Rafael Uzcátegui's Blog, page 36

Provea demuestra en CIDH falsedad de cifras de construcción de viviendas en Venezuela

El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre el derecho a la vivienda en Venezuela, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) demostró, con cifras oficiales, las inconsistencias de las cifras oficiales de construcción.

El viernes 2 de diciembre de 2016 la CIDH realizó la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano. En ella participó como contraparte Provea, para aportar información adicional suministrada por los funcionarios. La delegación estatal estuvo liderizada por Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, junto a funcionarios del Ministerio de Vivienda.

Luego de la intervención del Estado Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea enfocó su intervención en tres temas: 1) Falta de acceso a la información sobre las políticas de vivienda y contradicciones en las cifras sobre su ejecución; 2) Violaciones al componente “seguridad jurídica de la tenencia” inherente al derecho a la vivienda adecuada y 3) Violaciones al derecho a la vivienda como consecuencia del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).

Citando cifras del Banco Central de Venezuela, Provea refutó que en Venezuela se hayan construido durante el año 2015 más de 300.000 viviendas como afirmó el Estado, lo que sumaría un millón desde la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela: “En su informe “Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos” –afirmó Uzcátegui- correspondiente al cuarto trimestre de 2015, el principal banco del país registró que la construcción había sido el sector de la economía que más había disminuido durante los últimos tres meses del año, con un decrecimiento de -23,8%. Al revisar el mismo informe del Banco Central, pero para el tercer trimestre del año 2015, los resultados son similares: La construcción volvió a ser el sector de la economía con mayor crisis en el país, con un retroceso de -20,2%”. El activista también citó frases de la Memoria y Cuenta de los ministerios de vivienda y trabajo en la que afirman que la falta de insumos de construcción no permitió cumplir las metas establecidas.

OLP y violaciones al derecho a la vivienda



Uzcátegui recordó que la seguridad jurídica de la tenencia, uno de los componentes del derecho a la vivienda, protege a sus habitantes de un desalojo: “Según las visitas realizadas a comunidades favorecidas por la Misión Vivienda, así como por diferentes denuncias recibidas por Provea, las personas que han recibido casas por parte de esta política pública no cuentan con un título de propiedad que les garantice protección contra desalojos arbitrarios”. A pesar que los funcionarios del Estado habían asegurado que Venezuela era un país “de cero desalojos”, 1.490 familias habían sufrido desalojos arbitrarios por parte del Operativo de Liberación del Pueblo.

Por otra parte Provea registró que 976 viviendas fueron demolidas y otras 10 fueron incendiadas por agentes de la fuerza pública, en 5 estados de Venezuela, durante la ejecución del OLP en el año 2015, mostrando fotografías de demoliciones, desalojos e incendios de varias comunidades en el país, incluyendo la campaña #NavidadSinCasa, que realiza el Comité de Víctimas de la OLP de La Ensenada. Uzcátegui finalizó su intervención mostrando una imagen en la que aparecía Nicolas Maduro:

“Finalmente queremos mostrarle esta fotografía, tomada en el año 1998 en el barrio La Ensenada, ubicado en la Carretera Panamericana de Caracas. En ese momento el militante del Movimiento V República, Nicolás Maduro, sostiene en sus brazos a la hija de Carlos González, quien aparece en su lado izquierdo. La señora que hace el símbolo de la victoria es Irene, esposa de Carlos González, ambos parte del grupo del partido que en ese momento promovía la candidatura de Hugo Chávez a la presidencia de la República. 18 años después un 24 de julio, en el mismo sitio donde se tomó la fotografía, se realizó una OLP, justificada por los funcionarios policiales y militares con el argumento que se realizaba “por órdenes presidenciales”. La hija de Carlos Gonzalez, Irene González, que en el momento de la foto tenía 2 años, hoy se encuentra damnificada y sin vivienda como consecuencia de la OLP. Ella y su padre, Carlos González, son miembros del Comité de Víctimas de La Ensenada, quienes están realizando en este momento la campaña #NavidadSinCasa”.

Nodos & Redes: El Salvador: Democracia de base contra la minería

El pasado 29 de marzo de 2015 un municipio salvadoreño realizó un singular ejercicio de consulta y participación democrática desde las bases. En Nueva Trinidad, a 94 kilómetros de El Salvador y con una población aproximada de 2.103 habitantes repartidos en 46,33 kilómetro cuadrados, ese domingo se realizó una “consulta popular” para determinar si la comunidad estaba de acuerdo con permitir o prohibir proyectos mineros en la localidad.

Según los datos del Ministerio de Economía, en El Salvador se encuentran activas actualmente 23 licencias para la exploración de posibles minas de oro y otros metales, repartidas en las zonas montañosas de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas. La posibilidad de negocios extractivos en el país es de tal magnitud que el Estado salvadoreño litiga una demanda de 301 millones de dólares impuesta por la internacional minera Pacific Rim/Oceana Gold ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (Ciadi), ente del Banco Mundial. Sin embargo, debido al impacto social y ambiental como consecuencia del desarrollo de estos proyectos, diferentes iniciativas y organizaciones populares se han movilizado para exigir detener la apertura de minas en sus territorios.

En el caso de Nueva Trinidad la petición de la consulta popular se realizó tras la coordinación de activistas comunitarios locales con la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, quienes conjuntamente solicitaron una ordenanza municipal que declarara al municipio como “territorio libre de minería”. Ya otras dos localidades habían realizado una elección similar: San Isidro Labrador y San José Las Flores, quienes ya negaron oficial, e institucionalmente, la minería en sus municipios. En Nueva Trinidad participaron en total 812 personas, un importante 61,85% de su padrón electoral. Los resultados fueron: 804 votos en contra de los proyectos extractivos, 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería. Pudo más la identidad local, el sentido de pertenencia y la conciencia ecológicas que las promesas de “desarrollo”, “empleo” y “prosperidad” que ofertaron a los habitantes los operadores mineros.

El mapa de conflictos sociales actuales en América Latina coloca a las resistencias contra proyectos de megaminería y extractivismo de primero en la lista del causal de movilizaciones

Menos propaganda, más participación

En declaraciones amplificadas por los medios del país, el alcalde José Matías Ábrego afirmó que la consulta popular fue exitosa por la participación de la población. “Estamos dando cumplimiento a la petición del pueblo sobre la prohibición minera, estamos satisfechos”, señaló. Por su parte, Yanira Cortez, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) expresó: “La participación ciudadana es importante y por medio del mecanismo de la consulta previa, libre e informada, es uno de los requisitos mínimos para vivir en democracia. Y es por esto que la PDDH felicita al tercer municipio de Chalatenango, que lleva a cabo este acto que activó un mecanismo importante de participación y fortalecimiento de la democracia”. Marcos Gálvez, de la ONG Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, dijo que “a esta consulta popular la reviste una importancia muy grande” porque en el país no se ha “logrado” la prohibición de la minería desde la Asamblea Legislativa. “De lograr resultados mayoritariamente en contra de la minería, vamos a tener una ordenanza que la prohíba”, expuso.

