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CONSENSO y el Referéndum sobre Guayana Esequiba

CONSENSO, espacio unitario para el cambio político con sentido nacional, popular, democrático y ciudadano, se dirige al país para fijar posición con motivo del referéndum a celebrarse el próximo domingo 3 de diciembre:

En CONSENSO hay consenso sobre el asunto de fondo: el territorio del Esequibo objeto de reclamación, y su proyección marítima, forman parte de la nación venezolana desde su fundación, porque ella se levanta como república soberana sobre los territorios que constituyeron la Capitanía General de Venezuela antes de la Declaración de independencia, el 19 de abril de 1810. Así lo recoge el artículo 10 de nuestra Constitución, la cual, por cierto, ya fue votada en el referéndum aprobatorio de 1999, y reafirmada después, con motivo del referéndum de 2007 que pretendió sin éxito modificarla.

En CONSENSO también hay consenso en que el Laudo Arbitral de 1899, mediante cual Inglaterra, en complicidad con los Estados Unidos, pretendieron arrebatarnos la Guayana Esequiba es nulo e írrito. El mismo constituye un despojo colonialista fraguado entre estas potencias imperiales, en un acto en el cual no estuvieron representados los dos países implicados en el asunto: Guyana, porque no existía aún como república independiente. Venezuela, porque nuestra representación fue usurpada por los Estados Unidos.

En CONSENSO hay consenso en respaldar firmemente el espíritu y letra del Acuerdo de Ginebra de 1966, cuya sola existencia valida nuestra reclamación territorial poniendo en cuestión el referido Laudo, al tiempo que privilegia la vía de la negociación bilateral para la búsqueda de una solución práctica que resulte satisfactoria a ambas partes.

Si todo lo dicho no está en discusión para nosotros, la pertinencia y conveniencia del referéndum del próximo 3 de diciembre sí debe ser analizada. En primer lugar, porque los asuntos de fondo no deberían ser consultados sino asumidos y defendidos, firme y consecuentemente, por quienes ocupan el Estado y el gobierno, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 10, 11, 13 y 15 constitucionales, y es esto precisamente lo que no ha ocurrido.

En efecto, quienes hoy, de forma repentina promueven este referéndum, ataviados de una diplomacia de micrófono sospechosamente altisonante y provocadora, durante al menos 20 años abandonaron nuestra histórica reclamación. No fue solo descuido, negligencia, impericia e irresponsabilidad lo que condujo a los representantes del régimen a colocar en segundo plano la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Fue también, y principalmente, una geopolítica delirante y grandilocuente, a través de la cual se pretendió asumir el liderazgo sobre los países del Caribe de cara a la comunidad internacional, con base en una política demagógica y derrochadora, sustentada en una chequera petrolera que el oficialismo se encargó de vaciar, en el peor latrocinio que conozca nuestra historia, mientras conducía a la ruina nuestra industria petrolera nacional.

Es necesario recordar que en febrero de 2004, siendo Hugo Chávez presidente y Nicolás Maduro canciller, le otorgaron un cheque en blanco a Guyana para que explorara y explotara las riquezas contenidas en nuestra Guayana Esequiba, como parte de esta “seductora” y contraproducente geopolítica. Al amparo de esta licencia irresponsable y antinacional, frente a la cual guardan silencio quienes hoy se rasgan las vestiduras con un dudoso nacionalismo, Guyana ha ido avanzando en su plan sistemático y sostenido de ocupación, poblamiento y promoción de inversiones en el territorio objeto de nuestra reclamación, en las aguas marinas y submarinas que constituyen su proyección en el mar y aun en aquellas que no forman parte de la disputa porque se admiten como ámbito de nuestra soberanía.

¿Qué han hecho frente a esto quienes convocan este referéndum? Durante largos años miraron para otro lado a fin de no ver; más recientemente gritan improperios, insistimos, en una sospechosa diplomacia de micrófono, sin promover ni una sola vez alguna solicitud de medidas provisionales, ante las instancias previstas en el Acuerdo de Ginebra, contra las acciones ilegales, unilaterales y arbitrarias de Guyana; a diferencia de ésta que sí ha recurrido a ellas cada vez que lo ha considerado necesario.

Quienes hoy invocan el Acuerdo de Ginebra en oposición a la Corte Internacional de Justicia mienten conscientemente. Ocultan que la CIJ es una de las vías contempladas en el Acuerdo que todos defendemos, en el caso de que se agoten los esfuerzos por alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio a las partes a través de la negociación bilateral. Más grave aún, ocultan que ya el caso fue colocado bajo la jurisdicción de dicha Corte a instancias de Guyana, por iniciativa de la Secretaría General de la ONU, con la admisión expresa de la representación venezolana y con dos decisiones a través de las cuales declara su competencia en el caso.
Quienes promueven este referéndum también ocultan los alcances contenidos en la pregunta 5. Su consecuencia práctica podría ser la declaración de un conflicto bélico con Guyana, con la excusa del cual el régimen podría declarar un estado de emergencia nacional que sirva de excusa para eludir la obligación constitucional de realizar la elección presidencial en 2024. El 85% de nuestros compatriotas está descontento y anhela cambios, tal como lo demostraron los dos millones y medio que participaron en la elección primaria realizada el 22 de octubre por un sector de la oposición. A esta realidad huye un régimen que se sabe derrotado y que inventa toda clase de maniobras para impedirlo.

La cúpula que desgobierna, a lo largo de los últimos años ha negado sistemáticamente los recursos para la educación, la salud y demás servicios públicos; para dignificar y hacer justicia con las remuneraciones y salarios del magisterio, los trabajadores universitarios, los jubilados y pensionados y demás trabajadores públicos y privado, con la excusa de que no existe disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, de la noche a la mañana, como por arte de magia aparecen miles de millones de dólares que se derrochan en un referéndum inoficioso e innecesario, cuando lo que tendrían que hacer es precisamente lo que no hicieron durante todos estos años: defender la soberanía e integridad territorial de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en la Constitución ya votada e interpretando el sentir de todos nuestros compatriotas, del cual hace ya largo tiempo se divorciaron.

Finalmente, es necesario decir que detrás de las posturas de los gobiernos de Guyana y Venezuela se ocultan los intereses voraces de las potencias imperialistas y las transnacionales, encabezadas por los Estados Unidos, China y Rusia, ávidas de explotar para sus beneficios, a expensas de nuestros pueblos y de la depredación de la naturaleza, las inmensas riquezas minerales y estratégicas que alberga la Guayana Esequiba, más allá del petróleo y gas. Dichas potencias han avanzado ya un buen trecho en este camino, con la avaricia de socio menor del gobierno guyanés y la inacción y el silencio cómplice del régimen de Maduro.

En consideración de todo lo anterior, en CONSENSO defendemos la soberanía pero condenamos la demagogia y el engaño. Defendemos nuestra Guayana Esequiba pero rechazamos la manipulación politiquera y advertimos, responsablemente, acerca de los peligros implicados en la sospechosa estrategia seguida por los gobiernos de ambos países. De nuestra parte, comprometemos nuestro esfuerzo por la preservación de la paz y la solución práctica de la controversia, dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra; así como al diseño y puesta en práctica de una política de fronteras dirigida al desarrollo de estos territorios y al ejercicio efectivo de nuestra soberanía en ellos, dentro de un clima de paz, democracia, progreso y bienestar para sus habitantes y para los pueblos de ambas naciones.

