Rafael Uzcátegui's Blog, page 27

Veneco #28: Especial crisis migratoria venezolana

Edición 28 del podcast dedicado al punk y hardcore venezolano de todas las épocas y todos los tiempos, en esta oportunidad un especial sobre la migración venezolana, haciendo un recuento de los músicos criollos en bandas del género en otros lados. Producido por Rafael Uzcátegui (@fanzinero) para Humano Derecho Radio Estacion (www.humanoderecho.com)

Lista de reproducción:

1) Olor a Muerte: “La Calima”

2) Junta: “Policía no me jodas”

3) Peligro: “Déjame respirar”

4) Atestado: “Perros del Estado”

5) Exilio: “Sin miedo / Reacciona cuestiona”

6) Cardiel: “Sheriff Hernández”

7) Dischord: “Obligados a dejar”

8) B.E.T.O.E: “Las fronteras son un infierno”

9) Belgrado: “No exit”

10) Doña Maldad: “La dictadura del discurso / El día cuando”

La amenaza del Arco Minero del Orinoco

 Rafael Uzcátegui

Imagínate que la totalidad del territorio de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza fuera destinado a la explotación de minerales. Que las minas fueran abiertas sin estudios de impacto ambiental o sin consultar previamente a los ciudadanos que serían afectados por esta actividad. Que para promover la inversión extranjera se dieran todo tipo de facilidades, incluyendo normativas laborales flexibles y a la medida de los inversionistas. Y que paralelamente a esta decisión el gobierno de cada uno las promueva a través de una instancia bajo el curioso nombre de “Ministerio de Minería Ecológica”. Lamentablemente esta posibilidad es una realidad en Venezuela, pues un territorio de 111.843 km 2, mayor a la extensión de todos los países anteriores, ha sido destinado en este país latinoamericano para la explotación extractiva, bajo el nombre “Arco Minero del Orinoco” (AMO).

Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Todos los proyectos de desarrollo han sido basados en la renta energética. Ahora, cuando existe una profunda crisis económica en este país, que está llevando a que muchos venezolanos busquen futuro en otras latitudes, el gobierno intente diversificar su naturaleza extractivista, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.

El 24 de febrero de 2016 fue aprobada la creación de la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, en una cantidad de terreno que equivale al 12,2% de la superficie de Venezuela. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica que tras esta decisión se encuentra amenazada.

Esta decisión se ha promovido ignorando los dos requisitos necesarios según la propia Constitución de Venezuela, aprobada en el año 1999. El primero de ellos, artículo 129, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. Finalmente, artículo 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas. Las empresas que han mostrado interés en participar en el AMO son de nacionalidad canadiense, china, italiana y de la República Democrática del Congo.

El gobierno de Nicolás Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra este proyecto, de sectores indígenas, ambientales, derechos humanos y hasta de intelectuales del propio movimiento bolivariano, como Edgardo Lander. Las diferentes iniciativas que han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios. Lamentablemente, la aguda crisis social, económica y política que padece el paiís suramericano ha eclipsado el proceso de movilización contra el proyecto, que incluye académicos, activistas medioambientales y de derechos humanos, indígenas, músicos y sectores del llamado “chavismo crítico”. Hay que elevar la voz, en todo el planeta, contra la imposición del AMO en Venezuela.

4 preguntas sobre políticas de vivienda en el país

Rafael Uzcátegui

1. ¿Cuál es el contexto político, en particular, lo relativo a la vivienda y cómo determina las acciones vinculadas a la vivienda?

R: En opinión de Provea desde octubre del año 2016 el gobierno venezolano dejó de ser una democracia para transformarse en una “dictadura del siglo XXI”, tras las decisiones tomadas al transformarse en una minoría electoral (elecciones parlamentarias de diciembre 2015) que significaron una normativa supraconstitucional, como lo es el decreto de estado de excepción y emergencia económica, y la suspensión de procesos electorales pendientes. Esta dictadura se profundizó en julio de 2017 al instalar, de manera irregular, una Asamblea Nacional Constituyente. Además de la crisis política, Venezuela vive su peor crisis económica desde por lo menos el año 1958, que ha motivado que un número que oscila entre 2 y 4 millones de venezolanos, pues no existen cifras oficiales, hayan salido del país como migrantes forzados.

En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha convertido la política pública en vivienda, denominada Gran Misión Vivienda Venezuela, en un gran aparato de propaganda que no garantiza el derecho a la vivienda digna de las casi 3 millones de viviendas que conforman el actual déficit habitacional en el país. Durante el año 2017 el gobierno afirmó que construyó 600 mil viviendas en el país, y según los datos recopilados por Provea, provenientes de 3 medios de comunicación estatales, la cifra de viviendas construidas serían 14.996 unidades. Desde el año 2016 no se publica el informe de gestión del ministerio de vivienda y hábitat, alcanzando la opacidad en la gestión el cénit en el año 2017, cuando ni siquiera se hizo público la Ley de Presupuesto del año 2018, por lo que se desconoce la inversión en el sector a realizarse durante este período. Desde el 1 de enero de 2018 las viviendas de interés social se vienen adjudicando a través de un mecanismo llamado “Carnet de La Patria”, el cual es ejecutado por la organización “Somos Venezuela”, un partido político promovido por Nicolás Maduro en el año 2017. De esta manera la discriminación por razones políticas, en materia de vivienda y hábitat, se ha convertido en una política de Estado. El derecho a la vivienda, que posee rango constitucional en el país, se ha reducido a su dimensión cuantitativista, la cantidad de supuestas casas construidas y entregadas, abandonado dimensiones como la rehabilitación integral del hábitat o una política de mitigación de los efectos del cambio climático que incluya la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Las ciudades venezolanas son las más peligrosas de la región, lo que ocasiona la inexistencia de espacio público y el normal desarrollo de las capacidades y potencialidades ciudadanas.

