Óscar Contardo's Blog, page 56

La deuda con la contaminación en Antofagasta

Esta columna fue escrita junto a Giorgio Jackson Diputado de la República Revolución Democrática

 

La Región de Antofagasta ha sido el epicentro del mayor desarrollo minero e industrial de nuestro país. Estamos orgullosos de ser la región que más aporta al Producto Interno Bruto nacional, pero hemos lidiado solos, por décadas, con las consecuencias de ese desarrollo. Tras las movilizaciones sociales del 2015 en Antofagasta, se creó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y se aprobó presupuesto para el Estudio de Polimetales en la Región. Sin embargo, a la fecha, nuestras autoridades no han impulsado la implementación de las sugerencias de la Comisión y el Estudio no ha iniciado.

Esta deuda con la región sigue aún pendiente, en particular por los parlamentarios representativos del distrito, los cuáles aún no han discutido la comprometida Ley de Polimetales para mitigar el impacto de la contaminación en la población.

Hablar en serio de soluciones para las zonas de sacrificio en nuestro país no pasa por medidas populistas electorales, sino por soluciones a largo, mediano y corto plazo. A largo plazo debemos pensar en un nuevo modelo de desarrollo sustentable, que apunte a la diversificación de la matriz productiva y considere las características privilegiadas de la Región de Antofagasta para la generación de energías limpias con inversión pública, generando nuevos empleos y abasteciendo a las mismas comunidades de modo de reducir el costo del acceso a servicios básicos.

A mediano plazo, debemos apostar por modificar la actual normativa ambiental, introduciendo máximos de contaminación permitidos en agua, aire y suelo aplicables a todo proyecto con impacto ambiental vigente, aumentando las facultades de fiscalización y control de la Superintendencia de Medio Ambiente y modificando los procedimientos de participación ciudadana, de modo de extenderlos a todo proceso de evaluaciónestudio o declaración de impacto ambiental. A su vez, debemos asegurar la participación de la comunidad en igualdad de condiciones con el particular que presenta el proyecto, por medio de iniciativas como la creación de una Defensoría del Medio Ambiente.

A corto plazo se vuelve urgente trabajar intersectorialmente por mitigar los efectos de la contaminación en niños, adultos y adultos mayores de las zonas más afectadas, ampliando los efectos de la actual Ley de Polimetales de Arica a toda zona saturada de contaminación a lo largo del territorio nacional, pudiendo acceder a sus beneficios como una política nacional y no sólo comunal.

Este y otros desafíos, son los que queremos impulsar desde Revolución Democrática a partir de ahora. Nuestra futura bancada parlamentaria los asume como propios, y tomamos carta en el asunto porque son, sin más, mínimos para la salud de todos los habitantes de las zonas con alta contaminación.

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El desafío de la legitimidad política

No cabe duda que uno de los desafíos que deberá enfrentar el gobierno que asuma en marzo de 2018, consiste en superar la crisis de legitimidad que permea la política. Para ello, deberá hacerse cargo de dos cuestiones fundamentales: las inquietudes sociales y las discusiones políticas.

En efecto, un proyecto que pretenda captar la atención de la ciudadanía, debe, en primer lugar, articular los requerimientos de la misma, de manera de encausarlos y darle forma de propuestas. Como ha dicho Ricardo Lagos, gobernar significa: escuchar, integrar, consensuar y conducir. Es decir, evitar ofrecer soluciones entre cuatro paredes, que muchas veces ni siquiera responden a un diagnóstico de la realidad social. Hay que tener cuidado, eso sí, de sólo enfocarse en las masas movilizadas o en las minorías vociferantes (ya conocemos la experiencia de un gobierno cuyo énfasis estuvo puesto en quienes más reclamaban). Por el contrario, el oído debe estar atento y sensible a escuchar las necesidades silenciosas de miles de personas que, por razones diversas, no levantan la voz. Un ejemplo de lo que no debe ocurrir, es la crisis del Sename, que permaneció oculta por varios años tal vez porque sus habitantes no se articularon ni política ni socialmente (lógico, son niños).

