen y confisquen, al mismo tiempo, todas sus sedes a nivel nacional. Su capacidad operativa mermará considerablemente.

Una segunda dimensión del activismo característico de los 80 y los 90, que finalmente llevó al poder a Hugo Chávez, es que estaba basado mayoritariamente en el voluntariado. A diferencia del esquema posible por la cooperación internacional, que se desarrolló en todo el mundo a finales de la década de los 90, en esos años los diferentes y emergentes movimientos vecinales, estudiantiles, indígenas y contraculturales, se basaban en el esfuerzo voluntario y el apoyo mutuo altruista. Las personas percibían un salario suficiente para sus necesidades básicas, por lo que tenían la posibilidad de dedicar su tiempo libre, e incluso financiar de sus propios bolsillos, las iniciativas ciudadanas en las que se involucraran. Dinamitada la capacidad adquisitiva del salario, y colocando a todas las personas en la lucha darwiniana por la supervivencia, no hay tiempo, ganas ni posibilidades económicas propias de transformar la realidad a partir de un esfuerzo asociativo.

Una tercera y última dimensión, que agrego de mi propia cosecha, es el quiebre de los lazos comunitarios horizontales en los sectores populares. Cuando en el año 2014 el gobierno sabía de la crisis económica que se avecinaba, luego de la importante caída de los precios internacionales de sus principales productos de exportación, ejecutó dos decisiones. La primera fue crear la contra-narrativa de la “guerra económica”, que explicara todos los males que iban a ser padecidos a continuación por las mayorías. Y de manera paralela, realizar el mayor operativo de intervención policiaco-militar en los barrios del país: El Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), que con el tiempo sería sustituido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Luego del golpe de Estado de 2002 el chavismo hizo las depuraciones y restructuraciones necesarias dentro de las Fuerzas Armadas para evitar que algo similar ocurriera en el futuro. Lo mismo puede decirse de las protestas del año 2017. Si El Caracazo no puede repetirse luego de 25 años de chavismo es porque el oficialismo ha tomado medidas para, independientemente del empobrecimiento y marginación de las mayorías, destrozar los vínculos sociales que lo hicieron posible.

Sociólogo y defensor de derechos humanos. Codirector de Laboratorio de Paz.
Publicado en Tal Cual

El cancionero de Kurt: Un podcast para Radio KEXP (Seattle)

La periodista argentina Albina Cabrera me contactó para participar en su podcast «El cancionero de Kurt», en el que habla sobre la lista de los discos imprescindibles según la lista elaborada por Kurt Cobain (Nirvana). Su programa es para la radio KEXP de Seattle, siendo el único podcast de la emisora para el público de habla hispana. Su segunda sesión conversó sobre los discos más «punk» de la lista, por lo que me preguntaron sobre el impacto del género en América latina. Gracias por tomarme en cuenta! Pueden escuchar mis respuestas, y todo el podcast, a continuación:

El deslave electoral del chavismo

Como demostró el sociólogo Héctor Briceño en su artículo “Rebelión en las elecciones Regionales y Municipales 2021”, en los comicios de esa oportunidad el oficialismo logró quedarse con 19 de las 23 gobernaciones y con 211 de las 335 alcaldías. Sin embargo, “los resultados representan uno de los peores desempeños electorales del PSUV (…) profundizando la pérdida de apoyos y capacidad de movilización”. Briceño explicó que, a pesar del mantenimiento de la hegemonía chavista, su coalición perdió una cantidad importante de votos, la mayoría en sus tradicionales bastiones: zonas rurales, poco pobladas y económicamente deprimidas, “donde los mecanismos de control político y social suelen ser mucho más poderosos (…) Todo ello sugiere un agotamiento de la maquinaria partidista y que la crisis ha golpeado también al gobierno, deteriorando tanto sus fidelidades como su capacidad coercitiva”.