2. ¿Cuál es el estado de situación de las organizaciones del país (articulación entre ellas, fortalezas y debilidades, criminalización, etc.)?

A comienzos de la gestión del presidente Hugo Chávez se realizaron esfuerzos por canalizar la capacidad de autoconstrucción popular incorporando a comunidades organizados en procesos de edificación de vivienda con el apoyo del Estado. Sin embargo, de manera progresiva las diferentes organizaciones sociales y populares fueron cooptadas por las instancias de gobierno, siendo utilizadas para labores de proselitismo político – electoral, perdiendo tanto su autonomía como su esencia diversa y comunitaria. Desde el Estado se promovieron diferentes instancias de participación en materia de vivienda, que eran abandonadas y sustituidas por otras, como el caso de cooperativas, consejos comunales, organizaciones comunitarias de vivienda y, finalmente, asamblea de viviendo venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha erosionado el libre tejido asociativo del país, promoviendo un tipo de organización con características clientelares y dependiente de los presupuestos estatales. La ausencia de democracia en el país ha ocasionado que se criminalice y hostigue las organizaciones independientes en las diferentes dimensiones sociales, agotando las propias experiencias en vivienda afines al ejecutivo nacional, como los comités de sin techo o el movimiento de pobladores. Las organizaciones sociales se encuentran debilitadas tras dos décadas de gestión bolivariana y la crisis migratoria, que ha llevado a muchos activistas a salir del país.

3. ¿Cuáles son las principales acciones de las organizaciones del país (espacios, leyes, normativas, proyectos demostrativos)?

La capacidad prefigurativa de la acción de los movimientos sociales y populares del país se encuentra congelada debido a la situación de ausencia de democracia, que ocasiona que sus esfuerzos se enfoquen en dos dimensiones: la propia supervivencia institucional y personal y, por otro lado, las acciones por el rescate de la democracia en el país.

4. ¿Cuáles son las oportunidades que vislumbran para el avance político de la producción social del hábitat?

La experiencia bolivariana ofrece oportunidades para evaluar una gestión en vivienda y hábitat, y superar una manera de promover el derecho a la vivienda y hábitat para el beneficio de las familias necesitadas de un techo propio. Sin embargo, el principal obstáculo actual para el disfrute de derechos sociales, incluyendo el derecho a la vivienda, lo constituye la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. La única manera de generar condiciones para reimpulsar un proceso de producción social del hábitat, de recuperar debates olvidados como la importancia del espacio público y el derecho a la ciudad, sin discriminación y estimulando la autoorganización de los sectores populares, es promoviendo la transición de la dictadura a la democracia. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

50 ONG venezolanas exigen investigar y sancionar violaciones de derechos humanos en Nicaragua

Nosotros, un grupo de organizaciones de derechos humanos venezolanas, queremos expresar nuestra solidaridad con las demandas democratizadoras, por justicia social y libertad, que actualmente promueven importantes sectores del pueblo nicaraguense, cuyas movilizaciones realizadas a partir del pasado 19 de abril de 2018 generaron como respuesta estatal graves y diferentes violaciones al derecho a la manifestación pacífica; la libre reunión y asociación; el derecho a la vida y la integridad personal, así como al derecho a la libertad de expresión e información por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Asimismo, deseamos expresar públicamente nuestro total respaldo al trabajo de las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, en su actual trabajo de documentación y denuncia de los excesos de los cuerpos de seguridad y grupos paraestatales. Nos comprometemos a hacernos eco de sus reportes y divulgar la información que las diferentes organizaciones no gubernamentales están circulando sobre los hechos que ocurren en diferentes partes del país centroamericano.

Como se recordará las protestas se iniciaron tras la decisión gubernamental unilateral de reformar el sistema de seguridad social del país, aumentando la tasa impositiva tanto a trabajadores como a pensionados. Las movilizaciones fueron respondidas de manera no democrática por el gobierno, generando por lo menos 25 personas asesinadas, un periodista asesinado, 5 medios de comunicación censurados y una cantidad indeterminada de personas detenidas por manifestar. En la represión a las protestas participaron no sólo funcionarios policiales y militares, sino grupos de civiles armados tolerados por el gobierno. En la noche del 23 de abril el presidente Daniel Ortega revirtió la reforma, pero el proceso de movilización ha continuado, incorporando otras exigencias de naturaleza democrática y de respeto a los derechos humanos.