En segundo lugar, es necesario pararse ante a la opinión pública y enfrentar las discusiones democráticas con un discurso propiamente político, es decir, que esté sustentado en una visión de la justicia que explique y dé forma a todo lo que se llevará a cabo en las diversas áreas (educación, transporte, medio ambiente, salud, etcétera). Lógicamente, esto implica superar el criterio de la eficiencia económica, y comenzar a responder preguntas como qué se pretende con el poder o en qué país se está pensando cuando se propone tal o cual medida. Algo que puede ser útil, es traducir el principio de la justicia en un cuestionamiento permanente sobre las prioridades que se adoptan. Frente a escasos recursos y múltiples necesidades, una tarea primordial de todo gobierno es priorizar; tarea que tiene por objeto dar a cada uno lo que le corresponde, lo que en política significa poner especial atención en los más necesitados. De ahí que la propuesta central de la campaña presidencial de Felipe Kast, “los niños primero”, tenga tanta fuerza y a todos nos haga mucho sentido (en buena hora los dos actuales candidatos de derecha la han hecho suya).

Tener un discurso propiamente político, por otro lado, es indispensable si se quiere enfrentar adecuadamente los contrapuntos que se hagan contra el gobierno y su desempeño. La experiencia del 2011 indica que, si no se es capaz de responder las críticas en el plano político, difícilmente el gobierno podrá salvar la legitimidad que se ve amenazada. Por el contrario, si se logra contestar políticamente, no será difícil encontrarle sentido a la contestación porque, de hecho, lo tendrá. Demás está decir que este desafío no es menor, sobre todo si se tiene presente que la ofensiva ahora será más fuerte y articulada desde el Frente Amplio.

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Las mujeres en el mundo de las finanzas: una cuestión de sentido común

Responde honestamente: ¿quién en tu familia decide cuánto gastar en la compra semanal, ahorra dinero progresivamente, busca precios hasta encontrar el mejor servicio, o compara distintas cuotas bancarias para obtener las mejores condiciones? Es muy probable que la persona que te haya venido a la cabeza sea tu madre (e incluso tú, si eres mujer).

Lo cierto es que las mujeres son cada vez más relevantes en el mercado mundial no sólo como trabajadoras, sino también como consumidoras, empresarias, directivas e inversoras. Las encuestas indican que las mujeres toman el 80% de las decisiones a la hora de comprar productos de consumo (Boston Consulting Group, 2008); y el 89% de las decisiones bancarias en la familia (Forbes, 2016). Sin embargo, ¿por qué la mujer no se siente atendida, entendida ni satisfecha por los servicios financieros ni la banca?

Con este punto de partida, en STRANDS creamos #SheBanking, o el final de la banca tradicional; lo que las mujeres quieren y los bancos no saben. Se trata del primer estudio que analiza qué espera la mujer de los bancos como sus “aliados” en la gestión de sus finanzas, cómo mejorar esta relación y detectar qué servicios de valor añadido podemos ofrecer a las mujeres para que se sientan más bien “tratadas”.

En primer lugar, la banca debe incorporar valores femeninos en su discurso, y no sólo cuando se dirige a las mujeres, sino también a los hombres – quienes también buscan una banca “customer-centric”. Y a pesar de que las mujeres se sienten en campo ajeno en tema de finanzas, quieren controlarlas y tener la educación financiera para poder ser dueñas de sus decisiones y de su futuro.

Sabemos que las mujeres se preocupan más por la planificación y buscan  herramientas Women-Friendly que les permitan gestionar mejor las finanzas y vivir más tranquilas. En este sentido, no hay nada más a favor de los bancos que la tecnología. ¡Así que aprovechémosla!

Si diseñáramos una banca online teniendo en cuenta las prioridades de la mujer, está claro que tendría que ser humanamente digital: una aplicación fácil, simple y ágil que permita poder hablar con un asesor financiero cuando sea necesario. Al fin y al cabo, ¿no sería de sentido común que una solución financiera adoptara el acento de lo “personal” y cotidiano?

Para dar esa mirada de género en la banca, vuelve a ser imprescindible usar bien la tecnología. Pero esta vez para disgregar el big data. Será crucial que desde el momento que un dato entra en el sistema del banco ya diferencie si es hombre o mujer quien hizo ese pago o movimiento, y así ir viendo la trazabilidad y el comportamiento de la clienta mujer (siempre que sea con tarjeta de crédito, claro).