En estos comicios, el estado Barinas se convirtió en el epicentro simbólico de la batalla electoral. Luego de la victoria del opositor Freddy Superlano sobre el oficialista Argenis Chávez -hermano de Hugo Rafael- y la suspensión de los comicios por el CNE, la posibilidad de la revancha activó en el chavismo todas las estrategias que habían sido eficaces en el pasado: Un candidato de alto perfil público, Jorge Arreaza, emparentado además con el zurdo de Sabaneta; integrantes del tren Ejecutivo realizando activamente campaña en la entidad y la entrega de electrodomésticos y otros beneficios para inducir el voto a favor. El resultado fue contraproducente: La propuesta chavista perdió, incluso por un margen de votos mayor, confirmando el diagnóstico de Briceño.

Barinas puede ser considerado el inicio de una tendencia. Las elecciones primarias de la oposición, realizadas en octubre de 2023, ratificaron la merma de la antigua base electoral dura del oficialismo, que siempre se estimó equivalente a la cantidad de empleados públicos en el país (4 ó 5 millones de personas). La Comisión Nacional de Primarias anunció que la votación en dicho proceso sumó 2.4 millones de votos. Pero para nuestro análisis la importancia radica en la calidad del comportamiento electoral, en la que en territorios tradicionalmente dominados por el oficialismo, tanto en ciudades como en pueblos y zonas rurales, las colas eran igual de entusiastas que en el este de Caracas. Por contraste, la rebelión de la antigua base bolivariana contra sus líderes volvió a ser evidente en la no participación en el Referendo por el Esequibo. Aunque el discurso oficial asegure la delirante cifra de 10 millones de votantes -ni siquiera alcanzada en los mejores días de Hugo Chávez, cuando no había crisis migratoria- la estrategia electoral tradicional del oficialismo ha tocado un techo. Esos reales -los del marketing por el voto Esequibo- se perdieron.

La firma del Acuerdo de Barbados, horas antes de las elecciones primarias, significaba para el oficialismo certezas que no tenían asidero: Que las contradicciones internas de la oposición iban a sabotear las primarias y que la llegada de dinero fresco, sin sanciones, sería suficiente para repetir la formula ganadora del año 2018: Una maquinaria electoral propia aceitada + la fragmentación de tus contrarios + la inhibición del voto en contra. El chavismo hoy es víctima de su propia hegemonía comunicacional y sus cámaras de eco. Por primera vez en su historia no tienen seguridad del tamaño de sus votos cautivos. El electorado chavista se encuentra tan descontento e indignado como el resto de la población.

Nicolás Maduro protagoniza una doble campaña electoral: Para recuperar los votos perdidos y para ratificar, a lo interno, su autoridad. Hasta ahora su oferta se basa en las “7 transformaciones” (7T), aparecer en redes sociales bajo diferentes formatos y designar ministros como “padrinos” y “madrinas” en todos los estados del país para reforzar el 1×10. La pregunta es si el reciclaje de estrategias eficaces en el pasado volverá, a pesar de las circunstancias, a ser exitoso. La guinda del pastel es recurrir a la superstición: Convocar elecciones el día del fallecimiento del caudillo, adelantadas para la fecha de su nacimiento

A diferencia de la intelectualidad chavista, que critica en público o en privado pero en momentos definitorios seguirá votando por lo que decida el PSUV, la antigua base electoral del oficialismo ha asumido el comportamiento contrario: Decir que es chavista -por protección- y, a la hora de las definiciones, expresar su descontento. Los obstáculos para una transición democrática son enormes, y conocida la fecha de los comicios, la carrera para las elecciones está comenzando. Que por primera vez el chavismo no tenga pueblo que mostrar, que sugiere una importante madurez ciudadana, es la principal razón para la esperanza.