En tal sentido, las organizaciones de derechos humanas venezolanas exhortamos:

A la comunidad internacional:

– Mantener su atención sobre la situación nicaraguense, exigiendo al gobierno nicaraguense la investigación y sanción de las diferentes denuncias sobre violaciones de derechos humanos, implementando garantías de no repetición de los hechos. La propia experiencia de nuestro país nos ha enseñado que la visibilidad internacional ayuda a contener actuaciones autoritarias de los funcionarios gubernamentales

A las organizaciones regionales de derechos humanos:

– Expresar públicamente su condena a las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua, su respaldo a la actuación de las ONG en el país y la difusión de sus informaciones y pronunciamientos. La única polarización plausible en estos momentos para nosotros no es entre gobiernos de “izquierda” y “derecha”, sino entre victimarios y víctimas de violaciones de derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo.

Al gobierno nicaraguense exijimos:

– Respetar el derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos nicaraguenses

– Investigar y sancionar, de manera expedita y con respeto al debido proceso, todas y cada una de las denuncias de violación de derechos humanos ocurridas a partir del 19 de abril.

– Impedir la participación de civiles en labores de seguridad ciudadana

– Restablecer el trabajo de los medios de comunicación afectados con medidas gubernamentales por haber informado sobre las manifestaciones

–  Garantizar la integridad física y el debido proceso a las personas que han sido privadas de libertad por haber participado en protestas

– Establecer mecanismos de protección inmediatos y eficientes que salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los periodistas e infociudadanos que están cubriendo y transmitiendo en vivo los conflictos, mediante plataformas tradicionales y digitales

– No obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos del país, generando las condiciones para que su labor sea realizada sin amenazas para la libertad o la integridad física de sus integrantes.

Caracas, 25 de abril de 2018

Suscriben la presente comunicación:



1) A.C, Maria Estrella de la Mañana

2) Acceso a la Justicia

3) Acción Solidaria

4) Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)

5) Asociación Civil Mujeres en Línea

6) Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA

7) Aula Abierta

8) Casa de la Mujer Juana Ramírez “La avanzadora”

9) Cátedra de DDHH de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

10) Centro de Acción y Defensa por los Derechos (CADEF)

11) Centro DDHH Universidad Católica Andrés Bello – CDH-UCAB

12) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

13) Centro para la Paz y los DDHH, Universidad Central de Venezuela

14) Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

15) Civilis DDHH

16) Coalición Clima21

17) Comisión de DDHH del estado Zulia (CODHEZ)

18) Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

19) Comisión Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Mérida

20) Comisión DDHH Federación Venezolana de Colegios de Abogados, estado Apure

21) Comisión DDHH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, estado Táchira

22) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

23) Conciencia Ciudadana A.C

24) Convite AC

25) Defiende Venezuela

26) Espacio Humanitario

27) Espacio Público

28) EXCUBITUS Derechos Humanos en educacion

29) FiA Capítulo Venezuela Seccional Anzoategui

30) Foro Penal

31) Fundación Lucelia

32) Humano Derecho Radio

33) Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Venezuela

34) Laboratorio de Paz

35) Monitor Social AC (Nva Esparta)

36) Movimiento Vinotinto

37) Movimiento SOMOS

38) Observatorio Venezolano de Prisiones

39) Programa de Extensión: Educación y Visibilización DDHH Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo

40) Prepara Familia

41) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

42) Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)

43) Proyecta Ciudadanía A.C

44) Psicólogos Sin Fronteras, Venezuela

45) Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

46) Redes Ayuda

47) Revista SIC del Centro Gumilla

48) Una Ventana a la Libertad

49) Un Mundo Sin Mordaza

50) Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

El hombre muerde al perro

Rafael Uzcátegui

El pasado lunes 12 de marzo en la ciudad de Ginebra, en el marco de las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se realizó un panel sobre nuestro país en el Festival Internacional de Foros y Cine sobre Derechos Humanos. El debate, ocurrido posteriormente del extraordinario documental “Mujeres en Caos” de la directora venezolana Margarita Cadenas, tuvo como sugerente título “Terror desde la izquierda”. Curioso, por decir lo menos, para quienes hemos estado desde hace mucho tiempo alertando que en Venezuela las cosas no son como las dice el gobierno. A fuerza de constancia, y sobredosis de paciencia, la comunidad internacional empieza a tener oídos receptivos para oir los matices de nuestro drama endógeno. La noticia, entonces no es que el perro muerda al hombre, sino que este sea el que apriete mandibulas sobre el canino. Que los que prometen salvación y redención sean los constructores de nuevas y peores penurias. El moderador fue el periodista francés Xavier Colin, quien fue acompañado por Stefan Krauss del Parlamento Europeo.