Este nuevo banco Women-Friendly, sólo será creíble si nace a partir de la esencia.

Si es auténtico y lo transmiten desde el equipo humano del banco, la imagen publicitaria en los anuncios, los iconos en la banca online… Las personas en las oficinas y la imagen de la banca online. Si este cambio es real deberá ser desde dentro hacia fuera.

La mujer está ocupando cada vez más puestos de liderazgo y la industria de la banca todavía no les ha prestado la atención necesaria. Ahora es la gran oportunidad para que los bancos decidan hacerlo y hacerlo bien, y así conectarán de verdad con el 51% del planeta.

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DC sufrirá fuerte pérdida electoral tras alejarse del centro político

El centro político es un espacio fundamental del sistema democrático. Entre otras propiedades que se suelen asociar al mismo, se espera que actúe como un factor de moderación de las coaliciones de gobierno donde los partidos centristas forman parte, o bien sirvan como pivote para dar apoyos en grandes acuerdos a los gobiernos cuando son oposición. En general, se asume respecto del centro político una suerte de “sentido común” y moderación que otras fuerzas políticas tienen menos incentivos para mostrar. En Chile, la DC ocupó al principio de la restauración democrática esa posición, que fue soporte fundamental de las primeras dos administraciones de gobierno. No obstante, con la campaña de Frei en 2009 y luego su paso a la oposición bajo el gobierno de la Coalición por el Cambio, la DC empezó a ser tironeada por fuerzas de izquierda dentro de la ex Concertación. Contingentes parlamentarios y dirigentes falangistas estimaron, equivocadamente como demostraremos aquí, que era el momento de definir una nueva identidad de izquierda, abandonando el centro político.

¿Cuáles han sido los resultados de dicha estrategia?

Un primer dato duro es la situación de precariedad en la que se encuentra la abanderada presidencial de la DC, que muestra niveles de apoyo similares a los de MEO en las encuestas. No obstante, mucho más revelador es observar los apoyos esperados en estas elecciones parlamentarias.

Si de 120 diputados electos en las elecciones parlamentarias de 1989 la DC tenía casi un tercio de la representación con 38 escaños, hoy con 155 cupos a elegir la falange apenas superará, de acuerdo a nuestras simulaciones, la quincena de escaños. Ello es una muestra elocuente del fuerte declive de la representación de dicho partido. Pero si se pone lente de aumento a los resultados del estudio de prospectiva electoral que hemos realizado en RN, algunos resultados específicos ilustran esta fuerte caída de la DC y lo que se avecina para dicho conglomerado. En ese sentido, si miramos lo que nuestros datos indican que ocurrirá en el nuevo distrito 26 (Puerto Montt – Chiloé), la debacle de la DC se aprecia nítidamente en lo que fuera otrora un bastión DC. Encuestas de ChileVamos y la Nueva Mayoría anticipan resultados similares. Si consideramos las parlamentarias de 2013, ChileVamos tenía un 32,6% de los votos, en tanto que la DC se empinaba a 31,3%, casi en el mismo nivel de apoyo. Mientras tanto, el restante correspondiente a las otras fuerzas de la Nueva Mayoría alcanzaba el 19,6%. Si se simulan dichos votos con el nuevo sistema electoral, la DC debería obtener al menos dos escaños, al igual que ChileVamos. En tanto, la Nueva Mayoría obtendría un diputado. Los datos de encuestas en el nuevo distrito 26 muestran que la DC baja a un 14%, y la Nueva Mayoría quedaría con 11,72%. ChileVamos, en tanto se acercaría al 40% de los votos. Con ello, la centroderecha obtendría tres escaños, la DC solamente un diputado, y la Nueva Mayoría un escaño. El dato clave es que el apoyo de la DC se derrumba a la mitad de lo obtenido en 2013, lo que es capitalizado por ChileVamos.  

