Óscar Contardo's Blog, page 225

Encasillamiento

Chile no ha logrado superar las dicotomías de “izquierda” y de “derecha” que tanto mal nos han hecho en el pasado y que parecían superadas con el retorno a la democracia. ¿Cómo se definen estas aparentemente contradictorias visiones sobre la vida económica y social? La “izquierda” propone fundamentalmente que los problemas que tenemos deben ser resueltos por la acción directa del Estado, no solo como regulador, sino también como productor e inversionista. Así, por ejemplo, la corrección de las malas prestaciones de salud para la gran mayoría debe ser atacada con más y mejores prestaciones por parte de los hospitales públicos y de Fonasa. Igualmente, la solución de “izquierda” a nuestro déficit de infraestructura estaría en más construcción por parte del Estado. La izquierda desconfía de las soluciones tales como hospitales autogestionados o de licitaciones y concesiones de infraestructura al sector privado.

Por otra parte, la “derecha” aboga por entregar todo al mercado. En el problema de las pensiones, lo único que se requeriría sería hacer algunos cambios paramétricos al sistema de capitalización individual (por ejemplo, edad de jubilación, obligatoriedad de cotizar para los trabajadores por cuenta propia). En educación, más subsidios a la demanda y dejar que los privados, con o sin fines de lucro, se encarguen de la oferta.

Esta manera de pensar acota los grados de libertad con los cuales se abordan los problemas que tenemos. Y, al encasillar en la dicotomía izquierda-derecha a los que emiten opiniones, las rechazamos o aceptamos sin un análisis serio. Si alguien está a favor de una solución en que se le da espacio a la acción del mercado, esa persona es rotulada como de “derecha”. Igualmente al revés: una opinión a favor de una intervención estatal es motejada como de “izquierda”.

Ni lo uno ni lo otro. El mercado puro y duro no resuelve problemas de la mayor importancia: la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, la protección del medio ambiente, las asimetrías de información que caracterizan a muchos mercados (los financieros, especialmente) y que requieren de regulación, la transformación de la estructura productiva. Por otra parte, el Estado no es un ente omnímodo que puede resolver cualquier problema que tenga la sociedad. De hecho, las acciones del Estado suelen ser defectuosas y prestarse para abusos. En el caso chileno, hemos visto que la calidad del Estado ha ido retrocediendo, a medida que criterios políticos y clientelistas han pasado a primar por sobre la capacidad técnica necesaria para solucionar problemas. Por otra parte, no utilizar el mercado, corrigiendo los incentivos que entrega con el objetivo de inducir comportamientos deseados, es un evidente desperdicio: el mercado suele ser el mecanismo más barato e impersonal para asignar recursos.

Es importante que retomemos la capacidad de reflexión libre de rótulos y que salgamos del encasillamiento de izquierda-derecha, tan característico de nuestro pasado reciente, y que todavía nos agobia.

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Reforma del Estado

HACE DOS semanas escribíamos que la capacidad del Estado chileno para realizar sus más fundamentales tareas ha sido totalmente sobrepasada y que éste requiere de una profunda reforma.

En efecto, se le han encomendado al Estado más tareas que las que puede realizar adecuadamente, aunque opere eficientemente. Pero en más ocasiones que las deseables no lo hace así y a diario nos informamos de sus fallas. En parte éstas tienen su origen en una costumbre de vieja data en Chile, en que cada gobierno contrata a miles de partidarios, sin que necesariamente tengan las calificaciones requeridas y sin que se despidan a los empleados públicos cuyas funciones reemplazan.

Los estados nacen en la época de la Edad Media y sus funciones fueron entonces solo de defensa, de orden interno y de justicia. Con el transcurso del tiempo se fueron ampliando sus facultades para corregir las así llamadas fallas del mercado. Surgen entonces nuevas funciones estatales, como la provisión de bienes públicos, la regulación de actividades de privados y la acción redistributiva, entre otras. No obstante, a medida que el tamaño de las burocracias estatales crecía vertiginosamente se empezaron a hacer evidentes las fallas del Estado.

