Rafael Uzcátegui's Blog, page 16

Walking Dead, Poder Popular y Covid-19

Rafael Uzcátegui (*)

Especial para Tal Cual

Quien haya seguido la serie televisiva “The Walking Dead” sabe que no se reduce al apetito voraz de zombies comegente sino, especialmente, a las relaciones y conflictos entre las personas en situaciones límite. Es fácil la analogía entre un apocalipsis caníbal y la situación actual de la Venezuela bajo Cuarentena por el coronavirus: Refugiados en nuestras casas, intentando estar a salvo de otras personas que han enfermado por la pandemia, haciendo incursiones puntuales al exterior por alimentos y otras necesidades. Como el seriado sugiere hay dos posibilidades para sobrevivir: La cooperación o el conflicto. O dicho en otros términos, el apoyo mutuo o la supervivencia de los más aptos. En el caso venezolano, después de dos décadas de “socialismo”, paradójicamente, está primando lo último.

Desde la comodidad teórica de los escritorios del progresismo en Harvard, donde al parecer quedan entusiastas del chavismo, se pudiera suponer que todas esas organizaciones comunitarias que tanto propagandeó el bolivarianismo, en sus días de gloria, hoy están activadas en la pandemia. Según cierta narrativa, todo lo que no se pudo hacer en Rusia, Cuba, Vietnam, Nicaragua, Chile y Corea del Norte, floreció a partir de 1999 en Venezuela. Luego del golpe de Estado de 2002 aterrizaron en Caracas los nostálgicos de las Brigadas Internacionales, documentalistas y académicos con deseos de ser protagonistas y testigos del país cuyo “poder popular” le torcía el brazo al neoliberalismo intergaláctico. Desde el supuesto cuarto millón de cooperativas existentes, según la exultante cifra de medios estatales en 2006, los relatos que se difundían en el exterior hablaban de fábricas expropiadas por sus trabajadores, con soviets que duplicaban la gris producción previa capitalista; Comunas autosustentables en la ciudad y ecológicas en el campo; Núcleos de Desarrollo Endógeno donde se había abolido el dinero y las clases sociales; Piquetes de alfabetización que llegaban hasta los sitios más recónditos del país para liberar a los desheredados de la oscuridad y “colectivos” de artistas, artesanos y gestores culturales que hacían de cada día un acontecimiento extraordinario, nada más y nada menos, la Revolución en mayúsculas.

Hoy, bastante poco queda de todo aquello. Los locales donde crecía el hombre y la mujer nuevas, están cerrados. Los turistas revolucionarios dejaron de venir al país. Los protagonistas de esos documentales y reportajes, que dieron la vuelta al mundo, se fueron como migrantes. Y los medios progresistas han bajado a Venezuela de los titulares de primera página a la discreta columna de obituarios y sucesos parroquiales. En momentos en que más se necesita de un tejido asociativo de base -un país en Emergencia Humanitaria Compleja sufriendo un virus pandémico-, lo único socializado es el principio de “sálvese quien pueda”. Si los cambios en la cultura son más perdurables que las transformaciones políticas pudiéramos preguntarnos si en la actualidad somos un país más o menos solidario en comparación a 1998. La respuesta puede ser devastadora. Y para quien esto escribe, parte de las consecuencias del daño antropológico instalado entre nosotros.

No se puede negar que el chavismo, como fenómeno sociopolítico contó, en sus inicios, con una importante capacidad de convocatoria y generó respuestas movimientistas cuya energía fue devoradada no por un zombie, sino por el Drácula del stalinismo y el espíritu cuartelario. Sin embargo, aquella fotografía entusiasta de abril de 2002, cuando decenas de personas se movilizaron genuinamente contra “el golpismo” y en defensa de la Constitución de 1999, no se convirtió en una diapositiva eterna, congelada en el tiempo. Para quien haya seguido con atención la situación política de nuestro país se percató que a partir del 2007, luego del referendo para cambiar la Constitución, comenzó la desbandada dentro de las propias filas del chavismo, transformado en tsunami tras la desaparición física del caudillo y la aparición de la crisis económica.

Una de tres. O aquellas expresiones organizativas fueron agigantadas por el arte de la propaganda, o fueron mantenidas artificialmente con dinero en época de vacas gordas o realmente intentaron existir pero fueron asfixiadas por lo que Cecosesola, la cooperativa con más de 4 décadas de existencia en el país, ha diagnosticado como razón para la frustración de nuestros proyectos bienintencionados: La cultura de la “complicidad parasitaria”. También, claro está, pudiera ser un poquito de las tres.

Hoy, cuando la población pasa necesidades de todo tipo, hasta el punto de obligarla a escaparse caminando a otros países, es cuando más hubiéramos necesitado tanto de esos emprendimientos como de sus supuestos valores colaborativos subyacentes, que fueron infantilizados, vaciados de contenido y corrompidos por el chavismo realmente existente. Quien busque hoy un plato de comida no lo encontrará en las ollas populares de los camaradas, sino en los comedores de las iglesias de siempre. El “Poder Popular, un subterfugio para actualizar la dictadura del proletariado, como el Frankenstein que es, para respirar necesita recibir corriente eléctrica desde arriba.

Como dice Fito no todo está perdido y hay quién sigue ofreciendo corazón, a pesar de todo. La cultura de compartir con los más necesitados, que hizo posible la base material petrolera de tantos años, no ha desaparecido del todo en Venezuela. Sólo para citar un ejemplo que conozco, la campaña #QuedateEnCasa ha sido promovida en el país, en una holgada mayoría, por actores no estatales, por creadores y gestores que han ofrecido, gratuita y voluntariamente, creaciones para que sus paisanos se mantengan entretenidos y resguardados. Pero quien quiera ubicar a personas distribuyendo comida a ancianatos o médicos atendiendo a pacientes que no tienen dinero para la consulta, por decir sólo dos, los encontrará. Nuestro punto es que el daño antropológico intervino a tal punto la manera en que nos relacionábamos, que desmanteló la capacidad empática con el otro que habíamos desarrollado, posibilidad de intercambiarse zapatos que hoy sería de muchísima utilidad. Y nos ha dejado casi huérfanos para, en medio de la catástrofe, revertir el conflicto por la cooperación.

Pero como The Walking Dead también muestra, el ser humano es irreductible en su voluntad de superar las adversidades. Y a pesar de la pulsión de muerte viralizada por el autoritarismo, hay una Venezuela que continuará, pacientemente, esperando por nosotros.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

Música por Medicinas en Cuarentena con Doctor No

La banda guara de ska interpreta tres temas desde su aislamiento sanitario para recordar a Victor y Mijaíl Martínez, así como la situación de la región centro-occidental bajo la etiqueta #LaraResiste, que se posicionó en el 2do lugar como tendencia esa noche

Salvar al movimiento o salvar al líder

Rafael Uzcátegui

Especial para Tal Cual

Los venezolanos no sólo hemos aprendido a convivir con la pobreza y la migración forzada, desconocida para el país petrolero de renta media que éramos, sino también a lidiar con la ausencia de democracia y la instauración de un gobierno que busca mantenerse en el poder indefinidamente. Si bien ya era un desafío el enfrentarse a un fenómeno político como el populismo bolivariano, la complejidad se elevó exponencialmente cuando decidió transformarse en una dictadura. Aunque no todo han sido desaciertos, la perplejidad de las oposiciones, para conjugarlas en plural, no ha permitido la eficacia necesaria para viabilizar el cambio político en el país.

