Rafael Uzcátegui's Blog, page 21

11 de abril 2002: Enfoque en Taquicardia

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En 2002 yo todavía era un estudiante de Sociología de la UCV. Allí, un grupo de alumnos creamos una cooperativa estudiantil que, entre otras cosas, tenía su revista llamada Telúrico. De esa hicimos dos ediciones especiales extraordinarias, con la participación de profesores y estudiantes. Una sobre el 11 de Septiembre y otra, sobre el 11 de Abril aquel. En esta, participé con una crónica sobre cómo había vivido esos días, que reproduzco a continuación. La ilustración es del genial Juan Rodríguez, que apareció en aquella publicación. 

Rafael Uzcátegui

I



Jueves de sol radiante y calor caribe. La credencial de periodista baila sobre el pecho; la grabadora, guarecida en el bolso, aún no saludaba la mañana. Las estaciones se sucedían por la ventana ahumada del vagón: Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela… El ambiente recordaba el preludio de cualquier Caracas-Magallanes: fiesta en los rostros, insignias, gorras, pancartas caseras sobre papel bond. Una señora morena comenta que desde su casa, ubicada en Catia, había escuchado una tormenta nocturna de cacerolas. Antes de terminar la frase sube su voz para incorporarse al canto que en boca de la mayoría, se apodera de los pocos espacios vacantes del vagón: ¡See vaa, se va, se va, se vaaa!. El pito de llegada a Altamira desborda el río de personas intentando ganar la calle. Como peces muertos, nos dejamos llevar por la corriente y la cámara de fotos comienza a pestañear. En las orejas los comentarios se acumulan: “Es ridículo volver a Chuao, hoy tenemos que ir hasta Miraflores como en Argentina”. Ella, la reportera gráfica, y yo nos miramos. Sin hablar decimos: el día será largo.

II



Sorteamos la multitud para acercarnos a la tarima. Ella logra saltar la barrera y desde la tarima, toma fotos de quienes arengan a la multitud: Kico, Pedro Estanga, Tamayo Molina. “No pasa nada, no pasa nada”: algunos remedaban irónicamente a José Vicente. El único volante de la concentración –firmado por la Junta Patriótica Militar- proponía un grupo cívico-militar de transición. Los militantes de los partidos habían dejado sus estandartes en casa. Dos elementos se repetían en las manos: el tricolor y las pancartas, que iban de lo risible –“Chávez, por fin se te paró el palito”- hasta las que pedían explícitamente un golpe de estado –“Militares ya el pueblo se pronunció ¿qué están esperando?”-. Mientras la bravuconería verbal del presidente le había restado incondicionales, los convocados a Chuao se multiplicaron por generación instantánea. Los cercanos al entarimado pedían a gritos ir a Miraflores. Al rato Carmona Estanga, micrófono en mano, recibe una tarjeta de presentación. En su dorso estaba escrita la ruta a seguir para Miraflores. Con el pulso temblando la lee torpemente. La masa se mueve y el bullicio corea: “sí pasaremos, sí pasaremos”.

III

En el taxi el chofer nos dice que el gobierno convoca una concentración en Miraflores. El tubo de escape vomita un oscuro adiós al caudal humano que comienza a rociar la autopista. Seis mil bolívares nos cuesta llegar cerca y rápido a Miraflores. Celulares aullantes y dedos, nerviosos, transcribiendo mensajes de texto. Con la vista atenta en el camino el conductor comenta solemne: “Yo que se los digo, hoy hay un muerto”. El frenazo final es detrás de la casa de gobierno. Frente a Miraflores la tarima es testigo de un par de cuadras de boinas rojas, pero nada más. Atónitos, comenzamos a preguntar el sitio de la concentración. ¿Plaza Bolívar?, ¿Alcaldía de Bernal?. “No, es aquí” nos responden. La logística es mínima y precaria. Un troskista nos dice que hasta última hora el gobierno mantuvo la desmovilización como estrategia para simular normalidad. Muchos envuelven palos de madera en afiches con dibujos de Carlos Andrés y Pedro Carmona haciendo de marionetas. Otros se pintan una señal roja en el rostro, “para saber a quién darle”. La credencial y la cámara atraen miradas inquisitorias. Los amigos dudan la posibilidad de que los de Chuao se acerquen al centro. El improvisado sonido saluda el arribo de los buhoneros de Sabana Grande. Se comenta que la gente de Catia, Petare, Antímano y el 23 estaban por llegar. Chávez comienza otra cadena presidencial, y una mujer con megáfono en mano, repite sus palabras ante quienes nos agolpamos a su alrededor. Una columna de Guardias Nacionales cruza en formación rumbo a la Baralt. La multitud se aparta aliviada y los aplaude. Siempre había estado frente a la represión y ese día no sería la excepción. Levantando el carnet del periódico como salvoconducto, caminamos hacia la marcha opositora con la intención de andar con ellos las últimas cuadras.

IV

Pronto tropezamos con los primeros heridos. Cerca del Capitolio la policía (¿metropolitana?, ¿de Bernal?,) había disparado contra partidarios del gobierno. Cruzamos la línea de fuego y al costado de Plaza Caracas quienes venían de Chuao discutían a gritos, con restos de lacrimógena en el rostro, el porqué tenían que devolverse sobre sus pasos. Los frentes de batalla rodeaban la Baralt. Tratamos de tomar un atajo hacia la estación de Metro El Silencio, pero el sonido de disparos nos pegan una pared en la espalda. Múltiples manos señalan un edificio, una ventana. Policías de camuflaje azul se agolpan en la puerta. Unos entran. Otros quedan afuera y nos piden agua para mitigar la espera. Esposado, el francotirador sale rodeado de policías y manifestantes que lo insultan y le lanzan golpes. Frente al Fermín Toro, en la boca de la estación del Metro, hay una batalla campal. Avanzo junto a una veintena de jóvenes armados con piedras. La Guardia responde con perdigones y disparos. Me apertrecho detrás de dos. Uno le dice al otro “espera que dispare, espera que dispare”, y cuando salen a responder piedra contra bala, yo hago lo propio con el gatillo del obturador. Las lacrimógenas silban sobre nosotros y, precipitadamente, volvemos a la retaguardia saltando la neblina tóxica. Ella me espera y al verme, corremos mientras intento toser mis órganos. Alguien nos da vinagre y con la cara aún ardiendo, cruzamos de nuevo la Baralt. Detrás nuestro un tipo cae al piso: ha sido herido de bala en el pie. Ya se hablaba de diez muertos y decenas de heridos. ¿La gente agolpada en Miraflores sabía lo que estaba pasando?

V

Tengo la rabia atragantada en el cuello. Subimos hasta la concentración chavista para “cubrirla” como reporteros pero con la íntima sentencia de no conversar con nadie. En la avenida XX, los partidarios al gobierno aún rodeaban la tarima. Ahora hay hasta un carrito de cotufas. Quizás estaba antes, pero el detalle me encrispa los puños. Diviso a una amiga que trabaja en derechos humanos. Le abalanzo mis 64 kilos de preguntas. Sus respuestas terriblemente parcializadas. Atropellando la lengua le digo que una revolución que necesite ser defendida con bala y lacrimógena nunca sería mi revolución. Los ojos me palpitan, miro con la taquicardia. Enrumbamos los pasos a Capitolio y alguien grita “quitenle la cámara, quítenle la cámara”. La Baralt, El Silencio, El Calvario. En la plaza algunos niños aprovechan la confusión para bañarse en la fuente. La tragedia ha pasado por allí y ha dejado cauchos humeantes. Nos dicen que el grueso de manifestantes se han devuelto, pero que algunos intentarán llegar a Miraflores. Al fondo una cuadrilla de la policía. A lo lejos, dicen, se agrupan los chavistas para marchar hasta acá. Una transmisión de radio se amplifica por un parlante. Todos nos agrupamos alrededor y oímos la declaración de un militar anunciando que desconoce la autoridad del gobierno. Ella me mira y pregunta si nos vamos a casa. Le respondo que sí, que con los militares definiendo la partida ya no teníamos nada que hacer allí.

Antimilitarismo para el Siglo XXI

Rafael Uzcátegui

Ante el advenimiento de tiempos postideológicos en América Latina, el antimilitarismo como universo simbólico puede proporcionar una base conceptual de acción para los movimientos sociales en el futuro.

El fin de la década progresista en el continente

Paradójicamente fue el mercado internacional, mediante el alza de precios de las materias primas, quien proporcionó la base financiera que posibilitó la llamada “década progresista” en Latinoamérica, la serie de gobiernos que identificados con la izquierda, llegaron al poder por elecciones en diferentes países a partir del año 1998, generando múltiples expectativas.

No obstante, la profundización del modelo económico extractivista fue consensuado por gobiernos de diferentes signos ideológicos con lo cual varios de los Estados, a diferencia de lo propuesto en la etapa neoliberal que caracterizó la década de los 90, recuperaron en América Latina su capacidad regulatoria y de atracción de capitales. Sin embargo hoy la realidad comienza a ser otra. Desde el año 2013 los altos precios de los recursos energéticos y de otras materias primas han comenzado a decaer, lo que ha disminuido los altos ingresos estatales que posibilitaron las políticas sociales que caracterizaron al “progresismo”, con el que un porcentaje de la renta extractivista se redistribuía a los sectores populares. La contracción de la inversión social, como consecuencia de la crisis económica tras los años de bonanza financiera, está generando impactos en amplios sectores de la población y, de nuevo, el aumento de los índices de pobreza en la región. A esto hay que sumar la ineficiencia y la corrupción en la gestión pública, amparados todo este tiempo por la lealtad política.

En consecuencia el agotamiento del modelo de gobernabilidad del imaginario del activismo “progresista” se cataliza con la latinoamericano aparición de crisis económicas en Brasil, Argentina y Venezuela, por ejemplo. Pero este elipse, también, tiene como gran telón de fondo el diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, anunciadas como la “normalización” de las relaciones entre ambos, pero que como secuela de la apertura en la isla se expandirán modelos de consumo y gestión propios del capitalismo tradicional. La imagen de la visita de Barack Obama en La Habana, y detrás el ejército de franquicias internacionales, será un golpe simbólico al referente de la revolución a lo latinoamericano tan importante como lo fue la caída del Muro de Berlín para Europa. La integración de Cuba al flujo capitalista global cerrará un capítulo de la historia de la región, implosión cuyas ondas expansivas incidirán al progresismo.

Un individuo con la capacidad de pensar y decidir por sí mismo/a es lo contrario a la noción de “soldado”, dispuesto a seguir órdenes acríticamente de las jerarquías y la autoridad. Si la idea de reinvención de la democracia tendrá sentido en los próximos años para Latinoamerica, en donde los ciudadanos puedan tener la capacidad de experimentar nuevas formas de relacionamiento directo, creando tejido asociativo de carácter cooperativo y solidario, eso pasa por funcionar con valores y racionalidades ajenas a la militar

Nos guste o no nos guste, Latinoamérica experimenta un período de transición hacia momento de su devenir. No será sólo la sustitución de unos gobiernos “progresistas” por otros (de carácter híbrido, de centro o más a la derecha, eso estaría por verse), sino un amplio desencanto con el incumplimiento de sus propias promesas, la permanencia con las causas estructurales de la pobreza, la devastación del aparato productivo interno por la dependencia del extractivismo y la degradación del medio ambiente y los hábitats indígenas, el enriquecimiento súbito de sus voceros, las denuncias de violación a los derechos humanos y el enquilosamiento del sectarismo y discriminación como política de Estado.

En esta posibilidad las fuerzas conservadores intentarán aprovechar el momento para convencer de las limitaciones de las aspiraciones revolucionarias de cambio, y la supuesta valía del pragmatismo y el racionalismo económico. Afortunadamente la naturaleza intrínseca de hombres y mujeres de rebelarse ante las injusticias generará espacios para deseos de transformación, los cuales necesitarán de nuevos referentes.

El objetivo del presente texto es argumentar como en este escenario “postideológico”, los valores del movimiento antimilitarista pueden nutrir la renovación del imaginario del activismo latinoamericano.

Antimilitarismo como movimiento

¿De qué hablamos cuando planteamos aportes desde un “movimiento” desde este lugar del mundo? Lo que se conoce como “movimiento antimilitarista”, es decir una serie de iniciativas que se opusieron a los efectos de la existencia de ejércitos nacionales, tuvo desde la década de los 80 ́s en América Latina cuatro matrices: En primer lugar, los grupos religiosos para los cuales el mandamiento de “no matarás” implicaba rechazar la participación en las maquinarias de la guerra; luego los grupos de derechos humanos, opuestos a los excesos de las dictaduras militares y en defensa del derecho a la objeción de conciencia –negarse a ingresar en las Fuerzas Armadas por razones morales-; en tercer término los partidos políticos e iniciativas de la izquierda marxista revolucionaria, para quienes las fuerzas armadas eran un brazo del imperialismo, formados en la llamada “Escuela de las Américas” y títeres de la lucha anti-subversiva y, por último, los grupos anarquistas, que calificaban al ejército como un apéndice del Estado que concentraba los antivalores que rechazaban –culto a la jerarquía y la autoridad, patriotismo, pensamiento único, machismo, entre otros-.

