Óscar Contardo's Blog, page 226

Posverdad y mapuches

El pasado viernes, leyendo revista Capital, di con una entrevista a Lucy Avilés, la chilena que desde Estados Unidos gestionó la llegada del SuperTanker a Chile. En la publicación, además de subrayar por enésima vez la poca gratitud del gobierno con su filantrópico aporte, también habló de la intencionalidad tras los incendios, reviviendo aquella teoría de mapuches y colombianos como autores.

“He conversado con algunas personas y hay evidencias de ello. De hecho el abogado Felipe Silva recibió un informe sobre los vínculos de las FARC con el Partido Comunista y grupos mapuches”, señaló. “Personalmente no creo que los causantes de los incendios sea el pueblo mapuche porque adoran la tierra y la cuidan. Quizás hay algún grupo minoritario de ellos con algunos extremistas que son los causantes”, indicó.

Sus dichos sorprenden y por varias razones. La principal, que a estas alturas no solo el gobierno ha descartado tal conexión (La Moneda se llegó a querellar por “falsa alarma” contra quienes hicieron circular rumores en tal sentido); también ya lo hizo la Conaf, Bomberos y el propio Ministerio Público.

Según datos de Fiscalía y Carabineros publicados por La Tercera, 135 eran los detenidos al 14 de febrero como responsables de los incendios en la pasada emergencia. De ellos, 39 por intencionalidad diversa (desde pirómanos a quemas ilegales y menores con ganas de “ver los aviones y helicópteros”), 69 por negligencia (caso de empresas eléctricas y manejo inadecuado de quemas en zonas rurales) y 27 por casos fortuitos.

En toda la lista, ningún activista mapuche. Mucho menos algún ex guerrillero del Cauca. ¿Por qué se insiste entonces con este fantasioso relato? ¿Qué lleva a Lucy Avilés, una educada y bien posicionada ciudadana chilena, a repetir una teoría propia de una burda y poco inteligente cadena de WhatsApp?

Trata, ni más ni menos, que de la Posverdad. O dicho en simple, de aquella mentira que no apela a hechos objetivos sino más bien a emociones y creencias personales para modelar a la opinión pública. No hablamos de simples cahuines. Hablamos de desinformación. Y de opiniones que –viralizadas por las redes sociales, su caldo de cultivo- pueden además mutar en noticias falsas como pasó en los incendios.

Según el prestigioso diccionario de Oxford, “post-truth” fue en 2016 la “palabra del año” y alcanzó su apogeo durante el Brexit, el Proceso de Paz en Colombia y la elección de Donald Trump. “Todo el fenómeno de la posverdad es sobre: ‘Mi opinión vale más que los hechos’. Es sobre cómo me siento respecto de algo”, explica el filósofo británico A.C. Grayling en la BBC.

“Es terriblemente narcisista. Y si no estás de acuerdo conmigo, me atacas a mí, no a mis ideas”, agrega. “La posverdad puede llegar a dañar el tejido completo de la democracia”, advierte finalmente Grayling. A poner ojo entonces con este tipo de acusaciones contra los mapuches, recurrentes en redes sociales y los medios cuando la emoción y la creencia personal se imponen a la razón.

No es poca cosa a lo que nos enfrentamos.

 

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Marzo político

EN MARZO se pondrán en juego diversas dinámicas que configurarán el escenario político de este año y cuyo desenlace serán las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre. A su vez, el resultado de éstas definirá, por un tiempo, hacia donde se moverá la sociedad chilena. Excluyendo los que atañen al gobierno, que merecen un análisis propio, conviene observar en marzo algunos de los siguientes procesos.

En el curso del deterioro de nuestro sistema de representación política, la “crisis del refichaje” de los partidos puso en evidencia su disminuida convocatoria y puede culminar en una implosión del actual sistema de partidos. Uno tendería a pensar que ello no sucederá finalmente, pero de ocurrir puede tener consecuencias imprevisibles. De relativizarse la primaria legal del 2 de julio de la Nueva Mayoría -como se ha insinuado en estos días-, ello podría profundizar la crisis de legitimidad no solo de este conglomerado sino del conjunto del sistema político. rán este año los movimientos sociales. Es claro que los actores políticos y el gobierno se comportan de una manera muy distinta si existe o no “la calle”. Es uno de los pocos factores que logra mover los límites del debate político y programático. Cuando la conflictividad social declina, la “política institucional” vuelve a su ensimismamiento y se instala un cierto conformismo conservador. En las próximas semanas se le podrá tomar el pulso al alcance que tendrán las movilizaciones sociales este año.

En la derecha, marzo será decisivo para saber la suerte de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, nuevamente envuelto en conflictos de interés y de eventual uso de información privilegiada, con el agravante de que esta vez sería desde su condición de gobernante. Se sabe que el electorado de derecha tiene una alta tolerancia frente a los temas de probidad que afectan a sus candidatos, pero eso tiene un límite (caso Fillon en Francia).

En cuanto a la Nueva Mayoría, su proyección se jugará en la decisión de la DC de participar en las primarias del 2 de julio o ir a primera vuelta con candidato propio. A su vez, la orientación programática antineoliberal versus un “neoliberalismo compasivo” se dirimirá de manera importante en las elecciones internas y primarias presidenciales del PS y en el perfil que finalmente adopte la candidatura de Guillier.

Por último, resta ver si el Frente Amplio logrará resolver exitosamente la ecuación entre ser izquierda y una opción ciudadana amplia a la vez; si podrá zanjar las complejas definiciones de liderazgos, organizativos y programáticos que ello conlleva, superando su tendencia a la fragmentación identitaria. Su test final serán las elecciones y si su apoyo se acerca más al 20% o termina rondando el 10%. Hacer regresar a los votantes desencantados será decisivo, lo que no se ve simple.

Llegó marzo, en un año de definiciones electorales que se presenta como el menos estructurado y el más incierto desde el año 90.

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Y volver, volver, volver

Pertenecer a la clase dirigente es un privilegio, pero que puede volverse muy arriesgado en una época de cambios sociales en que se reformulan los criterios que dan legitimidad a la posesión y ejercicio del poder. Esos cambios redefinen quiénes son poderosos y lo que pueden hacer.

Por ello, estos periodos de transición cobran víctimas entre quienes, incapaces de leer las transformaciones a tiempo, son atropellados por los cambios. La monarquía francesa es un ejemplo clásico de la historia política, así como las estrellas del cine mudo testimonian el precio cobrado por un avance tecnológico.

De lo que se trata, para adaptarse, es de captar a tiempo las transformaciones cuando estas se producen: ¿Son superficiales o son modificaciones de fondo que redefinen por un período largo el orden social? La elite siempre quiere creer lo primero, porque lo segundo implica asumir pérdidas dolorosas. El uso del lenguaje da pistas en este sentido ¿se ha fijado estimado lector en la frecuencia con la que políticos y empresarios últimamente usan verbos como “volver” o “recuperar”?

Frases típicas de nuestros días son: “Tenemos que volver a encantar a los electores”, “tenemos que volver a recuperar la confianza de los consumidores”, “tenemos que retomar la senda del crecimiento”. Esto es, parafraseando a Proust, la búsqueda de un tiempo perdido; porque nada de eso ocurrirá, no “volveremos”, ni “recuperaremos”, ni “retomaremos”. Crecimiento y confianza son indispensables, pero ya no se alcanzan, justifican, reparten, ni duran como antes.

El predominio global del capitalismo en las últimas tres décadas ha provocado una expansión de la riqueza, la tecnología y el conocimiento que ha cambiado buena parte de los fundamentos del orden social. Los que piensan que tuvimos una borrachera y estamos sufriendo la resaca, pero “se nos va a pasar” y todo será como antes, están enfrentando mal los desafíos actuales. Esto vale para interpretar a Trump, el Brexit o los movimientos sociales en Chile.

El triunfo del capitalismo y la democracia liberal no detuvieron la historia, sino que nos están llevando, entre otras cosas, a la superación global de la pobreza y a una diferente concepción de los derechos individuales. Es otro mundo, que nos enfrenta a complejos problemas emergentes, que generan confusión, tanto como reviven el interés por caminos fracasados (nuevas izquierdas y neo fascismos).

Es inútil que la elite política o la empresarial se enfoquen en un regreso, sino que deben evolucionar y trabajar en cambios reales que contribuyan a lograr nuevas soluciones. No se trata de respondernos a dónde queremos volver, sino en concebir un punto al que queremos llegar. Este viaje no tiene retorno, se recorre por una vía de un solo sentido, allí radica la debilidad del conservadurismo estatista de izquierda, así como del autoritario de derecha.

Crecimiento económico, un orden social justo, la existencia de clases dirigentes o del poder mismo, son realidades vigentes, pero que se están redefiniendo aceleradamente. Refractarias a esos cambios, y aferradas a un antiguo régimen, las elites, cual Vicente Fernández, siguen cantando: “Y volver, volver, volver”.

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Cambio climático: ¿Un peligro o una oportunidad?

LOS ÚLTIMOS tres años han sido cada uno por sí solo, el año más cálido de la historia registrada del planeta y nuestro país ha sido testigo de cómo el cambio climático impacta el bienestar de las personas y la economía de Chile. En 2015 tuvimos el aluvión de Atacama que arrasó con viviendas y afectó a la actividad minera; en 2016 las temperaturas anómalas del océano generaron un brote de algas que causó la pérdida de 12% de la producción anual de salmones. Después de 100 años rompimos el récord de temperatura para Santiago, un mes más tarde lo rompimos otra vez, en enero de 2017, siendo testigos de una temporada de incendios forestales sin precedentes, que quemó 597.000 hectáreas, 11 veces más que un periodo normal.

El cambio climático hoy constituye una amenaza para el bienestar del país y no enfrentarlo es hipotecar el futuro de nuestros hijos. Por eso es tan relevante la entrada en vigor del Acuerdo de París. Nuestra ratificación fue depositada en la ONU en febrero, ahí nos sumamos a los países que le han puesto fecha de expiración a los combustibles fósiles, ya que para implementar el acuerdo es necesario que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero en la segunda mitad del siglo. Y ese fue nuestro compromiso ante la ONU: desacoplar nuestro crecimiento de las emisiones, de manera que al año 2030 las emisiones del país sean entre 30 a 45% menos, con respecto a nuestro PIB.

Las predicciones de nuestra política climática se adelantaron mucho, ya que en la última licitación eléctrica se lograron precios que se proyectaban para 2030. Se logró una baja de 63% con respecto al 2013, impulsando en torno a 3 mil millones de dólares en inversiones ERNC, y con una energía licitada de 60% menos CO2 que la que se adjudicó en 2013. En este gobierno la capacidad instalada ERNC se ha quintuplicado. Desde 2014 a la fecha el 50% de la capacidad nueva del país es ERNC. En 2016, el 76% de la capacidad instalada del país fue ERNC.

Lo que ha ocurrido no es casualidad. El gobierno hizo reformas para mejorar la competitividad de la energía ofertada, desagregando las ofertas ERNC de la energía convencional; hizo normas de emisión exigentes para las termoeléctricas, al mismo tiempo que introdujo instrumentos como el precio al carbono, que permiten que por primera vez se nivele la “cancha” en cuanto externalidades ambientales. El sector eléctrico ha sido un aporte importante a nuestra política climática y las centrales que antes contaminaban, hoy han reducido entre 80 a 90% sus emisiones de material particulado.

El desafío que nos queda es en el transporte, que da cuenta de 28,9% de nuestras emisiones, tendencia que va al alza con los casi 300.000 vehículos nuevos que se suman cada año. El impuesto verde ha causado que los vehículos sean más eficientes, pero está claro que el transporte público es el camino. Para ello, Transportes, Medio Ambiente y Energía se encuentran trabajando en una estrategia de transporte sustentable, que busca sumar esa nueva electricidad cada vez más limpia en el transporte público.

Tenemos dos caminos. Podemos ignorar el cambio climático y ser testigos año a año de cómo frena nuestro crecimiento o lo tomamos como una oportunidad de construir una sociedad más inclusiva y sustentable, con energía y transporte limpio. El mundo entero está trabajando por lo segundo: ese es el Acuerdo de París que ratificó Chile.

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Sin brotes verdes

LA SEMANA pasada el INE dio a conocer los resultados de la actividad económica sectorial y la tasa de desempleo. En vista del panorama presentado es muy probable que el primer trimestre de este año sea tanto o más débil que el anterior. Esto se explicaría por una contracción a lo largo del año pasado de parte de la actividad no minera -manufactura y construcción- y minera.

Por otro lado, aunque la tasa de desempleo aumentó marginalmente alcanzando un 6,2% a nivel nacional, prácticamente la totalidad de los 65 mil empleos creados fueron por cuenta propia, con una contracción significativa en el empleo asalariado.

Al panorama anterior se suma que el dinamismo del año pasado en las ventas del comercio se verán ralentizadas por una escasa o nula creación de empleos, el mayor endeudamiento de las familias y el menor crecimiento de los salarios.

Asimismo, y en vista de que las presiones inflacionarias han cedido, algunos se preguntan si hay espacios para un mayor estímulo monetario que incentive el crecimiento de corto plazo. El mandato del Banco Central es muy claro, debe controlar la inflación y cualquier falta de foco implicaría poner en riesgo su credibilidad y la meta inflacionaria.

En vista de que no se ven brotes verdes al menos en el mediano plazo, el principal desafío sigue siendo el crecimiento de largo plazo. El actual gobierno se convenció que implementando un nuevo modelo de desarrollo basado en políticas redistributivas con un mayor gasto público y mayores impuestos, las familias más vulnerables obtendrían un mayor bienestar. Esta nueva estructura de incentivos junto a la incertidumbre regulatoria y las desconfianzas ha propiciado un ambiente en contra del sector empresarial, con una consecuente caída en la inversión, un menor crecimiento en el largo plazo y una menor capacidad de generación de empleos.

En este contexto, el desafío del próximo gobierno es colosal. No solo deberá intentar cambiar las expectativas, ya muy deterioradas, sino también deberá modificar gradualmente las leyes tributaria y laboral.

El mayor peso relativo de los impuestos directos a los ingresos personales y corporativos generó un retroceso en términos de eficiencia económica y productividad. Esto se explica porque los impuestos al ingreso son los que generan mayores costos por menor ahorro, inversión, empleo, salarios y crecimiento, mientras que el aumento del impuesto a las empresas afecta negativamente la inversión y el stock de capital. Más aún, todo indica que su efecto es asimétrico, perjudicando en mayor medida a aquellas empresas de menor tamaño, más endeudadas y con menor acceso al crédito.

Por otro lado, los últimos cambios al Código del Trabajo han favorecido a los trabajadores más calificados y productivos en desmedro de aquellos que tienen menos experiencia y baja productividad. Una reforma laboral moderna debería enfrentar no solo los mayores costos asociados a la mayor conflictividad laboral, sino también aumentar la participación laboral de las mujeres, jóvenes y adultos mayores.

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UDI: giro programático

SE HA conocido, de manera parcial, un documento de la UDI que actualiza su programa. El escrito resulta interesante pues representa un reconocimiento de sus falencias ideológicas históricas y, además pues, pese a representar un avance, deja en evidencia las dificultades de la derecha para enfrentar los desafíos de una sociedad democrática moderna.

La UDI reconoce su fidelidad al modelo económico de Pinochet y su incapacidad de haber articulado un proyecto político que se hiciera cargo de los cambios que se habían producido, lo que la habría llevado a “simplemente profundizar las recetas que se habían aplicado”. Reconoce también no haber comprendido que el modelo no era intocable y que las instituciones deben adaptarse a los cambios que el propio desarrollo genera. La admisión de sus errores en política social es aún más categórico; en particular cuando admite su preocupación exclusiva por el aumento del ingreso y su falta de atención a la calidad de vida y el bien común. Es un cuestionamiento profundo a sus propuestas de políticas públicas en los 25 años de restaurada la democracia. ¡Qué distinto habría sido la política chilena si la UDI, partido con mayor representación parlamentaria en largos periodos de la historia reciente, hubiese ejercido la oposición orientada por su nueva visión!

Pero ¿cuáles son los reales alcances de su giro programático? Si bien parece abandonar la idea del “Estado mínimo” su propuesta de “Estado robusto” se distingue poco de las visiones tradicionales del “Estado subsidiario”. Propone “un Estado eficiente y presente, capaz de garantizar seguridad y justicia para todos, pero no monopolizador” refiriéndose esto último, probablemente, a la participación directa del Estado en la política social. Es una respuesta débil a la creciente conciencia ciudadana de que la privatización de la política social no logró proteger a las clases medias y populares frente a los grandes males; la enfermedad (la salud privada muestra costos crecientes y el sistema de Isapres aparece cuestionada por la judicialización y la crisis de sus empresas); la pobreza en la vejez (donde las AFP son una respuesta para una parte muy limitada de la población) y la grave situación que afecta al modelo educativo desde hace décadas.

Aunque tardío, es importante que la UDI reconozca que la concentración del poder económico es un problema. Su vinculación estrecha con varios de los principales conglomerados contribuía a que se conformara con suponer que el mercado resolvería el problema. No obstante, no aparecen propuestas específicas para abordarla. En el campo económico, reconocen que el país enfrenta un grave problema de estancamiento de la productividad pero, si bien aceptan por fin la necesidad de un “Estado regulador” no se interrogan respecto de las tareas que debería impulsar el Estado, para facilitar el esfuerzo nacional para generar nuevos impulsores del crecimiento, limitándose a insistir en “no desperdiciar las capacidades de la sociedad civil”. Este último es un concepto antiguo pero de reciente adquisición por parte de la derecha que lo reconvierte en un sustituto del término empresario, caído en descrédito en los últimos tiempos.

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