La consulta contó con la participación de una delegación de 24 observadores internacionales de Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Inglaterra, y Nicaragua, una delegación de nueve representantes de la propia PDDH y observadores nacionales representantes del municipio de San José Las Flores, comunidad de Sensuntepeque, departamento de Cabañas. En total fueron alrededor de 50 observadores nacionales e internacionales.

Aprender de los procesos ajenos

El mapa de conflictos sociales actuales en América Latina coloca a las resistencias contra proyectos de megaminería y extractivismo de primero en la lista del causal de movilizaciones. Cada uno de los reconocimientos oficiales sobre el impacto negativo de mantener las venas del continente abiertas ha sido como consecuencia de la presión popular y la organización autónoma y beligerante de los sectores afectados. En Venezuela, con las mayores reservas petroleras y gasíferas del continente, paradójicamente ha quedado rezagada en este escenario. A nivel social porque es casi inexistente la discusión sobre las alternativas al desarrollo rentista, lo que como consecuencia ha traído parálisis en la dimensión formal: desde 1998 se han incumplido sistemáticamente los dos mecanismos que pudieran activarse para que la democracia participativa y protagónica fuera real en el caso de los proyectos mineros: 1) La obligatoriedad de realizar y difundir un estudio de impacto ambiental y 2) La promoción de consultas previas, libres e informadas a las poblaciones afectadas por dichas iniciativas. En este sentido tenemos mucho que aprender de lo que está pasando en nuestros países vecinos, donde, con menos espectáculo y propaganda, se están realizando experiencias de democratización y articulación desconocidas en la egocéntrica “Patria de Bolívar”. (Publicado en Contrapunto.com, abril 2015)

Nodos y Redes: La “maldición” del canal nicaraguense

“Debemos denunciar al mundo lo que está pasando en Nicaragua”. Así se expresó hace poco el conocido poeta revolucionario Ernesto Cardenal, acerca de las contradicciones que orbitan el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Una de ellas tiene que ver con la promoción de grandes inversiones de infraestructura en el país, por parte de capitales globales, que afectarán a comunidades campesinas en el país. Una de las que ha generado la resistencia y movilización de activistas y líderes populares es el rechazo a la construcción del llamado “Canal Interoceánico” en el país. Según la información disponible, este canal es una vía fluvial que conectaría el mar Caribe, el océano Atlántico con el océano Pacífico a través de Nicaragua en América Central. El Canal cubriría un área de 270 kilómetros cuadrados. La construcción se inició el 22 de diciembre de 2014, con la construcción de vías de acceso temporales, para importar los materiales de construcción que no pueden ingresar por los puertos actuales del país.

Sin embargo, para activistas ambientales y líderes campesinos esta construcción genera muchas preocupaciones. Por ejemplo el Movimiento Autónomo de Mujeres afirma que el proceso legislativo para la aprobación del proyecto sólo dura 8 días, con una discusión en plenaria de diputados de apenas 3 horas. Además, no se realizó el proceso de consultar previamente a las comunidades que serían afectadas y se estarían violentando 10 tratados ambientales internacionales suscritos por Nicaragua y la propia constitución nacional. Al respecto afirman: “La concesión entrega por 116 años derechos absolutos, a favor de un inversionista privado, sobre nuestros recursos, tierra, bosques, islas, aire, aguas superficiales y subterráneas, espacio marítimo y otros recursos adicionales que se pudieran considerar pertinentes en cualquier parte del país para llevar a cabo las obras”.

Según se calcula, la construcción de esta obra es tres veces más larga que la del canal de Panamá, por un costo estimado en 50 mil millones de dólares. La concesión para la construcción del Canal fue entregada al consorcio empresarial, con sede en Hong Kong, HKND Group.

La movilización popular en Nicaragua contra el Canal Interoceánico ratifica que una de las principales fuente de conflictos en la región es el rechazo a la construcción de grandes proyectos de infraestructura que afectan a las poblaciones

Las amenazas

La coalición de organizaciones populares que se oponen al proyecto han sostenido que más de 119 mil personas serían sometidas a desalojo forzoso como consecuencia de las obras, recibiendo a cambio un pago inferior al valor real de sus tierras. Por otro lado, 52% de la ruta afecta a territorios indígenas y afrodescendientes, con lo que se estaría violando sus derechos territoriales, participación y autodeterminación. Además, señalan la contaminación por hidrocarburos, salinización, sedimentación y turbidez del Lago Cocibolca, un importante reservorio de agua dulce. Este canal afectaría directamente 7 áreas protegidas, destruyendo según los cálculos 193 mil hectáreas de bosques. Con ello se estaría amenazando la seguridad alimentaria de los nicaragüenses, así como importantes áreas de producción de cultivos y ganadería.

La resistencia

Según el conteo realizado por las propias organizaciones populares críticas del proyecto, más de 120.000 pobladores han participado en 41 protestas; Se han recogido más de 60.000 firmas en rechazo a la concesión; De muchos lados del planeta se han remitido 10.892 cartas al presidente Daniel ortega solicitando la suspensión del proyecto. Además, 180 ciudadanos presentaron 32 recursos por inconstitucionalidad exigiendo la derogación de la ley que permite la construcción del canal. “¿De qué nos servirá ese canal si los beneficiados van a ser los más grandotes, los que tienen más plata?”, se preguntó Antonio Duarte mientras caminaba junto a cerca de 2.000 manifestantes en rechazo al proyecto.

La movilización popular en Nicaragua contra el Canal Interoceánico ratifica que una de las principales fuente de conflictos en la región es el rechazo a la construcción de grandes proyectos de infraestructura que afectan a las poblaciones. Quien fue Ministro de Cultura entre los años 1979 a 1987 durante la primera época del sandinismo, Ernesto Cardenal, ha expresado en tono religioso “Con este canal el lago de Nicaragua, que para nosotros es una gran bendición de Dios, se convertirá en una maldición”. (Publicado en Contrapunto.com. Abril 2015)

Agatha Christie en Caracas (Sobre el caso Juan Montoya)

Juan Montoya en primer plano. Camisa azul manga larga: Hermes Barrera

Rafael Uzcátegui

El 12 de febrero de 2014 la primera víctima fatal de las protestas que escenificaron en Caracas fue Juan Montoya, un conocido militante pro-gobierno. A pesar de lo confuso del hecho, ese día los voceros bolivarianos, dentro y fuera del país aseguraron que el asesinato había sido planificado por los propios manifestantes y demostraba la intención de repetir lo que denominaban “el guion del 11 de abril de 2002”. Un día después paredes del centro y oeste de Caracas mostraban el grafiti “Justicia para Juancho”. El 14 de febrero miembros del llamado “Secretariado Revolucionario de Venezuela” (SCR) realizaron una concentración frente a la sede del Ministerio Público exigiendo justicia y acusando a los partidos opositores como responsables. Sin embargo, a partir de allí se comienza a hablar del caso en voz baja, dentro del universo del llamado “chavismo radical”, tanto así que un mes después, el 12 de marzo, no se realiza ningún acto público por el “camarada asesinado por el fascismo”. Algo olía mal en Dinamarca.

Como en Venezuela persiste una impunidad estructural y, a pesar de lo sensible del tema los asesinatos del 2014 (para no hablar de otros casos emblemáticos) no tienen una sentencia firme contra sus responsables, tendremos que pedir apoyo de los detectives internacionales para resolver los casos.