En ese panel estuvo, vía Skype, Lilian Tintori y, presencialmente, Luisa Ortega Díaz, Santiago Cantón –ex relator de la Comisión Interamericana de DDHH- y quien esto escribe. El público agotó las 200 butacas y, por las intervenciones y saludos, compuesto por una gran cantidad de migrantes venezolanos. El debate fue intenso y de altura, con la mayoría de las preguntas dirigidas a la Fiscal General destituida por la Constituyente. Colin, como buen periodista, iba al grano. ¿En qué momento usted cambió de opinión? “Yo sigo siendo la misma” respondió Ortega, describiendo cómo la militarización de la seguridad ciudadana –una de las primeras medidas de Maduro como presidente- la habían motivado en alzar su voz. En otro momento le realizó una pregunta cruzada con Tintori: ¿Tienen algo que decirse la una a la otra? Las respuestas de ambas fueron evasivas, políticas y diplomáticas. Sin desaprovechar la oportunidad que tenía, el periodista enfiló a Cantón: Usted ahora está involucrado con el proceso iniciado en la Corte Penal Internacional a Venezuela. ¿La doctora Ortega, por ejemplo, pudiera ir detenida? El careo fue elegantemente respondido por el veterano defensor de derechos humanos: “Todos los funcionarios venezolanos a partir del año 2005 que se les demostrara responsabilidad pudieran serlo”. En una de las intervenciones de los asistentes le preguntaron a la Fiscal General –legítima aún para quienes nos oponemos a la dictadura constituyente- el por qué había permitido la provisionalidad de fiscales bajo su gestión, uno de los elementos denunciados como parte de las irregularidades del sistema de administración de justicia. Su respuesta fue, palabras mas o menos, “Mi gestión comenzó un proceso de institucionalización de los concursos”. Mientras esto ocurría en Suiza, en el universo twitter venezolano se criticaba que Ortega hablara en un evento de derechos humanos.

Dos comentarios. El primero es que cualquier proceso de transición del autoritarismo de la democracia a la dictadura necesita, como primer paso a eso que llaman “reconciliación”, el reconocimiento de los errores cometidos por cualquier funcionario cuya acción u omisión haya generado violación de derechos humanos. Pero también de cualquier otro actor que haya participado en actos de violencia política. No es un camino fácil, y necesita de una madurez como sociedad que parece que aún estamos muy distantes de tener. El segundo es que es imposible lograr ahora mismo, en momentos en que la dictadura amenaza con perpetuarse mediantes simulaciones institucionales, lograr juntos todos los objetivos de justicia social y libertad que uno desearía. El primer paso para poder investigar la responsabilidad de los funcionarios, con pulcro respeto al debido proceso y sin ánimos de venganza, es bajo una justicia bajo democracia. Y esto no será posible sin la derrota del autoritarismo, la transición a un momento de reconstrucción de país y el concurso de todos los sectores que, por las razones que sean, quieran sumar esfuerzos para ello. O para decirlos en los términos del evento en Ginebra, conjuremos del terror instaurado por quienes oprimen en nombre de la izquierda. @fanzinero

La CIDH y Venezuela

Rafael Uzcátegui

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es parte del llamado sistema regional de protección que, junto a la Corte Interamericana, es parte de la estructura de la Organización de Estados Americanos. Esta arquitectura de monitoreo a las obligaciones de los Estados en la materia contó, desde su inicio en 1959, con la decidida participación de Venezuela. Es historia que el escritor Rómulo Gallegos fue su primer presidente, colocando los cimientos de la institución en el trienio 1960-1963. En 1999, cuando la región debía crear herramientas para abordar la crisis planteada por la primera dictadura que no provenía de un golpe de Estado militar, el gobierno de Alberto Fujimori, otro venezolano tuvo una actuación destacada como como presidente de la CIDH: El abogado Carlos Ayala Corao.

Es indiscutible que tanto la Comisión como la Corte han realizado, durante sus seis décadas de existencia, un invalorable aporte para la defensa de la dignidad humana en la región. Todos y cada uno de los graves casos y situaciones ha sido abordado generando los precedentes que han hecho de la defensa de los derechos humanos una de las dimensiones que ha trascendido gobiernos e ideologías: Desde los paramilitares colombianos hasta el asesinato de Arnulfo Romero, pasando por las denuncias de los excesos de las dictaduras del Cono Sur y la Cárcel de Guantánamo.

Precisamente por esta historia, y por lo que representa la CIDH para la posibilidad de alcanzar verdad, reparación y justicia para las víctimas que las expectativas sobre lo que pudiera hacer ante la situación venezolana son altas. Y sobre esto tenemos que decir que, quienes somos sus usuarios regulares y estamos atentos a sus períodos de audiencias, hemos tenido en los últimos meses un mal sabor en la boca sobre su abordaje de lo que es la peor crisis política, social y económica del país desde 1958.