Como se ha argumentado en otras oportunidades, desde la desaparición física de Hugo Chávez, pero especialmente a partir de diciembre del año 2015, cuando el oficialismo se transformó cuantitativamente en una minoría electoral y social, el conflicto venezolano dejó de ser ideológico y de clases. Lo que pasaremos a llamar el “campo democrático”, más por confluencia forzada que por estrategia, pasó a ser tan diverso como el país, con todos los matices que usted pueda imaginarse: Desde el chavista militante desencantado con Nicolás Maduro hasta, por llamarlo provocadoramente, el escualidismo radical originario. Todos, a su manera, abogaban por una transformación en el estado de las cosas. Y cada quien, desde su propia lógica -que uno puede compartir o no, pero esa es otra discusión- hicieron lo que estaba a su alcance para promoverla, bajo el convencimiento que era lo mejor para la nación.

Luego de la rebelión popular de 2017, nombrada así por la extensión, profundidad y consecuencias del desafío al poder en el espacio público, durante el año siguiente tuvimos un reflujo de la movilización por razones políticas, que volvió a emerger luego que, como consecuencia de un fraude electoral, se juramentara una persona como presidente durante 6 años. Por diversas circunstancias quien asumió la dirección de la Asamblea Nacional en ese momento emergió como líder visible y reconocido del campo democrático, como lo ratificó la amplia movilización que lo avaló en los primeros meses, con avances y desaciertos. Tampoco toda la gestión de Juan Guaidó han sido solamente errores, que los ha habido como parte del enfrentamiento a una situación inédita, la dictadura. Poquísimas personas pueden decir que tienen el ánimo, disposición y la vocación de sacrificio para estar en sus zapatos. Y eso, junto con otras virtudes, también hay que reconocerlas.

Sin embargo, nos guste mucho o nada la persona de Juan Guaidó, buena parte de su liderazgo es consecuencia del rol institucional que ha ejercido como presidente de la Asamblea Nacional. Y la conformación de esa Junta Directiva, nos agrade o no, tiene una fecha de caducidad. Desde diciembre de 2015, pero especialmente a partir del 10 de enero de 2019, todos en el campo democrático hemos sostenido que el Parlamento era el único poder con legitimidad de origen que quedaba entre nosotros, en una elección que, a pesar de los obstáculos, pudo ganar la oposición con sufragios. Por ello frente a la disyuntiva a corto plazo hay dos posibilidades: O las mayorías dentro del campo democrático nos ponemos de acuerdo para defender el bastión institucional que nos queda, peleando con uñas y dientes por condiciones y garantías en las próximas parlamentarias y, a pesar de todas las zancadillas que vendrán, conservamos con votos la mayoría democrática. La segunda opción es, frente a la repetición de la fórmula para ganar elecciones siendo minoría, decidiéramos no participar, con la conciencia plena que estamos entregando la Asamblea Nacional al madurismo y, con ella, el piso institucional que daba respaldo internacional a su decisión de conformar un gobierno interino para enfrentarse a la felonía autoritaria. Como consecuencia de ello, en tanto, la resistencia deberá adaptarse a las nuevas circunstancias que vendrían.

Cualquier decisión que tomemos debemos hacerla como ciudadanos informados y responsables, pero especialmente con vocación democrática, a pesar que nos estamos enfrentando a quienes no lo son. Ninguna de los dos anteriores será un camino express al “cese de la usurpación”, todo lo contrario. Demandará nuevos compromisos y sacrificios. Y, posiblemente, nos enfrente al dilema de o salvamos al propio movimiento democrático o preservamos el actual liderazgo. Porque siendo sinceros, en esta hora menguada, no vemos la manera de conservar las dos cosas al mismo tiempo. En algunos chats privados, el resquicio de dialogo libre que nos queda bajo el estado de alarma por coronavirus, comienza a surgir la tesis de la “continuidad administrativa”, que para resumirlo sugiere que sin participar en las parlamentarias se mantiene el interinato presidido por Juan Guaidó, con todas sus prerrogativas.

Como ya vimos con la “Operación Gedeón”, la frustración y el agotamiento es caldo de cultivo para cualquier delirio. Por eso habría que atajarlos apenas asoman la cabeza. Es difícil, pero no imposible, que Guaidó sea diputado en una próxima Asamblea Nacional, que lo vuelva a elegir presidente del hemiciclo. Pero para eso tendría que sortear las dificultades nombradas, ganar en su circuito con el que será seguramente el mejor candidato del chavismo y la campaña feroz en contra, sino también recomponer los pactos políticos internos de los partidos, que hoy también se encuentran torpedeados. Si por viveza, o presiones externas, se impusiera la tesis de la “continuidad administrativa”, pudiera mantenerse algún pedazo del liderazgo y reconocimiento internacional hacia Juan Guaidó. Pero a costa de sacrificar de implosionar definitivamente el actual movimiento nacional que aboga por el retorno a la democracia.

Tengo conocidos que, genuinamente, se alarman por las críticas públicas hacia los gestores actuales del interinato, creyendo que detrás de Guaidó no hay nada, sino el vacío. No comparto esta opinión. Hasta el 15 de diciembre de 2018, por poner una fecha, el joven diputado de Voluntad Popular era desconocido para la mayoría de los venezolanos. Su efervescente liderazgo, como presidente de la Asamblea Nacional no sólo fue posible por la base institucional, sino especialmente porque había un amplio y extendido movimiento democrático que comenzó a acompañarlo, entendiendo la gravedad del momento, compartiendo por ello la estrategia planteada al inicio. Cualquier subterfugio artificial podrá mantenerlo en los titulares noticiosos. Pero será sin las imágenes de las mayorías con las que se tomaba selfies, apenas en febrero de 2019. Un Juan Guaidó, en buena lid, tendrá mucha cancha política en la Venezuela del futuro. Una “continuidad administrativa” impuesta, como la mentira que será, tendrá las patas cortas.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

 

Venezuela: Un país en una vida

Rafael Uzcátegui

Especial La Silla Vacía

Pocas personas sintetizan en su propia vida la historia del país que los vio nacer. Víctor Martínez, quien acaba de perder su duelo con el cáncer en la ciudad de Barquisimeto, resumió en primera persona la historia contemporánea venezolana: La de un pueblo que se enamoró de la promesa bolivariana, para luego decepcionarse hasta la tragedia. Un 26 de noviembre Víctor, un fortachón de casi dos metros, diría entre lágrimas: “La revolución que ayudé a llegar al poder fue la que me mató a mi hijo”. Luego de estar hospitalizado durante 7 días, con las carencias propias de una emergencia humanitaria compleja, el “guaro pelao” alzó vuelo sin conocer la justicia en el asesinato, de cuya autoría intelectual siempre señaló a sus antiguos compañeros de partido.

A diferencia de Colombia, la violencia en Venezuela no es política sino social. El sicariato por diferencias ideológicas es rarísimo, pero paradójicamente las cifras de homicidios por otras razones, según el Observatorio Venezolano de Violencia, sumaron 16.506 los muertos ocurridos en el país en 2019. Por eso cuando recibimos la llamada, a finales de noviembre del año 2009, para informarnos que un defensor de derechos humanos había sido asesinado por encargo, todas las alarmas se encendieron. Se trataba de Mijaíl Martínez, un joven documentalista de 24 años vinculado al Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), un nucleamiento de familiares de abuso policial que venían señalando la responsabilidad de las máximas autoridades regionales en lo que se había convertido en una banda de uniformados que, con la tolerancia del poder, secuestraban, extorsionaban y asesinaban. La sensibilidad de Mijaíl venía de familia, pues era hijo de Víctor Martínez, un carismático luchador social de la entidad, fundador de decenas de organizaciones populares, en cuya lista se encuentra también el propio chavismo, hombre de medios y antiguo diputado a la Asamblea Legislativa del estado Lara. El secreto a voces, en una región caracterizada por su musicalidad oral, era que al hijo lo habían matado para callar al padre, cuyo verbo encendido le había granjeado el apodo de “Dinamita Martínez”. Por eso interesarse en el caso de Mijaíl era, necesariamente, conocer las luchas en las que estaba involucrado Víctor.