Un personaje llamado Juancho

Juan Montoya era el principal vocero del SCR, una suerte de sindicato de varios de los denominados “colectivos” de la ciudad de Caracas. Aunque mucha gente vinculaba a “Juancho” al llamado Colectivo “Alexis Vive”, en una entrevista de prensa reconoció ser parte del “Colectivo Leonardo José Pirela” de la parroquia capitalina 23 de Enero. No era la primera vez que era noticia para los medios. En el año 2010 había sido detenido por su participación en un atentado contra la sede de Fedecámaras en la capital realizado dos años antes. Los panfletos hablaban del “Frente Guerrillero Venceremos” como responsable. Y aunque no sabemos el impacto que tuvo el hecho en el sindicato empresarial, el ataque dejó como víctima a una de las personas que manipulaban el artefacto explosivo: Héctor Amado Serrano, de 44 años de edad. En aquellos días vinculaban a Montoya al partido Unidad Popular Venezolana (UPV) y al grupo “Carapaica”. Años después un Juancho más reflexivo era mostrado como ejemplo por la Gran Misión a Toda Vida Venezuela debido a que era parte de su plan desarme. En una entrevista aseguraba que los 107 colectivos que integraban el SCR eran parte de dicha política: “este es el momento histórico para que diéramos muestra de esa iniciativa y entregáramos las armas, no tanto para cambiarlos por los proyectos sociales que nos ofrecieron, que son ya un derecho del pueblo, sino para contribuir: nosotros exigimos derechos, pero tenemos deberes”. Tras la noticia de su asesinato, Soraya El Achkar, antigua activista de derechos humanos y funcionaria a cargo de la Misión a Toda Vida afirmó en su cuenta twitter: “JUANCHO!! Qué tu siembra nos sirva para el combate!! Y que podamos seguir tu ejemplo de revolucionario convencido!!

“Estamos sembrados de amor”

Hermeregildo (“Hermes”) Barrera era el segundo al mando del SCR, y como tal encabezó los actos funerarios por Montoya. En un video grabado en el velorio, vestido de negro y con lentes oscuros declaró: “Queremos decirle a los colectivos a nivel nacional: Camaradas mantengamos la paz y  la cordura. Tenemos un dolor demasiado fuerte y grande en el alma y el corazón (…) Nos quieren satanizar internacionalmente, pero nosotros somos defensores de la patria, del Mercal, de los precios justos (…) Aquí hay manos que queremos progresar, respetar los derechos humanos. Comparen ustedes la marcha opositora y la marcha revolucionaria. Nosotros estamos sembrados de amor, de alegría, de paz”.

Estas mismas palabras fueron repetidas el 14 de febrero en el acto que organizaron frente a la Fiscalía de Parque Carabobo. Barrera declaró en la rueda de prensa: “Queremos ver a los autores intelectuales y materiales del asesinato de `Juancho´ y los otros venezolanos que cayeron el pasado 12F”. En un documento de 4 páginas entregado al Ministerio Público relatan su versión de los hechos: “El Secretariado Revolucionario de Venezuela jamás estuvo en la marcha de la oposición ya que la misma estaba autorizada permisada hasta Plaza Venezuela y fuimos atacados por infiltrados de la oposición que se encontraban fuertemente armados (…) Este grupo de infiltrados armados de la oposición se movilizaron hasta la esquina Monroy para atacar a los simpatizantes afectos al gobierno revolucionario durante los hechos del pasado miércoles 12 de febrero, donde perdió la vida nuestro máximo dirigente Juan Montoya”.

Mientras los grupos bolivarianos de la capital dejan de movilizarse por el caso Montoya y el chavismo internacional utiliza su figura como símbolo del golpe de Estado en marcha en Venezuela, comienzan a difundirse otras versiones del crimen. El diario Ultimas Noticias, el 02 de abril de 2014, desmiente las declaraciones de Nicolás Maduro acerca que las muertes de Montoya y Bassil Da Costa habían sido realizadas con la misma arma. Y, citando una fuente extraoficial, indica sobre Juancho “El tiro que lo mató salió de sus filas”. Paralelamente Jonny Montoya, hermano de la víctima, denuncia por su cuenta twitter: “Quien asesinó a Juancho? Poco probable los estudiantes, medianamente probable los del Sebin y con bastante probabilidad los colectivos”.

A comienzos del mes de junio se divulgó que el Ministerio Público había emitido una orden de aprehensión contra Hermes Barrera por ser sospechoso del asesinato de Montoya. El 30 de junio se presentó a la sede del organismo y a comienzos del mes siguiente es privado de libertad. Es el 18 de agosto que una nota de prensa de la Fiscalía informó: “-se acusó- a Barrera Niño por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y porte ilícito de arma de fuego”. El pase a juicio se reiteró en septiembre. A pesar que se ordenó que Barrera pasara al Internado Judicial de Coro ha estado recluido en la sede del CICPC en Caracas. Jonny Montoya asegura que a pesar que han sido emitidas otras dos órdenes de aprehensión contra otros miembros de colectivos por su participación en el hecho, estas no han sido ejecutadas.

Asesinato en el Orient Express

Como en Venezuela persiste una impunidad estructural y, a pesar de lo sensible del tema los asesinatos del 2014 (para no hablar de otros casos emblemáticos) no tienen una sentencia firme contra sus responsables, tendremos que pedir apoyo de los detectives internacionales para resolver los casos. Ustedes se decantarán por el staff de CSI, pero en mi caso elegiría a Agatha Cristie, matrona del género policíaco y que usó mejor que nadie aquello que los asesinos siempre volvían a la escena del crimen y asistían al funeral de sus víctimas. Como la Fiscal Luisa Ortega Díaz no tiene respuestas, le preguntaría a la autora de “Muerte en el Nilo”:

– Montoya fue miembro de organizaciones paramilitares y a la vez, de la Policía de Caracas. ¿Cuántas personas más tienen esta doble condición?

– ¿Qué hacía Juan Montoya ese día en la protesta?

– Si los miembros del SCR se habían acogido al llamado “Plan Desarme”, ¿Por qué habían asistido con armas de fuego a una manifestación?

– Si se comprueba la autoría material de Hermes Barrera en el asesinato, ¿Cuál fue la razón?, ¿Por qué mintieron sobre su presencia en la manifestación y sobre su responsabilidad en el homicidio?

– ¿Cuáles de los denominados “colectivos” en Caracas hacen trabajo comunitario y cuáles son organizaciones paramilitares que bajo la máscara “revolucionaria” participan en diferentes delitos? (Publicado en Contrapunto.com)

Audiencia CIDH: “Derechos Humanos en el contexto del proyecto Arco Minero del Orinoco”

Celebrada en Ciudad de Panamá, el viernes 2 de diciembre de 2016.

Transcripción de la intervención de Vladimir Aguilar y Rafael Uzcátegui:

Gracias señor Presidente…

Queremos iniciar saludando a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos por concedernos esta Audiencia y al representante del Estado venezolano.