De lo anterior se desprende entonces la existencia de un Estado que podríamos calificar como óptimo. Se trata de aquél que interviene en la economía en aquellos casos en que los beneficios sociales de la intervención son superiores a los costos sociales asociados a ella, y lo hace solo cuando se cumple el mencionado criterio. Se trata de una norma técnica, alejada tanto del dogmatismo pro mercado como de aquél pro Estado.

En Chile el Estado gasta aproximadamente el 25 por ciento del PIB y genera además externalidades -positivas y negativas- muy significativas para otros sectores. Hay estudios técnicos que concluyen que en Chile el aporte de un incremento en el gasto estatal tiene un impacto negativo significativo sobre el nivel del PIB, lo que en sí ya es una llamada de alerta para preocuparse del tema.

Probablemente no exista reforma más importante que la del Estado para aumentar la productividad de la economía chilena. Sin embargo, realizarla es extremadamente complejo, por sus aristas técnicas y políticas, y debe guiarse al menos por los siguientes principios. Primero, debe ser un esfuerzo de Estado, permanente y empoderado acordemente. Segundo, debe tener por objetivo generar un aparato burocrático eficiente, que sin embargo responda a los requerimientos de política de los gobiernos. Tercero, éstos últimos deben estar obligados a considerar estrictamente el impacto burocrático de las nuevas iniciativas que propongan. Cuarto, los funcionarios deben ser de carrera y deben ser nombrados con total prescindencia de la política contingente, para evitar la rotativa de funcionarios de alto nivel y la contratación indiscriminada de operadores políticos. Y quinto, las remuneraciones deben mantener, para funciones de similares características, una razonable relación con aquellas del sector privado.

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Imacec de 1,7%: ¿Nuestro “nuevo normal”?

Una sorpresa positiva generó el Imacec del mes de enero, que registró un crecimiento en doce meses de 1,7%. “Es mejor de lo que se esperaba”, “es superior al crecimiento de 2016, de 1,5%”, fueron frases que dejaron relativamente tranquilas a las autoridades. Es cierto que después de conocidas las cifras de actividad minera, industrial y de construcción, las expectativas eran peores. Se sumaban además los efectos de los incendios y la pérdida de 68 mil puestos de trabajo asalariado en el trimestre móvil noviembre –enero, lo que había llevaba al mercado a apostar por cifras más cercanas a 1%. El salvavidas vino principalmente del sector comercio y de servicios, favorecido por un aumento importante del ingreso de turistas, de 32% de acuerdo a cifras preliminares. Cerca de un millón de extranjeros nos visitaron en enero, lo cual es una muy buena noticia, ya que existe consenso de que el turismo debería ser uno de los rubros a desarrollar en nuestro país. Sin embargo, casi un 90% del aumento del turismo se explica por el mayor ingreso de argentinos, por lo que habría un componente transitorio importante explicado en la ventaja cambiaria, que ha convertido a nuestros vecinos en los principales visitantes de los malls chilenos, contribuyendo de paso a que el Imacec no resultara tan deprimente.

Pero más allá de la coyuntura, lo realmente preocupante es que una cifra de 1,7% logre sacar caras alegres, cuando hace algunos años probablemente con un resultado así de malo, frente a una clara mejoría del escenario externo, habría peligrado el cargo del ministro de Hacienda. Se suele decir que el “hombre es un animal de costumbres” y efectivamente nos hemos acostumbrado a crecimientos entre 1,5% y 2%, es nuestro “nuevo normal”. De hecho, las expectativas de crecimiento para este año, por varios meses pegadas en 2%, se redujeron a 1,9% en la última encuesta, y probablemente vuelvan a caer si la huelga de Escondida no se resuelve en el corto plazo ¿Cuál es el problema de fondo? Creciendo al 2% promedio por año alcanzaríamos el desarrollo (PIB per cápita que hoy tiene Portugal) el año 2034, aunque obviamente en ese momento el de Portugal ya sería bastante superior.

Se suele decir que cuando los países tienen niveles de ingreso más altos, disminuye su tasa de crecimiento de tendencia, lo cual tiene asidero teórico. Sin embargo, en general cae bastante menos que en Chile, y además las políticas económicas siguen siendo claves en el resultado. En el último cuarto de siglo los países desarrollados han crecido a una tasa promedio en torno a 3%, ritmo que a estas alturas nos dejaría contentos en Chile. Sin embargo, los países del Asia desarrollada han logrado crecer a tasas de 5% o más, aún después de llegar a un nivel de desarrollo equivalente al de Chile actual. Irlanda ha logrado un resultado incluso mejor, por lo que las políticas liberalizadoras parecen ser claves. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también han logrado sostener ritmos de expansión superiores a los que Chile registra actualmente, y sólo los países europeos (excluyendo a Luxemburgo y Holanda) muestran cifras de crecimiento similares a las de Chile, aunque con puntos de partida mejores que el nuestro.

La conclusión; no nos podemos acostumbrar a un 2% y hacer fiesta cuando nos acerquemos a 3%. Con políticas correctas se puede aspirar a resultados mejores, que nos permitan ser a nosotros testigos de un Chile desarrollado, y no lo logren recién nuestros bisnietos.

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Universidades públicas: más que una vocación

Las universidades públicas buscan, no sólo por una simple vocación, hacer participar a todos los ciudadanos de nuestra sociedad en un conocimiento común, sin importar su etnia, religión o su cultura. Este deber, que busca universalizar el saber más complejo de las humanidades, las ciencias y las tecnologías, no tiene como fuente principal un sentimiento subjetivo. La motivación por integrar cultura, sociedad y desarrollo humano, que reúne a todas las universidades públicas, tampoco nace de la emocionalidad de una vocación.

Reducir la función pública del Estado a un deseo de vocación humanista o religiosa es desde ya un error, pero el hacerlo con las universidades, es todavía más grave. Significa confundir las cosmovisiones de los humanismos o las religiones (todos ellos, por definición totalizantes y, por lo mismo, excluyentes) con los deberes propios de un Estado secularizado y moderno, que debe resguardar para cada uno de sus ciudadanos los valores democráticos de universalidad, integración e igualdad en el conocimiento, el saber y las artes.

Bienvenidas sean las universidades privadas de cuño humanista o religioso que manifiestan, entre otras cosas, una vocación por lo público. Sobre todo, si ese sentimiento se traduce en un profesionalismo eficaz y eficiente. Un Estado secularizado y moderno también debe garantizar que los proyectos privados que tienen en su base ideológica una “imagen del mundo” (en palabras de Heidegger), puedan disputar desde su lenguaje de la fe o desde sus puntos de vista, las interpretaciones prácticas que cada ciudadano hace en sus decisiones individuales, colectivas o políticas. No obstante, ello no puede ser interpretado en el sentido de que el Estado deba dar a estas visiones ideológicas de las instituciones privadas, prioridad alguna respecto a sus propias universidades.

Las casas de estudio públicas expresan, sin ambages, el deber de universalidad, integración e igualdad que no nace, a su vez, de ningún ánimo de lucro o de dominación ideológica. Son universidades eminentemente públicas, que buscan el saber para ponerlo al servicio de los ciudadanos sin importar si son creyentes o no. Por lo mismo, las universidades eminentemente públicas expresan la acción del Estado que está mucho más allá de cualquier vocación particular.

Este gobierno y nuestras autoridades políticas tienen en sus manos a instituciones valiosísimas para la vida y la salud de la democracia misma. Cuidar las universidades eminentemente públicas es fortalecer nuestra propia vida democrática. No es posible dejarlas a merced de los intereses particulares del juego del libre mercado ni tampoco a la subjetividad de una vocación, cualquiera sea ésta.

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Día de la Mujer: vivir peor que en la cárcel

Según cifras de Gendarmería a enero de 2017,  15.289  mujeres cumplen algún tipo de condena en el sistema penitenciario adulto, y  3.902  lo hacen al interior de las cárceles en calidad de condenada o imputada. Las motivaciones para comenzar a delinquir dicen relación con la necesidad de sostener un hogar y el mayor porcentaje tiene causas contra la Ley de Drogas (51,5%). 

Los resultados del Estudio de Exclusión Personas Privadas de Libertad (Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana 2015) dan cuenta de que  1 de cada 3 mujeres sufrió violencia grave antes de caer detenida, cifras que casi duplican a la población general, lo que se suma a un conjunto de condiciones de exclusión.

Estas cifras nos indican que vivir peor que en la cárcel es posible. Un 28,3% de las mujeres sufre violencia en sus casas en forma habitual y grave. Entornos donde  persiste la violencia, la perpetúa generacionalmente y destruye modelos adecuados y pro sociales de relacionamiento. De allí que no es extraño que 1 de cada 4 internos haya tenido un padre preso y cerca de la mitad a un adulto responsable en la misma condición. Asimismo, cada año  ingresan cerca de 250  niños y jóvenes al sistema de protección de Sename porque su madre esta privada de libertad, menores que serán más propensos a desarrollar un comportamiento delictivo (Murray & Farrington, 2008), riesgo que podría aumentar mientras más prolongada es la condena de la madre (Valenzuela, 2012).

Por esta razón, nos parece necesario y urgente  velar por mejores condiciones que permitan a las mujeres acceder a beneficios y formas alternativas a la condena en el medio libre, sujeto a mejorar las condiciones de vínculo positivo con sus hijos, además de  los incentivos a la reinserción y disminución de la reincidencia. En efecto, es fundamental avanzar en mejorar las condiciones de inserción de las mujeres luego de haber cumplido sus condenas, promover los espacios de reunificación familiar y las posibilidades de acceder a un trabajo o micro emprendimiento. Sin embargo, hemos observado que la mayor dificultad reconocida por las mujeres a la hora de acceder a un trabajo es tener antecedentes registrados al término de la condena.

La legislación vigente establece, a través del decreto 409, la posibilidad de eliminación del prontuario y el DS 64 la posibilidad de omitir antecedentes según fines especiales. En ambos casos establece requisitos de temporalidad exigentes según tipos de delitos y reincidencia. Naturalmente hay condiciones que hacen complejo poder acceder a este beneficio, toda vez que requiere una vinculación post penitenciaria sujeto a controles periódicos constituyendo en sí misma una extensión de las consecuencias de la pena ya cumplida. Hoy, con los medios tecnológicos y de monitoreo actualizado, no se entiende un sistema que tiene más de 80 años de vigencia y que en la práctica obstaculiza la búsqueda de empleo y la reunificación familiar, haciendo del prontuario un lastre que está a la base de la reincidencia.

Es pertinente avanzar hacia la eliminación automática de antecedentes, diferenciando períodos en relación al tipo de condena, condicionando más que a plazos  a la  participación en procesos terapéuticos y laborales.

Quisiéramos que en estos días, en que conmemoramos a la Mujer, seamos capaces de hacernos parte de su realidad: detrás de ellas hay familias e hijos, hay sueños  que aún en las sombras merecen un nuevo amanecer.

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La reforma: una cuestión de imagen

CADA VEZ que se anuncia un proyecto de ley, debiésemos suponer que existe un diagnóstico preciso de los problemas que se pretenden abordar por esa vía y que se han diseñado los instrumentos adecuados para darles solución. Es el mínimo rigor que se le puede exigir a quienes asumen la responsabilidad de proponer políticas públicas y, por lo mismo, es preocupante que las autoridades den a entender públicamente que esos pasos básicos no se cumplen. Me refiero a la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que el Mineduc viene anunciando como parte de su reforma educacional y a los detalles que la ministra del ramo dio a conocer sobre la materia.

Antes del CAE, el acceso a financiamiento para la educación superior se concentraba en las 25 universidades del Cruch. Su creación durante el gobierno de Ricardo Lagos amplió esta posibilidad a todas las instituciones acreditadas, permitiendo el crecimiento de la cobertura de educación superior y, con ello, mejores oportunidades de desarrollo. Con todo, la tasa del crédito era elevada (entre un 6 y 8 %), lo que generó indeseados niveles de sobreendeudamiento. Para abordar ese problema, bajo el gobierno de Sebastián Piñera se redujo la tasa a un 2% anual y se aseguró que ningún joven pagaría más que el 10% de sus ingresos, favoreciendo con ello a todos quienes ya habían contraído el crédito y a los futuros beneficiados.

Las actuales condiciones del CAE parecen acomodar al gobierno, pero se insiste en su eliminación. El Ejecutivo está en todo su derecho de impulsar esa medida, pero preocupa la incapacidad de las autoridades para justificar la necesidad de legislar sobre la materia y de proponer una mejor opción. Aunque los dichos de la ministra se bastan a sí mismos, conviene destacar las principales conclusiones: 1) la tasa del 2% anual se mantendría y no hay razones para rebajarla; 2) la eliminación del CAE no conlleva la supresión del sistema de créditos, toda vez que se distingue claramente entre gratuidad, becas y créditos; 3) no hay intención de condonar los créditos ya otorgados, puesto que la ministra tiene claro que “si tú das un crédito, tienes que tener la posibilidad de cobrarlo”; 4) se quiere eliminar a la banca privada del sistema, pero el gobierno no sabe cómo reemplazarla; y 5) la única razón para eliminarlo es según la ministra que “hay una mala imagen del CAE, por eso hay que cambiarlo”.

El sistema de crédito debe ser perfeccionado, pero nada justifica su eliminación, tal como lo confirma la ministra quien reduce el asunto a una mera cuestión de imagen. Ha sido el propio gobierno el que ha contribuido con fuerza a destruir la imagen de esta forma de financiamiento, prometiendo alternativas inviables pero muy atractivas, como la gratuidad universal, e instalando en la opinión pública una idea perversa de los créditos estudiantiles. En lugar de orientar la función pública a la solución de problemas, da la impresión que los esfuerzos se han puesto en generar rechazo hacia mecanismos cuya utilidad el mismo gobierno ahora reconoce y cuyo reemplazo es complejo, generando expectativas sin saber cómo cumplirlas.

Sería una lástima que pequeños cálculos políticos sirvan de guía a un asunto tan relevante. Igual de grave sería que efectivamente se busque la eliminación de un mecanismo que, con las mejoras que se requieran, facilita el acceso y la libre elección de los jóvenes en la educación superior.

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Solidaridad como principio político

*Esta columna fue escrita junto a Eduardo Fuentes, filósofo.

La diferencia entre la propaganda y una discusión racional, es que la primera se construye a partir de la deformación de la posición ajena, y termina por descalificarla sin entrar en su profundidad, de modo tal que hace imposible un diálogo político reflexivo. Este parece ser el caso respecto al concepto de solidaridad que ha tenido eco en el discurso político de sectores de centroderecha y socialcristianos, pero que para algunos no es más que un influjo estatista encubierto o un intento populista que podría derivar en posiciones totalitarias. Detrás de este recelo se advierte una incomprensión del contenido de este concepto.

La solidaridad viene a enriquecer el discurso que se ha acostumbrado a una perspectiva individualista, que resulta insuficiente para abordar ciertos temas políticos que trascienden este ámbito: seguridad social, relaciones laborales, cuidado del medio ambiente, sistema tributario, etc. Este principio, derivado de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), no sólo se predica como una virtud moral, sino también como principio rector del orden social. La solidaridad, invita a reconocerse parte de una comunidad y responsable del bien de los demás, aun cuando esto importe un sacrificio. Cada uno en diverso grado, sin duda, pero conscientes de que nuestras acciones (y omisiones) sólo son posibles y repercuten en el todo social. Es decir, la solidaridad reconoce que existe una interdependencia entre las personas y las organizaciones para la consecución del bien en su conjunto.

Así, es un error pensar que la solidaridad no puede predicarse de cuerpos intermedios u organizaciones colectivas, incluyendo al Estado, o que el carácter de su acción dependa exclusivamente de la virtud de sus miembros, ya que sólo ellos tendrían la capacidad de actuar de forma virtuosa. Decir eso implica negar que la solidaridad sea un principio de orden social, como sostiene la DSI, reduciéndola a la sola virtud moral, lo cual conlleva serios errores. Por un lado, simplemente asume que los actos solidarios individuales transformarán las acciones de las organizaciones a las que pertenecen en solidarias. Por otro, desconocen que  los cuerpos intermedios no sólo posibilitan la solidaridad de las personas, sino que en muchos casos esta acción individual puede realizarse únicamente mediante estas organizaciones. La Teletón es un buen ejemplo de ello

Quizás la raíz de los errores de quienes tanto temen el ingreso de la solidaridad en el debate político es que no han reparado en un aspecto central del concepto. A saber, que él —así como los demás principios  de la DSI— cobra sentido en el entendido de que la sociedad no es sólo un vehículo para lograr aspiraciones individuales. La realización personal no sólo “ocupa” la sociedad, sino que se da “en” ella, de forma comunitaria.  Quienes defendemos la importancia política de la solidaridad también reconocemos que la sociedad está compuesta por cuerpos intermedios, y  por tanto, no es una mera suma de individuos. Luego, la realización personal y con ella las acciones virtuosas —y en este caso, la acción solidaria— requieren plasmarse directamente en estas estructuras. Vivir en una sociedad solidaria implica vivir en una sociedad cuyas organizaciones están regidas por este principio.

 

 

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Día de la Mujer: De las promesas a la práctica

En pleno año electoral, salvo las recientes declaraciones de Carolina Goic, las mujeres brillamos por nuestra ausencia en las candidaturas presidenciales. ¿Cómo hemos avanzado en igualdad de género? Cabe reflexionar sobre algunas de las promesas del gobierno actual respecto a este tema.

¿Avanzamos en materia de salarios equitativos? No. A ocho años de publicada la ley que resguarda el derecho a la igualdad en remuneraciones, seguimos con una brecha salarial del 31,6% en desmedro de las mujeres (ESI 2015). Considerando que el 38,7% de los hogares chilenos depende de una mujer como principal fuente de ingresos (CASEN 2015), la ausencia de la reforma prometida es una deuda profunda del Estado con las mujeres.

Paralelamente, la brecha también se refleja en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, que es un 23% menor que la de los hombres (ENE 2015). Llama la atención que, habiendo cada vez más mujeres profesionales en Chile, su inserción al mercado laboral no haya tenido un cambio significativo desde el 2010. Como contraparte a esa ausencia, existe una hiperpresencia en el trabajo doméstico y de cuidados. La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2015 demuestra que la mujer trabaja el doble que el hombre en las labores del hogar y el cuidado de otras personas. De hecho, el 97% de las mujeres que no ingresan al mercado laboral declaran no hacerlo por razones familiares permanentes (ENE 2015). ¿Y las que sí?, ¿qué pasa con esas súper mujeres activas laboralmente? Llegan a casa a cumplir la doble carga, porque en 2017 aún está vigente la división sexual del trabajo: las mujeres salen a trabajar y, al regresar a su espacio privado, siguen trabajando en el cuidado de hijas/os y en la mantención del hogar.

Estas mujeres, tanto las que trabajan fuera de casa como las que no, están (estamos)  sosteniendo la economía del país sin reconocimiento. Pero este trabajo tiene un valor, pues como diría mi abuelita “en la vida nada es gratis” y las mujeres estamos pagando un costo social que no nos corresponde. Como un primer esfuerzo para valorar el trabajo doméstico, en 2008 se calculó que éste equivale al 26% del PIB de la región Metropolitana y que, de este valor, casi un 70% es aportado por las mujeres (EEUT 2008).

Como parte de las promesas de gobierno está la creación del Sistema Nacional de Cuidado, que reduciría la carga socialmente impuesta a las mujeres en el cuidado de adultos mayores y personas en situación de dependencia. Sin embargo, al momento no se ha concretado y, de hacerlo, tampoco es una solución integral ante la disparidad que vivimos en este tema. Justamente, el paro internacional promovido este día internacional de la mujer trabajadora busca visibilizar y reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres.

¿Está todo perdido? ¿Nos vamos a casa oliendo las rosas que nos regalan en la calle este 8 de marzo? No. Avanzamos, pero vamos lento. Estamos ad portas de la aplicación de la Ley 20.840, que cambió el sistema binominal del Congreso Nacional por uno proporcional inclusivo. Esta es una oportunidad para que las mujeres pasemos de la representación simbólica a una representación real y formal de nuestros intereses en el parlamento. Veremos si el voto de la ciudadanía permite equilibrar la participación de mujeres en el legislativo – donde actualmente ocupamos el 15,8% de los asientos – y, con esto, agilizar los procesos que restablezcan nuestros derechos desde la igualdad.

Cerca de comenzar un nuevo ciclo político, es clave que la y los posibles candidatos a la presidencia se pronuncien en torno a las acciones que incorporarán en su programa de gobierno para construir una sociedad justa, incluyente e igualitaria en Chile. Al momento, no lo han hecho, ¿qué esperamos como ciudadanía para exigirlo?

 

              Encuesta Suplementaria de Ingresos

              Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional

              Encuesta Nacional de Empleo

              Encuesta Experimental de Uso del Tiempo

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Igualdad de género a través de las artes

El tema central de ONU Mujeres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer de este año es la mujer en el cambiante mundo del trabajo: por un planeta 50-50 en 2030. A medida que crecen, las niñas deben tener la posibilidad de acceder a una amplia variedad de carreras y se las debe alentar a realizar elecciones que las lleven más allá de las opciones tradicionales, a que sean reconocidas.  Es por eso que también para esta semana hemos organizado el HeForShe Arts Week (semana de las artes por la igualdad de género), que consta de actividades desde el 8 al 15 de marzo, que buscan visibilizar a las mujeres en las artes; en la música, en la literatura, la fotografía, en el reconocimiento de nuestro patrimonio arquitectónico, en el teatro, el cine y otros.

Este año el HeForShe ArtsWeek se realizará en ocho ciudades del mundo, siendo Santiago de Chile una de las que tiene el honor de impulsar, por medio de este movimiento, la igualdad de género a través de la cultura y las artes. Las otras ciudades participantes son: Nueva York, Bangkok, Londres, Paris, Madrid, Sao Paulo y Ciudad de Panamá.

La influencia de las artes y la cultura tiene el gran potencial de contribuir a que la reflexión sobre la discriminación y las desigualdades permanezca más allá de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  Las artes nos dan la licencia de experimentar, de expresarnos, de cuestionar, de movilizar, de crear y de romper estereotipos de género.  Es por eso que este movimiento se centra a su vez en el mensaje “Libre de ser tú”, un llamado a desarrollar todo nuestro potencial, eliminando los estereotipos de género.

Durante la de actividades de HeForShe Arts Week en Santiago de Chile, ONU Mujeres ha invitado a artistas de múltiples disciplinas a volcar el arte en una conversación sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que inspire el diálogo y el cambio cultural.  Abriremos el día 8 de marzo con un concierto de la Orquesta de Cámara de Chile dirigido por la maestra Alejandra Urrutia, primera directora titular de la Orquesta de Cámara de Chile, que incluirá en el reportorio a mujeres invisibilizadas en la historia de la música como lo fueron Fanny Mendelssohn o Clara Schumann.

Otra de las de actividades cuenta con el apoyo de editoriales, varias independientes que no han dudado en sumarse a esta semana de las artes y que han facilitado más de 200 títulos de mujeres escritoras chilenas que entregaremos en el Metro de Santiago.  Estamos invitando a que la sociedad chilena las descubran y se emocione.

Julieta Kirkwood, precursora y fundadora de los movimientos feministas de los años ’80 y de los estudios de género ya hacía esta invitación, diciendo “quiero con mi atrevimiento alentar la publicación de los cientos de trabajos, ensayos, cuentos, poesías, que tantas mujeres durante tanto tiempo hemos escondido bajo las camas, en armarios oscuros. Necesitamos la confrontación y el juego de las ideas abiertas de par en par, millones de claridades, de pequeñas ideas”.

Invitamos a todos a estar atentos a las actividades se la semana de las artes por la igualdad de género HeForShe ArtsWeek y también a que se motiven y se sumen a esta conversación para cque construyamos un mundo más igualitario. Porque tal como en una orquesta la magia surge por la suma de cada uno de los instrumentos y roles, para alcanzar la igualdad de género necesitamos el compromiso de toda la sociedad.

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Chile, con más derechos para las mujeres

COMO GOBIERNO y como Ministerio tenemos la más profunda convicción de que las mujeres de nuestro país requieren más igualdad, más democracia y más derechos. Hoy, tras tres años de gestión, hemos honrado este compromiso.

Nuestra primera misión fue fortalecer la institucionalidad de género de nuestro país. Para esto, se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que coloca en el centro de su gestión la promoción y el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Esta tarea, además, se hace reconociendo la diversidad de mujeres de nuestro país, y es un desafío en construcción abordar políticas para la diversidad de mujeres que somos.

Las mujeres somos más de la mitad de la población y la representación que tenemos en el Congreso no llega al 16%. Resulta urgente que la realidad de las mujeres esté presente en los debates parlamentarios y que las leyes que se promuevan se hagan cargo de la protección de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades en la diversidad que somos. En este sentido, se introdujo un criterio de paridad de género en el sistema electoral. Esto significa que las listas de parlamentarios para las próximas elecciones deben tener al menos un 40% de candidatas mujeres. Esta regla se acompaña de incentivos económicos que esperamos las ayuden a superar parte de las barreras que actualmente las inhiben de participar.

La Presidenta Bachelet ha cumplido con la incorporación de más mujeres en los directorios del sistema de empresas públicas. El 2014 recibimos el gobierno con un 5% de mujeres en estos espacios y a la fecha ya hay un 38% de directoras.

La violencia contra las mujeres es quizás la cara más dura de la discriminación que padecemos. Tenemos conciencia que este no es un problema que se limite al ámbito de las parejas. Muy por el contrario, es parte de una cultura machista que debemos rechazar y erradicar. Con esta perspectiva, al alero del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, hemos trabajado coordinadamente con todos los actores institucionales que atienden a quienes han sido víctimas de violencia: Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Organizaciones de la Cooperación internacional y sociedad civil, para que todos podamos ofrecer una mejor respuesta y una atención adecuada a las mujeres y sus familiares.

Este trabajo redundó en la presentación de un proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se mejora la legislación vigente al reconocer que la violencia se manifiesta de diferentes formas -psicológica, sexual, económica, física-, y que tienen lugar no solo en el ámbito intrafamiliar, sino que puede darse en el espacio público, entre pololos; y no se limita solo a lesiones, sino a diferentes formas de acoso.

A los avances legislativos se suman las políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de las mujeres. En materia de autonomía económica se han capacitado más de 27 mil mujeres del Programa Jefas de Hogar presente en 250 municipios de Chile; y otras 3 mil 500 accedieron a programas de apoyo al microemprendimiento.

Por eso este 2017, conmemoramos un nuevo Día Internacional de las Mujeres con la certeza de que hemos avanzado y estamos cumpliendo con la agenda de género del gobierno.

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