Rafael Uzcátegui's Blog, page 13

2021: ¿El año del “cuento chino”?

Rafael Uzcátegui

Lamentablemente, el año 2021 será de malas noticias en materia económica, lo que estimulará el flujo migratorio caminante hacia nuestros países vecinos. Nicolás Maduro continuará teniendo problemas de flujo de caja, aumentados por el impacto de las sanciones, lo que continuará empequeñeciendo lo que alguna vez fue una importante red clientelar aceitada con dineros públicos. No obstante, hay que desechar la ilusión que la crisis económica puede tumbar gobiernos. Miraflores aun cuenta con cierto margen de maniobra para mantener a flote el autoritarismo. Creemos que una gran posibilidad será estimular, progresivamente, una economía de libre mercado sin libertades políticas, lo que algunos han denominado “el modelo Chino”.

El 2021 será un año de privatizaciones, bajo nombres políticamente correctos, teniendo a China como el gran referente

Antes de la llegada del Coronavirus a nuestro país, el gobierno había comenzado a flexibilizar las transacciones en moneda extranjera y dar facilidades para el comercio internacional, lo que despertó algunas expectativas en un sector del empresariado local. La decisión, lógica desde un punto de vista económico, de sobrevivir y adaptarse a las condiciones de producción e intercambio coincidía con el alejamiento de la posibilidad de un cambio político. Los negocios para la venta de productos importados, especialmente alimentos, comenzaron a aparecer en diferentes partes del país, siendo detenido abruptamente por la expansión de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial. Los más resilientes pudieron mudarse al telemercadeo y el servicio delivery, pero gran parte de la población asalariada aumento sus niveles de precariedad.

La estrategia oficial para la realización de las elecciones parlamentarias, con todo y las irregularidades, anuncia que el chavismo realmente existente enfila sus baterías para quedarse en el poder durante un largo plazo, aunque lo haga agarrándose fuertemente de lo que le queda de la brocha. Para ello pudiera tomar medidas que en sus inicios demonizó, como la privatización de las empresas de servicios públicos, amparándose para ello en la nueva conformación de la Asamblea Nacional. Como magos del subterfugio, esta privatización se realizará a través de las llamadas empresas mixtas y bajo denominaciones rimbombantes, tal cual como en días de Hugo Chávez se hizo todo lo que alguna vez se había rechazado como la “apertura petrolera”. Como recordaremos cuando se le vendía al mundo el marketing de la “soberanía energética”, se hacían acuerdos de 30 a 40 años con empresas foráneas para que hicieran dentro del país lo que PDVSA hacía cada vez menos: Sacar, refinar y comercializar petróleo.

En este escenario una de las primeras empresas a ser “renacionalizada”, vendiendo sus acciones a los capitales internacionales, pudiera ser la de prestación del servicio eléctrico, como se viene rumoreando entre los propios trabajadores del sector. Maduro no tiene la capacidad financiera o técnica para detener o revertir la crisis de prestación del servicio. Lo que le quedaría sería el salvavidas internacional, sea bajo la bandera china, rusa o turca. La nueva empresa mixta pudiera otorgar un período de gracia, 3 meses sin facturar, para luego pasar a un abanico de tarifas internacionales. La gran pregunta serían los derechos laborales de sus trabajadores, una incógnita que ha sido malamente respondida en la propia China, donde las condiciones concretas en empresas y factorías son infinitamente peor que el relato más oscuro de explotación en occidente.

Si esto será así, el 2021 será un año de privatizaciones, bajo nombres políticamente correctos, teniendo a China como el gran referente. Malos augurios para los derechos ambientales y laborales.

Desafíos para los DDHH en el 2021

Rafael Uzcátegui

La situación de alta incertidumbre hace que planificar en Venezuela sea un acto de quiromancia y prestidigitación. Sin embargo, es un ejercicio necesario para intentar construir certezas que nos permitan caminar bajo las sombras.

En nuestra opinión el 2021 estará signado por la recomposición política de la Asamblea Nacional. Si bien existe aún la posibilidad que las elecciones sean reprogramadas, todo parece sugerir que serán realizadas contra viento y marea el 6 de diciembre. A estas alturas Nicolás Maduro no tiene incentivos para posponerlas, todo lo contrario. Necesita la simulación de la sobre-representación política para enmascarar el agravamiento de la crisis económica en contexto de pandemia y aumentar la fragmentación del campo democrático a partir del control del parlamento. Para el autoritarismo es clave recuperar el símbolo de la Asamblea Nacional para su propaganda y, paralelamente, estimular las fricciones dentro de los sectores opositores que hagan difícil la contención común del autoritarismo. En contraparte, estaremos sumergidos en la peor crisis de representatividad del campo democrático de los últimos años.