Quienes promueven este referéndum también ocultan los alcances contenidos en la pregunta 5. Su consecuencia práctica podría ser la declaración de un conflicto bélico con Guyana

La disruptiva recuperación de los rituales

En aquel inicio de 1991 la Navidad se extendió un mes adicional en Barquisimeto. Su equipo local, los Cardenales de Lara BBC, luego de 22 años como regular en la Liga Venezolana de pelota profesional, se titulaba por primera vez como campeón del circuito. La celebración fue orgiástica. Las calles se inundaron de personas, de todas las edades y clases sociales, que veían en aquella victoria 4 a 2 sobre su némesis, los Leones del Caracas, una soberbia y definitiva reivindicación del gentilicio. Fui testigo del acontecimiento. En medio del frenesí, subí a una camioneta desconocida que nos paseó por el oeste de la ciudad, orbitando alrededor del “Antonio Herrera Gutiérrez”, bunker de los pájaros rojos. Personas desconocidas se abrazaban, bailaban juntas y compartían la bebida que tuvieran a mano. Ser “guaro” era una identidad que, aquella noche de alegría desbordada, debía festejarse intensamente junto a los pares.

¿Qué acontecimiento similar pudiera hoy unir a los venezolanos y venezolanas? Con Marino Alvarado, abogado en derechos humanos, tachamos recientemente un sinfín de posibilidades (gastronómicas, culturales, académicas y deportivas), para concluir que un eventual pase al Mundial de la selección Vinotinto pudiera trascender, transversalmente, la polarización. Y por un tiempo limitado. Estas ausencias han sido consecuencia de lo que los cubanos califican como “Daño antropológico”: La capacidad de gobiernos con vocación totalitaria para intervenir los proyectos de vida de la población. Es más profundo que una crisis institucional o de la suma de graves violaciones de derechos humanos. Sería el resultado de una labor paciente para aislar a los individuos, dinamitando sus vínculos previos con sus iguales y consigo mismo, para construir un férreo tejido vertical de dependencia con el gobierno. La estatización completa de la vida cotidiana.

«Estas ausencias han sido consecuencia de lo que los cubanos califican como “Daño antropológico”: La capacidad de gobiernos con vocación totalitaria para intervenir los proyectos de vida de la población»

Para la sociología los rituales son prácticas colectivas simbólicas que tienen por objeto recrear a la propia comunidad, reuniéndola en la celebración de un acontecimiento. El rito revive la cohesión del grupo y por lo tanto también contribuye a la construcción y fortalecimiento de su identidad. Si el objetivo de autoritarismos como el bolivariano es dinamitar todos los vínculos ajenos a sí mismo, uno de las metas ha sido implosionar la autopercepción de los venezolanos, entre otras cosas, pulverizando los eventos y acontecimientos en donde se reconocían. El chavismo hizo del culto a la personalidad su único valor constante. Por eso el último ritual del modelo de dominación que construyeron fue el entierro de Hugo Chávez.

Para Byung Chul-Han los ritos transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad, transformando el “estar en el mundo” en un “estar por casa”. Es deliberado, por ello, el no reconocemos el país que hoy tenemos. La República Bolivariana de Venezuela es un territorio de exilio, interior y exterior, para sus habitantes. Por tanto la migración forzada es un componente estructural de su gobernanza. Si nos parece que padecemos un “loop” interminable es porque, según el filósofo coreano, los rituales configuran transiciones esenciales en la vida: “Son formas de cierre. Sin ellos, nos deslizaríamos de una fase a otra sin solución de continuidad”. El ser venezolano o venezolana es vivido hoy como un trauma, como lo experimentan los miles de compatriotas que en este momento padecen la experiencia biopolítica de la xenofobia.

Según un estudio de la encuestadora Delphos, de septiembre 2002, el 84,1% de los 1.200 encuestados no había asistido a un festival cultural tradicional en los últimos 6 meses. El 71,7% no había leído un libro en el último semestre. Detrás de la simulación de una revolución inclusiva, la realidad. A la pregunta sobre qué actividad cultural o deportiva realizaban los fines de semana, el 39.4% respondió “Ninguna/Nada”, mientras que el 27.2% seleccionó “Caminar”. Ir al cine, por citar una actividad conocida, fue la alternativa de apenas 2,5% de los encuestados. La única actividad con expectativa de repetición -una característica del ritual- es la recepción de las bolsas Clap.

Si el chavismo es fragmentación de la vida en común, cualquier actividad que contribuya a la creación de espacios de confianza entre venezolanos será una actividad de resistencia. En una reunión Jaime Nestares, director de Radio Caracas Radio, nos relataba cómo en la España franquista fueron los grupos de montañismo la excusa para reconstruir lazos entre españoles, que a la larga permitieron de nuevo pensar la recuperación de la ciudadanía. Si no nos hacemos cargo de volver a crear y revitalizar los vínculos entre nosotros, eso que llaman el tejido social horizontal, cualquier acción política seguirá siendo un improbable. O dependiente de acontecimientos promovidos por otros. La “desconfianza”, según las Ciencias Sociales, ocurre cuando percibimos que los demás no son fiables, pues es imposible predecir su comportamiento. No se recupera la confianza por decreto. Y una vía para comenzar esta tarea es recuperar, estimular y promover acciones rituales. Está todo por recuperar. Pensemos, por ejemplo, que la crisis inducida por el chavismo pulverizó el otrora rito social venezolano por excelencia: Compartir una taza de café. Por algo debemos comenzar.

Publicado en Tal Cual

ONG venezolanas apoyan llamado a inmediato cese al fuego en el conflicto armado en Israel y Palestina

Las organizaciones de derechos humanos venezolanas firmantes condenamos los crímenes de guerra cometidos el conflicto armado en Israel y Palestina, y respaldamos los llamados del Secretario General de las Naciones Unidas y del Comité Permanente entre Organismos de la ONU, para un inmediato y humanitario cese al fuego y para que se cumpla con la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Abogamos porque que sean tenidos en cuenta los llamados de relatores y grupos de trabajo de las Naciones Unidas pidiendo el respeto a los derechos humanos y al Derecho Humanitario. En diez comunicados emitidos han condenado los ataques contra la población civil y la toma de rehenes, el traslado forzado de población, los ataques contra hospitales, ambulancias y personal sanitario y los asesinatos de miles de niños y niñas. Han recordado los relatores que cuando se invoque la lucha contra el terrorismo no se puede violar el Derecho Internacional y que se deben respetar los derechos de las víctimas, y han llamado a los abogados que asesoran al gobierno de Israel a negarse a autorizar acciones que puedan constituir crímenes de guerra. Respaldamos sus llamados en favor de un inmediato cese al fuego en particular para prevenir un genocidio, tras constatar que existe un grave riesgo de “masiva limpieza étnica” contra el pueblo palestino. Rechazamos toda forma de castigo colectivo como consecuencia de la privación de agua, alimentos y energía contra la población civil.

Apoyamos el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño condenando “enérgicamente la escalada de ataques de Israel contra objetivos civiles en la Franja de Gaza, que ha provocado la muerte de más de 3.500 niños desde el 7 de octubre de 2023” y que también se manifestó “profundamente preocupado por los niños que continúan retenidos como rehenes”.

Respaldamos el trabajo de las agencias humanitarias intergubernamentales y no gubernamentales y de los periodistas que cubren el conflicto. Condenamos el asesinato de 77 trabajadores humanitarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) durante bombardeos en Gaza. Condenamos el asesinato de 31 periodistas ocurridos desde el 7 de octubre y esperamos que el Fiscal de la Corte PenaI Internacional (CPI) considere la denuncia presentada por los colegas de Reporteros sin Fronteras por estos crímenes.