Es cierto que tras la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos realizada en 2012 por el Estado venezolano –un procedimiento para retirarse de las competencias de la Corte Interamericana- el sistema regional posee menos herramientas para vigilar la actuación del Palacio de Miraflores. Sin posibilidad de judicializar casos de violación de derechos humanos ocurridos a partir del año 2013, los diferentes miembros de la CIDH no pueden, desde el año 2002, realizar las llamadas “visitas in loco” para constatar la situación. La CIDH sí pudo visitar a la presa política Milagros Sala en la Argentina de Macri y los familiares de los 43 de Ayotzinapa en el México de Peña Nieto, dos gobiernos acusados de ser lo peor por la progresía internacional, en una posibilidad negada para cualquier víctima venezolana. Cercenadas estas dos herramientas, la CIDH sólo puede documentar en sus informes las violaciones –desde el año 2002 el país se encuentra en el capítulo IV de su Informe Anual, dedicado a los países de “mala conducta”-, otorgar audiencias y reuniones de trabajo así como otorgar medidas cautelares de protección, un procedimiento que ha beneficiado a diferentes actores políticos y sociales del país, incluyendo al que esto escribe. La relación del Estado venezolano con la CIDH es intentar, en cada uno de los escenarios posibles, desprestigiarla. En las audiencias cada uno de sus voceros ha hecho variaciones del mismo guión: Acusarla de ser parte de un plan internacional golpista liderizado por los Estados Unidos y ser financiada por las fuerzas más oscuras de la galaxia. Durante algunos años Venezuela intentó construir una institucionalidad favorable y paralela de “protección” a los derechos humanos, incluso promoviendo un intento de paraguas intelectual bajo la denominación de “Teoría crítica de los derechos humanos”, donde los particulares tenían tanta responsabilidad como los Estados en la vulneración de lo humano de los derechos. A esta línea se sumó el presidente ecuatoriano Rafael Correa, la presidenta brasilera Dilma Rousseff y la Fiscal General venezolana Luisa Ortega Díaz. Con los años, en algo que podría calificarse como justicia poética, estas dos últimas solicitaron ayuda a la propia CIDH cuando cayeron en desgracia.

Con sus atribuciones en minusvalía y ante un Estado que criminaliza la naturaleza de sus funciones, ¿qué podemos reprocharle a la CIDH? La respuesta es: Que el cálculo político, supuestamente “estratégico”, solape los principios y reduzca los espacios de las víctimas de violaciones de derechos humanos venezolanas. Y esto ha ocurrido precisamente en el momento en que el Estado venezolano ha dejado de ser una democracia y la situación de la mayoría de sus habitantes no deja de deteriorarse.

Una muestra de esta situación ha sido el otorgamiento sistemático de audiencias al Estado venezolano. Desde abril del año 2016, fecha de su 157 período de audiencias, la CIDH ha otorgado de manera ininterrumpida por cada convocatoria una sesión al gobierno, restando un espacio para las víctimas. Y esto ocurre sólo con Venezuela. En 6 períodos de audiencia consecutivos el Estado ha reducido 1/3 parte de las oportunidades que el Estado se vea obligado a responder las demandas de las víctimas aunque sea, como es habitual en su estilo, con consignas. Viajar es caro, tanto para las organizaciones como para las víctimas. Ante las irregularidades del sistema de administración de justicia local y la ausencia de algo que pueda llamarse “Defensoría del Pueblo”, las audiencias de la CIDH son el último recurso de quienes padecen en carne propia la inexistencia del estado de derecho, de dar a conocer su drama. A diferencia de lo que ocurre en los otros salones, los voceros del gobierno ni se sienten interpelados ni llegan a ningún acuerdo para revertir las omisiones y abusos. Los afectados sólo quieren sentir que hay oídos receptivos a su situación y que la visibilidad ayude, aunque sea indirectamente, a tomar decisiones que alivien su malestar. Las audiencias otorgadas al Estado, en cambio, son meras vitrinas de propaganda. No hay nada que asemeje políticas públicas estructurales para la satisfacción de derechos universales. En mayo de 2017 se entregó una carta dirigida a la CIDH, suscrita por 43 organizaciones de derechos humanos venezolanas, sobre la recurrencia de audiencias otorgadas por el Estado. La respuesta de la directiva fue el silencio.

Una decisión de la actual directiva de la CIDH, presidida por Francisco Eguiguren, es mantener el diálogo con los Estados, cosa que nos parece correcta, pero no a costa de restar espacios a las víctimas. No quiero detallar el contraste entre los tiempos que se otorgan a las reuniones informales a las ONG y los representantes de Miraflores, totalmente asimétrico, pero sí al hecho que desde el año 2016 la sociedad civil estuvo presionando por la realización de un informe especial sobre Venezuela. La respuesta de la nueva directiva fue, durante varias reuniones seguidas, que no era posible debido a la imposibilidad de visitar el país, olvidando deliberadamente que en el 2009 se había realizado uno, “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, en iguales circunstancias. Finalmente, como es del conocimiento público, la CIDH difundió un reciente informe titulado “Situación de los derechos humanos en Venezuela”.

