Rafael Uzcátegui's Blog, page 7

Elogio de la locura

Cornelius Castoriadis, uno de los teóricos más conocidos sobre el concepto de autonomía, dijo una vez que la acción que la hace posible es una actividad consciente que “no puede existir más que en la lucidez”. La indignación de las multitudes venezolanas en movimiento ha venido creando hechos que han reconfigurado el panorama sociopolítico del país. Pasó en las primarias y, todo indica, se repetirá en las elecciones presidenciales del 28-J. La masividad expresada en los fenómenos nos habla de una clarividencia bastante parecida a la locura: La de aspirar a fundar nuevas realidades a pesar de todos los pronósticos en contra.

El 22 de octubre de 2023 ocurrieron las elecciones primarias en Venezuela. De 11 candidatos, 1 de ellos obtuvo más del 93% de los votos. Aquella anomalía estadística representó un hecho político tan contundente, un inusual consenso desde las bases, que forjó dentro del universo opositor no sólo una potencial candidatura unitaria, la de María Corina Machado, sino la reconfiguración de la gobernanza interna de la alternativa democrática. El gobierno había apostado a que las primarias se desinflarían por su propio peso. O que en caso que se realizaran, sus resultados fueran carne fresca para la canibalización de la oposición. Sectores de los propios partidos democráticos sabotearon el proceso, intentando capitalizar lo que esperaban fuera un fracaso. A pesar de la censura, donde los medios radioeléctricos no hablaban de las primarias, las personas buscaron información y participaron. La cifra de 2.400.000 era importante por el número y por la calidad: El mismo entusiasmo participativo se evidenció en las tradicionales zonas opositoras como en territorios que habían sido dominados por el oficialismo. Los mensajes consensuados desde abajo eran: Queremos unidad, pero también contundencia y coherencia. La unanimidad blindó el propio resultado, alejando las estrategias narrativas de impugnación que argumentarían “la polarización” del liderazgo opositor. Aquella claridad popular zanjó de cuajo aquella discusión de si el segundo lugar debería ocupar el lugar de la inhabilitación.

Como evidencian las encuestadoras confiables, como Delphos, el 28 de julio volverá a expresarse la indignación de la multitud. La gente ha llegado a la conclusión que la masividad fenoménica es clave y trascendental. La gira en regiones lo demostró. Desbordando los mecanismos de control estatal, que en pueblos y zonas rurales son más efectivos, en un curioso y espontáneo torneo, las poblaciones compitieron entre sí para demostrar cuál llevaba más gente a los actos, convocados por el boca a boca y los mensajes de Whatsapp. Las imágenes, de aquella agudeza parecida a la demencia, eran conmovedoras. A pesar de las posibles retaliaciones oficiales, la convicción era “es importante estar aquí”. El hacer, la praxis autonómica de la que nos habla Castoriadis, se repetirá el 28 de julio, en el espíritu que no sólo es importante ganar, sino hacerlo de manera contundente.

Así como el 93% blindó el resultado de las primarias, un margen de más de dos millones de votos haría posible el regreso de la democracia, la posibilidad de mejorar las condiciones materiales de existencia de la población. La materialización monumental de la voluntad de cambio influirá en la decisión de los militares, que desplegados en el Plan República tendrán la mejor información de lo ocurrido, y quienes en última instancia tendrán la llave para avalar un fraude o permitir la transición a una nueva etapa de la vida nacional. Dos millones de votos de diferencia implosionarían al PSUV. La magnitud de esa tendencia irreversible también neutralizará buena parte de los posibles hechos de violencia, desconcertando al fanatismo chavista e invitando a sus elementos más pragmáticos a no quedar fuera de la transición. La avalancha electoral ratificaría que en Venezuela dejó de existir la polarización de otros tiempos, y lo que existe es la fusión colectiva en el deseo de construir un país de oportunidades y derechos para todos y todas. Desde sus propios razonamientos el ciudadano de a pie ha llegado al convencimiento que un margen menor, aunque sea victoria, es un caldo de cultivo para el fraude electoral.

Siendo así, el trabajo que nos toca a la sociedad civil es facilitar que esa masividad pueda finalmente expresarse, exorcizando los espíritus del escepticismo, la desesperanza, las dudas y la incertidumbre. Hoy, enfrentar el cinismo y la incredulidad es un trabajo político a toda regla. Y estimular la participación de los descreídos, apáticos y gentes de poca fe.

Esa esperanza, frenética e irracional evidenciada en regiones, ha desoído los discursos de sensatez que hablaban que la normalización económica del chavismo sería crecimiento de los indicadores financieros y detendrían el flujo migratorio; que una Venezuela bajo paz autoritaria era preferible a una transición caótica e inestable; que Nicolás Maduro era un demócrata acorralado por los dislates de una oposición extremista; Que un espíritu conciliador, potable y con un dilatado currículo, como Manuel Rosales, era un mejor candidato; Que había que contener respiración y esperanzas hasta el 2030; Que era preferible la ambigüedad y la poesía barata a llamar las cosas por su nombre; Que un gobierno democrático influido por “la señora” sería peor a seis años más de autoritarismo bajo Nicolás Maduro; Que la paz, cualquier cosa que entendamos por ella, es una conquista de los pueblos y no una decisión de un acuerdo cupular en una mesa de negociación.

Estoy más cerca de esos chiflados y chifladas, delirantes de libertad, derechos y oportunidades, para vivir en la única vida que tenemos, que han perdido casi todo, menos la esperanza. Estoy más lejos de los prudentes del cálculo pequeño y pragmático, de los teóricos del sálvese quien pueda que ya nosotros estamos salvados -y comprometidos-; de quienes desde sus burbujas han decidido no empatizar con el sufrimiento de la mayoría de venezolanos. Hoy quiero hacer un elogio de la locura.

Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación “Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos”.

15 razones para la esperanza

1) La campaña electoral de Nicolás Maduro sigue haciendo énfasis en lo ideológico, un mensaje para sus votantes “duros”, así como en el recuerdo de Hugo Chávez, remembranza que ya dejó de ser lo que era, subestimando el sentido común de la población.

2) Otro mensaje recurrente es el “miedo” a lo que pasaría si llegaran los” otros”. En Argentina el kirchnerismo basó el final de su campaña también en el miedo. Ya sabemos lo que pasó: El deseo de cambio se impuso.

3) El Comando de Campaña oficial, “Venezuela nuestra”, no ha logrado articular una estrategia comunicacional única y coherente. Además de la dispersión de las consignas y los mensajes que se solapan, se suman las iniciativas que comienzan y dejan de realizarse a medio camino.