Respaldamos la labor del Fiscal de la CPI y de su Oficina, quien ha ratificado su competencia para conocer de crímenes a cometidos en Palestina y crímenes cometidos por nacionales de Palestina o de cualquier Estado parte al Estatuto de Roma. Lamentamos que no haya podido ingresar ni a Gaza ni a Israel para ejercer sus competencias. Apoyamos sus esfuerzos para que los responsables de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos, respondan algún día ante la justicia y que las víctimas tengan derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Instamos a la Comunidad Internacional a respaldar los urgentes llamados al cese al fuego, a que se permita el ingreso, acorde a los estándares de la ONU, de la ayuda humanitaria a Gaza, y a propiciar las condiciones necesarias para que se imponga la vía negociada al conflicto.

Suscriben:
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Comisión de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
Comisión Nacional de DDHH del Estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
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Comité para la defensa de los Derechos Humanos parroquia Coche
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Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
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Vicaría de DDHH Arquidiocesis de Barquisimeto

ONG venezolanas apoyan llamado a inmediato cese al fuego en el conflicto armado en Israel y Palestina, se cumpla el Derecho Humanitario y se investigue a los responsables de los crímenes

Las organizaciones de derechos humanos venezolanas firmantes condenamos los crímenes de guerra cometidos el conflicto armado en Israel y Palestina, y respaldamos los llamados del Secretario General de las Naciones Unidas y del Comité Permanente entre Organismos de la ONU, para un inmediato y humanitario cese al fuego y para que se cumpla con la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Abogamos porque que sean tenidos en cuenta los llamados de relatores y grupos de trabajo de las Naciones Unidas pidiendo el respeto a los derechos humanos y al Derecho Humanitario. En diez comunicados emitidos han condenado los ataques contra la población civil y la toma de rehenes, el traslado forzado de población, los ataques contra hospitales, ambulancias y personal sanitario y los asesinatos de miles de niños y niñas. Han recordado los relatores que cuando se invoque la lucha contra el terrorismo no se puede violar el Derecho Internacional y que se deben respetar los derechos de las víctimas, y han llamado a los abogados que asesoran al gobierno de Israel a negarse a autorizar acciones que puedan constituir crímenes de guerra. Respaldamos sus llamados en favor de un inmediato cese al fuego en particular para prevenir un genocidio, tras constatar que existe un grave riesgo de “masiva limpieza étnica” contra el pueblo palestino. Rechazamos toda forma de castigo colectivo como consecuencia de la privación de agua, alimentos y energía contra la población civil.

Apoyamos el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño condenando “enérgicamente la escalada de ataques de Israel contra objetivos civiles en la Franja de Gaza, que ha provocado la muerte de más de 3.500 niños desde el 7 de octubre de 2023” y que también se manifestó “profundamente preocupado por los niños que continúan retenidos como rehenes”.

Respaldamos el trabajo de las agencias humanitarias intergubernamentales y no gubernamentales y de los periodistas que cubren el conflicto. Condenamos el asesinato de 77 trabajadores humanitarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) durante bombardeos en Gaza. Condenamos el asesinato de 31 periodistas ocurridos desde el 7 de octubre y esperamos que el Fiscal de la Corte PenaI Internacional (CPI) considere la denuncia presentada por los colegas de Reporteros sin Fronteras por estos crímenes.

Respaldamos la labor del Fiscal de la CPI y de su Oficina, quien ha ratificado su competencia para conocer de crímenes a cometidos en Palestina y crímenes cometidos por nacionales de Palestina o de cualquier Estado parte al Estatuto de Roma. Lamentamos que no haya podido ingresar ni a Gaza ni a Israel para ejercer sus competencias. Apoyamos sus esfuerzos para que los responsables de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos, respondan algún día ante la justicia y que las víctimas tengan derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Instamos a la Comunidad Internacional a respaldar los urgentes llamados al cese al fuego, a que se permita el ingreso, acorde a los estándares de la ONU, de la ayuda humanitaria a Gaza, y a propiciar las condiciones necesarias para que se imponga la vía negociada al conflicto.

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Sábato en Caracas

Rafael Uzcátegui

El 19 de mayo de 1976 se organizó un almuerzo en la Casa Rosada, Buenos Aires, que generó indigestiones décadas después, cuando su anfitrión falleció de una hemorragia interna y los comensales fueron sentados, por la opinión pública, en el banquillo de los acusados. Esa tarde el dictador Jorge Rafael Videla recibía a los intelectuales Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Horacio Ratti y el padre Leonardo Castellani. El ágape ocurría dos meses después del golpe contra María Estela Martínez de Perón. Al salir, el autor de “El Túnel” declararía a los periodistas: “El general me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresiono la amplitud de criterio y la cultura del presidente”. Este episodio, poco comentado por el escritor, saldría a relucir tras la muerte de Videla. El cura Castellani declararía tiempo después: “En mi criterio, ninguna de ellas -las propuestas habladas en la reunión- fue importante, porque estaban centradas exclusivamente en lo cultural y soslayaban lo político. Sábato y Ratti hablaron mucho sobre la ley del libro, sobre el problema de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y los derechos de autor”. Si Sábato uso ese “canal abierto” con la Casa Rosada para alguna causa noble, la petición por algún preso político por ejemplo, nunca se ha sabido.

Tras el regreso a la democracia, en 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), designando como su presidente a Ernesto Sábato. Su informe “Nunca más”, divulgado un año después, documentó la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. El prólogo fue escrito por las mismas manos de “Sobre héroes y tumbas”, el cual comenzaba afirmando: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”. La frase sintetizaba lo que luego se conoció como la “teoría de los dos demonios”, que se habían enfrentado en suelo gaucho teniendo al pueblo en el medio.

Mientras otros intelectuales fueron forzados a exiliarse, Sábato siempre fue un hombre público y continuó viviendo en su casa de toda la vida. Los escritores que tenían amigos detenidos o desaparecidos, y que se mantenían en la clandestinidad o fuera del país, como Julio Cortázar y Osvaldo Bayer, simplemente lo odiaron.

Una teoría de cambio para la transición

En un artículo anterior, “Autoritarismo y Manual de Carreño”, postulábamos que las teorías de cambio son diferentes si se caracterizaba al actual gobierno venezolano como una mala gobernatura o como una no-democracia. La primera descripción asumía que las autoridades tenían voluntad institucional pero se encontraba a la defensiva por los dislates de sus contrarios. Por tanto, su estrategia privilegiada para una transición sería generar un canal de diálogo con Miraflores que permitiera sellar acuerdos, otorgando para ellos los incentivos necesarios, comprometiendo para ello también al liderazgo opositor. Según esta mirada el conflicto se resuelve por un pacto de caballeros, neutralizando todo aquello que pudiera generar ruido para las conversaciones. En cambio, una teoría de cambio diferente sería promovida por quienes opinan que en Venezuela se ha instalado una dictadura adaptada a los nuevos tiempos.

Según Patricia Rogers una teoría del cambio explica cómo se entiende que las actividades produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos, en nuestro caso la vigencia plena de la institucionalidad democrática en Venezuela. Antes de desarrollar cuál sería la teoría de cambio para quienes no creemos que Nicolás Maduro sea un “demócrata acorralado”, algunas precisiones preliminares:

1) Cualquier iniciativa por el cambio hoy en Venezuela debe reconocer la derrota de la estrategia anterior, cuyos momentos estelares ocurrieron entre los años 2017 a 2019, basada en la transición por colapso, en la que la coalición dominante se dividiría por la presión de las manifestaciones y el aislamiento de la comunidad internacional.

2) Para evitar críticas fáciles reiteramos que cualquier camino plausible para la transición es eminentemente cívico, institucional y pacífico, teniendo como eje la consulta democrática libre y sin coacciones a la población.