¿Es posible una estrategia innovadora y proactiva por parte de la CIDH para abordar la crisis venezolana? Creemos que sí. Algunas ideas se las hemos transmitido a su directiva. A pesar de lo que consideramos son concesiones incomprensibles a un Estado no democrático, nuestro trabajo siempre será el fortalecimiento de esa y de cualquier instancia que ayude a mejorar la situación de los derechos humanos de los venezolanos. @fanzinero  (Publicado en Tal Cual)

Mensaje de Provea al evento “El derecho a saber. La salud bajo asedio”

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Buenos días a todos los presentes, promotores de la esperanza y la solidaridad en tiempos tan difíciles como los nuestros. Queremos compartir con ustedes la certeza que muchos ojos de la región están puestos sobre nosotros, sobre cómo a pesar de todas las amenazas y sombras, seguimos aprendiendo lecciones en esta materia tan novedosa para todos: Cómo resistir una dictadura moderna, esas que llegan a la presidencia mediante los votos pero utilizan su capacidad para asfixiar la propia democracia y mantenerse indefinidamente en el poder.

Como saben, el tablero internacional se ha vuelto de suma importancia para nuestros deseos. Y en las visitas que hemos venido realizando para sumar aliados a nuestra causa, en muchos lados nos han hecho la misma pregunta: ¿Cómo vuelven a levantarse?, ¿Cómo siguen desafiando al autoritarismo? Hemos abierto un camino que en diferentes lados otros comienzan a caminar. De nuestros errores, pero también de nuestras fortalezas, están surgiendo las lecciones de cómo los pueblos pueden y deben resistir los nuevos ropajes del despotismo. Nuestro reconocimiento desde Provea a todos ustedes por hacer este movimiento posible, que pronto recuperará el valor y significado de las palabras dignidad y solidaridad de quienes las han vaciado de contenido.

Que ustedes continúen allí es el aliento para que también nosotros nos mantengamos, fuertes, en el sitio en el que estamos como organización desde el año 1988: Del lado de quienes sufren la historia y no de quienes la escriben.

Rafael Uzcategui

Poética de la resilencia

Rafael Uzcátegui

1) Sea parte del avispero (y no del camión de cochinos): Un enjambre debilita, desde diferentes puntos, a un adversario común. En el momento de la ofensiva las avispas trabajan, junto a otras avispas, para clavar su aguijón en el punto que consideran más efectivo para neutralizar su adversario. No se detienen para criticar a las otras que han decidido atacar por otros lados, pues saben que la suma de todos los piconazos diferentes serán importantes para alcanzar el objetivo común. En cambio, todos los cerdos encerrados en un camión van al matadero, sin resistencia, por que gastan sus energías únicamente en quejarse de todo: Del encierro, de lo que hacen o dejan de hacer los otros cochinos en ese momento y hasta del propio camión.

2) Las ideas están para discutirse –a veces intensamente-, las personas para respetarse: ¿Sabía usted que Joseph Stalin fue uno de los impulsores de la estrategia de desacreditar al mensajero en vez de refutar sus argumentos? Esta peculiar práctica política ha sido incorporada progresivamente por sectores en lucha por la democracia y ha sido tan efectiva que la dictadura ha creado decenas de cuentas fantasmas en redes sociales para azuzar las peleas intestinas basadas en los adjetivos descalificativos contra las personas.

3) Ni se aísle ni dejen que lo incomuniquen: La dictadura es minoritaria y su principal estrategia es la fragmentación, la división de los contrincantes y la inoculación de la sospecha entre ellos para imposibilitar cualquier acción conjunta. El tuiteo en solitario debe complementarse con la existencia de espacios para la construcción de ciudadanía, donde nos ponemos de acuerdo con otros, que son diferentes a nosotros, para la acción colectiva.

4) Colabore, gestione y mantenga medios de información verificada y de calidad: El aliado de las dictaduras es la invisibilidad. Y como el ocultamiento en tiempos de redes sociales es casi imposible la dictadura ensucia los flujos informativos con datos falsos, para viralizar la desconfianza de las propias plataformas. Por ello es una labor “política”, en todo el sentido del término, verificar la información que divulgamos en los medios a nuestro alcance y contribuir a la construcción de narrativas de calidad con hechos y datos confiables.

5) Vigorizar la confianza a lo interno de la comunidad en resistencia la fortalece: Los movimientos sociales necesitan una identidad compartida entre sus integrantes, pero especialmente en Venezuela funcionan más y mejor las relaciones de confianza que las institucionalizadas. El sentir con los otros y sentirse cómodo trabajando con ellos se genera y multiplica de muchas maneras: Creando espacios de encuentro y confluencia, reconociendo lo positivo de los esfuerzos ajenos, haciendo balance de lo aprendido, etc.

6) Enfóquese en dar el siguiente paso de la mejor manera y no en retornar a la democracia de manera “express”: El sentimiento maximalista del todo o nada, o la inmediatez de resultados, abre camino a las frustraciones y la desesperanza. No siempre la historia es cambiada por un suceso sino por diferentes pasos y etapas que logran el objetivo deseado. Concéntrese en su siguiente actividad en resistencia y trate de realizarla lo mejor posible, para dar el siguiente paso.

7) Promover recuerdo y memoria es una forma de resistir al totalitarismo: El “hombre nuevo bolivariano” sólo es posible si olvidamos lo que fuimos alguna vez, con sus matices y diversidades. La identidad cultural construida tras años de eventos, sucesos y personajes es un antídoto contra la imposición ideológica de cualquier signo.