(Publicado en Tal Cual, 07.03.24)

Eufemismos y teorías de cambio

Eufemismo es, según el diccionario de la Real Academia Española, la “manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. La política internacional, pero especialmente la venezolana ofrece muchos ejemplos sobre estos giros semánticos. El gigantesco aparato de propaganda del chavismo ha sido, básicamente, una fábrica de eufemismos. En el 2016 la importación de más del 70% de lo que comían los venezolanos se calificó como “soberanía alimentaria”. O más recientemente, cuando el racionamiento de luz es nombrado como “redistribución de la carga eléctrica”.

Si la cultura política bolivariana es una profundización, hasta nuevas fronteras, de la que ya existía en la llamada IV República, paradójicamente su influencia es perceptible en el liderazgo democrático del país. Además de la opacidad, falta de transparencia y ausencia de mecanismos participativos para la toma de decisiones, diferentes protagonistas de la vida pública se niegan a expresar, con claridad, cuál es su estrategia para el regreso de la democracia. Un caso: Si escuchamos declaraciones sobre la “necesidad de construir plataformas competitivas para las elecciones” tendremos que hilar fino para, finalmente, descubrir que se está criticando el liderazgo de María Corina Machado. Las audiencias retuitean frases rebuscadas que rechazarían si los voceros le hablaran “claro y raspado”.

En este artículo vamos a intentar sintetizar las teorías de cambio político que hemos leído y escuchado en diferentes escenarios, lo que está detrás de la grandilocuencia y los malabarismos verbales. Dos advertencias previas. Leerán a continuación “tipos ideales”, modelos creados a partir de la exageración o acentuación de uno o más rasgos, simplificados para facilitar el análisis. Por ello el tuitero de su preferencia pudiera tener características de más de una. Lo segundo, es que todas tienen detrás de sí una racionalidad política legítima. Quienes comulgan con ellas creen, de buena fe y por una suma de argumentos, que es el camino exitoso para el retorno del estado de derecho y el bienestar del país. Dicho lo anterior, creemos que las teorías de cambio actualmente presentes en el campo democrático son:

1) Teoría de cambio 2030: Impulsada por aquellos que sostienen la dificultad de una transformación a corto plazo y que, por lo tanto, habría que generar las condiciones que lo hicieran posible a mediano término, las elecciones del año 2030. Los actores productivos sugieren que la estabilización de la economía traería, como consecuencia, aspiraciones democratizantes -inclusive y especialmente- en la generación de relevo del chavismo; la disminución de la migración forzosa y la planificación bajo un Estado proteccionista, en el sentido de impedir la libre competencia con el mercado internacional, dada las debilidades del empresariado criollo. Los actores políticos consideran que el diálogo, y la concesión de incentivos a las autoridades, mejorarían las oportunidades para ir ocupando, progresivamente, espacios de influencia. Para ambos una transición ahora sería un “salto al vacío”, generando una crisis de gobernabilidad, costosa financiera y políticamente. Asimismo, los 2030 tienen una profunda desconfianza por los actores que protagonizan la arena pública, especialmente los de oposición, por lo que apuestan a un relevo.

2) Teoría de cambio dialoguista: Es aquella que sostiene que, independientemente del resto de las dimensiones del conflicto, la realización de acuerdos con el gobierno es suficiente para generar nuevas realidades políticas. Se diferencia de la anterior porque no se ha planteado un horizonte temporal de resultado, sino una lógica de proceso continuo, con logros o victorial parciales expresados en los acuerdos mismos. Están convencidos que el chavismo tiene vocación democrática, acorralada y puesta a la defensiva por excesos de la oposición. Por alimentar la importancia de los diálogos, y justificar las inhabilitaciones, repiten la tesis que “Maduro estaría buscando un contendiente contra el que perder”. Además, intuyen que la llegada al poder de alguno de los actores opositores traería consecuencias peores que el mantenimiento en el poder del actual oficialismo. Si bien pueden dudar de ambos bandos, sus mayores niveles de desconfianza y criticidad los ubican en el lado opositor. El conflicto venezolano se explicaría por una adaptación de la teoría argentina de los “Dos demonios”. Y se resolvería cuando el chavismo tenga los incentivos suficientes para lograr que el “costo y atractivos de irse en el poder sean mejores que el costo de permanecer en él”. Han liderado públicamente el lobby contra las sanciones y de manera privada erosionan el trabajo de los mecanismos internacionales de protección, como la Corte Penal internacional.