El universo antimilitarista latinoamericano tuvo su “edad de oro” en la

década de los 90 ́s, cuando un motor de cohesión era la lucha contra la conscripción y el servicio militar obligatorio. El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) fue clave en motorizar, en los pañales de la era internet, un trabajo coordinado en red entre las organizaciones pacifistas, universitarias y religiosas de diferentes países de la región. Fue así como se logró promover que leyes y constituciones eliminaran el deber de ir a los cuarteles, como parte de la transición en países que dejaban atrás las dictaduras, lo que generó un efecto rebote en quienes tenían democracias formales de más larga data. En Paraguay, donde el movimiento era particularmente fuerte, el sentimiento anticastrense continuó con otras reivindicaciones como la objeción fiscal, donde se pedía que los impuestos no fueran destinados al Ministerio de Defensa. En otros, las iniciativas perdieron fuerza a medida que el servicio militar perdía su obligatoriedad.

Organizaciones con trabajo antimilitarista, de todas las tendencias, persisten hoy en América Latina, quizás con menos especificidad en el cuestionamiento a las Fuerzas Armadas, pero vinculando la militarización de los territorios y los cuerpos, tendencia presente hoy en el continente, con diferentes luchas de resistencia.

Nuestro antimilitarismo

Más cercanos a la mirada libertaria al antimilitarismo, consideramos al ejército como un dispositivo de dominación que sintetiza antivalores, por lo que valoramos el antimilitarismo tanto como táctica como estrategia, como fin y como medio. El militarismo, entonces, no sería sólo la presencia física de los ejércitos en territorios determinados, sino también la incidencia de sus valores y sus modos de resolver los conflictos en el funcionamiento de la sociedad. Nuestro antimilitarismo no distingue un militarismo “menos malo”, asociado a prácticas que se reivindiquen “de izquierda”, del militarismo ligado a fuerzas políticas de centro o derecha.

Si el militarismo promueve la uniformización y considera la diferencia

como una amenaza, nosotros planteamos, en primer término, el derecho a la alteridad, a ser diferente y a pensar diferente. Esta crítica a la vocación que pretende abarcar e imponer el todo, omniabarcante, tiene parentesco con la refutación posmoderna a las ideologías como reductoras de la complejidad de la realidad a un mandato único e impuesto por las vanguardias de pensamiento al conjunto de hombres y mujeres. Y esto es así porque después de un siglo dominado por la confrontación ideológica se ha demostrado las limitaciones de todas ellas, así como su imposibilidad de abarcar en un solo corpus teórico la complejidad de la experiencia humana. Lo contrario al “socialismo de cuartel”, la homogeneización del pensamiento y el orden basado en uniformidades, es la valoración de la diversidad, lo heterogéneo y lo disidente. Las pretensiones de “totalidad” ideológicas serán sustituidas, como respuesta postideológica a corto plazo, por valores a la vez universalistas y fragmentarios, que no uniformicen –menos con tela de camuflaje- sino que permitan la expresión y legitimación de lo múltiple, tanto a nivel de roles e identidades.

Por lo anterior, los antimilitaristas tenemos mejor capacidad –que ciertas izquierdas, por lo menos- a relacionarnos con iniciativas de reivindicación de la diversidad sexual o el propio movimiento indígena, por ejemplo, en el entendido que no deseamos subordinarlo a una identidad superior –el “socialismo” por ejemplo, o ser “de izquierda”-, sino que los valoramos en sus propios deseos y subjetividades: No queremos que sean otra cosa que lo que ya son.

Esto nos lleva a una segunda dimensión, que es el reconocimiento de todas estas identidades y roles como vinculadas a personas que son sujetos de derechos que deben ser reconocidos por el resto. Esto parece un sobreentendido, pero fue uno de los “principios” olvidados por el progresismo en el poder, el cual intentó imponer una hegemonía discriminatoria de quien disintiera, por las razones que fuesen, del poder de turno. Esta particular idea del cambio social, la construcción de una hegemonía que reprima e intente anular las singularidades, se ha alimentado de la noción militar de la primacía de la violencia –simbólica y física- para la resolución de los conflictos. En contraste, la filosofía noviolenta ha trabajado la construcción del consenso entre los diferentes, una práctica genuinamente democrática desde la base.

El antimilitarismo siempre ha sido crítico con las jerarquías y desigualdades inherentes al modelo de organización de las Fuerzas Armadas, estableciendo los vínculos con el negocio capitalista del tráfico de armas y la reconstrucción de los países tras los conflictos bélicos. Asimismo, ha denunciado el uso político de las disputas fronterizas entre países que intentan con la exacerbación del nacionalismo y la construcción del enemigo exterior maquillar las crisis sociopolíticas internas.

Un individuo con la capacidad de pensar y decidir por sí mismo/a es lo contrario a la noción de “soldado”, dispuesto a seguir órdenes acríticamente de las jerarquías y la autoridad. Si la idea de reinvención de la democracia tendrá sentido en los próximos años para Latinoamerica, en donde los ciudadanos puedan tener la capacidad de experimentar nuevas formas de relacionamiento directo, creando tejido asociativo de carácter cooperativo y solidario, eso pasa por funcionar con valores y racionalidades ajenas a la militar. Es en este panorama que los antimilitaristas tendremos una oportunidad para incidir, de manera estelar, en los movimientos sociales que protagonizarán, desde México hasta Argentina, en las luchas del futuro.

(Escrito para Rompiendo Filas nro 01)

Venezuela y las medias verdades de Noam Chomsky

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Clifton Ross

Siendo un joven socialista, el libro “The Washington Connection y Third World Fascism” de Noam Chomsky y su colaborador Edward S. Herman me ayudaron a sumergirme en la cosmovisión de la izquierda antiimperialista. Me mantuve como miembro de esta tendencia política, para quien Chomsky se ha convertido en un héroe intelectual sin rival, durante la mayor parte de mi vida adulta. Es decir, hasta que me enfrenté a la brecha entre sus doctrinas y una realidad en desarrollo de la que realmente sabía algo.

Sigo respetando algunos de los escritos de Chomsky sobre temas como la devastación de Timor Oriental por Indonesia. Pero cuanto más se sabe sobre un tema, más evidente es la selectividad del análisis de Chomsky. Cuando Chomsky argumentó que las atrocidades del 9/11 eran moralmente equivalentes al ataque con cohetes del presidente Clinton a la fábrica de medicamentos Al Shifa en Sudán (y que “nosotros” deberíamos dudar antes de juzgar a “ellos”), su antiguo admirador Christopher Hitchens observó que ” Noam Chomsky no se eleva muy por encima del nivel de la verdad a medias.” Esto, continuó quejándose Hitchens , se había” convertido últimamente en su sello distintivo “.

En retrospectiva, un escritor tan inteligente como Hitchens podría haber notado este hábito antes. En la escritura de Chomsky sobre Camboya (defendida por Hitchens), los Balcanes y varios otros conflictos, la complejidad se derrumbó de manera confiable en una acusación simplista de Occidente en general y de América en particular (independientemente de la afiliación política del presidente en ejercicio). La simplicidad puede ser seductora, especialmente cuando fomenta la indignación moral, y no fue hasta que vi las verdades a medias de Chomsky desplegadas en defensa del régimen bolivariano que comencé a cuestionar la honestidad y el interés de Chomsky en la objetividad.

La simplicidad puede ser seductora, especialmente cuando fomenta la indignación moral, y no fue hasta que vi las verdades a medias de Chomsky desplegadas en defensa del régimen bolivariano que comencé a cuestionar la honestidad y el interés de Chomsky en la objetividad.

Hoy, Chomsky encabeza una lista de académicos radicales que se llaman a sí mismos “El Comité para Salvar a Venezuela”, que firmó y distribuyó una carta abierta en enero en la que “se opone al intento de golpe respaldado por Estados Unidos”. “El gobierno de los Estados Unidos”, comienza la carta con severidad, “debe dejar de interferir en la política interna de Venezuela, especialmente con el propósito de derrocar al gobierno del país”. El 2 de marzo de 2019, Chomsky apareció en la Hora de Radio de Ralph Nader en la emisora KFPK de Los Angeles. Después de 45 minutos de charla agradable sobre la malevolencia de Estados Unidos, Israel y las corporaciones poderosas, Nader abordó el tema Venezuela.

La introducción crítica de Nader al tema comienza a las 46:34, y vale la pena escucharla porque ofrece cierto contraste con la defensa de Chomsky del régimen bolivariano. Nader reconoce la agenda de cambio de gobierno de la administración Trump y la historia sin gloria de la participación de América en América Latina durante la Guerra Fría. Sin embargo, continúa observando que “la corrupción, el colosal mal manejo de Chávez y Maduro han sido tan profundos que no se puede simplemente descartar como consecuencia de la intervención extranjera”. Nader lee acusaciones por la mala gestión del régimen, que incluye “[un] diez [aumento de la tasa de homicidios, estancamiento total, disminución brusca de la infraestructura hospitalaria, antes y especialmente durante [el período] 2000 hasta el presente”. Esta corrupción e incompetencia han dejado el país a merced de lo que el crítico llamó “elite neoliberal”, “compañías extranjeras de petróleo, minería y madera” y “medidas de austeridad al estilo del FMI que parecerán un picnic al lado de la locura de Maduro”. Invitado por Nader a responder, Chomsky comienza diciendo: “Bueno, ya sabes, tomaría un poco de tiempo analizarlo frase por frase y desarmarlo, pero hay algunos comentarios con los que podemos comenzar”. Durante los siguientes seis minutos aproximadamente, recapitula amablemente una serie de verdades a medias usadas por los “antiimperialistas” para defender el régimen bolivariano. Chomsky comienza prometedoramente al admitir que “hubo muchos problemas durante los años de Chávez”. Pero recuerda a sus oyentes que durante esos mismos años “la pobreza se redujo considerablemente y las oportunidades educativas se expandieron enormemente”. Esta es una de las maniobras más comunes adoptadas por los pro-chavistas cuando se cuestionó el triste historial de gobierno del régimen: llamo a este movimiento retórico un llamado a “ Un momento dorado como si fuera  eterno”. Claro, durante los primeros años del auge del petróleo durante una década, la pobreza se redujo y se ampliaron las oportunidades educativas. Cuando miles de millones de dólares inundan una economía, siempre hay un “efecto de goteo” ya que todos los barcos suben incluso en las mareas más rojas. Pero un momento no es una realidad permanente, y las consecuencias del “Momento Dorado de Venezuela” son comparables a la miserable resaca que sigue a una fiesta excesiva. Un intelectual responsable podría preguntarse por la sabiduría de la lógica de esa fiesta, no insistir en que es emblemática de todo el proyecto chavista.

“Se están realizando encuestas periódicas … por Latinobarómetro”, continúa Chomsky, empleando cuidadosamente el tiempo presente antes de regresar a nosotros más de una década después. “Eche un vistazo a sus encuestas durante los años de Chávez: Venezuela se ubicó en la parte superior junto con Uruguay en apoyo popular a su democracia y apoyo popular al gobierno”. Esto, nos enteramos, fue porque “en las elecciones después de las elecciones y el referéndum después de referéndum” el Centro Carter certificó que “las elecciones venezolanas se encontraban entre las más libres del mundo “. Hay tres problemas con esta imagen feliz. El primer problema es que, nuevamente, el pasado se postula para evitar la discusión del presente. Sí, durante el auge del petróleo, una mayoría, como era de esperar, apoyó a Chávez. Como lo señalaron Javier Corrales y Michael Penfold, estados como Venezuela operan bajo un enfoque de “gobernar y relajar”. Durante los auges del petróleo, los gobiernos gastan abundantemente en sus circunscripciones y ganan una inmensa popularidad. Los estudios de Latinobarómetro a los que se refiere Chomsky se realizaron en 2007 en el apogeo del auge de los productos básicos. Pero aquel frenesí ahora ha caído y no dice nada sobre los descubrimientos más recientes de Latinobarometro. Su informe de 2018 mostró que sólo el 12 por ciento de los venezolanos expresaron satisfacción con lo que queda de su democracia. En segundo lugar, las elecciones “libres” no son lo mismo que las elecciones “libres y justas”. Es cierto que votar en Venezuela no es obligatorio. Pero el régimen controla el 98 por ciento de las divisas del país (el dinero del petróleo) que pueden gastar en sus campañas electorales, mientras que a la oposición se le niegan los anuncios de televisión, las cadenas (transmisiones obligatorias), los carteles, el tiempo de radio, por no mencionar las imprentas estatales. camiones para transportar a los trabajadores de la campaña, y a los propios trabajadores que están presionados a trabajar para el partido oficial. ¿Qué significado tiene “libre” en tales condiciones injustas? En 2008, Hugo Chávez declaró “Yo soy la ley … Soy el Estado”. Durante las elecciones presidenciales de mayo de 2018, Maduro prohibió la participación de los partidos de oposición más poderosos y permitió que sólo un hombre se postulara contra él.