1. Descripción introductoria que es el Arco Minero del Orinoco (AMO) y cuáles son los principales problemas a exponer.

El 24 de febrero de 2016 apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el Decreto Número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. A través de esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. De esta manera el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

Según el Decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltán, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del río Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo, el Decreto 1.425 sobre la “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, plantea la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

En esta Audiencia aspiramos exponer los siguientes aspectos relacionados con el Arco Minero del Orinoco: violación por parte del Estado venezolano a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental; violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe; el Arco Minero del Orinoco (AMO) y la demarcación de territorios indígenas; el Decreto Arco Minero del Orinoco (AMO) y los derechos laborales; relación decreto estado de excepción y emergencia económica y Arco Minero del Orinoco (AMO); militarización de los territorios indígenas y recomendaciones.

2. Violación a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. El artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala expresamente el derecho que tiene la poblacion venezolana a gozar de un ambiente sano.

Por otra parte, el AMO afectaría una de las regiones del país donde se concentran la mayor parte de las figuras de protección de áreas bajo régimen de administración especial, como es el Estado Bolívar, entre parques nacionales, monumentos naturales, reservas forestales y reservas hídricas entre otros. Entre las más emblemáticas encontramos el Parque Nacional Canaima, sitio sagrado del pueblo indígena Pemon y patrimonio natural de la humanidad con una extensión de tres (3) millones de hectáreas, así como el embalse de Guri, principal fuente de energía eléctrica del país.

3. Violación del derecho a la consulta y del derecho al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe.

Con el mencionado Decreto, el Estado venezolano viola el derecho a la consulta reconocido en el artículo 120 de la CRBV, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la República de Venezuela en el año 2001.

Pero no solo eso. El Estado venezolano, confunde intencionadamente el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, reconocidos ambos de manera diferenciada, el primero en el Convenio 169 de la OIT antes mencionado, y el segundo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, así como en la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas del presente año, en los cuales se exige a los Estados partes a consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en su hábitats indígenas. La propia jurisprudencia de la Corte Interamericana reconoce estos derechos en el caso Saramaka versus Surinam y Sarayaku versus Ecuador, cuando puedan afectarse condiciones de subsistencia de los pueblos indígenas.

Según el censo del año 2011, en el Estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registro en el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, señala que dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Jodi o Hoti, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Yekwana, Sanema y Pemón, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.

Lo más grave de lo que estamos describiendo, es que dentro de las poligonales del AMO se encuentran dos pueblos en contacto inicial: el pueblo Hoti o Jodi y el pueblo Eñepá. Por los órganos internacionales y regionales de protección de los derechos indígenas es sabido el carácter especial, que tanto la norma como la doctrina y la jurisprudencia internacional y regional, han dado a estos pueblos. En efecto, en el año 2012 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe sobre las medidas de protección especial para estos pueblos. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de las Américas del año 2013 (p.6), en la respuesta que recibiría de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, caracterizaría al pueblo Hoti o Jodi en contacto inicial.

4. Arco Minero del Orinoco (AMO) y demarcación de territorios indígenas.

La demarcación sigue siendo el principal derecho pendiente de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. Según cifras oficiales, apenas se han titulado el 12% de los hábitats con registros más cercanos a cartas agrarias que a la propiedad colectiva de las tierras, tal como lo reconoce el artículo 119 de la CRBV.

Para el caso de los pueblos y comunidades indígenas del Estado Bolívar, apenas se ha dado un titulo a la comunidad Mapoyo, más en su condición de comunidad indígena que de pueblo, y al Sector 7 de Ikabarú del pueblo Pemon, fragmentándolo del resto del territorio Pemon pues a los otros sectores (en total 8) no se les ha reconocido sus hábitats.

En el caso de los Mapoyo, han tenido que compartir con empresas del Estado como Bauxiven en su condición de terceros, parte de las servidumbres sobre sus territorios ancestrales. Prácticamente este pueblo se encuentra en una suerte de gueto rodeado de empresas que acechan constantemente sus tierras. Para el caso de los Pemon, la minería ilegal ejercida por mineros extranjeros y nacionales, pone en riesgo las condiciones de vida y sus territorios ancestrales.

Los efectos devastadores del AMO en los hábitats indígenas no tienen límites. Para el caso del pueblo Yekwana de la Cuenca del Caura, no ha habido titulación a pesar de haber sido la primera autodemarcación territorial hecha por los propios indígenas desde el año 2001. El pueblo Hoti o Jodi y Eñepá, ambos en contacto inicial, no han gozado de ningún tipo de garantías sobre sus hábitats ancestralmente ocupados, exponiéndolos a una suerte de extinción silenciosa.

En los últimos meses, el gobierno ha comenzado a realizar reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre “los beneficios” que van a recibir con el proyecto del AMO. Una vez más, surge la demarcación como una herramienta de negociación. En reuniones con el alto gobierno algunos líderes han planteado que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados. El Estado venezolano, luego de largos años de confusión, ha decidido revivir el tema a través de la Comisión de Demarcación del extinto Ministerio del Ambiente, que ha recibido el mandato urgente de tener los territorios de los pueblos indígenas del país demarcados en seis (6) meses. Pero hay graves peligros en la pretensión de dar curso a la titulación de territorios indígenas en tiempo record bajo el marco y la presión de un proyecto de la envergadura del Arco Minero.

Por un lado, la titulación debe hacerse respetando los procedimientos consuetudinarios de toma de decisiones de los pueblos indígenas y bajo un esquema de autodemarcación realizada por los propios pueblos que son quienes conocen la extensión histórica y actual de sus territorios. Esto toma tiempo. Muchos pueblos indígenas, ya tienen desde hace más de una década expedientes en curso de titulación, basados en procesos de autodemarcación realizados y consensuados desde las bases, como los Yekwana y Sanema del Alto Caura y los Pemón de Gran Sabana (Sector Oriental del Parque Nacional Canaima). Pero hay muchos otros que no poseen sus solicitudes tan avanzadas. Bajo presión, se corre el riesgo que las titulaciones sean apresuradas y no respeten la noción colectiva de propiedad territorial, siguiendo más bien el esquema de tenencia de tierra campesina de pequeños lotes individuales o comunitarios, que fragmenta y divide los territorios tradicionalmente ocupados por estos pueblos.

En la actualidad, a través del AMO, el Estado venezolano pretende avanzar en el reconocimiento de los hábitats indígenas mediante titulaciones homogéneas, que no toman en cuenta la diversidad cultural y territorial de los pueblos indígenas, que dejan los intereses de terceros como parte de los títulos y que expone a la voluntad de la dinámica minera los derechos indígenas. Prácticamente se trata de ofrecerle a los indígenas títulos sin contenido a cambio de la actividad minera extractiva. Sumado a esto, ha habido un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades indígenas provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica indígena por sus territorios.

5. Decreto Arco Minero del Orinoco (AMO) y derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica

El artículo 25 del Decreto de Creación de la Zona Estratégica de Desarrollo Integral “Arco Minero del Orinoco” elimina principios de universalidad y progresividad en derechos humanos, así como contenidos inherentes al derecho a la libertad y asociación pacífica. El decreto establece que los intereses de Estado en el proyecto es el de maximizar la producción minera en la zona, encontrándose por encima de los derechos de las personas. Citamos: “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”.