3) Teoría de cambio movimientista: Es aquella que considera que el fortalecimiento de la acción de la sociedad venezolana es la determinante para la realización de acuerdos, y no al revés. Por tanto, valoran los procesos de negociación y acuerdos como proceso -de cohesión interna- y como resultado. Están convencidos que el cambio a corto plazo es posible si se logra un “momentum” en el que coincida un liderazgo político y social que ha logrado mecanismos óptimos de coordinación, una amplia base social que ha recuperado la confianza tanto en su liderazgo como en la propia posibilidad del cambio y una comunidad internacional, incluyendo los países de América Latina, sintonizados en la exigencia abierta de elecciones libres. Esta confluencia es la que lograría las condiciones necesarias para una transición en el país. A pesar que reconocen los errores y debilidades de la oposición, se diferencian de los anteriores porque razonan que el país no puede esperar mucho tiempo por un cambio y que los actores con los que hay que empujarlo son los que están a la vista.

4) Teoría de cambio salida por la izquierda: Es la enarbolada por quienes privilegian un análisis ideológico del conflicto venezolano. Según esta manera de pensar Hugo Chávez inició y lideró un proceso de transformaciones correcto, que luego de su ausencia ha tomado otra dirección, bajo un espíritu patrimonialista del Estado. El objetivo sería impedir que “la derecha” vuelva a la presidencia del país y postular una vuelta a las raíces del proyecto bolivariano, mediante una radicalización hacia la izquierda protagonizada por el poder popular. Privilegian su identidad antiimperialista sobre cualquier otra, y el conflicto se explicaría por la lucha mundial contra el neoliberalismo, desarrollada en diferentes escenarios. Por razones estructurales no apoyarían ni realizarían alianzas con la oposición, aspirando a tender puentes y masa crítica con lo que califican como sectores revolucionarios del chavismo y los miembros nacionalistas de las Fuerzas Armadas.

Para entender lo que los influencers políticos le quieren decir, no debería tener permanentemente un diccionario bajo el brazo, ni ser asesorado por el poeta Rafael Cadenas. Exíjales que le hablen claro, cuál es el diagnóstico que hacen a lo que se enfrentan y cuál debería ser, aunque sea a grandes rasgos, la estrategia para superarlo. El campo democrático debe aglutinarse en torno de alguna. Pero la primera condición para ello es saber cuál es.

Publicado en Tal Cual

¿Efecto Milei para Venezuela?

En un reciente podcast que intentaba explicar las razones de la elección presidencial de Javier Milei, la periodista argentina Victoria de Masi calificó su triunfo como “el fin de una época” y el “fin de una cultura”. A pesar que todas las fuerzas de las causas políticamente correctas se alinearon para hacer campaña contra el líder del partido “La libertad avanza”, Milei ganó la silla de la Casa Rosada con el 55.65% de los comicios en la segunda vuelta. La votación fue idéntica en casi toda la República Argentina, incluyendo lo que eran bastiones peronistas. Miraflores toma nota, con preocupación, del “fenómeno Milei”: A un mal candidato de un gobierno empobrecedor de las mayorías no hay campaña de temor que valga. El discurso progresista, convertido por repetición de Estado en un significante vacío, dejó de conectar con la gente. Suenan las alarmas.