¿Hay que esperar? Tristemente sí. Precisamente los apuros y atajos han hecho el camino de la recuperación de la democracia más largo.

En materia económica el 2021 será un año complicado, en el que el Ejecutivo seguirá teniendo un marco limitado de actuación financiera. La Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia, continuará golpeando a los sectores vulnerables del país. La única respuesta posible del chavismo será retórica: adjudicar todos los problemas del país a las sanciones internacionales. La crisis continuará aumentando la cantidad de migrantes forzados venezolanos. El gobierno seguirá flexibilizando y aupando las transacciones con divisas para que el sector privado se convierta en el sostén de una economía precarizada. Es posible que un sector del empresariado retome el proceso de adaptación del año 2019, antes de la pandemia, en la que se hablaba abiertamente del “modelo Chino”: Economía de libre mercado bajo el control del autoritarismo político. La brecha entre la población que accede a divisas y la que está obligada a subsistir en bolívares continuará agigantándose. Dentro del país en crisis que somos, estos dos sectores la vivirán de diferente manera.

En materia social creemos que se disminuirá la distancia entre el centro y la periferia. Ya no hay manera que Caracas no sufra los rigores de la implosión de los servicios básicos. La capital experimentará durante el 2021 la misma intensidad de la crisis, con cortes recurrentes de luz, agua, telefonía móvil y fija así como acceso a internet, que el resto de las ciudades ha venido experimentando durante largo tiempo. El deterioro es irreversible y la centralización capitalina de la agenda informativa reforzará la sensación de hecatombe en Caracas. Donde seguirá habiendo diferencias importantes será en el suministro de la gasolina. La mezcla de frustración y agotamiento por el conflicto político, más las ansiedades vinculadas por el distanciamiento social y la cuarentena, harán del 2021 un año Prozac. Amplios sectores de la población experimentarán síntomas de depresión, ansiedad y pánico, lo que incrementará su desvinculación sobre la discusión sobre el cambio político y la participación en iniciativas para ello. La población obligada a sobrevivir con bolívares continuará protagonizando protestas puntuales por derechos sociales mientras que la que tiene acceso a divisas estará deprimida y alejada de la acción política. El punto de coincidencia entre ambos sectores será su deseo de irse del país. La conversación política será promovida por “elites”, en el sentido amplio de la palabra. Como hasta ahora, el gobierno está obligado a mantener y reforzar la FAES para contener el desborde del descontento en los sectores populares.

En materia internacional existirá la amenaza de la “normalización” de la crisis venezolana, en momentos en que el planeta estará intentando superar la pandemia del Coronavirus y abordar sus consecuencias. Maduro ha aprendido a trabajar con el Sistema de Naciones Unidas, por lo que puede utilizar algunos de sus mecanismos para aumentar la sensación de legitimidad y sobrerepresentación política. Por ejemplo, con la visita del primer procedimiento especial, la Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, pero también con el desarrollo del memorándum de entendimiento entre Miraflores y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me atrevo a sugerir que, independientemente del resultado de las elecciones en Estados Unidos, no habrá giros importantes en su política hacia Venezuela, salvo el abandono de la retórica grandielocuente, en caso de victoria de los demócratas.

En materia de derechos humanos este contexto genera dos desafíos. El primero de ellos es contener las previsibles leyes antidemocráticas que serán promovidas y aprobadas desde la nueva Asamblea Nacional. Y en un escenario de crisis de representatividad del campo democrático, esta labor de contención sólo podrá articularse y realizarse desde la diversidad de la Sociedad Civil. Entonces, esto presupone un tejido asociativo de base lo mas robusto y coherente posible. Para enfrentar la arbitrariedad legislativa necesitamos de organizaciones sociales y populares activas y movilizadas, de manera independiente y autónoma, con su propia agenda en base a sus principios. Que tengan el coraje de plantear sin titubeos opiniones aunque sean impopulares y alejadas de los extremos.

Un segundo dilema tendrá que ver con la vocación de Miraflores para tomar decisiones favorables o no para el disfrute de los derechos humanos de los venezolanos. Y como lamentablemente estamos convencidos de su falta de vocación política propia para esto, nos obliga a continuar estimulando la actuación de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre nuestro país. Sólo esta presión obligará al Ministerio Público a realizar su trabajo, a que la Defensoría del Pueblo acompañe a la ciudadanía o que la actuación de los funcionarios policiales y militares tenga como camisa de fuerza la observación internacional. En este sentido se han logrado avances, pero el espacio ganado no hay que darlo por sentado. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ahora tiene una conformación más favorable a Nicolás Maduro, con las incorporaciones de Rusia, Cuba y China.