Por otra parte, el mismo decreto 25 obstaculiza inconstitucionalmente el derecho a la manifestación pacífica y el derecho a huelga al establecer, cito: “los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable”. Seguidamente el decreto establece, de manera discrecional, una política de seguridad que puede ocasionar graves violaciones de derechos humanos. Citamos: “Los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”. Estas disposiciones son violatorias de los artículos 53, 68 y 97 de la Constitución venezolana, es contrario a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Libertad Sindical.

Arco Minero del Orinoco y derechos laborales

Además de la prohibición del derecho a la huelga en el territorio del Arco Minero del Orinoco, esta iniciativa promueve posibles vulneraciones a los derechos laborales. Esta iniciativa se enmarca dentro de la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” aprobadas el 18 de noviembre de 2014 por la llamada” Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”. En el artículo 27 de su decreto se establece que “El Presidente podrá definir el régimen especial y extraordinario de contrataciones” para los trabajadores en la Zona Económica Especial. En el año 2007 la Confederación Sindical Internacional, en un informe sobre la relación entre derechos laborales y el modelo de Zonas Económicas Especiales estableció que, citamos: “Es habitual que los gobiernos dejen a esas zonas fuera del marco de cobertura de la legislación laboral o no tomen medidas cuando se infringe dicha legislación, especialmente en lo referente a horas de trabajo y derechos sindicales”.

6. Arco Minero del Orinoco como parte del estado no democrático de excepción en Venezuela

El 13 de mayo de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro aprobó el denominado Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica el cual le da atribuciones extra constitucionales e ilegales al presidente, acción que ha sido calificada por 40 organizaciones de derechos humanos de Venezuela como “Ruptura del hilo constitucional”, y en opinión de Provea el inicio de un desvío dictatorial. Una de las decisiones de dicho decreto ha sido la anulación de las capacidades contraloras por parte de la Asamblea Nacional. El numeral 5 del artículo 2 de dicho decreto establece, cito: “La aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, se realizará sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”. Esta decisión viola la Constitución venezolana que establece en su artículo 150, cito: “La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional”. Al respecto el 14 de junio de 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo rechazando el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco que dejaría sin efecto los contratos de creación de las empresas mixtas creadas para su exploración y explotación. Este acuerdo expresa que la Asamblea Nacional desconoce el Decreto Arco Minero por ser contrario a los intereses de la República y en abierta violación de los derechos ambientales constitucionales. Por tanto, niega la autorización constitucional al ejecutivo nacional en el llamado arco minero, con el objetivo de proteger las últimas reservas de agua dulce, no contaminada del país, la riqueza en biodiversidad, el hábitat de los pueblos indígenas, y demás Áreas Bajo Régimen de Administración Especial.

Por otra parte el numeral 6 del artículo 2 del Decreto de Estado de Excepción anuncia la asignación directa y sin contraloría de las divisas para la adquisición de los insumos o tecnología necesaria para la explotación de yacimientos. Por su parte los numerales 12 y 15 establecen la militarización de las zonas boscosas y las fuentes de agua del país, lo cual nos lleva al siguiente punto.

7. Militarización de territorios indígenas.

El artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. La propia Comisión ha dicho en su último informe sobre el tema que, cito “la CIDH considera que no debe justificarse la presencia militar en territorios indígenas solo para garantizar la viabilidad de planes y proyectos de extracción, explotación o desarrollo que no han sido consultados ni cuentan con el consentimiento de los pueblos indígenas”. La militarización del territorio concedido para el proyecto Arco Minero, sin consulta previa, no se ha realizado sólo como consecuencia del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica aludido, sino también por órdenes directas del Poder Ejecutivo. El 09 de marzo de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una “Zona Militar Especial” para proteger a los pobladores y los recursos del Arco Minero. Cinco meses después, el 5 de agosto de 2016, el Ministro de la Defensa General Vladimir Padrino López informó que una “Unidad Especial de la Fuerza Armada” se activaría para operaciones de defensa integral en el Arco Minero del Orinoco. Este aumento de la militarización del territorio coincide con las preocupaciones expresadas por la Comisión en su informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas”.

8. Criminalización y hostigamiento contra críticos del Arco Minero

El 05 de julio de 2016 el Presidente Maduro acusó públicamente de “traidores” a quienes se oponían al Arco Minero del Orinoco, cito: “Detrás de algunos de los voceros que se oponen al Arco Minero, hay mucho dinero de mafias que controlan la minería. Yo le digo a esos traidores que el Arco Minero va. Va y tengo toda la voluntad y tengo todo el apoyo”.



14 días después Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada y Edgardo Lander, rector y profesores de la Universidad pública Indígena del Tauca respectivamente, fueron destituidos de sus cargos en dicha institución luego que habían expresado públicamente su rechazo al proyecto y promovido una campaña nacional por la nulidad del decreto.



En la noche del 30 de noviembre de este año el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello afirmó en su programa de televisión “Con el mazo dando”: “Ya salieron, con todos los gastos pagos, las ONG venezolanas a participar en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se efectuará en el Hotel Radisson Decapolis, en Panamá. Llevan puras mentiras y datos falsos sobre el Arco Minero”. En el mismo programa, pero del 9 de noviembre, expresó: “Las ONG ya están preparando maletas para viajar hacia Panamá este 28 de noviembre y participar en el período de sesiones de la Cidh, contando con el apoyo económico de Luis Almugre, cita textual. Para este próximo viaje hay una carta suscrita por las ONG venezolanas que enviaran a Luis Almugre, quieren boicotear la asistencia de Rafael Uzcategui, coordinador de Provea y del pran Humberto Prado, de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, por la mala fama que tienen de chulearse el dinero de los proyectos que financia la NED y la Comunidad Europea”. Estas afirmaciones del señor Cabello son reproducidas por medios impresos y radiofónicos del Sistema Público de Medios en Venezuela, insistiendo en la campaña de desprestigio que motivó a que la Comisión emitiera medidas cautelares de protección a favor de 4 miembros de Provea.

1. Recomendaciones

– La Comisión debe priorizar acciones que indiquen claramente la situación de graves violaciones a los derechos humanos, mediante el trámite urgente de medidas cautelares y casos; realizar a la brevedad un Informe País; y que se incluya en el próximo período de sesiones audiencias con los temas urgentes de la situación venezolana. En el caso del tema de la presente audiencia persuadir al Estado para que permita la visita a Venezuela de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, para que pueda constatar las diferentes situaciones planteadas en el presente informe, entrevistándose con todos los actores y visitando el territorio concedido para la explotación del Arco Minero del Orinoco.

– Que el Estado venezolano cumpla con todas sus obligaciones en materia del Capítulo VIII de los derechos de Pueblos Indígenas de la Constitución y zanjar la deuda en materia de su implementación.

– Paralizar todas las concesiones a empresas trasnacionales y nacionales en la Zona AMO hasta tanto no se presenten los Estudios de Impacto Ambiental y Socio-cultural, en estricto cumplimiento con los estándares internacionales para su realización, su difusión amplia a Pueblos y Comunidades indígenas así como a la sociedad en general.

