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Previa, libre e informada: El derecho a la consulta

Rafael Uzcátegui

El pasado 9 de agosto, a propósito de celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tres organizaciones sociales del país recordamos la efeméride haciendo énfasis en el apoyo al derecho a la consulta previa de las comunidades originarias. De esta manera el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Laboratorio de Paz y Provea presentamos el documental “Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas” y un informe sobre la situación de este derecho, a la par de contar con los valiosos testimonios de líderes indígenas del estado Bolívar y Zulia.

Recordemos que el derecho a la consulta previa es la obligación que tiene el Estado de preguntar primero la opinión de los pueblos originarios antes de realizar proyectos económicos o actividades militares en territorios indígenas.

El informe describe todo el amplio marco normativo internacional que moldea este derecho. Por ejemplo el Sistema Universal de Protección de las Naciones Unidas posee dos instrumentos legales principales: 1) El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 y 2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007. Por su parte el Sistema Regional de protección en Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuenta con los siguientes mecanismos: Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informes temáticos e informes de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se hace referencia a la experiencia que poseen otros países de la región en la realización de consulta previa, de la cual se pudiesen extraer las enseñanzas necesarias.

En la parte nacional la propia Constitución es absolutamente clara cuando establece, en su artículo 120 que el aprovechamiento de los recursos de los hábitats indígenas “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. Los artículos 53 al 61 del Capítulo VI de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas refuerzan esta garantía.

Lo que está haciendo Jorge Arreaza y su grupo de asesores en materia indígena en el estado Bolívar no se asemeja, ni de lejos, a lo que está establecido en la Carta Magna y en los pactos internacionales en materia de derechos indígenas. Arreaza está realizando asambleas informativas para transformar comunidades indígenas en pueblos mineros, y darle a esas reuniones de pocas horas la calificación de “consultas”

La consulta como derecho tiene varios apellidos porque cada uno de ellos significa una característica que debe cumplirse, como explican ampliamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Estos adjetivos son “previa”, “libre” e “informada”. Previa porque se debe haber realizado antes de la firma de los contratos de certificación de recursos o de extracción, no durante y mucho menos después. Libre porque debe realizarse sin coerción, manipulación o intimidación por parte ni de los funcionarios estatales ni de los empleados de las empresas mineras. Por último se establece que es informada porque debe suministrar todos los elementos sobre la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de la actividad o proyecto propuesto; Las razones y objeto del mismo; Su duración; La evaluación de los probables impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo sus posibles riesgos; la cantidad de personal que deba intervenir en su ejecución, así como los procedimientos que pueda entrañar el proyecto. Y esta información debe estar disponible en idiomas indígenas y ser transmitida en los tiempos necesarios para que llegue a la mayor cantidad de personas de las comunidades.

El gobierno venezolano, hasta el momento en que esto se escribe, no puede citar ninguna experiencia de consulta previa, libre e informada porque sencillamente desde 1999 hasta hoy no ha realizado ninguna. En esto queremos ser enfáticos: Lo que está haciendo Jorge Arreaza y su grupo de asesores en materia indígena en el estado Bolívar no se asemeja, ni de lejos, a lo que está establecido en la Carta Magna y en los pactos internacionales en materia de derechos indígenas. Arreaza está realizando asambleas informativas para transformar comunidades indígenas en pueblos mineros, y darle a esas reuniones de pocas horas la calificación de “consultas”. Lo primero que desmonta esta simulación es que este funcionario desconoce las consecuencias del Arco Minero del Orinoco porque, sencillamente, no se ha realizado ningún estudio de impacto ambiental, otro requisito establecido por la Constitución y vulnerado por sus supuestos defensores. Arreaza no sería el único funcionario que estaría generando falsas expectativas. En junio de 2015 en el examen realizado por el Estado venezolano ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, refiriéndose ya al proyecto del Arco Minero del Orinoco, declaró: “Una vez que se realice este registro –de las reservas mineras- y antes de proceder a la asignación para la explotación correspondiente, se iniciarán las consultas previa e informada cuando se trate de zonas indígenas”.

El informe sobre el estado de la Consulta Previa, Libre e Informada, así como el documental sobre extractivismo en Venezuela “Las venas siguen abiertas”, pueden ser consultados a través del sitio web http://www.derechos.org.ve.