En una metáfora del acelerado paso de la Venezuela rural a la urbana, de la haciendo de café al campo petrolero, Víctor Martínez había nacido en una familia humilde de Guanarito, estado Portuguesa, a quien el deseo de probar algo de modernidad los conminó a desplazarse hasta Barquisimeto, donde como muchos otros, ocuparon un terreno baldío para plantar sus láminas de zinc en el suelo para esperar que los frutos fueran tejas rojas y ladrillos. Aquella vivencia de escasez estimuló en Víctor la solidaridad hacia los vulnerables, en una búsqueda personal que lo cruzó con todas las iniciativas redentoras que encontró en sus primeros pasos, desde la Juventud Obrera Católica, pasando por el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) de Douglas Bravo y, finalmente, en el chavismo. Cuando nadie apostaba un bolívar partido por la mitad por alguien llamado Hugo Chávez, Víctor Martínez empeñó su propia casa para financiar la insurrección cívico-militar que lo sacaría de la cárcel, a finales de 1992, navidades que pasaría Víctor en prisión. En esa misma vivienda Hugo Chávez, durante las austeras giras de fundación del Movimiento V República, dormiría en 7 oportunidades. Y al frente de esa casa asesinarían a Mijaíl Martínez.

Cuando Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales a finales de 1998, Víctor confiaba que todo por lo que habían luchado se transformaría en realidad, ese paraíso en la tierra donde las personas tendrían la misma oportunidad para ser iguales. Primero por el MVR y luego por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del estado Lara, entre los años 2000 a 2008. Pero para quien era un hombre de una sola palabra, la distancia entre el discurso y los hechos rápidamente comenzó a pesarle. Víctor comenzó a descubrir que sus camaradas del partido estaban usando el poder para enriquecerse, desviaciones que pensaba podían corregirse desde dentro. Por eso formó parte de varias Comisiones de Investigación dentro del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL) para documentar y denunciar la corrupción. Los informes hablaban de desviaciones de los alimentos a precios controlados que se ofrecían en la red Mercal de la ciudad, pero también de la creación de organismos de seguridad paralelos y privados dentro de la propia gobernación. Las evidencias no lograban consecuencias en la entidad. Víctor pensó, como lo hacía casi todo el mundo, que Hugo Chávez no lo sabía. Y después que le informó, personalmente, los nombres y apellidos de los involucrados logró una reacción: Que lo inhabilitaran políticamente, para no permitirle que ejerciera otros cargos de elección popular, y lo expulsaran del partido. Víctor pasó a acompañar a las víctimas de los abusos de los grupos de “policía privada” amparados por la gobernación. En uno de sus programas en la televisión regional Víctor los entrevista y, al aire, les recomienda que se organicen como un “Comité de Víctimas”. Así nació el Covicil. Víctor, una suerte de “padrino” de las víctimas de abuso de poder, paradójicamente pronto se convertiría en una.

Con el guayabo de los desenamorados, Víctor denunciaba con pelos y señales la responsabilidad del gobernador del estado Lara y el Comandante de la Policía en los desmanes que ocurrían en la capital crepuscular. El 26 de noviembre de 2009 tres personas asesinaron a Mijaíl, sin robarle nada y dejando intacta la camioneta que, frente a su residencia, tenía las llaves dentro del encendedor. El Chávez locuaz que todos recordamos, no dijo nada sobre el asesinato del adolescente que junto a su padre lo había visitado varias veces durante su prisión en Yare. Sus antiguos camaradas dejaron de contestar sus llamadas telefónicas.

Víctor, al igual que otros familiares de víctimas, se enfrentaba solo al laberinto de la impunidad. “Dinamita Martínez” era reconocido como un hombre honesto. Durante sus años de diputado también encabezó la Comisión Legislativa que promovió la ley para proteger el Ágave y sus productos derivados, lo que abrió las puertas para la despenalización de la producción artesanal de Cocuy, un licor destilado popular en los estados Lara y Falcón. Por estas y otras acciones era apreciado por la gente, lo que le permitió tejer su propia red de contactos para asumir personalmente la investigación sobre los autores materiales del asesinato. Y fue gracias a la “inteligencia social”, como él la llamaba, y a su propia osadía que señaló el paradero de dos de los sicarios a la policía regional durante los días de Henry Falcón, un gobernador que también se había alejado del chavismo.

Hay quien piensa que el dolor por el asesinato de Mijaíl fue lo que generó las condiciones para la aparición del cáncer en su padre. Y a diferencia de Hugo Chávez, que pudo escoger el país y los médicos para tratarse, Víctor comenzó la penitencia de todos los pacientes oncológicos venezolanos por el sistema sanitario público, en hospitales sin medicinas ni insumos, donde buena parte de sus médicos especializados de han ido del país como migrantes forzados. Dejó de ser el corpulento que era y, como muchos de sus paisanos, el físico de Víctor había disminuido, pero su espíritu continuaba intacto: Era parte de los animadores de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, protagonizando protestas de pacientes oncológicos por su derecho a la salud.

La muerte de Víctor recuerda dolorosamente, a todos a quienes lo conocimos, aquella frase de Albert Camus: “A decir verdad, todavía no hemos salido de la humillación. Pero el mundo gira, la historia cambia y un tiempo se acerca, de ello estoy seguro, en que ya no estaremos solos”. Por ahora nos acompaña el recuerdo de la vitalidad de una persona que, a pesar de todos los desencantos, nunca dejó que le arrebataran la alegría de estar junto con otros para hacer más grande la esperanza por un mejor mañana. Un sentimiento que, somos testigos, a pesar de todo albergan hoy muchos venezolanos. Que la tierra te sea leve guaro pelao.

Venezuela: Un peor escenario

Rafael Uzcátegui (*)

Especial para Tal Cual

Es prematuro decidir si se participa o no en unas próximas e hipotéticas elecciones parlamentarias. Pero hay que estar absolutamente claro que, en el caso que no se haga, estaremos en una posición más precaria que la actual para alcanzar la posibilidad de una transición a la democracia.

Mientras escribo estas líneas semanales para Tal Cual, venezolanos en todas partes del país llevan más de 20 horas en colas, intentando abastecerse de gasolina para sus vehículos, luego de los anuncios realizados por Nicolás Maduro sobre la distribución del combustible iraní. En diferentes ciudades, pero también ya en Caracas, hay interrupciones recurrentes y no programadas del servicio de agua y electricidad. Bajo confinamiento, aproximadamente 11 millones de venezolanos se quedaron sin su principal fuente de entretenimiento: Directv. El aumento de la curva de contagio de casos sugiere que estamos entrando en la fase de transmisión comunitaria del Coronavirus, que según las proyecciones de la Academia de Ciencias pudiera tener un pico de entre 2.000 a 4.000 casos al día a partir de este mes de junio. Amplias franjas de la población no cuentan con ingresos suficientes para poner lo mínimo indispensable en la mesa de sus hogares, por lo que están obligados a desafiar la cuarentena para intentar percibir algún dinero adicional. La crisis de servicios básicos: agua, electricidad, gas doméstico entre otros, ocasiona que no se puedan cumplir las normas elementales de higiene y seguridad bajo pandemia. Por otra parte, el estado de alarma se utiliza para aumentar los mecanismos de control sobre los venezolanos, incrementando la censura y la persecución, acabando con los resquicios de libertad que quedaban. Mientras el resto del mundo celebrará el dejar atrás la pandemia, en Venezuela seguiremos lidiando con la ausencia de democracia, el aumento de la pobreza y el reinicio de la peor crisis migratoria de la región en las últimas décadas.