Un tercer desafío, vinculado a los anteriores, será el mitigar el impacto de la migración forzada, la criminalización, la emergencia humanitaria compleja y el Coronavirus sobre los hombres y mujeres que hoy conforman la sociedad civil. Las organizaciones sociales y populares del país estarán en la mira del gobierno de facto durante el 2021, tras el repliegue generalizado del liderazgo político tras su agotamiento luego de la carrera parlamentaria, que dinamitó buena parte de los puentes que vinculaban a los diferentes grupos.

¿Hay que esperar? Tristemente sí. Precisamente los apuros y atajos han hecho el camino de la recuperación de la democracia más largo. Lamentablemente los escenarios para los derechos humanos en el 2021 serán tan oscuros como los que hemos vivido hasta ahora. Pero quizás sea esta hecatombe la que nos permita la reconfiguración social y política del campo democrático para evitar repetir los errores del pasado y, sobre todo, para poner el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración. Para que por fin, en algún momento, podamos ver la luz al final de túnel.

Publicado en Tal Cual

Provea: Venezuela y Día Mundial de las Ciudades 2020

Naciones Unidas estableció que cada 31 de octubre se celebrara el Día Mundial de las Ciudades, como una oportunidad de reflexionar sobre el valor de las urbes en el desarrollo sostenible y el disfrute de los derechos humanos. El impacto del Covid-19 ha dirigido esta conversación hacia el papel de las comunidades territoriales en las respuestas a la pandemia: “Este Día Mundial de las Ciudades reflexionemos sobre los valores comunitarios que van desde el voluntariado local y las personas que se organizan en sus propios vecindarios, hasta los movimientos sociales que desafían la pobreza y el racismo”, expresa el sitio web de la ONU.

Venezuela recibe este Día Mundial de las Ciudades con entornos inseguros para mantener las medidas de protección frente al Coronavirus. Uno de los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja ha sido el profundo deterioro en la prestación de servicios básicos, con lo que a centenares de familias venezolanas se les hace difícil el lavarse las manos, acción básica para prevenir el contagio. La ONU sugiere que “se puede utilizar estratégicamente el valor de las comunidades a través del compromiso de políticas con un lugar central tanto en la toma de decisiones como en su implementación”.

Es poco útil llorar sobre la leche derramada sin empezar a construir una alternativa. La destrucción del tejido cooperativo de las comunidades debe ser sustituido por un proceso verdaderamente participativo, sin discriminación de ningún tipo, en la Venezuela del mañana. Como sugiere Naciones Unidas: “La acción a nivel local y los grupos diversos serán fundamentales para lograr una urbanización sostenible y la recuperación de la COVID-19, pero deben habilitarse y empoderarse a través del cambio de políticas, de los recursos financieros y la voluntad política”.

Notas para intervención en presentación de libro “El Chavismo” de Razón y Revolución (Argentina)

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Este 31 de octubre, tuve la suerte de participar en un panel sobre Venezuela organizado por los amigos de la iniciativa política “Razón y Revolución” de Argentina.

Comparto las notas que me ayudaron a explicar a Venezuela:

Agradecimiento a “Razón y Revolución” por la invitación a hablar en la presentación del libro “El chavismo” de Nicolás Grimaldi. Importancia de los matices para entender a Venezuela.
El eje de mi intervención serán los DDHH en Venezuela
El nacimiento del movimiento de DDHH coincide, y no por casualidad, con la crisis del modelo de gobernabilidad acordado en el “Pacto de Punto Fijo”, en 1958. “Modelo de conciliación de élites”, como lo definió José Ignacio Rey tuvo dos momentos de conmoción, el primero en 1982 con la devaluación de la moneda “El viernes negro” y, posteriormente, con los sucesos de El Caracazo, a partir del 27 de febrero de 1989, que reflejaban el agotamiento del modelo. La crisis de representatividad estimuló la aparición de nuevos movimientos sociales, como el estudiantil, vecinal, indígena y las ONG de DDHH. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea y Cofavic como la 1era generación.
Las ONG de DDHH acompañamos las movilizaciones y demandas populares que resistían al desmantelamiento de derechos sociales durante la década neoliberal de los 90. En el caso de Provea fuimos muy activos en la denuncia de la abolición del régimen de seguridad social para los trabajadores y participamos en las plataformas regionales que cuestionaban la imposición del Área de Libre Comercio de las Américas por su impacto regresivo en los DDHH. El movimiento de DDHH, por tanto, era parte de la dinámica movimientista que en el país exigía un cambio.
Provea, al igual que un sector mayoritario del país, tenía grandes expectativas luego de los resultados de las elecciones de finales de 1998, que le dan el triunfo a Hugo Chávez. Como candidato había prometido un Plan Nacional de DDHH y su retórica recogía buena parte de las aspiraciones del movimiento social de la época. Provea participó y asesoró a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y saludó desde el incio la progresividad de derechos y las garantías contenidas en la Constitución de 1999.
El primer momento de tensión de Provea con las nuevas autoridades ocurrió en enero de 2000, cuando se denunciaron las desapariciones forzadas en el estado Vargas luego de la vaguada, lo cual fue respondido por el propio Hugo Chávez. En abril de 2002 denunciamos el golpe de Estado y solicitamos a la CIDH medidas de protección sobre la vida e integridad de Hugo Chávez y el, en ese momento, diputado Tarek William Saab. En ese momento también, junto a otros, solicitamos la activación de la Carta Democrática Interamericana, que posibilitó la visita tanto de la CIDH como del Secretario General de la OEA para el momento César Gaviria. A partir del año 2007, cuando se hicieron observaciones críticas sobre la propuesta de Reforma Constitucional, el diálogo se deterioró irreversiblemente, lo que también coincidió con las primeras disensiones públicas desde el propio chavismo.
En el año 2011 Provea publicó un informe donde se hacía un balance de la gestión de Hugo Chávez en materia de derechos humanos, que se tituló “Inclusión en lo social, exclusión en lo político”. Provea venía saludando la creación de las políticas sociales denominadas “misiones”, y sus resultados positivos en la reducción de los indicadores de pobreza, cosa que aparecía en nuestros Informes Anuales, pero alertábamos que estas medidas no debían basarse, exclusivamente, en un escenario de altos ingresos energéticos – la “década de los commodities”- en los que se generaban mecanismos de redistribución de esos ingresos, sino en políticas que abordaran las causas estructurales de la pobreza y la exclusión. Por ejemplo, una Ley de Salud, o la demarcación y entrega de territorios indígenas, como lo estipulaba la Carta Magna.
Coincidiendo con la gestión de Nicolás Maduro, a partir del año 2013, emergió una crisis económica como consecuencia de la reducción de los ingresos estatales, lo cual a su vez disminuyó la inversión en materia social y estancó e hizo desaparecer varias de las 32 misiones sociales. En el año 2014 Provea alertó que, debido al vertiginoso retroceso de los indicadores sociales, Nicolás Maduro se estaba convirtiendo en una fábrica de pobreza. Las organizaciones sociales y de derechos humanos alertamos sobre la aparición de una crisis que denominamos Emergencia Humanitaria Compleja.
Fue precisamente esta crisis la que pasó factura electoral al bolivarianismo en diciembre de 2015, cuando por primera vez la oposición gana elecciones, y además por un holgado margen de dos millones de votos por encima, en los comicios a la Asamblea Nacional. Como esta situación era irreversible a corto plazo, es decir que el chavismo fuera mayoría social y electoral, se tomaron decisiones que alejaron al gobierno de la democracia. En octubre de 2016 Provea califica a Nicolás Maduro como un gobierno no democrático.
Luego que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, calificara que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “rompían el orden constitucional”, se generó un ciclo de protestas que ocasionaron que más de 140 personas perdieran la vida en el contexto de movilizaciones. El gobierno decidió sacrificar la Constitución de 1999, convocando de manera irregular a una ANC, para generar un nuevo escenario sociopolítico que apaciguara las protestas.
Las elecciones de mayo de 2018 se realizaron en condiciones de grave vulneración a los derechos de participación política y electoral de los venezolanos. En ese momento el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas calificó a los comicios como no libres y no creíbles.
La persecución por razones políticas es contra todos los sectores ideológicos. Provea ha divulgado un informe de persecución contra el llamado “Chavismo disidente” con 44 víctimas, con situaciones como 1 desaparición forzada, 1 asesinado, cárcel y acoso judicial y obstáculos a la libertad de asociación como las mas preocupantes.
El decreto de estado de alarma, la respuesta oficial al Coronavirus, esta siendo utilizada por las autoridades para aumentar los mecanismos de control sobre la población. Los recientes informes del ACNUDH y la Misión Independiente de Determinación de Hechos señalaron graves violaciones de DDHH y crímenes contra la humanidad, que incluyen desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Diferentes organismos de DDHH coinciden en la petición de flexibilización de las sanciones financieras contra el país.