8) Trate de ser lo más feliz posible: Los autoritarios lo quieren resignado y deprimido. Parte de las estrategias de autocuidado es continuar realizando, pese a las circunstancias, las actividades que lo hacen sentir bien. Celebre lo que deba festejar, reúnase lo más posible con sus seres queridos, tome vacaciones o disfrute de sus actividades predilectas de cuando en cuando, aunque sea algunas horas. Necesitamos aliados en resistencia vivaces, proactivos, felices y en paz consigo mismos. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Activistas y defensores

Rafael Uzcátegui

A raíz de los resultados de la llamada “Operación Gedeón”, en el que un comando cercó al grupo insurgente liderizado por Oscar Pérez en El Junquito, con el resultado de 7 personas muertas en circunstancias que apuntan a la ejecución extrajudicial, se ha avivado la discusión acerca de la conducta tanto de la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo Constituyente.

En circunstancias democráticas, que el líder de un grupo alzado en armas contra el gobierno haya anunciado públicamente su intención de rendirse y entregarse a las autoridades, hubiera generado un protocolo direccionado, precisamente, por estas dos instituciones. De manera evidente tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo hubieran agotado diferentes mecanismos de intermediación para colocar a los guerrilleros bajo la justicia, preservando su integridad y su vida. La lógica Constituyente, sin embargo, es otra. Ante la petición de rendición, según las evidencias conocidas, a la guerrilla urbana se le aplicó todo el poder de fuego. Posteriormente, las autoridades han colocado todos los obstáculos para que se conozca la manera en que habrían perdido la vida, incluyendo actos velatorios express sin el debido reconocimiento de los familiares. Cuando ha ocurrido esto en otros sitios de la región es porque el Estado, sencillamente, quiere ocultar las evidencias (disparos a corta distancia, tiros de gracia etc) que sugerirían que las personas habrían sido ultimadas luego de haber sido neutralizadas.

Si bien la actitud institucional es coherente a la de un régimen autoritario, el debate ha sido avivado por el hecho que quienes dirigen ambos entes fueron, durante mucho tiempo, voceros en la defensa de los derechos humanos. Incluso, hasta hoy, siguen afirmando públicamente que son militantes de la dignidad humana. El caso de Alfredo Ruiz, hoy Defensor Constituyente del Pueblo, es paradigmático. Durante muchos años, junto a su familia, dirigió la primera organización de derechos humanos nacida en Venezuela, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Los Ruiz abordaron, precisamente, las violaciones al derecho a la vida, integridad y libertad personal. Soraya El Achkar, Pablo Fernández y el propio Alfredo Ruiz denunciaron con todas sus fuerzas, durante diez años antes del arribo al poder del proyecto bolivariano, ejecuciones extrajudiciales. De hecho la Red de Apoyo fue clave en la promoción de un proyecto de ley contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes que por lo menos se aprobó formalmente en el año 2015.

Hoy Alfredo Ruiz guarda silencio por los hechos que antes de 1998 denunciaba enérgicamente. Y la razón es que Alfredo Ruiz, y varios de sus camaradas de la Red, eran activistas de derechos humanos y no defensores de derechos humanos, que aunque se parece no es lo mismo. Uno de los conceptos sobre lo que es el activismo sugiere que es “la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública, ya sea en el campo social, político, ecológico, religioso u otro. También se entiende por activismo la estimación primordial de la acción, en contraposición al quietismo”. Un activista, entonces, considera que el cambio social que se imagina como positivo no ocurre por sí solo, por lo que amerita una involucración personal, proactiva e intensa, en la difusión de los valores y las razones que lo sustentan.

Un defensor de derechos humanos, en cambio, razona bajo la lógica de la declaración universal de los derechos humanos. Si bien se involucra personal y proactivamente, utilizando de manera táctica herramientas propias del activismo, su estrategia es la vigencia plena de las características que hacen humanos a los derechos (universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, etc). Además estos principios guían y norman su propio hacer. Por otro lado los derechos humanos son un universo de garantías interconectadas que hacen posible un piso para la dignidad humana, mientras que el activismo trabaja una parcela ideologizada de la realidad. Proponemos el siguiente axioma: No todos los activistas son defensores de derechos humanos. Todos los defensores utilizan las herramientas del activismo.

Para un activista existe una precondición para el disfrute de derechos universales: Que usted (o yo) seamos del bando del cual él forma parte. Pongamos el ejemplo del software libre. Para un promotor de Linux en su cabeza el mundo se divide en dos: De un lado los cómplices de Bill Gates y, por el otro, los adalides del conocimiento informático liberado. El activista, como buen hijo de la modernidad positivista, se pondrá a sí mismo –y a los que se parecen a él- en el centro de la balanza de la superioridad moral. Si usted conoce a un vegetariano activista sabe que se exhibe como el ejemplo vivo del humano evolucionado. Y que nunca ha tenido una respuesta asertiva cuando le han recordado que Adolfo Hitler tampoco comía animales.