4) El chavismo es víctima de su propia hegemonía comunicacional y sus diferentes niveles de cámaras de eco. Como demuestra la “encuesta” reciente de Hinterlaces, a Nicolás Maduro le informan sólo lo que él quiere escuchar, alimentando el error de cálculo oficial y la desconexión sobre la realidad del país.

5) Cada obstrucción, sanción y persecución oficial a los actos proselitistas de Edmundo González es contraproducente para los objetivos oficialistas, pues alimenta la épica de su campaña y suma votos de los indecisos (por efecto indignación) a la alternativa democrática.

6) En las teorías sobre comportamiento electoral la preferencia se relaciona con la credibilidad y el nivel de confianza del líder de opinión. La comunicación suele arrojar mejores resultados cuando llega mediada por un vocero que nos influye. Nicolás Maduro genera, precisamente, el efecto contrario.

7) Antiguos partidos del Polo Patriótico y activistas de base del chavismo, que durante años realizaron un importante trabajo a nivel comunitario, en este momento no están haciendo campaña por Nicolás Maduro. Algunos incluso están convocando a votar nulo, abstenerse o votar por otra opción.

8) Los actos de desafío al poder, que han comenzado a verse en regiones y en la ciudad capital, protagonizados por ciudadanos comunes, sugieren la percepción que tal irreverencia es posible ante el derrumbre del sistema de dominación actual.

9) El margen sugerido por las encuestas más confiables del país, salvo la emergencia de un fenómeno electoral (que Nicolás Maduro NO ES), no se revierten en un mes

10) Más del 40% de la población venezolana busca información a través de la plataforma WhatsApp, basada en las relaciones de parentesco y confianza. Esta capilaridad de diseminación de contenidos no es controlable por un poder centralizado, ni por la hegemonía comunicacional.

11) No hay oferta de cambio creíble por parte de una propuesta política que tiene 25 años en el poder.

12) El gobierno de Nicolás Maduro ha criminalizado y revictimizado la migración venezolana, un fenómeno que involucra de manera directa a 8 millones de personas. Sume usted a sus familiares.

13) La migración, la crisis económica, e incluso el descontento, ha mermado el despliegue y presencia de los antiguos colectivos de civiles armados

14) Dentro del oficialismo han comenzado las reflexiones individuales sobre su supervivencia política en un contexto de transición. ¿Cuántos quieren hundirse con el Titanic Maduro?

15) La alternativa democrática ha sintonizado con los sectores populares y está representando la posibilidad de un cambio, la mejora en la calidad de vida y la reunificación familiar.

La mirada horizontal

En un chat de WhatsApp, integrado por gente de organizaciones sociales, aparece un video de la concentración realizada por María Corina Machado en el estado Portuguesa. El primer comentario que aparece es “Me preocupa el caudillismo”. Mientras las imágenes en lo personal me hablaban del deseo de cambio, la esperanza y el valor de personas en los antiguos bastiones electorales del oficialismo, este colega veía las cualidades del liderazgo. Eran dos maneras de interpretar aquello, que resumiré como la “mirada vertical” versus la “mirada horizontal”. A esta última quiero referirme.

Mientras la mirada vertical puede interpretar la historia como la suma de hombres y mujeres providenciales que asumieron las riendas de sus países y torcieron sus rumbos, una mirada horizontal pone el énfasis en la capacidad movimientista de las multitudes que hicieron posible épicas de cualquier tamaño. Aunque todavía falta por comprender, se ha comenzado a escribir sobre la naturaleza del liderazgo de la líder de Vente Venezuela, con mayor o menor acierto. Y aunque buena parte se debe a su presencia y trayectoria, la otra mitad del fenómeno político que ha emergido en regiones, en las últimas semanas, se debe al protagonismo de la gente.

La respuesta popular a las visitas de campaña por Edmundo González en Trujillo, Mérida, Táchira, Falcón, Delta Amacuro y Cojedes, por nombrar algunas, ha derrumbado mitos sobre las características de la Venezuela profunda. Cuando, a comienzos del año 2023, apareció en la conversación pública la posibilidad de realizar un proceso de elecciones primarias para escoger una potencial candidatura unitaria de oposición, algunas voces pronosticaron el fracaso de la iniciativa debido a que, supuestamente, el ciudadano de a pie estaría desinteresado de la política. Una segunda ficción es que, aguas abajo, las personas estarían desinformadas. Las imágenes de multitudes sugieren que cuando la “política” los interpela sobre sus condiciones concretas y materiales de existencia estarían dispuestos a involucrarse. Y que cuando el asunto es de su interés, buscan la manera de obtener la información. De otra manera no se entiende cómo, a pesar de la censura en medios masivos de comunicación, la convocatoria fuera exitosa. Si cómo registró Datincorp en su informe de Coyuntura Electoral de abril 2024, el 39.3% de las personas se informan por la red social WhatsApp, se podría insinuar que las redes horizontales y capilares de comunicación, basadas en la confianza y los parentescos, a pesar de la censura están divulgando contenidos eficientemente.   

Pueblo pequeño, infierno grande. En Turén, Zea o Colón la proximidad comunitaria hace que los mecanismos de control estatal sean más exitosos que en las grandes ciudades. Quien asumió que Edmundo González mejoraría su calidad de vida y se informó acerca de la concentración, finalmente asistió al acto sin importarle las posibles retaliaciones. La voluntad de cambio superando al miedo. Los actos en desafío al poder se han viralizado, evidenciando la potencia de la multitud en movimiento, cuyo espontaneísmo ha ocupado el espacio vacío dejado por el viejo aparato partidista. Si hay un resultado positivo para la democracia en las elecciones del 28-J, una de sus claves fue haber confiado en las capacidades de trabajo descentralizado, valor principal de los llamados “comanditos”, a contrapelo de quienes, aferrados a la vieja manera, pensaban que el aparato de los viejos partidos sería crucial.

Para Cornelius Castoriadis este hacer, como praxis, es constitutiva del proyecto autonómico de la sociedad. “para la praxis, la autonomía del otro, o de los otros, es a la vez el fin y el medio; la praxis es lo que apunta al desarrollo de la autonomía como fin y utiliza con este fin la autonomía como medio (…) La praxis es, ciertamente, una actividad consciente y no puede existir más que en la lucidez”. Si están despertando las potencialidades autonómicas de la sociedad, a partir de la pérdida del miedo y el deseo de vivir la alteridad –un futuro diferente al presente del chavismo realmente existente-, hay materia prima para la recomposición democrática de Venezuela y la reinvención de la manera de hacer política en el país. Lo que hay es que seguirlo cultivando y estimulando.

Bajemos la mirada y hagamos un paneo horizontal de lo que está ocurriendo entre nosotros, que no sólo es esperanzador sino también intelectualmente interesante. No sólo para entenderlo, empatizar con sus motivaciones y maneras de funcionar, sino también para acompañarlo y fortalecerlo en aras de todos los desafíos por venir. Si la autonomía es posible -luego de tantos años de heternonomía bolivariana-, cuando el individuo accede a un estado de reflexión, como promulga Castoriadis, los venezolanos y venezolanas ya tenemos con qué.

Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos» 

Peso Hero derrotará a Super Bigotes

Cuando decenas de migrantes venezolanos comenzaron a retornar, debido al cierre de las posibilidades de trabajo en los países de acogida por las medidas de restricción bajo Covid-16, Nicolás Maduro los denominó “bioterroristas”. Aquella descalificación, que hoy se recuerda con vergüenza, no era un hecho aislado. Formaba parte de la política estatal de criminalización de la crisis regional de movilidad humana, de la que Venezuela era epicentro, y que revelaba la profundidad de la emergencia humanitaria instalada en el país. Hugo Chávez cosechó éxitos al otorgarle a los pobres un lugar privilegiado en su discurso. En contraste, el gobierno de Maduro invisibilizó y estigmatizó un fenómeno que involucraba directamente a 8 millones de personas, con dolores que se extendían a sus familiares. El pésimo abordaje de la migración pudiera ser una de las razones por las cuales el chavismo, luego de 25 años, sea finalmente desalojado del poder. 

Según la sociología la “representación social” son una serie de ideas con las que las personas se explican su propio comportamiento y el de los demás, con los cuales se comprende colectivamente una conducta, y que comienzan a ser aceptadas como parte del sentido común en un lugar y tiempo determinado. Venezuela tenía la experiencia de ser un país receptor de personas de diferentes nacionalidades, pero no de obligar a sus connacionales a irse del país de manera forzada. La migración, o mas específicamente, el “migrante venezolano”, era un significante vacío que, como país, no sabíamos a qué tipo de contenidos se asociaba. Aunque el flujo de personas era perceptible desde el año 2010, por lo menos, no fue sino hasta la derrota de las protestas del año 2017, ante la perspectiva de ausencia de futuro, que los venezolanos y venezolanas salieron de manera masiva y desesperada.  La imagen de los “caminantes”, los migrantes que hacían el trayecto a pie a falta de recursos para movilizarse de otra manera, dinamitó la imagen internacional de la revolución bolivariana. Por ello, el gobierno pasó a tratarlos, simplemente, como enemigos políticos. La que debía ser la última frontera institucional de apoyo, la Defensoría del Pueblo venezolana, también les dio la espalda. En octubre de 2017, cuando la cifra de paisanos que cruzaban la frontera a Colombia era 4 veces mayor que el año anterior, un burócratizado Alfredo Ruiz declaraba sin despeinarse: “El flujo de las personas que entra es mayor que las personas que salen”, agregando que la diáspora era conformada por “jóvenes de clase media”, los cuales habían perdido la esperanza por “no poder acudir a una discoteca”. Hugo Chávez otorgó un lugar, narrativo y simbólico, a los pobres en su gestión de gobierno. Su heredero, en cambio, inauguró el “no lugar” para quienes habían salido del país como migrantes.

Entonces, el discurso oficial infló de vergüenza el globo de la migración y lo que los venezolanos procesábamos sobre lo que eso significaba. Los prejuicios, medias verdades y silencios hicieron el resto. Quien se iba, no se despedía. Y quienes nos quedábamos jurábamos que cruzar la frontera eran como vacaciones, pero trabajando, en un exilio dorado automático al pisar Cúcuta o Maicao. “Chévere” era la respuesta automática de quien estaba lejos, aunque se sintiera solo, miserable y culpable por haberse marchado. Oculta tras los fantasmas de las remesas, el sufrimiento de la migración se convirtió en un tabú, un luto colectivo que se llevaba estoicamente en silencio.

El 22 de marzo de 2024, cuando María Corina Machado anuncia que cedía la candidatura a la profesora Corina Yoris, su primera frase fue “Traer los hijos de vuelta a casa”. Durante varios años el “reencuentro” aparecía como un valor apreciado por los venezolanos. Los analistas lo interpretaron como el ansia por la despolarización política: El abrazo entre chavistas y opositores. La verdad era mucho más profunda, apuntando a la propia base de la sociedad, siendo decodificado correctamente por la líder de Vente Venezuela, quien le ha dado a la reunificación familiar un lugar privilegiado en sus arengas. Por la magnitud de reacciones que ha generado, registradas en videos viralizados en redes sociales, pasó a darle cuerpo, a simbolizar ella misma esa posibilidad. Esto, como fenómeno electoral, es muy poderoso. En respuesta, Maduro ha reaccionado tarde y torpemente. Incluso cuando anuncia un “Viceministerio de la migración” revictimiza a quienes dice querer ayudar: “Se fueron de trabajar dignamente aquí, a lavar pocetas en el exterior». Si el gobierno no logra torcer la voluntad mayoritaria de cambio, uno de los factores de su derrota será la expresión política de la humillación y dolor por la separación.

María Corina Machado ha legitimado el tema. En su recorrido por pueblos y campos, es lo que le dicen, lo que le escriben en sentidas pancartas escritas a mano sobre cartulina. Siendo así, comencemos a hablar, con el corazón en la mano, sobre la migración: Lo triste que nos sentimos por ello, lo profundamente que lamentamos cada partida, lo trágico que nos evoca la palabra “Darien”, que sin tantos somos medio país. Sólo eso nos permitirá comprender sus diferentes consecuencias y abordarlas eficazmente. Convirtamos todas esas lágrimas contenidas en acción por el cambio.

Peso Hero es un superhéroe creado por un maestro de escuela mexicano, Héctor Rodríguez, para inspirar a sus alumnos bilingües en el respeto a los derechos humanos. Sin capa ni antifaz, aunque con un cuerpo musculoso a prueba de balas, Peso Hero defiende a los migrantes y se enfrente con quienes se han beneficiado de su desgracia. En nuestro comic imaginario Peso Hero se enfrentó a Super Bigotes. Y le ganó por paliza.

Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos» 

Transición y reconocimiento del daño

En las semanas recientes, ante la posibilidad de un cambio en el estado de cosas como expresión de la voluntad mayoritaria el 28-J, se ha retomado el debate sobre la posibilidad de reconciliación en el país. Por ejemplo, en una entrevista reciente difundida por youtube, un representante de la Compañía de Jesús opinaba que reconciliarse era poner énfasis en los puntos comunes. Otras propuestas, igual de poéticas, se han puesto sobre la mesa. La palabra pudiera tener más de un significado, dependiendo del lugar de enunciación desde donde se evoque. Donde existe una mayor precisión es desde el universo de derechos humanos, que la entiende como una consecuencia de hacer justicia en los casos graves de violaciones a la dignidad humana.