3) Quienes calificamos al gobierno como no democrático comprendemos que su lógica es milenarista, en la cual la “revolución” es un absoluto, por lo que su principal incentivo sería mantenerse en el poder. Por diseño, este tipo de razonamiento rechaza el principio de la alternancia democrática.

4) Calificar al gobierno como no democrático no está reñido con el sentido común. Hay que tener niveles de presión y conversación con quienes están sentados en Miraflores, responsables por acción u omisión de violaciones de DDHH.

Dicho lo anterior, vamos al punto. Si para el dialoguismo los pactos de élites serían suficientes para un cambio en el estatus quo, una estrategia diferente considera estos espacios de intercambio como parte de una estrategia más amplia, que incluye obligatoriamente el empoderamiento del conjunto del campo democrático mediante el reimpulso de sus principales gremios y asociaciones. Subrayamos: Para el dialoguismo son los acuerdos quienes generan nuevas realidades políticas y oportunidades para la transición. Desde una mirada diferente es todo lo contrario: Es el músculo democrático y sus demandas el que presiona al autoritarismo para abrir espacios de dialogo. Su énfasis se encontraría en el fortalecimiento de las organizaciones políticas y sociales, a través de la decidida defensa del espacio cívico y el derecho de libertad de asociación y reunión. Entonces, cualquier acercamiento y diálogo con las autoridades debe robustecer el proceso de creación de comunidad, cohesión y sentido de identidad del campo democrático, no debilitarlo.

Además del foco en la organización de una comunidad democrática y la creación de mecanismos políticos de resolución del conflicto, una tercera pata se encuentra en la presión de la comunidad internacional. Entendiendo que la realidad es que Nicolás Maduro irá recuperando sus relaciones internacionales, luego del desconocimiento promovido en la estrategia anterior, el objetivo es que esos acercamientos bilaterales o multilaterales mantengan a la democracia y los derechos humanos en su agenda. Paralelamente, es clave que los organismos de protección internacional a los derechos humanos, como la Corte Penal Internacional o la Misión Independiente de Determinación de Hechos, continúen su trabajo sobre el país. Si bien las expectativas sobre sus resultados tienen que moderarse, su monitoreo cercano sobre Venezuela genera un efecto disuasorio sobre las autoridades, ante la ausencia del estado de derecho, la única contención frente al abuso de poder.

A pesar de la polémica sobre la actuación de Ernesto Sábato durante la dictadura argentina es cierto que también hizo aportes a la democratización del país, especialmente en el área de los derechos humanos, ofreciendo su prestigio (bien o mal habido) para la legitimación del trabajo de la Conadep. Usarlo como ejemplo nos sirve para Venezuela para recordar 1) Los enemigos no son quienes promueven una teoría de cambio diferente, sino el autoritarismo y 2) Todos y todas las integrantes del campo democrático serán importantes y necesarios para la construcción del país. Debemos seguir la conversación pública sobre qué debemos hacer para regresar a la democracia, especialmente entre quienes tenemos miradas diferentes sobre los caminos a transitar en los próximos meses.

Autoritarismo y manejo de la multitud

Rafael Uzcátegui

La máxima autoridad mundial en materia de derechos humanos acaba de felicitar al gobierno de Nicolás Maduro por mejorar su desempeño frente al ejercicio de la protesta ciudadana. ¿Realmente ha sido así?

Durante la sesión número 53 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada el pasado 5 de julio en Ginebra, el Alto Comisionado Volker Turk hizo una actualización oral sobre la situación venezolana. Frente a los representantes de los 47 países integrantes del organismo Turk afirmó: “Señor presidente: El número de asesinatos documentados a manos de agentes del Estado, así como las denuncias de tortura y malos tratos, siguen disminuyendo”. Sus palabras presentaban un resumen del informe sobre nuestro país divulgado un día antes. En este documento, la situación de las manifestaciones se expresaba de la siguiente manera: “Al igual que en el período del informe anterior, el ACNUDH no recibió información sobre muertes en protestas ocurridas durante el período del presente informe”. Más adelante se agrega: “Durante el período que abarca este informe continuaron las protestas sociales (…) El ACNUDH observó que estas protestas habían sido en gran medida pacíficas y acogió con satisfacción las mejoras en la gestión de multitudes por parte de las autoridades”. Sin mayor contextualización, estas afirmaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pueden llevar a un lector poco enterado a conclusiones erróneas: En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha mejorado su tolerancia y aceptación de la protesta popular de calle. Y esto, como sabemos quienes vivimos dentro del país, dista de ser así.

Ninguna vida vale el precio de una ideología, de una demanda, de una reivindicación. Que durante el año 2022 ningún venezolano o venezolana haya perdido la vida por participar en una protesta siempre será un motivo de alivio. Aquí o en Kurdistán. Pero entre nosotros eso no fue el fruto de la implementación de políticas democráticas de seguridad ciudadana, sino consecuencia de los cambios realizados por los propios manifestantes por miedo a los embates de la represión. Para explicarlo en una situación análoga: El descenso del 49% de las detenciones arbitrarias por ejercer el derecho a la libertad de expresión, en el año 2022 respecto al 2021 como reportó la ONG Espacio Público, se explica por los incrementos en los niveles de censura y autocensura a raíz de la aplicación de la llamada “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, y no por el cumplimiento de las obligaciones estatales en respetar, promover y proteger el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Aquí también, y para decirlo en verso, “la estadística sin explicación aumenta la confusión”.

Una encuesta reciente del Instituto Delphos calibró el ánimo de la población venezolana para participar en una manifestación. El principal inhibidor para salir a protestar, con un 38.9%, es el miedo, la percepción que hacerlo es peligroso. La segunda mayor respuesta, “No vale la pena / No sirve de nada”, con 22.1%, refleja precisamente que no existen canales institucionales para responder a las demandas de la sociedad. Ambas suman 61%. En una pregunta posterior, sobre lo mejor para hacer dada la situación actual, la respuesta mayoritaria (45.1%) fue “luchar sin correr muchos riesgos”. Para evitar la “confrontación” o los “encontronazos” con las autoridades, los manifestantes han ido variando en sus repertorios privilegiados para hacer demandas en la calle. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2002 el 68,7% de las protestas ocurridas en ese período fueron concentraciones, el 11.5% fueron cierres de calle y el 3.49% fueron marchas. En una concentración te reúnes en un punto, das declaraciones a medios de comunicación y te dispersas. En contraste, para el año 2019, esa modalidad aglutinó el 38.7%, el cierre de calles 22.1% y las marchas el 8.6%. El OVCS no desagregó los datos para el 2017, pero creemos que para ese año los puntos porcentuales del cierre de calle y el de las marchas fueron tan importantes como el de las concentraciones. Más de 140 muertos sirvieron para meter el miedo en el cuerpo.

Los castigos ejemplarizantes lograron que el temor sea, en tiempos bolivarianos, el mejor “gestor de multitudes”. No solamente inhibiendo manifestaciones donde pudiera haber contactos físicos con los organismos de seguridad, sino también neutralizando a quienes las pudieran organizar, acompañar y amplificar. Tres semanas antes de las palabras de Turk dos trabajadores de Sidor, que lideraban una protesta por mejores condiciones laborales, fueron detenidos e imputados por los supuestos delitos de “instigación al odio”, “asociación para delinquir” y “boicot”. El propio informe divulgado en Ginebra registra la detención de 6 líderes sindicales en julio de 2022. Y para completar el cuadro, ya se han comenzado a reportar las agresiones contra candidatos y candidatas opositores en sus recorridos por el país, junto a detenciones al equipo logístico que prestó un servicio para la realización de los actos proselitistas. La fórmula del chavismo realmente existente para la gestión de multitudes sería evitar que se aglomeren.