Finalmente, incluso las elecciones libres y justas no son garantes de la democracia sin instituciones robustas e independientes. “No importa quién vote”, se dice que comentó Stalin. “Lo que importa es quién cuenta los votos”. ¿No le preocupa a Chomsky que Chávez se proponga destruir las instituciones de la democracia liberal el día que asumió el cargo (como expresa el extenso trabajo de Alan Brewer-Carias sobre el tema)? Que el Centro Carter certificó las elecciones significa que supervisaron los votos, no las instituciones. Y instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el poder judicial han estado bajo estricto control chavista, desde el “momento dorado del país” hasta hoy. Por fin, Chomsky trata de describir algunos de los errores cometidos por Chávez, incluido lo que él llama “un fracaso para cambiar la economía colonial”. Chomsky se refiere aquí a la dependencia de Venezuela de un solo producto, el petróleo, a expensas de todos los demás sectores. de la economía. Sin embargo, los gobiernos como el de Noruega también disfrutan de una gran riqueza petrolera, pero han encontrado formas de administrar sus excedentes de recursos y utilizarlos en su beneficio. La economía del petro-Estado ha sido un problema para los líderes venezolanos desde Juan Vicente Gómez en adelante, y nadie ha sido más inepto en su gestión que Chávez. Sin embargo, para que no tengamos la tentación de responsabilizar a Chávez, Chomsky agrega que “Estados Unidos ha estado manejando [la economía] de Venezuela durante un siglo. Desde que expulsaron a los británicos bajo Woodrow Wilson, cuando se descubrió el petróleo … “. Los argumentos de Chomsky siempre toman este giro tarde o temprano. En su mundo, los triunfos de sus naciones favorecidas se describen invariablemente como el resultado de sus propios esfuerzos nobles, mientras que sus catástrofes son responsabilidad de fuerzas poderosas e injustas sobre las cuales no tienen control. Así que los venezolanos se reducen a marionetas en manos de una despiadada élite imperialista estadounidense. Luz Varela, profesora de Historia en la Universidad de los Andes en Mérida, llama a este argumento un “simplismo”. En un documento aún no publicado titulado “Sobre cómo la crisis en Venezuela no ha sido orquestada por la derecha ni por el “Imperio” y otros simplismos “, Varela señala que ha habido una” reciprocidad comercial “entre Venezuela y los Estados Unidos desde la década de 1940, durante la cual” Estados Unidos ha pagado a Venezuela por su petróleo a través de derechos de explotación e impuestos elevados “. Compró ese petróleo a precios de mercado. Esta relación, a su vez, convirtió a Venezuela en un país rico; tan rico que atrajo a un gran número de inmigrantes europeos y latinoamericanos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980 … ”

Continúa diciendo que mientras la extracción de petróleo se realizaba a través de compañías extranjeras, “nunca, en el siglo veinte, fueron los pozos o las reservas de petróleo de propiedad  el “imperio”. Los capitalistas tenían que” levantar la industria a través de concesiones. otorgado por el Estado [venezolano] que les permitió explorar, extraer, producir y comercializar el petróleo”. En la década de 1940, las regalías y los impuestos hicieron de esta una empresa 50/50, y las “compañías extranjeras establecieron el capital, asumiendo el riesgo, pagando a los trabajadores, pagando por la infraestructura, reinvirtiendo y pagando impuestos muy altos, y aún así, obtuvieron grandes ganancias “. Todo esto logró que la “Venezuela Saudita” en la década de 1970 fuera la envidia del resto de América Latina, con niveles de vida en  ese tiempo a la par con Canadá y el sur de Europa. No suena tan mal, ¿verdad?  Y difícilmente la versión de la historia de Chomsky dirigida por los “Estados Unidos sobre Venezuela” pasa por alto la Revolución de 1958 y 40 años de gobierno muy independiente, a menudo muy a la izquierda de los gustos de los Estados Unidos. Aun así, las fuerzas militares de EE. UU. nunca invadieron ni se involucraron en la intervención que se observó en otras partes de América Latina durante la Guerra Fría. La amenaza a la soberanía venezolana, curiosamente, vino de la izquierda: la invasión cubana en Machurucuto comenzó una guerra de guerrillas apoyada por Fidel Castro contra la democracia venezolana. Según el ex comandante de la guerrilla y fundador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Venezuela, Héctor Pérez Marcano, aquello fue instigado por Castro en un intento de obtener acceso al petróleo venezolano. Si Chomsky sabe algo de esta historia, ciertamente no tiene prisa por decirlo. Cosas como los “subimperialismos” solo se arriesgan a complicar una visión sencilla del mundo. Estados Unidos, dice en cambio, ha estado “dominando [a Venezuela] con muchas atrocidades horribles …” en las que no tiene tiempo de meterse. Aunque Chomsky concluye esta digresión al reafirmar sus críticas a Chávez por no diversificar la economía, su lenguaje y el tiempo que asigna en su respuesta a su acusación de malversación en los Estados Unidos, deja al oyente desinformado y dudoso sobre dónde merece concentrarse la responsabilidad moral.

Chomsky también tiene razón al criticar a Chávez por no haber ahorrado dinero durante el auge del petróleo. Pero luego hace la sorprendente afirmación que Chávez “dejó a la clase capitalista sin tocar [y] les permitió enriquecerse durante todo este período …” De hecho, Chávez pasó su tiempo en el poder expropiando a una clase capitalista productiva y entregando esa capital a una emergente clase no productiva y parasitaria, conocida como la boliburguesía, que ahora dirige el país. Chávez expropió todo, desde ranchos hasta industrias enteras, y todo lo que expropió se convirtió en polvo. Trate de encontrar una bolsa de concreto en Venezuela hoy, o aluminio, coque industrial, acero e incluso leche o maíz. Estas son todas las cosas que Venezuela produjo en abundancia antes de la revolución de Chávez e incluso las exportó. Ahora ya no se consiguen o están disponibles sólo como importaciones. La petrolera estatal PDVSA, que alguna vez fue una empresa de clase mundial, está colapsando tan rápidamente debido a la falta de inversión y mantenimiento que ya no puede refinar el gas. En mayo de 2013, Maduro denunció que Industrias Polar, la más grande de las empresas capitalistas restantes que aún no habían sido expropiadas, no producía, sino que estaba “acaparando” y “especulando” sobre los productos, particularmente la harina para las arepas. El presidente de Polar, Lorenzo Mendoza, respondió mostrando documentos en una conferencia de prensa nacional para demostrar que Polar estaba produciendo al 100 por ciento de su capacidad. El motivo de la escasez de harina, explicó, era que Polar representaba solo el 48 por ciento de los molinos de harina; el 52 por ciento restante era de propiedad estatal, y no producían nada. “Le preguntaría al presidente Maduro cuándo los inspeccionará, ya que hemos sido inspeccionados 1.500 veces. Quiero saber cuántas inspecciones han sido sometidas las fábricas de propiedad estatal .”

“Después de la muerte de [Chávez]”, continúa Chomsky, “un par de años después, los precios del petróleo bajaron y … el gobierno tuvo que ir a los mercados crediticios internacionales”. De acuerdo, pero Chávez comenzó su imprudente serie de préstamos siete años antes y su deuda alcanzó su punto máximo cuando los precios del petróleo todavía estaban en sus máximos históricos. En el transcurso de su gobierno, que terminó cuando los precios del petróleo aún superaban los $ 100 / barril, la deuda del gobierno se duplicó y la producción de petróleo disminuyó rápidamente debido a la falta de reinversión, y porque Chávez había despedido a todos los trabajadores petroleros competentes en el momento en que los precios del petróleo se estaban preparando para dispararse. ¿Y por qué Chomsky sólo está interesado en las agencias internacionales de crédito? Mientras que los bonos emitidos por esas agencias representan alrededor de $ 60 mil millones en préstamos, la BBC coloca la cifra de lo que Venezuela le debe a China y Rusia en $ 140 mil millones. Pero en realidad nadie lo sabe, ya que el gobierno no ha publicado ningún dato económico desde 2015. Chomsky continúa criticando las sanciones estadounidenses  (“duras, brutales, devastadoras”), pero no menciona que fueron los sectores de la oposición venezolana, alarmados de que Maduro arrastrara al país a estar más endeudado sin que la Asamblea Nacional pusiera frenos a ellos , quien instó al gobierno de Obama a poner fin a nuevas renegociaciones de la deuda. Tampoco explica que se vieron obligados a hacer esto porque Maduro tenía todos los actos de la Asamblea Nacional dominada por la oposición (elegida en diciembre de 2015 con una mayoría de dos tercios en las elecciones con una participación de votantes históricamente alta del 75 por ciento) anulados  por el Supremo Tribunal de Justicia. Al igual que el boicot internacional al Apartheid South Africa que exige el ANC, estas sanciones han tenido un impacto negativo en el país, pero es absurdo sugerir, como lo hace Chomsky, que  “convirtieron una crisis en una catástrofe humanitaria”.

Lo que provocó la catástrofe humanitaria fue el saqueo de más de US $ 475 mil millones de la tesorería nacional durante los 14 años de mandato de Chávez. Eso representó el valor de nueve años de importaciones de comida que podrían haber alimentado al país. Sin duda, esto es solo una fracción del dinero total desperdiciado en programas que no produjeron ningún desarrollo a largo plazo, sino al contrario incompetencia, desperdicio, patrocinio a clientes, sobornos, misiones que no dieron lugar a fines claros, todo lo cual se ha desarrollado en un entorno de total impunidad. Es probable que Chomsky tenga razón en que las nuevas sanciones bajo Trump harán la vida considerablemente más difícil para los venezolanos comunes, pero ciertamente se equivoca al describirlas como “un esfuerzo por hacer que la población se someta a la sumisión”. Un 80-90 por ciento de los venezolanos quieren deshacerse de Maduro y entienden que las sanciones son un torpe intento de Trump para lograr ese fin. A medida que se apresura, Chomsky finalmente dirige su atención a Maduro, calificando sus políticas de represivas y “espantosas”, pero, oye, ¿qué se puede esperar de los venezolanos cuando son sometidos a una “constante subversión” y críticas en los medios de comunicación occidentales?  “¿Alguien -él quiere saber-, “alguna vez ha retirado sus elogios por el golpe militar?” En 2002, la oposición venezolana intentó derrocar a Chávez y lo logró brevemente. A partir de ese evento, Chomsky hace girar toda una historia “de subversión, sabotaje, problemas internos y errores …” Y ahora, Chomsky se lamenta, “los medios internacionales hablan sólo por la oposición”. Tal vez sea porque el gobierno de Maduro ha cerrado los periódicos de la oposición. en el país, atacaron y censuraron publicaciones en línea, y encarcelaron a periodistas críticos con cargos falsos.

El objetivo de la trama imperialista, concluye Chomsky, es “el regreso de Venezuela al tipo de circunstancias que se ven en algunos de los otros países de la región dirigidos por Estados Unidos. Si desea ver atrocidades, crímenes, etc., simplemente observe los países donde Estados Unidos ha mantenido el control. Los países de América Central”. Es cierto que a Honduras no le está yendo bien, pero otros estados amigos de los Estados Unidos como Chile, Colombia, Perú, Panamá están experimentando un aumento constante en el nivel de vida, quizás gracias a que son clientes de los Estados Unidos y no han sido manejados por los chavistas bajo la tutela de los cubanos durante 20 años. Los venezolanos podrían decir: “Deberíamos ser tan afortunados”. Y, con eso, los seis minutos de desinformación de Noam Chomsky llegan a su fin. Nader agradece a su invitado y lo describe como “una voz de intelecto y razón elevadas y una interpretación objetiva que es rara hoy en día en el discurso público”. Esta opinión está alarmantemente extendida. Ya en 1979, el New York Times describía a Chomsky como “posiblemente el intelectual con vida más importante en la actualidad”. Esa línea aparece de manera confiable en los numerosos y halagadores perfiles de Chomsky (generalmente en publicaciones que él califica incesantemente). El ensayo del marxista William Robinson en el que atacaba a los apologistas occidentales del dictador nicaragüense Daniel Ortega podría haber sido escrito sobre Chomsky: “De acuerdo con el punto de vista maniqueo e infantil de una parte importante de la izquierda de los EE. UU., el mundo es blanco y negro y hay buenos y malos. Esta es una plantilla en la que todo debe encajar con el dogma político”.