La página web de la UNESCO celebra el podcast como la “reinvención de la radio”. En su portal recuerda que su creación data del año 2004, luego que el término fuera inventado por el periodista Ben Hammersley, del diario The Guardian Ben Hammersley, sintetizando “iPod” y “broadcast”. Tres años después la BBC invitó a Daniel Alarcon, profesor de periodismo en Columbia University y escritor de ficción, a realizar un reportaje para radio sobre la migración de los andes peruanos a la capital del país, Lima. El resultado fue publicado en inglés, y algunas de las entrevistas fueron dobladas por actores. “No puedes contar una historia peruana con tan pocas voces en español”. Esa frustración fue el origen del podcast más conocido y exitoso en América Latina: Radio Ambulante, con 5 millones de descargas de capítulos por año. Radio Ambulante es la casa matriz del podcast noticioso semanal “El hilo”, donde para entender lo que había pasado en Argentina entrevistaron a Victoria de Mesi.

La periodista del elDiario.AR opinó sobre las causas de la victoria: “Milei le habló a esas personas que tienen esas preocupaciones -la economía, la inseguridad- con un lenguaje sencillo”. Más adelante agregó: “Milei conquista el voto de los muy pobres, los pobres, las clases medias y las clases altas (…) Las personas conectan con Javier Milei, independientemente de su clase social, su recurso económico, su experiencia de vida. Javier Milei es nuestro presidente. Hay que hacerse cargo de eso. Es una realidad: indignarse es rechazar la realidad”.

En la primera ronda de las elecciones gauchas Milei pareció desinflarse ante las expectativas que había creado en las llamadas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), donde obtuvo casi el 30% de los votos válidos, encabezando la preferencia de los electores. Luego, al medirse contra el oficialista Sergio Massa obtuvo casi dos millones de votos menos que el ministro de economía, pero suficientes para ir a una segunda vuelta por el puesto presidencial. Este resultado preliminar hinchó el pecho del zurdaje tanguero. Mientras Milei tejía alianzas, las izquierdas y progresismos de todos los colores hicieron campaña en su contra. Finalmente, Milei conquisto la primera magistratura sacando 10 puntos de ventaja sobre su contendor, en una tendencia de votación similar en casi todo el país, incluyendo en los territorios donde históricamente había dominado el voto peronista. Las propuestas del ganador eran, como decía mi abuela, “de espanto y brinco”. Pero todo el arsenal argumentativo progresista, para repetir las palabras de De Mesi, “no conectó”. Parafraseando la obra de Goya: “Las pesadillas de la razón izquierdista producen monstruos reaccionarios”.

Abundan los golpes de pecho. El debate resuena a los venezolanos, Resumiendo algunos de los más interesantes, se hace énfasis tanto en las debilidades del contrincante (representar el continuismo y ser el responsable de la economía de un país en crisis) como en la creación de “significantes vacíos” por parte de gobiernos kirchneristas, que bajo una seguidilla de escándalos de corrupción han vaciado de contenido palabras que eran atesoradas por los argentinos, como “derechos humanos”, que hoy se perciben como huecas y demagógicas por la población. La rabia pudo más que el miedo. Por ello la conclusión lapidaria de la periodista porteña: “Es el fin de una época”.

Los paralelos entre Argentina y Venezuela están allí. Dos gobernabilidades, con años de gestión, que incumplieron sus propias promesas incrementando la pobreza de su población; acusados de innumerables actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de sus funcionarios; que cooptaron, institucionalizaron y desvirtuaron los anhelos de la población; cuya principal fidelidad era ideológica y no a los principios constitucionales que debían defender; con candidatos presidenciales que son más de lo mismo. Así como Javier Milei logró conectar con los habitantes de las “villas miseria”, hoy la dirigente del partido Vente empatiza con los de las barriadas venezolanas. Ustedes dirán que transitoriamente, por ira o por castigo, pero lo cierto es que se ha pulsado un interruptor que ha dejado atrás las lógicas políticas que conocíamos hasta ahora. Para decirlo en términos venezolanos: Ha quedado caduca la frase “María Corina Machado es la candidata soñada por el chavismo”, que aún seguimos leyendo en tuits. Hoy, por cualquiera de las circunstancias que usted quiera enumerar, se ha transformado en un fenómeno que está capitalizando las demandas aspiracionales de los venezolanos. Por esta causa, verificable en la participación en las elecciones primarias y en la no participación en la Consulta Esequibo, las autoridades están obligadas a darle una patada a la mesa electoral. Y mientras consiguen una fórmula para mantenerse en el poder con un barniz de legitimidad, azuzarán los tambores de conflicto y de guerra.