En su texto “Clarificando términos: ¿Qué podemos entender por reconciliación?” David Bloomfield recoge el rico e inacabado debate académico sobre el término. Parte de su definición como “el proceso mediante el cual una sociedad realiza una transición entre un pasado dividido y un futuro compartido”, aunque reconoce que una causa de la confusión es describirla como proceso y, a la vez, como estado final o meta, “lo cual es contradictorio”. En una detallada curaduría cita los contornos del debate: Por ejemplo, cita a Chapman (2002), para quien la reconciliación “establece el marco para nuevos tipos de relaciones”, particularmente, para “las relaciones sociales y políticas«. O según Brandon Hamber y Grainne Kelly (2004) “La reconciliación es el proceso mediante el cual se abordan las relaciones conflictivas y fracturadas”. Bloomfield se pregunta “¿Es la reconciliación un proceso nacional, social o incluso político? ¿Se trata de un proceso individual, psicológico o incluso “teológico”? ¿Es un proceso, o más bien describe un estado de relaciones al final de un proceso?”. Las respuestas están en construcción y parece que no van a resolverse a corto plazo.

Varios de los contornos anteriores se encuentran en la discusión presente en Venezuela, protagonizada por algunos académicos, líderes sociales y políticos del país. Sin embargo, hay una especificidad más definida cuando se habla de “reconciliación” y es desde los derechos humanos. En esta dimensión se han zanjado las controversias teóricas posibles.

Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH) la reconciliación es una consecuencia de la aplicación de una justicia de transición en sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Reconciliación y justicia de transición, por tanto, son términos interdependientes. En su “Estudio analítico de los derechos humanos y la justicia de transición”, del año 2009, sostienen que justicia de transición es: “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación». En otro documento, titulado “Construir la paz mantener la paz y justicia transicional” agregan que la paz sostenible sólo puede lograrse si las sociedades siguen caminos de reforma integrales, que aborden las causas profundas y los impulsores de los abusos de los derechos humanos, que también hagan justicia por las violaciones pasadas.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su “Compendio Verdad, Memoria, Justicia y Reparación en contextos transicionales”, establece que son 4 las partes de un proceso transicional: Verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición, los cuales “no se sustituyen el uno al otro, sino que se complementan y retroalimentan entre sí”. El orden de enunciación no es fortuito, ya que consideran el derecho a la verdad como uno de los pilares de la transición, la cual entienden como la “variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala -a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos-; servir a la justicia y lograr la reconciliación”. Al igual que el ACNUDH entienden la reconciliación como una derivación de una serie de prácticas de justicia pre-existentes: “la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición contribuyen a la consecución de dos objetivos intermedios o a mediano plazo (ofrecer reconocimiento a las víctimas y fomentar la confianza), así como dos objetivos finales (contribuir a la reconciliación y reforzar el estado de derecho)”.

La CIDH no ignora la complejidad y diversidad de los momentos de evolución del autoritarismo a la democracia. “Los Estados tienen el derecho y el deber de fomentar políticas e implementar programas que tiendan a la reconciliación de sus pueblos. Sin perjuicio de ello, al momento de diseñar tales marcos, existen ciertas obligaciones internacionales que deben ser observadas”. Para los interesados e interesadas estas obligaciones se encuentran descritas en varios documentos: “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, y las Resoluciones 12/11 y 12/12 del Consejo de Derechos Humanos sobre Derechos humanos y justicia de transición, y Derecho a la verdad. La Comisión agrega: “un componente para el establecimiento de una paz duradera es que el marco de justicia transicional sea aplicado como un sistema de incentivos útiles a la verdad, a la individualización y sanción de los responsables y a la reparación de las víctimas”. Desde una perspectiva de derechos humanos las víctimas son el centro del proceso de transición.

Para quienes se ubican en otras aceras, y no la de derechos humanos, el reconocimiento del dolor causado por parte de los perpetradores es un obstáculo para la reconciliación. Desde la teoría y práctica de los DDHH es todo lo contrario. Las víctimas del abuso de poder tienen derecho a la confesión pública del daño por parte de los perpetradores y, en consecuencia, derecho a recibir una disculpa pública. Según el ACNUDH el derecho humano a la reparación consiste en que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a una resarcimiento adecuado, efectivo y rápido de los daños sufridos. Los tratados internacionales en DDHH reconocen cinco formas de reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La cuarta forma de reparación tiene una dimensión individual y otra colectiva, y busca resarcir la violación a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas. Las medidas de satisfacción pueden incluir, entre otras, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; una declaración oficial o decisión judicial que establezca la dignidad, reputación o derecho de las víctimas; una disculpa pública que reconozca hechos y acepte responsabilidades; sanciones judiciales o administrativas; y conmemoraciones y homenajes.

Es falso que como dicen los voceros del oficialismo una “justicia transicional” tiene como objetivo perseguir al chavismo e iniciar una cacería de brujas. El chavismo será, en democracia, una identidad política protegida por el principio de no discriminación y las garantías de los derechos de manifestación pacífica, libertad de expresión y libertad de asociación y reunión. Con independencia de poderes podrá ser usted todo lo chavista que quiera. Quienes deben preocuparse son los funcionarios que generaron, de manera deliberada, dolor y daño con sus acciones. Ellos no sólo serán responsabilizados, con respeto al debido proceso y derecho a la defensa por parte de un sistema de justicia profesional e independiente. Y deberán pedir disculpas a sus agraviados.

Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»

29-J: ¿Apocalipsis ahora?

Hemos iniciado la conversación sobre la posibilidad de una transición a la democracia en Venezuela, consecuencia de la repolitización masiva de la esperanza entre nosotros. Aunque los desafíos para alcanzar un proceso electoral mínimamente confiable, donde la avalancha de la participación popular haga irreversible el cambio, son todos y cada uno, el que podamos trascender la tiranía del presente, agotado en la supervivencia, para imaginarnos el futuro posible, es de por sí un triunfo sobre el autoritarismo.

Un escenario hipotético versa sobre lo que pudiera suceder el día después de un triunfo de la alternativa democrática. Las opiniones mayoritarias dibujan un escenario apocalíptico, donde el chavismo controla el resto de las instituciones, salvo el Ejecutivo, e incendia el país durante los 6 meses que transcurren antes de la juramentación. Estos temores tienen antecedentes y fundamento. El chavismo, bajo su lógica revolucionaria, ha declarado reiteradamente que es ajeno a la alternabilidad del poder y que ha llegado para quedarse. Aunque las condiciones objetivas y la expresión del soberano les sea adversa, cuesta imaginarse un panorama bajo el cual el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sea, sin traumas, desplazado del poder.