Richard Hofstadter nos advirtió sobre personas como Noam Chomsky en su gran libro “Anti-Intellectualism in American Life”. “Si hay algo más peligroso”, escribió, “para la vida de la mente que no tener un compromiso independiente con las ideas, es tener un exceso de compromiso con alguna idea especial y restrictiva”. Noam Chomsky se ha comprometido con la idea especial y restringida que las democracias liberales son simplemente una estafa para las camarillas capitalistas que manipulan a un público inconsciente mientras llenan sus bolsillos con dinero en efectivo. Y sobre esta base, ha pasado su carrera atacando los crímenes y la incompetencia de los Estados Unidos, y excusando lo mismo en sus enemigos. Esto es, por decirlo así, una visión reduccionista e infantil, incapaz de acomodar las complejidades de las realidades nacionales y geopolíticas. También deja a los que lo veneran como incapaces de comprender el significado del desastre que se desarrolla hoy en Venezuela, al que Chomsky y sus seguidores miran con solo un indicio de comprensión.

https://quillette.com/2019/03/25/venezuela-and-the-half-truths-of-noam-chomsky/

(Nota del traductor: A diferencia de Noam Chomsky, que en una sola oportunidad estuvo en Venezuela durante pocas horas para reunirse con Hugo Chávez, Clifton Ross ha estado en varias oportunidades en el país, durante varias semanas, donde ha tenido oportunidad de conversar con diferentes actores y mirar la realidad del país con sus propios ojos).

Venezuela: La movilización desde abajo ignorada por la mirada hacia arriba

Rafael Uzcátegui

Aún para quienes somos críticos de la democracia representativa, las elecciones constituyen un dato de la realidad que no puede ser ignorado por quienes deseen incidir en ella. Y si esto es importante para cualquier país, es particularmente válido ahora para Venezuela, que sufre hoy uno de los conflictos menos comprendidos por la izquierda internacional.

La aparición de Hugo Chávez en el escenario público venezolano, en febrero de 1992, significó el comienzo de un fenómeno político que puso fin a la alternancia en el poder a partir de 1958, de los dos principales partidos políticos del momento: el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el socialcristiano COPEI. A diferencia de sus vecinos en la región, los venezolanos disfrutaron no sólo de una relativa estabilidad política sino también de diferentes momentos de bonanza económica –con inequidades en su distribución- como secuela de dos situaciones: 1) Los altos precios del petróleo en el mercado internacional, su principal producto de exportación y 2) El aumento de los ingresos petroleros del Estado venezolano como consecuencia de diferentes negociaciones con las empresas transnacionales, cuyo momento cumbre fue la nacionalización de la industria, en 1976, y la creación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Estas condiciones materiales posibilitaron que el Estado implementara derechos que en el resto de América Latina eran menos viables en ese momento: Educación gratuita con un aumento importante de la matrícula, reforma agraria, legalización de la actividad sindical, creación de una red hospitalaria pública y gratuita en todo el país, por nombrar algunos. Sin embargo, el proyecto de modernización conocido como “Pacto de Punto Fijo” mostró su agotamiento para finales de la década de los 70´s. En 1982 ocurre la primera gran crisis económica en el país, con la devaluación de la moneda. 7 años después, en 1989, los hechos del “Caracazo” revelaron a su vez la profundidad de la crisis social, catalizando la propia implosión de la clase política tradicional.

Auge y declive de la hegemonía bolivariana

Es en este contexto que emerge la figura de Hugo Chávez y su proyecto bolivariano. Luego de un intento de golpe de Estado, en 1992, Chávez transforma su propuesta abstencionista e insurreccional en una electoral, ganado los comicios presidenciales a finales de 1998, capitalizando políticamente el extendido sentimiento de cambio presente en la sociedad venezolana. En 1999, en medio de una popularidad mayoritaria irrefutable, se aprueba por referendo una nueva Constitución. Resaltamos el dato que sugieren los votos: Salvo en una oportunidad, el referendo para la reforma de la Constitución de 2007, Hugo Chávez ganó consecutivamente 13 procesos electorales. Por diferentes causas y reforzado por el uso a su favor de todos los recursos estatales, el llamado “Zurdo de Sabaneta” contó, hasta el momento de su muerte, con la legitimidad de la victoria en las urnas. En contraparte, como demostró el intento de golpe de Estado de abril de 2002, la oposición no contaba con los votos suficientes, por lo que asumió la estrategia insurreccional para desplazar a Chávez del poder.

En el año 2012, último proceso electoral en Venezuela con la participación de Hugo Chávez, el bolivarianismo obtuvo el mayor caudal electoral en su historia como movimiento político: 8.191.132 votos, millón y medio por encima de la cifra de la oposición, que terminó en 6.591.304 votos. Sin embargo, al realizar una proyección de las curvas de crecimiento, tanto de la votación oficialista como la opositora, se podía pronosticar que ambas se iban a encontrar en lo sucesivo. Es por esta razón que tras el anuncio de la muerte de Hugo Chávez el gobierno organizó, en pocas semanas, un nuevo proceso electoral presidencial para intentar capitalizar políticamente la conmoción por su desaparición. Los resultados fueron diferentes a los esperados: Nicolás Maduro perdió alrededor de un millón de votos, obteniendo finalmente 7.575.704 sufragios, siendo su margen de diferencia sobre la oposición apenas el 1.7% del total de papeletas.

Del autoritarismo a la dictadura

Es en este momento, frente a la posibilidad de convertirse en poco tiempo en mayoría, que la oposición abandona la estrategia insurreccional para centrarse en la electoral, legalista e institucional. La ausencia de Hugo Chávez, pero especialmente la emergencia de la crisis económica debido al retroceso de los precios internacionales del petróleo y el gas, pasaron factura en el próximo certamen electoral, diciembre de 2015, cuando se realizaron los comicios a la Asamblea Nacional. Es aquí que el bolivarianismo obtiene el peor resultado electoral de su historia: Dos millones de sufragios por debajo de la votación opositora, que finalmente recibió 7.726.066 sufragios sobre 5.622.844 de la bolivariana. Al no poder revertir esta tendencia a corto plazo, y haberse convertido en una minoría social y electoral respecto a los opositores, Nicolás Maduro y su gobierno asumen una estrategia insurreccional e ilegal para mantenerse en el poder. Deciden convertirse en una dictadura del siglo XXI, cuyo antecedente inmediato en América Latina fue el régimen de Alberto Fujimori en el Perú, entre los años 1990 y 2000.

En un apretado resumen, los principales hitos del tránsito a un gobierno dictatorial fueron: Renovación irregular de jueces de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (TSJ) de Justicia, con el objetivo de declarar como “constitucionales” todas las decisiones arbitrarias que vendrían; Aprobación de un marco jurídico para sustituir la Constitución, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, en mayo 2016; Suspensión indefinida de los procesos electorales pendientes, en octubre de 2016; Anulación de las competencias de la Asamblea Nacional, en febrero 2017, mediante sentencias del TSJ; Justificación legal del uso del paramilitarismo para enfrentar protestas mediante la aprobación del llamado “Plan Zamora”, abril 2017 y, finalmente, la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, en mayo de 2017, de manera muy diferente a cómo se había realizado un proceso similar a comienzos del año 1999.

Debemos insistir en el dato electoral para entender los matices de la situación venezolana. Luego de la suspensión del referendo revocatorio presidencial, un derecho presente en la Constitución y al cual el propio Hugo Chávez se sometió en el año 2004; y luego de las elecciones al Parlamento, en diciembre 2015, el gobierno debía implementar una fórmula para ganar elecciones a pesar de ser una minoría. Los esfuerzos se debían basar en dos objetivos: 1) Emitir todos los mensajes posibles que generaran desconfianza en el electorado en la potencialidad del voto para generar un cambio político en Venezuela y 2) Mantener la mayor cantidad de votación oficialista posible, logrando una votación opositora menor pero suficiente para mostrarla como representativa y legitimadora del propio proceso electoral.

Fue así como el 15 de octubre, 10 meses después de cuando legalmente debieron realizarse, Nicolás Maduro convoca las elecciones a gobernadores y alcaldes. Para promover la desconfianza en el voto lo primero que se anunció fue que los candidatos electos debían juramentarse ante la ilegal e impopular Asamblea Nacional Constituyente. Se colocaron trabas burocráticas para la inscripción de candidatos y se redujeron los tiempos para la campaña electoral. Esto afectó no sólo a los candidatos opositores, sino que la ilegalización de partidos políticos incluyó a las organizaciones del llamado “chavismo disidente” que deseaban participar en las elecciones e intentar capitalizar a su favor el descontento de los chavistas de base con la cúpula gobernante. Luego se inhabilitaron tarjetas electorales en 7 estados del país, se prohibió la sustitución de candidatos renunciantes a pesar de estar permitido en las normas y no se permitió la presencia de observadores independientes nacionales e internacionales. Sobre la estrategia de mantener la mayor cantidad de votos por el oficialismo y disminuir los opositores, a última hora se eliminaron y reubicaron 274 centros electorales, afectando a más de 700.000 electores; uso de los recursos públicos para promover candidaturas oficiales, que incluyó la base de datos por las cuales se vendían alimentos a precio regulado, conocido como bolsas o cajas CLAP; amenazas y coerción a empleados públicos, uso de grupos civiles de motorizados, con símbolos de las organizaciones paramilitares, para hostigar centros de votación y atemorizar electores y, finalmente, robos de personas en las inmediaciones de centros electorales, a pesar de la presencia de los militares del llamado “Plan República”, donde se suponía que la oposición lograría mayoría. Y finalmente, la manipulación de actas electorales, como ocurrió en el estado Bolívar, que restó la victoria del opositor Andrés Velásquez. El repertorio fue tan amplio como efectivo, y continuó después del día de votación. Juan Pablo Guanipa fue un opositor que ganó la gobernación en el segundo estado en importancia del país, Zulia, pero tras negarse a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente el TSJ anuló su victoria y ordenó repetir las elecciones en esa entidad.

Los resultados favorables provocaron que el gobierno adelantara 7 meses las elecciones presidenciales para aprovechar la desconfianza promovida en la posibilidad de un cambio por la vía electoral. Entre las irregularidades presentes en el proceso del 20 de mayo de 2018 se encontraban los obstáculos para el ejercicio del derecho a la libre asociación política, dejando fuera de la contienda a los principales partidos políticos opositores, Primero Justicia y Voluntad Popular, así como a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y la posibilidad de participación a las organizaciones del llamado “chavismo disidente”, como Marea Socialista. Por otro lado se decidió una fecha sobrevenida de la elección para favorecer al aparato oficial, recortando drásticamente lapsos para la presentación de candidaturas, organización del registro electoral y la realización de propia campaña electoral. Las elecciones ocurrieron en un contexto informativo de hegemonía comunicacional estatal, con amplio ventajismo para la opción oficial y donde los plazos y posibilidades de difundir su mensaje limitaba el conocimiento de propuestas alternativas en el territorio nacional. Siguiendo el modelo nicaragüense el gobierno estimuló una oposición a su medida. Finalmente participó como contendor por la oposición un antiguo militante del chavismo, Henry Falcón. Finalmente 9.387.449 fueron los votantes escrutados en los comicios de mayo 2018, 46.07% de la población electoral, que habrían elegido a Nicolás Maduro con 6.248.864 votos sobre los 1.927.958 sufragios recibidos por Falcón. La abstención fue la más alta registrada en Venezuela en votaciones para presidente, desde 1958.

Víctor Alvarez, miembro del Centro Internacional Miranda, un think thank que durante muchos años apoyó el proyecto de Hugo Chávez, aseguró el pasado 25 de febrero de 2019: “El chavismo, de ser el 60% en la correlación de fuerzas, ha quedado reducido a no más de 25%”. Por otro lado, lo que constituye un dilema para los genuinos críticos de la democracia representativa, dentro de Venezuela el principal promotor de la abstención en procesos electorales es la dictadura de Nicolás Maduro.

La hegemonía de la mirada vertical

Resulta curioso que dentro de la izquierda internacional, incluso en los sectores más autonomistas y libertarios, se haga tanto énfasis al hablar sobre Venezuela en la disputa cupular y se ignore tanto la amplia y extendida movilización desde abajo para sacar a Nicolás Maduro del poder, como el sufrimiento del propio pueblo venezolano.