Argentina y la diplomacia “vintage” sobre Venezuela

Rafael Uzcátegui
Especial para CADAL

El pasado 30 de septiembre falleció Joaquín Lavado, “Quino”, autor del personaje con el cual crecimos varias de las generaciones previas a internet: Mafalda. No era casualidad que esta adulta prematura, que hablaba con particular ingenio y sencillez de una variedad de temas a sus 6 años, viviera en Buenos Aires. Cuando el término era ampliamente desconocido, fue esta niña la que primero habló sobre derechos humanos, de manera comprensible, a una audiencia masiva. Esta sensibilidad era parte de un contexto particular, el argentino, en el que un país por entero respondía al horror de la dictadura militar con valores que materializaran la dignidad de hombres y mujeres. No es fortuito que yo mismo hable desde una ONG fundada por un argentino: Raúl Cubas. Cuando de este lado del continente pensamos en la frase “Memoria, verdad y justicia” lo hacemos vocalizándola con acento sureño.

. ¿Memoria, verdad y justicia se han convertido en letra muerta para la actual política exterior argentina?

Por lo anterior se pudiera pensar que los derechos humanos, independientemente de la ideología de quien esté en el gobierno, conforman una cultura suficientemente institucionalizada en Argentina. El discurso de su embajador ante la OEA Carlos Raimundi, del pasado 29 de septiembre, nos hace dudar si esto es realmente así. Sus palabras escandalizaron a organizaciones fuera de sospecha, como Amnistía Internacional, quien tuvo que pedirle a la Casa Rosada demostrar su compromiso con los derechos humanos de los venezolanos, tema de la controversia.

Ese 29 el Consejo Permanente de la OEA realizó una reunión virtual para discutir el reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. En un documento de más de 400 páginas, luego de 274 entrevistas y tras procesar una importante variedad de documentación, la Misión determinó que había elementos para creer que en el país se habían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, desde el año 2014, que constituían crímenes contra la humanidad. Además, que “existen motivos razonables para creer que el Presidente tenía conocimiento de violaciones y crímenes, en particular las detenciones arbitrarias y los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los actos de violencia sexual, documentados en este informe”. Nicolás Maduro no es el único nombre publicado como responsable.

Luego de hora y media de discusión, el embajador argentino tomó la palabra: “No hago una lectura ideológica de los derechos humanos” fue su entrada. Seguidamente preguntó por qué se ponía el foco en Venezuela: “somos varios los países en los que han existido represiones desproporcionadas a las movilizaciones populares, persecución judicial, sistemas de espionaje (…) cuando uno pone el foco en un tipo de situaciones o en un determinado país y no en otros, es así donde se puede correr el riesgo de hacer una lectura o una interpretación sesgada”. A continuación, el embajador sugirió que también se debía hablar de la responsabilidad de la oposición: “se crean condiciones para que exista una situación de emergencia, después se acusa únicamente al gobierno como si fuera el único responsable de esa situación de emergencia, y acto seguido se pide que respete estándares a todos los niveles como si esa situación de emergencia no existiera”. Luego de citar informaciones del gobierno venezolano el derecho de palabra de Argentina pidió “abandonar la lógica de la estigmatización y la lógica de la escalada”.