En nuestra opinión, sin subestimar la sinrazón autoritaria, el día después de las elecciones estará protagonizado por tres tipos de reacciones dentro del oficialismo: 1) La huida hacia adelante; 2) El luto utópico y 3) El pragmatismo. La primera es la que los analistas dan por previsible: brotes de violencia para desconocer y obstaculizar el triunfo opositor. Sin embargo creo, y deseo, que estos hechos de violencia serán aislados. La infraestructura de la violencia bolivariana también ha sentido el peso de la crisis y el propio desgaste del conflicto. Los elementos de mayor preocupación, los colectivos armados, ya no tienen la operatividad y presencia que mostraron en los años 2014 y 2017. No estamos sugiriendo que han desaparecido, sino que ha mermado la posibilidad de una reacción temible y coordinada en todo el país, como sucedió alguna vez. Integrantes de estas organizaciones han migrado de manera forzada, como el resto de los venezolanos, mientras que para otros la ausencia de incentivos los estimuló a centrarse en una lógica de actuación exclusivamente delincuencial. Por otro lado, las organizaciones subalternas del antiguo Polo Patriótico, que contaban con una capacidad autonómica de movilización –como demostraron en el 2002 y en las elecciones del 2013- hoy se encuentran distanciadas y confrontadas con el Madurismo. En esta ecuación faltarían las Fuerzas Armadas, cuya expresión insurreccional, por acotada que sea, pudiera ser el factor de mayor preocupación. La única fuerza que pudiera plantearse una acción coordinada en diferentes partes al mismo tiempo sería el PSUV. Sin embargo, especulamos que el grueso de su militancia estaría repartido en las siguientes dos tipos de reacciones presagiadas, que describimos a continuación.

El segundo tipo de respuesta prevista es el “luto utópico”. El chavismo militante ha sido eficaz en construirse a si mismo como una comunidad altamente ideologizada, con diferentes capas que lo protegen, o que lo aíslan, de la realidad. La hegemonía comunicacional y las diferentes “cámaras de eco” con las que un militante convencido del PSUV interactúa, que le permiten ratificar permanentemente sus sesgos, han transformado su propuesta política en un dogma de fe. Por ello cree, genuinamente, que el chavismo representa todo lo bueno que hay en el mundo y que sus críticos, usted o yo, todo lo execrable y oscuro de las pasiones humanas. Aunque en esta compleja operación psicológica puede haber tanto principios como razones oportunistas, lo que nos interesa en este punto es que, a fuerza de repetición, está profundamente convencido de sus propias mentiras. Si creemos que la transición sólo será posible por una alta participación y un amplio margen de diferencia de la alternativa democrática sobre la autoritaria, pongamos 20 puntos porcentuales, el resultado generará un terremoto emocional en un pedazo de la militancia roja: El pueblo, a quienes ellos decían representar, les ha dado masiva y contundentemente la espalda. Y ello, además, por un liderazgo (María Corina Machado) que simbólicamente representa todo lo contrario a lo que pregonan. Convencidos hasta el día de la votación de su arrollador triunfo, como le aseguraron sus cámaras de eco, un sector del actual oficialismo pasará a lidiar con las diferentes etapas del duelo: Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Un proceso constatable en alguno de los chavistas críticos que en años anteriores han decidido alejarse de la arena política, y que para evitar los costos de ese barranco mental han incursionado en la metafísica y la new age.

La tercera reacción posible sería la del simple pragmatismo: En virtud de no quedarse por fuera de la transición, bien sea para tener un espacio político en la Venezuela democrática o por mantener los negocios y bienes mal habidos, diferentes sectores del chavismo, abiertamente, comenzarán a tender puentes con los sectores democráticos. Hay que recordar que la fidelidad bolivariana es con Hugo Chávez y no con Nicolás Maduro, así que muchos no estarán dispuestos, finalmente, a hundirse con ese Titanic. Una evidencia de estas razones las encontramos en el audio filtrado, hace meses atrás, de Juan Barreto: “El problema nuestro es pasar con vida política la alcabala del 2024 para llegar con vida al 2025 y que ustedes –la militancia del partido Redes- puedan ocupar espacios de poder que les den legitimidad de origen, para acumular fuerzas que nos permitan entrar en cualquier negociación”. Será después del 28-J que seremos testigos VIP de las divisiones dentro del chavismo, así como de la lucha caníbal por la posibilidad de negociar primero, en mejores condiciones, como sugiere el ex Alcalde Mayor de Caracas, “la supervivencia política”.

No pudiéramos predecir cuál de estos tres tipos de reacciones posibles hegemonizará el universo bolivariano luego de una contundente derrota electoral, como la que efectivamente se necesita para que se abran las grandes alamedas de la democracia en el país. Lo que sí consideramos es que el cálculo y el despecho convivirán con las potenciales actuaciones radicales de focos del chavismo, afortunadamente limitadas por la propia ineficacia del modelo, la crisis económica, la migración y el desgaste. Habría entonces que matizar las profecías espeluznantes que algunos imaginan luego de la posibilidad de una victoria opositora. Especialmente de aquellos que, en base al supuesto caos e ingobernabilidad a desatarse, de manera soterrada postulan que lo mejor para el país sería la permanencia de la ignominia, gobernada por una paz autoritaria.

Publicado en Tal Cual

Good bye Clacso!

Alexander Kerner era un adolescente que vivía en la República Democrática Alemana, la mitad germana bajo dominio de la Unión Soviética, en 1989 y como muchos otros deseaba un cambio de régimen. Un día, cuando participaba en disturbios contra la policía, su madre Christiane lo ve y de la fuerte impresión que le produce pierde el conocimiento, entrando al hospital en estado de coma. Ella recupera su conocimiento en 1990, meses después de la caída del Muro de Berlín, pero para evitarle emociones fuertes que la vuelvan a enfermar, Alex hace todo lo posible para ocultarle a su progenitora, militante acérrima del Partido Socialista Unificado de Alemania, todos los cambios que han ocurrido en el país. Este es el argumento del film “Good Bye, Lenin!” de Wolfgang Becker (2003), que por la originalidad de su historia y buenas actuaciones fue galardonada con varios premios cinematográficos en la época.

Hay quien dice que, usualmente, la realidad supera la ficción. Una estrategia similar de mistificación, en el espíritu del film anterior, ocurre en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) respecto a Venezuela: Hacen todo lo posible para convencer a sus radios de influencia que la situación del país se mantiene congelada en el tiempo, digamos, en el año 2009, cuando Noam Chomsky estuvo en Caracas y le dijo a Hugo Chávez que era una fuente de inspiración de la construcción del “otro mundo posible”. Uno que hoy, fuera de las paredes de CLACSO ha condenado a la miseria al 80% de su población, ha expulsado de manera forzada a más de 8 millones de personas, ha enriquecido a la cúpula gobernante y mantiene en prisión más de 270 presos políticos. Esta curiosa simulación se ejemplifica en la convocatoria al “Diploma Superior en Pensamiento jurídico crítico en Nuestra América”, que el ente impartirá en modalidad virtual en junio de 2024.