En el año 2014, entre los meses de febrero a junio, se realizó un ciclo de protestas que tuvo como características la descentralización, la diversidad estratégica y la petición de renuncia de Nicolás Maduro como eje principal de articulación. La respuesta estatal a las manifestaciones fueron 43 personas asesinadas, 878 lesionadas y más de 3306 detenciones. El 12 de febrero, luego de la realización de manifestaciones simultáneas en diferentes ciudades del país, con la participación aproximada de 800.000 personas, y el asesinato de las 3 primeras personas por agentes estatales, una rueda de prensa de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a los manifestantes a desmovilizarse, “un luto de 3 días sin protestas”. Las manifestaciones no sólo continuaron, sino que se incrementaron, desobedeciendo la línea partidista oficial. Y aunque apenas el 7% del total fue de carácter confrontativo y violento, fueron las imágenes privilegiadas tanto en los noticieros como en el discurso oficial. Luego, en el año 2017, las declaraciones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz –en ese cargo desde el año 2007- sobre la “ruptura del hilo constitucional” generó un nuevo ciclo de protestas que duraron 4 meses, con movilizaciones en todo el país, y que generaron un saldo represivo, según el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, de 124 personas asesinadas en el contexto de protestas, 5.051 personas detenidas y 609 manifestantes procesados por la justicia militar. La magnitud de la indignación de las multitudes fue tan amplio, que el propio gobierno contabilizó que en esos 4 meses habrían ocurrido 9.436 protestas en todo el país, para un promedio de 78 manifestaciones cada día. Luego de la experiencia del 2014, los políticos participaron en las movilizaciones, especialmente los primeros días y particularmente los diputados opositores más jóvenes, en un liderazgo que no era unidireccional, sino compartido, pues los manifestantes exigían un ritmo constante de presencia en la calle. En esta oportunidad las demandas fueron 4: Respeto a la independencia de poderes, Apertura del canal humanitario, liberación de los presos políticos y anuncio de un cronograma electoral. La estrategia era provocar una transición pacífica por colapso, dividiendo la coalición dominante, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Los manifestantes generaron sus propios mecanismos de autoconvocatoria, autoregulación en la protesta y autoprotección, como lo demostró la expansión de los llamados “cascos verdes”, un grupo de socorristas voluntarios que nació y se expandió en las propias manifestaciones. Las manifestaciones fueron tan intensas que para apaciguarlas el bolivarianismo sacrificó el último símbolo que quedaba del legado de los días de Hugo Chávez: La Constitución de 1999, imponiendo una Asamblea Nacional Constituyente que, formalmente, tiene como objetivo principal la redacción de una nueva carta magna. Aquella gesta ciudadana no sólo fue ignorada por la mayoría de la izquierda internacional, sino criminalizada al amplificar las acusaciones contra ella difundidas por el gobierno venezolano.

Antes de avanzar a los hechos más recientes nos gustaría citar algunas estadísticas que reflejan la profundidad de la crisis venezolana, que según las estimaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ha ocasionado que 3 millones de personas hayan literalmente huido del país, en un corto plazo, generando la peor crisis migratoria de la historia reciente en América Latina. Como se privilegió la importación, en tiempos de altos recursos, desde el año 2014 la producción local de alimentos, que ya era insuficiente, disminuyó en 60%, mientras que sus volúmenes de importación han bajado en 70% entre los años 2014 y 2016. Un estudio de Caritas en sus comunidades beneficiarias determinó que el 64% de los venezolanos habría perdido 11 kg de peso entre los años 2016 y 2017, mientras el 63% redujo la cantidad de comidas al día. En el año 2016 las muertes maternas, un indicador internacional sobre la situación de pobreza en un país, había aumentado 66%, Por otra parte, los gremios han denunciado que la escasez de medicamentos se calculaba, para diciembre de 2018, en 85%, mientras el 79% de los hospitales no reciben agua de manera regular y el 53% de los quirófanos de los hospitales públicos están cerrados. Es tanta la desconfianza en el sistema público de salud que ellos mismos han administrado que los altos jerarcas del régimen, incluyendo el propio Hugo Chávez en su momento, atienden su situación de salud y la de sus familiares en hospitales de otros países. Según las tres principales universidades del país, el 48% de los hogares venezolanos tendrían sus necesidades básicas insatisfechas. Todos los indicadores económicos están transitando de la catástrofe al horror, siendo la inflación esperada para este 2019 mayor de 10.000.000 % y el salario mínimo, para el 30 de enero, equivalente a 5,45 dólares al mes.

Luego de la muerte de Hugo Chávez han surgido diferentes grupos que, calificados como chavismo “crítico”, “disidente” u “originario” han venido denunciando al gobierno de Nicolás Maduro como “traidor al legado de Chávez”. Sobre este grupo ha recaído una represión feroz. Un informe de la ONG Provea contabiliza en 46 los casos de chavistas disidentes que han sufrido cárcel, despido y amenazas a su integridad física. El caso más conocido es el de Miguel Rodríguez Torres, ex director de la policía política SEBIN y ex ministro de interior y justicia en 2014, que fue encarcelado en marzo de 2018 por sus críticas al gobierno. El más reciente es el asesinato de Alí Domínguez, el pasado 28 de febrero, quien venía denunciando la corrupción, el acoso a los periodistas y las violaciones de derechos humanos del gobierno.

La encrucijada de 2019

El 21 de enero de 2019 alrededor de 30 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana desconocieron en redes sociales la autoridad de Nicolás Maduro, lo que originó una cadena de protestas en los barrios del oeste de Caracas y de otras ciudades. Durante una semana los sectores populares del país encabezaron un ciclo de protestas que fue respondido duramente por el gobierno, debido a su alto costo simbólico. En una semana fueron asesinadas 43 personas, 35 de ellas en el contexto de protestas y 8 restantes identificadas y asesinadas después de haber participado en ellas. De las 35 una cifra de 25 había participado en un cierre de calle y 10 en un saqueo o intento de saqueo, dos de los mecanismos privilegiados de protesta en los sectores populares del país.

El actual conflicto venezolano ha dejado de ser 1) De clases, dado la incorporación de los sectores populares a las demandas de cambio, visiblemente desde el 2017 y claramente en este 2019 y 2) Ideológico, cambiando la antigua polarización chavismo versus antichavismo por una nueva, democracia contra dictadura, como lo refleja la incorporación de los chavistas disidentes a los esfuerzos y movilizaciones por el tránsito a la democracia.

Las razones profundas del conflicto, la pobreza atroz de la población y la falta de democracia, son obviadas por quienes intentan simplificarlo a una supuesta confrontación entre el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y Nicolás Maduro. Esta visión colonialista ignora el papel de los gobiernos latinoamericanos, la mayoría agrupados en el llamado “Grupo de Lima”, que han tenido que asumir iniciativas cuando sus territorios fueron desbordados por la migración venezolana y, en menor medida, México y Uruguay. Otro contrapeso internacional es la Unión Europea, donde casi todos sus países miembros han desconocido el segundo período presidencial de Nicolás Maduro, por ser consecuencia de un fraude electoral, y han promovido un mecanismo llamado “Grupo de Contacto” para presionar por una salida negociada, que pase por la realización de elecciones.

No obstante, detengámonos en el papel de Estados Unidos en la situación venezolana. Aquí debo recomendar el mejor análisis que he leído sobre Venezuela (ubicable en http://periodicoellibertario.blogspot.com/2019/03/la-izquierda-y-los-espejismos-de-la.html), una entrevista al periodista francés radicado en Quito Marc Saint Upery, quien divide en dos las opiniones de izquierda internacional sobre el tema: “Un delirio total sobre la intervención imperialista (…) que demuestra hasta qué punto hoy el antiimperialismo latinoamericano, y no solo latinoamericano, es una ideología zombi y un vector de colosal ignorancia, paradójicamente, sobre el mismo imperio y los mecanismos de su funcionamiento real” y, por otro lado, “Una ignorancia teórica y empírica abismal sobre la naturaleza y la evolución del régimen chavista-madurista, acompañada por una falta total de imaginación moral y empatía humana por la suerte del pueblo venezolano real y no fantaseado”. Sobre la ascendencia de Washington sobre Venezuela, responde: “Hubo una especie de bluff cruzado, de apuesta un poco teatral y arriesgada, entre Voluntad Popular –el partido político de Juan Guidó- y los «neocons» estadounidenses, cada uno tratando de instrumentalizar al otro al servicio de sus propios objetivos inmediatos, con la intermediación compleja de varios actores que hacen de «policías malos» (Almagro, el Grupo de Lima) o «policías buenos» (Uruguay, la Unión Europea). Tanto la supuesta «amenaza de intervención militar» estadounidense como la «presidencia» de Guaidó son ficciones productivas que desbloquearon una situación totalmente bloqueada por el poder, pero pueden entrar en un espiral destructiva en función de la extrema volatilidad del escenario”. Según su criterio, que comparto, la sintonía entre la fracción “neoconservadora”, encabezada por John Bolton, y los “halcones más especializados en política hemisférica”, como Elliot Abrams o Marco Rubio, no cuentan con el consenso del Congreso de Estados Unidos que valore a Venezuela como una amenaza a su seguridad, ni de la opinión pública de los ciudadanos de ese país ni tampoco del apoyo del Pentágono o del aparato de seguridad. ¿Es posible oponerse, siquiera, a la sugerencia de intervención militar estadounidense y a la vez denunciar el modelo opresor que significa Nicolás Maduro y su gobierno? Claro que sí, y es lo que muchos venezolanos estamos haciendo en este momento.

El eclipse del progresismo latinoamericano y la ausencia de crítica al chavismo por parte de la izquierda internacional regaló, en bandeja de plata, las demandas democratizadoras del pueblo venezolano a los sectores más conservadores. Si a esto le sumamos el profundo desprestigio que el bolivarianismo ha endosado a cualquier proyecto alternativo al capitalismo dentro de Venezuela, es comprensible que para cualquier joven no mayor de 25 años, protagonistas de las protestas dentro del país, la izquierda no sólo haya dejado de ser un referente, sino que es la principal ideología a combatir. En esto coincido con Marc Saint Upery cuando afirma que “aunque nos duela, hay que mirar la realidad en frente: hoy en Venezuela, el «socialismo», la «revolución», el «antiimperialismo», son palabras obscenas y probablemente lo seguirán siendo por lo menos durante los próximos 25 o 30 años”.

Salir de Maduro como requisito para cualquier posibilidad

Con todo y lo anterior, hay mucho espacio para la esperanza. El bolivarianismo no fue una ruptura sino una continuidad de las principales matrices políticas, económicas y socioculturales venezolanas, por lo que cualquier escenario posterior dará la oportunidad de superar sus aspectos más negativos, como el caudillismo y la dependencia del extractivismo. Por otro lado, a pesar de la actual popularidad de Juan Guaidó –quien ha convocado jornadas nacionales de protesta en todo el país, incluyendo pueblos y zonas rurales-, la crisis de representatividad política se mantiene, como reflejan los estudios de opinión que lo ubican como el único político en el país con mayor tasa de aprobación que de rechazo. Siendo así, hay condiciones objetivas para promover otras formas de acción política, menos dependientes de las etiquetas y más a sus resultados, que para nosotros deberían ser la re-creación y fortalecimiento de un tejido asociativo y cooperativo a nivel de base.

La salida de Nicolás Maduro y su gobierno del poder, y el regreso a las formalidades democráticas, permitirán condiciones para la actuación de movimientos sociales autónomos e independientes, ahora negado de plano por las condiciones políticas, económicas y culturales impuestas por la dictadura. No sólo es improbable, sino que es desmovilizador promover una hipotética propuesta de “salida por la izquierda”, como hace buena parte del trotskismo local e internacional, o un maximalismo sin ningún tipo de incidencia ni capacidad para pomoverlo, “Ni Maduro Ni Guaidó”, como repiten algunos anarquistas. Por ahora, todos los esfuerzos deben ser para salir de la dictadura y generar un escenario sociopolítico diferente, donde podamos de nuevo aspirar a generar una propuesta, pero especialmente una práctica, alternativa, social y libertaria para el país.

Texto originalmente escrito para la revista Courant Alternatife

Provea convoca al concurso de diseño “Levántate por tus derechos”

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Con el fin de promover el talento musical y gráfico venezolano el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el marco del primer año de la declaratorio del reggae como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, convoca al concurso ARTE Y REGGAE POR LOS DERECHOS HUMANOS, para seleccionar la propuesta gráfica y visual del poster del concierto “Levántate por tus derechos: tributo a Bob Marley” que se celebrara en el Centro Cultura Chacao el 18 de mayo del presente año con las bandas Onice, Carta Roja y Bathawi.

El concurso se regirá por las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los venezolanos y extranjeros mayores de edad que estén residenciados en Venezuela y que no tengan relación laboral con Provea.

2. El arte debe enviarse en jpg en baja resolución en versión a colores y blanco y negro en formato RGB. Debe tener la imagen de Bob Marley, el título “Levántate por tus derechos” y, menos destacada, la frase “Reggae: Patrimonio inmaterial de la humanidad”. En caso de ser seleccionada, los artes deben ser remitidos en alta resolución.