El idioma castellano parece limitado en los adjetivos que pudieran describir, en una sola palabra, la profundidad y extensión del daño antropológicos a los venezolanos. Pero si este escenario de por sí es dantesco, todavía pudiera ser mucho peor. Y para darles un ejemplo próximo y concreto, lo invito a imaginarse una Venezuela en la que el gobierno de facto controle la mayoría de la Asamblea Nacional. No la Constituyente ni el parapeto de Luis Parra, sino la legítima Asamblea Nacional que en diciembre de 2015 fue ganada por la oposición con más de dos millones de votos sobre el chavismo.

Seguramente usted, como muchos otros venezolanos, se estremece cuando escucha hablar de elecciones. Luego que Nicolás Maduro consiguió una fórmula para ganarlas siendo minoría, como ocurrió en mayo de 2018, se ha erosionado la capacidad institucional del sufragio para expresar la opinión soberana de la población. Y por otro lado, quizás se contó entre las personas que cultivó expectativas, que luego se fueron desinflando progresivamente, sobre la posibilidad que el poder legislativo sirviera de contención a la deriva dictatorial del gobierno. Estas dos dimensiones no pueden obviarse de cualquier estrategia para defender el bastión institucional que significa hoy la Asamblea Nacional para el proceso de transición a la democracia. Pero reconociendo estos desafíos también hay que reconocer que el amplio respaldo internacional que posee Juan Guaidó, como presidente interino, deriva precisamente de su rol como presidente del hemiciclo parlamentario. Sin ese piso institucional ese apoyo se reducirá significativamente. Y los partidos políticos democráticos quedarán en una situación mucho más precaria que la de ahora.

Un segundo elemento a considerar es el político-simbólico. Tras unas elecciones amañadas, Maduro obtiene más votos sobre los candidatos no oficialistas que le permita asegurarle al mundo que la mayoría alcanzada por el cambio democrático, en diciembre de 2015, fue perecedera y circunstancial. Se evaporaría así nuestro principal dato cuantitativo -tan necesarios como los apelativos principistas y morales- para argumentar que el deseo de cambio en Venezuela es masivo y extendido. Con una Asamblea Nacional a su favor la dictadura se fortalecerá, aprobando leyes a su favor, como la de la explotación intensiva del Arco Minero del Orinoco, por citar solo un caso.

Mantener la mayoría de la Asamblea Nacional no significará mantener inequívocamente el escenario actual. Haciendo una lectura en positivo la posibilidad para que el campo democrático exprese una opinión sobre la propia conducción de la oposición y si su liderazgo, tal y como está expresado el día de hoy, necesita preservarse o modificarse, continuar o corregir el rumbo.

En este momento no tengo respuestas ni propuestas de como debiera defenderse el bastión institucional democrático de la Asamblea Nacional. Lo que si estoy seguro que controlada la pandemia, realmente, el centro de la disputa política será el control del hemiciclo parlamentario, que con alta probabilidad pasará por la convocatoria a un proceso electoral, en condiciones que estarían por definirse. Estas circunstancias están por definirse, y habrá que luchar intensamente por tener algunas condiciones democráticas para la participación ciudadana. Por ahora pongamos todas las cartas sobre la mesa -no debajo de ella- para saber que nos estamos jugando, para que cualquier decisión sea tomada con absoluto conocimiento de causas y consecuencias.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

La política de reiniciar el decodificador (y esperar)

Rafael Uzcátegui (*)

Especial para Tal Cual

Ese lunes, cuando los venezolanos en cuarentena amanecimos sin Directv, el principal entretenimiento para 11 millones de nosotros, durante las primeras horas un mensaje se viralizó por los agitados foros de Whatsapp. Yo ya había tuiteado que mi madre, con sus setenta y tantos años, me había llamado transformada en un mar de lágrimas por la súbita ausencia de quien consideraba un miembro más de la familia. Y varios bienintencionados me copiaron, por privado, aquel texto. Como una tabla de salvación en aquel Titanic sobrevenido, el mensaje aseguraba que, si se desenchufa el decodificador de Directv por 5 minutos, se volvía a conectar, se esperaba por su reinicio y, listo, “tendrán nuevamente el Directv activo con todos los canales menos los locales”. Mi amigo Luis Francisco Cabezas, que es un avión para las ocurrencias, respondió en uno de los chats: “Me disculpan, pero eso es como si le rezaran una novena al decodificador, hay una decisión tomada y entrará en curso”. Obviando lo cándido, el anhelo me recordaba el voluntarismo mágico, esa particular cultura cimentada en Venezuela como consecuencia de la renta petrolera, donde se espera que, sin mayor esfuerzo -salvo desearlo con frenesí-, las cosas se resuelvan por sí solas.

Un ejemplo del voluntarismo mágico lo encontramos en la estrategia de “la mayor presión posible” que, un sector de la oposición promueve por estas fechas, a la espera que el Coronavirus haga lo que ellos no han podido. Para hablar sobre ello, nos referiremos al artículo “La gasolina y el Estado fallido en Venezuela”, que el Procurador General del gobierno interino, José Ignacio Hernández, publicó en el portal “La gran aldea”.

El propósito del texto es polemizar con quienes han planteado, bajo el escenario del Coronavirus en el país, la necesidad de un acuerdo humanitario entre las diferentes autoridades, para promover la mejor respuesta posible al impacto de la pandemia. Para desarrollar su argumento, el procurador en el exilio orbita en torno a la decisión de Nicolás Maduro de importar gasolina desde Irán. En la primera parte, describe las causas de la escasez de combustible, originadas por la destrucción de la industria petrolera en particular, y de toda la economía en general, por parte del modelo de dominación bolivariano. Lo único que agregaría sería el despido de 18.000 trabajadores petroleros a finales del año 2002, una capacidad técnica que nunca pudo ser sustituida cabalmente. Seguidamente, el texto desgrana el negocio de venta de gasolina por lo que califica correctamente como canales informales e ilícitos, lo que lleva al autor a la conclusión que “En realidad, la gasolina se importa para que las organizaciones informales e ilegales que controlan, en los hechos, la distribución, puedan seguir generando rentas”. El cuarto párrafo nos acerca al corazón del razonamiento: Sería un error pensar que “el problema de la gasolina” requiere de un pacto humanitario, que en su juicio se reduce al levantamiento de las sanciones financieras contra el país: “Si hoy se removiesen las sanciones, Venezuela seguiría siendo un Estado frágil minado con la cleptocracia y el crimen organizado”. La propuesta es revelada en el quinto párrafo: “La creación de un gobierno de emergencia nacional centrado en el Consejo de Estado”, pues “no es posible pensar en mecanismos de importación de gasolina -o de alimentos, entre otros- mientras Maduro y sus élites estén al frente a de la distribución de esos bienes”. Lo medular se deja para el cierre del texto: “La solución a la crisis venezolana, ni tiene solución fácil, ni pasa únicamente por alivios temporales y limitados, como importaciones humanitarias. Plantear como solución medidas que como mucho pueden ser solo paliativas, es una grave distorsión de la realidad. Y esa realidad es que solo la salida del régimen de Maduro puede permitir avanzar en el largo y tortuoso camino de la recuperación de Venezuela. Sin ello, Venezuela no sobrevivirá, por más gasolina que se importe”.

Si se fue tan generoso en la descripción de los condicionantes actuales de la industria de hidrocarburos en el país, uno pudiera preguntarse el porque no hubo un desarrollo similar de cómo se llegaría, en las circunstancias actuales de fragmentación, debilidad del campo democrático e imposibilidad de la acción colectiva, al “gobierno de emergencia nacional, centrado en el Consejo de Estado”. Los mal pensados ya afirman que el anterior significante vacío, el “cese de la usurpación”, estaría siendo sustituido por otro, “gobierno de emergencia nacional”. En mi opinión personal Hernández, está esperando que luego de los 5 minutos de desenchufe, el decodificador de Venezuela se reinicie y aparezca, con todos los canales además, menos el de “Maduro y sus élites”. Como respuesta al minimalismo, soluciones a las necesidades de la población hoy, Hernández contesta con el maximalismo.