Carlos Raimundi tiene razón en recordarnos que en todos los países de la región hay problemas, y algunos muy serios, en derechos humanos. Cuando habla de represión desproporcionada a las movilizaciones sociales las imágenes más recientes son las de Colombia y Chile. Pero la mayoría de los países de la región, con la excepción de Cuba y Venezuela, han aceptado la observación y la visita al terreno de las instancias internacionales de derechos humanos, incluyendo la de los mecanismos regionales vinculados a la OEA. El Estado colombiano autorizó que en enero del 2019 una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará el país para abordar el asesinato de líderes sociales, situación que calificó de “alarmante”. Un año después, en enero de 2020, la CIDH realizó una “visita in loco” a Chile para escuchar con sus propios oídos los testimonios de violaciones al derecho a la manifestación pacífica. Como perfectamente lo sabe el representante diplomático, los mecanismos internacionales de protección a derechos humanos se activan cuando los Estados, por las razones que sean, fallan en sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y si las violaciones continúan siendo sistemáticas, o sea se repiten a través del tiempo, y sus responsables no sufren ningún tipo de sanción, los oficios diplomáticos de buena fe no sólo deben mantenerse intensificarse. ¿Hay que recordar la reiterada actitud del gobierno venezolano de ponerse de espaldas a la democracia y vulnerar sus compromisos en garantizar el bienestar de la población?, ¿Debemos argumentar que luego de conocer de cerca la actuación de los Carabineros chilenos -que tanto le preocupan- la CIDH no pudo visitar Venezuela para enterarse de los desmanes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)? Lo que Raimundi llama “la lógica de la escalada” se encuentra presente en los mecanismos adoptados en los últimos años frente al quiebre de la institucionalidad democrática en el continente, tanto dentro de la OEA -la Carta Democrática Interamericana- como en el propio Mercosur -El protocolo de Ushaia- frente a la modernización de los autoritarismos. Curioso que Argentina ahora recurra a la diplomacia “vintage”, como lo demuestra su intento de resucitar la controvertida teoría de los dos demonios, comienzos de los 80´s, en el que los actos del Estado venezolano serían equiparables a los de la oposición. Subrayamos: Con todo y sus errores, que los hay y muchos, el campo democrático del país no tiene en su haber las 23 personas fallecidas por tortura en Venezuela, para sólo citar los que Provea contó en el año 2019.

Un segundo elemento tiene que ver con la “estigmatización”, no que se investigue y se establezcan responsabilidades. ¿Memoria, verdad y justicia se han convertido en letra muerta para la actual política exterior argentina? Cuando no contábamos con mecanismos para hacer justiciables las violaciones de derechos humanos, léase los diferentes pactos y convenciones, las víctimas tenían como única herramienta de justicia lo que se llamó, durante mucho tiempo, el “nombrar” y “avergonzar”, naming and shaming en inglés. Las Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y las diferentes organizaciones de HIJOS lo saben perfectamente, pues bastantes escraches realizaron para ponerle nombre y rostro a los responsables. En su alocución Raimundi expresó que la actuación del gobierno que representaba “se centra en la persona que sufre la violación”. Extraño por decir lo menos. Sus dos principales argumentos, aflojar la intensidad de las presiones y evitar que se nombrara y avergonzara a los responsables, están dirigidos a proteger a la otra parte, los victimarios.

Reacciones y rectificaciones

Conocemos que dentro de Argentina se han generado diferentes reacciones, muchas de repulsa, a las palabras de su embajador en la OEA. En la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, Argentina cambió su postura y condenó abiertamente las violaciones amparadas desde Miraflores. No todo está perdido y habrá que seguir vigilantes. En el Consejo se votaron dos resoluciones, una promovida por Irán y Venezuela donde Argentina se abstuvo: “El presente proyecto presenta un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas con respecto a la situación de los derechos humanos en su territorio”. En la siguiente resolución, azuzada por la Unión Europea y el Grupo de Lima, Argentina votó abiertamente a favor. La Misión de Determinación de Hechos trabajará durante dos años más en la ribera del Arauca vibrador.

No obstante, el episodio Raimundi refleja una tensión -la fidelidad ideológica sobre los principios- que cruza no sólo al gobierno sino también a organizaciones sociales y de derechos humanos del sur en su mirada sobre Venezuela. Sin embargo, con los diferentes informes disponibles desapareció el argumento que no existe información confiable sobre los excesos del bolivarianismo sobre la población ¿Se recuerdan la tira en que Mafalda está mirando un letrero que dice “Prohibido pisar el césped” y ella responde “¿Y la dignidad no?”.

Misión de la ONU y la política del “todo o nada”

Rafael Uzcátegui
Especial para Tal Cual

El reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha escalado los señalamientos sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al establecer que en el país han ocurrido crímenes de lesa humanidad desde el año 2014. Este escalamiento de los mecanismos de protección internacional a los derechos de los venezolanos no sólo ha sido lento, para la magnitud de nuestro drama, también ha tenido que sortear diferentes obstáculos. Uno de ellos, que nos sirve para reflexionar sobre las estrategias de los múltiples actores del campo democrático venezolano, ha sido el maximalismo, la noción política del “Todo o nada”.

