Óscar Contardo's Blog, page 53

Política educacional fracasada

Estos últimos meses hemos visto cómo el Mineduc y parlamentarios han reconocido errores de diagnóstico y diseño de la aprobada Ley de Inclusión. Ejemplo de esto es su disposición a diseñar modificaciones legales que minimicen sus repercusiones, como el paso de 77 establecimientos educacionales particulares subvencionados al sistema particular pagado y las manifestaciones públicas de apoderados en La Serena, Coquimbo y Antofagasta. Esto impulsó al Mineduc a diseñar un proyecto de una segunda ley miscelánea, que incluiría prorrogar por un año el plazo establecido para que los sostenedores constituidos como sociedades con fines de lucro se transformen en fundaciones o corporaciones.

Este proyecto en tramitación considera, además, formas alternativas para financiar la adquisición de infraestructura de los establecimientos educacionales. Esto es una exigencia de la ley en razón del fracaso de la intermediación bancaria con aval de Corfo para la adquisición de inmuebles de los establecimientos educacionales que tiene menos de 600 alumnos de matrícula, los que suman más del 80% de los particulares subvencionados. Junto con ello, propone introducir una modificación para que el canon de los arriendos para instituciones relacionadas ya existentes se siga ajustando al valor comercial y no al 11% del avalúo fiscal, como establece la ley. Añadimos a los errores cometidos la glosa que en la Ley de Presupuesto congela el monto de la asignación de gratuidad para 2018, consignada en la ley de inclusión, decisión objetada transversalmente por todos los sectores políticos, cuya solución pasa por restar recursos a la subvención preferencial destinada a los estudiantes más vulnerables con el propósito de mejorar la calidad educativa, lo que resulta inexplicable e inaceptable. Todo esto involucra el reconocimiento tácito de graves errores de diagnóstico y diseño en la legislación aprobada, que afectan gravemente a la educación particular subvencionada y revelan que el propósito de esta reforma era ideológico. Se trataba de impactar su sistema de financiamiento, gestión administrativa y pedagógica para fortalecer la educación pública, procurando recuperar la matrícula en fuga por deficiencia de calidad.

La sumatoria de los hechos enunciados constituye evidencia significativa del fracaso de políticas que no han dado los resultados esperados, y que ponen en riesgo la provisión mixta del sistema educacional chileno. Buscamos que las candidaturas presidenciales y parlamentarias que postulan en noviembre a acceder a los poderes públicos tengan a la vista que todos los estamentos de la educación particular subvencionada: sostenedores, directivos, docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, que suman el 55% de la matrícula escolar del país, están siendo afectados negativamente por este proceso de reforma educativa. Hemos visitado todas las regiones, y todos los estamentos están dispuestos a luchar en procura de una educación inclusiva y de calidad, que no sea discriminada por el Estado.

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Valor y resultado

Pese a que no estaba planificada en el calendario, este jueves tuvimos nuevos resultados de la encuesta CEP. Pero ese mismo día se dieron a conocer los datos de una segunda medición, que sin la atención periodística que siempre genera la primera, aunque con una cobertura igual o incluso más robusta, iluminó con cierta evidencia que puede resultar muy interesante para el debate público que tendremos en los próximos años. En efecto, en una alianza entre Ipsos y el centro de estudios Espacio Público, se diseñó y desplegó un cuestionario cuyo propósito fue superar la clásica pregunta sobre aprobación de las políticas públicas, indagando cómo la provisión de ciertos bienes y servicios afecta la vida cotidiana de las personas, identificando preocupaciones y motivaciones, como también la disposición frente a ciertos cambios. Y todo lo anterior, con una metodología que enfrentó a los encuestados con casos concretos que permitieron iluminar mejor el sentido y profundidad de sus preferencias. Y aunque son varias las cuestiones que debemos mirar con algo más de calma, hay dos dimensiones que me interesa resaltar.

La primera apunta a la estrecha relación entre la voluntad de los ciudadanos para aportar al bien común y la evidencia concreta de los resultados de dicho esfuerzo. Así, por ejemplo, entre varias referencias similares, el 83% de los encuestados está dispuesto a esperar más tiempo por atención en salud, si efectivamente esa demora se justifica por la prioridad en la cobertura de los casos más graves o personas más necesitadas. Un resultado similar se registra en cuanto a la disposición a pagar más impuestos.

