Rafael Uzcátegui's Blog, page 10

Lo ejemplar en otra parte

Rafael Uzcátegui

En un país sin referentes, por la obra paciente y tozuda del autoritarismo, Linda Loaiza es un símbolo viviente. En una cruzada solitaria contra todo, logró que en el año 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizara al Estado por el primer caso de violencia de género venezolano presentado ante la misma instancia que hizo justicia por casos tan trascendentales como el de Oscar Arnulfo Romero. El horror que Loaiza padeció en el año 2001 ocurrió cuando las agresiones contra la mujer, para los gestores y gestoras del sistema de justicia, eran responsabilidad de las propias víctimas.
A pesar de ser el caso más emblemático de violencia de género, un inventario del horror descrito en el libro “Doble crimen. Tortura, esclavitud sexual e impunidad”, cuya autoría comparte con Luisa Kislinger, hasta hoy continúa impune. No sólo porque el victimario no ha respondido debidamente ante la justicia, sino porque las condiciones que hicieron posible la ignominia, a pesar de cierta verborrea estatal, continúan intactas.

El caso Linda Loaiza ha vuelto a ser noticia estos días, cuando renunció al cargo que la vinculaba a la Universidad Metropolitana, en calidad de consultora externa para su Centro de Derechos Humanos. La decisión fue a consecuencia del Doctorado Honoris Causa entregado al historiador Germán Carrera Damas, a quien la Unimet calificó como “ciudadano ejemplar”. La agredida ha señalado que el académico formó parte de una red de cómplices que impidieron el cabal funcionamiento de la justicia. El peso del apellido avaló presiones directas e indirectas a jueces y fiscales para negar o matizar la responsabilidad del imputado, Luis Carrera Almoina, sobrino de Germán.

Quien tenga estómago de hierro podrá constatar en “Doble Crimen” como los familiares directos de Carrera Almoina, por sus trayectorias profesionales, contaban con el amplio prestigio de la sociedad caraqueña. Se detalla como el padre, rector para la fecha de otra prominente universidad y hermano de Germán, encubrió pruebas y movió influencias para que se desestimara la denuncia, razón suficiente para que una justicia justa lo hubiera señalado como cómplice de los hechos.

El libro, en cambio, no hace señalamientos sobre el autor del “Culto a Bolívar”. Loaiza ha dicho, públicamente por lo menos desde el año 2019, que Carrera Damas fue cómplice “por silencio y omisión”. Su potente lugar de enunciación sobre el tema, construido a pulso por ella misma, no puede despacharse a la ligera. Ni tampoco recibir como respuesta el silencio. Quien ha redactado 36 libros sobre el pasado nunca ha escrito una línea o dicho una palabra sobre aquel crimen. O, más genéricamente, sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.

Un investigador de esa experticia basa su trabajo en las llamadas “fuentes primarias”, los registros documentales verificables que pueden ser adjudicados a los protagonistas y testigos directos de los hechos. Por tanto, es inexplicable para quien ha cultivado el escrutinio pormenorizado de una historia escrita sobre piedra, el no dejar registro sobre una situación que, por vía consanguínea o por sugerencia de la propia víctima, lo ligaba a uno de los casos de ferocidad y perversión que descompusieron a los integrantes de un tribunal, la Corte IDH, preparado para lidiar con las zonas oscuras de los seres humanos. En este caso, el mutismo ha sido también una forma soterrada de violencia.

No estoy hablando de “cultura de cancelación”. Los trabajos historiográficos de German Carrera Damas deben seguirse publicando, consultando y discutiendo por todos los interesados e interesadas sobre el país del cuál venimos. Verse obligado por las circunstancias a escoger entre la familia y la justicia, y decantarse por la primera, puede ser muy humano pero no es un paradigma positivo de nada. Los “ciudadanos ejemplares” que deseo para la Venezuela que vendrá, están en otra parte.

Entrevista X-Perimentar Zine (Ecuador): «No importan las etiquetas, sino las personas y luchas concretas»

En estos días Ecuador ha sido noticia por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un hecho despreciable desde cualquier punto de vista. Coincidencialmente, ha aparecido en Quito una nueva edición del veterano fanzine X-Perimentar del incansable Xavier Paz, a quien agradezco el haberme tomado en cuenta para una entrevista, incluida en su más reciente edición. Los temas eran el mundo contracultural, respuestas que comparto con ustedes:

01) Quien es Rafael Uzcátegui? Un loco, músico, compositor, idealista, escritor, periodista, como te describirías.

Hola Xavier, gracias por la entrevista. Jajaja, que buena pregunta de entrada. En principio soy un ser humano que intenta pensar por si mismo y actuar en consecuencia. Tengo ahora 49 años, y a los 18 comencé a hacer mis primeros fanzines, pues me interesaba mucho escribir y editar publicaciones. Aunque nunca estudié formalmente periodismo, aprendí el oficio en la práctica, especialmente cuando me mudé a Caracas, en 1994, para trabajar en un periódico universitario de alcance nacional, del que fui director por una temporada. Lo que sí estudié fue sociología, lo que me ayudó mucho a pensar, y luego empecé a involucrarme en el mundo de los derechos humanos, lo que me hizo una mejor persona, mucho mas tolerante y abierto. El rock, y especialmente el punk, me salvaron de una familia disfuncional y una vida monótona. He sido objetor de conciencia y he participado en el movimiento antimilitarista internacional.

02) Donde inicia tu amor por la contracultura, la lucha obrera y anarquista.

En el Barquisimeto en el que crecí me disgustaban las injusticias y aunque buscaba un lugar en el mundo nunca me sentí identificado con el marxismo, por su apoyo a dictaduras totalitarias y la disciplina marcial partidista. En algún momento me topé con un libro sobre anarquismo, e inmediatamente me identifiqué por su vocación por la libertad individual y la justicia colectiva. Seguí indagando y conocí a varios activistas y publicaciones anarquistas que se hacían en Caracas, además de comenzar a cartearme con personas de otros lados del mundo, en esos tiempos románticos antes de internet, donde era la única manera de conseguir música y revistas interesantes. Pero, si una experiencia fue definitiva, fue el haber tenido el honor y placer de conocer a viejos militantes anarquistas españoles, que luego de la Guerra Civil y el franquismo se vinieron a vivir a Venezuela: Guillermo López, Emilio Tesoro y Antonio Serrano. Ellos fueron toda una escuela, en la vida real, de lo que era intentar vivir de una manera diferente. Con ellos, y otros, empezó la aventura del periódico El Libertario, que duró 20 años y 76 ediciones.

03) Venezuela fue uno de los países más prósperos de América del sur, recuerdo mi época de la infancia la gente hablaba de viajar a Venezuela en busca de días mejores, ahora es todo lo contrario, que paso donde se dio ese giro que ahora los tiene sumergido en una gran crisis social.