El derecho a la protesta se encuentra íntimamente vinculado al disfrute de otros, como el derecho a la libertad de reunión y asociación y la libertad de expresión e información. Frente a su deterioro no se entiende como alguien puede sugerir que Miraflores “realizó mejoras en la gestión de multitudes”. El Alto Comisionado debería reconocer no elementos momentáneos sacados de contexto, sino la promulgación de políticas públicas institucionales con impacto duradero en la situación de los derechos humanos en el país. En este caso la “ambigüedad constructiva”, la tónica discursiva que parece ha permeado en los y las oficiales de Naciones Unidas presentes en el país, no solamente tiene todo de ambigüedad y nada de constructivo, sino que impide la comprensión cabal de la dramática situación padecida en Venezuela.

Autoritarismo y Manual de Carreño

Rafael Uzcátegui

En 1987 John Knoll trabajaba en una pequeña empresa en Estados Unidos y necesitaba un programa informático para manipular imágenes. Junto a sus hermanos Thomas y Glenn creó un prototipo que llamaron “Image Pro”, que tres años después mejoraron bajo el nombre “Photoshop”. El acierto de los hermanos Knoll fue reproducir en la pantalla el entorno real en el que trabajaba cualquier diseñador gráfico: Básicamente un escritorio con una caja de herramientas. Pero no fue hasta 1994 cuando la versión 3.0 introduce el concepto de “capas”, una lógica tomada también del oficio, que emulaba cómo se elaboraban las portadas de revistas en aquellos días analógicos: Sobre la foto principal se colocaban diferentes hojas de material transparente, cada una impresa con un elemento diferente, hasta lograr la composición deseada. El uso de las capas, ajustables e intuitivas, encumbró a Photoshop a lo que es hoy: El software de edición de imágenes más popular del planeta, punta de lanza de la empresa Adobe.

La metáfora de las “capas” nos sirve para hablar sobre los dos principales diagnósticos realizados por el campo democrático venezolano para describir lo que gobierna desde Miraflores: Quienes pensamos que no es un gobierno democrático y quienes razonan que sí, con todo y sus bemoles, todavía lo es. No es un asunto académico, pues desde ambas caracterizaciones se promueven teorías de cambio diferente.

Como hay un debate infinito sobre lo qué es democracia y sobre lo qué no lo es, nos atenemos a la resolución “Nuevas medidas para promover y consolidar la democracia”, adoptada en el año 2002 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí se establece diez elementos esenciales que forman parte de lo que puede señalarse como democrático: 1) El respeto de los ddhh y de las libertades fundamentales; 2) la libertad de asociación; 3) La libertad de expresión y de opinión; 4) El acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el Estado de derecho; 5) La celebración de elecciones periódicas libres e imparciales por sufragio universal y mediante voto secreto como expresión de la voluntad de la población; 6) Un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos; 7) La separación de poderes; 8) La independencia del poder judicial; 9) La transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, y 10) La existencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.

Un gobierno puede ser una mala democracia, con rasgos autoritarios, y debilitar varios de los elementos anteriores, o desaparecer alguno de ellos, pero su Ejecutivo seguiría dentro de la capa de la democracia. En Venezuela tuvimos muchos problemas antes del año 1998, y podemos ponerle cualquier adjetivo que se nos ocurra a lo que vivimos por aquellos tiempos, pero el sustantivo que aplicaba siempre fue “democracia”. Cuando han desaparecido las 10 características enlistadas por Naciones Unidas podemos afirmar que una nación dejó de ser democrática. A nuestro juicio en nuestro país finalmente ocurrió en octubre del año 2016, cuando Nicolás Maduro suspendió ilegalmente dos procesos electorales, anunciando que las próximas votaciones no serían ni libres ni imparciales. La posibilidad de realizar elecciones competitivas, como las ocurridas en diciembre de 2015, era lo último que quedaba de aquel decálogo.

Si usted ubica al gobierno de Nicolás Maduro en la capa de la “No democracia” tendrá un diagnóstico específico sobre la naturaleza del conflicto y de cómo razona su adversario. Y cuál debería ser la estrategia para enfrentarlo. Si en cambio, por las razones que sea, usted lo ubica en la capa de la democracia, llegará a conclusiones diferentes. Por ejemplo, si para usted sólo es otro gobierno autoritario más, como hemos tenido en otros momentos de nuestra historia contemporánea, promoverá una estrategia de cambio basada esencialmente en el “diálogo” con Miraflores en virtud de llegar a los acuerdos necesarios para revertir, unilateralmente, sus rasgos tiránicos. Tendrá la tendencia a creer, en una criollización de la teoría de los dos demonios, que la crisis venezolana es consecuencia, a partes iguales, de un gobierno sordo y una oposición miope, y que el chavismo ha tenido que reaccionar defensivamente al extremismo de sus contrarios. Que mecanismos como la Corte Penal Internacional enrarecen el clima que permitiría llegar a los consensos políticos necesarios, “porque a nadie le gusta que le digan criminal contra la humanidad”. Usted estaría más proclive, entonces, en creer que la retórica oficial, a favor de las desigualdades y contra las injusticias, no ha podido materializarse por una oposición radicalizada que ha transformado a super bigotes en un “demócrata acorralado”. Su estrategia para el cambio sería, a partes iguales, influir dentro de Miraflores y neutralizar a esa oposición, que sería lo peor que nos pudiera pasar si llegara a gobernar. Y dentro de ese universo de “radicalidad” pudiera incluir desde quienes invocan el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca hasta quienes denuncian, con pelos y señales, violaciones de derechos humanos.

Hay quienes resisten calificar al gobierno de Nicolás Maduro como no democrático pues aseveran que el sólo hecho de escribir este texto dentro de Venezuela demostraría que no seríamos, aún, una dictadura. Ok, la bloguera Yoani Sánchez vive y postea dentro de la isla. ¿Es Cuba una democracia? Y así como hay niveles de democracia también hay tonalidades dictatoriales. Como la de Nicaragua, para hablar en presente. Por tanto, al no tener 3 mil organizaciones ilegalizadas y en el exilio como en Managua, en Caracas no pudiéramos hablar de dictadura. No importa que las organizaciones políticas y sociales estén debilitadas, para el dialoguismo el asunto parecería que es llegar a la conversación con El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Carreño sobre la mesa. Y esto pudiera llegar a ocurrir en un plazo demasiado largo.

¿Cuál es la teoría de cambio de quienes pensamos que estamos bajo un gobierno autoritario y no democrático? Dejemos abierta la pregunta hasta un próximo artículo.

Dialéctica de las sanciones (O el dilema del huevo y la gallina)

Rafael Uzcátegui

En las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre las sanciones internacionales contra el gobierno venezolano. Como el apoyo abierto a las medidas coercitivas unilaterales en nuestro país se retribuye con cárcel y exilio, la conversación pública ha estado protagonizada por quienes manifiestan la imperiosa necesidad que sean eliminadas. Como defensor de derechos humanos, coincidiendo con la opinión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el inicio del llamado “Decreto Obama” hemos sido críticos de su eficacia y hemos alertado sobre sus impactos. Pero siempre haciendo la distinción entre las sanciones financieras y las sanciones individuales contra violadores de derechos humanos, las cuales deberían mantenerse. Pero siendo honestos, la discusión no es sencilla y esta repleta de matices para tomar en cuenta, usualmente omitidos por las simplificaciones en redes sociales. Albert Camus decía que “una política es, ante todo, una política bien informada”. Hablemos entonces de las diferentes situaciones vinculadas al tema.