Publicado en Tal Cual

Un Kennedy para Venezuela

Aunque para el antiimperialismo hegemónico todas las personas de nacionalidad estadounidense son sospechosas de algo, sobran ejemplos de líderes políticos y sociales de ese país con un compromiso real con la democracia y los derechos humanos.

Una muestra está en la familia política gringa más mediática de todos los tiempos. Aunque aparezca en el mismito nombre de una de las bandas punk más interesantes que haya existido, o no haya alusión a eso en la web Aporrea, hubo un Kennedy que hizo bastante para la disuasión de los abusos que ocurrieron dentro de las dictaduras analógicas latinoamericanas de siglo pasado: Edward Moore Kennedy, mejor conocido como “Ted”. En plena Guerra Fría tuvo el coraje de denunciar, en el corazón de Washington, las torturas y asesinatos de gobiernos militares cercanos a la Casa Blanca. En días del gobierno republicano de Richard Nixon obtuvo una importante victoria parlamentaria con la aprobación de la llamada “enmienda Humphrey-Kennedy» que prohibió la asistencia militar y la venta de armas de EE.UU. a Chile tras el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, luego del asesinato de Orlando Letelier en tierras del Tío Sam. Esta iniciativa impedía vender armas a Chile hasta que se verificaran tres condiciones: la primera de ellas que hubiera un progreso significativo en el respeto a los derechos humanos. La terquedad de Ted extendió estas medidas a la dictadura Argentina. Hoy sabemos que por ello el gobierno de Jimmy Carter, además de suspender la asistencia militar y financiera, se abstuvo o votó en contra de 28 de los treinta y dos créditos que Buenos Aires había pedido a organismos de crédito internacionales. El objetivo de Edward Kennedy fuera que dichas medidas fueran un elemento de presión, lo que se mantuvo hasta el final de aquellos regímenes militares. Aunque fueran acotadas en aquel tiempo y no exentas de contradicciones respecto a otras políticas del Departamento de Estado, hoy entrarían en el rango de lo que conocemos como “bloqueo” y “sanciones internacionales».

Por sus aportes a la transición Ted fue condecorado, en el año 2008 por el Palacio de la Moneda, con la «orden del mérito en el grado de Gran Cruz», un importante galardón chileno, por la presidenta Michelle Bachelet. Un año después, cuando el político estadounidense falleció, la líder izquierdista declaró: “fue un gran político que apoyó a los demócratas chilenos en tiempos muy difíciles, levantó con fuerza su voz para denunciar atropellos a los derechos humanos pidiendo el restablecimiento de la democracia». Traduzcamos: un ícono de la izquierda global reconocía los efectos positivos de sanciones para la superación de la gobernabilidad autoritaria. Años después, en su rol como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bachelet fue muy crítica de las sanciones económicas contra Venezuela. Pero nunca opinó, ni a favor ni en contra, contra las medidas restrictivas de otra naturaleza que habían sido aprobadas por países diferentes de Estados Unidos.