CLACSO, nominalmente, es una institución internacional no-gubernamental creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO. Con sede en Buenos Aires, afirma reunir a 937 centros de investigación y programas de posgrado en diversos campos de las ciencias sociales y humanidades, radicados en 56 países de América Latina y el Caribe, como también en Estados Unidos, África y Europa. En lo concreto se ha convertido en un fortín del academicismo “dialéctico y científico«, la última trinchera de refugio de la intelectualidad progresista en la región, a la espera del giro a la izquierda del universo.

El objetivo general del diploma superior ofertado es “Analizar los nuevos paradigmas del Pensamiento Jurídico Crítico en Nuestra América en época de importantes transformaciones geopolíticas globales”. Entre los objetivos concretos se encuentran “Ofrecer un marco teórico-práctico basado en los nuevos paradigmas que efectivamente sirven de base a una más eficaz deconstrucción tanto teórica como práctica de la democracia, los derechos humanos y la paz en los tiempos actuales”; “Comprender que la pluralidad de las contestaciones actuales a dicha dominación, van potenciando crecientemente formas nuevas de política, democracia, Estado y normatividad fundamentadas en la forma comuna o comunidad” y “Exponer sobre la pluralidad normativa de nuestros tiempos (…) como la normatividad societal potenciada autónomamente”.

El diploma consta de 5 lecciones distribuidas en 5 módulos. La tercera clase lleva por título “El debate sobre la transformación progresiva de la forma política estatal y la apuesta a favor de su sustitución creciente por la forma comunal o comunitaria. El Estado comunal de Venezuela, comunitario en Bolivia y Estado de transición socialista cubano”; La clase octava “El constitucionalismo combativo de Venezuela contra el golpismo y la intervención extranjera. El impulso constitutivo de la forma comunal como nueva estructura de poder (“nueva geometría del poder”) más allá del Estado”. Entonces, tenemos que para estos académicos el Estado comunal, la comuna y los consejos comunales venezolanos serían parte de “los nuevos paradigmas que deconstruyen, teórica como prácticamente, la democracia, los derechos humanos y la paz” -Disculpen ustedes el lenguaje ampuloso de los científicos sociales-. El detalle es que CLACSO no ofrece este conocimiento como parte de las Ciencias Forenses, lo cual sería absolutamente válido, sino como nuevos paradigmas que estarían en “trance de ser”, como una realidad inexorable que sólo los tontos o los alienados por el imperialismo ignoramos.

El retroceso de las formas de participación social, con o sin autonomía, es una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja instalada desde el 2013 entre nosotros, que ha debilitado al tejido asociativo del país en la lucha por la supervivencia de las personas de carne y hueso. Y de ese reflujo dan constancia las propias publicaciones editadas por CLACSO en los últimos meses, que estudiando y visibilizando experiencias concretas en el resto de la región no han tenido la manera de incluir a Venezuela. Para no cansar sólo dos ejemplos. “El apoyo mutuo en tiempos de crisis La solidaridad ciudadana durante la pandemia Covid-19” de Oriol Nel·lo, Ismael Blanco y Ricard Gomà: Estudios de caso de Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, con una tabla de “bancos de recursos” con 25 países. “Economías populares. Una cartografía crítica latinoamericana”, compilada por Verónica Gago, Cristina Cielo y Nico Tassi, con autores y autoras escribiendo desde Bolivia, Chile, Brasil, México. Ecuador, Colombia, Argentina, Perú y Honduras. ¿Dónde estarían los Consejos Comunales durante la pandemia del Covid-19 o en los emprendimientos de economía popular en los últimos años? En el mismo “no lugar” que el resto de organizaciones comunitarias y sociales venezolanas en los últimos años, cuyos integrantes o se han ido del país como migrantes forzados o sobreviven con uno de los salarios más depreciados de América Latina.

Como una evidencia de lo inexistente el 21 de abril de 2024 Nicolás Maduro convocó a una “Consulta Popular Nacional 2024” en la que supuestamente participarían 49.000 Consejos Comunales y más de 1 millón 300 mil voceras y voceros de todo el país. Las notas de prensa sobre los niveles de participación no revelaron la cantidad de votos recibidos, reduciéndose a informar que 4.500 proyectos comunales habían sido elegidos, una cifra que ya había sido revelada previamente en la propia invitación a la consulta. Ese día los centros electorales mostraron el mismo nivel de entusiasmo que el referendo por el Esequibo del 3 de diciembre de 2023.

La antigua base electoral del oficialismo, de donde se nutrían comunas y consejos comunales, hoy no solamente se encuentra en crisis, sino en rebelión contra Nicolás Maduro. Por tanto, el Estado Comunal ahora es un recuerdo de un ayer que fue pasión, el mejor momento político de Hugo Chávez Frías cuando contaba con ingresos extraordinarios para estimular por todo el país una extensa red clientelar, la cual reforzaba su dominación carismática. Uno se preguntaría entonces cuál es la razón que para Venezuela las eminencias de Clacso continúan insistiendo que la tierra es plana, o que los Consejos Comunales serían un ejemplo de “normatividad societal potenciada autónomamente” cuando desde su propio inicio fueron precisamente todo lo contrario. La razón es sencilla: Clacso no es un centro de generación de conocimiento (con todo lo complejo y contradictorio que conlleva la comprensión de los fenómenos) sino un importante vector de propaganda. Alguien dijo alguna vez que la ideología es una falsa conciencia, deformada y deformante de la realidad en función de los intereses de quien la sustenta.

En Good Bye Lenin! Finalmente Christiane vuelve al hospital para fallecer, donde se entera de los cambios ocurridos, información que oculta a su hijo, quien continúa haciendo malabares de todo tipo para hacerle creer que aún vive en los días gloriosos del comunismo. Mientras sea política y económicamente rentable, será la misma operación que continuará realizando CLACSO con respecto a lo que ha pasado y pasa en esta ribera del Arauca vibrador.

Publicado en Tal Cual

Transición y garantías: 6 precisiones

A partir de la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro, sobre acordar una serie de garantías para la vida y los derechos políticos del candidato perdedor en las elecciones venezolanas del 28 de julio, se ha colocado sobre la mesa el debate sobre las condiciones que deberían existir para viabilizar una transición a la democracia en nuestro país, hacemos una serie de puntualizaciones desde la perspectiva de derechos humanos.

