Óscar Contardo's Blog, page 221
March 14, 2017
Honorables querellantes
¿ES RAZONABLE que un parlamentario pueda presentar querellas en los tribunales? La respuesta es, como siempre en derecho, hay que distinguir. El emblema de los parlamentarios querellantes es Hugo Gutiérrez. Activo abogado e inconfundible rostro por esa frondosa (y envidiable) barba, su carrera ha girado en torno a los tribunales. En los noventa recuerdo haberlo visto en TV presentando querellas en defensa de los familiares de las víctimas de violaciones a los DD.HH. Hoy pareciera seguir en lo mismo… Pero en causas menos nobles. Por ejemplo, se querelló contra el senador Rossi a quien posiblemente intentará desbancar en la próxima elección; y también lo hizo contra el expresidente Piñera sobre la base de antecedentes que desecharía un estudiante de derecho penal.
Pero el diputado Gutiérrez solo ha llevado esto al extremo. Antes otros diputados también actuaron como querellantes. La pregunta es si deben seguir haciéndolo.
Desde el principio de nuestra república se ha intentado aislar el ejercicio del cargo de parlamentario con otras funciones públicas. Se busca así evitar la influencia indebida y el conflicto de interés. La principal preocupación ha sido la relación del parlamentario con la administración. Así, la Constitución de 1833 impedía que un diputado ejerciera otra función pública y les prohibía celebrar ciertos contratos con el Estado; la del 25 les prohibió intervenir en gestiones particulares de carácter administrativo; y la del 80, ser directores de banco o de sociedades anónimas y ejercer influencias en conflictos laborales o estudiantiles.
Pero en 1925 las prohibiciones se extendieron también al ámbito judicial. Ese año se estableció que cesaría el parlamentario que actuare como abogado en juicios contra el Fisco. Y luego el 2010 se amplió la prohibición impidiendo que los parlamentarios actúen como abogados en cualquier clase de juicios. Esta última reforma se fundaba, decía la primera Presidenta Bachelet, en “el poder que tiene un congresista respecto de los jueces”.
Es ese mismo poder el que hace aconsejable evitar que los parlamentarios puedan presentar querellas en el futuro, como lo ha planteado recientemente el senador Moreira. ¿Por qué? Para alejar a jueces y fiscales del poder político; evitar usar un mecanismo institucional cargado de consecuencias con fines eminentemente electorales; reducir conflictos de interés y riesgos de llevar a instituciones con una vocación jurídica a la refriega electoral; en fin, evitar esa peligrosa alianza entre políticos y fiscales que (¿es necesario repetirlo?) tanto daño ha hecho ahora último.
Es cierto que nada impide que se use un “palo blanco”. Pero ello nunca le generará al congresista los mismos beneficios que la figuración por actuar a nombre propio. También es cierto que esta regla requiere excepciones (ej. defensa de sus propios intereses).
En definitiva, aprobar una regla como ésta no censurará a Gutiérrez; solo lo llevará a usar las armas que le son propias (las de la política y del legislador) sin degenerar herramientas institucionales que abren espacio a una mayor judicialización de la política y a una más evidente politización de la justicia.
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La contienda
EL SENADO se encuentra estudiando una importante contienda de competencia. El Contralor ha solicitado a la Cámara Alta que resuelva que la Corte Suprema no tiene facultades para conocer y fallar de un recurso de casación en que se discute el reclamo (“acción de mera certeza”) de 1.300 funcionarios de la DGAC que sostienen que deben ser traspasados desde el régimen de AFP al sistema previsional de las FF.AA.
Hay razones para simpatizar, en principio, con la solicitud del Contralor.
En primer lugar, debe señalarse que la interpretación legal sobre el tema de fondo que la Contraloría ha venido sosteniendo, en numerosos dictámenes, parece ser correcta. En efecto, y en lo que concierne a la situación de los interesados, su pretensión supone extender injustificadamente el concepto de “personal” de las FF.AA. Es perfectamente explicable también, y merece consideración, por supuesto, que la Contraloría haya querido defender su facultad legal de interpretar de manera general las leyes administrativas.
En segundo término, cabe advertir que cualquiera que sea alérgico al activismo judicial desatado no puede sino preocuparse por la forma abstracta en que está construida la demanda de los funcionarios de DGAC. El que se acoja una acción como ésta podría, en efecto, abrir la puerta para que mañana otro grupo de ciudadanos busque, y encuentre, un tribunal que, aun a falta de agravio concreto y sin ley habilitante, le cambie, y mejore, sin embargo, su régimen legal de salud, vivienda o educación.
La existencia de una sentencia del TC del 18 de enero recién pasado, recaída en contienda similar, aunque predicada de un juzgado civil y no de la Corte Suprema, y que acogió la tesis de la Contraloría, aparece, en fin, como otra razón para que, en aras de la igualdad y la seguridad jurídica, el Senado siga un criterio análogo.
No obstante lo anterior, creo que es altamente problemático que, en base a consideraciones prácticas y a temores como los anotados, el Senado decida sustraer este asunto del conocimiento de la Corte Suprema.
En mi opinión, las contiendas deben acogerse cuando se pretende que un órgano del Estado conozca de una materia que claramente ha sido encomendada -por la Constitución- a otro poder público (como si alguien quisiera que la Corte Suprema destituyera a un ministro o fiscalizara los actos del gobierno). La contienda de competencia no es para evitar que una demanda temeraria o mal hecha sea acogida. El buen funcionamiento del Estado de Derecho, y el equilibrio entre los poderes, supone confiar en que los propios jueces actuarán razonablemente y rechazarán las demandas a las que falte algún presupuesto procesal básico. Siempre existe, por supuesto, el riesgo que un tribunal se equivoque. Hay remedios sensatos para eso. Lo que no me parece conveniente, sin embargo, es que el Senado recorte ad hoc la jurisdicción en base a ese temor o por razones de responsabilidad fiscal. Estaríamos levantando un precedente para que mañana otra mayoría política cualquiera decida, desde el Senado, que algún otro reclamo opinable es pura y simplemente no justiciable. No se nos puede olvidar que el acceso a un juez independiente e imparcial es un derecho humano inalienable.
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Una reunión muy oportuna
EL MUNDO atraviesa un periodo turbulento. El malestar con la globalización es evidente en los países industrializados (paradojalmente, sus principales impulsores). El Brexit y las recientes elecciones en Estados Unidos son las manifestaciones más obvias. Aumenta la oposición a la migración y al comercio, al que se le culpa del desempleo, el estancamiento salarial, la creciente desigualdad y la desindustrialización. En esta nueva era de la posverdad, poco importa que la evidencia indique lo contrario. Gran parte de la pérdida de empleos industriales en el mundo desarrollado se debe a la creciente automatización, y el aumento de la desigualdad obedece principalmente a factores como la inequidad en el acceso a la educación y estructuras tributarias insuficientemente progresivas. Peor aún, se prefiere ignorar que el comercio ha sido un ingrediente fundamental de la impresionante reducción de la pobreza mundial en las últimas décadas: según el Banco Mundial, la pobreza extrema se redujo del 42% de la población mundial en 1981 al 11% en 2013.
China, India y tantos otros países asiáticos son el mejor ejemplo de cómo la participación en el comercio mundial ha sacado a cientos de millones de personas de la miseria. En América Latina, Chile también es un buen ejemplo. El fuerte desarrollo que hemos tenido en las últimas tres décadas -con todas sus limitaciones- resulta inconcebible en una economía cerrada. Si hoy somos una sociedad de clase media, con derecho a plantearnos nuevas aspiraciones, es porque no le hemos dado la espalda al mundo sino que hemos buscado integrarnos en él. Obviamente, debemos y podemos hacerlo mejor. En particular, el desafío de la diversificación exportadora resulta ya ineludible.
Estas reflexiones cobran especial relevancia en la actual coyuntura internacional. El periodo 1945-2015 fue quizás el de mayor progreso económico y social en la historia de la humanidad. Contar con un sistema comercial abierto fue central, y EE.UU. tuvo un rol clave en su creación y desarrollo. Sin embargo, hoy sus nuevas autoridades anuncian que el multilateralismo pasará a segundo plano, y que el nuevo énfasis estará en el bilateralismo y -más preocupante- el unilateralismo. Es la “America First Trade Policy”. El retiro del TPP y la anunciada renegociación del Nafta se enmarcan en este nuevo enfoque, caracterizado por el nacionalismo económico (el mismo que critican a otros países) y la primacía absoluta del “interés nacional” por sobre el bienestar global.
Es necesario recordar las lecciones de la historia, y la tragedia en que culminó la espiral proteccionista en que entró el mundo tras la Gran Depresión de los años treinta. Estamos aún lejos de ello, pero en una economía mundial que ha entrado en una “nueva normalidad” de bajo crecimiento tras la crisis de 2008-2009, las señales que llegan del norte son muy preocupantes.
En este contexto, resulta muy oportuno el liderazgo asumido por el gobierno de Chile al convocar esta semana a Viña del Mar a los miembros del TPP más China, Colombia y Corea. El objetivo es discutir opciones para fortalecer los vínculos entre la Alianza del Pacífico y Asia Pacífico en esta nueva y desafiante coyuntura. Pero quizás más importante es el mensaje político de la reunión: en estos tiempos inciertos, somos muchos los países que no vemos el comercio como un juego de suma cero y que seguiremos privilegiando la cooperación por sobre la confrontación.
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Precio de la electricidad en la Encuesta Nacional de Energía
Hace unos días se hizo pública la Segunda Encuesta Nacional de Energía, la cual fue encargada por el Ministerio de Energía a la empresa Feedback, y que tiene como objetivo obtener una apreciación ciudadana del sector eléctrico. Los resultados parecen haber descolocado al gobierno, que ve con preocupación la negativa percepción de la ciudadana hacia su sector estrella. Un dato decisivo: el 90,6% de los consultados señaló que la electricidad en el país es cara. Y es que el precio de la energía no es un indicador más. El sector puede avanzar en sustentabilidad, seguridad, transparencia, pero si el precio se mantiene o sube, la ciudadanía no valorará dichos avances y tenderá a rechazar la política energética como un todo.
Pero, ¿a qué se debe esta percepción? Durante el 2015, el exministro Máximo Pacheco insistió en cada oportunidad posible que Chile tenía una de las energías más caras de la región y esos precios no han bajado. De acuerdo a reportes de Empresas Eléctricas AG, un consumidor representativo en Santiago paga hoy mensualmente 65 pesos más que hace un año atrás. Ciertamente las tarifas son altas y seguirán entre las más caras de la región. El propio ministerio, así como la CNE, han insistido que la baja de tarifas a clientes finales sólo se hará efectiva en la década del 2020. Es más, esto solo pasaría si la tendencia de precios que se observaron en la última licitación se consolida en las próximas subastas.
Es importarte considerar que el trabajo realizado por el Ministerio en iniciativas como los cambios a las licitaciones de suministro, la nueva la ley de transmisión y la creación del coordinador eléctrico, entre otras, tendrán frutos a mediano y largo plazo y no de un día para otro.
En política, la implementación de políticas públicas de largo aliento suelen ser incomprendidas y eventualmente mal evaluadas por la ciudadanía. En sectores claves para el país como el energético, la solución es combinar el trabajo de largo plazo con políticas visibles que generen ganancias a corto plazo. Ello permitirá a las autoridades obtener el apoyo político y ciudadano necesario para su implementación y avanzar de manera adecuada.
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Castigo con límites
En el firmamento del fútbol conviven dos espacios: uno monumental y otro diminuto. Sin embargo, atraído por sus destellos de estrellas muertas y superficiales luces, paradojalmente es el grande quien gira alrededor del pequeño. Ahora el centro del universo es el planeta de los pequeños. Ese mundo inventado, alimentado de mitos y leyendas de los corrientes, es difundido por todo el orbe. Y éste los sacraliza.
Los excepcionales son pocos, pero brillan con luz propia. Los pequeños son muchos y necesitan acomodadores con linternas.
En realidad, el mundo del fútbol del “lo más importante es no perder” está prácticamente matando la gallina de los huevos de oro al menospreciar el fundamental buen juego y la habilidad de sus protagonistas. Intereses ajenos se han impuesto sobre la calidad del juego.
La semana pasada en el webshow El Deportivo de La Tercera dije “Castillo es un jugador limitado” y di mis razones con fundamentos técnicos. Estas palabras corrieron como reguero de pólvora y la bomba estalló en los cruzados y los Pumas de México. La ira, odio, cólera, intolerancia no se hicieron esperar. Hasta amenazas de muerte me llovieron de tierras aztecas. El club también envió su mensaje. Me imagino la espuma escurriéndose entre sus comisuras por tocarles a su ídolo circunstancial.
¿Por qué ofende la palabra limitado? ¿Por qué no pueden reconocer sus debilidades futbolísticas? ¿Han escuchado decir a un jugador, soy goleador pero no tengo dribling, amagues ni fintas? Incluso Zamorano carecía de esa habilidad. Pero cabeceaba como los dioses. Campos, del Ballet azul, y Dabrowsky, del Colo Colo 91, tampoco eludían a su abuelita ¿Es verdad o mentira?
Pero con terno y corbata puedo decir; soy impuntual, desmemoriado, violento, flojo, apolítico, no sé cantar rancheras… Allí creemos ser honestos.
Hemos creado figuritas de barro, ni de plomo para la colección ni de papel para completar el álbum. La masa inconsciente los devora, los traga saboreando la tierra. Urgen mejores cocineros en el castillo de la comarca.
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March 13, 2017
La beatería de los progres
SEMANAS ATRÁS, el dueño del restorán Baco dio una entrevista a La Segunda en donde defendió una convicción estética: no permite que al local entre gente mal vestida. A su entender, estas personas contaminan visualmente el lugar al lucir hawaianas, musculosas o yoquis. La entrevista vino a consecuencia de que Luis Larraín, en ese entonces presidente de la Fundación Iguales, informara a través de un tuit que, tras llegar al restorán, le ofrecieron un par de zapatos a cambio de las chalas que llevaba puestas, y que los zapatos, ay de él, resultaron ser dos números más pequeños que el suyo. Si bien es un poco grotesco eso de pagar por comer con los pies apretujados en calzado ajeno para luego quejarse, lo peor vino después: cientos de liberales biempensantes desataron su furia en las redes sociales contra Frederic Le Baux, el propietario de Baco, quien también es, por razones obvias, el que pone las reglas de la casa. Entre los insultos memorables que recibió el francés -memorables por lo cicateros, tontos o deschavetados- se cuentan los siguientes: “bruto”, “siútico”, “facho”, “aspiracional” y “machista” (las mujeres sí pueden sentarse a comer con chalas).
En rigor, el concepto de “liberal biempensante” viene a ser bastante contradictorio: biempensante, según la Real Academia, es aquel “que piensa de acuerdo con las ideas tradicionales de signo conservador”. Sin embargo, la incongruencia se da solamente en el papel, ya que en la cotidianidad existe una multitudinaria casta de severos juzgadores, que, jurando defender la igualdad, la libertad o el progresismo, actúan bajo el alero de lo que podría denominarse fascismo liberal. En Chile, al igual que en otros lados, abunda este tipo de personas: no hay más que darse una vueltecita por las redes sociales para identificarlas, vociferantes, incendiarias y rotundas, imponiendo a cada instante su beatería laica.
Dicha beatería, cabe agregar, es de las peores que existen, pues al no seguir otro dogma que el de la arbitrariedad del momento, ni otra escuela que la del espontaneísmo bobo, da pie a una religión que se perpetúa hasta el infinito a punta de pataletas avivadas por el progresismo hipócrita y por el cretinismo a secas. En general, estos beatos adhieren a ideas de izquierda, votaron por la Nueva Mayoría y se suman con fanatismo a todo tipo de causas que ensalzan la corrección política del sector. En algunos casos, además, se ubican en altas posiciones de poder.
Liberal Fascism se titula el libro que hace casi 10 años publicó Jonah Goldberg en Estados Unidos. Allí, el analista conservador se detiene en diferentes momentos de la historia del siglo XX en su país para demostrar que fueron los liberales, no los conservadores, quienes muchas veces sustentaron ideas de indudable corte fascista. En la era pre Trump, es decir, durante los últimos años de la administración de Barack Obama, ocurrieron famosos episodios en los que se hizo evidente la destemplada intolerancia liberal hacia individuos que no comulgaban con la beatería ya mencionada. Las redes sociales, convertidas en piras inquisitoriales, ardieron en incontables ocasiones para incinerar a tal o cual víctima del liberalismo biempensante. Poco se ha dicho al respecto cuando se analiza el fenómeno Trump. Lo que sí está claro es que no fue él quien inventó el fascismo con que hoy en día nadie titubea en definir su breve y lamentable mandato.
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Educación superior
SE ESPERA que el gobierno reenfoque el proyecto de Ley de Educación Superior, excluyendo áreas de disenso y que requieren más trabajo. Debe cuidar de no arriesgar una mirada integral, que comprometiera el desarrollo futuro de la educación superior como un todo.
Especial aprensión surge de la constatación que para un conjunto relevante de instituciones, universidades y CFT e IP son sustitutas para los estudiantes. La mera posibilidad que se excluya del proyecto al sector Técnico Profesional (TP), que se deje para más adelante, una vez resuelto el tema universitario, representa un peligro y que se puede ilustrar en dos áreas, calidad y selección.
Si se introducen criterios diferenciados de calidad para universidades y para instituciones TP, se relegará a la educación TP a una categoría inferior, a la que se le exige menos. Es claro que el sistema de aseguramiento de calidad requiere mejoras, pero la actual concepción de calidad es valiosa al cruzar toda la educación superior. Calidad se entiende como la cercanía que tiene el funcionamiento real de la institución con su proyecto específico, admitiendo diversos proyectos y comparabilidad. Se subentiende que una universidad que investiga es diferente de la que no lo hace y ambas de una institución TP. La calidad de cada proyecto se mide con métricas diferentes, pero es, como en las disciplinas del atletismo, comparable. Por ello, una institución TP que forma personas con alta empleabilidad y remuneraciones, puede ser de mayor calidad que una universidad que promete buena investigación y no la realiza. No es necesario parecerse a una universidad compleja para ser bueno.
También la admisión TP debe entrar en un mismo proyecto, lo que tampoco significa que tengan iguales requisitos. Un proyecto que integre los sistemas de admisión abordaría el problema de exceso de demanda que se exacerba con la gratuidad. Restringir como hoy los beneficiarios imponiendo cuotas al crecimiento por institución, hace que alumnos que no tienen cabida en instituciones que prefieren, sí la tienen en otras menos preferidas, seguramente de menor calidad.
Si el financiamiento estatal para los estudiantes es limitado, no tiene sentido además limitar sus opciones de acceso a las mejores instituciones que puedan absorberlos. Y como, aparte de un puñado de universidades de más selectividad, la sustitución entre instituciones del mismo tipo y entre universitarias y TP es muy alto, un sistema integrado permitiría que los escasos cupos para beneficiarios, se abran en las mejores instituciones.
Finalmente, un sistema integrado de admisión reduciría la incertidumbre para cumplir con las nuevas restricciones al crecimiento. Así, en el sector TP aproximadamente un 2% de los alumnos que se matriculan no asiste nunca a clases porque cambian su decisión posteriormente, cuando otras instituciones definen su proceso.
Separar completamente el proyecto reduciría la eficiencia del uso de los recursos y no le estaría dando a la educación técnico profesional el estatus que requiere el país.
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¡Menos escombros!
EN JUNIO del año pasado, se publicó la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. Una buena noticia que aún no está operativa, y que espera para junio de este año 2017 se dicten los reglamentos correspodientes que la harán aplicable. La ley establece en lo central que los productores de los denominados productos prioritarios (aparatos electrónicos y eléctricos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas) son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos generados por ellos. En lo que se refiere a la generación de uno de los residuos más molestos, difíciles de disponer, y hoy ampliamente ilegales en su disposición final…nada dice. ¿Qué podemos hacer para que la autoridad y legisladores se tomen en serio el problema de los escombros de la construcción?
¿Dónde van a parar esos pedazos de ladrillos, fierros, cemento, trozos de madera, vidrio, yeso, fibro cemento, azulejos, tejas, tarros de pintura, hojalata, etc, etc? Nadie lo tiene muy claro. El servicio de “flete de escombros” no está regulado ni tampoco dónde van a parar esos desechos. Los escombros no son aceptados en los rellenos sanitarios autorizados ni en las plantas de residuos peligrosos, y por tanto terminan en pozos y vertederos ilegales, rellenos no controlados o simplemente abandonados en predios o caminos de poco tráfico. Cuando uno aterriza en el aeropuerto de Santiago, puede verificar cómo millones de metros cúbicos de desechos, mayoritariamente de la construcción, se han ido acumulando en sectores de Pudahuel, Lampa o Colina. Si bien puede ser que empresas más estructuradas y ambientalmente responsables tengan implementados protocolos de disposición final de residuos de la construcción, estos casos siguen siendo voluntaristas y no necesariamente transversales.
¿De qué sirve proyectar “edificios verdes”, si para ejecutarlos somos tremendamente poco ecológicos? ¿Es posible hacer algo a favor de la regulación de estos molestos residuos?
El tema de los residuos de la construcción es sin duda un tema que hoy “no tiene dueño”. En países desarrollados, justamente esta temática ha sido abordada con decisión dado lo disruptivo de los residuos mismos y su difícil disposición final.
Un ejemplo digno de ser analizado es el del Estado de California en Estados Unidos. California tiene vigente una ordenanza estatal obligatoria, que se refiere en forma exhaustiva a todo tipo de residuos. Asimismo, dedica un capítulo especial a los “Residuos provenientes de la Construcción y Demoliciones”. Señala que toda obra o demolición solo está autorizada a llevar a puntos autorizados de disposición final un 50% de los residuos generados. El otro 50% está obligado a reutilizarlo, reciclarlo o reducirlo. La exigencia es alta y ha generado una amplia oferta y mercado para poder dar cumplimiento a dicha regulación. Entre otras cosas, a la par de las autorizaciones de demolición y/o de construcción, el titular debe aprobar un plan de disposición de residuos. El cumplimiento de este permiso adicional se fiscaliza con el mismo rigor que la construcción o demolición misma.
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Aquí hay un equipo (por fin)
Con Beccacece y Castañeda, y también el principio con Hoyos, la crítica de fondo era la misma. Había nombres; seleccionados, promesas, jóvenes de casa y refuerzos, pero faltaba el equipo.
Y eso era lo más duro de aceptar: que la materia prima estuviera ahí sin que nadie supiera muy bien cómo sacarle lo mejor.
Hubo que conformarse con ráfagas, con días de mucho corazón y poco talento, y triunfos sufridos, como si la pelea de la U fuera otra.
El análisis en el microscopio era la única forma de sacar algo bueno de todo eso.
Desde enero del año pasado, ver a los azules ha sido una lágrima constante por lo que quería hacerse, tan opuesto a lo que se conseguía.
Ya van dos partidos en que empieza a verse un conjunto, una idea que aglutina dos de las máximas que toda oncena quiere alcanzar: jugar bien y ganar.
En dos de estos encuentros no ha estado la Gata Fernández, cuya salida ha generado un efecto que creía reservado para los técnicos. Se marchó y sus compañeros se ven liberados, más directos y finos.
Lorenzetti es el mejor reflejo de eso. Encargado sin contrapesos de la generación de fútbol, luce capaz de llevar ese peso en solitario, algo que nunca fue su mejor característica.
No hay línea sin mejoras considerables en las últimas semanas, hecho esencial para que comience a funcionar esa presión alta que Hoyos quiere como sello, para desatar un ataque veloz y frontal.
Si ante Palestino, la semana pasada, la defensa todavía mostró desatenciones; frente a Audax se vio férrea y compacta.
Al medio, Reyes y Espinoza agarraron fiato y se distribuyen coherentemente el trabajo de contención y descarga.
Pero hay dos que marcan la diferencia.
Lo de Mora está estadísticamente comprobado. Para una escuadra que se hundía por sus errores frente al arco contrario, cinco goles en dos partidos son muestras contundentes de su valor.
El otro es Beausejour, que ya es el elemento diferenciador que le cabe a un bicampeón de América; un jugador que sabe cómo y cuándo explotar su orilla, que causa daño y se hace respetar. El hombre que fueron a arrebatarle a Colo Colo, en definitiva.
Hace unas semanas, Pizarro dijo que había que tener cuidado con la U cuando ganara dos partidos seguidos. Ha alcanzado ese objetivo, ¿cuánto más peligrosa puede ser?
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Quiebra de Masvida: cada vez menos vida al sistema de salud
La isapre Masvida intenta equilibrarse al borde de ese abismo llamado quiebra. La Superintendencia de Salud ha nombrado a Robert Rivas como su interventor. De este modo, la crisis por la que atraviesa puede solucionarse de dos formas: con la desaparición de la Isapre y el traspaso de su cartera a otra (quizás vía licitación), o con la compra de la aseguradora por algún valiente inversionista.
Bajo mi punto de vista, en ambos casos sólo pierden los pacientes: si es adquirida por un grupo económico, quedará la duda permanente de si éstos realmente podrán hacerse cargo de la situación financiera. Esto sólo provocará que en el corto y mediano plazo pierdan afiliados, permaneciendo en ella sólo aquellos pacientes con preexistencias importantes. Estos son los “pacientes cautivos”, justamente los más costosos para estas aseguradoras y que les es casi imposible cambiarse de Isapre.
En el caso de ser intervenida por el Estado y licitada su cartera para ser traspasada a otra Isapre, se soluciona la crisis inmediata, pero los pacientes en general verán aún más disminuida su libertad de elección ya que sólo 4 prestadoras de salud quedarán en el mercado: Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres – Banmédica y Consalud.
El problema de fondo es que la “crisis de Masvida” es síntoma de algo más grave: una crisis terminal del sistema de financiamiento de la salud en Chile.
El sistema funcionaba bastante bien para las Isapres cuando tenían plena libertad de subir los planes a los pacientes más caros, o sea, los más enfermos, forzando que se fueran a otra aseguradora o a Fonasa. Esto era el famoso y no muy popular “descreme”.
Sin embargo, llegó el día en que una mujer demandó a su Isapre por considerar que el alza de su plan de acuerdo a una tabla por edad y sexo era discriminatorio. Esto provocó que el Tribunal Constitucional fallara a favor y considera inconstitucional estas arbitrariedades. Así se generó un cambio paradigmático al establecer que las Isapres no pueden usar el mismo criterio que un seguro automotriz o de vivienda, ya que una persona puede evitar chocar, pero difícilmente puede evitar, en el largo plazo, enfermarse.
A partir de entonces, fue posible impedir las alzas de los planes vía recurso legal. Y es lo que ha sucedido: el último año se han presentado 133.000 recursos en contra, poniendo en jaque el sistema y haciendo la situación insostenible en el largo plazo.
En el origen del problema se encuentran dos situaciones: Que los costos en salud sí han subido (nuevas terapias, procedimientos menos invasivos, etc). Sin embargo, la ley no contempla ningún método objetivo para cuantificar estas alzas y ajustar los precios de los planes en una forma no arbitraria.
El segundo tema es que económicamente efectivamente hay pacientes más caros que otros, en tanto padecen enfermedades de un costo más alto. Sin embargo, hoy no existe un fondo compensatorio que permita que más allá del mayor costo del plan, los pacientes más caros reciban un financiamiento adicional proveniente de aquellos pacientes más jóvenes y con menos enfermedades, evitando que los planes suban hasta el infinito o a hasta que el paciente no pueda pagar.
Esto ha sido discutido 3 comisiones presidenciales de reforma al sistema de salud (una con Bachelet, dos con Piñera). Todas han propuesto algún tipo de fondo común compensatorio (ya sea sólo entre isapres, o integrando Fonasa) que permita compensar el riesgo que incurre una aseguradora pública o privada que atiende a pacientes más graves.
Esto debería complementarse con mecanismos que disminuyan la asimetría entre pacientes y su Isapre: poner límite al número de planes puesto hoy existen más de 26.000, lo que hace prácticamente imposible dilucidar cual es el más conveniente; crear un un mecanismo objetivo para fijar alzas en los costos de salud (un IPC de la salud); terminar con las preexistencias y permitir movilidad completa de los pacientes entre las distintas (pero pocas) Isapres.
El sistema cómo está, es insostenible en el mediano y largo plazo. Postergar esta reforma una vez más es simplemente una irresponsabilidad. Si bien hoy está quebrando Masvida, mañana podría ser el sistema de salud completo. La crisis de fondo no se resolverá hasta que éste u otro gobierno se ponga los pantalones y reforme el cómo se financia la salud en nuestro país.
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