3. El arte del afiche deberá ser inédito, original, libres de compromisos editoriales y no sujeto a la espera de otro veredicto.

4. Cada autor podrá participar la cantidad de propuestas que desee, las cuales deberán enviarse al email: procesosalternativos@derechos.org.ve mediante un correo electrónico con las propuestas del afiche en formato jpeg.

5. Se recibirán artes hasta el 7 de abril. El jurado emitirá su veredicto el 15 de abril del presente año, y el acto de premiación se llevará a cabo durante la celebración del concierto “Levántate por tus derechos: tributo a Bob Marley” que se realizará en el Centro Cultural de Chacao el 18 de mayo del 2019.

6. Habrá un premio único de $50 pagados en bolívares a la tasa de cambio del día.

Provea: Defensor de DDHH y periodista Luis Carlos Díaz se encuentra detenido en el SEBIN de El Helicoide

(Caracas, 12 de marzo de 2019) Luego de la denuncia de la desaparición del periodista y defensor de DDHH, realizado por su esposa Naky Soto alrededor de las 10 de la noche del lunes 9 de marzo de 2019, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia realizaron un allanamiento en su vivienda a las 2 y 30 de la madrugada del martes 10 de marzo. Provea acudió al sitio de los hechos inmediatamente después del operativo y pudo recoger el testimonio de Soto. Según sus declaraciones los efectivos presentaron una orden de allanamiento y dos testigos, además de trasladar esposado a Díaz para que presenciara el procedimiento, en el cual requisaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops y 1 disco duro, según quedó constado en el acta, como corroboró uno de los testigos. Díaz también aseguró que los funcionarios se habrían apoderado de dinero en efectivo, del cual posteriormente no habría quedado constancia oficial.

Soto pudo conversar brevemente con Díaz, quien le relató que habría sido detenido cuando se desplazaba cerca de la embajada de Corea, en el Country Club, cuando se desplazaba en bicicleta a su domicilio. Asimismo, le confirmó que habría sido víctima de tratos crueles y degradantes durante su detención. La información suministrada por los funcionarios durante el allanamiento es que Díaz, supuestamente, habría cometido “delitos informáticos”. En las próximas horas debería ser trasladado a un tribunal para ser presentado al Ministerio Público, quien debería formalizar los cargos contra el defensor de DDHH o dejarlo en libertad. El pasado 08 de marzo el comunicador fue criminalizado por Diosdado Cabello, quien aseguró en un video (https://twitter.com/ConElMazoDando/status/1104089583850012674) que era parte de la conspiración que supuestamente era responsable de la avería de la represa del Guri, que originó la interrupción del suministro eléctrico en Venezuela durante varios días.

Según el testimonio, los funcionarios habrían informado que Soto también se encontraba en la orden de aprehensión, pero que debido a su condición (paciente oncológico) no iban a proceder en los momentos. Sin embargo, “si denunciaba, la vendrían a buscar”.

Su esposa Naky Soto ha convocado a una movilización este martes 12 de marzo, a las 11 de la mañana, en las puertas de la Fiscalía en Caracas para exigir la libertad de Díaz, quien también posee la nacionalidad española. También ha solicitado al equipo técnico de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en DDHH, de visita en Caracas, que lo visite en su sitio de reclusión para constatar su integridad física y psicológica.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Informe especial Provea: Apagón nacional es una catástrofe que forma parte de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

(Caracas 10 de marzo de 2019). En opinión de Provea la mezcla de falta de mantenimiento, irregularidades administrativas y desprofesionalización de su gestión habrían sido las causantes del apagón del sistema eléctrico, ocurrido en todo el país desde el jueves 7 de marzo. Desde hace varios años se ha denunciado las constantes interrupciones del servicio eléctrico, tanto por especialistas, trabajadores del sector, ONG y las propias comunidades afectadas, cuyas consecuencias se han incluido en los informes de los diferentes organismos internacionales con responsabilidad en derechos humanos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido insuficiente y podría agravar sus consecuencias.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, una catástrofe es “cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada”. La diferencia con el concepto “desastre” radica en el gran número de víctimas, que la destrucción material y humana no se encuentra restringida a una única zona, la posible prolongación en el tiempo de sus efectos, la desproporción entre necesidades y medios y la necesidad de activar medios de ayuda extraordinarios.

La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) es una situación en que la causa de la emergencia no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población. Diferentes ONG venezolanas, desde el año 2014, habíamos alertado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, debido a la hiperinflación.

Además de las graves violaciones al derecho a la salud y la alimentación, un elemento adicional de la EHC, que ha aumentado los índices de pobreza en Venezuela, es la crisis en la prestación de los servicios públicos, afectando a toda la población del país, especialmente a los sectores más vunerables. Las dificultades y retrocesos en los servicios de transporte público, gas doméstico y agua potable han incluido las permanentes interrupciones en el servicio eléctrico, que se han documentado y denunciado de manera suficiente como para que las autoridades hubieran tomado medidas para garantizar el suministro.

Evolución de la crisis en la prestación del servicio eléctrico

Como documentó la ONG Aula Abierta en su informe “Violaciones de derechos humanos en la disponibilidad y acceso e servicios públicos básicos en el Municipio Maracaibo, estado Zulia”  entre los años 2008 y 2009 comenzaron a presentarse las interrupciones en diferentes lugares del país, que fueron adjudicadas por las autoridades a los efectos del fenómeno climático de El Niño. Como respuesta se creó un ente específico, el Ministerio de Energía Eléctrica, cuyas primeras metas fueron reducir en 20% el consumo eléctrico y la remodelación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas en el país.  Sin embargo, la situación se mantuvo, lo que obligó a la declaración del “estado de emergencia nacional”, el 08.02.10, mediante Decreto Presidencial 7.228 se anunció la creación de un Estado Mayor Eléctrico, presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y conformado por los ministros para la Energía Eléctrica, Planificación y Finanzas, Industrias Básicas, y Energía y Petróleo. El objetivo de esta figura fue evaluar la posibilidad de importar energía y adquirir equipos y repuestos para rehabilitar las plantas de energía eléctrica. También fueron impuestas multas a los consumidores por “uso excesivo del servicio eléctrico”.

En abril de 2013 el gobierno declaró nuevamente el “estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico”, atribuyendo las interrupciones del servicio a actividades de “sabotaje” por parte de opositores, por lo que se declararon como “zonas de seguridad” los espacios del territorio nacional donde estuviesen funcionando instalaciones eléctricas, ordenando a los órganos de seguridad su resguardo. Posteriormente se anunció la puesta en marcha de la “Gran Misión Eléctrica”, compuesta por 7 vértices: el fortalecimiento del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), el ahorro energético, la sostenibilidad financiera del SEN, el desarrollo de fuentes de energías alternativas, el desarrollo soberano del sector eléctrico, la implementación del nuevo modelo de gestión “socialista” y un plan de inversiones.

Como recordó Aula Abierta, en el marco del segundo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica a nivel nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 del 13 de mayo de 2016, nuevamente se atribuyó a los fenómenos climáticos las causas de la crisis eléctrica: “el fenómeno de El Niño ha generado la crisis climática más difícil de la historia de nuestra Patria  mermando la capacidad de nuestros suelos para producir alimentos y materia prima, limitando el abastecimiento interno de alimentos, afectando el sistema nacional de producción de energía eléctrica, disminuyendo las reservas hídricas del país destinadas a la provisión de los servicios esenciales de agua y electricidad, y causando otros efectos en la productividad del país”.

Hasta el año 2015 fue de acceso público el informe de gestión del Ministerio de Energía Eléctrica. No obstante, el ministerio no reveló ese año la cantidad de viviendas que contaban con el suministro eléctrico. Una nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias afirmaba que el servicio eléctrico alcanzaba el 98% de cobertura: “En 17 años se han incorporado más de 10.000 megavatios (MW). La nación cuenta en la actualidad con una capacidad de generación instalada de 28.000 MW, de los cuales están operativos 20.300, para atender una demanda que oscila entre los 17.000 y los 18.000 MW”. Sin embargo, estas cifras no coincidieron con las divulgadas en ese mismo año por el gerente de Distribución y Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Carlos Borges, quien calculó la demanda en el país en 15.500 MW. Además, estimó que los hogares consumían el 40% del total de la generación eléctrica, y los aires acondicionados representaban 32% de la demanda eléctrica de las viviendas.

Según la Ley de Presupuesto 2017, la última de acceso público, el Ministerio de Energía Eléctrica se ubicó en el n lugar número 17, de 18 entes, como la institución que menos recibió presupuesto para su funcionamiento, comparativamente con un monto 18 veces menor que lo destinado para el Ministerio de Defensa, lugar 4 en la lista.

Ante la ausencia de información oficial, gremios y ONG levantan información

La falta de estadística oficial sobre el sistema eléctrico nacional obligó a diferentes instituciones a levantar datos que permitieran realizar un diagnóstico sobre su situación y hacer recomendaciones a las autoridades.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), una investigación realizada por tres universidades (UCV, UCAB y USB) encontró que para el 2015 el 12,5% de los hogares del país tenían interrupciones diarias; 32,4% alguna vez a la semana; 41,5% alguna vez al mes y, por último, 13,6% expresaron que nunca tienen cortes del servicio. Según los resultados las interrupciones y apagones afectaban a 86,4% de los hogares en Venezuela. Un año antes la Encovi había medido que el 20,6% de las casas posee electricidad diariamente; 41,5% alguna vez a la semana; 22,2% alguna vez al mes y 15,3% nunca contaban con electricidad. Según Alfredo Cilento, investigador de Encovi “graves problemas de generación, transmisión y mantenimiento de las plantas y líneas de transmisión se han acumulado en los últimos diez años”. Según Aula Abierta durante el primer semestre del año 2013 ocurrieron 534 apagones en el estado Zulia, un promedio de dos interrupciones al día.

El deterioro en el sistema eléctrico aumentó la EHC en el sector salud. Según el Informe Anual de Provea 2017 para ese año se registraron 195 denuncias sobre fallas eléctricas en los centros asistenciales que habían afectado su desempeño. Para el año 2016 se detectaron 119 denuncias similares. Por otro lado según la Encuesta Nacional de Hospitales, incluida en el Reporte Nacional realizado en septiembre de 2018 por 12 ONG con trabajo en el derecho a la salud apenas el 33% de los centros hospitalarios del país contaban con plantas de generación de energía eléctrica: “Los cortes de luz, intensificados los dos últimos años por la caída de las capacidades de energía eléctrica en el país, también constituyen un aspecto de enorme preocupación dado que al menos 33% de los hospitales públicos no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital en caso de fallas dentro de áreas críticas como emergencias, quirófanos y unidades de cuidado intensivo”.

Por su parte Transparencia Venezuela documentó dos importantes casos de corrupción vinculados a Corpoelec: La represa Tocoma, y la repotenciación de Macagua I, ambas en el estado Bolívar. Ambas obras se encontrarían paralizadas desde hace varios años y con diferentes denuncias sobre el manejo irregular de los recursos.

Alertas sobre crisis eléctrica genera persecución de los denunciantes

Víctor Poleo, ex viceministro de Energía Eléctrica, ha denunciado reiteradamente la crisis del sistema eléctrico, que ha calificado de inducida: “Aquí se dictó la emergencia eléctrica con un fondo de un millón de dólares, con Alí Rodríguez como Ministro de Electricidad, y se aplica esta forma de ingeniería de fabricar electricidad en plantas. Además, se creó Corpoelec a pesar de las advertencias de que eso no funcionaría, metiendo en un mismo saco todas las empresas sin un estudio económico y haciéndola una empresa financieramente inviable, como lo admitió el propio Jesse Chacón después. Y ya desde 2005 se venía militarizando el sector”. En 2013, Poleo y los ingenieros electricistas José Manuel Aller, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Sistemas Interconectados, fueron citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras haber opinado sobre las interrupciones en el servicio eléctrico. En abril de 2015 se denunció que el ingeniero Luis Vásquez, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Barquisimeto. Vásquez habría declarado a un medio regional sobre la posibilidad de nuevos apagones debido a la caída del nivel del agua en el embalse Gurí, represa que alimenta a la principal central de generación hidroeléctrica.