1) El debate sobre la transición tiene una importante influencia académica. La literatura correspondiente identifica dos grandes modelos de transición. La primera de ellas es la transición por colapso, que ocurre por una profunda crisis interna del régimen, catalizada por grandes movilizaciones. El caso latinoamericano por excelencia de este tipo de transiciones fue el Argentino. Este tipo de transición, estimular la ruptura de la coalición dominante como consecuencia de protestas masivas fue lo que se intentó en Venezuela en el año 2017. El segundo modelo es el de transición pactada, mediante el cual se le ofrecen incentivos al autoritarismo para que permita abrir el juego político a la democracia, y que el conflicto se pueda dirimir en consultas electorales. Los dos principales incentivos para la élite gobernante serían a) La intocabilidad de los bienes y b) Impunidad. No se puede discutir lo que no se enuncia con claridad. Si esta es la propuesta de un sector de la clase política, debe plantearse sin rodeos, metáforas o subterfugios.

2) Un argumento usual de quienes justifican el negociar impunidad a cambio de democracia es que eso ha ocurrido en todas las transiciones. Para un político es un elemento de negociación más, pero para un defensor de derechos humanos –que es nuestro caso- es un principio innegociable. No es un asunto de principismos sino de identidades. Si un ateo justifica que hay Dios existe en un 20%, se transforma en otra cosa, pero ya no será un ateo. Siguiendo el ejemplo, un defensor de DDHH que justifique la impunidad, por las razones que sea, deja de ser un defensor de DDHH. Es el alto costo social y político que impulsan los familiares de las víctimas, los defensores y otros sectores sociales a la impunidad lo que se constituye como contención al apetito transaccional de ofrecer impunidad total y generalizada. En todos los casos conocidos, las víctimas y defensores de DDHH trabajaran para revertir los niveles de impunidad desde el día 1 de la transición. En estas circunstancias la defensa de los principios en derechos humanos es una tensión hacia una democracia sustantiva y de calidad. Mientras el pragmatismo es una pulsión por el olvido y el borrón y cuenta nueva, la lucha contra la impunidad y por la justicia será una tensión hacia una Venezuela diferente a la que hemos vivido hasta ahora.

3) No es lo mismo una amnistía general a presos políticos y perseguidos que un pacto de impunidad. No se pueden mezclar ambas cosas. Una amnistía está vinculada a delitos políticos. En el caso uruguayo se decretó una amnistía general a favor de los delitos conexos con la actividad política y, de manera separada, una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Una de las razones fue que los propios militares, como relata Julio María Sanguinetti en su libro “El temor y la impaciencia”, rechazaron estar igualados, en el mismo marco jurídico de quienes habían cometido delitos políticos mediante el uso de la violencia, que no es el caso venezolano. Entre nosotros, las víctimas del terrorismo de Estado no deberían estar amparadas en el mismo marco normativo que sus victimarios.

4) Las propuestas conocidas hasta ahora tienen una contradicción estructural de fondo: Aspira conceder incentivos de impunidad a la cúpula gobernante, pero al mismo tiempo afirma que la amnistía no incluirá violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, cuya responsabilidad en la cadena de mando indefectiblemente debería conducir a los autores intelectuales. Entonces, no hay manera de argumentar y justificar de manera políticamente correcta un pacto de impunidad en el que a Maduro se le conceda una “diputación vitalicia”. En el fondo eso se resolvería por medio de una negociación política, detalle que las propuestas explícitamente omiten.

5) Cualquier discusión sobre violaciones de derechos humanos en el país y mecanismos de justicia transicional debe incorporar a las organizaciones que trabajan esos temas, pero especialmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares.

6) Las propuestas vinculadas a pactos de impunidad pretenden negar el trabajo de los organismos internacionales de protección (salvo el ACNUDH) como la CPI y la FFM. Precisamente cualquier arreglo local sobre impunidad intentará neutralizar el trabajo de estas instituciones. Esto debemos dejarlo suficientemente claro: Independientemente de los arreglos internos sobre el tema, estos mecanismos internacionales van a seguir trabajando sobre el país, y realizarán el trabajo que las instituciones nacionales de justicia no tengan la voluntad política o capacidad institucional de realizar. La propuesta política de garantizar impunidad, por tanto, es una ilusión: Tanto por el trabajo de estos entes como por que las violaciones de DDHH no prescriben en el tiempo. Si no pueden sancionarse mañana o pasado mañana, llegará un día en que los responsables serán sentados en el banquillo de los acusados. Al respecto, un informe del Secretario General de Naciones Unidas del año 2004, titulado “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, puntualiza: “Los sistemas de justicia nacionales deben ser el primer recurso en materia de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando las autoridades nacionales no cumplen sus obligaciones internacionales y se muestran renuentes o incapaces a la hora de enjuiciar internamente a los infractores, el papel de la comunidad internacional cobra una importancia crucial, como queda de manifiesto en el establecimiento y el funcionamiento de los tribunales penales internacionales e híbridos creados durante el decenio anterior. Estos tribunales representan logros históricos en la determinación de la responsabilidad por infracciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por autoridades civiles y militares y reflejan la creciente tendencia de la comunidad internacional de pasar de la tolerancia de la impunidad y la amnistía a un imperio de la ley en el plano internacional”.

Nicaragua con caramelos: Análisis de una propuesta de ley

Nicaragua con caramelos:
Análisis “político” de la segunda versión de la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro

Desde Hugo Chávez, año 2004, pasando por Nicolás Maduro y el resto de los voceros del oficialismo, de todos los tonos: Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Rafael Lacava, Freddy Bernal, Pedro Carvajalino, Indira Urbaneja y José Luis Fernandez-Shaw, y por supuesto Diosdado Cabello y sus satélites, por nombrar algunos y algunas, todos han expresado su profunda animadversión y desconfianza con las organizaciones no gubernamentales. Por diseño estructural, el bolivarianismo antagoniza con la autonomía y la independencia de cualquier tejido asociativo fuera de su control. Aunque cualquier proyecto normativo sobre el derecho de libertad de reunión y asociación amerite un análisis jurídico, nunca debemos olvidar la motivación política de fondo: La estatización de la vida cotidiana de la población.

En consecuencia, una ley para normar las ONG puede tener el 98% de palabras políticamente correctas, consecuencia de las asesorías de quienes desde esta acera se pasaron al lado oscuro, pero bastará la interpretación arbitraria y unilateral del 2% restante –como ha ocurrido, por ejemplo, con la “Ley contra el odio”– para que signifique lo que es: Un retroceso mayor del espacio cívico en el país. ¿Cuál es ese 2%?:

La obligatoriedad de un nuevo registro: Todas las organizaciones creadas antes de la ley, independientemente de su trayectoria, deben “ajustar sus estatutos sociales” a lo previsto en la nueva norma (Disposición transitoria segunda). Además, en los 90 días siguientes a su aprobación deben “presentar ante el órgano competente en materia de registro público la información actualizada sobre los actos previstos en el artículo 26”, que para no enlistarlos todos, sólo cito los dos más problemáticos: A) Balances contables, estados financieros y libros que de conformidad con la legislación deban mantenerse; B) Relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes (Disposición transitoria primera). En caso de incumplimiento “dará lugar a la nulidad del registro de la organización”.