Como activista creo que ninguna ideología o táctica política justifica el sufrimiento humano. Y, teóricamente, sería de sentido común concluir que el impacto de estas medidas ha acentuado la grave crisis que ya existía en Venezuela para el año 2017, fecha en que Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13.808, primera medida financiera contra Miraflores. Sin embargo, la dimensión de estas consecuencias es un imponderable. Una razón es la absoluta opacidad estatal de los últimos años, que impide tener una real radiografía del funcionamiento económico desde el año 2014, cuando se desplomaron los precios internacionales del gas y del petróleo, sellando el fin de la llamada “década de los commodities”, que permitió en toda la América latina extractivista importantes ingresos a las arcas oficiales. Una segunda ha sido la mitomanía estatal, que ha convertido al delirio estadístico-propagandista en la principal y única política pública, como ejemplifica la aseveración, repetida mil veces como verdad, sobre la construcción de medio millón de casas nuevas por año, con todo y sanciones. Como lo demostró el informe del economista Manuel Sutherland, “Las sanciones económicas contra Venezuela: consecuencias, crisis humanitaria, alternativas y acuerdo humanitario” -autor que difícilmente pudiera calificarse como un fanático de la oposición criolla-, la no disponibilidad de medicamentos -que el gobierno adjudicó a la “agresión imperialista”- se debía, realmente, al millonario negocio de importación de fármacos creado en los años de vacas gordas. En el año 2012 la importación se remontó a 3.410 millones de dólares, cuando para el año 1998, tiempos en que el chavismo se estrenaba en la silla presidencial, era de 222 millones de dólares. “El monto pagado por los medicamentos es completamente desproporcional a los fármacos que efectivamente llegaban al puerto”, concluyó el científico social marxista. Entonces, lo que realmente hay para darse alguna idea del impacto son anécdotas sueltas, aquí y allá. Como por ejemplo el cierre de cuentas bancarias a ONG venezolanas por el llamado “sobrecumplimiento” sancionatorio. Ante la ausencia de evidencia verificable las secuelas pudieran ser catastróficas… o nimias, nunca lo sabremos con exactitud.

Otro punto son los “tiempos” de las sanciones. La estrategia de aislamiento internacional basada en medidas coercitivas financieras, en cualquier parte del mundo, busca un cambio a corto plazo de la situación que las originó. Y poco dicen sus críticos que fue una herramienta alternativa de la comunidad internacional a la guerra. Cuando se alarga este plazo, el gobierno sancionado construye mecanismos para evadirlas, aquí y en Siria. El propio Sutherland recuerda que, finalmente, sus consecuencias afectan más la población que a los gobernantes: “las élites logran amainar (o esquivar) los efectos adversos a un nivel mucho mayor que los ciudadanos más pobres”.

Siendo así, la estrategia de sanciones financieras tenía mayor sentido en los años 2017 a 2019, cuando existía la expectativa de un cambio de régimen a corto plazo. ¿Cuál es la razón de mantenerlas cuando la estrategia de cambio ahora es de largo plazo? Soplemos la respuesta: por ser un mecanismo de presión a las autoridades. Hay que recordar que este tipo de medidas tienen un motivo: El quiebre de la institucionalidad democrática en Venezuela, una causa que lejos de resolverse se ha agravado. Sin embargo, a pesar que la ausencia de democracia pudiera persistir en el corto y mediano plazo, la comunidad internacional está dando signos -dado los cambios en la geopolítica global- de su voluntad de normalizar las relaciones con el Palacio de Miraflores, independientemente de lo que pase en las elecciones del año 2024. Eso nos coloca ante la posibilidad que, por la vía de los hechos, las sanciones sean progresivamente eliminadas a partir del inicio de un nuevo período presidencial en el país. Por tanto, sería cuestión de tiempo que sean retiradas. Michael Penfold, en una entrevista para Tal Cual, postula una hipótesis sobre la razón por la cual las autoridades quieren que eso ocurra justo ahora y no después del proceso electoral: “El chavismo tiene muy claro lo que necesita para poder emerger triunfante en un ámbito como el que se está dibujando actualmente en el país (…) Está un tema clave, que tiene que ver con el gasto. El chavismo necesita poder gastar en un contexto electoral, por eso han estado tratando de negociar de manera fuerte el levantamiento de las sanciones. El chavismo es una minoría importante, tiene 24% de aceptación en promedio de las encuestas venezolanas, pero para poder ganar con una tercera parte de los votos o con más del 30% de los votos necesita incrementar el gasto público de una forma sustantiva”. Aquí estaría el detalle, según Cantinflas.

Agreguemos que para la Emergencia Humanitaria Compleja un día más son 24 horas de sufrimiento para gente con nombre y rostro. Y que independientemente de su instrumentalización política, lo que nos importa es que con ese dinero represado, pongamos por ejemplo los 3 mil millones de dólares del llamado “Fondo Social” creado en el diálogo de México, las personas puedan acceder a las medicinas o al plato de comida que hoy no tienen. Los defensores de derechos humanos rechazamos el uso del dolor como mecanismo para el cambio político. Sin embargo, por la experiencia de dos décadas, nada certifica que ese dinero realmente llegue a las personas que lo necesitan. Que las bolsas de comida o los medicamentos no “se queden por el camino”, que sean sobrefacturados y de dudosa calidad, o que sigan siendo distribuidos de manera discriminatoria y vejando la dignidad humana (como el reparto de bolsas Clap en horas de la madrugada).

Pasemos al tema de la “eficacia”: Si bien es cierto que hay muchos ejemplos de cómo un régimen de sanciones ha sido inútil para promover el cambio político, esta aseveración excluye el ejemplo de la lucha contra El Apartheid en Sudáfrica. Luego del juicio y la sentencia contra los líderes del Congreso Nacional Africano (ANC), que incluyó a Nelson Mandela, y por la petición de decenas de activistas antirracistas, Naciones Unidas aplicó un régimen de sanciones contra Sudáfrica, que en 1985 motivó a las autoridades a declarar el “estado de emergencia en el país”. Incluso, organizaciones antirracistas promovieron el boicot contra empresas internacionales que continuaron negociando con el gobierno blanco asentado en Pretoria. Si bien las sanciones no fueron la única causante del fin de la segregación racial, sin ellas la lucha contra el supremacismo blanco no hubiera tenido el éxito que tuvo, el cual sigue resonando hasta nuestros días. Pensemos ahora en sentido inverso: ¿Tiene éxito una política de cambio de un régimen autoritario que excluya las sanciones y apele exclusivamente al diálogo político y la llamada “estrategia de los incentivos”? La respuesta no es sencilla. Cuba es un ejemplo paradigmático de cómo, bajo un régimen autoritario, no ha servido una política de aislamiento y sanciones, pero tampoco una de normalización de relaciones y diálogo político. La comunidad internacional concluyó, a finales de la década de los 90, que su abordaje a la promoción de la democracia en Cuba no había tenido los resultados esperados. Quien dio el primer paso fue la Unión Europea (UE), que en 1996 adoptó la llamada “Posición Común” (96/697/PESC) en la que declaraban que su estrategia no contemplaba promover un cambio mediante medidas coercitivas, por lo que iban a intensificar el diálogo y darle apoyo a la apertura económica. A pesar que Fidel Castro desestimó este viraje, el documento afirmaba que “A medida que las autoridades cubanas avancen hacia la democracia -vamos a- explorar mayores posibilidades para la futura negociación de un acuerdo de cooperación”. En 2008 la UE retomó los contactos, y en el año 2016 se adoptó un “Acuerdo bilateral de dialogo político y cooperación” entre la UE y Cuba. La fecha no fue casual, pues ese mismo año Barack Obama visitaba La Habana, un gesto que generó todas las expectativas imaginables. A pesar del viraje de la comunidad internacional, el VII Congreso del Partido Comunista Cubano, realizado poco después, ratificó el sistema de gobierno basado en el partido único, anunciando que eso de pluralidad política y derechos humanos no era con ellos. Hoy Cuba no es un centímetro más democrática de lo que era en el año 2015. Ok, las sanciones no garantizan el cambio político. Pero el “diálogo” y los “incentivos” tampoco revelan el número premiado en el Kino. Todo dependerá de una suma de condiciones, la correlación de fuerzas y la interacción de los diferentes actores y sectores políticos y sociales.