¿Tendremos un equivalente de Ted Kennedy para el caso venezolano? Desconocemos la voz que, en el año 2014, promovió dentro del gobierno español la suspensión de quince licencias de exportación de material antidisturbios y una de cartuchos de caza con destino Caracas. ¿Cuántos políticos y técnicos de la península ibérica se sensibilizaron con las imágenes de la represión a las protestas antigubernamentales que ocurrieron ese año en todo el país? Nunca lo sabremos. En ese momento España era el tercer país vendedor de armas a Venezuela. Y hasta ese año sólo en material antidisturbios, como ha recordado un reciente informe de la ONG Laboratorio de Paz, 5.638.952 de euros correspondía al rubro “equipos antidisturbios”. Aunque aquellos hilos diplomáticos invisibles nos son ajenos, lo cierto es que tres años después la Unión Europea aprobó un embargo de venta de armas a Venezuela, además de sanciones individuales contra 55 funcionarios bolivarianos señalados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y resquebrajamiento del estado de derecho. Decisiones, por cierto, que las Bachelet del mundo aplaudirían hasta sangrar si fueran contra un autoritarismo de derechas.

No conocemos la identidad del Ted para nuestra tragedia, pero sí la de su Némesis: José Manuel Albares, ministro de Exteriores y miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien recientemente pidió, a viva voz, levantar el embargo de armas a Venezuela y quitar las medidas restrictivas de ingreso que pesan sobre 55 funcionarios venezolanos, vinculados a delitos contra la humanidad que hoy investiga la Corte Penal Internacional. La propuesta ha sido objetada por Alemania y Países Bajos, y será sometida a discusión el próximo 13 de noviembre en el Consejo de la Unión Europea.

Las sanciones son un mecanismo de presión de la diplomacia internacional, que sobre el terreno sustituye alternativas de fuerza. Serán mejores o peores de acuerdo a sus posibilidades de eficacia y, sobre todo, el contexto y duración por el que se implementen. Si Ted Kennedy fuera revolucionario, en el sentido dogmático del término, si figura acompañar a otros próceres de la propaganda progresista mundial. El imaginario sobre sanciones ha sido colonizado por la diplomacia cubana y sus satélites. Ha sido tan efectiva que sus contornos se refuerzan y están presentes en la narrativa de sus propios críticos. En esta hora menguada para los venezolanos y venezolanas, necesitamos muchos Ted repartidos por el mundo.

Laboratorio de Paz sobre el Referendo Guayana Esequiba

Laboratorio de Paz: Resultados del “Referendo Consultivo en Defensa de la Guayana Esequiba” pudieran ser lesivos al Derecho a la Paz

(Caracas, 02 de diciembre de 2023). Para este 3 de diciembre del 2023 las autoridades venezolanas han convocado a un Referendo Consultivo sobre la Guayana Esequiba. Laboratorio de Paz desea alertar los riesgos de los resultados y, sobre todo, de la aprobación de la pregunta número 5, que pudiera generar una preocupante escalada de tensiones y conflicto con el gobierno de Guyana.

La realización de referendos consultivos a la población para materias de especial trascendencia nacional se encuentra establecido en los artículos 70 y 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, es uno de los mecanismos de participación ciudadana presentes en la Carta Magna. Cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, tiene de acuerdo al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y opinión, de tomar la decisión sobre su participación o no en la consulta a realizarse este 3 de diciembre, así como su posición en cada una de las cinco preguntas planteadas en el proceso. Resaltamos que, con base en la Declaración Universal de la Naciones Unidas y a la CRBV, nadie puede ser obligado, víctima de coerción, o represalia en su decisión sobre participación y opinión.

A su vez, en concordancia con el artículo 15 de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, que establece el derecho de las personas y los pueblos a exigir que la paz sea una realización efectiva, y en alertar cualquier acto que amenace o viole el Derecho Humano a la Paz, desde Laboratorio de Paz queremos expresar nuestra profunda preocupación y alerta sobre las posibles consecuencias de la aprobación e implementación de la pregunta número 5 del Referendo que reza: “¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?”.

Desde las más altas vocerías del Gobierno de Venezuela, se ha expresado que los resultados aprobatorios del Referendo otorgarán un “mandato” a Nicolás Maduro para ejercer acciones sobre el territorio de la Guayana Esequiba. La creación del estado Guayana Esequiba, la designación de autoridades y su incorporación unilateral al mapa del territorio venezolano, desconociendo la jurisdicción internacional y los mecanismos internacionales y diplomáticos basados en la mediación, conciliación y la negociación diplomacia, podría generar una escalada del conflicto con consecuencias de gran impacto negativo para el país, para los habitantes del territorio en disputa y para toda la región. La aprobación de la pregunta 5, sería un paso en dirección contraria a la resolución pacífica de conflictos y una provocación hacia una inaceptable escalada de violencia.