Reynaldo Díaz, Secretario General del Sindicato Trabajadores Eléctricos de la Electricidad de  Caracas (STE), ha denunciado que por lo menos 29 dirigentes sindicales de Corpoelec habían sido despedidos por exigir mejoras salariales para los trabajadores. Interrogado sobre la situación de la estatal, respondió a Provea: “Hay déficit de transformadores en los patios, en las áreas, déficit de los implementos e instrumentos de trabajo necesarios. No se desmalezan las áreas con la frecuencia necesaria, hay obsolescencia de equipos que ordena la sustitución de equipos en generación, transmisión y distribución. La empresa “funciona” porque los trabajadores siguen yendo por el amor que le tienen a su trabajo. Quedan pocas unidades de transporte, sin cauchos ni baterías. No hay papel ni tinta para imprimir.  A causa de la fuga de personal, CORPOELEC está expuesta a la desprofesionalización. Se necesitan 8 años de experiencia para ser caporal de averías o jefe de grupo, de una cuadrilla de linieros. Se necesita al menos 10 años de experiencia para ser jefe de guardia en una planta de generación. Los grupos de guardias de operación, se encuentran incompletos”. Díaz ha denunciado persecución por parte de los organismos policiales por sus denuncias sobre la situación de la empresa y las demandas de los trabajadores.

Comunidades se han movilizado por la falta del servicio eléctrico

Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2018 se registraron 12.715 protestas, 35 diarias en todo el país. El 89% de las protestas fueron por demandas sociales, mientras que el 11% fue por exigencias políticas. Los derechos más exigidos fueron los laborales (5.735 protestas), servicios básicos (3.953 protestas) y alimentación (1.257 protestas). Las protestas por derechos sociales fueron respondidas por el Estado con el uso abusivo de la fuerza, pues durante el 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de esas manifestaciones.

Según el monitoreo realizado por Provea en 30 medios nacionales, entre enero a diciembre de 2016 se realizaron 56 protestas por falta de energía eléctrica a nivel nacional, siendo la tercera causa de protesta por fallas en los servicios públicos, por debajo de las exigencias de agua y gas doméstico.

Organismos internacionales informados sobre crisis eléctrica

En julio de 2015 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó sus observaciones finales al tercer informe de Venezuela sobre el grado de cumplimiento del Pacto Internacional DESC. Entre sus recomendaciones en materia de vivienda, solicitó “la adopción de una estrategia integral que garantizara la disponibilidad y el acceso a servicios básicos adecuados, tales como agua, saneamiento y electricidad”.

En su informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, la oficina del Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos incluía los problemas de suministro eléctrico en su apartado sobre la erosión de los derechos económicos y sociales: “El deterioro de la situación económica ha causado una hiperinflación y una grave escasez de alimentos, medicamentos y energía eléctrica, lo que, sumado a una drástica reducción del presupuesto del Gobierno destinado a los servicios sociales ha conducido a una regresión en el disfrute de los derechos sociales y económicos”. Esta preocupación es repetida en su informe “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, de junio de 2018: “Las instituciones estatales están perdiendo rápidamente la capacidad de proporcionar servicios esenciales a la población, como electricidad, agua y saneamiento y transporte público”. El Alto Comisionado se refirió al impacto de la falta de luz eléctrica sobre la prestación de servicios de salud: “En el estado de Zulia, los médicos indicaron que, debido a los cortes de energía eléctrica, la escasez de agua y la contaminación de los quirófanos, solo podían realizar contadas operaciones por semana, de manera que el plazo de espera para las intervenciones quirúrgicas era de alrededor de seis meses”.

En su reporte “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, divulgado a finales de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyo las consecuencias de la interrupción permanente del servicio eléctrico. Sobre el derecho a la educación aseveraron: “Otras dificultades que han impactado en el goce de este derecho han sido los problemas con el servicio de agua y el servicio eléctrico”. Más adelante agregaron: “El agravamiento de la crisis económica condujo a una hiperinflación; la escasez generalizada de alimentos; el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos; así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica. Esta crisis social y económica tuvo y continúa teniendo manifestaciones concretas en la vida diaria de millones de personas que viven en Venezuela, quienes enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación”.

En febrero de 2018 un grupo de expertos de Naciones Unidas (Leilani Farha, Hilal Elver,  Dainius Pūras, y Philip Alston) alertaron sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, incluyendo la petición sobre la adopción de políticas para garantizar el acceso al suministro eléctrico: “Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.

Nicolás Maduro responde a la situación de manera insuficiente

En la única alocución de Nicolás Maduro referida al apagón que comenzó en toda Venezuela el jueves 7 de marzo, adjudicó la responsabilidad a factores externos: Según nota de Telesur “denunció este sábado -9 de marzo- un nuevo ataque masivo al sistema eléctrico nacional a través de mecanismos de alta tecnología y complicidad de “infiltrados” internos en la empresa estatal de energía Corpoelec (…) Se trata de “tecnología de alto nivel que solo tiene el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) (…) producen ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión” e interrumpen sucesivamente el proceso para reconectar las distintas estaciones, advirtió”. El resto de los voceros estatales han repetido esta versión, sin informar sobre el origen de la falla, las operaciones que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación del sistema eléctrico. Cuando este informe se escribe, el servicio eléctrico ha sido parcialmente restablecido en algunas zonas de Caracas, con interrupciones intermitentes, mientras el resto del país continúa a oscuras. Las autoridades no han divulgado si estarían implementando un operativo de racionamiento eléctrico para los habitantes de la capital, o las expectativas del restablecimiento para el resto del país.

Además de la propia opacidad estatal, la hegemonía comunicacional sobre los medios de comunicación en Venezuela ha aumentado la incertidumbre y el nerviosismo. En el caso de Caracas sólo 4 emisoras de radio informaban sobre los sucesos, basados en informaciones de redes sociales. El servicio de telefonía no ha sido restablecido, por lo que las personas están realizando inusitados esfuerzos para comunicarse con sus familiares.

La interrupción prolongada está ocasionando daños severos difícilmente cuantificables en los actuales momentos. El presidente encargado Juan Guaidó mediante una rueda de prensa junto a expertos y médicos denunció, el 10 de marzo, que por lo menos 17 personas recluías en centros asistenciales habrían fallecido por la ausencia del servicio eléctrico. Pequeños comerciantes en el sector alimentos se han visto afectados debido a la imposibilidad de mantener sus inventarios requeridos de refrigeración. Ante la ausencia de dinero en efectivo y la caída de las comunicaciones en el sistema bancario, algunos comerciantes estarían cobrando en dólares. Debido al cierre de las fronteras las poblaciones cercanas a Colombia y Brasil se han visto impedidas de disminuir las consecuencias del apagón buscando asistencia médica o alimentos en poblaciones aledañas.

No se conoce la activación de un protocolo oficial para atender situaciones de emergencia en las comunidades más vulnerables, como centros asistenciales o ancianatos. También se desconoce el tiempo y las consecuencias de la paralización de actividades anunciada desde el viernes 08.03, por el gobierno. La estrategia de simulación de normalidad, el supuesto restablecimiento progresivo del servicio y la extensión por más tiempo de la situación sobre todo en los sectores más pobres y vulnerables podría ocasionar eventos de conmoción en las próximas horas, con resultados lamentables para la vida e integridad de las personas.

Exigencias inmediatas de Provea frente a la situación

Dada la gravedad de la situación desde Provea estamos realizando las siguientes demandas:

1) Exigir a las autoridades información veraz y oportuna sobre las causas de la interrupción del servicio eléctrico, los trabajos que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación.

2) Sin discriminación, convocatoria a todos los especialistas venezolanos y extranjeros que puedan coadyudar en la reparación pronta de la falla y del sistema eléctrico en su conjunto

3) Atención inmediata a las emergencias generadas por el apagón, activando un protocolo de actuación ante situaciones extraordinarias.

4) Garantizar que el restablecimiento del servicio eléctrico se haga de manera profesional, sin agravar su deterioro y evitando la repetición de situaciones similares en el futuro.

5) Diagnosticar e informar públicamente, de manera veraz y oportuna, sobre las diferentes consecuencias del apagón.

6) Solicitar y aceptar la ayuda internacional tanto para el arreglo de la falla como para abordar los diferentes efectos y consecuencias del apagón en amplios sectores de la población.

7) Abrir las fronteras para que las poblaciones de los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas puedan mitigar los efectos del apagón, accediendo a servicios de salud, alimentos y telecomunicaciones.

 

Venezuela Live Aid: Un concierto por ayuda humanitaria en la frontera

Como activista de derechos humanos llevaba muchos años reuniéndome con “tutiri mundi” para alertar sobre la degradación de las condiciones sociales en Venezuela, primero, y luego sobre el drama producto de la falta de alimentos y medicinas, que ha obligado a muchos a irse del país. Cuando me enteré por redes de la iniciativa de un concierto en la frontera, para llamar la atención mundial sobre la necesidad de ayuda humanitaria a nuestro país, me pareció que sería el punto más alto posible de una campaña internacional para poner los ojos sobre Venezuela, además de un evento extraordinario. Pedí varios días de vacaciones y con Lexys nos fuimos a Cúcuta, para ser testigos del acontecimiento con nuestros propios ojos.

Nos alegramos mucho de la decisión, pues aquella jornada fue simplemente memorable. Ya en otros años, por iniciativa de Juanes, se había realizado un evento similar, cuando se intentó que dos países hermanos se declararan la guerra. Pudimos acreditarnos como prensa, para poder tener un mejor acceso al festival y poder reportar las cosas que pasaron. Hacerlo sobre un puente, sin embargo, le ofreció una visibilidad complicada a las más de 250 mil personas que asistieron al evento, que estaban bastante alejadas de la tarima, con algunas pantallas gigantes y cornetas.

Muchas de las canciones eran temas que había evitado durante años, pero que ese día me sonaron magníficas. Mucha buena vibra de todos los artistas sobre la situación de Venezuela, y algunas actuaciones sentidas como la de Nacho, Miguel Bosé, Paulina Rubio, Reinaldo Armas, etc. Ha sido uno de los mejores conciertos de mi vida, curiosamente con artistas que no son de mis favoritos. Aquello pasó el 22 de febrero de 2019, con entrada libre, y aún están recaudando dinero para donar a la ayuda humanitaria en https://venezuelaaidlive.com/

Si interesa para algo, comparto las notas que envié a mis colegas en Caracas luego de realizado el evento:

Hoy se realizó el concierto Venezuela Aid Live en el puente de Tienditas, con una asistencia multitudinaria que se ha estimado entre 200 y 300 mil personas. Para quienes desde las ONG intentábamos alertar y sensibilizar a la región por cualquier medio la existencia de una emergencia humanitaria compleja, el evento ha alcanzado con creces este objetivo. Al respecto, creemos que Venezuela Aid Live tendrá diferentes consecuencias, de importancia para el contexto en el que realizamos nuestro trabajo:

1) Este mensaje de rechazo a Nicolás Maduro llegará directo a los sectores populares: Lo que no permea debido a los controles y censuras, el discurso del liderazgo político en los sectores populares del país, lo hará la voz de los artistas que participaron en el evento, la mayoría con mensajes muy contundentes sobre la necesidad del cambio.

2) El desprestigio de Nicolás Maduro no tiene “vuelta atrás”: Es importante como diferentes artistas cuyo nombre fue sugerido para ser parte del cartel del concierto gubernamental rápidamente expresaron su negativa a la participación. Se ha vuelto “pop” estar a favor de la democracia en Venezuela y una “raya”, ser vinculado a Nicolás Maduro.

3) A partir de Venezuela Aid Live los artistas querrán vincularse al trabajo en DDHH. El evento abre una oportunidad, pues por efecto contagio muchos artistas musicales locales ahora desearán colaborar con el trabajo humanitario, el rescate de la democracia y la lucha por los derechos humanos.

4) Ya realizado el trabajo de denuncia, las ONG podremos dedicarnos a focalizar esfuerzos en otras áreas en materia emergencia humanitaria compleja. Hasta hoy las ONG usábamos mucha de nuestra energía en denunciar la situación en salud y alimentos. Si bien nunca debemos abandonar la denuncia, que el tema haya alcanzado un nivel de conocimiento público nos permite dedicar esfuerzos en otras tareas, igual de importantes: Incidencia agencias ONU, realización de informes, documentación de casos, etc.

5) El concierto Venezuela Aid Live nos ayuda a continuar estimulando la reorganización de la correlación de fuerzas sociales y populares en la región. Como saben, muchas ONG y movimientos sociales latinoamericanos tuvieron altas expectativas con el chavismo. A raíz de la migración se interesaron en escucharnos, pero el mensaje masivo sobre la emergencia humanitaria compleja venezolana nos ayudará en continuar neutralizando apoyos (a Maduro) y ganar nuevos aliados en el rescate de la democracia en nuestro país.

Alto a la persecución y torturas contra integrantes del pueblo indígena Pemón

(Caracas, 01.03.2019) Queremos expresar nuestro profundo pesar y condolencias a familiares de víctimas de la masacre de Santa Elena de Uairén, ocurrida durante los días 22 y 23 de febrero del 2019. Tres indígenas pemones: Zoraida Rodríguez, José Elsey Pérez Márquez y Kleyver Pérez; y dos no indígenas venezolanos José Hernández y José Barrios Carrasco. Fueron asesinados por armas de fuego, en el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Afirmamos nuestro compromiso para lograr justicia y que no haya impunidad en este crimen de Estado.