– Realizar con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos el proceso de consulta previa libre e informada así como el consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, con todas las comunidades y pueblos indígenas en el país ante cualquier proyecto que pueda afectar su supervivencia cultural y cosmogonía de vida.

– Cumplir con las recomendaciones emanadas del Sistema Universal de Derechos Humanos ONU al Estado Venezolano, con carácter de urgencia aquella referida a Demarcación y Reglamentación y aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

– Exhortar a la Asamblea Nacional agilizar la aprobación del proyecto de Reglamento de Consulta Previa e Informada y asegurar la participación activa de los pueblos indígenas en su elaboración, así como avanzar en iniciativas legislativas que permitan la conversión de la autodemarcaciones en demarcaciones.

– Paralización de cualquier expansión del AMO hacia el territorio Amazonas hasta tanto no se garantice el cumplimiento a la obligación constitucional de realizar estudios de impacto ambiental, así como del derecho a la consulta y al derecho consentimiento libre, previo, informado y de buena fe.

– Instar al Estado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los pueblos y comunidades indígenas en contacto inicial y en aislamiento voluntario, que puedan ser afectados por los proyectos de explotación minera, incluyendo medidas cautelares urgentes en favor del pueblo Hoti o Jodi y Eñepa.

– Exigir al Estado venezolano que se abstenga de tomar represalias contra las personas y organizaciones que cuestionan y visibilizan las violaciones de derechos humanos como consecuencia de la aplicación del proyecto Arco Minero del Orinoco.

Contestación ciudadana

Rafael Uzcátegui

Para explicar la génesis y característica de una dictadura del Siglo XXI, como la que ahora azota Venezuela, tenemos como referencia el Perú de Alberto Fujimori. Un gobierno que llegó al poder por elecciones, ganándolas 3 veces seguidas, pero torciendo los mecanismos de la democracia para asfixiarla, y mantenerse indefinidamente en el poder. No sólo ha sido útil para entender el proceso de descomposición de un modelo de dominación, sino también para conocer cómo reaccionaron los diferentes sectores de la sociedad. La experiencia andina, entre otras cosas, nos enseña que un gobierno se transforma en dictadura, del siglo XXI, por la debilidad de los partidos políticos. Siendo esto así, como bien ellos entendieron, es una responsabilidad de las organizaciones sociales y populares crear un tejido que haga peso en la tarea de retornar a la democracia, y posteriormente, profundizarla.

Tras década y media de intervención estatal, las iniciativas de la sociedad civil lucen agotadas, fragmentadas, cooptadas y neutralizadas. La crisis de representación política ha erosionado, también, las vocerías de los movimientos sociales y populares. Activistas valiosos no pueden sentarse a la misma mesa, para acordar estrategias por temas comunes, debido a las heridas abiertas por la polarización. El último esfuerzo de movilización ciudadana, el ocurrido durante el 2014, se agotó por la ausencia de sentido y articulaciones, pero también por la represión y los esfuerzos de los partidos políticos de revertir el desbordamiento de las multitudes.

No obstante las mismas enseñanzas que el 6 de diciembre de 2015 dieron a los partidos políticos opositores valen para la propia indignación ciudadana. Todo lo bueno y malo que se hizo fue promovido por un movimiento de resistencia que, hasta esa fecha, era minoría cuantificable respecto a los que apoyaban al gobierno bolivariano. Porque guste o no, las elecciones dan un dato cuantitativo incontrovertible. Y ese día los que no apoyaron la fórmula oficial fueron dos millones de votos más que los partidarios del PSUV. A partir del 6 de diciembre la estrategia, por parte de un movimiento que es mayoritario, debe ser otra, teniendo esos que llaman las “condiciones objetivas”, para promover un cambio en el país.

Las organizaciones sociales no deben ser más apéndices de los partidos. La agenda de los ciudadanos, construida en base a sus propias necesidades y deseos, no debe ser hipotecada nunca más. Las iniciativas populares deben organizarse como bien entiendan, prefigurando en su modo de trabajar la sociedad que anhelan. Autónomos, democráticos y beligerantes, reivindicando la diversidad como un valor. Alérgicos a los chantajes unitarios y la uniformización del pensamiento.

Disfrute lo mejor que pueda las fiestas de fin de año. Pero como ciudadano de a pie tiene una responsabilidad que asumir desde el mes de enero de 2017. Toda dictadura necesita de ausencia de contestación para consolidarse. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

La mística de los DDHH

Rafael Uzcátegui

Se acerca otro 10 de diciembre, fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, un tema que como consecuencia del impulso y mística de muchos activistas anónimos del mundo entero, se ha convertido en un tema políticamente correcto en la opinión pública.

Sobre la vocación que los anima a muchos de ellos David Fernández, miembro del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia, ha escrito un texto que merece ser citado en extenso, lo cual haremos a continuación, titulado “El origen y la mística de los derechos humanos”. Colombia, en su larga travesía hacia la paz, conoce en carne propia la entrega de muchas personas que, en medio del conflicto, entregaron su propia vida para labrar la dignidad en la vida de los demás:

“En los orígenes de la vocación por la defensa de derechos ajenos se encuentra una experiencia humana concreta, generalmente un rostro. La vocación de los defensores de derechos humanos se inicia como la vida: en un grito sentido en carne propia. Porque la opción por los derechos humanos, por la justicia, por combatir la violencia y el dolor, no puede nacer simplemente de la academia, ni de Declaraciones Universales, ni siquiera de convicciones ideológicas por más hondas que estas sean, sino de un quejido, de un grito, de un ¡ay! sentido como propio. Por supuesto que la academia, las destrezas, las Convenciones Internacionales, son necesarias, pero esas vienen después de aquella experiencia fundante y fundamental del dolor del Otro.

La vocación del defensor es profundamente erótica, con todo y que sea terrible. Es erótica porque las víctimas le atraen, lo conmueven, y suscitan el pathos, la simpatía, la identificación.

Acercarse a los derechos humanos desde el sistema internacional de protección, o partiendo de una particular doctrina social, o de una postura política es un camino errado. Si se quiere ser duradero y estable, profundo y auténtico defensor, es preciso no desorientarse de la experiencia del dolor ajeno experimentado en el propio ser; es necesario dejar que la exterioridad irrumpa en el mundo íntimo, dejarse tocar, remontarse a la protopalabra, a la palabra primera: a ese ¡ay! de dolor que nos remite a alguien, no a algo, que nos hace vislumbrar a una persona, no a una cosa.

Este grito sentido como propio lleva a la compasión. A padecer-con. No los principios políticos, ni los Pactos y Declaraciones. Lo que provoca la com-pasión es oír el grito del Otro y tener la sensibilidad suficiente para responder, para hacerse eco del mismo. La com-pasión pasa así por las entrañas: es una vocación entrañable.

Los defensores de los derechos humanos afirman, en el fondo, el principio de la sensibilidad, tomando distancia de la influencia cultural de que la razón lo explica y abarca todo. Nadie es capaz de afirmar hoy, en América Latina, que la razón es lo primero y lo último. Y la acción en favor de los derechos humanos testimonia que, como seres humanos, estamos abiertos hacia arriba y hacia abajo de la razón, a lo a-racional y a lo i-rracional. Y abajo de la razón está la sensibilidad. La base de la existencia humana es el sentimiento, no el razonamiento cartesiano del cogito ergo sum, sino el sensio ergo sum. No es el Logos lo fundamental, sino el Pathos: la pasión.