En el “Marco para la transición democrática de Venezuela” el Departamento de Estado norteamericano ha establecido, casi al final, como parte de las garantías, que “El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición”. ¿No es este mismo Alto Mando a donde apuntan buena parte de la responsabilidad de los negocios lícitos e ilícitos del país, incluyendo el bachaqueo mayorista de la gasolina? ¿No es aquí a donde apuntan las preocupaciones del Procurador? ¿O quizás a que no sería conveniente, para el aumento de la olla de presión, que los venezolanos tuvieran acceso, largas colas mediante, a 20 litros de combustible para poderse movilizar en sus urgencias?

Al inicio de su disertación, Hernández mismo interroga: “la pandemia del coronavirus representa un alto riesgo para la debilitada sociedad civil. ¿Tiene sentido mantener las sanciones en medio de esta crisis?” Seguidamente nos dice que esta es una pregunta menor, casi baladí, pues la importante, la que debemos hacernos si somos gente, es: “cuál es la causa efectiva que impide al Estado venezolano atender la emergencia”, o más en concreto, “cuál es la causa que afecta el suministro de gasolina en Venezuela”. Esta enunciación sólo la puede hacer de esta manera, como realmente ocurre, alguien que vive fuera del país y no sufre las consecuencias reales y concretas de una Emergencia Humanitaria Compleja bajo una pandemia que ha paralizado al mundo.

Por lo que hemos conocido hasta ahora, la idea de “un gobierno de emergencia nacional” es un deseo, parte de una estrategia política sin correlato en la realidad del trabajo con gente de carne y hueso, que espera que el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja o el impacto del Coronavirus logre por sí sólo, y sin mayor esfuerzo, el reseteo del decodificador, la conmoción necesaria para viabilizar el cambio político. Voluntarismo mágico en pasta. El problema no es sólo que esa noción instrumentalice el sufrimiento de los venezolanos, sino que abandone los principios morales que por lo menos, hasta el 3 de mayo, debían ser propios del campo democrático y no de la dictadura: Poner el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración, en un momento de catástrofe sanitaria que ha ocasionado en pocos meses 349.000 muertos en todo el mundo, en países que tenían un sistema de salud de lejos mucho más robusto y confiable que el nuestro.

Para finalizar, un párrafo para prevenir la crítica fácil. Es imposible tener el mismo nivel de responsabilidad que un gobierno que ha instaurado una dictadura, ha expulsado de manera forzosa del país más de 4 millones de venezolanos, ha asesinado más de 400 personas en manifestaciones y, sólo en el año 2019 asesinó a 23 personas por torturas en el país. Dicho lo anterior afirmo algo adicional. Es una pena que la estrategia del “aumento de la presión” termine considerando al Coronavirus no como una epidemia, sino como una oportunidad para la conquista del poder. Sin trabajo político real de calle, fuera de redes sociales, de inclusión de las mayorías a una narrativa que resucite la esperanza y exorcise la desconfianza, sin esperar pasivamente, con el rosario en la mano, tras el reseteo del decodificador.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea.

Aparece Cuarentena Fanzine: una revista colaborativa realizada bajo aislamiento sanitario

(Caracas, 15 de junio de 2020). A partir de este lunes 15 de junio, a las 5 de la tarde hora venezolana, aparece “Cuarentena fanzine”, una publicación cultural realizada colaborativamente durante los días de aislamiento por Coronavirus. La revista, con más de 200 páginas de contenido, difunde textos de autores de varios países de América Latina sobre música, poesía, cine, ilustración, diseño y la propia pandemia, divulgado como parte de la campaña #QuedateEnCasa.

Fanzine es la abreviación de “Fanatic magazine”, un tipo de publicación irregular aparecida a finales de los 70 a partir de la creación de la fotocopiadora Xerox, que permitía la duplicación de revistas artesanales de tiraje limitado. El espíritu del fanzine, pero llevado a las pantallas de los smartphones, ha sido el formato seleccionado por el venezolano Rafael Uzcátegui para, en sus palabras, “canalizar la energía creativa represada en casa durante el aislamiento sanitario”.

Cuarentena Fanzine es una publicación de más de 200 páginas de contenido diseñadas para ser leídas en los smartphones y tablets, en formato PDF, de descarga gratuita. Los textos versan sobre el propio Coronavirus, entrevistas con Flavio Pedota -director de la película venezolana Infección-, las bandas Limpiacabezales (Barquisimeto) y Delito (Caracas), fotografías de la Fototeca de Barquisimeto sobre los ballets infantil de la ciudad, poesía de Elías Yánez, ilustraciones de Imerio Soto, la galería imaginaria “Caracas City Rockers y un dossier especial sobre el punk latinoamericano.

Cuarentena Fanzine cuenta con las colaboraciones de Martín Roldán Ruiz (Perú), Cristóbal González y Johanna Watson (Chile), Fernando Hurtado (Bolivia), Sebas Tian (Argentina), Jorge Fúnebre Jourdan (Paraguay), Ramita (Uruguay) y Rodrigo Rodríguez, Hadit Montero, Luis Bautista, Salomón Amaya, Daniel Graterol, Ernesto Cuerdas Duras, Kerly Gómez y Carlos Eduardo López de Venezuela.

Rafael Uzcátegui ha realizado fanzines y participado en publicaciones alternativas desde el año 1990. Algunas de ellas han sido El Provo, El Libertario, Exilio Interior Fanzine, Canchunchú Florido, Epa Isidoro, Naufrago de Itaca, entre otras. También es compilador del libro “Educación Anterior: Una historia incompleta del punk en Venezuela” (www.punkenvenezuela.com) y, desde el año 2005, como sociólogo y activista es Coordinador General de la ONG de derechos humanos Provea.

Esta publicación forma parte de la campaña #QuedateEnCasa que, en palabras de Uzcátegui: “En Venezuela ha sido realizada en un 80% por gestores culturales independientes y no estatales. Esta energía movimientista ratifica la capacidad de la sociedad venezolana para regresar a la democracia”.

Cuarentena Fanzine puede leerse online en https://issuu.com/rafaelleonardouzcategui/docs/cuarentenaissuu

Cuarentena Fanzine puede descargarse gratuitamente de:

https://mega.nz/file/UeoAhKIK#x4RPoFhDxgmceuEPOPhcyc3upyKqrxd9JrN_LzKCzSs

https://es.scribd.com/document/465702435/Cuarentena-Fanzine-una-revista-colaborativa-realizada-bajo-aislamiento-sanitario

O solicitarse al correo electrónico: cuarentenafanzine@gmail.com

Venezuela: La crisis llegó a Caracas

Rafael Uzcátegui

Especial para La Silla Vacía

Los caraqueños, que hasta la llegada del Coronavirus, habían sido unos privilegiados, hoy saben por experiencia propia que viven en un país en crisis.

En el año 2014 ocurrió un ciclo de protestas en Venezuela, entre los meses de febrero a septiembre, que finalizaron con un lamentable saldo de 43 personas asesinadas. Para los estudiosos de la acción colectiva una de las novedades de aquellas manifestaciones fue, en un país de tradición centralista, el carácter descentralizado del movimiento. Cualitativa y cuantitativamente las concentraciones en el resto del país fueron tan importantes como las de Caracas. Y si en la capital la principal consiga era “Maduro vete ya”, en las ciudades y pueblos del interior las exigencias sociales tenían tanta importancia como las demandas de cambio político. ¿La razón? La crisis de servicios públicos y escasez de alimentos que, cruzando los límites del área metropolitana del distrito capital, venía sintiéndose con fuerza en los últimos meses.