Saludamos las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) MC-181-19, que obligan al Venezuela a proteger y garantizar la vida e integridad de Indígenas pemones y comunidad de San Francisco de Yuruaní, kumaracapai. Abogamos por su estricto cumplimiento por parte de Nicolás Maduro, Gral. Vladimir Padrino López, Tarek William Saab, Alfredo Ruíz, Justo Noguera, así como militares y policías nacionales a cargo de las operaciones en Santa Elena de Uairen, Maurak y sus alrededores.

Sin embargo, denunciamos que la represión y el hostigamiento contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantiene. 58 personas han sido detenidas (16 indígenas pemones, 4 adolescentes, 20 de ellos aún sin presentación y tras las rejas en el Fuerte de Escamoto). El Hospital General en Brasil reportó que había recibido 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad, entre el 22 y el 24 de febrero.

Persecución contra líderes indígenas

Hemos recibido graves denuncias de allanamientos ilegales, por parte de la PNB junto GNB, en casas, comercios de Santa Elena de Uairen, San Antonio de Morichal, Caño Amarillo, el Mercado Municipal, buscando a través de listas que los señalan como disidentes a indígenas y no indígenas, sembrando el miedo entre la población y obligándolos a huir o a migrar forzosamente. Hemos documentado casos de al menos 9 personas: una familia de madre pemón y padre no indígena, con 2 hijos pemones; 2 adultos pemones y 3 no indígenas que no han podido regresar a sus casas ni comunidad por estar amenazados. A lo cual se suma el Alcalde de Gran Sabana, el indígena pemón Emilio González, legítimamente electo por votación popular, que junto a su familia ha recibido amenazas graves para su integridad, libertad y vida. Se han instalado ilegalmente alcabalas utilizando tanquetas y con efectivos de la GNB, interrumpiendo el paso vehicular y peatonal. La última el día de hoy, a partir de las 8 am a 1 de la tarde, en San José de Morichal, requisando a todos los vehículos y personas que transitaban por la zona. Actualmente existe un estado de persecución y represión por razones de discriminación política, violando derechos fundamentales que ponen en riesgo su libertad, integridad y vida.

Violación del derecho a la asistencia médica y acceso a alimentos

A la fecha de hoy 01 de marzo de 2019, el hospital Rosario Vera Zurita se encuentra tomado por efectivos de la GNB y de la PNB, limitando y negando el acceso y estableciendo un control de pacientes y familiares. No permiten el paso a periodistas ni asistencias humanitarias o religiosas, negando el acceso a información de pacientes y su condición. A la fecha no es posible corroborar cuántos heridos fueron atendidos o cuántos aún permanecen producto de las acciones del 22 y el 23 de febrero. Por otra parte, a quienes necesitan atención son obligados, por temor a represalias, detenciones o maltratos, a tener que trasladarse a Pacaraima a pie para poder tener acceso a atención médica, violentando el ya mermado acceso a la salud. La toma policial y militar del hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén debe cesar de inmediato, urge el retiro de oficiales que permita retomar la normalidad y el acceso abierto y sin restricciones de todas las personas a sus instalaciones.

Advertimos que la red de suministros de alimentos de Santa Elena de Uairen y comunidades aledañas, así como de medicinas e insumos, dependen en su totalidad del flujo e intercambio con Pacaraima, Brasil. El intercambio de frontera permite el acceso a bienes para garantizar derechos fundamentales que, debido a la Emergencia Humanitaria Compleja, no existen en Venezuela. El cierre de la frontera está agravando de manera muy acelerada la situación en las zonas fronterizas. Los alimentos comienzan a escasear y los precios aumentan afectando a los más vulnerables. Indígenas pemones, por la persecución y el miedo, no han podido llevar lo generado en sus conucos a los centros de intercambio comercial afectando el ciclo y sobrevivencia del sector. Urge la apertura de la frontera para no recrudecer los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja en la zona.

Abuso de poder en territorio indígena

El día 27 de febrero de 2019, de manera violenta, una contingente de la GNB lanzando bombas lacrimógenas y perdigones tomó el aeropuerto de Santa Elena de Uairen. Sus instalaciones se encuentran dentro de los linderos de Maurak y Turasen, en territorio indígena pemón y junto al Instituto Nacional de Aeronautica Civil (INAC) indígenas participan en el control, administración y custodia del mismo. Detuvieron ilegalmente a un ciudadano que, al identificarse y corroborar que no era indígena, dejaron en libertad y a 3 indígenas pemones, Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, hijo del cacique pemón Jorge Gómez del sector VI de Santa Elena de Uairén. Los 3 fueron trasladados al Fuerte de Escamoto, y luego a la Comandancia de la GNB en la avenida Mariscal de Sucre. Allí fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos. Según testimonios fueron golpeados con palos, les propinaron patadas, le lanzaron picante, y les aplicaron electricidad. Los sometieron a amenazas, donde los acusaban de ser parte de la Guardia Territorial Pemón y que por esa razón los iban a matar, que los incendiarían. Tras varias comisiones de diálogo entre el capitán y autoridades indígenas del sector VI de Santa Elena de Uairén con militares, fueron trasladados de nuevo al Fuerte de Escamoto y liberados alrededor de las 11pm. Los 3 presentaron golpes, moretones, uno de ellos en el ojo. No pudieron ser trasladados al hospital por estar tomado por funcionarios de la PNB y GNB. En la madrugada fueron llevados al hospital de Paracaima en Brasil.

Los activistas exigimos

Condenamos el asesinato de indígenas desarmados y en el ejercicio de la manifestación pacífica dentro de sus territorios ancestrales y bajo su jurisdicción, y el sometimiento a torturas, tratos crueles y degradantes. Cuando se asesina y tortura a un miembro o líder tradicional de una comunidad indígena es un acto de agresión colectiva, tanto física como espiritual a toda la comunidad. Estos actos son inaceptables y tienen como objeto intimidar, atemorizar y lograr el sometimiento y desplazamiento forzoso de pueblos originarios. Así como, dividir y fracturar sus organizaciones legítimas y el ejercicio pleno de su autonomía y jurisdicción en sus territorios.

 

Por tanto, exigimos:

– El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra ninguna persona indígenas o ciudadano/as, por parte de ningún efectivo militar o policial ni tercero. Consisten en crímenes de lesa Humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.

– La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emiliano González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardía territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.

– El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.

– El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos, contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, Líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.

– La apertura inmediata de la Frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la Crisis Humanitaria Compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.

– La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.

– El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.

– A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.

Adherimos:

Causa Amerindia Kiwxi

Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

Fundación Centro Gumilla

Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo)

Laboratorio de Paz (LabPaz)

Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru

Organización Indígena Intercultural Wainjirawa

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

Revista SIC

9 precisiones sobre el tema humanitario en Venezuela

Rafael Uzcátegui

EL RESPONSABLE DE LA “POLITIZACIÓN” DE LA AYUDA HUMANITARIA ES NICOLÁS MADURO. Desde el año 2014 las ONG alertamos sobre el aumento de los índices de pobreza en el país y los retrocesos en los derechos a la salud y a la alimentación. El deterioro acelerado en la falta de acceso a los medicamentos nos impulsó a plantear, en diferentes niveles del Estado, la necesidad de recibir Ayuda Humanitaria (AH) debido a la incapacidad gubernamental de garantizar tratamientos y asistencia médica para los venezolanos. La respuesta oficial siempre fue la negación de la situación y el rechazo en aceptar cooperación internacional por razones exclusivamente políticas e ideológicas, alejadas de las obligaciones del Estado en garantizar derechos a la población. Una Emergencia Humanitaria Compleja, como la que sufre Venezuela, es consecuencia de malas decisiones gubernamentales y no desastres naturales ni conflictos armados.

LAS AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS HAN RESPONDIDO TARDÍAMENTE A LA SITUACIÓN. El 21 de julio de 2016 un grupo de 76 ONG venezolanas remitimos una comunicación a Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, para expresarle la indignación y rechazo ante el desempeño y silencio de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas establecidas en Venezuela, en particular las responsables de la salud y la alimentación. 15 días después el Secretario General reconocía la crisis humanitaria en el país. Sin embargo, ha sido en 3 años, a raíz de la solicitud de AH realizada por la Asamblea Nacional, que se ha realizado la primera reunión conjunta entre las Agencias de la ONU presentes en Caracas y un grupo representativo de ONG venezolanas para iniciar un proceso de cooperación sobre el tema.

LA MIGRACIÓN ROMPIÓ LA DUDA REGIONAL SOBRE LA CRISIS VENEZOLANA. Durante muchos años las ONG venezolanas transmitimos alertas tempranas a los gobiernos, así como a las organizaciones sociales y populares de la región, sobre la degradación de las instituciones democráticas y las condiciones de vida de la población. Debido a nuestra historia como país petrolero y el discurso del gobierno bolivariano, la respuesta a nuestras preocupaciones era la incredulidad. No fue hasta el desborde de la migración forzada venezolana, en un breve lapso de tiempo, que se generó la sensibilización sobre la ausencia de medicamentos, tratamientos médicos y una alimentación suficiente que obligaba a miles de personas a huir del país.

HUGO CHÁVEZ SE BENEFICIÓ DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD QUE HOY SE LE NIEGA AL RESTO DE LOS VENEZOLANOS. El propio expresidente Chávez reconoció la incapacidad del Estado para salvar vidas y aliviar el sufrimiento al desconfiar del sistema público de salud del país y colocar la atención a su enfermedad bajo un tratamiento médico suministrado por otros países. Esta posibilidad es la que hoy se niega al resto de la población.

CUANDO EL ESTADO NACIONAL NO ESTÁ EN CAPACIDAD DE GARANTIZAR LA SALUD Y ALIMENTACIÓN DE SUS CIUDADANOS, RECIBIR AYUDA HUMANITARIA ES UN DERECHO DE LA POBLACIÓN. Obstaculizar la respuesta humanitaria por parte de las autoridades que ejercen control sobre las estructuras estatales puede acarrear responsabilidades por causar sufrimiento de manera intencional o atentar gravemente contra la integridad o la salud de las personas, definido como un Crimen de Lesa Humanidad por el artículo 7, Literal K del Estatuto de Roma.

LA AYUDA HUMANITARIA NO DEBE INSTRUMENTALIZARSE PARA OTROS FINES QUE NO SEAN SALVAR VIDAS Y ALIVIAR EL SUFRIMIENTO DE LA POBLACIÓN. Deben tener participación las agencias internacionales con amplia experiencia en la gestión de AH, coordinadas con diferentes actores del país. Su distribución no puede convertirse en un elemento de conflicto, que ponga en riesgo la vida o integridad de sus beneficiarios o de los actores humanitarios.

RECONOCEMOS QUE UN ÓRGANO LEGÍTIMO DEL ESTADO, LA ASAMBLEA NACIONAL, HAYA SOLICITADO AYUDA HUMANITARIA Y QUE UN GRUPO DE PAÍSES HAYAN RESPONDIDO A ESTE LLAMADO. Sin embargo, cualquier respuesta humanitaria debe cumplir los principios de universalidad, humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad establecidos internacionalmente como estándares para su distribución a la población.

EL CONCIERTO VENEZUELA LIVE AID REPRESENTA EL MAYOR ESFUERZO DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN NUESTRO PAÍS. La iniciativa de realizar un concierto gratuito en la frontera colombo-venezolana, con la participación de conocidos músicos internacionales y con el objetivo de recaudar dinero, representa la cúspide del esfuerzo que por años hemos realizado las ONG venezolanas: Utilizar todas las herramientas y lenguajes posibles para alertar sobre la gravedad de la situación y generar mecanismos de solidaridad en beneficio de quienes hoy lo necesitan. Provea aplaude la iniciativa, felicita a todos los sectores que han estado involucrados en su organización y agradece a las autoridades y al pueblo colombiano por su comprensión y solidaridad con la dramática situación de los venezolanos.

CADA DÍA QUE PASA NICOLÁS MADURO EN EL PODER SON 24 HORAS MÁS DE SUFRIMIENTO PARA LOS VENEZOLANOS, ESPECIALMENTE LOS MÁS VULNERABLES. Debido a su negativa en reconocer la gravedad de la situación, rectificar en políticas contraproducentes para los derechos humanos y persistir las medidas que aumentan la pobreza y el autoritarismo, Nicolás Maduro se ha convertido en el principal obstáculo para que los venezolanos puedan alcanzar una vida con dignidad y en democracia. La salida al conflicto político, social y económico es la realización de elecciones libres, transparentes e inclusivas que permitan el ejercicio pleno de la soberanía popular sobre los destinos del país.