A continuación, también se derriban algunos miedos y prejuicios que han aflorado con mayor fuerza en el último tiempo, especialmente en cuanto al anhelo teórico y práctico de una sociedad más integrada. De esa manera, más del 80% de los encuestados considera que la convivencia escolar debe darse entre personas de distintas clases sociales, tendencia que se repite en las diferentes preguntas sobre integración de barrios y ciudad. Y las cifras son todavía más contundentes cuando el Estado y/o la comunidad están en condiciones de garantizar la calidad y la seguridad respectivamente.

De esa manera, parece muy arraigada la convicción de que la eficiencia y la eficacia son un imperativo ético de la acción política y especialmente de los programas públicos; lo que, incluso significando un sacrificio y postergación temporal o parcial, contribuye a la mejor disposición para promover la solidaridad, integración y diversidad. Entonces, no es el valor en cuestión sino la idoneidad del instrumento para materializarlo lo que debería convocar nuestra principal atención.

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Beneficio de inventario

El mundo político no solo se ha vuelto adicto a las encuestas, tanto que su entrega se transmite en vivo o se anticipa en programas de televisión el día anterior, sino que las asimila como una verdad sin mucha mirada crítica, elevándolas a la calidad de “oráculo”. Eso, sin tener en cuenta que antes se han equivocado -aquí y en otras partes-, y que presentan contradicciones o aspectos que se contraponen al sentido común. Veamos.

La encuesta Cadem de “octubre semana 2” dijo que en segunda vuelta Sebastián Piñera obtendría un 51% del voto probable, mientras que Alejandro Guillier lograría apenas un 36%. Pero a la semana siguiente, la brecha se acortó a 47% vs. 42%. Una semana que fue políticamente plana y en que realmente no pasó mucho. Entonces, ¿qué justifica tan dramático cambio en el pronóstico? Piñera de vencedor inapelable, pasó a ser caballo casi pillado. Ningún experto advirtió la contradicción, ni menos intentó descifrarla.

Antes que terminara esa misma semana, se publica el sondeo del CEP. En ella Piñera aparece como casi seguro ganador, contradiciendo la última Cadem. Se dice que la CEP es técnicamente mejor, pero si es así, ¿por qué la segunda acapara entretanto los titulares? Centrémonos en otro detalle: según la encuesta de agosto del centro de estudios, José Antonio Kast había logrado un nivel de conocimiento de 63%, pero en la última cae al 57%. Es un dato que era un candidato considerado marginal e ignorado por la prensa, pero de tanto decir llanamente lo que cree, sin dobleces ni medias tintas, y de no eludir preguntas con respuestas políticamente correctas, comenzó a llamar la atención. Más aún, fue el manifiesto “ganador” del primer debate (lo dicen todos) y se destacó en el segundo, tanto que comenzó a ser noticia y comentario obligado todos los días en la prensa; una suerte de “trending topic” noticioso. Por lo mismo resulta sorprendente que haya caído en las preferencias, pero es inexplicable que haya ocurrido en el nivel de conocimiento. Carece de sentido que mientras alguien más figure menos lo conozcan. Nadie ha explicado técnicamente por qué 1 de cada 10 personas que conocían a Kast, ahora no saben que existe; es decir, qué justificaría que le hayan hecho “la desconocida”.

Otra cosa más: Carolina Goic, con malos resultados en ambos sondeos, reaccionó acusando los vínculos de dos personeros que están tras de ellos, ya que fueron funcionarios del gobierno de Piñera. Pues bien, la candidata DC tiene razón: hay un problema objetivo de transparencia y que pone de manifiesto la endogamia de nuestro sistema político. Situación que no será culpa de los aludidos, pero la mujer del César no solo debe serlo sino parecerlo, y las encuestas no manifiestan en sus antecedentes ni un atisbo de prevención sobre el potencial conflicto de interés. El tema para ellos no existe. La conclusión es una sola: habría que tomar las encuestas políticas con más beneficio de inventario.

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Volver

En marzo de 2013 Michelle Bachelet aterrizó en Chile encarnando la única opción electoralmente viable. Había concluido su primer gobierno con niveles de aprobación cercanos al 80%, lo que ya instalada otra vez como candidata le permitió imponer sus términos sin ninguna resistencia. Volvía al país a realizar una transformación histórica, a enterrar para siempre el “frustrante” y “mediocre” ciclo de la Concertación, ese período marcado a fuego por la lógica de los vetos y los empates con los partidarios de Pinochet, y del que su primer gobierno habría sido el último eslabón.

Su segundo mandato vino a confirmar, sin embargo, que la centroizquierda tenía un diagnóstico no solo desajustado acerca de los supuestos “malestares” presentes en la sociedad chilena, sino también sobre la naturaleza del cambio vivido por el país en las últimas décadas. El paso de una sociedad con cinco millones de pobres a fines de los ’80, a otra mayoritariamente de clase media, no había sido aquilatado en toda su profundidad y magnitud. Menos aún, el que los principales vectores de ese cambio social y cultural eran la democratización del consumo y del crédito, dimensiones sobre las cuales un sector importante de la centroizquierda parecía tener serias reservas “éticas”.

Resulta fácil responsabilizar al caso Caval del desplome en la popularidad de Bachelet y su gobierno; entre otras cosas, porque esa explicación la deja en el rol de “víctima”, algo que se volvió una constante para explicar sus desaciertos ya desde su primera administración. Pero, en rigor, lo que socavó el respaldo a su gestión y hoy tiene a la centroizquierda al borde del colapso no fueron los negocios de su nuera, sino precisamente las reformas y la “lectura” de los cambios vividos por el país que ellas implicaban.

El gobierno de Bachelet nunca entendió a ese Chile de clase media para el cual era (y es) muy importante poder contribuir a la educación escolar de los hijos, hacer la diferencia con una educación pública a la que se percibe incapaz de aportar a un efectivo cambio de estatus. Al contrario, a esa clase media se la humilló y se le insultó; le dijeron que venían a quitarle los patines y que en el fondo eran unos arribistas, que buscaban que sus hijos fueran a colegios con nombres en inglés y se mezclaran con niños de pelo más claro. En resumen, un misil ideológico al corazón de lo que ha sido el cambio social en Chile, ese cambio que -entre muchas cosas- lleva a millones a repletar los malls cada fin de semana y a miles a viajar al extranjero siguiendo a La Roja en sus periplos deportivos.

Esa falta de conexión con el país que ellos mismos hicieron posible hoy tiene a la centroizquierda al borde del abismo, y a la derecha muy cerca de volver al gobierno. Pero la interrogante que persiste en este eventual retorno es si este partir y volver de Bachelet y Piñera, este repetitivo ir y venir que puede terminar sumando 16 años, es reflejo de un ciclo político distinto o más bien el síntoma de uno que no hemos podido dejar atrás. Un eventual nuevo gobierno de Piñera que encare sus desafíos políticos de la misma y deficitaria manera en que lo hizo la vez anterior, o una centroizquierda que nuevamente apueste todo a la polarización, solo vendrían a confirmar que este “volver” sigue siendo más bien parte de lo mismo: un país donde los mínimos comunes simplemente no son posibles.

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De nuevo, la transición

En su esfuerzo (tan loable como incierto) por inscribirse en alguna tradición histórica, Sebastián Piñera ha vuelto a reivindicar la figura de Patricio Aylwin aludiendo a la necesidad de una “segunda transición”. Desde luego, esto resulta plausible porque la Democracia Cristiana -al sumarse a la Nueva Mayoría- abandonó inexplicablemente ese legado. Como fuere, y más allá de la paradoja involucrada (Piñera apoyó a Büchi y fue senador de oposición), este discurso resulta muy revelador de los alcances y límites de aquello que a estas alturas bien cabe llamar “piñerismo”.

Lo primero que cabe notar es la constante nostalgia piñerista por la primera parte de los años ‘90, cuando los políticos bailaban alegres en la Teletón. Se trataría de una época dorada, marcada por los consensos y el progreso. Nuestros representantes gozaban de alta credibilidad y tenían legitimidad para articular acuerdos amplios, sin que nadie reclamara mucho. Desde luego, Patricio Aylwin encarna a la perfección ese momento de reencuentro entre los chilenos; y tan consciente era él de la relevancia de su figura, que nunca buscó su propia reelección.

En cualquier caso, la principal dificultad estriba en que la pax aylwiniana posee una singularidad difícilmente replicable. Por de pronto, habría que explicitar qué se entiende por “segunda transición” pues es imposible lanzar esa afirmación sin asumir los cambios profundos que ha vivido el país: la sociedad está fragmentada, se interesa poco en los asuntos públicos y ronda un malestar que nadie ha sabido asir del todo. Además, no existe ya el miedo a perder la democracia (que fue el factor ordenador de la transición). No está de más recordar que Aylwin tenía, a mediados de los ’80, un diagnóstico muy fino de cómo sacar al país del entuerto; y para lograrlo tuvo gestos que retratan su grandeza.

Pero, ¿qué diablos tiene que ver el piñerismo con todo esto? Es difícil identificar en las intervenciones públicas del expresidente algo equivalente a esa reflexión que Aylwin elaboró en los ’80. El patriarca falangista tenía una llave para su transición, pero nada indica que Piñera tenga la suya. Si queremos algo así como una segunda transición, lo mínimo sería especificar cómo podríamos recrear un entorno favorable a los (indispensables) consensos. Para eso, urge elaborar un diagnóstico de las frustraciones de nuestra modernización y de cómo ésta ha sido vivida por los distintos actores sociales; y luego construir una propuesta política a la altura de esos problemas.

En el prólogo a sus Discursos, Maquiavelo se lamenta amargamente del hecho siguiente: sus contemporáneos, dice, admiran mucho a los hombres de la antigüedad, pero son incapaces de imitarlos y realizar las mismas acciones. La mirada sobre el pasado, si no es creativa, paraliza la acción política: el Florentino sugiere que la nostalgia pura es veneno en política. Si el país decide darle a Sebastián Piñera una segunda oportunidad, lo menos que podemos pedirle es que no repita como comedia aquello que la primera vez fue, al menos para la derecha, una tragedia.

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Dónde se pierden los países

En la campaña presidencial hay nada menos que ocho candidatos y quizás dos grandes posturas con variaciones sobre el mismo tema. Primero, Guillier y Goic que ofrecen más de lo mismo, con pequeños matices y más o menos el mismo tipo de liderazgo en que cambian de opinión según las circunstancias y conveniencias más que principios. Hace pocos días ambos señalaron que no apoyarían el pago de la farra de TVN en este gobierno. Hoy está claro que ambos la apoyarán. Les apretó el zapato los que realmente mandan en ese sector y que no son los candidatos. Con todo, son mejores que los cuatro candidatos de la izquierda dura: Navarro, Artés, MEO y Sánchez. Cuatro con la misma canción. Para ellos hay que rehacer el país desde la raíz; quieren refundarlo con diversas variaciones de la receta socialista ortodoxa que ha fracasado allí donde se ha intentado. Siguen aún en la primera mitad del siglo pasado.

Navarro y Artés no sabemos si son candidaturas reales o alguna forma de humorada social. He llegado a pensar lo segundo con Artés. Lo más probable es que ni siquiera alcancen un 1%. Hacen más ruido que aportes. Sánchez fue un globo que se desinfló y nadie es capaz de imaginarla gobernando un país moderno. De hecho, hace escarnios de las competencias técnicas y estima que cualquier persona podría ser presidente, ministro o dirigir una gran empresa estatal. MEO se ha vuelto muy agresivo; cree que hablar más es mejor, y en este tercer intento sacará menos votos que en los dos anteriores. Básicamente, ya no se le cree.

En este grupo de seis candidatos, sus “programas” son expresión del populismo. Ninguno parece entender las restricciones de toda realidad ni las complejidades del mundo entrado el siglo XXI. Estos gobiernos duran hasta que se acaba la plata y la capacidad de deuda, salvo que se transformen en dictaduras como está ocurriendo por ejemplo en Venezuela. Saben gastar (y no muy acertadamente) pero no producir. Todos creen en un dios llamado Estado, que por arte de gracia resuelve todos los problemas de manera espectacular.

Una tercera opción es la de J.A. Kast, que podríamos calificar quizás como la más conservadora, tanto en lo valórico como en lo económico. La honestidad de Kast en el planteamiento de sus convicciones le hizo ganar el respeto de mucha gente, y sin duda va a ser lo más novedoso de la campaña. Pero al parecer no es su tiempo aún.

Finalmente tenemos la opción de Piñera, que es de centroderecha y ofrece retomar el exitoso rumbo perdido, de lo que fue la modernización de la economía y las políticas sociales tanto en el gobierno militar como en las adecuaciones de la Concertación. Ofrece un gobierno que busca consensos, y una gestión de alta calidad en la consecución de acuerdos y el uso de recursos fiscales. Lo avala su experiencia de haber sido gobernante y haber hecho un gran gobierno. Quizás lo más determinante en esta elección será el Congreso bajo una nueva ley electoral de muy mala factura técnica, como casi todo lo que ocurrió en este gobierno. Se otorgó más poder al Congreso al aumentar los cargos y hacer cada día más compleja la gobernabilidad en un régimen muy presidencialista. Ya tenemos más de 30 partidos políticos.

A estas alturas de la campaña los dados parecen echados. Si Piñera no gana en primera vuelta, en cuyo resultado los votos de Kast pueden ser relevantes, lo acompañará Guillier al balotaje. La opción es clara: seguir con más de lo mismo que Bachelet pero en un país más empobrecido, o intentar retomar el camino de progreso. Con todo, lo más sabroso será escuchar a seis candidatos digerir sus palabras grandilocuentes y su certeza de triunfo, absurdas para todos los que observamos el espectáculo. Los países se pierden cuando son víctimas del populismo.

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Sobre chaquetas y ascensores

1) Chaquetas rojas utilizó Piñera para identificar lo que, se suponía, sería un gobierno abocado a la gestión en terreno. Chaquetas rojas vistieron por años los soldados de su majestad británica, con el objetivo de llamar la atención e infundir temor en sus adversarios. Chaqueta roja eligió el juez Rau para emitir su veredicto en el juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, pero el motivo no lo conocemos.

Quizás fue solo mal gusto o quizás pretendía llamar la atención. El asunto es que no era necesario. El juez Rau tiene derecho a vestir como quiera, pero no le haría mal equilibrar su llamativo clóset con algo de contexto y criterio. Porque su señoría tenía al frente, por un lado, a la familia de unos abuelos asesinados que murieron calcinados al interior de su hogar y, por el otro, a un grupo de acusados que, de acuerdo a su propio fallo, acumulaban más de un año de prisión sin ningún mérito para ello.

Ambas partes merecían respeto, seriedad, decoro. Ambas partes merecían justicia. Lo que menos necesitaban era un payaso.

2) Poco asiduo a la televisión, este contribuyente encendió el otro día el televisor por algunos minutos y se encontró con ese fenómeno ochentero conocido como “Franja política”. Llamó particularmente su atención la publicidad del honorable diputado Guillermo Tellier, presidente del partido de los terratenientes, que en nuestro país recibe el curioso nombre de Partido Comunista. En el mentado spot, aparecía un grupo de distinguidas señoras recomendando votar por Tellier porque su gestión permitió que el Metro incluyera un ascensor para bajar a la estación más cercana. Inmediatamente, recurrí a mi Constitución de bolsillo para confirmar mis sospechas: los diputados, estimadas damas, no tienen nada que ver con los ascensores del Metro ni con la construcción de plazas y jardines ni con ninguna de las leseras que nos suelen vender en sus vistosos folletos. Ni siquiera están a cargo de la seguridad ciudadana, como prometen varios.

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TVN: ¿A quién le importa?

Frases como “la importancia de la televisión pública” son una especie de contraseña, un cliché que se regurgita para anunciar que la conversación se puso solemne y que es mejor prestar atención, porque lo que se diga en adelante será un discurso escrito en mayúsculas, repleto de diagnósticos y buenas intenciones, pero que sospechamos quedará en eso: en un cúmulo de palabras infértiles que dejarán las cosas tal como están.

La discusión sobre la televisión pública en Chile ha sido cíclica y estática. Ha ocurrido cada vez que se presenta una crisis en TVN. Durante las primeras décadas de la transición esas crisis consistían en contingencias puntuales: la sospecha de censura por algún reportaje que incomodaba a alguna institución poderosa, el número de segundos contados por cronómetro destinado a un candidato en el noticiero, la teleserie que insinuaba que una monja podía llegar a enamorarse o los conflictos dentro de un directorio diseñado para funcionar como la frontera entre las dos Corea: representantes de un esquema binominal que encarnaban la seguridad del inmovilismo.

El de la televisión pública era un debate en el que rápidamente intervenía una lista de expertos que advertían que en un país como el nuestro, con desigualdades siniestras y una concentración de medios evidente, era vital contar con un canal público que compensara de alguna manera tanto desequilibrio. Enseguida, alguien mencionaba a la BBC británica, alguno al PBS norteamericano y otros alertaban sobre la necesidad de estar preparados para los cambios tecnológicos. Para cuando el debate se acercaba a la disyuntiva entre calidad de los programas y cantidad de audiencia para financiarlos -porque TVN se financia por avisaje comercial-, la crisis había pasado, las aguas se habían aquietado y las cosas continuaban tal como estaban.

Hablar sobre la importancia de la televisión pública fue durante las primeras décadas de la transición algo así como un ritual que nos devolvía una imagen fragmentada de aspiraciones diversas y realidades contradictorias. Era una discusión de cierta élite, es cierto, pero se sostenía sobre una realidad masiva: TVN lograba los primeros lugares de audiencia con una programación que parecía interpretar -para bien o para mal- el momento que se vivía en Chile. El noticiero era efectivamente el más visto; las teleseries lograban capturar la atención de gran parte de la población; la alegría ñoña de su programa matinal seducía a los espectadores. Había mucha chatarra, pero de tanto en tanto una dosis de sensibilidad lograba imponerse y alcanzar reconocimiento con programas que cumplían el rol de trofeos -Patiperros, 31 minutos, Los archivos del cardenal- que se exhiben para anular las críticas por la abundancia de ramplonería. Era un canal que sabía moverse en el mercado y responder a una misión en la medida de lo posible.

La conversación sobre la televisión pública en Chile, por lo tanto, se sostenía en un hecho: TVN tenía una relevancia en la vida cotidiana de la mayoría de los chilenos.

Esta semana, un grupo de trabajadores y celebridades del canal inició una campaña para que el Senado apruebe la capitalización -47 millones de dólares- que la empresa necesita. Sin ese dinero, TVN entra en crisis terminal. La frase que le da fuerza a la campaña dice: TVN importa. El mensaje es tan simple que conduce a una duda: ¿Cuál es la razón para recordar algo que debería ser evidente? La respuesta es también sencilla y salta a la vista: desde hace ya varios años, el canal cortó su relación con el público, tomó distancia de él. Pasó por alto los cambios sociales, rehuyó de los talentos y juzgó despectivamente la aparición de nuevas miradas. Todo esto ocurrió al mismo ritmo en que la élite política tomaba distancia de la ciudadanía, practicando los mismos movimientos de desencuentro, en un despliegue sincronizado de impericia y abulia que arrinconó al canal hasta hacerlo perder todo peso y atractivo. TVN fue reducido a la irrelevancia justo cuando la televisión abierta sufría un momento de cambio. Ninguno de los recurrentes debates en torno al rol de la televisión pública llevados a cabo durante más de dos décadas dejó una huella práctica en el manejo del canal y ahora necesita que el Estado lo salve. Pero ¿para qué habría de salvarlo? ¿Para seguir haciendo lo mismo? Mientras no haya una respuesta a eso lo único que queda es el entusiasmo de un hashtag circulando en las redes sociales y una programación que arranca en la mañana con un programa en donde los animadores pueden pasar largos minutos jugando al un-dos-tres-momia y termina en la noche con una teleserie bíblica evangélica. Dos pequeños ejemplos de cuánto realmente importa la televisión pública a los encargados de llevarla a la pantalla.

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Nuestros porfiados mitos electorales

Los resultados de la última encuesta del CEP son categóricos: si las elecciones fueran mañana, el nuevo Presidente sería Sebastián Piñera. No sólo aparece como ganador contra sus distintos adversarios, sino que, además, lidera en todos los atributos deseables en un nuevo Jefe de Estado. La élite de izquierda parece aceptar lo inevitable. Sin embargo, en las últimas semanas se han empezado a escuchar argumentos sobre la “difícil gobernabilidad” que enfrentaría “Piñera presidente”. La idea es que si bien el candidato de Chile Vamos ganará las elecciones, enfrentará una oposición tan cerrada y rígida que le será muy difícil gobernar. A esto, dicen los escépticos, habría que sumarle el hecho de que es altamente posible que se produzcan movilizaciones generalizadas de distintos grupos de presión: estudiantes, jubilados, empleados públicos, feministas y otros. El país, nos dicen, se paralizaría.

¿Ingobernabilidad?

Esta tesis de la ingobernabilidad bajo un gobierno de Piñera no es más que uno de los tantos mitos que circulan por el país. Son leyendas, cuentos e inventos que lanzan gurús de distinto pelaje, que se expanden sin control y no son sometidos a verificación.

El grado de gobernabilidad de una administración no es un atributo inalterable o rígido. La gobernabilidad depende de la capacidad de los líderes para convocar a otras fuerzas políticas, y para capturar la imaginación de los ciudadanos respecto de iniciativas que llevan al bien común. Desde luego, si Piñera tomara una actitud ultraderechista y se alineara con los grupos más conservadores, sus perspectivas de éxito se verían fuertemente reducidas. Pero todo sugiere que hará exactamente lo contrario. Sus repetidas alusiones al ex Presidente Aylwin, y su uso de ideas desarrolladas por políticos que tradicionalmente han estado en la vereda del frente -estoy pensando en Ricardo Lagos y Alejandro Foxley- indican que Piñera intentará hacer un gobierno de centro, donde primen los acuerdos pragmáticos y puntuales respecto de programas legislativos específicos. Además, las últimas declaraciones del candidato indican que no intentará dar marcha atrás en los avances sobre temas valóricos de los últimos años. De hecho, hay indicios que sugieren que respecto de temas como el matrimonio igualitario, Piñera tendrá una actitud mucho más abierta a la que muchos sospechan.

Un Piñera pragmático, capaz de convocar a los políticos de centro para apoyar iniciativas concretas, tendría un alto grado de gobernabilidad y podría mover al país en la dirección correcta. Claro, más de alguien podrá decir que para bailar el tango se necesita a dos personas, y que no basta, por tanto, que Piñera tenga una actitud constructiva. Para avanzar, sus opositores debieran estar dispuestos a colaborar. Que el tango es de a dos no cabe duda. Pero tampoco me cabe duda que si Piñera actúa con mesura, respeto, amplitud de miras y visión de largo plazo, podrá atraer a los grupos más modernos de la Democracia Cristiana, incluyendo a la senadora Goic, y del PPD, para que, en conjunto, desarrollen una serie de proyectos legislativos. No es que vayan a cogobernar; desde luego que no. Lo que sucederá es que diferentes grupos apoyarán diferentes iniciativas que coincidan con sus propias ideas programáticas.

Otros mitos

Pero el de la ingobernabilidad no es el único mito que ronda al país. De hecho, lo más notable de estas elecciones es la cantidad de ideas peregrinas, falsas y no comprobadas, que se repiten sin cesar, y que no son impugnadas o cuestionadas por los analistas.

Uno de estos mitos es que nuestras exportaciones carecen de valor agregado. Esta idea se repite una y otra vez, sin que nadie la someta a un mínimo proceso de verificación. Es cierto que exportamos muchos productos intensivos en recursos naturales, pero, en concreto, ¿cuál es el valor agregado de nuestras exportaciones? Y ¿cómo se compara con el de otros países? Resulta que si uno va a Google y pide información sobre “valor agregado de exportaciones”, se encuentra de inmediato con una página de la Ocde. La información desplegada en barras de todos colores indica que “el valor agregado doméstico de las exportaciones brutas” chilenas es mucho mayor que en Finlandia, Corea y Holanda, por nombrar tan sólo algunos países. También nos informamos que nuestras exportaciones tienen un valor agregado un poquito menor a las de Japón, Estados Unidos, Noruega y Australia.

Otro mito es que si no existieran AFP, automáticamente aumentarían las pensiones de los chilenos. Esta es una aseveración incorrecta, mañosa y deshonesta. Vamos por partes: si Chile mantuviera un sistema de ahorro pensional, pero este ahorro se canalizara a través de instituciones que cobraran cero comisión, las pensiones aumentarían en no más de un 10%. Vale decir, quien hoy día recibe una pensión de $ 180.000, recibiría una de $ 198.000. Ahora, supongamos por un minuto que el sistema de capitalización es reemplazado por uno de reparto clásico y estricto, donde todas las pensiones recibidas por nuestros jubilados son financiadas con todas las contribuciones de los trabajadores activos. En este caso es fácil demostrar que las pensiones promedio serían algo más bajas que las pensiones promedio que hoy día paga el sistema de capitalización. Esto indica que el tema de las pensiones es mucho más complejo que lo que muchos candidatos plantean y que su solución requiere de un esfuerzo mancomunado que debe ser acordado en forma transversal.

Otra idea que da vueltas y vueltas, y que no ha sido sometida a una verificación seria, tiene que ver con la abstención electoral. Se dice, repetidamente, que las personas que no votan están desencantadas del sistema y del modelo; se trataría de una actitud de rechazo. Es muy posible que esto sea así, pero también es posible que se trate, exactamente, de lo contrario. Una hipótesis alternativa es que las personas que no votan toman esa decisión porque creen que el país está funcionando bastante bien, y que seguirá por una senda adecuada independientemente de quién sea el próximo presidente. Puede ser gente convencida de que la política es mucho menos relevante de lo que los propios políticos creen, y que piensan que lo verdaderamente importante es cómo funcionan la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.

Los grupos de derecha también han acuñado sus propios mitos. Uno recurrente y muy repetido es que es si Sebastián Piñera no resultara electo, la economía chilena sufriría un “colapso”. Nada avala esta tesis. Se trata, simplemente, de una exageración poco afortunada. Desde luego que el valor de las acciones depende de cómo los inversionistas vislumbran el futuro. Después de todo, el precio accionario no es otra cosa que el valor actualizado de los flujos futuros de ingreso de las empresas. Pero de ahí a que vaya a haber un colapso si en vez de Piñera fueran electos Guillier o Goic, hay una enorme distancia.

Basta de mitos. Hablemos con seriedad. Nuestra democracia lo requiere.

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Un gobierno de mayoría

La abstención electoral significa pérdida de legitimidad del sistema político. En Chile, ella expresa un fenómeno complejo. Parece haber satisfacción en la esfera íntima, a la vez que pérdida de confianza en la institucionalidad. Habría que preguntarse en qué campo ubicar los omnipresentes trastornos del ánimo. También hay aspectos del eventual malestar relacionados, precisamente, con virtudes de aquella institucionalidad, la cual ha posibilitado que, por primera vez en la historia, las clases medias chilenas sean mayoritarias. Este encomiable resultado es, sin embargo, también fuente de presión, pues, al mismo tiempo que amplios sectores del país mejoran sus condiciones vitales, se hallan muchas veces angustiados por una situación devenida inestable.

En este escenario, es especialmente relevante que las elecciones sean instancias de participación masiva. En dos sentidos. Tal participación permite que el sistema político sea un reflejo menos distorsionado de los anhelos populares. Éstos pueden encontrar acogida en autoridades que los reflejen más fehacientemente, de tal suerte que el país logre irse configurando de modos que otorguen expresión y cauce a lo que se piensa y siente a nivel popular.

Pero, además, una participación masiva es fundamental para dotar a las autoridades de legitimidad. Es muy distinto cuando un gobierno puede invocar ser la expresión de una mayoría amplia, cercana a la mayoría absoluta de la ciudadanía, que de una muy distante con ella.

En ese caso, se forman gobiernos de minoría. Entonces, a la oposición se le abre la vía de ampararse en las encuestas y la movilización social, para pasar a atribuirse la representación extra-institucional de una voluntad popular potencialmente mayoritaria. Puede empezarse a jugar, así, una partida para la cual la izquierda posee especial habilidad. La mostró en 2011, tal como a lo largo de gran parte del siglo pasado.

Más allá de las calculadoras partidistas y las cuentas de las campañas, este debiese ser un objetivo de todas las candidaturas a la presidencia, especialmente de aquellas dotadas de mayores posibilidades de éxito: lograr masividad en la participación en las elecciones. Tras los elocuentes resultados de la encuesta CEP, esta responsabilidad recae particularmente en la candidatura de Sebastián Piñera.

La Presidencia de la República es una herramienta formidable. Pero una condición de posibilidad de su operación eficaz -además de las capacidades, destrezas y aplomo de quien la ejerza- es que el presidente electo cuente con el voto de un porcentaje significativo del cuerpo ciudadano. Un programa de reformas -y, convengámoslo, la hora actual exige reformas importantes- puede llevarse adelante mucho más fácilmente, con menos hostilidad y mayores energías puestas en la calidad de los proyectos y en los efectos que tendrán en el mediano y largo plazo, si ese programa es la expresión de amplios sectores del pueblo. En cambio, la ansiedad por adoptar medidas apresuradas, que terminan conduciendo a errores, irrumpe con más vehemencia cuando el gobierno respectivo se sabe en una posición minoritaria, y es acicateado o por el desplome en la aprobación o por las protestas o por ambos.

Frente a la crisis de largo aliento que enfrentamos; ante la correlativa exigencia de emprender reformas como la modernización del Estado, la regionalización, generar condiciones para una efectiva integración nacional, para mejorar la productividad de nuestra economía; delante del requerimiento, entonces, de sentar bases sobre las cuales encauzar el malestar social hacia formas institucionales que permitan el florecimiento de las gentes, de organizar nuestra existencia política para las próximas décadas, la candidatura presidencial de la centroderecha ha de destinar esfuerzos decididos a lograr una alta participación.

Restarse a ese impulso, por ver una intencionalidad política en el reciente y tardío llamado del Gobierno a concurrir a las urnas (que, es cierto, no se hizo respecto de las primarias), importaría desconocer el desafío del momento presente y caer, además, en una especie de peligroso juego con la actual alicaída administración. Todo ello, en fin, bajo el supuesto de que los aún indecisos poseen tendencia preponderante, son como una mayoría silenciosa; algo que, tras las últimas mediciones, resulta altamente improbable.

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