Las prohibiciones: En el artículo 23 de la propuesta se incluye el término “organizaciones con fines políticos”, de discrecionalidad absoluta y cuyo único precedente conceptual se encuentra en la “Ley de Defensa de la Soberania Política y Autodeterminación Nacional”. Citamos de esta ley: “Organizaciones con fines políticos: Aquellas que realicen actividades públicas o privadas, dirigidas a promover la participación de los ciudadanos o ciudadanas en los espacios públicos, ejercer control sobre los poderes públicos o promover candidatos o candidatas que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular”. De las 3 actividades que las caracterizarían, las ONG hacemos las dos primeras. Por tanto, podemos entrar en la categoría de “Organizaciones con fines políticos” (OFP). La nueva propuesta prohíbe recibir recursos para las OFP y “Realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos”. Por otro lado el numeral 3 prohíbe “Promover el fascismo (…) y el odio nacional”, dos conceptos gaseosos y multiusos para la vocación autoritaria. El articulo 28 de la propuesta establece que el incumplimiento de las prohibiciones es causal de disolución. Un paso previo sería la suspensión de funcionamiento por 30 días (Artículo 30). En tiempos de castigos ejemplares, que guarden las formas jurídicas para la comunidad internacional, sería una potencial sanción recurrente para los indomesticables.

El monitoreo de inteligencia permanente: El artículo 18 de la nueva propuesta establece: “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia deberá constituir y mantener un Registro Nacional de organizaciones sociales sin fines de lucro, que contendrá un asiento sistematizado y actualizado de la información relativa a la constitución, funcionamiento y modificación de estas organizaciones”. Ese Ministerio es, nada más y nada menos, que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sí, el mismo del Sebin, la PNB y el CICPC.

Es una ley mejor redactada que la anterior, con algunas de sus expresiones polémicas limadas y descafeinadas, pero que igualmente significará el tiro de gracia para el ejercicio del derecho a la libertad de reunión y asociación en Venezuela. Nicaragua con caramelos.

Los dos demonios criollos

Uno de los argumentos de quienes promueven una teoría de cambio basada en una confrontación de baja intensidad con las autoridades, que en textos anteriores hemos calificado como “dialoguistas”, es que Nicolas Maduro es una suerte de “demócrata acorralado”, que ha sido forzado a tomar las decisiones conocidas para defenderse de una oposición descocada e irracional. Como extensión hay quien añade, en este lado no en la acera del frente, que el ciclo de protestas del año 2017 obligó al Estado, en su natural instinto de conservación, detener, torturar y asesinar en la particular manera en que lo hizo, llamando así la atención de todos los organismos internacionales de protección a derechos humanos.

Hay ingenuidad, por decir lo menos, en este diagnóstico sobre la naturaleza del modelo de gobernabilidad instalado en Miraflores. El chavismo no ha ocultado su esencia revolucionaria y su distancia de cualquier situación que signifique alternabilidad del poder. De manera similar a otros autoritarismos de izquierda, llegaron para quedarse. De Lenin es la frase: “Salvo el poder todo es ilusión”. La presencia de otros, los diferentes, es percibida como una amenaza existencial, por lo que activarán todos los mecanismos para neutralizarlos simbólica o físicamente. Otros gobiernos, realmente democráticos, han reaccionado de manera diferente frente a la emergencia de las multitudes en movimiento. Los casos de Colombia y Chile, para no ir más lejos. Aunque en ambos hubo respuestas represivas que lamentar, institucionalmente se logró canalizar las demandas de la población para encontrar una salida dentro de su Constitución.

En el libro “Activismo en contextos autoritarios”, coordinado por Johanna Cilano, Ines Pousadela y María Isabel Puerta, se asegura que “es frecuente que las restricciones del espacio cívico se impongan de manera reactiva, es decir en respuesta de la sociedad civil”. El libro revisa la situación de 4 países -Bielorrusia, Egipto, Nicaragua y Venezuela- en el que las derivas autoritarias estimularon ciclos populares de movilización. En nuestro caso se olvida que la Fiscal General de confianza de Hugo Chávez, con 6 años en ese cargo bajo la lupa del “Zurdo de Sabaneta” haya anunciado, a finales de marzo de 2017, la ruptura del orden constitucional luego de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Meses antes, con la suspensión del Referendo Revocatorio y la postergación ilegal de las elecciones regionales que debieron haberse realizado en diciembre del 2016, no había que ser cum laude en ciencias políticas para vaticinar que, ante el cierre de los canales pacíficos para la resolución de las diferencias, el palacio de Miraflores convocaba a la violencia.

La relación de acción/reacción entre los disidentes y la represión estatal, es decir, la responsabilidad causal de los propios manifestantes en la espiral de la violencia institucionalizada no es un invento de los “optimistas anónimos”. En 1984, luego de transitar de la democracia a la dictadura, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín para investigar el destino de los miles de desaparecidos causados por la represión estatal, emitió un informe con el sugerente título “Nunca más”. El prologo estuvo a cargo de uno de los connotados miembros de la Conadep, el escritor argentino Ernesto Sábato, quien escribió: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda (…) a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”. Al autor de “El Túnel” agregaría que esta confrontación, entre dos fuerzas demoníacas, había tomado forma en el territorio argentino, pasándose a conocer como la “Teoría de los dos demonios”. Aquella equivalencia ha sido tan polémica que una reedición del informe realizada en el año 2006 agregó una introducción adicional, que hacía contrapeso a las líneas de Sábato.

Según Marina Franco, de la Universidad Nacional de San Martín, la teoría de los dos demonios está asociada a una serie de variables que pretenden explicar el origen de la violencia en Argentina:

a) La existencia dos violencias enfrentadas: las guerrillas de izquierda y las Fuerzas Armadas actuando en nombre del Estado;

b) La equiparación entre ambas violencias a partir de relaciones que van desde la equiparación de responsabilidades históricas hasta la equiparación por simetría de fuerzas y/o de métodos y

c) La situación de exterioridad de la sociedad en ese conflicto, que es presentada como ajena, inocente o víctima de esa violencia.

En el caso venezolano equiparar responsabilidades entre el gobierno y la oposición no solo es vil, sino argumentativamente indemostrable. La criollización de la “teoría de los dos demonios” impedirá realizar los balances históricos adecuados, obstaculizará las memorias en violaciones a derechos humanos y ralentizará la reforma estructural del sistema de administración de justicia, uno de los desafíos medulares en la transición a la democracia.