A su vez, la aprobación de esta pregunta 5, podría desembocar en una carta aval, con situaciones aún más lesivas de las violencias internas y en contra de una transición pacífica del autoritarismo en el próximo contexto electoral. La pregunta 5, permite la aprobación discrecional del ejecutivo, del estado de conmoción, estado de emergencia o de excepción, que pudieran suspender derechos fundamentales de los venezolanos y venezolanas bajo la excusa de la defensa de la soberanía y el peligro la vida de la nación.

El riesgo asociado a los posibles resultados del Referendo Consultivo ha sido señalado por la Corte Internacional de Justicia, que este 1 de diciembre de 2023, ha pedido a Venezuela “no tomar ninguna medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa del Esequibo”. En este sentido, Consideramos a su vez, que la pregunta número 3, y su posible aprobación generaría un precedente muy preocupante, en el desconocimiento de mecanismos universales para la resolución pacífica de controversias que atentan contra la obligación de Venezuela y los países de evitar y primar por la mediación y la conciliación en pro de las relaciones pacíficas y armónica que garanticen de manera efectiva minimizar la violencia, el sufrimiento humano, conflictos y sus secuelas. Desconocer la Jurisdicción internacional en la disputa con Guyana por la Guayana Esequiba, no es acorde con el compromiso de evitar las excusas y todas las causas de la violencia entre países.

Desde Laboratorio de Paz queremos rechazar cualquier acción de hostigamiento y persecución para coaccionar en el ejercicio del voto. De igual manera rechazamos cualquier criminalización, represalia contra personas u organizaciones por sus opiniones sobre el referendo consultivo, la disputa actual por el territorio Esequibo o por los contenidos e implementación de la Consulta. La libertad de opinión, expresión, pensamiento y conciencia deben ser garantizados y protegidos antes, durante y posterior a cualquier proceso de consulta de esta relevancia.

Alertamos las dudas razonables que pesan sobre los resultados de un proceso, participación y resultados promovido, generado y cooptado absolutamente por el gobierno nacional y sus organizaciones afines, sin posibilidad de acompañamiento, auditoria y veeduría independiente. Nos sumamos a la petición de diversas organizaciones de defensa de los derechos de la niñez, a que la actividad “Consulta Escolar por el Esequibo”, realizada a adolescentes entre 12 y 18 años, sea evaluada con base a la garantía de los estándares de la convención de niños, niñas y adolescentes, y no sea contabilizada como parte de los resultados finales del Referendo Consultivo en el cumplimiento de la Constitución nacional.

Por último, queremos hacer un llamado al Secretario General de Naciones Unidas y a su asesor de Paz y Desarrollo en Venezuela, así como al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus oficiales en terreno, para que ejerzan todos los oficios y acciones pertinentes en el marco de sus mandatos para la protección de las personas en la garantía de sus derechos y para que en el cumplimiento de sus obligaciones con los Estados partes, ejerzan todas acciones diplomáticas y a fin de evitar la escalada del conflicto y limitar las posibles consecuencias con afectaciones a toda la región y sobre todo a un posible agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, y las debilitadas libertades en Venezuela.

Laboratorio de Paz es un centro de pensamiento estratégico venezolano, fundado en el año 2012, que se dedica a investigar, analizar, divulgar y generar recomendaciones que contribuyan a la resolución de conflictos a través de un abordaje interdisciplinario basado en la democracia, noviolencia y derechos humanos, priorizando comunidades emergentes y vulnerables con base en el derecho a la paz, el derecho a la participación y los derechos culturales.