Expulsados: ¿Quien soñó en tu almohada?

De todos los clones de Ramones, los que mas me gustan son los argentinos Expulsados, con varios discos en su haber, que pueden disfrutarse googleandolos

Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas

Audiovisual donde se describe qué es el extractivismo y el impacto que ha tenido esta actividad en la economía venezolana, con testimonios de líderes indígenas, biólogos y activistas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Se expone como caso emblemático el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Producido por Provea, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA y el Laboratorio de Paz. Realizado por Juan Pablo Núñez

Agrimonia: Rites of separation

Francisco Itriago recuerda origen de logo Aceite Diana

El pintor Francisco Itriago recuerda el origen del logotipo que caracterizó a Aceite Diana y de dónde surgió la inspiración de un ícono que pasó a formar parte de la identidad gráfica del país. (Hasta que fue transformado por el bolivarianismo)

Revocatorio y democracia directa

Rafael Uzcátegui

Durante su entrevista en el programa Humano Derecho Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, describía como una de las novedades de la Constitución de 1999 el haber incorporado mecanismos de democracia directa, como el Referendo Revocatorio. Conceptualmente se entiende por democracia directa aquella en la que el pueblo ejerce el gobierno sin intermediarios, en contraste con la democracia representativa en que la sociedad está gobernada por personas elegidas por ella y a quienes delega su gestión por un tiempo determinado.  Si bien existe una discusión interminable entre estos dos modelos acerca de las bondades y limitaciones de cada uno, lo cierto es que la Carta Magna venezolana vigente incorporó dentro de su esquema de representación este tipo de herramientas, propias de quienes han planteado con ellas la necesidad de profundizar la democracia.

Lo anterior nos lleva a una primera aseveración: Si usted desconfía de la representación propia de las democracias tradicionales y opina que la soberanía, o la capacidad de decisión sobre los asuntos que la afectan, deben residir siempre en la gente su persona debería ser un defensor acérrimo de un mecanismo de consulta popular como lo es el referendo revocatorio. También debería coincidir conmigo en que la potestad revocatoria tiene una posibilidad: Mejorar la gestión de quienes antes asumían el plazo para el que fueron electos como un período de gracia para fechorías múltiples.

Este servidor, que no ha participado hasta ahora en ningún evento electoral previo, tiene todas las intenciones de asistir al Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro. Uno, por ser el dispositivo más interesante de la Constitución de 1999, ahora un derecho adquirido que habrá que defender como el resto. En segundo lugar porque es el canal más democrático para solucionar la actual crisis política del país. Luego por ser el menos traumático, y que además conjura la posibilidad de una conflictividad mayor, en un país con 12 millones de armas ilegales, según Amnistía Internacional, y 16.000 homicidios al año según el gobierno.

La conformación de un amplio y masivo movimiento destituyente del poder es el sueño de cualquier ácrata. Se equivocan los que desde sus capillas sueñan con una “salida por la izquierda”, luego de 17 años de profunda intervención estatal del tejido social comunitario, autónomo y cooperativo, que ha desmantelado casi todos los vínculos horizontales que la sociedad tejió antes y después de El Caracazo. Revocar a quien hoy se muestra como soberbio y autosuficiente será la inyección de autoestima colectiva necesaria para comenzar, otra vez, nuevas formas de asociación y reunión que den frutos a mediano plazo. Si lo bolivariano fue más continuidad que ruptura, estamos a las puertas de la posibilidad de pensar una Venezuela post-petrolera y post-caudillista, sus dos males del siglo XX  @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Una declaración para derechos indígenas

Rafael Uzcátegui

Después de 17 años de discusiones y deliberaciones, el pasado 15 junio durante el 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI), una herramienta jurídica que se suma a otras en el reconocimiento de las garantías de los pueblos originarios.

La DADPI vale para la totalidad de los pueblos indígenas, siendo la autoidentificación como tales el criterio fundamental para determinar a quienes se aplica la Declaración (Artículo 1). Los Estados reconocen y respetan la pluriculturalidad y riqueza lingüística de los pueblos indígenas (Artículo 2), quienes tienen derecho a la libre determinación (Artículo 3).  Cualquier interpretación de la DADPI debe estar en consonancia a lo establecido tanto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos como en la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 4), teniendo tanto los pueblos como las personas indígenas el derecho al goce pleno de sus derechos (Artículo 5).