La respuesta corta es que Venezuela contó generosamente con un recurso mineral, el petróleo, que le permitió promover, con sus contradicciones, un proyecto de modernización democrática a partir de 1958, mientras el resto de los países de la región sufrían dictaduras militares y situaciones de amplia precariedad. Aunque se lograron algunos avances, por ejemplo, la masificación de la educación y la salud gratuita, es cierto que las élites políticas construyeron un modelo de gobernabilidad excluyente y que a partir de 1983 aumentó las desigualdades, en un contexto de corrupción y tráfico de influencias. El modelo entró en crisis, que se evidenció en las protestas conocidas como “El Caracazo” (1989), por lo que la década de los 90 fueron 10 años de intensa movilización social para promover un cambio. Estas demandas fueron capitalizadas por Hugo Chávez, quien protagonizó en 1998 un recambio burocrático y un proceso constituyente que generó amplias expectativas. No obstante el fenómeno bolivariano nunca representó una ruptura con las matrices sociopolíticas del país, sino una continuidad: Caudillismo, estatismo y un modelo económico basado en el extractivismo. A partir del 2007, luego de la pérdida del referendo constitucional Chávez inicia un giro autoritario por el que comienzan las primeras rupturas y alejamientos a lo interno de su movimiento, pero contando con importantísimos ingresos debido a los altos precios internacionales del petróleo y el gas. Chávez fallece y su legado es continuado por Nicolás Maduro, quien no contaba ni con su popularidad, ni con su carisma ni tampoco con una economía prospera, debido a que los commodities bajaron sus precios internacionales a partir del 2014. Ante las protestas por la crisis social, económica y política Maduro opta por la represión y ante la posibilidad de perder el poder por elecciones, transforma su gobierno en una dictadura a partir de octubre de 2016. El aumento escandaloso de la pobreza y la desigualdad, la imposibilidad de tener un futuro dentro del país y la poca representatividad de la oposición formal al chavismo, obliga a miles de venezolanos a salir como migrantes forzosos, en la peor crisis de movilidad humana experimentada por la región en los últimos años. Actualmente sufrimos, y padecemos, la casi completa estatización de nuestra vida cotidiana y el control total de lo que se dice en televisión, radios y los pocos impresos que quedan, aunque las redes sociales siguen relativamente sin censura, a pesar de muchos portales informativos bloqueados y personas presas por mandar un tuit. Una respuesta larga, y mucho mas detallada, intenté esbozarla en el libro “Venezuela: La revolución como espectáculo. Una crítica anarquista al gobierno bolivariano”, cuya versión pdf puede descargarse libremente de https://rafaeluzcategui.wordpress.com/vzla-la-revolucion-como-espectaculo/

04) Como derribar el mito de que la anarquía no es violencia y que la gente tenga una mayor aceptación y no la relacionen con caos y desorden.

En mi opinión son mas importante los valores, principios y las prácticas, que cualquier etiqueta. Siendo así, importa menos si hay un uso despectivo de la palabra “anarquia” por parte del común de las personas, si podemos promover proyectos y procesos sociales con valores libertarios y que tengan capacidad de replicarse y adaptarse por otrs. Siempre hemos estimulado lo que se denomina “política prefigurativa”: un movimiento que establezca y desarrolle relaciones y maneras de tomar decisiones que prefiguren hoy la sociedad igualitaria, inclusiva y democrática que se quiere para mañana. Esta es la única vida que viviremos, así que intentamos vivir en el ahora lo que queremos sea el futuro para tods. Con una práctica de este tipo, ayudando a las personas que lo necesitan, estableciendo modelos autogestionarios exitosos en sus propios términos, vamos a ganarnos el respeto de los otr*s, de manera más decisiva que cualquier discurso.

05) Una canción muy popular dice «El pueblo unido jamás será vencido» y esto ya se lo ha demostrado en las calles, pues en América latina se han derrocados gobiernos, pero desafortunadamente el poder se lo seguimos dando a los mismos políticos y el pueblo no asume un rol más eficaz en la política, qué opinas del tema y que nos puedes decir para que el pueblo tengo un papel más activo o consiente y no regalar el voto.

El progresismo en la región ha incumplido sus propias promesas, incluso ha generado nuevos problemas. Cómo reacción, la gente usa el voto como un mecanismo de castigo, asi que estamos oscilando permanentemente entre gobiernos conservadores y progresistas, sin que haya una mejora sustantiva en la calidad de vida de las mayorías. Sin embargo, es importante acompañar las movilizaciones de la gente, y desde ahí, intentar desbordar los mecanismos de participación política institucionales. En nuestro caso el gran desafío es demostrar, en los hechos, que la democracia directa y los emprendimientos económicos autogestionarios son, en el presente, una posibilidad real de mejores condiciones de vida y una experiencia vital mucho más plena. Las personas son crecientemente escépticas a los discursos y la demagogia, y frente al poder asumen una posición pragmática, en el sentido de apoyar si eso les va a traer, o tienen la expectativa, de algún beneficio. Por ello no solamente debemos actuar en el terreno de los deseos, sino también en el de las necesidades. Y cuáles son nuestras propuestas y prácticas para satisfacerlas.

06) Cuéntanos un poco de las actividades que estas realizando sé que has editados algunos libros, entre ellos el primero que leí fue “Corazón de Tinta” así también has sacados trabajos discográficos en beneficio para recolectar fondos para tu comunidad, que es del periódico “El Libertario”

El Libertario dejó de editarse en octubre de 2015, luego de 20 años de recorrido con la impresión de 76 números. Intentamos hacer un tipo de publicación que trascendiera la naturaleza autoreferencial de los periódicos anarquistas, precisamente promoviendo el valor y la práctica de la autonomía dentro de los movimientos sociales venezolanos, en momentos en que el chavismo había desplegado una serie de estrategias para estatizarlos o neutralizarlos. Tuvimos también una búsqueda estética y discursiva, que mostró algunas cosas, pero que pudo seguirse profundizando. Creo que es difícil que lo volvamos a resucitar pues muchos querids compañers que lo animaron durante esos 20 años han fallecido: Emilio Tesoro, Antonio Serrano, Yolanda Osuna, Humberto Decarli y Nelson Méndez, este último muerto como consecuencia del Covid-19. Además, todo el entorno anarcopunk que ayudaba a que fuera posible hoy se ha ido a otros países como migrantes forzados. Por mi parte he estado muy involucrado, en los últimos años, en la lucha por los derechos humanos, pues trabajo en una de las ONG más antiguas del país: El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el que en este momento soy su director. Desde esta ONG hemos promovido, junto a otra llamada Redes Ayuda, un programa llamado “Música X Medicinas” en el que se organizan conciertos de entrada libre, en el que las personas llevan medicamentos para donar, y reciben a cambio un disco o un libro vinculado a la música. Esto nos ha permitido promover el talento de grupos y solistas en momentos en que la crisis económica de nuestro país lo hacía muy complicado. En 16 conciertos en varias ciudades, se han recaudado más de 20.000 cajas de medicamentos, además de insumos médicos, que son distribuidos de manera gratuita a quienes los necesitan. Las versiones digitales de los discos de Música X Medicinas se pueden descargar de https://humanoderechorecords.bandcamp.com/. Sobre los libros, en el 2010 tuve la suerte de editar, en tres idiomas diferentes, “Venezuela: la revolución como espectáculo. Una crítica anarquista al gobierno bolivariano”. Y en julio de 2021, que ha sido el último, “La rebeldía más allá de la izquierda. Un enfoque postideológico para la transición democrática en Venezuela”, ambos de manera independiente.

07) Como es llevar adelante la lucha anarquista en un Estado opresor como el que están viviendo actualmente en Venezuela, que tan intensa es la represión, sé qué has sido perseguido por tus ideas anarquistas y la lucha por estar contra el régimen del dictador Maduro, que nos puedes contra del tema.

Desde el inicio del chavismo en el poder, por nuestros valores anarquistas lo adversamos desde El Libertario, como se puede constatar en los números del periódico a partir del año 1999. Curiosamente esta crítica al estatismo militarista chavista fue, paradójicamente, cuestionada por diferentes organizaciones anarquistas de la región, que asumieron su lógica antiimperialista: O se estaba con Hugo Chávez o se estaba con los Estados Unidos, abandonando a nuestro juicio la alteridad libertaria. Fueron momentos difíciles, pues además de tener que enfrentarnos al autoritarismo creciente del chavismo, teníamos que defendernos permanentemente de esos anarquistas que nos calificaban como agentes de la CIA. En todo caso el desarrollo de los acontecimientos nos dio la razón: El chavismo empobreció a la población y la obligó a irse del país en condiciones desesperadas intentando buscarse un futuro, transformándose en una dictadura que diezmó todo el tejido social cooperativo autónomo y horizontal que existía en el país. En el año 2002, fecha del golpe de Estado contra Hugo Chávez, decíamos “Que se vayan todos”, dado que no estábamos de acuerdo ni con el chavismo ni con la oposición de los partidos políticos. Y curiosamente esta es la consigna que hoy repiten los sectores del chavismo que se han alejado de Nicolás Maduro. En gobierno ha respondido a las protestas masivas por el cambio político con una feroz represión, que ha dejado muchos muertos y heridos. Las ejecuciones y las torturas han sido de una magnitud que han provocado que la Corte Penal Internacional actualmente investigue al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad. Y esto en medio de una corrupción espantosa, donde la diferencia entre quienes están cerca del gobierno y el resto de la población es abismal. Para evitar la crítica fácil agrego que es cierto que las sanciones contra el país han contribuido, agravando una crisis económica que ya había aparecido en el año 2014, luego que los precios de los recursos energéticos en el mercado internacional se desplomaran. Al igual que todos los movimientos sociales del país, el anarquismo venezolano ha sido debilitado en extremo y en este momento casi no hay iniciativas, pues sus animador*s se han ido del país. En mi opinión muy personal, en este momento lo importante es volver a un momento, la democracia, que permita de nuevo promover una alternativa social libertaria para el país. Como defensor de derechos humanos con un perfil público, soy víctima de ataques y hostigamientos del gobierno a través de sus medios de comunicación, lo que motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgarme una medida cautelar de protección desde el año 2016. Aunque es algo más simbólico que real, aumenta un poco el costo político de los ataques. En este momento, siguiendo el ejemplo de Nicaragua, el gobierno quiere promover mecanismos para ilegalizar a las organizaciones independientes. Frente a eso, el movimiento de derechos humanos seguimos comprometidos a continuar dentro del país hasta que las circunstancias lo permitan.