Si el maximalismo no ha funcionado, tendremos que asumir otra lógica para erosionar al autoritarismo

Como se recordará, la creación de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos se aprobó el 27 de septiembre de 2019 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego de una votación de 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Detrás de bastidores hubo un intenso proceso de incidencia de quienes promovían la máxima presión contra el país, mediante la conformación de una Comisión de Investigación, y el bloque liderizado por la diplomacia madurista de impedirla. En aquel momento las ONG apoyábamos la conformación de la Comisión de Investigación, pues a pesar de su nombre anodino, significa la mayor herramienta de Naciones Unidas para establecer la verdad de los hechos y determinar responsabilidades. Durante el cabildeo de esta posibilidad no todos los países estaban de acuerdo. Había algunos, especialmente los europeos, que creían que debían agotarse otras medidas, e ir escalando progresivamente en el caso que el Estado venezolano no tomara decisiones para corregir los abusos contra la dignidad de sus habitantes. En el proceso de negociación de una propuesta que contara con los votos suficientes para su aprobación hubo momentos de tensión, pues había los que estaban convencidos que o era la Comisión de Investigación, el todo, o era nada. Si la política es el arte de lo posible algunas individualidades, como la venezolana María Alejandra Aristiguieta, coincidieron en el esfuerzo de negociar un mecanismo intermedio, como lo era la Misión de Determinación de Hechos, que lograra sumar las adhesiones necesarias, pero que contara con un mandato suficientemente robusto como para que arrojara el resultado que ya todos conocemos. Hoy, un años después, todo el campo democrático venezolano aplaude el trabajo de la Misión de la ONU.

Este episodio puede darnos elementos para la reflexión en un momento caracterizado por la dispersión y división de los diferentes actores que trabajan por el restablecimiento de la democracia en el país. La discusión sobre la velocidad de los cambios, resumido en la diatriba “reforma” contra “revolución”, estuvo presente en el debate político de todo el siglo XX. Hay quienes, independientemente de las circunstancias, se zanjaron por una u otra: mantener siempre apretado el acelerador o apostar por el etapismo gradual. En lo personal sostenemos que es una falsa diatriba. Como plantea el español Tomás Ibáñez las luchas, y por tanto sus posibilidades, se ven suscitadas y definidas por aquello contra lo que se constituyen. Y de acuerdo a cada situación concreta, habrá momentos en que se podrá avanzar varios kilómetros mientras que en otros apenas se pueda caminar unos pocos pasos. No es un asunto de ser “radicales” o “colaboracionistas”, como se ha infantilizado nuestra polémica, sino en ser eficaces en el logro de los objetivos propuestos.

Desde la desaparición física de Hugo Chávez la sensación sobre la inminencia del cambio nos entusiasmó en poner toda la carne sobre el asador. Pedirlo todo para ya. Y aunque aún no hayamos discutido francamente las razones de la imposibilidad en el éxito, hay que reconocer que no han sido logrado los objetivos. Todo lo contrario. SI el maximalismo no ha funcionado, tendremos que asumir otra lógica para erosionar al autoritarismo. ¿Se imaginan ustedes que hace un año en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, los convencidos del “todo” hubieran pateado la mesa? ¿Qué la rigidez estratégica no hubiera permitido el inventario del horror, de más de 400 páginas, divulgado recientemente sobre el país?

Alteración “Demo” (1997)

Digitalizo mi cassette con 4 temas de la banda larense “Alteración” del año 1997. Practicaban un rock and roll con toques heavy metal. Memoria musical para enfrentar el daño antropológico

Para descargar: https://mega.nz/file/oHIWBRDI#R3OQZN_gHLeWL8Rz_UBrS59y45NZlaYNfzTCBgqBS2c

Las patas cortas de la Misión Vivienda

ONU-Hábitat entrega, cada tanto, un reconocimiento para alentar y reconocer a los países, gobiernos y organizaciones que realizan importantes contribuciones al desarrollo del derecho a la vivienda. En los correspondientes al año 2020 han vuelto a no considerar como merecedor del premio a las políticas habitacionales del gobierno venezolano.

El 29.05.19 el diario oficialista Correo del Orinoco afirmaba que durante la Asamblea de ONU Hábitat, realizada en Kenia del 27 al 31 de mayo de ese año, el organismo “reconoció a Venezuela como país líder en el derecho a la vivienda”. La fuente de la información era un mensaje de la cuenta twitter @IMVillaroel, perteneciente al ministro de Vivienda y Hábitat, que aseguraba: “La ONU Hábitat reconoce a #Venezuela como país líder en derecho a la vivienda. La #GMVV avanza para garantizarle a cada venezolano un hogar digno”. En aquellos días la web oficial de ONU-Hábitat no publicaba ninguna información sobre Venezuela. Casi un año antes, el 27.11.18 se publicó una aseveración similar. En esa fecha el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para Africa, Yuri Pimentel, tuvo una reunión con la Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif. Los avatares de la reunión fueron divulgados por Pimentel, quien aseguró que la funcionaria “Resaltó la labor de la GMVV y la catalogó como un modelo de construcción social que sirve de ejemplo para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe”. El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos, por su parte, no divulgó ninguna información sobre el encuentro.