En suma, hoy la falange estaría quedando marginalizada como fuerza legislativa. Lo que es igualmente grave para dicho partido, es que hoy arriesgan quedar en tierra de nadie ideológicamente hablando. La estrategia impulsada por actores que han dominado el partido en el último tiempo, fundamentalmente desde el parlamento y el gabinete, han llevado al partido a abandonar el centro. Por contrapartida, ChileVamos ha articulado una plataforma, en buena medida gracias a la postura de RN, y en menor medida Evopoli, que ha desplazado al conjunto de la coalición hacia posiciones que reflejan de mejor tanto modo a los votantes de centroderecha como a aquellos moderados en el centro.

Desde una perspectiva global, la ubicación de la DC en el sistema de partidos resultaba lógica dado el alineamiento del clivaje del SI y el NO. Una vez que dicha fisura generativa perdió capacidad de atracción, y ha sido reemplazada por una nueva división asociada al modelo de modernización, resulta inexplicable el giro a la izquierda de la falange. En medio de dicha crisis identitaria, que se agudizará luego de las parlamentarias, más de algún DC se debe estar acordando arrepentido cuando en 2014, y antes en 2012, dirigentes y parlamentarios de la falange se burlaron despectivamente de los llamados de dos presidentes de RN para avanzar hacia una convergencia entre la DC y la centroderecha. Los resultados están arriba de la mesa.

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SANNA: compromiso con la corresponsabilidad parental

Transcurridos seis años desde la extensión del permiso postnatal, es interesante evaluar esta política pública desde la óptica de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos. Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social, de los 580.000 permisos entregados entre octubre de 2011 y agosto de 2017, algo más de 1.300 han sido traspasados al padre. Este 0,2% del total contrasta dramáticamente con lo que ocurre en países como Suecia, donde esa cifra supera el 25%.

Entre las causas de este bajo uso destaca el factor cultural. Aún se considera a las mujeres como las principales responsables del cuidado de los hijos y muchos padres sienten temor de que la decisión de tomarse el permiso sea percibida como una falta de compromiso con su trabajo.

Pero también influye el diseño de esta política pública. Primero, porque el permiso es un derecho de la madre y ella puede optar a traspasarle al padre hasta seis de las últimas 12 semanas que le corresponden. A diferencia de lo que ocurre en Chile, existe evidencia significativa sobre la importancia de reservar días de permiso para el padre a fin de fomentar su uso, sobre todo cuando la brecha salarial entre ambos es significativa; si el padre no usa el permiso éste se pierde, pero si lo hace, no afecta el permiso de la madre y se legitima su uso en su espacio de trabajo. Segundo, tampoco ayuda que el permiso solo pueda usarse durante los primeros meses de crianza -periodo en que la madre tiene un rol más importante- o las trabas para usarlo a media jornada; permisos flexibles o que se extienden hasta que el niño tiene varios años, disminuyen los costos financieros para las familias y fomentan su uso por el padre.

Haciéndose cargo de estas falencias, el gobierno ingresó un proyecto de ley que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padecen ciertas condiciones graves de salud (conocido como SANNA). El objetivo es entregar a los padres y madres trabajadores un permiso de cuidado pagado para que puedan ausentarse de su trabajo durante un tiempo determinado. En su diseño, esta política contempló la entrega al padre y a la madre de un número equivalente de días de permiso que son de uso exclusivo. Además, quienes no pueden dejar del todo sus trabajos, pueden transformar los días de permiso en medias jornadas equivalentes, contando con la flexibilidad necesaria para adecuar su horario laboral.

Durante la tramitación legislativa, este diseño ha sido desafiado por las habituales resistencias que enfrentan los cambios culturales y por la legítima demanda de que sean las familias quienes determinen la distribución del permiso. Si bien esto puede parecer razonable, no reservar días de uso exclusivo para el padre probablemente se traducirá en que las mujeres terminen cargando con el cuidado de los hijos, encareciendo aún más la maternidad y reforzando la distribución por género del cuidado infantil.

Si bien queda tiempo para que este proyecto sea ley, es esencial que durante su tramitación no se altere el objetivo de garantizar el mejor cuidado de los hijos, pero reconociendo la importancia de que ambos padres sean parte de éste. Así, se evitará reducir las opciones laborales de las mujeres y se contribuirá a que puedan compatibilizar de mejor manera su vida laboral y familiar.