Mientras el resto del país sufría constantes apagones del servicio eléctrico, falta de gas doméstico y escasez de agua en los hogares, Caracas era privilegiada. Tanto por razones estratégicas como propagandísticas, Nicolás Maduro se aseguraba que nada les faltara a los caraqueños. Mientras la interrupción por varias horas del servicio de transporte subterráneo, el Metro de Caracas, generaba titulares en medios nacionales e internacionales, no había quien escribiera sobre los apagones de varios días en ciudades como Maracaibo, Mérida o Barquisimeto. Generar o impedir acontecimientos en el centro neurálgico del poder en Venezuela ha sido tan efectivo que, en febrero de 2019, cuando los venezolanos de todo el país volvían a protestar luego que 50 países reconocieran a Juan Guaidó como presidente encargado del país, a Nicolás Maduro sólo le bastaba organizar una movilización en Caracas para equilibrar los titulares de las agencias internacionales a su favor: Venezuela -subrayado nuestro- marcha a favor y en contra de Maduro.

La disparidad centro-periferia ha sido tan aguda que, en el año 2019, el desplazamiento interno hacia Caracas compitió con la migración forzada a otros países. El 7 de marzo de 2019 ocurrió el primer apagón eléctrico en todo el país, que para muchos habitantes de las faldas del Cerro Avila fue su cable a tierra que vivían en un país en crisis. En Caracas la interrupción del servicio eléctrico duró 72 horas, con lo que el restablecimiento del servicio en el área metropolitana le permitió a Maduro dejar de ser noticia. Pero en el resto del país tuvieron que esperar 4 días más para encender los bombillos de sus hogares.

El Coronavirus, paradójicamente, ha permitido “socializar” la debacle. Aunque Maduro ha continuado la estrategia de privilegiar a Caracas con respecto al resto del país -por ejemplo habilitando en la ciudad el único laboratorio a nivel nacional para realizar pruebas de despistaje del Covid-19-, la crisis ha terminado por colonizar a la capital. Luego de una avería en el Sistema Tuy II, que bombea agua desde las montañas, los caraqueños padecen la misma situación del resto de los habitantes de esta ribera del Arauca tricolor. Cuando se conoció la noticia que el gobierno había comprado 86 “supercisternas” a China para abastecer de agua a las parroquias capitalinas, los chats de whatsapp reventaron de comentarios que aseguraban que la situación ha llegado para quedarse. El chavismo, que ha demolido todas las tradiciones culturales venezolanas, también ha dejado sin efecto la vieja frase que aseguraba que “Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra”.

El agua no es el único bien escaso en estos días, que antes había sido abundante para los caraqueños. Una segunda nivelación ha sido la de la escasez de combustible. Hasta la llegada de la pandemia, el resto del país tenía racionada la posibilidad de comprar gasolina en un país cuyo primer -y casi único- producto de exportación es el petróleo, mientras los capitalinos llenaban, a placer, su tanque de combustible por menos de dos dólares. La cuarentena le dio oportunidad al gobierno para, por la via de los hechos, reconocer que la capacidad de extracción y refinamiento de crudo por la otrora superpoderosa PDVSA, está por los suelos. De esta manera el decreto de estado de alarma impuso restricciones a la libertad de movimiento, en la letra a las personas, pero en la práctica también a los vehículos. Las calles de las ciudades lucen desiertas, no sólo por el temor al contagio sino, especialmente, por la falta de combustible. En privado, altos funcionarios del gobierno atribuyen a que la transmisión de la epidemia se ha ralentizado en Venezuela, también, por la escasez de gasolina. Hoy en Caracas caminamos la misma distancia para comprar cualquier cosa que el resto de nuestros paisanos. Para aliviar un poco la situación, en esta Venezuela Bizarra, ha sido un acontecimiento la llegada de cinco boques de Irán cargados de alrededor de millón y medio de barriles de gasolina. Si una promesa anterior se hubiera cumplido, también de los iraníes, otro gallo cantaría. Se trató del anuncio realizado por el propio Hugo Chávez, en el año 2008, de la empresa Iraní-Venezolana “Fábrica Nacional de Bicicletas” (Fanabi) para construir 100 mil ciclas por año “a precios solidarios”. Chávez, que era un avión para las ocurrencias, la bautizó “la atómica”, cuando anunció con bombos y platillos la supuesta apertura de la fábrica en el estado Cojedes. Pero al igual que la unidad constituyente más pequeña de la materia, ningún venezolano ha podido ver jamás una “atómica” en el mercado.

Finalmente, la salida del aire de Directv dejó a 13 millones de venezolanos sin su principal fuente de entretenimiento. El 19 de mayo, la empresa estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV Venezuela, anunció el cese de operaciones en el país como consecuencia de la orden del gobierno de EEUU que prohíbe relaciones económicas con determinadas funcionarios o empresas del gobierno de Venezuela, de acuerdo con un comunicado. La prohibición exigía la exclusión de los canales nacionales Globovisión (propiedad de Raúl Gorrín) y PDVSA TV como condición para mantener la operatividad en el país. El gobierno venezolano se negó a eliminar estos canales de la oferta, de manera que AT&T decidió finalizar su actividad en el país. Caraqueños y provincianos por igual han sentido la ausencia como un duelo, la pérdida de un ser querido. La baja tarifa de suscripción, entre 1 y 2 dólares al mes por orden de las autoridades, había hecho realidad la “democratización” de la audiencia de los canales internacionales, en un contexto de hegemonía comunicacional y contenidos ideologizantes en medios públicos de dudosa calidad, que sumados todos no superan el 6% de la sintonía.

Los habitantes de la capital venezolana, hace sólo 20 años atrás la envidia de buena parte de la región, hoy deben adaptarse lo que a todas luces será su “nueva normalidad”, un “uppercut” ascendente a su autoestima. Por su fama de memoria corta, los caraqueños pudieran pensar que la rima de la canción de Ilan Chester, que alguna vez los enorgulleció, son una canción de una serie de ciencia ficción. De esas que, cuentan, pasan por Directv: “Voy de petare rumbo a la pastora / Contemplando la montaña que decora a mi ciudad / Llevando matices de la buena aurora / Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual / Y sabe dios los pintores, las paletas, cuanta pluma del poeta / Cuantos ojos encontraron un momento de solaz”.

Venezuela, imperialismos y militarización

Rafael Uzcátegui

Especial para Revista Ila (Alemania)

La respuesta de las autoridades venezolanas a la emergencia del Covid-19 ratifica la profundidad del pensamiento militarista instalado en el país. Bajo la presión de dos imperialismos, el de Estados Unidos y Rusia, las organizaciones sociales del país continúan insistiendo en una salida pacífica, soberana y democrática del conflicto.