Hay quienes apuntan que la existencia de “las sanciones”, sin separar las financieras de las individuales, son un elemento de conflictividad que no permiten mantener un proceso sosegado de conversación con las autoridades que permita allanar la transición a la democracia. Lo que se omite en este argumento es que levantar las sanciones no disminuirá las razones para la controversia. Como se recordará el Estado venezolano emitió una serie de bonos cuya deuda hoy supera los 60.000 millones de dólares más intereses. A esto habría que sumar la sentencia previa favorable a Cristallex, en tribunales norteamericanos, para cobrar el crédito generado por un laudo arbitral CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que condenó a la República de Venezuela a pagar 1.202 millardos de dólares como consecuencia de la expropiación de su inversión minera al sur de la ribera del Arauca tricolor. La justicia estadounidense ha ordenado que las deudas se cobren mediante la liquidación de activos venezolanos en territorio del Tío Sam. Sin embargo, la Oficina de Control de Bienes Extranjero de los Estados Unidos (OFAC), hasta ahora ha ordenado congelar estos activos mientras las sanciones estén vigentes. Por paradójico que suene, la “realidad real” es que las sanciones financieras están protegiendo los activos venezolanos de ser tomados por los acreedores, quienes se han convertido en el sector más ruidoso e influyente de la campaña por su levantamiento. Como estamos ahora sin sanciones habrá expropiación, y el nuevo demonio de la narrativa oficial será “la justicia imperialista”. Santa disyuntiva, diría el joven maravilla.

El orden de los factores altera el producto. Para la comunidad internacional sí hay gestos democratizantes luego habrá flexibilización de las sanciones. Para el gobierno primero es el retiro de las sanciones y luego… pues ya se verá, pues no hay mensajes claros de lo que darían a cambio. El dilema de qué va antes: el huevo o la gallina.

Ratificamos: Seguimos siendo críticos de las sanciones financieras, y como activistas continuaremos abogando por una pronta flexibilización total. Pero no se puede obviar en qué contexto se inscriben, qué debería pasar para que se levanten y cuales serían las potenciales consecuencias de su retiro, que como vimos no todas son teóricamente buenas. Y si el juego parece trancado, es porque efectivamente lo está. De la misma manera en que, en el momento en que escribimos esto, hay obstáculos de todo tipo para el regreso de la democracia y la vida con dignidad para todos los venezolanos y venezolanas.

Palabras inmunes el viento

Rafael Uzcátegui

Después de 8 años sin una reunión, Bruselas fue testigo de una Cumbre entre la Unión Europea y La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Como se recordará la CELAC es un mecanismo creado en el año 2011 para permitir que 33 países de la región puedan tomar decisiones en temas políticos y de integración económica.

Desde el último cónclave, también realizado en la capital belga en el año 2015, el mundo ha dado varias vueltas. Además de la experiencia y las consecuencias de una pandemia que paralizó a todo el planeta, Europa debe lidiar con una guerra en los linderos de su territorio. Si bien hay razones objetivas de interés para que el bloque se acerque a Latinoamérica (Un mercado de alrededor de 600 millones de personas y un intercambio comercial que ha aumentado 39% desde el año 2013, para hoy sumar 369.000 millones de euros, según el principal inversor de por estos lados) el atractivo en este momento es ganar terreno intentando limitar la influencia política de rusa en la región, luego de la invasión a Ucrania, y el creciente intercambio comercial con China.

Durante las diferentes discusiones los representantes europeos colocaron sobre la mesa una agenda basada en 3 transiciones: Digital, ecológica y social, esta última entendida como la que haría posible las dos primeras. Desde América Latina los intereses orbitaron en cómo se pueden mejorar los acuerdos políticos y comerciales ya suscritos con México, América Central, el Caribe, la Comunidad Andina, Chile y Mercosur.

A diferencia de otros países no democráticos de la región, como Cuba y Nicaragua, la Unión Europea no tiene suscrito con Venezuela un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Hasta ahora. No obstante, según la opinión de activistas europeos de derechos humanos -con quienes estuvimos conversando recientemente sobre el tema- existiría toda la intención de empezar, a partir del año 2024, un intercambio comercial convenido con las autoridades venezolanas, cualquiera sea la elegida. A corto plazo luce improbable la firma de acuerdos con Miraflores, dado el incumplimiento venezolano de las recomendaciones emanadas de la Misión de Observación Electoral, enviada por la Unión Europea en el año 2018. Si bien el foco del documento no es la economía, su carácter institucional lo convierte en un elemento clave para las relaciones multilaterales entre ambos. Pero esa vigencia pudiera tener como fecha de caducidad el año 2024, cuando la cita electoral genere una nueva realidad política en el país.

Si los tiempos de la resolución del conflicto en Venezuela son inciertos, las elecciones del 2024 pueden representar una oportunidad de negocios para inversiones de todas las banderas. Quien llegue primero a la conversación obtendría mejores condiciones, un principio válido también para los capitales europeos, luego que la administración Biden reinició la era de los contactos directos con Caracas. La CELAC pudiera representar una puerta de entrada al mercado venezolano, adornada con el cuento de la integración regional. Sin embargo, esta comunidad tiene un problema de diseño: El peso de la ideología de los países progresistas. Su toma de decisiones se hace por consenso, un principio correctísimamente democrático, pero que en los hechos concretos hace que el veto de Cuba sea decisivo para todo. Por ejemplo, la propia Unión Europea organizó un foro con la sociedad civil en Bruselas, previo a la Cumbre, cuyas resoluciones y declaraciones fueron desconocidas por Cuba, quien anunció que sólo reconocería como legítimas las peticiones de la llamada “Cumbre de los pueblos”, cuya programación es un apéndice sin eufemismo de la política exterior de los gobiernos cubano y venezolano. Por si las dudas, una nota de prensa oficial no se disimula la intención de fondo de la Celac: “Se fundó para servir de contrapeso a la Organización de Estados Americanos (OEA), dominada por Estados Unidos”. La entrada por esta rendija pudiera ocurrir en el año 2025, cuando se realizará en Colombia el próximo encuentro Celac-UE.

La propia Celac no tiene protocolos de actuación frente a la interrupción del hilo constitucional de sus gobiernos integrantes. Incidir en ella para mejorar la situación de los venezolanos y venezolanas es un campo minado. Una vía más efectiva, parece ser, presionar a la contraparte europea para que no excluya los derechos humanos de la agenda bilateral, y que el viento no se lleve las palabras del Alto Representante de la Unión Europea (UE) para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en abril reciente: “Si estas elecciones -las del año 2024- no tienen lugar en condiciones donde sus resultados puedan ser reconocidos tanto por el pueblo venezolano como por la comunidad internacional, significaría que la crisis política que comenzó en 2015 durará otros 5 años. Y ni el pueblo venezolano ni sus vecinos lo soportarían”.