Sobre los Derechos Colectivos se reitera el reconocimiento y respeto del derecho de los pueblos indígenas  a su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos (Artículo 6). Se trata la igualdad de género (Artículo 7) y el derecho a pertenecer a pueblos indígenas (Artículo 8).

No dudamos en que la Declaración puede perfeccionarse y ampliarse para ser más garantista y progresiva, para lo cual las organizaciones indígenas, y sus aliados, deberemos continuar dando la pelea.

El artículo 10 introduce una noción interesante: El rechazo a la asimilación, estableciendo que Los Estados no deberán desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer política alguna de asimilación de los pueblos indígenas ni de destrucción de sus culturas. Un artículo siguiente los protege contra el genocidio, mientras que el número 12 apunta que los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia.

El derecho a la identidad e integridad cultural esta desagregado en el artículo 13: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación. Por su parte los sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación están amparados en el artículo 14. Sobre educación, artículo 15, se expresa: “3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.

La salud se trata en el artículo 18: “Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales. Por su parte el derecho a la protección del medio ambiente sano se encuentra en el numeral siguiente: “Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable”.

Los derechos de asociación, reunión, libertad de expresión y pensamiento se incluyeron bajo el artículo 20: “Los pueblos indígenas tienen los derechos de asociación, reunión, organización y expresión, y a ejercerlos sin interferencias y de acuerdo a su cosmovisión, inter alia, sus valores, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones ancestrales, sus creencias, su espiritualidad y otras prácticas culturales”.  El artículo 21 es referido al derecho a la autonomía o al autogobierno: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”. El artículo 23 ratifica el derecho a la consulta previa: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Uno de las aspiraciones medulares de los pueblos indígenas, su derecho a la tierra, se recoge en el artículo 25: “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido”. Por su parte el 27 versa sobre los derechos laborales.

Algunas organizaciones internacionales como el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés) han cuestionado que la DADPI no ha cumplido las expectativas: “Como resultado de la presión ejercida por los Estados para salvaguardar intereses estatales por sobre los de los Pueblos Indígenas”. No dudamos en que la Declaración puede perfeccionarse y ampliarse para ser más garantista y progresiva, para lo cual las organizaciones indígenas, y sus aliados, deberemos continuar dando la pelea.

 

“Anti-imperialismo”: Entre el chingo y el sin nariz

Rafael Uzcátegui

¿Podría estar Vladimir Putin detrás de la campaña de recolección de firmas contra el llamado “decreto Obama” en Venezuela? Las razones no son conspiranoicas, sino estrictamente pragmáticas: Nuestro país es el quinto mejor comprador en el planeta de armamento ruso y el gobierno necesita mantener la línea de facturación abierta. Según el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI), Venezuela ha gastado entre los años 1999 y 2015 la cantidad de 5.620.000.000 de dólares en la importación de armamento, de los cuales el 71% ha sido adquirido a los “tovarishchi”.

Como demuestra el medio informativo “Russia Beyond The Headlines” (RBTH), financiado por la editorial oficial del gobierno de la Federación Rusa, Moscú ha seguido muy de cerca la transición venezolana tras el fallecimiento de Hugo Chávez, por razones eminentemente comerciales. En abril de 2015, cuando la crisis económica del país se había mostrado en su esplendor, la periodista Tatiana Rusakovah preguntaba abiertamente “¿Continuará Maduro comprando armamento ruso?: “Los problemas de la economía venezolana –afirmaba- ponen en duda la capacidad de este país latinoamericano de sufragar estas compras. Considerando que la cooperación técnica militar no es un ámbito únicamente económico, sino también político, las partes podrían acordar la apertura de una línea de crédito (como ya sucedió en vida de Hugo Chávez), o bien desarrollar un sistema más flexible para el pago de este tipo de producción”. ¿No les llama la atención la frase “sistemas de pago flexibles”?