La relación de Estados Unidos con la Venezuela bolivariana ha sido, como lo describe el politólogo Carlos Romero, “esquizofrénica”: “Un gobierno que sataniza a EEUU pero que, al mismo tiempo, obtiene grandes beneficios comerciales de ese país: Venezuela envía 1.300.000 barriles diarios de petróleo y derivados al mercado estadounidense -41% de las ventas totales-, de donde importa bienes y servicios”. Siendo cierta la confrontación entre ambos países, agudizada desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, la realidad refuta el mito “Estados Unidos ataca a la revolución bolivariana por su interés en apropiarse del petróleo venezolano”. De hecho la empresa Chevron participa en 4 proyectos de extracción de petróleo dentro del país bajo la modalidad de “Empresas mixtas”, creadas por Hugo Chávez en el año 2007 para atraer inversión privada internacional al sector energético, cuya actividad genera 9 de cada 10 dólares que ingresan a las finanzas del Estado. La relación está cambiando ahora, cuando la administración Trump ha asumido la política de “máxima presión sobre Maduro”, aumentando las sanciones financieras que obligarán a Chevron cerrar sus operaciones en Venezuela el próximo 1 de diciembre. La decisión intenta influir el voto latino en las próximas elecciones estadounidenses en la que Trump busca su reelección. A pesar de cierta retórica pública de funcionarios de la Casa Blanca que afirman que “Todas las opciones están sobre la mesa” para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, fuentes informadas dentro del país descartan la posibilidad de una intervención militar. Geoff Ramsey, miembro de la ONG progresista Oficina de Washington para América Latina (WOLA), ha declarado: “EEUU ha descartado una intervención por razones políticas, saben que sería impopular en la región porque hasta ahora el Grupo de Lima -coalición de gobiernos latinoamericanos – se ha mantenido firme en apoyar una salida pacífica. Y también sería impopular dentro de EEUU, no hay mucho apoyo doméstico para intervenciones militares en otros países luego de las experiencias de Irán y Afganistán. Y mucho menos en temporada de campaña electoral”.

No obstante, una discusión honesta sobre la injerencia imperialista en Venezuela debe incluir a Rusia. En su estrategia de construir un “mundo multipolar”, Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, se han hecho alianzas con países como Irán, Corea del Norte, China, Turquía y Rusia. Este último ha invertido 17.000 millones de dólares en inversiones de petróleo y gas en Venezuela. Entre ambas naciones hay un convenio para abrir la primera fábrica de fusiles Ak-103 en América Latina, con capacidad para ensamblar 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año, y que había previsto su apertura para finales del año 2019. Hasta que en el país apareció una crisis económica, consecuencia de la caída internacionales de los precios del petróleo y gas, Venezuela lideraba regionalmente la importación de armas, según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI). Su principal proveedor de armamento fue Rusia, que para el año 2012 vendió equipamiento militar por 410 millones de dólares. Entre los años 2000 al 2009 Venezuela compró al estado ruso armas por 2.068 millones de dólares. Un ejemplo de la influencia actual de Vladimir Putin lo constituye la asesoría militar que oficiales rusos realizaron a soldados venezolanos en el terreno para enfrentar el reciente intento de invasión armada por las costas del país, conocido como “Operación Gedeón”.

La participación de Estados Unidos y Rusia en la crisis venezolana ha ocasionado que algunos analistas, como Andrei Serbín de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), sostenga que el conflicto se ha transformado en una “disputa geopolítica”, a la que suma la participación de China.

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Covid-19 y militarismo

Venezuela posee una tradición militarista anterior a la revolución bolivariana, que fue profundizada por el triunfo electoral de Hugo Chávez a finales de 1998. Al inicio del período democrático, en 1958, los principales partidos -con exclusión del Partido Comunista- suscribieron un acuerdo de alternabilidad conocido como el “Pacto de Punto Fijo” que, entre otros objetivos, buscaba “devolver a los militares a los cuarteles”, subordinándolos a las autoridades civiles. Y aunque mantuvieron un importante protagonismo en las décadas posteriores, su beligerancia política abierta comienza en 1999, cuando la nueva Constitución les otorga el derecho al voto. La primera política social ejecutada por el chavismo, el “Plan Bolívar 2000”, fue implementada por el ejército venezolano. Militares activos, o en situación de retiro, comenzaron a dirigir ministerios, gobernaciones y alcaldías. Una lógica militar, y no de movimientos de base, fue la que organizó desde el Estado al movimiento bolivariano, con estructuras verticales, nombres y una narrativa basada en el imaginario de las Fuerzas Armadas.

En el año 2013 las expectativas que un presidente civil, Nicolás Maduro, detuviera la tendencia militarista se evaporaron rápidamente. Una de sus primeras decisiones fue permitir la participación de militares en tareas de seguridad ciudadana. En el año 2015 comenzaron los llamados “Operativos de Liberación del Pueblo” (OLP), de manera conjunta entre fuerzas militares y policiales en barrios populares, que en sus primeros cinco meses ocasionaron 245 víctimas de violación al derecho a la vida, según datos del Ministerio Público. En el año 2017 las OLP fueron sustituidas por una nueva policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas para actuar en operaciones de alta letalidad (secuestros y operaciones antiterroristas), pero que en la práctica pasaron a protagonizar operativos de seguridad ciudadana similares a la OLP.

La grave situación de derechos humanos en Venezuela ha sido reflejada en el más reciente informe sobre el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resultados divulgados por Michelle Bachelet. Sobre la FAES afirma: “Miles de personas han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”, incluyendo en sus recomendaciones: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales”. En una actualización sobre la situación del país, realizada en septiembre de 2019, Bachelet se refirió al uso de tribunales militares contra civiles, cuando rechazó la sentencia de 5 años contra el sindicalista Rubén González: “La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

Ante su creciente impopularidad, las Fuerzas Armadas constituyen el principal pilar de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, cuya gestión ha ocasionado que más de cuatro millones de venezolanos hayan abandonado el país como migrantes forzados, según datos de ACNUR. La persecución por razones políticas es particularmente hostil contra militares descontentos y el sector del bolivarianismo, denominado “chavismo crítico”, opuesto a su gobierno. Según los datos de Provea 44 de sus miembros han sufrido detenciones, hostigamiento y despidos de sus trabajos, con un caso de una persona asesinada, Alí Domínguez, el 6 de marzo de 2019. De la cifra actual de 402 presos políticos, según el Foro Penal, dos de ellos son militares que ejercieron altos cargos durante la presidencia de Hugo Chávez: Raúl Baduel y Miguel Rodríguez Torres.

La militarización existente hoy en Venezuela también se refleja en la respuesta de las autoridades al Covid-19. Más que una emergencia sanitaria, el virus está siendo enfrentado como un enemigo político y militar. Un decreto de estado de alarma ha ordenado una cuarentena desde el 13 de marzo de 2020, de manera similar al resto del mundo. Lo que es diferente es la exclusión del conocimiento médico y técnico en la respuesta, de espaldas a todos los sectores de la sociedad útiles en este momento. La vocería ha suprimido al ministro de salud, siendo asumida por la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y el ministro de defensa. Para mantener al máximo el control de la información, sólo se ha habilitado a un laboratorio en todo el país para realizar pruebas de despistaje, con una capacidad diaria para un máximo de 200 pruebas. Al aprovechar la cuarentena para aumentar los mecanismos de control de la población, el gobierno ha incrementado la censura hasta el punto de criminalizar al único informe divulgado públicamente sobre posibles escenarios de contagio, realizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En dos meses de Cuarentena dos personas han sido asesinadas por participar en manifestaciones por agua, electricidad y comida, 22 periodistas han sido detenidos por realizar su labor informativa y 11 médicos por denunciar que no tenían implementos suficientes en los hospitales.

Organizaciones sociales y populares venezolanas han insistido en una salida democrática y pacífica del conflicto, donde las personas puedan decidir, en elecciones libres, el destino del país, rechazando las injerencias tanto de Estados Unidos como de Rusia. El cierre de la posibilidad de una salida noviolenta está generando condiciones para la aparición de la violencia.

Por una transición con principios

Rafael Uzcátegui

Los últimos hechos ocurridos en Venezuela parecen congelar la posibilidad de un cambio político negociado a corto plazo. Sin embargo, la desesperación por lograr el cese de la usurpación no puede hipotecar los principios éticos y morales que, con mucha dificultad, se han ido incorporando en la narrativa de la ofensiva democrática en el país.