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Directores ADP en liceos públicos

Hay consenso de que el director de un colegio juega un rol crucial en los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Un director con liderazgo efectivo es capaz de establecer un rumbo claro, motivar a los profesores, rediseñar la organización e inducir una gestión curricular y pedagógica adecuada a las capacidades de los estudiantes. Una de las causas en la baja calidad de la educación pública es la ausencia de líderes directivos con autoridad y responsabilidad, capacidad de gestión, y autonomía.

La ley 20.501 sobre calidad y equidad impulsada por el gobierno anterior dio un paso crucial para atraer talentos al establecer la obligación de concursar por la Alta Dirección Pública (ADP) los cargos de directores de colegios municipales. A la fecha se han nombrado alrededor de 2.000 nuevos directores.

¿Cómo se evalúa este nuevo modelo? Ha sido un avance, pero con dificultades en la marcha. Estudios de percepción de los recién nombrados revelan que se valora positivamente la transparencia y no discriminación de los procesos, pero critican que las nuevas atribuciones que la ley otorga a los directores no se hagan realidad en la práctica. La norma que permite desvincular al 5% de los docentes mal evaluados o de poder remunerar a los mejores docentes o las prerrogativas para formar sus propios equipos se usa poco. La mayoría declara que no depende de ellos sino de la voluntad y recursos financieros del sostenedor, o sea, del alcalde.

Asimismo, los convenios de desempeño no son bien evaluados. En materia de remuneraciones, se da el contrasentido de que un profesor puede alcanzar un pago mayor al director, según avanza en la carrera docente. Si bien se advierte un mejor clima laboral, estudios cuantitativos revelan que no hay evidencia de mejoras en las pruebas estandarizadas Simce y PSU. (Ver Documento de Trabajo Clapes UC N° 28, diciembre 2016, de Manuela Errázuriz, Macarena Kutscher, y Carlos Williamson).

¿Cómo cambia esto con la desmunicipalización? La llamada nueva educación pública crea 70 Servicios Locales (SLE), desplazando a los municipios en la gestión escolar. Cada servicio local administra los colegios a su cargo; sin embargo, los directores de colegios no adquieren mayor autonomía. Solo proponen al director ejecutivo el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento, pero no deciden; proponen los perfiles para reclutar a los docentes y participan en la selección, pero no son la última palabra y la dotación total de los docentes de los colegios la fija el director ejecutivo.

En consecuencia, los SLE arriesgan repetir los defectos del modelo municipal que puede definirse como descentralización precaria e incompleta. En tanto no se cree una verdadera carrera directiva, empoderando a los directores, con incentivos económicos vinculados a la responsabilidad del cargo y permitiendo que desarrollen su liderazgo, la educación pública seguirá mostrando una arquitectura defectuosa.

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Una deuda de justicia

Diversas voces han señalado que el mayor problema que enfrenta Chile es el dramático envejecimiento de la población. Se trata de un desafío que tiene dos facetas. La primera es cómo aumentar nuestras tasas de natalidad, dramáticamente bajas. La otra, donde quiero detenerme, es cómo vamos a dar un trato adecuado a nuestros adultos mayores. Se trata de una cuestión elemental de justicia, porque de ellos hemos recibido todo lo que tenemos y no es justo que los olvidemos.

Nuestro país no está preparado para enfrentar este problema, y se nota. La situación de muchos adultos mayores no puede ser peor, expuestos al abandono, la soledad, una salud deteriorada, dificultades para movilizarse e incluso violencia intrafamiliar.

Un Urge contar con una política pública que aborde sus problemas de manera integral. Su importancia va mucho más allá de las ideologías partidistas y debería ser objeto de un amplio consenso, porque no nos podemos dar el lujo de que los programas que los atienden no se prolonguen en el tiempo y deban cambiar con cada nuevo gobierno.

¿Qué debería abarcar esta política pública?

Obviamente debe ocuparse de las diversas dimensiones del ser humano, comenzando por la salud: Chile padece un alarmante déficit de geriatras, que es necesario remediar cuanto antes, porque las necesidades de las personas mayores son muy diferentes de las del resto de la población. El carácter singular de su corporalidad exige tenerlos en cuenta a la hora de planear los espacios. Así, es imprescindible que las ciudades les resulten amables, que puedan circular con facilidad. Las comunas deben facilitarles espacios para reunirse y conocer otras personas. Es una manera práctica y sencilla de alejar de ellos el drama de la soledad.

Pero también es necesario ocuparse de su espíritu. Una de las experiencias más duras de la vejez es la de sentirse inútil o prescindible. De ahí la importancia de que puedan realizar ciertos trabajos por horas u ocuparse en actividades de voluntariado, que les proporcionarán grandes satisfacciones.

La atención a sus necesidades espirituales incluye atender a otras dimensiones de sus vidas, como el entretenimiento y la cultura. En todos estos campos resulta imprescindible contar con la vitalidad de la sociedad civil. Experiencias como las de Fundación Las Rosas permiten que muchos adultos mayores enfrenten esta etapa de sus vidas con esperanza y dignidad.

El momento actual es propicio, porque las próximas elecciones nos llevan a pensar en el futuro. Y habrá buen futuro si no respetamos el pasado.

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Desmunicipalización: ¿y ahora qué?

Hace algunas semanas se aprobó, luego de prácticamente dos años de tramitación legislativa, la ley que crea un Nuevo Sistema de Educación Pública. Se trata de un paso histórico para la educación escolar. Es también la concreción de un anhelo del mundo social y educacional, que había demandado, con razones fundadas, que el Estado volviera a hacerse responsable por la educación pública (en el cual hoy estudian más de 1,3 millones de niños, niñas y jóvenes). Desde el mismo momento en que se ejecutó el traspaso de las escuelas y liceos a los municipios (plena dictadura), comenzó el debilitamiento progresivo de la educación estatal y se hizo evidente la inconveniencia de alojar en este nivel institucional la provisión educacional. Era el momento para corregir el rumbo y la legislación aprobada es un primer paso fundamental.

Si bien la ley aborda distintos problemas y tiene muchísimos detalles, en lo sustantivo hace tres cosas. Primero, crea una nueva figura institucional perteneciente al Estado, de giro único y descentralizada, responsable de administrar las escuelas públicas, con capacidades y recursos antes inexistentes, y dentro de un sistema nacional coordinado. En segundo término, la normativa aprobada establece un modelo de transición que – aunque más lento que lo que se necesita – fija un proceso de traspaso responsable y con posibilidades de ser perfeccionado en el tiempo. En tercer término, la ley de educación pública dota a las escuelas y sus equipos de mejores condiciones para conducir el cambio educativo, entregando atribuciones fundamentales a las escuelas y estableciendo una lógica de trabajo en red y colaboración inédita para nuestro sistema escolar.

Aun cuando lo lógico sería que el juicio a esta nueva ley se realice en función de su capacidad para hacer lo que se propuso hacer (“desmunicipalizar”, para crear un nuevo y mejor sistema), una vez aprobada esta transformación, las reacciones públicas han sido más bien pobres y parciales. Algunos sectores y actores han preferido concentrarse en lo que este proyecto simplemente no hace, ratificando una cierta incapacidad de reconocer el avance fundamental que éste y otros cambios significan; mientras que otros han hecho un esfuerzo decidido por debilitar este proceso antes de su puesta en marcha, instalando ideas falsas sobre la ley (como por ejemplo que el nuevo sistema sería centralizado) y utilizando como herramienta la supuesta bondad de mantener algunas excepciones (municipios de “buen desempeño”) fuera del nuevo sistema por un lapso mayor de tiempo que el resto de las escuelas y comunas.

Pero lo cierto es que, aprobado este cambio, hoy más bien debiéramos poner la atención en los dos desafíos principales que enfrentará la nueva educación pública de aquí en adelante: lograr una implementación verdaderamente transformadora y complementar este cambio institucional con otras políticas urgentes para su recuperación.

¿Qué significa una implementación transformadora de la desmunicipalización? En primer lugar, que este proceso de implementación debe tener como foco central el cambio pedagógico y el desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la calidad. Como todo cambio institucional, la presión de esta primera fase estará puesta en las tareas administrativas y de gestión, lo que deberá ser contrarrestado por los Servicios Locales con una selección exigente y rápida de los equipos de apoyo técnico, la activación de las redes de trabajo colaborativo entre docentes y directivos y la liberación de carga burocrática a las escuelas para que éstas puedan centrarse en innovar y mejorar la calidad de la enseñanza. En segundo término, los primeros pasos de este proceso deben darse con una amplia participación de los actores en función de la mejora educativa. La creación de esta institucionalidad local abre la oportunidad de recomponer la confianza en el sistema público a través de un rol mucho más protagónico de los docentes, asistentes, estudiantes y familias en las decisiones educacionales críticas – como la definición de una estrategia de mediano plazo para la mejora de la educación en el territorio – que los Servicios Locales deberán tomar en su primera fase de instalación. Estos actores y la ciudadanía local en general tendrán además el deber de demandar a las autoridades locales, entrantes y salientes, que el proceso de transición se haga con calidad (también exigiendo que los supuestos “buenos municipios” sigan haciendo un buen trabajo) y cautelando siempre el bien mayor: los estudiantes y su proceso de aprendizaje.

Pero una buena implementación no será suficiente. La desmunicipalización requerirá – además de la compleja ejecución y mejora de las Leyes de Inclusión y Carrera Docente – otras reformas complementarias para que el cambio institucional se traduzca efectivamente en una nueva educación pública. La primera de estas reformas es la urgente modificación a la normativa curricular y de evaluación de la calidad (lo que implica iniciar un proceso gradual de ajuste a la actual racionalidad curricular, así como también reformar estructuralmente el hoy denominado Sistema de Aseguramiento de la Calidad), pues ambos estrechan el proceso educativo e inhiben la innovación pedagógica, de la cual la educación pública debe ser líder. La segunda reforma complementaria indispensable es la creación de un nuevo sistema de financiamiento de las escuelas públicas, hoy asfixiadas por una lógica de competencia que nada ha aportado a mejorar la educación escolar. La tercera y última es un plan de expansión y crecimiento de la educación pública, indispensable para comprometer a todos los actores en su recuperación, y para lo cual el instrumento de la Estrategia Nacional de Educación Pública – establecido en la nueva legislación – es una oportunidad única.

La buena implementación de esta reforma a la educación escolar pública, junto con los cambios complementarios indispensables, se transformarán en una prioridad ineludible del próximo gobierno. En este marco, será tarea de todos monitorear rigurosamente este proceso de cambio y hacer de la educación pública el foco central de la agenda educacional.

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El juego de tronos ha comenzado

“El acto de votar requiere que el ciudadano no haga una sola elección, sino dos. Debe elegir entre opciones rivales de candidatos o partidos. Pero también debe decidir si votar en absoluto” Campell en su libro el votante americano explica de manera detallada esta doble elección, que hoy más que nunca cobra especial fuerza en nuestro sistema electoral.  A partir del debate de la Archi donde pudimos escuchar a todos los candidatos al sillón presidencial podemos decir que las cartas están en la mesa. Han comenzando los últimos 30 días de la campaña donde podremos ver con más fuerza a los candidatos. Tendremos la posibilidad de verlos todas las noches en sus franjas, y podrán hacer campaña pública en las diferentes calles del país. Habrá que estar atentos a los últimos movimientos de cada comando que deberán sacar cálculo hasta el último día. Aún existe un número importante de personas que declaran que no saben si van a votar y que aún no saben por quien votar. Todo indica que habrá una segunda vuelta donde el ex presidente Piñera corre con bastante ventaja, la duda persiste con quien.

Lo anterior, corre también para quienes son candidatos a la Cámara y al Senado que postulan al congreso. Para ellos además debuta un nuevo sistema de elección, donde los diputados y senadores incumbentes corren con ventajas, y donde la lógica del sistema binominal será reemplazada por una proporcional. Es decir se acaba el doblaje y se cambia por arrastre. Similar a lo que ocurre en la elección de concejales.

El desafío de todos es muy importante. En un estudio de la facultad de la gobierno realizado con posterioridad a la última elección municipal el 56% de los entrevistados se declaro inactivo políticamente. Es decir que no participo, no vio, no voto en nada vinculado a las elecciones. Pareciera fundamental para los candidatos lograr movilizar a parte de este grupo, pero también para nuestro sistema. La legitimad va de mano de una mayor participación por parte de la ciudadanía, y esta es una deuda aún pendiente.

Esta será una elección histórica. Estamos en presencia de una elección única. Será la primera elección con voto voluntario, sistema proporcional, aplicación de cuotas en las plantillas y nuevo sistema de financiamiento de las campañas. El desafío es importante porque hoy no sólo deben convencer que voten por ellos, en primer lugar deben convencer que voten. El juego de tronos ha comenzado.

 

 

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Presupuesto 2018: una postergación al conocimiento desde las ciencias sociales

Tras la polémica suscitada por la disminución en el presupuesto 2018 para las iniciativas vinculadas a la ciencia llamada tradicional, puntualmente Fondecyt, podemos observar también que áreas tan relevantes para el desarrollo de nuestro país y el fortalecimiento de nuestra democracia, como educación, seguridad pública, capacitación y ciencias, verán mermados sus recursos para llevar adelante iniciativas que vayan en directo beneficio de la población.

Sin perjuicio de lo anterior quiero enfocarme en lo que ha marcado la tónica de esta discusión, concretamente lo que respecta a las ciencias. Porque mucho se habla de la importancia del conocimiento, pero desde hace años que los fondos destinados a las ciencias sociales y humanidades están descuidadas por cuanto las instituciones estatales que deben proveer de fondos para investigación académica se inclinan a ciertas disciplinas las autodenominadas “disciplinas duras., Ello ha marcado la tónica en cuanto a la adjudicación de presupuestos destinados a la investigación coartando las posibilidades a quienes, desde las ciencias sociales las humanidades, buscan aportar al desarrollo y la comprensión de fenómenos que están sucediendo y cuyas dimensiones pudieran ser insospechadas. ¿Ejemplos? Por supuesto que los hay e inician con la llegada de inmigrantes a nuestro país, procedentes desde los más diversos lugares. Otros ejemplos son los cambios demográficos en cuanto a la conformación de las familias, donde la estructura ha cambiado y hoy constatamos una baja ostensible en cuanto a nacimientos en un fenómeno que, de paso, se condice con el aumento de nuestras expectativas de vida que, en promedio, se acercan a los 85 años. Otro tema importante, y que ha marcado visiblemente la agenda pública, son las pensiones las cuales ante el aumento de los años de vida se convierten en un tema de suma importancia toda vez que necesitamos, por ejemplo, no sólo replantear la edad de jubilación de los trabajadores para aumentar su cotización sino también, y desde una perspectiva social, cómo hacemos para fortalecer las estructuras y pilares de nuestra nación para entregarle un merecido reconocimiento, desde la óptica de la justicia social, a quienes han dedicado su vida entera a sacar adelante a sus familias, sus proyectos de vida, alcanzar el anhelado bienestar y aportar con su trabajo a Chile. Qué duda cabe que son precisamente, las ciencias sociales, las llamadas a generar respuestas a las urgencias y demandas ciudadanas. Aclaro que no se trata de favorecer unas ciencias por sobre otras, sino de lograr un justo equilibrio y terminar con lo que, a mí juicio, no sólo obedece a una postergación sino también un acto discriminatorio entendiendo que en el mundo social hay personas que tienen amplias capacidades para hacer su aporte al desarrollo del país y a la comprensión de los fenómenos sociales.

Una de las mayores riquezas que presenta nuestro país es la tolerancia y el respeto hacia su diversidad. La posibilidad de analizar y estudiar fenómenos desde distintas miradas sin lugar a dudas enriquece el debate, lo hace sano e inclusivo, atento a escuchar las voces ciudadanas que bastante tienen que aportar. Los grandes avances de la humanidad han comenzado gracias al estudio, desarrollo y reflexión desde las ciencias sociales y las humanidades, en que se reflejan la ética, la filosofía, el derecho, la sociología, la antropología y las comunicaciones, entre otros. Si lo que queremos realmente es avanzar hacia líneas orientadas a la libertad y el progreso debemos necesariamente abrir la discusión y terminar con los sesgos entendiendo que, evidencia mediante, las posiciones extremas nunca serán buenas en términos de reflexión y diálogo. Nuestro país tiene académicos e investigadores con diferentes talentos y todos merecen ser apoyados por las políticas del Estado, sin sesgo.

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