Las facturas venezolanas de armas son tan importantes para el oso ruso que su propio ministro de la defensa, Serguei Shoigú, estuvo de este lado el mundo, en febrero de 2015 para, literalmente, cobrar las cuentas. Y no lo digo yo, sino el periodista Eugene Bai de RBTH: “Ahora que los precios del petróleo están tan bajos y la inflación oficial en Venezuela alcanza el 68% y las reservas en divisas solo son suficientes para pagar la deuda externa durante dos años, no puede haber negociaciones para establecer nuevos contratos militares con Rusia. Posiblemente uno de los objetivos de Shoigú era saber si Caracas tiene la intención de pagar las armas ya entregadas y si no puede, qué podría ofrecer a cambio”. Sistemas de pago flexibles pues.

La victoria de la oposición en la Asamblea Nacional el pasado 6-D también generó inquietud en las arcas rusas. 4 días después de la votación el analista Leonid Jomeriki afirmaba para RBTH: “Victoria de la oposición en Venezuela no amenaza contratos con Rusia”: “Si la oposición mantiene el rumbo hacia el crecimiento económico –sostenía- y el aumento del nivel de vida de la población, que sería la única opción correcta, ninguno de los sectores en los que Rusia y Venezuela mantienen relaciones comerciales y económicas se verá afectado”.

Muchos de mis amigos chavistas creían, de corazón, que sus firmas contra el decreto Obama eran una afrenta directa a lo que denominan “imperialismo”. Pero, como decía mi abuela “Si no te agarra el chingo te agarra el sin nariz”. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

Respuestas para un estudiante argentino

Un estudiante argentino de comunicación social me remite un breve cuestionario para una asignación académica sobre Venezuela. Comparto con ustedes mis respuestas:

– Antes de la muerte de Chávez, Venezuela era visto por sus pares latinoamericanos como un símbolo de la lucha contra el imperialismo norteamericano. ¿Cómo se explica que en tan poco tiempo el gobierno de Nicolás Maduro allá perdido casi todos el apoyo de los gobiernos de Sudamérica? ¿ Qué relación tiene esto con el cambio político derechista que se está dando en varios países como Argentina, Brasil y Perú?

– El denominado “proceso bolivariano” fue un modelo de gobernabilidad basado en el culto a la personalidad de una figura con gran carisma: Hugo Chávez, cuya emergencia pudo revitalizar las principales matrices socioeconómicas y políticas que ya existían en la historia venezolana: El extractivismo rentista como modelo de producción; el control de la sociedad por parte del Estado debido a su papel como principal motor de la economía; el militarismo caudillista basado en el “gendarme necesario”, al creación de movimientos sociales desde el poder. Hugo Chávez, como todas los personajes similares en América Latina tenía luces y sombras, entre sus virtudes fue la de reivindicar al campo popular y colocarlo en el centro de su modelo político, lo cual incluía políticas sociales para la disminución de la pobreza, y entre las sombras estuvo el proceso de centralización extrema del poder en su persona, eclipsando los liderazgos intermedios y los aparatos socio-institucionales que pudieran haber dado continuidad a su proyecto político. En el momento en que Hugo Chávez se muere se inicia un proceso de transición en Venezuela debido a que ese modelo de gobernabilidad construido entre los años 1999 y 2013 era imposible mantenerlo sin su presencia física. Como el carisma no es hereditario, Nicolás Maduro intentó sin éxito mantener el proyecto político sin tener la ascendencia ni la autoridad sobre la totalidad del movimiento bolivariano.

En segundo lugar, Maduro no ha contado con el escenario internacional favorable, tanto en lo económico como en lo político, con el que contó Hugo Chávez para expandir su proyecto político. Hay quienes plantean que lo primero llevó a lo segundo, pero lo cierto es que la denominada “década progresista” coincidió con diez años de altos precios de los recursos energéticos en el mercado internacional, lo que se denominó a su vez “la década de los commodities”, que permitió a los gobiernos denominados progresistas el contar con caudalosos recursos económicos para cimentar su proyecto político. No parece coincidencia que la disminución del petróleo, gas y otros productos extractivos en el mercado global, capitalista, sintonice a su vez con el eclipse de las expectativas que despertó el progresismo en toda la región, no sólo debido a la disminución de sus recursos, sino por el propio agotamiento de estos regímenes debido al incumplimiento de varias de sus principales promesas. El cambio político ha sido una consecuencia de esta situación, y no una causa. Es decir, gobiernos que construyeron una hegemonía política durante mucho tiempo, comenzaron a perder el respaldo popular que, entre otras cosas, se materializaba en las elecciones. La presidencia de Maduro en Venezuela, ante la ausencia del personaje carismático que era Chávez, ha dejado claro que el reino bolivariano estaba desnudo, aflorando una cantidad importante de problemas debido a las propias contradicciones y limitaciones de sus políticas. Ante la ausencia de carisma y la menor disponibilidad de recursos para promover políticas redistributivas, el gobierno de Maduro apela casi exclusivamente a la intimidación, teniendo como principal base de apoyo a las Fuerzas Armadas. Este estilo de gobierno ha neutralizado, silenciado y distanciado los apoyos febriles y automáticos que alguna vez contó Venezuela teniendo a Hugo Chávez al frente del Ejecutivo.