Ser defensor de derechos humanos, por otro lado, no es un título nobiliario. Usted deja de serlo cuando tolera, por acción u omisión, la violación de la dignidad humana aunque sea de una sola persona.

En el caso que nos ocupa, el de Tarek y Alfredo, mi hipótesis es que su silencio es coherente con su activismo de derechos humanos, pues nunca fueron lo que puede ser calificado, íntegramente, como “defensores”. Para ambos la estrategia para lograr la felicidad era la instauración del socialismo de Estado en Venezuela, cualquiera que este sea. Mientras fueron oposición a gobiernos no socialistas utilizaron tácticamente los derechos humanos para allanar este camino. Su trabajo por derechos humanos, por tanto, está subordinado a su fidelidad al proceso revolucionario que hace posible ese socialismo. El día de mañana, cuando un gobierno de otro signo ideológico se encuentre en Miraflores, como buenos activistas que son no tendrán problemas en denunciar de nuevo, a viva voz, las ejecuciones extrajudiciales que hoy silencian.

En estos términos, el debate entre activistas y defensores de derechos humanos no atañe sólo a quienes cultivan la llamada “mirada crítica” sino también al conjunto de voceros que hoy hablan por los derechos humanos. ¿Todos estarán dispuestos a denunciar el abuso de poder y las omisiones estatales cuando el chavismo sea un pasado que puje por quedarse atrás? @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

Un rostro para la ignominia

Rafael Uzcátegui



El discurso del chavismo, repleto de lugares comunes y las muletillas de la izquierda latinoamericana, generó durante mucho tiempo expectativas entre quienes buscaban una alternativa, más humana y justa, para la humanidad. A pesar de la degradación del ejercicio de poder bolivariano y todas las evidencias sobre el empobrecimiento general de la población y la estatización de la vida cotidiana de los venezolanos, dicho espejismo no se ha evaporado del todo. Incautos, ingenios y operadores políticos de todo pelaje, con menos empuje que en los días en vida del Comandante Supremo, siguen defendiendo la gestión de Nicolás Maduro, repitiendo los desiertos de la “guerra económica” y la Constituyente.

Cada vez que hemos tenido que explicar la situación venezolana fuera de sus fronteras, tenemos que vencer los ecos de la propaganda del autoritarismo. Para neutralizar auditorios que a pesar de no vivir en el país creen estar mejor informados que tú, he recurrido a la estrategia de contar historias que, dramáticamente, hablen por sí solas. Cuando he querido neutralizar las intervenciones de quienes desean refutar que entre nosotros existe una dictadura, empiezo mi intervención relatando la historia de Juan Pedro Lares.

Juan Pedro es un adolescente de 23 años que el pasado 30 de julio, fecha de las elecciones a la Asamblea Constituyente madurista, fue detenido en su domicilio ubicado en el Municipio Campo Elías del estado Mérida. Un comando del SEBIN y la policía fueron a buscar a su padre, Omar Lares, que en ese momento ejercía el cargo de Alcalde de Ejido. La familia huye por el patio trasero, pero Juan Pedro queda atrás y es capturado por los uniformados. No había ninguna orden de aprehensión en su contra y no estaba cometiendo en ese momento delito alguno, los dos causales, que según la ley, permiten la privación de libertad. Inmediatamente fue trasladado a Caracas. Mientras su padre huía a Colombia, para evitar ser parte de los alcaldes detenidos ilegalmente, su madre Ramona comienza la peregrinación en la capital para conocer el paradero de su hijo. A pesar de haber ido varias veces a El Helicoide, las autoridades negaban que se encontrara ahí. Tanto Ramona como Juan Pedro tienen nacionalidad colombiana, por lo que fue por intermediación de la Cancillería que, semanas después, corroboraron que se encontraba en la sede del Sebin y le permitieron una primera visita, que hasta el día de hoy sólo suman 4. La detención ilegal y la negación de los derechos de cualquier preso (ser visitado por abogados y familiares de manera periódica) no son la única violación del debido proceso. La más escandalosa es que durante los 6 meses que Juan Pedro ha estado recluido en El Helicoide en ningún momento, ni en las 48 horas que dice la ley ni después, ha sido trasladado a tribunales para que un juez sea formalmente informado de los delitos que se le imputan. Repetimos: Ningún fiscal ha acusado al joven de haber cometido acto fuera de la ley, por lo que su detención constituye, nada más y nada menos, que un secuestro por parte del Estado. De esta manera el gobierno madurista, con la complicidad de los próceres de los DDHH Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, intenta obligar a Omar Lares a entregarse. ¿Cómo se llama un gobierno que actúa de esta manera?

El relato sobre el caso Juan Pedro Lares enmudece a los, cada vez menos, altavoces internacionales del chavismo. Si el gobierno de Macri o de Piñera, por decir dos nombres, violara el debido proceso de una sola persona encarcelada por razones políticas, tendríamos a la progresía regional haciendo movilizaciones y campañas por redes sociales. Pero el caso Lares no es el único. Debemos continuar, mientras tengamos voz, relatando sus historias para continuar dibujando el rostro de la ignominia. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)