¿Realmente ONU-Hábitat reconoce a la Misión Vivienda Venezuela como un “modelo de construcción social”? Si fuera realmente así, debiera visibilizar este “ejemplo para los pueblos” en su Premio “Pergamino de Honor”. Desde su creación en 1989 este galardón saluda las iniciativas que han realizado contribuciones en los asentamientos humanos, la provisión de viviendas y la mejora de la calidad de la vida urbana.
El premio, una placa grabada con el nombre del ganador, se entrega el primer lunes de octubre, cuando se celebra el Día Mundial del Hábitat. En materia de vivienda se ha convertido en el aval más prestigioso del mundo. Recientemente se anunciaron los galardonados del año 2020: La ONG de Uganda Upcycle Africa; el Consejo Municipal de Subang Jaya, Malasia; la Community Impact Nepal, Katmandú, en Nepal; el Programa Ecocasa en México y, finalmente, el Ministerio de Vivienda y Ciudades, en Colombia.

En 2018 los premiados fueron China, Cuba, Indonesia, Kenia y Estados Unidos. En 2013 provenían de Brasil, China, Etiopía, Corea y Reino Unido. Para 2012 fueron de Brasil, Camerún, China, Nigeria y Zimbabue. En 2011: Australia, Cuba, Malasia, Namibia, Rusia y Estados Unidos. Los de 2010 correspondieron a Austria, China, Colombia, Marruecos, Singapur. En las ediciones de 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004, tampoco aparece ninguna iniciativa de Miraflores. Sin embargo, el Pergamino de Honor sí ha sido otorgado e venezolanos. En el año 2003 fue entregado a la arquitecta Teolinda Bolívar por su trabajo de rehabilitación de barrios, mientras que en el año 1991 al arquitecto Leandro Quintana Uranga.

La propia Teolinda Bolívar, junto a Josefina Baldó, fue parte del grupo de profesionales y expertos en materia habitacional que se acercaron al primer gobierno de Hugo Chávez para asesorarlo en políticas públicas en vivienda, con una visión integral. El entusiasmo de los primeros años dio paso a la decepción. Hoy, bajo el nombre de Gran Misión Vivienda Venezuela, lo que existe es un esfuerzo reducido a la cantidad de casas remodeladas y construidas, que difunde resultados irreales que tienen poco que ver con la realidad. Los grandes afectados son las miles de familias sin techo propio ni digno, en un contexto de grave crisis de prestación de servicios básicos. Los cortes recurrentes de los servicios de agua, luz, gas doméstico y telefonía han ocasionado que las viviendas en Venezuela sean inseguras para mantener la Cuarentena y el distanciamiento social por el Covid-19.

La mentira siempre tendrá patas cortas. Es insostenible sugerir que, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, se construyen medio millón de casas al año en el país. Una política de vivienda responsable debe incorporar el hábitat, la rehabilitación de suelos, la mejora en la prestación de servicios y la rendición transparente de cuentas, para que realmente disminuya el déficit habitacional. Lo contrario es insistir, como se ha hecho hasta ahora, en logros imaginarios y reconocimientos inexistentes.

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Culto Oculto: Maqueta (1996)

Digitalicé mi cassette con la maqueta de la banda venezolana Culto Oculto, aproximadamente 1996. Trae 6 temas, 4 de ellos con las letras en la contraportada. En ese momento una banda con influencias darks. Luego vendría su etapa “Radiohead”. Recuperar la memoria musical para enfrentar el daño antropológico

Para descargarlo:
https://mega.nz/file/AGgwnazD#ekyYajHoqu446aJp4ykMWPP060hM2z5aK8IYSOpoHwM

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Diannet Blanco, la heredera de un testigo

Diannet creció en una familia numerosa, de muchas mujeres, escuchando luchas que la antecedieron, luchas que le permitieron resistir. Diannet estuvo presa por un año y 12 días en el Helicoide, a veces siente como si le hubiesen cambiado la celda del SEBIN por una más grande. Esta, es su historia.

En el marco del aniversario de PROVEA, difundimos la historia de Diannet, una mujer que estuvo detenida y encontró en el trabajo en las comunidades el camino para seguir luchando en Venezuela, de la mano de una organización como PROVEA.

Producción y dirección: PROVEA.