Y me atrevo a decir que en el origen de la vocación a la defensa de los demás no está principalmente la razón, sino el eros: la empathia, la ternura, la solidaridad, el contacto físico. La vocación del defensor es profundamente erótica, con todo y que sea terrible. Es erótica porque las víctimas le atraen, lo conmueven, y suscitan el pathos, la simpatía, la identificación.

Así, quien defiende los derechos humanos adopta siempre el lugar social de las víctimas, no el de los satisfechos ni el de los poderosos. Así, su denuncia tenga más posibilidades de verdad y de justeza con lo real. Ya lo decía magistralmente el poeta uruguayo Benedetti: “todo es según el dolor con que se mira”. Sólo la mirada lanzada desde las víctimas nos hace plenamente humanos.

La acción de los defensores de derechos humanos es, entonces, un monumental acto de amor: es el fruto de hacerse vulnerable al dolor del otro, al amor gratuito. Además, su actividad es veraz porque nada verdadero se hace sin pasión”.

Hacemos nuestras las palabras de Fernández. Quienes tenemos la vocación por los derechos humanos promovemos la defensa de la humanidad de todas las personas, sin discriminación e independientemente de su postura religiosa, política u orientación sexual. Quienes usan la calificación de defensores de derechos humanos como plataforma personal, o para avalar la actuación del gobierno del cual son afines, el tiempo los revela en su pequeñez. Nuestra mejor recompensa es el cariño de quienes hemos tenido el placer de ayudar, que a su vez nos han ayudado a ser mejores personas.

Resistencia civil a la dictadura

Rafael Uzcátegui

Desde que han sido suspendidos indefinidamente los procesos electorales en Venezuela, y desde Provea hemos calificado al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura”, en diferentes sitios nos han repetido la pregunta: ¿Cómo se enfrenta un gobierno dictatorial? Nuestra respuesta ha sido referirnos a cómo la sociedad peruana enfrentó al gobierno de Alberto Fujimori, quien gobernó al país andino entre los años 1990 y 2000 ganando, siempre hay que recordarlo, tres elecciones seguidas. Como hemos insistido, las dictaduras modernas llegan al poder mediante las elecciones, pero luego utilizan los mecanismos de la democracia para extinguirla y perpetuarse indefinidamente en el poder.

El libro de Victor Vich “Desobediencia simbólica. Performance, participación y política al final de la dictadura fujimorista”, cuyo PDF se encuentra disponible en internet, realiza una interesante sistematización de las estrategias de movilización de la sociedad peruana en esos años, que contribuyeron al debilitamiento del fujimorismo.

“Estas performances –concluye el autor- apuntaron a la construcción de un ciudadano diferente y quisieron, en el lugar de la calle, construir un nuevo sentido de nación y de la memoria”

El autor coloca como hito fundacional el llamado autogolpe de 1992, en el cual “El Chino” –como era conocido Fujimori- disolvió el Congreso. En un momento de crisis de representatividad de los partidos políticos, la oposición a la dictadura “comenzó a caracterizarse por su debilidad simbólica pero sobre todo por su incapacidad articulatoria en términos de formación de nuevos colectivos sociales”. En 1996, cuatro años después, tras la aprobación de una polémica Ley de Amnistía que favorecía a militares implicados en violación de derechos humanos un escultor, Víctor Delfín, encabezó una marcha que luego generó el movimiento “Todas las sangres, todas las artes”, en donde confluyeron personas de historias políticas diversas. “Entre todos ellos –relata Vich- comenzaron a proponer una idea realmente relevante: la lucha contra la dictadura debería estar impregnada de una atmósfera cultural capaz de articular poderosos símbolos que estuvieran destinados a transformar el imaginario oficial de régimen. Se trataba de comenzar a derrocar la dictadura desde los símbolos y el arte”.

De manera paralela, posterior a la tercera relección de Fujimori, otro grupo de artistas convocó a movilizarse teniendo tres objetivos: 1) Desacreditar el resultado de las elecciones, 2) Exigir la realización de nuevas elecciones y 3) Generar un gran movimiento de desobediencia civil. De esta manera enarbolando velas, lazos negros, crucifijos e inclusive un féretro, los artistas realizaron el entierro político del CNE peruano, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en una ceremonia frente al Palacio de Justicia, dando por muerto al régimen de Fujimori y desautorizando públicamente cualquiera de sus futuras acciones. De esta manera nació el Colectivo Sociedad Civil, que tendría protagonismo en los siguientes meses.

El 27 de julio del 2000 se realizó la Marcha de los Cuatro Suyos, en la cual alrededor de 250.000 personas se reunieron en el centro de Lima, siendo recordada por el autor como la “más grande y organizada de la historia republicana del país”, pues 40.000 manifestantes llegaron a la capital desde cuatro puntos diferentes del Perú. La autoestima generada por esta movilización estimuló la realización de protestas creativas y simbólicas como respuesta de un sector de la ciudadanía que sospechaba de la cohabitación de algunos partidos políticos con la dictadura.

Un ejemplo fue “Lava la bandera”, popularizada después de julio de 2000. “Se trataba de construir un símbolo de protesta –afirma Vich- que al mismo tiempo contuviera un sentido emancipador y propositivo”. Todos los viernes los ciudadanos se concentraban en la Plaza Mayor de Lima, y sobre bateas rojas, agua limpia y “jabón Bolívar” se procedía públicamente al lavado de la bandera peruana “en un ambiente que combinaba la fiesta con la protesta social”. Una vez limpia, la bandera era colgada en grandes tendederos de ropa. La protesta se viralizó, y al poco tiempo se lavaba la bandera en muchas ciudades del país.

El escándalo de los llamados “Vladivideos” reveló la corrupción que se había expandido por diferentes sectores de la sociedad. Para el Colectivo Sociedad Civil su objetivo se volvió más claro: “ya no se trataba solamente de derrocar al régimen de Fujimori y Montesinos sino, sobre todo, de generar un gran movimiento ciudadano que pudiera acabar con la impunidad histórica en el Perú”. Esto desencadenó una segunda forma de protesta: “Pon la basura en la basura”, en donde se repartieron más de 300.000 bolsas de basura con las fotos impresas de Fujimori y su mano derecha Montesinos vestidos con el traje a rayas de los presidiarios, y colocarlas en diferentes instituciones.

Otra protesta del movimiento ciudadano fueron los “Muro de la vergüenza”, telas de 15 metros de largo con las fotografías de los voceros de la dictadura, y la invitación a dejarles mensajes, colgadas en la vía pública. “Estas performances –concluye el autor- apuntaron a la construcción de un ciudadano diferente y quisieron, en el lugar de la calle, construir un nuevo sentido de nación y de la memoria”. Libro disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100918085432/4vich.pdf

Abstencionista defendiendo elecciones

Rafael Uzcátegui

Estamos a punto de morder el mes de diciembre, tiempo en que según la Constitución deben realizarse elecciones a gobernadores en los 23 estados del país y el Distrito Federal. Sin embargo, de manera ilegal, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) han anunciado su aplazamiento, sin razones válidas, sugiriendo que pudieran generar las condiciones para que se realicen al final del primer semestre del 2017, lo cual no es un cronograma válido sino una promesa de buenas intenciones.