Descifrar a los del otro lado de la acera

Rafael Uzcátegui

A comienzos del mes de junio, de este año 2023, la organización activista Rebelión o Extinción Argentina (xrargentina) hizo público un documento interno de la petrolera estatal de su país, YPF. Lo particular de la comunicación es que delineaba la estrategia para revertir la resistencia de las comunidades a la exploración petrolera en la Cuenca Argentina Norte. Esta actividad tiene previsto extraer 200 mil barriles de petróleo al día, de manera conjunta con las empresas Equinor y Shell. El proyecto fue detenido en el año 2022 luego que un tribunal proceso una solicitud de amparo y ordenó la revocación de la concesión. “En un escenario de constante conflicto, debemos pensar en soluciones de corto, medio y largo plazo para reconstruir las condiciones necesarias para operar”, indica YPF en la introducción de su documento. El texto es de interés para quienes, desde Venezuela, intentamos crear masa crítica sobre las consecuencias sociales y ambientales de proyectos energéticos similares, como el Arco Minero del Orinoco. Las estrategias sugeridas para silenciar las críticas en Argentina serán las mismas que PDVSA pudiera implementar para neutralizar los cuestionamientos dentro de nuestro país. O incluso, para revertir cualquier expresión de indignación ciudadana desde los poderes fácticos.

El documento interno de YPF, desde su propio título, resalta la importancia de contar con algo llamado “licencia social”, la cual definen como “el grado de legitimidad social, que se mide por el nivel de apoyo y aprobación de una empresa o actividad por parte de diversos grupos de interés”. Aunque no es un “instrumento formal” apuntan que es igual o más importante que las habilitaciones legales formales, por lo que debe construirse con “el consenso de la comunidad”. Para ello proponen un enfoque para “interpretar o intervenir sobre este intangible”, pues la licencia social sería el resultado de la puja entre dos grupos de interés claramente delimitados: Los detractores, conformados por las organizaciones ambientales y sus influencers, y los promotores, donde se ubicarían las empresas mineras y sus afines. “Ambos grupos pujan, en última instancia por la opinión pública de la sociedad. Masa crítica, habitualmente desmovilizada, que requiere de disparadores para involucrarse”.

En el caso que ocupa a YPF, esa “opinión pública” esta conformada por dos segmentos: Por un lado la población aledaña, que pudiera posicionarse o como víctimas o como beneficiarios directos: “Pueden sentir el riesgo, movilizarse o entender el beneficio local como una oportunidad”. El segundo bloque sería la clase media: “Importante por volumen y naturaleza. Ya sea que defiendan el ambiente o prioricen el factor económico, pueden inclinar la balanza”. ¿Cuál debería ser la aproximación a estos dos bloques? Responden que “vamos a competir por la atención, la interpretación y la aceptación de las zonas grises, pero no podemos hacerlo en una puja frontal entre promotores y detractores”. Seguidamente, en negritas, destacan: “No puede reducirse a petroleras versus ambientalistas, porque las condiciones no son favorables”.

Atrás quedó la represión abierta y frontal contra la disidencia, lo usual en tiempos analógicos, donde era relativamente fácil controlar el relato que se divulgaría por los medios de comunicación. Por tanto, la estrategia es diferente a lo que conocimos en otras épocas: “Proponemos una estrategia de aproximación indirecta, que rodee a los objetivos que queremos convencer mediante capsulas aparentemente imparciales (subrayado nuestro), con tono periodístico o informativo, que aporten la mirada que necesitamos en cada instancia”. La aproximación indirecta, agregan, necesita impactos repetidos y descentralizados, desde distintas ópticas, tonos y puntos de vista; pero siempre con el mismo objetivo: seducir progresivamente el segmento. Persistir para convencer.

Lo que sigue, según formula la petrolera, es un recetario para revertir cualquier reclamo social, válido para minimizar tanto las luchas ambientales como cualquier otra demanda, por ejemplo el retorno a la democracia. Para alcanzar la licencia social, a través de la aproximación indirecta, delinean 4 etapas de trabajo:

1) Rechazo: Mitigar la influencia de quienes se oponen, desgastando tanto al mensaje como al emisor. “Para debilitar a aquellos que movilizan en contra, debemos trabajar no solo sobre el contenido de lo que plantean sino también sobre la percepción del reclamo”. Sostienen que existe un núcleo duro de los detractores que no van a cambiar su posición, pero que junto a ellos están quienes se suman en etapas tempranas “por moda, sentido de pertenencia o por suponer que están siendo parte de algo más grande y positivo para la sociedad”. En esta primera etapa de trabajo los dardos deben ir dirigidos, precisamente, a este segmento: “Debemos convertir esa moda en un miedo profundo de quedar en ridículo, empatándolo con los reclamos más descabellados y con las formas más incómodas”. Como ejemplo ponen a los adolescentes que han lanzado comida a pinturas famosas expuestas en museos: “Detener la contaminación suena bien, pero… ¿Quiero ser de esos chicos que le tiran salsa a un cuadro? ¿Soy de la izquierda que quiere matar al capitalismo?”. En resumen: Desvirtuar el fondo de la cuestión y ridiculizar la forma del reclamo para aislarlos.

2) Aceptación: Esta segunda etapa de trabajo tiene como objetivo reinterpretar el tema en la opinión pública para pasar a la ofensiva, divulgando otros encuadres que potencien las condiciones favorables del proyecto. Para ello sugieren 4 tipos de argumentos: Apelar al nacionalismo (Hablar de una Argentina que quiere ser potencia aprovechando sus recursos, antes que vengan otros a hacerlo, generando los dólares que le faltan al país); El aumento de la capacidad productiva (“Ahora la Provincia de Buenos Aires puede ser también una provincia petrolera”); El mejoramiento general de la economía (“Una economía más desarrollada y que crece, con los dólares que faltan y menos inflación”) y, por último, el argumento ambiental (“Debemos aprovechar los recursos del petróleo para invertir en energía limpia”).

3) Aprobación: Esta tercera etapa es una consecuencia de la anterior, que intenta consolidar la aprobación del proyecto. Se apunta a formadores de opinión influenciables, por distintas razones, para que se dejen llevar por lo que interpretan como “clima predominante en la sociedad”. Ellos funcionarían como cajas de resonancia, repitiendo los contenidos diseñados según la lógica de la aproximación indirecta. En resumen: Imponer simplificaciones económicas, políticas y ambientales. Convenir antes que convencer.

4) Identificación: Esta ultima etapa de trabajo es de pronóstico reservado, y tiene que ver con la comprensión del “reclamo” como actividad social “inevitable”. Por tanto, lo que YPF propone es “ocupar ese espacio antes que sea dominado por otras voces”. O dicho en otras palabras, conquistar el lugar de los detractores con una exigencia acorde a las necesidades, que movilice desde otra perspectiva. “Nadie se sentirá interpelado si no encuentra un enemigo, así que deberemos reconstruir una narrativa que tenga víctimas y victimarios”. En un ejemplo hipotético plantean: “en base a los enormes costos de operar en Argentina, las grandes empresas analizan interrumpir el contrato y cancelar la exploración. Por eso exigimos a YPF que obligue a Equinor y Shell a invertir en la Argentina y cumplir con los contratos”.

El mundo ha seguido girando y las transformaciones también han incluido a la movilización para lograr cambios en el entorno. Entenderlas, e intentar actualizar las estrategias en defensa de los derechos humanos, y la propia democracia, implica conocer también cómo piensan y razonan los que se ubican del otro lado de la acera.