– ¿Qué condiciones existen hoy para que el referéndum revocatorio tenga tanto apoyo?

– Es mi opinión personal que la oposición representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha logrado construir un proyecto de país alternativo al promovido por el denominado “Socialismo del Siglo XXI”, por lo que su principal fuente de legitimación sea el capitalizar políticamente el descontento y rechazo actual al gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido los resultados del pasado 6 de diciembre son reveladores de cómo Maduro se ha convertido en un autoritarismo sin apoyo popular. Hay que recordar que parte del mito fundacional del bolivarianismo era que representaba a la mayoría de la población venezolana, lo cual se ratificaba en las elecciones. El pasado 6-D el bolivarianismo alcanzó el peor resultado electoral de su historia, con más de dos millones de votos de diferencia entre ellos (5.622.844 votos) que la oposición (7.726.066 votos). A pesar de este mensaje de desaprobación de la gestión de gobierno, Maduro ha insistido por el camino de la confrontación e intimidación, lo cual ha agravado los problemas sociales existentes en Venezuela y está acelerando el éxodo de lo que alguna vez fue una base de apoyo mayoritaria en el país. A pesar de los mensajes apocalípticos que en su momento se emitieron, la gente acudió masivamente a expresar un mensaje de descontento. Es decir, la gente quiere opinar para que se apliquen los correctivos necesarios. Es por esto que el mecanismo constitucional del revocatorio tiene cada vez más apoyo entre personas cansadas de la confrontación y que no desean derroteros violentos. Recordar que Venezuela sufre, entre otros males, una grave situación de inseguridad con más de 2 millones de armas ilegales en las calles, según Amnistía Internacional y entre 16.000 homicidios y 21.000 homicidios por año (según cifras oficiales o cifras del Observatorio Venezolano de Violencia). Ante este contexto de violencia latente, que en el mes de junio por expresar un dato ha dejado 6 personas asesinadas por la policía y la Guardia Nacional en situaciones de saqueos a establecimientos, el mecanismo del referendo revocatorio aparece como el menos traumático para dirimir el actual conflicto entre los venezolanos.

– ¿Es verdad que la oposición se niega a dialogar como afirma Maduro?

– Mi identidad política no es “oposición”, así que como un testigo desde afuera me parece que dentro de la Mesa de la Unidad Democrática hay varias “oposiciones” y todas coinciden en la importancia y necesidad de dialogar, pero difieren en el tipo de condiciones necesarias para que un diálogo sea fructífero y cuente con la voluntad política por parte del gobierno. Cuando escribo esto todos los factores opositores están promoviendo el referendo revocatorio, algunos enfatizando más que otros la necesidad que se haga en este año, 2016, en un plazo perentorio que permita la convocatoria inmediata a elecciones como lo pauta la Constitución. Si se hace en el 2017, como se habrían cumplido 4 años de gestión presidencial, sería el vicepresidente el que asuma la primera magistratura para la finalización del período. Si bien hay tensiones internas, la oposición está enfocada en el revocatorio, a pesar de las permanentes provocaciones oficiales como el anuncio de la posibilidad de anular la Asamblea Nacional, a pesar que ya muchas de sus competencias le han sido socavadas. Sin embargo en mi opinión el diálogo, necesario para realizar acuerdos de lo que debería ser un proyecto de país mínimamente compartido debe hacerse a todos los niveles, incluyendo el que a mí me interesa personalmente: El de los movimientos sociales. Creo que si se hiciera el revocatorio, Maduro saldría del poder como principal responsable de la crisis y recompondría el panorama sociopolítico del país para permitir la emergencia de identidades y subjetividades políticas múltiples hoy negadas por la polarización. En este sentido sería un contexto favorable para la recomposición de un espacio de movimientos sociales beligerantes y autónomos, que hoy no existe en Venezuela.

Derechos Humanos para la transición

Jovenes seminaristas humillados en Mérida por grupos pro-oficialistas. Junio 2016

Rafael Uzcátegui

Actualmente, según todos los datos fácticos, se están conformando mayorías diferentes a la hegemonía política bolivariana de los últimos años. Como la resolución del actual conflicto será constitucional, pacífico y democrático, mediante los mecanismos establecidos en la Carta Magna para que sea el pueblo quien decida, es perentorio comenzar a debatir públicamente como debe ser una transición que nos devuelva de nuevo a la democracia, fortaleciendo un tejido social e institucional que garantice la dignidad humana. Ofrecemos un primer punteo, desde la perspectiva de derechos humanos, sobre los temas a nuestro juicio impostergables

1) Derogación inmediata del estado de excepción y emergencia económica.

2) Políticas para disminuir estructuralmente la pobreza y la exclusión: Uno de los temas positivos del bolivarianismo fue el haber puesto en el centro de la discusión la reducción de la pobreza. Las políticas sociales, que deben mantenerse, deberán evaluarse y mejorarse, atendiendo no sólo la dimensión asistencial que caracterizó a los últimos años, sino atacando las causas estructurales de la pobreza y la exclusión en el país, mediante emprendimientos sustentables en el tiempo y que puedan ser objeto de la contraloría social y ciudadana.

es perentorio comenzar a debatir públicamente como debe ser una transición que nos devuelva de nuevo a la democracia, fortaleciendo un tejido social e institucional que garantice la dignidad humana

3) Reestructurar profundamente el Sistema de Administración de Justicia para que ofrezca respuestas efectivas a la ciudadanía: Asegurar que la designación de jueces y juezas cumpla con los protocolos establecidos de independencia e idoneidad, disminuyendo en un plazo perentorio la alta provisionalidad existente en el sector. Erogar el presupuesto necesario para su funcionamiento, optimizando los mecanismos de supervisión y contraloría de gastos. Promover todas las políticas necesarias para reducir el retardo procesal y el hacinamiento en el sistema carcelario. Continuar el proceso de descentralización del sistema penitenciario, eliminando el control de las cárceles por parte de los denominados “líderes negativos” y sancionando las violaciones de derechos humanos y los delitos cometidos por funcionarios policiales y militares.

4) Promover mecanismos de justicia transicional para sancionar violaciones de derechos humanos y delitos ocurridos en el pasado, como parte del proceso de reestructuración del sistema judicial, estimulando la vigencia del derecho a la verdad.

5) Consensuar una normativa para sancionar la discriminación por razones políticas como violación de derechos humanos para evitar nuevos episodios de exclusión en la sociedad venezolana.

6) Retirar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos para que el país vuelva a estar bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, que Venezuela cancele los aportes económicos pendientes al sistema regional de protección a los derechos humanos.

7) Derogar los denominados “Operativos de Liberación del Pueblo” (OLP) y retomar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) para el consenso de una política de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.

8) Articular esfuerzos sociales e institucionales en la promoción del llamado “derecho a la ciudad” y la recuperación de los espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía.

9) Discutir y promover iniciativas para la desmilitarización de la sociedad venezolana, derogando el registro militar obligatorio e incluyendo explícitamente la posibilidad de objetar por conciencia para no realizar el servicio militar ni estar involucrado con organizaciones de inspiración castrense.

10) Acordar con todos los actores involucrados, especialmente a las organizaciones de familias sin vivienda, una política de construcción de casas cuyas características cumplan los estándares internacionales que definen a la vivienda digna.

11) Consensuar políticas para aumentar tanto la soberanía como la seguridad alimentaria, aumentando la producción de alimentos en el país y disminuyendo las cantidades que se importan.

12) Realizar los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa, libre e informada a todos los proyectos de extracción aprobados en los últimos años. (Publicado en Correo del Caroní)