El gobierno de Nicolás Maduro ha suspendido de manera indefinida cualquier proceso electoral hasta que no pueda obtener resultados favorables. Y no estamos hablando sólo de regionales o Referendo Revocatorio, sino de todo proceso de participación electoral a cualquier nivel, por medio de la injerencia de los tribunales o del propio CNE. Ejemplos sobran, como las elecciones para los principales sindicatos de empresas públicas o las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Como ya hemos razonado antes, las dictaduras del Siglo XXI, en cuyo top ten se encuentra la administración Maduro, utilizan los mecanismos de la democracia para acabar con ella.

Estando claros en lo anterior, no obstante lo realmente noticioso, debido a su extravagancia, es que la mayoría de los voceros y partidos políticos de la oposición, salvo alguna excepción que confirma la regla, no haya ni opinado ni rechazado la ilegal postergación de las elecciones regionales. Los sufragios a gobernadores, al parecer, ni tienen dolientes ni tienen quien le escriba. ¿Cuáles son las razones que justifican el silencio? Tengo varias semanas preguntando en vano, sin atinar a pescar en el aire alguna respuesta convincente. Objetivamente, las encuestas que en algún momento midieron la intención de voto pronosticaban una mayoría de gobernaciones para el bando no oficialista, en sintonía con los resultados del 6-D. Ante los datos la perplejidad aumenta. Algunos me han asegurado que siendo la estrategia opositora no pagar los costos políticos de gobernar con crisis económica, los mandatarios regionales tampoco desean gestionar los conflictos con las arcas vacías. Otros que la elección de las candidaturas dinamitaría la de por sí frágil unidad de la “Unidad”. Los menos, superados por la realidad, me describían que las regionales eran preocupaciones menores ante la inminencia del proceso Revocatorio, que debía canalizar todas las energías. Lo que hasta ahora es seguro es que la Constitución es un traje cortado a la medida de los actores políticos, invocada según convenga.

Y todo esto lo escribe quien hasta ahora, por su crítica a la representatividad, no ha participado en ningún proceso electoral. Pero hasta el pasado 20 de octubre la abstención era una opción libre y personal, no la impostura de quien ha decidido volarse de un plumazo, y sin resistencia además, cualquier acto comicial, pasando así a los terrenos de la dictadura. @fanzinero

Principios irrenunciables en DDHH

Rafael Uzcátegui

Provea es una ONG que defiende los principios de derechos humanos, esos que los movimientos sociales han ido concretando a partir de sus demandas y luchas a través de la historia, en el mundo entero, que hoy componen los pactos y acuerdos suscritos por los Estados alrededor del planeta. A diferencias de otros sectores de la sociedad, esos son los valores que defendemos, independientemente de la autoridad o la institución que los incumpla.

Desde esta particular mirada, que es muy diferente a la de los miembros de los partidos políticos, Provea opinó sobre los primeros resultados de la mesa de diálogo, en un comunicado titulado “Ningún diálogo puede avalar violación y desconocimiento de derechos constitucionales”.

En este pronunciamiento se reconoció los aspectos positivos de los acuerdos: “Provea valora positivamente que la situación de escasez y desabastecimiento haya estado presente en dicha mesa de diálogo, acordando “priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación”. Asimismo, queremos reconocer el espíritu de tolerancia y respeto presente en la Declaración Conjunta “Convivir en Paz”, adoptada por la mesa de diálogo, que puede generar condiciones para disminuir el clima de conflictividad entre los venezolanos”.

las exigencias del movimiento social venezolano son la realización de las elecciones regionales en el plazo establecido en la Constitución y la realización del referendo revocatorio en el plazo más breve posible

No obstante, Provea llamó la atención sobre la ausencia de acuerdos sobre el derecho a la participación política de los venezolanos, mediante el voto, cuya suspensión indefinida ha llevado a la ONG a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como “dictadura”: “Provea lamenta que la ausencia de otros temas tan importantes, como el acuerdo de un cronograma electoral que devuelva al país al terreno de la democracia, signifique que esta Mesa de Diálogo esté avalando la violación y desconocimiento de derechos presentes en la Constitución. Al no pronunciarse sobre la obligatoriedad de realizar las elecciones regionales en el plazo que lo estipula la Carta Magna, y el no permitir la evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro a la mitad de su gestión, mediante la participación en un referendo revocatorio, constituyen una violación conjunta de la voluntad popular que sería expresada mediante el voto”.

Provea considera que cualquier instancia de interlocución y diálogo es necesaria para la resolución de los conflictos, y que este esfuerzo debe continuar hasta mostrar todos los resultados posibles para allanar el camino a las soluciones de los graves problemas de los venezolanos. Sin embargo, creemos que la omisión del tema electoral, especialmente en lo referente a la realización de las elecciones regionales, significa que estos primeros resultados están apoyando, por omisión, la violación de la Constitución.

No existe ninguna normativa legal en el país que permita la extensión del período de gestión de los mandatarios regionales. Las elecciones a las diferentes gobernaciones del país tienen que realizarse, según lo establecido en la Carta Magna, en diciembre de 2016. Y si no se pueden posponer las elecciones según los plazos legalmente establecidos, tampoco se pueden adelantar, a menos que primero se realice una enmienda constitucional que posteriormente sea aprobada por referendo popular. El Consejo Nacional Electoral es el principal responsable de esta irregularidad, siguiendo órdenes emanadas del poder ejecutivo. Pero que los actores políticos de los partidos opositores no introduzcan en el tema en los espacios de concertación creados para ello, los convierte en cómplices de la violación a la Constitución.

En el comunicado se aludía a la ausencia de independencia de las instituciones: “Si bien la Constitución establece los períodos en los cuales deben renovarse los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), esta mesa de diálogo ha expresado su voluntad de acatar la Carta Magna y realizar la sustitución de los dos rectores cuyo plazo vence en diciembre de 2016. No obstante el camino hacia el equilibrio e independencia de los poderes públicos necesita de otras acciones, como por ejemplo la transformación del sistema de administración de justicia, el cual el pasado 20 de octubre decidió suspender, sin atribuciones para ello, el proceso de recolección de firmas del 20% para la activación del RR”.

En estos momentos de incertidumbre y autoritarismo, Provea indicaba con claridad el camino que seguiría como institución de derechos humanos: “Seguirá promoviendo los diálogos a todos los niveles de la sociedad y la necesidad que las organizaciones sociales y populares tengan su propia voz en el actual conflicto venezolano. Asimismo, continuaremos difundiendo a nivel nacional e internacional la ausencia de un modo de gobernabilidad en nuestro país que pueda calificarse como “democrático”, y la confiscación del derecho a la participación electoral de los venezolanos y venezolanas. En este sentido las exigencias del movimiento social venezolano son la realización de las elecciones regionales en el plazo establecido en la Constitución y la realización del referendo revocatorio en el plazo más breve posible”.