En la teoría sobre la acción colectiva, que intenta explicar por qué la gente se moviliza para exigir cambios en su entorno, se ha concluido que los agravios e injusticias sociales no son suficientes, por sí mismos, para iniciar una protesta masiva. Siguiendo la reflexión de Salvador Martí y Puig, académico de la Universidad de Girona en España sobre los movimientos sociales, para que se genere un movimiento por el cambio debe existir una conciencia de la situación, por un lado, y un discurso que interprete y comunique la relación de esa realidad injusta con las políticas emanadas por el poder de turno. Además de lo pedagógico, el discurso debe justificar, dignificar y animar a la acción colectiva. De esta manera tiene la capacidad de sacar el descontento individual del ámbito privado, donde se padece como consecuencia de una humillación, elevándolo a la dimensión pública como parte de un rechazo grupal al abuso, con lo que su expresión abierta se dignifica desde el “nosotros”. Al identificar un blanco para los agravios, el discurso también comunica las reivindicaciones y fomenta símbolos capaces de movilizar a la gente.

Snow y Benford han señalado que un movimiento social es un actor político colectivo, creador de significados con el objetivo de desafiar los discursos sociales dominantes y exponer una forma alternativa de definir e interpretar la realidad. Por ello, tan importante es la acción política concreta como la elaboración de una narrativa que lo acompañe, la legitime y la refuerce. Este discurso crea una visión compartida para todos los que confluyen en el movimiento, utilizando elementos ya existentes en la sociedad (referentes culturales y episodios históricos), así como valores y principios que antagonizan con lo negativo que representa el poder de turno.

Para Gamson y Meyer “el discurso de los movimientos sociales debe incidir sobre tres aspectos que son esenciales para la acción colectiva: la injusticia, la identidad y la eficacia. El primero permite definir a ciertas condiciones sociales como problemáticas; el segundo persigue construir una identidad, un sentido de pertenencia entre los miembros del movimiento, un “nosotros” y un “ellos” sobre los que recae la responsabilidad por las condiciones adversas que se pretenden modificar; y finalmente, también es preciso que los integrantes y simpatizantes asuman que sus acciones pueden ser eficaces para conseguir los objetivos propuestos”. Estos dos autores identifican dos tipos de discurso: La retórica del cambio y la retórica reactiva. Esta última hace hincapié en los temas de riesgo (se pierde mas de lo que se gana), la conformidad (no existe oportunidad para el cambio) y los efectos perjudiciales (la actuación para el cambio no haría sino empeorar las cosas). En cambio, la retórica del cambio resalta los temas de urgencia (la inactividad es más arriesgada que la acción), la actividad (necesidad de aprovechar la apertura de oportunidades del momento) y la posibilidad (las nuevas oportunidades contrarrestan los posibles efectos perversos).

Construyendo el sentido al movimiento

Lo anterior nos ayuda a explicar el papel de las narrativas en el conflicto venezolano. En su mejor momento el chavismo fue un movimiento social no sólo porque tenía un líder carismático como Hugo Chávez, sino porque supo construir discursivamente un imaginario que mantenía movilizados y cohesionados a sus seguidores. Si recordamos, este discurso tenía una promesa de futuro, el “socialismo del siglo XXI”, cuya definición era tan ambigua que permitía ser completado con los propios deseos y expectativas de sus seguidores. Siguiendo la lógica populista de la controversia y la separación, definió perfectamente un “ellos” y “nosotros”. Además, utilizó diferentes referentes culturales (Mr Danger, Florentino y el Diablo por citar sólo dos) que ratificaban permanentemente el sentido del movimiento y transmitían a un público amplio los valores que enarbolaban y un fuerte sentido de pertenencia a la identidad “chavista”. La evaporación del chavismo como “movimiento” fue consecuencia de la desaparición física de Hugo Chávez, por un lado, la emergencia de la crisis económica que erosionó las políticas sociales que materializaban el supuesto interés en el bienestar del pueblo así como por los reveses electorales, corrupción y represión que disminuyeron sus bases de apoyo internacional. Hoy los mitos, rituales, símbolos y la promesa de futuro del chavismo han desaparecido, por lo que Nicolás Maduro no tiene la posibilidad de movilizar a amplios sectores de la sociedad por si mismo, por la sencilla razón que no representa un movimiento, sino que encabeza un gobierno basado en la represión y el temor.

En contraste, durante muchos años la oposición tuvo como principal argumento narrativo el rechazo a todo lo que representaba el chavismo. La principal debilidad de su cuerpo discursivo es que la oposición no sustituyó el vacío dejado por el bolivarianismo con su propia promesa de futuro en la que amplias mayorías del país se sintieran identificadas. Salvo el uso del tricolor, fueron las protestas de los años 2014 y 2017 que estimularon que el ciudadano común aportara el contenido faltante al movimiento de rescate por la democracia, generando símbolos, canciones, íconos y, lamentablemente, mártires. Todos los factores comenzaron a confluir para que los esfuerzos de rescate de la institucionalidad democrática se transformaran en un movimiento. Uno que comenzó a levantar principios morales (la no discriminación, la inclusión, igualdad de oportunidades, la libertad) que daban sentido a su acción.

Como bien lo sabe el chavismo, estos principios no son estáticos y deben ratificarse permanentemente, no sólo con hechos sino también con las palabras. Lo peor que le puede pasar al movimiento democrático que se opone a la dictadura de Nicolás Maduro es que, en el plano del discurso -que como vimos es fuente permanente de legitimación, adhesión y movilización- su antagónico comience a disputarle la propiedad de los valores éticos que le dieron origen. Podemos ser ineficaces en el logro de nuestros objetivos, pero abandonar el terreno de los principios por abrazar un pragmatismo cortoplacista es, sencillamente, suicida.

El liderazgo opositor perdió una oportunidad cuando decidió boicotear la propuesta de una tregua humanitaria y sumarse a la ofensiva lanzada por el Departamento de Justicia en Estados Unidos. El mensaje de fondo de la propuesta era que, en medio de la emergencia sanitaria, el bienestar de la gente estaba por encima de cualquier otra consideración. Juan Guaidó optó por hablar de la lucha contra el narcotráfico. Lo que interpretó un importante sector de la población es que la oposición usaba al Coronavirus como una herramienta para alcanzar lo que por su propia estrategia no había logrado. Y Maduro quedó como el adalid del interés por la gente, como recuerda cada vez que puede: “Estaba dispuesto a firmar un acuerdo humanitario y la oposición no”.

De los episodios recientes el retroceso más grave en la narrativa basada en los principios lo constituye la declaración dada por JJ Rendón, en ese momento parte del “Comité de Estrategia del gobierno interino”, al Washington Post a raíz de los hechos de Macuto: “Guaidó estaba diciendo que todas las opciones estaban sobre la mesa y debajo de la mesa.  Estábamos cumpliendo ese propósito”. En lo que es un acuerdo para reducir los daños, junto a Sergio Vergara renuncia a su cargo sin explicar con claridad su vinculación con el oscuro ex boina verde norteamericano Jordan Goudreau. La respuesta del presidente de la Asamblea Nacional aumenta el desconcierto: “Agradezco y reconozco el compromiso que han demostrado con Venezuela, así como el paso que dan en el marco de la lucha que estamos librando por la Libertad y la Democracia”. Ninguna amenaza de Maduro puede dinamitar el actual movimiento democrático como el respaldo a la estrategia de jugar con cartas debajo de la mesa.

Con o sin Guaidó el esfuerzo por transitar de la dictadura a la democracia debe tener dentro de sus baluartes más preciados el apego a principios morales y éticos que sean precisamente lo contrario a lo que representa un gobierno que ha expulsado de manera forzosa a más de 4 millones de venezolanos, asesinado a más de 300 personas en manifestaciones y condena a la miseria y al ostracismo al resto. En 1998 la opción de dejar atrás a los adecos y los copeyanos, de cualquier manera, es lo que precisamente nos trajo hasta acá.

En lo personal prefiero una derrota -que siempre será circunstancial- con principios que una victoria sin ellos.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea