Óscar Contardo's Blog, page 51

Cerro Pabellón: El inicio de algo grande

A mediados de septiembre se inauguró Cerro Pabellón, la primera central geotérmica de Chile. El hito es motivo de alegría. Y más de lo que los 48 MW de potencia limpia sugieren a primera vista.

En Chile nos hemos malacostumbrado a emplear la potencia instalada como métrica de referencia de las centrales de potencia. Por eso es el número que con mayor frecuencia se cita en la prensa. Sin embargo, más importante es la energía generada. Al final, lo que interesa es la cantidad total de tazas de té que hierve a lo largo de su operación, no el simple límite teórico de un momento determinado en condiciones ideales. En el caso de las centrales renovables, en las que el costo marginal de generación es casi nulo, la energía anual representa el potencial real que ofrecen las condiciones naturales del sitio.

Así las cosas, la tecnología geotérmica es, de lejos, la más aventajada de las tecnologías renovables, pues carece de intermitencia. En el caso de Cerro Pabellón, se proyecta un factor de planta de un notable 81%. Es decir, entregará el 81% de lo que entregaría si estuviese operando 365/24/7 al 100% de capacidad. En contraste, una central solar sin seguimiento tiene un factor de planta típico de 24%, y las centrales eólicas de cerca de 22%. Así, esos 48 MW de Cerro Pabellón equivalen a unos 160 MW solares, o a unos 180 MW eólicos.

Una segunda gran ventaja de la energía geotérmica es su predictibilidad. Como no hay plena certeza de cuándo soplará el viento, no podemos contar con las centrales eólicas para darle seguridad al sistema. Este tipo de plantas entregan todo lo que pueden cuando pueden, pero cuando no, alguien más tiene que venir al rescate. El medio solar es más predecible que el eólico, pero tampoco nos podemos fiar por completo, pues siempre una nube puede interponerse entre el panel y su medidor. Las hidroeléctricas de pasada son predecibles en el corto plazo, pero no en el mediano. La alternativa geotérmica, por el contrario, rinde cuando uno le pida. El interruptor depende solo de la voluntad de su operador, como una central de embalse, con la diferencia de que el calor subterráneo no sabe de años secos. Este atributo es tan valioso, que el mercado eléctrico lo reconoce en dinero constante y sonante en el sistema tarifario.

Como si esto fuera poco, el impacto ambiental de la central misma es esencialmente nulo. No ocupa espacio, no interviene cursos de agua y, lo más importante, no emite al aire más que vapor de agua. Sólo las líneas de transmisión o sitios de muy alto valor paisajístico (como el Tatio) pueden representar un desafío en el plano ambiental.

Tras Indonesia, Chile es el segundo país con más volcanes activos en el mundo. Esto puede ser el inicio de algo grande. Islandia, una de las naciones de mayor consumo de electricidad per cápita, obtiene el 27% de su electricidad de la geotermia. En La Ruta Natural estamos convencidos de que hay muy buenas perspectivas de avanzar en esa dirección.

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¿Cuál es el verdadero legado del régimen de Bachelet?

La política de gratuidad universitaria ha tenido dos consecuencias que difícilmente pudieron no ser previstas por el gobierno. La primera, consiste en que las universidades que tuviesen una matrícula más o menos extendida, y que no estuviesen acreditadas bajo los cuatro años, estarían en problemas económicos, dada la modificación de las reglas del juego. En esta situación están las Universidades del Pacífico e Iberoamericana, y lo han estado la Universidad Gabriela Mistral y UCINF que, afortunadamente, a través de un cambio de controlador, están comenzando a recuperarse.  

Los actores de educación superior han manifestado claramente que las universidades no acreditadas deberían cerrar. Así, tenemos que el vicepresidente ejecutivo del CRUCH ha señalado en marzo de este año “que las universidades no acreditadas deben cerrar”. Es verdad que el Ministerio de Educación, a lo menos no ha impedido la fusión entre las universidades Gabriela Mistral y UCINF y ha señalado por los medios que “hemos estado bastante al tanto y vigilantes con lo que pasa con la Universidad del Pacífico”; pero, dado que era previsible que la gratuidad otorgada a algunos planteles por tener la calidad que se debe exigir para recibir fondos estatales sería delicada: ¿no es irresponsable no tener un plan de coyuntura para dichos planteles?  E incluso, ¿no habría sido mejor fomentar su fusión o programas de mejora institucional?

La segunda falta de prevención, o derechamente intenciones insondables en la elaboración de políticas públicas,  es todavía más grave y tiene que ver con el arancel de referencia. Dicho arancel pasa a ser una verdadera fijación de precios máximos para las universidades adscritas a la gratuidad. De este modo, se ha definido este arancel por el Ministerio de Educación como el “valor asignado por el Mineduc para el arancel anual de las distintas carreras que imparten las instituciones de Educación Superior, sin considerar la matrícula.

En general, es menor que el arancel real. Se define de acuerdo a indicadores como la calidad docente, tasas de titulación y retención”. Lo grave de ello es que el financiamiento otorgado a las Casas de Estudio, adscritas a la gratuidad, las tiene absolutamente desfinanciadas, desde que la diferencia entre el arancel real y de referencia debe cubrirse por las propias casas de estudios.

Cada cierto tiempo, ante la indiferencia general, se pueden apreciar los abultados déficits institucionales de las universidades adscritas a la gratuidad. Las Universidades que están en la gratuidad cada año se desfinancian y han estado aplicando importante recortes. Naturalmente, que el tener más años de acreditación debería llevar a obtener más recursos, desde que el aumento en calidad genera mayor costo. Pero el tema que acá se critica no es que se puede apreciar lo absurdo de las políticas económicas que desvinculan el costo real de la educación –o de mercado- con los fondos que reciben las universidades -ni siquiera es una mala política de fijación de precios, desde que éstos deberían representar los costos reales y en realidad reflejan en el mejor de los casos un promedio sujeto a restricciones presupuestarias del Estado-, sino la falta de seriedad en la proyección de las políticas económicas que se han desarrollado.

El debacle de la educación superior es un buen ejemplo de las políticas de este gobierno, será el legado del régimen: una verdadera debacle en la mayoría de las áreas que se han reformado.

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Encuesta CEP

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos es un buen resumen del efecto que han tenido en la opinión pública los cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría. Durante el período en que comenzó a eclipsarse el ciclo de la transición, surgieron los movimientos sociales y finalizó su existencia la Concertación como pacto político, apareció como derrotado el ideario político y cultural de la centroderecha.

Sobre esa virtual derrota es que se levantó el discurso igualitarista que, fundado en la pretensión de levantar un “nuevo modelo”, intentó sacarnos de la senda que, bajo los gobiernos concertacionistas y del Presidente Piñera, nos convirtió en el país más desarrollado y con mejor calidad de vida de América Latina. La Nueva Mayoría, con los votos necesarios en el Congreso, impulsó este ideario de cambios, pero se estrelló contra un muro que, antes que político es el conjunto de valores que informa a esta sociedad eminentemente de clase media que es el Chile de hoy.

En este último estudio el expresidente Piñera aparece por lejos como el candidato mejor posicionado para ganar la elección del próximo domingo 19, pero si uno mira un poco más los datos ve que la explicación de este favoritismo no es meramente electoral. La agenda de “cambio de modelo” es obviamente rupturista, tiene un componente de conflicto importante, pero el 58 por ciento de los encuestados prefiere líderes políticos que privilegien los acuerdos por sobre sus propias posiciones. Así, el discurso aquel que nos decía: “tenemos visiones distintas de sociedad, votemos”, se ha quedado sin sustento, pues la gente prefiere la búsqueda de caminos compartidos. Es evidente que esto no favorece los cambios radicales, poco pueden esperar, por lo tanto, el Frente Amplio y las otras opciones rupturistas o el propio senador Guillier.

La encuesta señala asimismo, que el 65 por ciento de los chilenos -dos de cada tres- considera que el país está estancado o en decadencia. Difícil una respuesta más lapidaria para una gestión como ésta, cuyo sello han sido las “grandes transformaciones”. Es decir, la Presidenta considera que ha cambiado el país, pero los ciudadanos creen que lo entrega estancado. Por último, mientras un 16 por ciento se identifica con la izquierda, un 20 lo hace con la derecha.

Mi tesis es que en los últimos ocho años se ha dado una confrontación entre la agenda de la movilidad social, propia de la centroderecha, y la de la desigualdad, propia de la izquierda. Hasta ahora, el país prefiere por amplio margen la oferta de progreso que ofrece el mercado, a la de la redistribución del estatismo. Por eso hoy quiere volver a los acuerdos, son más los que se identifican con la derecha y la mayoría vota por Piñera, arquetipo del Presidente que impulsa el crecimiento.

En definitiva, la llamada batalla cultural muestra buenos auspicios para un nuevo gobierno de la centroderecha.

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Primera vuelta

En estos días, concita más interés hablar de la segunda vuelta, pero el resultado de la primera es igualmente relevante porque permite proyectar lo que sucederá en el balotaje y en la configuración del sistema político chileno posbinominal.

En segunda vuelta, según la experiencia internacional comparada, la posibilidad de revertir un resultado adverso se correlaciona con una distancia entre la primera y la segunda mayoría no muy por encima del 10% y donde el más votado no cruce el umbral del 40%. En 2009 (Piñera versus Frei Ruiz-Tagle), no fue posible revertir una diferencia de cerca de 15 puntos (44% versus 29,6%), aunque quedó flotando en el aire que el 2% de diferencia final pudo modificarse. Casi no hay precedentes de cambio de tendencia en segunda vuelta donde la primera mayoría cruza el 40% y la diferencia es de 20 puntos, aunque para los más optimistas existen unas contadísimas excepciones. Habrá que observar, la noche del 19 de noviembre, si Piñera cruzó la barrera del 40% y cuál es la distancia que lo separa de quien llegue en segundo lugar. Una diferencia más cercana al 10% que al 20% es decisiva para considerar la posibilidad de una segunda vuelta verdaderamente competitiva.

En un plano más político, la primera vuelta también es relevante. Será de interés conocer la votación de J.A. Kast por su posicionamiento ultramontano y su identificación, sin ambigüedades, con el legado de la dictadura. No es menor saber cuánto pesa esta posición en nuestro país.

Otro resultado a observar es el de la DC. Cuesta imaginar uno tan magro como el que adelantan las encuestas, teniendo, además, una buena carta presidencial. Un resultado bajo el 10%, sumado a un retroceso parlamentario, puede ser indicador no solo de una declinación electoral, sino de que el centro político chileno ha comenzado a mutar desde una identidad socialcristiana a una más liberal.

Por su parte, el Frente Amplio tendrá que luchar contra las expectativas que construyeron las encuestas. Hay un mundo de diferencia entre estar compitiendo por pasar a segunda vuelta y no alcanzar los dos dígitos (última CEP). Sobre su orientación futura habrá que ver qué sectores internos obtienen mejores resultados. Como sea, su principal desafío estará en decidir si ser o no una fuerza incidente en segunda vuelta. En la “izquierda histórica”, los votos obtenidos por su abanderado presidencial y la distancia con el candidato de la derecha serán decisivos para saber si es razonable esperar un vuelco en los resultados. También será de interés el pulso senatorial entre el PS y el PPD, y la correlación de fuerzas entre la izquierda histórica y la emergente.

En definitiva, si bien la próxima elección presidencial se resolverá en segunda vuelta, lo que suceda en la primera vuelta comenzará a dibujar tanto el desenlace de la presidencial como el sistema político chileno de las próximas décadas.

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Protección del mar: avances y desafíos

Esta columna fue escrita en conjunto con Miriam Fernández, Directora del Nucleo Milenio Centro de Conservación Marina

 

En los últimos 10 años avanzamos notoriamente en la conservación de nuestro patrimonio natural marino. Transitamos de una protección cercana al 1% del territorio marítimo, o maritorio, a la cobertura actual del 14% de la superficie de la zona económica exclusiva. Y alcanzaremos liderazgo internacional si se decretan las áreas marinas comprometidas por el Ejecutivo: el 40% de la zona económica exclusiva de Chile protegida.

Celebramos estos avances y también la intención de diversificar los ecosistemas bajo figuras de protección e involucrar activamente a las comunidades locales. Sin embargo, la diversificación es aún escasa y los decretos de protección se concentran en grandes zonas oceánicas, muy distantes de donde se concentran los impactos de poblaciones humanas sobre el mar. Los esfuerzos dirigidos a la conservación marina aún son escasos en zonas costeras del centro y norte de Chile, donde las pesquerías ejercen enormes presiones sobre los ecosistemas marinos. También en los vulnerables fiordos del sur del país, donde opera la acuicultura de salmones. Además, la mayoría de las pocas zonas protegidas decretadas aún carecen de los planes de manejo y las inversiones visionarias país para ponerlas en práctica y consolidarlas con y para la gente. Esto no es trivial, porque la implementación efectiva de áreas protegidas puede generar enormes beneficios para las zonas explotadas aledañas, y por lo tanto para los ecosistemas marinos en general, y para la gente. En síntesis, el 40% de la superficie del mar protegido no es suficiente por el desbalance en abordar los diferentes ecosistemas y amenazas.

La conservación del mar tiene aún más desafíos. Los esfuerzos realizados deben ser acompañados de otras acciones fundamentales. Necesitamos generar capacidades locales para administrar áreas protegidas. Es crítico también establecer programas de monitoreo para entender la respuesta de los ecosistemas a la protección, evaluando así la efectividad real de las áreas marinas protegidas. Debemos desarrollar e implementar sistemas de control y vigilancia (desde guardaparques marinos hasta vigilancia satelital) a gran escala, y esto depende imperativamente de bases institucionales. El proyecto de ley que aún descansa en el Congreso, y que permitiría crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, requiere ser tratado con urgencia. Mientras no avancemos en esos frentes, la protección efectiva de nuestro océano simplemente es menor al 1% de nuestro maritorio.

Pero aún existe la gran oportunidad país de liderar globalmente la conservación del océano si acompañamos esas acciones con una visión estratégica. Esa visión no puede desvincularse de cambios culturales y, por lo tanto, de un programa de educación ambiental marina. Necesitamos facilidades, específicamente acuarios y centros de educación, acercar el mar al currículum escolar y nuevas tecnologías para llevar el mar a cada escuela, a cada niño y niña. Cuando ellos conozcan nuestro mar y se enorgullezcan de los tesoros que alberga, habremos avanzado hacia la conservación de nuestro mar, con nuestra gente. No hay conservación sin educación. No dejemos escapar la oportunidad histórica que tenemos.

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Felices los cuatro

Limpiemos un poco el bosque. Despejemos tantas ramas y miremos lo que importa. Tan así que voy a sacar de esta selva a Paredes y a Guede. Me olvido del tribunal, los videos y las amenazas. Mi perspectiva es analizar lo que no ha sido examinado y que es relevante en el desarrollo del juego: el arbitraje. El Temuco-Colo Colo terminó con un vuelo de garabatos, dedos intimidantes y acusaciones misteriosas. En esa otra película donde el árbitro combate contra el futbolista y el entrenador, si no hay pruebas concluyentes, el juez termina siempre con una sonrisa al final del día. La única prueba que tenemos fue el desempeño del cuarteto arbitral y sin disfraz.

En estos días varios han gritado que el réferi central fue Polic y que Deischler (principal) fue un títere. Soslayemos ese punto también. Lo lanzo a la basura y comprendamos, de una vez que el fútbol hoy lo dirigen cuatro. Para los que aún no saben, no está demás un repaso: el cuarto árbitro, definido por la FIFA, ayudará al juez central a dirigir el encuentro conforme a las reglas de juego. No obstante el principal mantiene su autoridad a la hora de decidir sobre cualquier asunto relacionado con el partido.

Bajo ese punto de vista detallemos las polémicas: la amarilla a Opazo, cuando derribó a Aceval (quien incluso ya había tocado el balón), está correcta. No hay duda, lo barrió. La expulsión de Berríos, por dos amonestaciones, también está ajustada a reglamento. La primera cartulina es por una falta por detrás contra Cepeda en el 39’ (la indicó por intercomunicador Polic) y la segunda, donde bajó a Ramírez, con fuerza desmedida. Ambas bien mostradas; por lo tanto, la roja fue acertada. Zaldivia fue bien expulsado, ya que entró con plancha y a destiempo sobre Cris Martínez y luego cometió una mano en el área donde sancionaron penal (el error fue que en primera instancia se la mostró a Opazo, que no participó en la acción). Los dos penales (la mano de Zaldivia con brazo arriba y el cruce de Barroso a Donoso) no permiten discusión. En ambos el cuarteto decidió a la perfección.

Si dirigió Polic o Deischler, sólo ellos lo sabrán. Lo que les puedo afirmar es que todos los fallos fueron correctos. Y eso en el fútbol no se puede dejar en el olvido. Al final podemos decir que terminaron felices los cuatro.

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Desafíos de la justicia criminal

Sin dudas, la lección más importante de la reforma procesal penal es que cambios complejos no se logran con la aprobación de una ley, sino más bien se inician con ella. Por supuesto, un buen diseño normativo es clave y el esfuerzo político de aprobarlo no es para nada algo menor, pero infinitamente más complejo es implementarlo, lograr efectivamente concretar las transformaciones, evadiendo la vieja sentencia gatopardiana de “que todo cambie para que todo siga igual”. E implementar es mucho más que echar a andar nuevas instituciones y contratar su personal, cuestión que al fin del día, con mayor o menor trabajo, no es una tarea tan compleja. Lo realmente difícil es cambiar la forma como las personas trabajan, alterar sus prácticas arraigadas para que hagan algo distinto.

Ese fue el objetivo de la reforma a nuestro sistema procesal penal, transformar la forma como operaba la justicia. que básicamente consistía en ir acumulando papeles, siguiendo pasos preestablecidos, con los cuales se formaba un expediente, el cual finalmente le servía al juez para tomar una decisión. El nuevo sistema sustituyó de manera radical esa manera de construir la decisión judicial, por otra basada en la litigación, en donde las partes aportan la prueba y la discuten en una audiencia oral, tomando el juez la información más creíble que surge de dicho debate para arribar a su sentencia. Los principales logros de la reforma se encuentran en ese nivel, pues gracias a un mejor modelo de trabajo el sistema ganó en transparencia, rapidez y, sobre todo, en calidad.

Sin embargo, contrastan los éxitos obtenidos en esa etapa con los escasos avances logrados en la previa, aquella destinada a generar la información necesaria para alimentar la decisión. El gran déficit de la reforma procesal penal, que tras 17 años aún no ha podido ser resuelto, es contar con un modelo de investigación penal alternativo que reemplace las viejas e ineficientes prácticas. Hoy en día el sistema funciona adecuadamente ante la delincuencia flagrante, aquella en que la persona del imputado y la prueba están disponibles desde el comienzo. También muestra buenos resultados ante la criminalidad de extrema gravedad, como los homicidios, donde el sistema de investigación aplica sus mayores y mejores recursos y, por regla general, obtiene la información necesaria para llevar a alguien a juicio. Pero el sistema falla frecuentemente en los restantes casos, donde tal como pudimos apreciar en el robo que afectó la semana recién pasada a un exfiscal, la policía no ha innovado sus métodos y los resultados que arroja su trabajo son muy deficitarios.

Ello se debe a una cierta confusión sobre qué le corresponde hacer a la policía y qué a los fiscales, que al final del día se traduce en que estos últimos terminan siendo públicamente responsables por las ineficiencias de los primeros. Clarificar los roles, coordinar efectivamente el trabajo de unos y otros y, sobre todo, modernizar los métodos de trabajo policiales, son los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal en nuestro país.

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Luchsinger: prueba en la oscuridad

Resaltaremos tres verdades respecto a este caso. La primera verdad es que en enero del año 2013 un grupo de individuos ingresó furtivamente al campo del matrimonio Luchsinger- MacKay portando armas de fuego, elementos combustibles y acelerantes y que, sabiendo que sus ocupantes se encontraban en el interior de la casa, entraron, dispararon, e incendiaron la vivienda sin permitir huir a sus ocupantes, quienes fallecieron en ese atroz acto de barbarie. La segunda verdad es que en el curso de la investigación prestó declaración un testigo que proporcionó antecedentes esenciales para identificar a los presuntos autores y las circunstancias detalladas en que se había planeado el delito, lo que permitió la captura de los imputados.

La tercera verdad es que el caso generó -y sigue provocando- conmoción pública y especial temor en la Araucanía, zona de frecuentes atentados incendiarios, tomas de predios y llamados a reivindicaciones por medios violentos.

Estos tres hechos fueron considerados en el veredicto para concluir lo siguiente: primero, que los individuos que ingresaron en el predio y cometieron el incendio y asesinato no son los imputados, a quienes absolvió por insuficiencia de las pruebas aportadas; segundo, que la declaración del testigo -única en la cual se basaría la restante prueba de la Fiscalía- no es confiable, presenta vacíos y contradicciones, ni tampoco fue corroborada con otras pruebas autónomas; y, tercero, que no se pudo demostrar el carácter terrorista del delito, en el sentido que el incendio y asesinato estuviera destinado a transmitir un mensaje a los agricultores de la región para que abandonaran sus predios bajo amenaza de que podrían ser víctimas de hechos de similar naturaleza.

Bajo estas circunstancias, la verdad más importante y acreditada en el proceso, como es el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger- MacKay, quedó sin autores y sin motivo o causa que la explicara. Un incendio con resultado de muerte sin un móvil.

Conocido el veredicto, se ha hablado de falencias en el sistema procesal penal, del fracaso del Estado en esta causa y de errores de la Fiscalía. Tales excusas no aliviarán a las víctimas y debilitan el enorme trabajo de la Fiscalía. La prueba del asesinato, sin embargo, debe tener una proporción con sus circunstancias, pues de otro modo es imposible acreditarlo, una ordalía: se trata de un crimen cometido en la oscuridad de un campo, sin testigos (pues murieron), planeado para que no quedaran rastros por asesinos de gran ferocidad. El testigo clave pudo desdecirse por temor a represalias. Su declaración debería estudiarse en función del delito y de la verosimilitud de los antecedentes que entregó. Las pruebas autónomas, conforme a las circunstancias, pueden no ser posibles ni exigibles como razonables para formarse convicción.

El veredicto es débil al analizar los efectos de las declaraciones del testigo clave, y sencillamente inverosímil al estimar que este crimen no fue un acto terrorista. Solo un juez vestido de rojo no lo vería así.

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Sistema único de admisión a la educación superior

Un tema controversial del proyecto de Ley de Educación Superior es la propuesta de un Sistema Único de Admisión (SUA). Para abordarlo, cabe responder tres preguntas. Primero, si el sistema debe o no ser único. Son muchas las ventajas de un SUA, destacándose las economías de escala en la elaboración de pruebas de admisión y de logística en su toma. En Brasil los postulantes toman tantas pruebas como a universidades postulan, y es tan costoso que hoy se busca unificar el acceso con un solo examen nacional. Adicionalmente, un SUA permite determinar las preferencias de los alumnos, lo que sirve de indicador de calidad y, por ende, para orientar la entrega de recursos estatales.

En segundo lugar, debe responderse quién define y administra el SUA. El proyecto de ley establece un involucramiento excesivo del ministerio, posiblemente como respuesta a la aprensión de que en el SUA actual hay demasiados espacios para acciones excluyentes por parte de las universidades que lo controlan. Una administración independiente, enmarcada a criterios de no exclusión, con fuerte involucramiento de las instituciones de educación superior, es el término medio necesario.

En tercer lugar, debemos responder qué ocurre con el sector técnico-profesional (TP). Aquí es donde la confusión es mayor. Hasta ahora, la admisión TP se restringe por capacidad de pago, aunque el creciente financiamiento del Estado ha relajado esa restricción. Pero cuando aumenta el financiamiento subsidiado se genera un exceso de demanda, a menos que el Estado financie carreras de menor costo y calidad. Por ello, si se descarta el precio como mecanismo de control del exceso de demanda, debemos pensar en otro más virtuoso que el desfinanciamiento de las instituciones o el deterioro de la calidad.

Intentar separar restricción de vacantes, sistema de acceso y financiamiento amplio a los estudiantes es erróneo; es todo parte del mismo problema. Solo pensemos en Finlandia, un país que tiene gratuidad completa, educación de calidad, pero el Estado tiene recursos suficientes solo para financiar a uno de cada tres potenciales estudiantes. Para rankear y definir a los beneficiarios, aplica un SUA.

Sin perjuicio de que por el natural costo en cobertura y por otras prioridades sociales tengo objeciones a un sistema de gratuidad universal, el exceso de estudiantes debe ser asignado de alguna manera que no involucre, como hasta ahora, desfinanciamiento de instituciones. La forma más correcta en educación superior TP es a través de un SUA inclusivo, pues particularmente en este mundo, poco tiene que ver la capacidad de aprender y transformarse con la cuna o con la educación previa.

Un SUA implementado con pruebas específicas o criterios de esfuerzo permitirá privilegiar no solo la asignación de recursos frescos a las instituciones de mayor calidad, para que innoven en métodos educacionales, sino que muy particularmente las vacantes.

Hoy, sin un SUA, la asignación de vacantes adicionales se realiza por glosa presupuestaria, lo que significa por ejemplo que un alumno que desea ingresar a una institución de alta calidad, pueda verse inducido a acceder a una peor. Ello, aunque puede parecer justo bajo algún criterio, no es correcto ni para los estudiantes ni para el futuro de la educación.

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La ciudad, el debate y el futuro

Aprovechando la coyuntura de una elección presidencial que se avecina, creo que es la oportunidad perfecta para relevar y poner en la agenda pública aquellos temas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas, como son las temáticas concernientes a la ciudad.

La ciudad hoy importa, no solo a la prensa, sino también a la opinión pública y a los actores políticos, quienes han reaccionado fuertemente a las condiciones de la ciudad imperante, desde los aspectos más funcionales como el transporte, hasta los aspectos más urbanos como la generación de espacios públicos, o los legislativos, como normativas vigentes, planes reguladores etc.

Desde un tiempo a esta parte, estos temas que antes estaban al margen de los titulares han sido parte de la discusión pública. Ad portas de las elecciones presidenciales, esta situación supone una nueva mirada, basada principalmente en la equidad urbano-territorial y en la reparación de aberraciones urbanas principalmente relacionadas con la localización de la vivienda social, la falta de control en los procesos de densificación, el debido ordenamiento territorial y la localización de actividades diversas en el territorio. Todas cuestiones que han estado en la discusión pública concitando alto interés, tanto de las comunidades afectadas como de los expertos.

La Academia tiene, entonces, un rol y un desafío fundamentales, no solo de conformarse con la generación de conocimiento y el ejercicio de la docencia, sino de ir más allá y marcar ciertos hitos que sean relevantes para que se produzca necesario debate.

Fue por esta razón que, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, específicamente por iniciativa del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, se realizó un interesante e intenso debate en materia urbana, donde participaron los asesores y asesoras de ciudad de los candidatos y candidatas presidenciales que disputarán su llegada a La Moneda en noviembre próximo.

Vivienda, barrio y ciudad, programas de gobierno para Chile 2018 – 2022. Bajo ese nombre pudimos congregar a buena parte de la comunidad académica de nuestra Facultad y también a profesionales, trabajadores del sector público y municipios, y gente que nos visitó desde diversos sectores de la sociedad.

Más allá de lo que cada uno de nosotros votará en las urnas, es siempre prudente y necesario contar con la mayor cantidad de información respecto de lo que propone cada candidatura en materia urbana, no solo porque 9 de cada 10 personas en Chile viven hoy en ciudades, sino porque, además, 7 de cada 10 viven en áreas metropolitanas, por lo tanto, la discusión sobre nuevos modelos de gobernanza y el tipo de ciudades que queremos para el Chile del futuro adquiere cada vez mayor relevancia.

A través del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano se están dando en el país una serie de discusiones sobre creación de áreas metropolitanas y la actualización de los sistemas de gobernanza, temas que forman parte obligada del discurso de la mayoría de los urbanistas y expertos en estos temas que hoy coinciden bastante en el diagnóstico, lo que a mi juicio constituye un gran avance respecto del diálogo y de la generación de consensos.

Por otro lado, hemos visto cómo la política habitacional en Chile ha evolucionado positivamente en los últimos 6 años, abarcando cada vez mayores índices y estándares de inclusión social, lo que ha permitido combatir la segregación socio espacial y propender a conjuntos habitacionales socialmente integrados y conectados con los servicios que proveen las ciudades, acciones que en su conjunto están contribuyendo a contrarrestar las enormes brechas de segregación urbana aun existentes la ciudad de Santiago.

Estamos conscientes de que es necesario sentarnos a la mesa distintos actores del mundo público, privado, académico y de la sociedad civil para discutir estos temas y otros que surgieron en el debate que se dio en nuestra Facultad. De esta forma, debemos acordar en conjunto, cómo queremos que sigan creciendo nuestras ciudades, cómo entendemos hoy la movilidad urbana, cómo analizamos temas técnicos como la densificación, límites urbanos, incentivos a la creación espacio, integración socio-espacial, etc.

Debates como los que tuvimos oportunidad de ofrecer hace unos días permiten que las personas tengan acceso a información específica, que vayan más allá de las ideas fuerza o del slogan de una candidatura, para avanzar hacia un nivel de profundidad mayor no solo en las propuestas, sino respecto de la concepción que las distintas candidaturas tienen en materia de vivienda, barrio y ciudad.

En este contexto, la Academia tiene mucho que decir, y debe siempre estar al servicio de la información pública, para contribuir al debate, a la toma de decisiones y a la formación de la opinión de las personas.

Nuestras aulas no están solo para generar conocimiento y traspasar información, sino también para generar masa crítica, para formarse opinión y para disponer de plataformas que permitan dialogar, reflexionar, debatir e informar.

 

 

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