08) La lucha feminista, así como la lucha por los derechos de los GLBTI han ido en aumento, donde han conseguido reformar algunas leyes, o abrir un debate social como es el caso con el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se les permita a parejas del mismo sexo poder adoptar, la educación inclusiva o de género, ahora eso de una persona no binaria, qué opinas de estas distintas luchas crees que esto fue más allá, algún otro ejemplo que nos puedas comentar.

Las ideologías, que ofrecían la salvación y una respuesta para todo, se encuentran en crisis. Por eso las demandas, en la actualidad, son menos omniabarcantes y más fragmentarias, centradas en el individuo. Esto tiene elementos positivos y negativos. Pero me contenta que diversas reivindicaciones, como la de la mujer, la sexodiversidad y el medio ambiente, por fin hayan logrado posicionar su agenda en los poderes públicos. Esos deseos y exigencias habían sido reprimidos y perseguidos durante mucho tiempo, y creo que esas sensibilidades van a ayudar a reinventar a la propia política y hacernos mejor como sociedad. En el caso del punk, debemos reconocer con vergüenza que sus primeras expresiones repetían mucho de la cultura dominante, y fue una movida machista y homofóbica en sus primeros años. Por lo menos en América Latina. Eso ha ido cambiando, a partir del activismo de bandas como Los Crudos o Fun People, pero todavía hay mucho por hacer. Por cierto, en Venezuela además de los militares una importante base electoral del chavismo realmente existente son los evangelicos, por lo que la agenda de género y derechos LGBTI se encuentra absolutamente estancada, mientras en otros países de la región hay algunos avances. En todo caso, ante el derrumbe de los partidos políticos tradicionales, lamentablemente los evangélicos se han convertido en un importante factor de organización, presión y movilización. Es parte de los nuevos desafíos en la región.

09) Que es lo políticamente correcto dentro del movimiento anarquista, quien establece que es lo que está bien y lo que es malo, por qué tanta bronca y critica por lo que hacen los demás muchas luchas dispersas esto ya parece una anarco inquisición.

Es lamentable esto, no es un fenómeno nuevo pero tristemente no aprendemos de nuestros errores. En este sentido yo suscribo muchas de las críticas del llamado “postanarquismo” al espíritu sectario y de iglesia que existe dentro del movimiento. Para cualquier interesad* Tomás Ibáñez ha dado una buena explicación de esta corriente dentro de su libro “Anarquía es movimiento”. En lo personal ya no me importan las etiquetas, sino las personas y luchas concretas. Me aburre el anarquismo que se mira el ombligo, que tiene obsesión por la (falsa) pureza y que lo único que proyecta es una promesa de pasado. Me interesa el que se esfuerza que los principios libertarios sean vividos, aquí y ahora, por la mayor cantidad de personas, aunque no se vean a si mismas como “anarquistas”. Cuando se está involucrado en luchas reales, hay menos tiempo para gastar en peleas estériles de internet. Al final, son los hechos los que nos definen, no los discursos.

10) Desde el punto de vista anarquista a que se atribuye la no existencia de Dios o en otras palabras porque para un anarquista Dios no existe.

En general creemos que los seres humanos debemos tomar el control de nuestras vidas en nuestras propias manos, y por tanto criticamos el espíritu heterónomo, lo contrario a la autonomía, que te inoculan los poderes dominantes: Que necesitas un patrón, un maestro, un policía o un arzobispo para poder existir. Además, se ha identificado a la iglesia como estructura de poder jerárquico y privilegiado. Sin embargo, también debo reconocer que a partir de Tolstoi se desarrolló una corriente de anarquismo con interés en lo espiritual y en la trascendencia. Y que en el caso de América Latina la teología de la liberación desarrolló una opción preferencial por los pobres, desarrollando un trabajo social importante en zonas de mucha marginación. Creo en la libertad hasta el punto de respetar y convivir con personas que han decidido tener creencias diferentes a las mías. Lo que siempre estará en debate es que no opriman ni hagan daño a otra persona.

11) Próximos planes que tienen en mente, un adelanto de tu próximo libro que más nos puedes contar.

En este momento estamos promoviendo un libro que trabajamos durante la pandemia. Se trata de “Mayoría Equivocada. Una historia incompleta del punk en América Latina”, del cual fue el editor. Allí se pudo recopilar los testimonios de protagonistas de 15 países de la región, incluyendo algunos menos conocidos como Cuba, República Dominicana, Costa Rica y Paraguay. Fue un esfuerzo cooperativo que también se está imprimiendo y distribuyen de manera descentralizada. Cuando respondo esto ya han aparecido ediciones en Argentina, Puerto Rico y Colombia, esperando las que deben salir en Perú, México y España. La idea siempre fue tener una mirada regional del fenómeno, destacando el lado más constructivo y activista del punk. La verdad es que estamos bien contentos con el resultado. Cualquier interesad* puede conseguir más información en la cuenta de Instagram @mayoriaequivocada. Por otro lado, a nivel personal, estoy en la fase de investigación previa a la redacción de mi próximo libro, cuto título tentativo es “El antiimperialismo como dispositivo de dominación”, en que explicaré cómo para países como Cuba, Nicaragua y Venezuela esta retórica anti Estados Unidos se usa para enmascarar y justificar las peores fechorías, las cuales no se perdonarían para países con gobiernos conservadores.

12) Tienen las siguientes líneas para decir algunas palabras, algún mensaje para la escena de América Latina.

El otro día leí el folleto de una conversación reciente entre Penny Rimbaud (Crass) y Patricia Pietrafasa (She Devils/ Cumbia Queers), cuyo título “Nada que decir” precisamente refleja que este mito anarcopunk viviente se encuentra en un momento espiritual en el cual reniega de muchas de las cosas que hizo en el pasado. Lo que rescato es que nuestros “ídolos” han envejecido, algunos bastante mal, así que es hora de caminar sin muletas. Entonces llegó la hora de pensar, y actuar, por nosotrs misms. Estaré contento de mantener comunicación e intercambio con cualquier a través del Instagram y twitter @fanzinero o por el e-mail uzcategui.rafael@gmail.com

Los riesgos de una mala elección

Rafael Uzcátegui

En noviembre del año 2006 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) protagonizó un multitudinario mitin en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México, donde sus seguidores ocuparon los casi 47.000 metros cuadrados de las baldosas en el epicentro de la ciudad que todos conocen como “El Zócalo”. En el clímax de la reunión, cuando el clamor de las gargantas del público estaba al límite de la afonía, AMLO anunció la creación de un “gobierno paralelo”. Según su discurso había sido víctima de fraude en las elecciones presidenciales de meses atrás, en las que el Tribunal Electoral Mexicano proclamó como vencedor a Felipe Calderón, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN). Aquella tarde una réplica de la banda presidencial le fue colocada por Rosario Ibarra, una conocida activista que desde los derechos humanos se había convertido en senadora de la república. Los días siguientes fueron de frenesí sabor Tajín. Dio a conocer un gabinete ministerial y un consejo asesor en el que se encontraban figuras tan respetables como Elena Poniatowska; aprobó la realización de un plebiscito para la reforma de la Constitución; comunicó las intenciones de su gobierno de evitar el cobro del IVA sobre medicinas y alimentos, así como de garantizar la cobertura universal de los servicios de salud y certificó el rechazo a la privatización de empresas estatales.

Traemos este ejemplo a colación porque la estrategia de “crear gobiernos paralelos”, nos guste o no, forma parte del repertorio posible de acción política en todo el mundo. En el caso mexicano se quería profundizar la crisis político-institucional luego del quiebre de la hegemonía del Partido de la Revolución Institucional (PRI), que desde 1946 había gobernado el país monolíticamente hasta el año 2000, y la efervescencia revolucionaria que generó la insurgencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Como demostraron diversas expresiones populares en aquellos días, la iniciativa de AMLO tenía un porcentaje importante de legitimidad social, aunque no haya logrado sus objetivos a corto plazo. Obrador tuvo que modificar su táctica neoinsurreccional, fundar el partido Morena en el año 2011 y armar una alianza con sectores diversos para llegar finalmente al poder en el año 2018.

En nuestro caso una maniobra similar, promover un “gobierno interino”, ocurrió en el año 2019 luego que Nicolás Maduro se eligiera presidente, meses antes, en comicios que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la época calificó como “no creíbles” y “no libres”. Quienes la estimularon lo hicieron pensando que las condiciones eran favorables para agudizar las contradicciones y catalizar la ruptura de la coalición dominante. Y aunque las expectativas generadas se agotaron en el corto plazo, durante esos meses el llamado “mantra” contó con un porcentaje no despreciable de legitimidad popular, que movilizó a personas de todos los estratos sociales, la “acción concertada de muchos” base de la política, en diferentes partes del país. Al igual que en el país azteca esta acción se mostró ineficaz en el logro de sus objetivos, perdiendo progresivamente la base social que la sostenía. Cómo no podía ser de otra manera, tuvo que dar paso a una estrategia diferente.

Tras esa derrota hoy existe un consenso en Venezuela que, por la vía electoral, se puede revertir el autoritarismo. Las organizaciones políticas de todos los colores han expresado su interés en participar en sufragios presidenciales, y varias se han motivado a medirse en un mecanismo democrático para la selección de una candidatura unitaria. Hay condiciones objetivas y subjetivas que sustentan con argumentos la estrategia. Y cuando esto se escribe, el nivel de participación en las elecciones en la UCV sugiere que también hay motivación de un sector de la ciudadanía a participar en los comicios.

Por principios uno siempre optará por mecanismos democráticos de consulta popular para la construcción de los destinos de las mayorías. Pero el punto en el que actualmente nos encontramos, el consenso en la ruta de participación electoral, será medida a futuro por el ciudadano común con la misma vara que en su momento calibró la estrategia del interinato: Su eficacia práctica. Si las elecciones del año 2024 y 2025 no son libres y creíbles, y se realizan en condiciones más desventajosas que procesos electorales en el pasado, la legitimidad social del mecanismo electoral volverá a desinflarse, generando un vacío que será ocupado por propuestas diferentes, y otros actores, que prometan que por su camino, ahora sí, lograrán la mejora en la calidad de vida de los venezolanos.

Lo hemos aprendido amargamente: La democracia ni es un absoluto ni es inevitable. Esta alerta es importante cuando el gobierno le ha dado un manotazo al único gesto, en los últimos años, de avalar algún tipo de acuerdo político permita una salida con apariencia institucional al conflicto: la realización de elecciones competitivas. El acuerdo que permitió la selección de un árbitro electoral más equilibrado era la única fe de vida que los secuestradores del país habían entregado sobre su voluntad de respetar reglas mínimas de juego. Por ello el golpe contra la directiva del CNE tiene implicaciones que van mucho más allá del deber ser los procedimientos formales de selección de sus autoridades. El chavismo realmente existente parece prepararse para quedarse en el poder, aunque sea mediante unas malas elecciones. Para los sectores democráticos unos sufragios deplorables en el 2024 es abrirle, de nuevo, las puertas a la violencia. Y esto no implica, obligatoriamente, alzarse con la victoria. En un proceso electoral creíble se pude perder ganando: Si los partidos pueden reconectarse con las mayorías, ofreciendo un proyecto de país que entusiasme a escépticos, incrédulos y a chavistas decepcionados, acumulando músculo organizativo en una ruta electoral pensada a largo plazo, comunicada de una manera clara y convincente. Pero nada de esto será posible en un espacio cívico que cada vez se restringa más.

Una mala elección, según el sentido común, tampoco le sirve al chavismo. Otro sexenio con Maduro generará un nuevo pico en la curva migratoria, y ante la ausencia de recursos y popularidad la represión será la única contención a la inestabilidad. Aunque la geopolítica internacional hoy le sea ligeramente favorable, estas condiciones pudieran cambiar de nuevo en los próximos años. Sin embargo la lógica revolucionaria, como sabemos, puede estar reñida con el sentido común, para la cual “salvo el poder todo lo demás es ilusión”. Quienes desde el bolivarianismo intentaron armar un movimiento propio para no hundirse con el Titanic de Nicolás Maduro, hoy han sido neutralizados bajo acusaciones -ciertas- de corrupción.

Como dirían los comentaristas deportivos, apenas el juego está comenzando. Pero para llegar al noveno inning debemos jugar antes todos los anteriores. Ojala tengamos la sabiduría de atajar algunas rectas que nos mantengan vivos en el campeonato por la recuperación de la democracia.

Escasez de gasolina y DDHH

La normalización de la crisis venezolana entre nosotros pudiera llevarnos a pensar que la escasez cíclica de combustible sería, apenas, una muestra de la ineficacia gubernamental sin relación con los derechos humanos. La idea del presente texto desafía esa idea e intentará establecer los vínculos entre ambas dimensiones.

Al igual que tener agua potable, servicio de luz eléctrica o el gas doméstico, el acceso al combustible debe incluirse dentro del renglón de los “servicios básicos”, que según los estándares internacionales de derechos humanos forman parte del llamado “nivel de vida adecuado” que debería disfrutar, sin discriminación, el conjunto de la población. Por ejemplo, en el año 2010 el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, expresó: “Toda la gente tiene derecho a beber agua limpia, a la sanidad, el albergue y los servicios básicos. Toda la gente tiene derecho a vivir con una sensación de seguridad. Toda la gente debe tener la oportunidad de luchar por un futuro mejor”. No solamente se reconoce la necesidad de contar con servicios básicos permanentes, sino también que el protestar por ellos debe ser permitido por las autoridades.

En otra opinión similar, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura: “Los servicios públicos de suministro son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social… Son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado en 1966, suscrito por Venezuela en 1969 y cuya vigencia empezó diez años después, incluye el nivel de vida adecuado en su contenido. En el artículo 11 se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia y a una mejora de sus condiciones de existencia. Además, se agrega que los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Por su parte, el artículo 2.1 expresa que los Estados deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la satisfacción del derecho.

En el año 2015 todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas y el planeta en el cual se engloban 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Objetivo número 7, sobre la energía asequible y no contaminante. Al respecto la meta fijada para el año 2023 es “Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”. Subrayo el adjetivo “fiable”, que sugiere que el servicio energético, el combustible, no debería causar daños ni perjuicios a quienes lo utilizan, teniendo estándares técnicos mínimos de calidad.

Las consecuencias de la ausencia de gasolina para el disfrute de diferentes derechos económicos, sociales y culturales de venezolanos y venezolanas ha sido documentado y denunciado por los organismos internacionales. En septiembre de 2021 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó al Consejo de Derechos Humanos que “La escasez de combustible afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público, los servicios públicos, la educación y el sector de la salud”. No podemos obviar que mucho antes de las sanciones, una de las causas del deterioro de la industria petrolera ocurrió en el año 2003 con el despido de 18.756 trabajadores de PDVSA, luego del paro nacional de actividades de finales de 2002, que representaban el 47% de la nómina de la industria estatal. Lo que representó el mayor despido masivo de la historia del país, de violación flagrante de las prestaciones sociales y el socavamiento del sindicalismo no estatizado, devino en la desprofesionalización de la industria petrolera cuyas consecuencias hoy están a la vista.

A pesar de la ausencia de poderes independientes y estado de derecho, las autoridades actuales tienen responsabilidad en la vigencia de las garantías de la dignidad humana para la población. Sobre algunas medidas que pudieran implementarse para revertir esta situación, la OIT sugiere: “El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias conjuntas por los interlocutores sociales a fin de mejorar los servicios públicos de suministro, con el objetivo común de lograr que todas las comunidades pueden acceder a los servicios, de mejorar la eficiencia de los servicios, y de y examinar los aranceles y otras fuentes de recaudación de ingresos. Una de las cuestiones clave en el sector de los servicios públicos de suministro es la necesidad de respetar los convenios internacionales que protegen la libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, y evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos de suministro en la medida de lo posible”.

La próxima vez que usted haga horas y días de cola para llenar el tanque de gasolina de su vehículo, opine lo que quiera. Pero también que las autoridades le están violando su derecho a acceder a servicios básicos y tener un nivel de vida adecuado.

Partidos y derecho de asociación

Rafael Uzcátegui

Hay consenso en que el chavismo llegó al poder por la implosión del sistema político venezolano que había logrado una de las democracias más estables del continente. Más de dos décadas después la crisis de los partidos políticos se mantiene: Por un lado, continúa la ausencia de renovación en su capacidad de representación. Por el otro, los gobiernos bolivarianos han minado su posibilidad de relegitimarse tras erosionar las garantías del derecho a la libertad de asociación y reunión en el país. El extravío del liderazgo político, entre otras causas, ha contribuido a la perpetuación del autoritarismo.

Las dificultades actuales de los partidos políticos en Venezuela es la historia de una crisis postergada. Durante la década de los 90, posterior a los hechos de El Caracazo, se discutió cómo las organizaciones doctrinarias habían perdido la brújula, desconectándose de los problemas y deseos del ciudadano común. Rafael Caldera logró su segundo período presidencial a partir de una coalición diferente a la de los dos partidos tradicionales, pero sería la llegada al poder de Hugo Chávez la ratificación que el modelo de gobernabilidad creado en 1958, el llamado Pacto de Punto Fijo, había quedado atrás. Aquello, en circunstancias normales y racionales, debió haber estimulado una profunda revisión de los liderazgos de Acción Democrática y Copei, tras el mea culpa de rigor. Lo que finalmente sucedió es que los restos del naufragio se recompusieron cabalgando sobre el progresivo rechazo social al autoritarismo bolivariano, sin haber hecho ni las reflexiones ni las correcciones institucionales necesarias. Recordemos que las primeras movilizaciones antichavistas no fueron convocadas por los partidos sino por la sociedad civil, en rechazo al Decreto 1011, denominadas “escuálidas” por un Ejecutivo narcisista, enamorado de su imagen en el espejo de la popularidad y el poder. En este primer ciclo, la movilización abierta de un sector de la sociedad contra el gobierno duró 20 años, teniendo su cénit en las protestas del año 2017. Cuando se apagó la protesta política de calle reapareció la crisis interna de los partidos políticos, profundizada por el desgaste de los debates y decisiones que no se habían tomado en dos décadas.

Usted y yo podemos estar más cerca o más lejos de los partidos políticos venezolanos realmente existentes. Pero lo cierto es que sin un sistema de organizaciones políticas que canalicen la voluntad ciudadana a través del voto, no hay democracia posible. Y esto lo saben perfectamente las autoridades, quienes han desarrollado una estrategia de neutralización de sus contrarios, para hoy jactarse de constituir la “principal minoría del país”.

En términos de derechos humanos la libertad de asociación y reunión se encuentra plasmada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados internacionales. Esto genera una serie de obligaciones para los Estados. Una de ellas es que la posibilidad de asociarse con otros debe ser protegida y estimulada sin ningún tipo de discriminación; las iniciativas deben tener acceso a la información pública y acceso a medios de comunicación; deben funcionar sin intromisiones ni injerencias injustificadas en sus asuntos internos; tienen derecho a contar con una personalidad jurídica, así como el de buscar, solicitar y recibir financiamiento de personas, empresas, sociedad civil, organismos intergubernamentales, gobiernos locales, nacionales e internacionales. No hay necesidad de tener afinidad con Primero Justicia, Voluntad Popular o el Partido Comunista de Venezuela para defender su derecho a disfrutar las garantías que los estándares internacionales ofrecen para la libre reunión y asociación.

Como ciudadanos y ciudadanas nos toca una doble tarea: Denunciar y enfrentar el cierre del espacio cívico promovido por las actuales autoridades, que incluye alentar la existencia y funcionamiento de partidos políticos diversos, todos y cada uno, que puedan representar los intereses variopintos de la gente. Y, por otra parte, exigirle a las organizaciones doctrinarias un funcionamiento democrático, que incluya canales de participación para sus afiliados y afiliadas, así como espacios de debate y de construcción de consensos con el resto de la sociedad. El fin de la crisis de representación actual no se decreta: Demanda de las organizaciones partidarias una genuina voluntad de rectificación y fortalecimiento, haciendo política desde y por fuera de las redes sociales, con la gente de carne y hueso.

En democracia la abstención o la crítica a los partidos es una posible decisión del ciudadano suficientemente informado. En dictadura, estar en contra y alejado de los partidos es el objetivo de la estrategia del autoritarismo para mantener su dominación sobre la mayoría.

Diálogos, dialoguismo y DDHH

Rafael Uzcátegui

En un artículo reciente, titulado “Las escopetas y las palomas”, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez realizaba varias preguntas para su país que son válidas para Venezuela: “Negarse a las posibilidades del diálogo como salida a una crisis política parece insensato. Pero en el caso de Nicaragua primero hay que preguntarse qué clase de diálogo, y con quién. Y para qué”. La situación emanada del gobierno empotrado en Managua no es la misma que la derivada de las autoridades radicadas en Caracas. Pero entre ambos, por ahora, la diferencia es de cantidad, no de cualidad.

Desde una perspectiva de derechos humanos la resolución pacífica, institucional y democrática de los conflictos es un principio. Un defensor o defensora de derechos humanos siempre abogará por la noviolencia. Y cuando opta por la agresión, aunque sea bajo el argumento de la “legítima defensa”, ya se ha transformado en otra cosa.

La derrota de la estrategia de la transición por colapso, como resultado de la fractura de la coalición dominante, que fue la que hegemonizó la maniobra democrática del año 2017, y luego en el “gobierno interino” del 2019, no lograron sus objetivos. Y este fracaso del movimiento civilista del país amerita la definición de un nuevo camino. Ante la falta de un “mantra” cohesionador como antaño, las opiniones son disímiles. Una de las que se ha configurado en los últimos meses es la que plantea lograr “acuerdos” entre el gobierno y la oposición, por lo que la hoja de ruta sería persistir, contra viento y marea, en los diálogos, ofreciendo a las partes los incentivos necesarios para que se mantengan dentro de la conversación. A este deseo, que la honra a la palabra empeñada sería suficiente para abrir las puertas de la democracia, la denominaré “dialoguismo”.

Como afirma el autor de “Adiós muchachos” no somos tan insensatos en excluir a las conversaciones entre contrarios, y los potenciales consensos en consecuencia, como método de construcción política. Lo que nos parece una ingenuidad es pensar que por si solos, en el peor momento de debilidad del liderazgo democrático político y social, pueda tener un efecto diferente al que hasta ahora conocemos cuando el chavismo realmente existente conjuga el verbo “dialogar”.

El dialoguismo argumenta que no nos encontramos ante una dictadura sino ante un Ejecutivo que ha tenido que, defensivamente, torcer sus pasos al autoritarismo como reacción ante el “radicalismo de la oposición”. Y que, por tanto, Nicolás Maduro y su entorno son “demócratas acorralados”, a la espera de los incentivos suficientes para retomar el sendero del estado de derecho y el respeto a la Constitución. A mal diagnóstico, peor estrategia.

Sobre los estímulos la reciente reunión de Bogotá, convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro, ratifica que no existe la real voluntad de mantenerse en un mecanismo de interacción política si esto significaría el inicio de una erosión que pusiera en peligro la estancia indefinida en Miraflores. Según, salvo el poder todo es ilusión. Para el credo bolivariano la “revolución” -lo que sea que se enmascare bajo este nombre- es un absoluto, por lo que su adn es ajeno a la alternabilidad en la gestión pública. Cuba y Nicaragua son un continuo del que forma parte Venezuela. Por ello, en la simulación, el costo de los estímulos estará siempre en alza. ¿Hay posibilidades de lograr que algunas sanciones internacionales sean eliminadas? Ahora pidamos el fin de la investigación en la Corte Penal Internacional. Y así.

El dialoguismo argumentará que un buen negociante pide el todo para lograr algo. Y que lo importante es mantener abiertos los canales de comunicación. ¿Quién marcará el dial del teléfono rojo a Miraflores? El liderazgo político y social democrático, en este momento, no es una opción de poder que el interlocutor respete. Por ello los últimos telefonazos vienen con discado directo internacional, código de la ciudad de Washington. ¿Por qué agotar un mecanismo -el diálogo-, precisamente en el momento de mayor debilidad y fragmentación de los actores políticos y sociales del país? Es como montar una campaña para el acceso igualitario de los países al Mundial de Futbol de 2026 para enviar a la actual Vinotinto. La goleada en contra está cantada.
El diálogo, para ser efectivo, necesita de un músculo sociopolítico que lo respalde, que sea percibido como una amenaza creíble por quien se siente del otro lado de la mesa. Por ello, su precondición, de este lado, es el fortalecimiento de las organizaciones y gremios del país, con las capacidades para generar y protagonizar momentos de participación ciudadana que generen saldos políticos, sociales, simbólicos y culturales.

Traducido al lenguaje de derechos humanos, el rol de los defensores y defensoras en este momento es la defensa del espacio cívico, del conjunto de libertades -bajo amenaza- que permiten el ejercicio del derecho de libertad de asociación y reunión, acompañando a todos quienes bajo un contexto restrictivo deseen fortalecer el tejido cooperativo de base en el país. Por su fidelidad a la causa de las víctimas, los defensores y defensoras enfrentarán una pretensión del dialoguismo: Usar la impunidad como zanahoria. Por ello continuarán alimentando la única disuasión actual del autoritarismo: ser investigado y responsabilizado de sus actuaciones por los mecanismos internacionales de protección, como la Corte Penal Internacional y la Misión Independiente de Determinación de Hechos.

11 fallas estructurales que seguirán violando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Venezuela en el 2023

Rafael Uzcátegui

1) El poder Ejecutivo no es democrático: Ha socavado la independencia de poderes, gobierna por imposición de un sistema hegemónico, que ignora el marco Constitucional, oprime y mantiene una estructura de persecución y represión contra la disidencia y la crítica.

2) El desmantelamiento de las instituciones en sus funciones básicas, de lo cual es una consecuencia la desprofesionalización e ideologización de la gestión pública, la ingobernabilidad y desplome de capacidades para prestar bienes y servicios esenciales cuyo fin es el mantenimiento del poder y no la satisfacción de las necesidades populares, condujo a la aparición de una Emergencia Humanitaria Compleja, a partir de una serie de decisiones que no benefician a las mayorías del país.

3) La ausencia de criterios técnicos en la gestión gubernamental deteriora la prestación de servicios públicos debido a la inexistencia de una planificación que aborde el mantenimiento y mejora de la infraestructura; la permanencia y profesionalización de los trabajadores a través de la optimización de sus condiciones laborales; el diseño de políticas públicas incluyentes junto al sector privado, los gremios, la academia y los beneficiarios así como el cumplimiento de las obras e inversiones anunciadas.

4) El mantenimiento de la opacidad en la acción estatal, ocultando información oficial y estadística para evitar críticas a la obra de gobierno, difundiendo como ciertos resultados irreales, lo que dificulta una contraloría institucional y social de las políticas públicas.

5) La permanencia de importantes niveles de corrupción ante la ausencia de fiscalización en el uso de los recursos públicos, debido a la parálisis de la Contraloría General de la República, y la inexistencia de investigaciones y sanciones contra funcionarios y funcionarias que incurran en ilícitos.

6) La inexistencia de contrapesos institucionales que fiscalicen y garanticen la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, agravado por las omisiones, silencios y sesgos del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Administración de Justicia.

7) El acorralamiento del derecho a la libertad de expresión e información mediante el cierre y las amenazas contra medios de comunicación, la detención de periodistas e infociudadanos, los bloqueos contra los portales informativos y las peticiones de intervenciones telefónicas ilegales a particulares solicitadas a compañías telefónicas privadas, aumentando los niveles de censura y autocensura.

8) La política económica para satisfacer los intereses del Estado y no los de la gente, profundizando las desigualdades. La inoperancia progresiva de las políticas asistencialistas conocidas como “Misiones sociales” por sus lógicas de control social y político, aunado a la falta de políticas que atendieran las fallas estructurales que impedían la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

9) La persistencia de una política de Estado de discriminación, tanto por razones ideológicas, que ha incorporado represalias contra sectores críticos de la coalición bolivariana, como territorial, que ha beneficiado a Caracas en detrimento del resto del país.

10) La desestructuración y menoscabo del ordenamiento territorial previsto en la Constitución mediante la imposición de un concepto de “Estado Comunal”, mediante el cual figuras y organizaciones promovidas por las autoridades, a espaldas de la Constitución, realizan labores de seguridad ciudadana, así como de gestión y distribución de las políticas asistenciales emanadas desde el Ejecutivo.

11) El cerco a las libertades de la vida política y social de la población y a las labores de las organizaciones de sociedad civil, bajo políticas de desconocimiento, anulación de la participación en los asuntos públicos, y la estigmatización, criminalización y persecución, mediante discursos, instrumentos jurídicos y legislativos, así como amenazas contra la vida, libertad e integridad de los y las activistas.

La “politización” de los DDHH

Rafael Uzcátegui

Desde José Luis Fernández-Shaw hasta Diosdado Cabello, todos quienes adversan el trabajo de las asociaciones independientes en el país han intentando posicionar una matriz de opinión en las últimas semanas: La defensa de los derechos humanos “se ha politizado” o, con variantes, las ONG se han convertido en “actores políticos”. La afirmación intenta allanar el camino para restringir, aún más, el ejercicio del derecho de libertad de asociación y reunión en Venezuela.

Lo “político” goza de poco prestigio entre nosotros, como lo sugiere nuestra actual crisis de representación. El populismo necesita reforzar que la construcción de consensos -precisamente el área de la acción política en mayúsculas- no sólo es ineficaz sino corrompible, y que por tanto hay que seguir apostando a su contrario, el autoritarismo del partido o del caudillo. Por ello una buena manera de intentar desacreditar cualquier acción ante la ciudadanía es sugerir que usted, o yo, tenemos “motivaciones políticas”.

En el caso que nos ocupa luego de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, se hicieron muchos esfuerzos por dar a conocer lo que aquello significaba. Las primeras organizaciones de derechos humanos en la región, incluyendo Venezuela, comenzaron su trabajo dedicando buena parte de sus primeros años en educar y difundir tanto sobre lo que era el concepto como sus responsabilidades estatales derivadas. Luego de la caída del Muro de Berlín y el agotamiento de la confrontación ideológica izquierda-derecha, los derechos humanos comenzaron a popularizarse como los principios con mayor influencia para alcanzar una vida con dignidad para todos y todas las habitantes del planeta. Acelerado por la revolución tecnológica informacional de la globalización, la palabra se convirtió en un término políticamente correcto en la cultura, sociedad y en las relaciones multilaterales. Empero, aquello no ocurrió fortuitamente: Fue también consecuencia de un activismo deliberado que deseaba colocar aquello en boca de todos. Entonces, que un dirigente o miembro de un partido determinado lo aluda no puede ser interpretado negativamente sino todo lo contrario: Como un triunfo del movimiento de derechos humanos, incluyendo a las víctimas de vejaciones, que lograron posicionarlo en el debate público.

Catalina Fernández Botero, en su libro “Los límites de la fuerza. Mitos y verdades sobre los derechos humanos”, afirma: “Los DDHH no son patrimonio de ningún sector político. Sin embargo, ello no significa que no sean políticos: al referirse a la relación entre los individuos y el Estado, el concepto es eminentemente político”. Más adelante, agrega: “¿Cómo no van a ser políticos los derechos humanos si son las garantías que nos permiten la participación política? ¿Cómo vamos a “despolitizar” la pregunta sobre los límites de la actuación del Estado y las protecciones que tienen los ciudadanos? Pedir que el debate sobre derechos humanos no esté cruzado por la política es tan absurdo como pedir que el debate sobre la Constitución -la autora escribe desde Chile- no sea político. No puede sino serlo”.

En el más bienintencionado de los casos, la supuesta acusación sobre la “politización de los derechos humanos en Venezuela”, el único país del continente sujeto a una investigación en marcha por la Corte Penal Internacional, es curiosa. No dejo de pensar que su verdadera motivación es ideológica -o afectiva, casi lo mismo-. El problema es cuando quienes percibimos como “los otros” -los conservadores o cualquiera fuera de la constelación progresista- lo invocan como parte de su crítica frente a lo que nos es más cercano. Por ejemplo, las organizaciones políticas y sociales que finalmente llegaron al poder en Colombia con Gustavo Petro siempre acusaron a liberales y conservadores sentados en el Palacio de Nariño de ser violadores de derechos humanos, un señalamiento que, correctamente, se extendió por el mundo. Y que recuerde, nunca escuché a nadie decir que el tema de los derechos humanos en el hermano país “se había politizado”. En Colombia, Venezuela, o en cualquier nación del globo, las violaciones de derechos humanos van a ser parte de la narrativa de la oposición, independientemente de su color. La manera de disminuir y neutralizar las críticas al respecto es que las autoridades nacionales promuevan, de manera genuina, políticas para investigar las violaciones, reparar a las víctimas y establecer mecanismos de no repetición de los hechos. En el caso venezolano, un país sin democracia y con emergencia humanitaria compleja, las autoridades han continuado sirviendo el tema en bandeja a todos sus críticos.

El esfuerzo que intenta instalar en el imaginario dominante entre nosotros que la defensa de los derechos humanos o las ONG son “políticas” no es una deriva academicista o un asunto de interpretaciones. La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, aprobada en el año 2010, tiene una serie de restricciones y penalizaciones para las “organizaciones con fines políticos”. Su artículo 3 establece claramente lo que el chavismo realmente existente entiende bajo esa denominación: “Aquellas que realicen actividades públicas o privadas, dirigidas a promover la participación de los ciudadanos o ciudadanas en los espacios públicos, ejercer control sobre los poderes públicos o promover candidatos o candidatas que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular. Esta normativa se complementaría con las que se encuentran actualmente en discusión en la Asamblea Nacional – Proyecto de Ley de Cooperación Internacional y el “proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”. El apetito autoritario no se saciará únicamente contra las ONG o sus beneficiarios y beneficiarias. Como demuestra ejemplo nicaraguense el objetivo es disciplinar al conjunto de la población, limitando al mínimo sus capacidades autonómicas de asociarse, de manera libre, con quien desee para transformar su realidad y tomar las riendas de su destino en sus manos.

Una coraza comunitaria por las víctimas de Ayotzinapa

En su libro “El caparazón de las tortugas. El Centro PRODH y las organizaciones defensoras de DDHH en la búsqueda de la verdad y justicia” la investigadora mexicana Helena Varela Guinot (Universidad Iberoamericana, 2021) reflexiona sobre las razones por las que durante los primeros 6 años se ha mantenido un importante nivel de movilización alrededor la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este documento puede interesarnos a quienes desde Venezuela, luego de más de dos décadas de conflicto, intentamos mantener los esfuerzos por el regreso de la democracia a nuestro país.

Ayotzinapa se convirtió en un caso emblemático de violación de derechos humanos en México, luego que en la noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos fueran atacados por diferentes corporaciones y algunos grupos no claramente identificados, con un saldo de 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas asesinadas y 40 personas lesionadas. La conmoción sobre los sucesos permitió colocar en la conversación pública del país las diferentes situaciones de violencias que padece la población, que estimula el desplazamiento forzado dentro del territorio mexicano así como la desaparición forzada de personas, calculada en 105.000 casos desde 1964.

Según Varela la respuesta del gobierno se dividieron en tres estrategias: 1) Descalificación de las víctimas; 2) Construyendo una versión, “verdad histórica”, que exculpara al Estado y le permitiera argumentar el por qué no aparecían los 43 estudiantes y 3) Dividiendo al grupo de padres y madres de las víctimas. No obstante, el colectivo de afectados directos logró mantener su identidad y capacidad de movilización por una serie de factores combinados: A) La masividad de la desaparición; B) La identificación personal de las víctimas; C) El hecho que los afectados fueran estudiantes, que en el país tiene diferentes connotaciones históricas (como Tlatelolco, por ejemplo); D) La organización de padres, madres y familiares; E) a movilización social que permitió que el caso obtuviera miradas y solidaridad internacional.

Siendo el cuarto elemento el de mayor significación, la organización de las víctimas, la autora se pregunta qué factores permitieron su constancia en el tiempo. Para responder, se enfoca en el trabajo de acompañamiento y mediación realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), bajo el supuesto que esta y otras organizaciones desarrollaron la habilidad para construir un conjunto de redes que han facilitado relaciones de confianza y cooperación. La presencia de estos dos elementos, la confianza y la cooperación, habría permitido la articulación de un movimiento vigoroso con capacidad de mantenerse unido a través del tiempo. De esta manera, el Centro Prodh jugó un papel fundamental al mantener y coordinar dos estrategias distintas: 1) El acompañamiento de víctimas, aportando la creación de “capital social comunitario” para mantener la movilización y 2) La relación con las autoridades, que de manera gradual ha obtenido algunos resultados. Algunas de las características y efectos de este “capital social comunitario” son:

Control socialCreación de confianza entre los miembros del grupoCooperación coordinadaResolución de conflictosMovilización y gestión de recursos comunitariosLegitimación de líderesGeneración de estructuras de trabajo en equipo.

El Centro ProDh movilizó tres tipos de recursos: jurídico (que tuvo su mayor éxito en la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI); económicos (que entre otras cosas permitía que los familiares contaran con un lugar seguro de pernocta y reunión en la Ciudad de México) e Informacionales, que lograron contrarrestar la imposición de la “verdad histórica” por parte del gobierno. Las desaveniencias entre los propios padres y madres (que venían de lugares y roles diferentes) así como entre las organizaciones se lograron solucionar al ubicar a las víctimas como centro de la actuación y que cada decisión no se apartara de su agenda central: encontrar a sus hijos. El libro, editado en el 2021, llega hasta los primeros anuncios del nuevo gobierno de López Obrador, así que quedaría pendiente lo ocurrido posteriormente.
El caso Ayotzinapa recuerda que los procesos no dependen de una sola condición, la movilización o el diálogo, y la importancia de las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación, que mantengas las acciones colectivas de protesta y presión en el tiempo. Nos tocará a los venezolanos aprender más sobre como crear y fortalecer el capital social comunitario.

Los venezolanos y venezolanas saldremos adelante: Declaración de organizaciones DDHH de Venezuela

Con la convicción en que la sociedad venezolana sabrá encontrar las soluciones pacíficas y constitucionales para reconquistar la democracia, el estado de derecho, la igualdad de derechos, la justicia y la superación económica que permitirá salir de las circunstancias de necesidad, opresión e injusticia en las que vive la mayoría de la población de Venezuela, las organizaciones del movimiento de derechos humanos que adoptamos esta declaración, queremos expresar nuestra intención de persistir en la construcción de un futuro de cambio para Venezuela, para cuyo propósito asumimos el siguiente compromiso, ante el pueblo venezolano, las víctimas de violaciones de derechos, los líderes sociales y políticos y la comunidad internacional:

Participaremos en la defensa activa de toda posibilidad genuina y creíble de solución del conflicto político que abra paso a la democracia, con base en los principios y estándares de los derechos humanos, que haga valer el derecho legítimo a elegir y ser elegido, a través de elecciones libres y auténticas, lo cual exige una institucionalidad electoral garante de la voluntad ciudadana, expresada a través del voto individual, libre, secreto y universal de quienes votan, dentro y fuera del país; y también la revitalización de la cultura de participación política, capaz de desestimar cualquier intento de desaliento, instrumentalización y manipulación del ejercicio de los derechos electorales, en un entorno que garantice seguridad y protección para el ejercicio de la libertad de expresión y la libre circulación de información; el cese de la censura, la restitución de los medios de comunicación independientes que han sido arbitrariamente cerrados y la prohibición y el rechazo de todo tipo de discriminación, especialmente por razones políticas.Insistiremos en seguir trabajando para poner fin a la impunidad de los abusos y la arbitrariedad, la gran corrupción y las irregularidades, la denegación, la privación de derechos, la discriminación y la violencia de cualquier tipo. Igualmente trabajaremos con empeño para que no se normalicen las violaciones de derechos humanos y terminar con las prácticas de simulación, censura y negación de acceso a la información pública, el control social y la coerción para impedir o anular la participación ciudadana en los asuntos de interés público, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y las torturas; enalteciendo la denuncia como deber y facultad de toda persona y de cada funcionario de los organismos públicos nacionales y de las organizaciones internacionales, conforme a imperativos éticos y obligaciones no evadibles e inexcusables, establecidas en estándares del derecho nacional e internacional, siendo la denuncia el único recurso de las víctimas para dar visibilidad a las violaciones de derechos y ejercer las legítimas exigencias de protección.Seguiremos apoyando a millones de víctimas y comunidades que sufren las inclemencias de la emergencia humanitaria compleja, por múltiples privaciones de derechos, en zonas urbanas, rurales y geográficamente remotas, con:afectaciones diferenciadas en mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas LGBTI, personas con discapacidad, personas en cárceles, personas con problemas de salud, pueblos y comunidades indígenas, productores y campesinos, personas refugiadas, migrantes y desplazados internos;desigualdades cada vez más pronunciadas en el acceso a los alimentos, adecuada nutrición, medicinas y servicios de salud precarizados, con escasos insumos y personal sanitario, una educación excluyente, en todos los niveles, con instalaciones inhabilitadas y severos retrocesos en la calidad de enseñanza, que perdió la mitad del personal docente por falta de sustento económico, la interrupción continua de servicios de agua potable, saneamiento, electricidad, gas, transporte, combustible y comunicaciones; y,falta de seguridad y protección, en condiciones de gran vulnerabilidad ante riesgos de desastre y amenazas de salud pública, como pandemias, epidemias y brotes (entre ellos el VIH, la tuberculosis, la malaria, el SARS, la COVID-19 y, más recientemente, la viruela símica), así como expuesta a la explotación, esclavitud moderna o violencia de grupos en control territorial, económico y social de zonas del país.Igualmente ratificamos nuestro apoyo a todas las comunidades que carecen de respuesta a sus privaciones y respaldamos a todas las organizaciones locales que prestan asistencia y protección humanitaria, con desventajas de acceso a recursos para atender la alta carga de necesidades de las poblaciones más vulnerables, asumiendo los riesgos del trabajo en terreno en un contexto no democrático.Mantendremos la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde una perspectiva colectiva e intercultural, en interdependencia con la defensa de los derechos ambientales, parques nacionales y monumentos naturales protegidos, ante la apropiación indebida de las tierras indígenas promovida por el Estado, anclado en un modelo económico extractivista, de explotación intensiva de los recursos naturales en todo el territorio, para fines estatales o disfrute privado. En esta labor de defensa, alentaremos crear un nuevo modelo de desarrollo de protección de la naturaleza, acción frente a los efectos del cambio climático y uso responsable de los recursos, con perspectivas de derechos humanos y participación de los pueblos indígenas; así como exigiremos la protección de las comunidades indígenas de los impactos de la emergencia humanitaria compleja, con un enfoque de trabajo transfronterizo y binacional; la no politización ni presencia de grupos armados en sus territorios; y la recuperación de la institucionalidad ambiental, incluyendo la reforma o derogación de leyes que dejan de lado los derechos ambientales.Seguiremos firmes en la voluntad de promover la restauración de la responsabilidad, eficacia y transparencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, nacionales e internacionales, como parte de un proceso real de transición democrática, para reponer la confianza de la sociedad en las instituciones de todos los poderes públicos (ejecutivo, electoral, judicial, legislativo y ciudadano) a nivel nacional, regional y local, y un sistema penitenciario que haga efectivos los derechos humanos de toda la población reclusa, hoy sometida a tratos que lesionan su humanidad. Esto abarca, restablecer los límites constitucionales de las funciones estatales; la separación y autonomía de los poderes; la independencia judicial y el derecho a la defensa y al debido proceso; la probidad e idoneidad en el nombramiento de quienes ejerzan funciones públicas, fiscales, jueces y juezas; el acatamiento de la norma y la reserva legal; el combate al flagelo de la corrupción en la administración pública; y la activación de mecanismos de justicia penal, a la par de un proceso de justicia transicional, como parte de la construcción de paz, que garantice memoria, verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición de las graves y masivas violaciones de derechos humanos.Mantendremos nuestra legítima determinación de apelar a todos los mandatos de protección de los derechos humanos en los distintos sistemas, mecanismos y niveles de respuesta de la comunidad internacional, para que trabajen de forma complementaria, junto con esfuerzos multilaterales, en la construcción de una transición democrática. Esto significa una labor conjunta, constante y permanente de incidencia para hacer visible la crisis de derechos en Venezuela y alertar sobre amenazas para las víctimas, las personas defensoras, la sociedad civil y espacio cívico; y continuar exigiendo a los organismos internacionales conductas cónsonas con la protección de derechos y orientada a resultados, en cualquier ámbito de respuesta (humanitaria, de paz, desarrollo y rendición en materia de derechos humanos), que no reproduzca prácticas de omisión o inacción, ambigüedad, diplomacia silenciosa, ocultamiento y secretismo, falta de relevancia a violaciones estructurales, transferencia de responsabilidades a otros actores y la subordinación de los derechos humanos, por la preeminencia de la asistencia o la obtención de recursos.No abandonaremos nuestra misión de defensa, puesta al servicio de promover una cultura de derechos humanos, desde nuestras diferentes identidades y vocerías, en todos los temas y espacios de trabajo, junto con las víctimas, la población y las comunidades, con otras organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, comunidad académica y científica, y en las relaciones con los actores nacionales e internacionales. Los derechos humanos inspiran y sientan las bases para un proyecto de país que garantiza igualdad y libertad para todas las personas, en democracia y con un desarrollo económico, social, cultural y ambiental, incluyente, equitativo y sustentable, si podemos hacerlos el norte de una visión compartida, plural, renovadora, inclusiva, propositiva y motivadora, que nos involucre y empatice a todos.

¡Nos sobran capacidades humanas, perseverancia y confianza en que saldremos adelante, por las generaciones actuales y por las que están creciendo en este país y fuera del territorio! Unidos y en conjunto lo lograremos.

10 de diciembre de 2022

Día internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración del 74° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos