Óscar Contardo's Blog, page 207

Proyecto de ley sobre la protección y tratamiento de datos: un avance necesario

En nuestra vida cotidiana, muchas veces no estamos conscientes de la cantidad de datos personales que diariamente entregamos a terceros, mediante el uso de aplicaciones en nuestro celular, la navegación que hacemos en internet o nuestros hábitos de consumo reflejados en una tarjeta de crédito, ni sabemos de qué modo se utiliza esa información. Con el fin de tener un regimen legal acorde a un estándar internacional que regule el tratamiento de dicha información, el pasado 13 de marzo finalmente se firmó el proyecto de ley que busca actualizar e introducir modificaciones sustanciales a la actual ley No. 19.628 “Ley Sobre Protección de la Vida Privada”, comúnmente llamada Ley de Protección de Datos.

Si bien aún es incierto si se logrará aprobar el proyecto antes que finalice este gobierno y si en dicho proceso el proyecto no sufrirá ulteriores modificaciones, es importante reconocer que se trata de un gran avance respecto a la ley actual. El mismo proceso pre-legislativo fue ejemplar, en cuanto se convocó a la sociedad civil, gremios y organizaciones no gubernamentales a participar en la elaboración del mismo. Se buscó consensuar posturas y recoger la opinión de quienes más saben del tema en el país. Algo digno de imitar, en un contexto legislativo que no se ha caracterizado por el diálogo o consenso.

Ahora bien, al analizar el fondo del proyecto, existen varios puntos destacables. Entre ellos, resalta la creación de una verdadera institucionalidad encargada en velar por el correcto tratamiento de los datos personales de los ciudadanos y el otorgamiento de facultades fiscalizadoras y sancionadoras, contra entidades públicas y privadas, contra violaciones a la nueva normativa.

Se solía decir que la gran falencia de nuestra ley anterior, era que “no tenía dientes”, refiriéndose a que no tenía adecuados mecanismos de fiscalización ni sanción, más allá del recurso de habeas data, rara vez usado. En contraste, el actual proyecto contempla  la creación de una Agencia de Protección de Datos, con autonomía y presupuesto propio, encabezado por un Director seleccionado por sistema de Alta Dirección Pública, el cual junto con velar por el cumplimiento de la norma, tiene entre otras misiones realizar acciones de difusión e información a la ciudadanía en relación al respeto y protección del derecho a la vida privada y a la protección de sus datos personales.

Respecto a la sanciones, éstas pueden llegar a ser considerables dependiendo de su gravedad.  Por poner un ejemplo, no disponer de una dirección de correo electrónico a través del cual los titulares de datos puedan dirigir sus comunicaciones o ejercer sus derechos conlleva una multa de 1 a 50 UTM. Infracciones gravísimas como comunicar o ceder a terceros, a sabiendas, datos personales sensibles sin el consentimiento del titular, puede significar una sanción de 5000UTM,  que podría llegar a triplicarse hasta los 15000UTM, si ha existido reincidencia.

Si bien algunos señalan que en regímenes comparados, en la práctica la mayoría de las sanciones efectivamente  aplicadas son de mucha menor magnitud, se hace necesario poner estas cifras en su contexto internacional. La Information Commisioner’s Office (ICO) la institución a cargo de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos en el Reino Unido, el año pasado aplicó multas por un total de más de dos millones de libras esterlinas (1600 millones de pesos), incluyendo la multa individual más alta impuesta hasta el momento a una misma empresa en dicho país, 400 mil libras esterlinas (aproximadamente 320 millones de pesos). La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto multas, en los casos más graves, de hasta 300 mil euros (más de 200 millones de pesos).

En definitiva, la correcta protección de los datos personales de cada ciudadano es algo que en economías desarolladas es fuertemente fiscalizado. Dentro de nuestros compromisos legislativos al ingresar a la OCDE estaba justamente actualizar nuestra normativa a este nuevo estándar.

Otro rasgo destacable, que se contempla expresamente, es la coordinación con el Consejo de la Transparencia, organismo que tiene entre sus misiones velar por la transparencia de la información pública y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Otra cara de la misma moneda, por lo que se busca tener una aproximación completa al tema de la información.

Las transferencias internacionales se contemplan en detalle, poniendo requisitos precisos para transmitir nuestra información a terceros países que no tengan un estándar adecuado para su tratamiento. Esto resulta particularmente importante en un contexto en que es común la tercerización de servicios, a países con costos menores pero sin el mismo nivel de protección legal.

Desde un punto de vista jurídico, resulta interesante destacar que si bien se mantiene la regla general que el titular de los datos debe entregar su consentimiento al tratamiento de datos, salvo excepciones, se detalla con precisión las distintas formas que puede tomar este consentimiento. Este puede tomar la forma verbal, escrito, por medios electrónicos o mediante un acto afirmativo que de cuanta con claridad la voluntad del titular. Lo importante es que sea una manifestación inequívoca. Sin duda esto aclara las dudas y dificultades que imponía el estándar anterior, de consentimiento previo informado y escrito, para el correcto funcionamiento de actividades que al momento de la redacción de la ley original no eran comunes, pero hoy forman parte de la vida diaria, tales como navegar por internet, compartir información por apps, ingreso a lugares de videovigilancia, etc.

Finalmente, cabe destacar que el mismo proyecto entiende que los cambios en nuestra legislación no pueden imponerse de manera repentina, por lo que establece un periodo de 48 meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, para adecuar la base de datos constituidas con anterioridad a la nueva normativa. La ley misma no entratrá en vigencia sino 13 meses después de su publicación, por lo que se ha tomado una decisión consciente de darle a los distintos actores la oportunidad de adecuarse al nuevo escenario.

En conclusión, se trata de un proyecto de ley que eleva nuestro actual estándar en la materia y obliga tanto a nuestros organismos públicos, como entidades privadas, a tomar consciencia del tratamiento de nuestra información, algo que hasta la fecha ha sido subestimado tanto por nuestras autoridades, como por la ciudadanía.

 

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Pesada mochila

EL VERDADERO drama de un mal gobierno es la pesada mochila de ineficiencia y mala gestión que los ciudadanos sienten día a día en su vida cotidiana. Lamentablemente, la actual administración ha batido récords en el último mes y los chilenos tienen dudas e incertidumbre sobre la solución a sus problemas… Y a veces mucha rabia.

Hoy las personas tienen el legítimo derecho a dudar de la capacidad de reacción del gobierno frente a futuras catástrofes. Lo vimos en el verano, cuando en una comedia casi surrealista el gobierno le ponía todo tipo de obstáculos a la llegada del Supertanker a Chile, la misma aeronave que luego era aplaudida a su paso por las zonas afectadas por incendios. Hace pocos días pudimos conocer mails y WhatsApp que revelan cómo la burocracia de la Conaf dilataba la llegada del avión, insistiendo en que no servía para Chile. Qué equivocados estaban.

También hace pocos días, el duro reclamo del Contralor al atraso del nuevo plan de descontaminación del gobierno nos permitió conocer una noticia que habían hecho pasar piola: la restricción a los vehículos catalíticos facturados antes de septiembre de 2011, anunciada con bombos y platillos para mayo de este año, deberá ser postergada para 2018. La noticia se conoció sólo 32 días antes de que debiera comenzar la restricción, cuando ya muchos chilenos habían hecho el esfuerzo -quizás con crédito- de renovar su auto anterior a septiembre de 2011 para eximirse de la restricción.

Y suma y sigue.

Hoy los padres de familia de los sectores más vulnerables tampoco saben si sus hijos podrán acceder a la gratuidad en el futuro, pues vemos cómo varias universidades anuncian que podrían retirarse del sistema, ahogados por el déficit de recursos que comienzan a arrastrar. La gratuidad universal no sólo era una promesa que no se podía cumplir, sino que ahora varios rectores piden no seguir avanzando -al sexto decil comprometido- en las actuales condiciones. Hoy un santiaguino no sabe cuánto se va a demorar en llegar a su casa: subieron los tiempos de espera del Transantiago y la duración de los viajes (sin hablar de la evasión, en su máximo histórico, de 35%). La peor política pública de nuestra historia simplemente no mejora. Hoy los chilenos tienen miedo a perder su trabajo y ven con preocupación cómo sube el desempleo (6,4%), siguen cayendo los empleos estables (se perdieron 120 mil empleos asalariados en un año), con contrato y previsión, y la opción que queda es trabajar por cuenta propia (crecieron 131 mil), muchas veces en la calle. Hoy los esforzados dueños de pymes literalmente transpiran para tratar de entender la reforma tributaria…

Es por esto que la mayoría del país quiere un urgente cambio de rumbo: no resisten que se sigan postergando las definiciones y soluciones a los acuciantes problemas que los afectan. El Gobierno puede tratar de cambiar de tema, puede usar todas sus redes sociales para intentar atacar a quien figura como la mejor carta para la presidencial 2017, el ex Presidente Piñera. Pero los chilenos no son tontos y no se van a dejar engañar. El país sabe y ha vivido en carne propia los costos de una mala administración y ahora quiere un buen gobierno, preocupado de los problemas reales, se sus problemas.

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Apuestas del PS

EL PS ha despejado una traba en su camino a las elecciones de fin de año. La “consulta” se había convertido en eso. Llegaba cuando la sociedad y otros partidos ya habían clarificado suficientemente sus opciones. Los precandidatos del PS habían quedado fuera del visor ciudadano.

Pero solo ha dejado atrás la decisión de no decidir. Ahora deberá elegir entre dos candidatos ya en carrera: Lagos y Guillier. Ambos abajo en las encuestas, ambos ligados a otros partidos de la coalición. La decisión implica, un esfuerzo arduo de repechaje y un lazo de cercanía mayor con uno u otro partido aliado, al cargar la balanza en ruta a las primarias.

No es una opción fácil. Será entre el candidato que hoy pierde por menos y aquel que hoy pierde por más. Pero también entre un candidato frágil y vulnerable para los tiempos más exigentes que le esperan; que solo hace suyo vaguedades, apuntando a aquello donde más calienta el sol de los votantes; y un candidato que contiene propuestas de futuro en tiempos donde la actual obra de la coalición cosecha un rechazo abrumador. Todo esto, mientras asoma por la izquierda de la coalición el canto de sirenas de otra izquierda naciente que denuncia a la Nueva Mayoría como un conjunto de vaguedades que camuflan su indiferenciación con la derecha; o sea, la repetición del diseño de Valparaíso en la pugna entre DJ Mendez y Sharp. PC y PS son las canteras de votos del Frente Amplio.

Si la Nueva Mayoría gana con Guillier, será un gobierno que prolonga la agonía de la misma coalición. No tiene contenidos nuevos que la rejuvenezcan; solo consignas ad hoc nacidas de un seguimiento ansioso de las encuestas. Tampoco cuenta con respaldo sólido para gobernar. Guillier no es de las filas de ningún partido importante de la Nueva Mayoría y estos, en ese trance, privilegiarán su campaña parlamentaria, porque de la fortaleza de su bancada dependerá su peso relativo futuro. Ahora, si Guillier pierde, como hoy ocurriría – la suma de las preferencias por precandidatos de la Nueva Mayoría es superada por la suma de aquellos de Chile Vamos – el ajuste de cuentas en la coalición será feroz. Apostar al oportunismo no habría servido. El Frente Amplio recibirá un goteo más intenso de la izquierda de la coalición, mientras la DC deberá decidir qué hacer.

En cambio, con Lagos, gane o pierda la coalición, se tendría a futuro una centroizquierda con propuestas para el Chile que viene; o un legado de gobernabilidad seria y exitosa, en vez de la gobernabilidad mala y rechazada que caracteriza hoy a la Nueva Mayoría a ojos de la ciudadanía.

Una palabra adicional. El PS tiene en José Miguel Insulza una figura que puede ser clave en un parlamento más ingobernable. La experiencia y destreza reconocidas de Insulza darían al PS, como gobierno u oposición, un liderazgo de peso en esta etapa que se anuncia difícil. No debe derrocharlo.

Veremos si la puesta PS será por sus principios, sus valores, su identidad de largo plazo o por el sacrificio de ellos en aras de un continuismo de mal pronóstico y triunfo también discutible.

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¿Y si postergamos?

ESTA PREGUNTA intuyó la Presidenta Bachelet a días de poner en marcha el Transantiago. Sin duda una pregunta difícil, a sabiendas que el gobierno de Lagos no había cumplido con la infraestructura mínima para las velocidades requeridas por el modelo troncal-alimentador. Existía además un informe de Fundación Chile advirtiendo que la tecnología de cobro y control de flota no estaría listos. Más aún, los operadores entrarían a las calles sin las mínimas garantías; habiendo asumido enormes compromisos financieros para comprar buses-oruga, terrenos para terminales, contratación de choferes y otras condiciones exigidas.

Pocos advertimos públicamente esta situación, y es probable que antes de ponerse colorada, en mente de la Presidenta primaron los consejos de Hacienda del costo político-económico de postergar, o el optimismo mesiánico de Transportes en que la carga se acomodaría durante el viaje. La historia se juega en esos minutos estelares, momentos en que la intuición, el criterio y la experiencia ponen a prueba los liderazgos. Sin duda la fallida implementación de Transantiago cambió para siempre la historia del país y la vida en la capital.

Hoy nuevamente nos vemos enfrentados a un momento crucial, tal vez no tan crítico como hace 10 años, pero sin duda relevante respecto al futuro. En los próximos meses caducan las primeras concesiones de un tercio de los servicios de Transantiago, oportunidad que permitiría cambiar las reglas del juego y pensar en el transporte público que nos acompañará hasta mediados del siglo XXI. Lamentablemente, la contingencia, lo apremiante de los plazos y los síntomas de captura regulatoria cegaron las capacidades del exministro Gómez-Lobo para pensar en una licitación innovadora o realmente competitiva. En este contexto, las señales por parte de la nueva Ministra Paola Tapia de revisar las bases de licitación, incorporando temas tan fundamentales como un plan antievasión, -paradójicamente omitido por su antecesor-, dan espacio para preguntarse nuevamente: ¿Y si postergamos?

Lo que se ha adelantado de las bases de licitación, indica que estarían delineadas para perpetuar por 12 años más el mismo Transantiago que tenemos hoy, con buses del siglo XX. Si bien se exigiría que la flota cuente con al menos 1 bus de bajas emisiones, o la extensión por 2 años más a quienes propongan buses alternativos, no existen incentivos reales para dar un golpe a la cátedra y jugársela por un Transantiago del siglo XXI, con toda la flota de buses eléctricos o híbridos. De hecho, el polinomio tarifario, si bien plantea como factor de pago la calidad de servicio (y de los buses), incorpora elementos como el valor de los combustibles, mantención y vida útil de la flota que son radicalmente distintos entre buses eléctricos o diesel, favoreciendo a éstos últimos.

Muchos contribuyentes estaríamos a favor de aumentar el subsidio al Transantiago si el gobierno da una señal potente con tecnologías de futuro: buses eléctricos limpios, silenciosos, que mejoren la experiencia de los usuarios, reduciendo la evasión y la contaminación ambiental y acústica para Santiago. Si se postergó la restricción vehicular, todavía estamos a tiempo de postergar también la licitación del Transantiago, aprovechar está segunda oportunidad y hacer las cosas bien para cambiar la historia.

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Peligra lo común

CUANDO TODAVÍA no se inicia formalmente la carrera presidencial, somos ya testigos de una trifulca donde se cruzan acusaciones y recriminaciones, las que a ratos parecieran poco tener que ver con confrontar las posiciones del adversario sino, algo bien distinto, desacreditarlo o socavar la legitimidad de las personas que piensan diferente. Para muchos puede ser algo ingenuo, cuando no bobo, el una vez más reivindicar la necesidad de subir el nivel del debate, considerando que las pequeñas ventajas que aparentemente logramos cuando le hacemos una falta al contrincante que queda sin sanción, sólo contribuyen a seguir cuestionando la relevancia de respetar las reglas del juego.

De hecho, y ahondando en la metáfora futbolística, qué sentido tiene traer a un gran equipo, cuando la cancha donde queremos desarrollar el partido está llena de hoyos, sus contornos y límites se han desdibujado después de mucho tiempo, y nadie respeta las reglas del juego, amén de que pareciera que tampoco hay árbitro. La política es, en el más profundo de sus sentidos, algo así como un espacio de normas donde personas e ideas compiten por ganar el favor de los ciudadanos, cuyo poder que otorga el triunfo -más que un fin en sí mismo- se transforma en un valioso instrumento para alterar la vida de personas y grupos que padecen una situación objetivamente injusta. Es quizás por eso que muchos miramos el futuro con algo de pesimismo, en la medida que mientras no invirtamos de manera definitiva en mejorar nuestra política, incluso el más virtuoso elenco y con la mejor de las intenciones, no podrán alterar significativamente el marcador, consolidando la desesperanza y el desánimo que asiste a muchos por estos días.

Para demasiados ha sido rentable el disparar contra la política. No se trata de ser ciego o condescendiente respecto a sus muchas miserias, pero lo que no parece razonable es marginarse o subir a un pedestal, para desde ahí proferir todo tipo de recriminaciones e improperios, esperando que cuando les toque debutar, el respetable ahora sí les otorgue el beneficio de la duda. Es más injustificable todavía suponer que este es un problema que atañe sólo a quienes se dedican a la política de manera profesional o preferente, como si lo que ahí sucede no fuera a condicionar, más tarde o temprano, el devenir de nuestras propias vidas.

A riesgo de ser políticamente incorrecto, y reconociendo el profundo valor de la transparencia en una democracia, confieso que me preocupa la cada vez más extendida judicialización de nuestro debate político; la competencia entre fiscales, periodistas y otros fiscalizadores estatales por presentarse como los zares de la anticorrupción, acusando a diestra y siniestra -como aquel cowboy que dispara desde la cadera, para recién preguntar después-; y para qué decir de está hipócrita iconoclasia que se ha puesto de moda entre columnistas y opinólogos de la plaza, cuyos pecados –digámoslo con claridad en algunos conocidos casos- superan con creces el impudor de su ignorancia.

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Poderes en pugna

EL FALLECIMIENTO de encarcelados por delitos de “lesa humanidad” que estaban enfermos terminales e incapacitados para siquiera comprender su situación, ha comenzado a atraer la atención de la opinión pública.

Pero esa realidad de “lesa humanidad” no es la única, ya que lo cierto es que muchos de esos presos han sido condenados en juicios que no respetaron el debido proceso, un derecho humano. Algo de que hasta ahora la opinión pública no ha querido enterarse.

La negación del debido proceso no puede ser más obvia y he escrito alguna columna anterior sobre eso. La “Reforma Procesal Penal” se basó en que era necesario poner fin a la impresentable figura del juez a la vez investigador, acusador y sentenciador. Además de la necesidad de reconocer algunos derechos básicos del imputado, como a guardar silencio y recibir asesoría legal financiada por el Estado, para hacer efectivo el derecho a la defensa. La reforma contempló, dado que había procesos en marcha, una fecha de corte: los hechos que acontecieren a medida que el nuevo régimen entrara en vigencia se regirían por los nuevos procesos y los acaecidos antes, por el antiguo sistema. Este último estaba llamado a extinguirse, por lo que nadie de buena fe imaginó que se seguirían abriendo nuevos procesos conforme al fenecido sistema, lo que ha sucedido por miles, y sólo para militares y policías.

Basado en ello -más allá de los argumentos concretos que se utilizaron- se presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento de inaplicabilidad en uno de los juicios “a la antigua”, que se encontraba en último trámite en la Corte Suprema, que de haber sido acogido habría significado que quedaba todo el proceso sin efecto, por inconstitucional. Y el TC ha dictado recientemente un fallo sorprendente, que ha hecho poca noticia.

Sorprendente, porque no declaró la inconstitucionalidad, basado en el argumento formal que se trata de juzgar un hecho anterior a la reforma procesal, así es que no cabía alterar el juez natural del antiguo sistema, pero sí sostuvo que nada obstaría a que esos jueces apliquen las garantías del debido proceso del régimen actual, haciendo un llamado a respetarlas en los casos que tramitan. Sorprendente, porque los “jueces naturales” desaparecieron y se ha recurrido al expediente de nombrar “ministros en visita” en tribunales inexistentes para iniciar los juicios. Sorprendente, porque no se advierte cómo ahora la Corte Suprema asegurará dichas garantías en el caso que hoy conoce y en que no las hubo; ni cómo las harán efectivas los demás jueces en los que están sustanciando, ya que las regulaciones de cada sistema no calzan.

Pero sobre todo sorprendente, porque el Tribunal Constitucional solo tiene facultades para declarar inconstitucional un precepto legal, pero no para hacer recomendaciones a otros tribunales. Es que parece que algunos ministros de TC no pudieron seguir mirando para el lado y algo debían hacer conforme a su conciencia.

Sabemos que la Corte Suprema no hará nada por acoger la recomendación y, entonces, habrá dos poderes en pugna, aunque sorda. Ahí, la opinión pública no podrá seguir haciendo como que no sabe ni importa lo que está pasando.

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Qué fácil ser solidario con plata de los demás

UNA PALABRA recurrente en las doctrinas de izquierda es la búsqueda de un país más solidario. Por cierto encomiable, pero requiere reflexionar un poco sobre lo qué es realmente la solidaridad. De otra manera es solo un slogan más del populismo. Por cierto me encanta la solidaridad como valor. La pregunta es cómo se puede lograr.

La solidaridad en la izquierda se define básicamente cómo subir los impuestos y que el gobierno de turno administre esas platas “solidariamente”. Significa, en su pensamiento, que los más ricos ayuden a los más pobres vía impuestos obligatorios, administrados por una burocracia que curiosamente siempre es creciente. Unos 150.000 nuevos empleados ha contratado este gobierno para administrar esa solidaridad. Se siguen creando instituciones estatales, jamás desaparecen las obsoletas. Entonces, hasta ahí no más llegan los recursos, y no alcanzan a llegar al pobre. Las extrañas jubilaciones discrecionales son la solidaridad en los hechos. El Sename es la expresión concreta de esa solidaridad y así podemos seguir.

La real solidaridad es, por ejemplo, lo que ocurre espontáneamente en las emergencias, es ayuda entre los ciudadanos de manera directa o a través de instituciones civiles que agrupan esfuerzos. Desafío Chile, el Hogar de Cristo, la Teletón que son ejemplos claros de solidaridad fidedigna.

La solidaridad no es lo mismo que caridad, menos lo es un sistema en que las personas dependen del Estado para siempre. La solidaridad, en definitiva, es una expresión del alma, aunque curiosamente la izquierda no acepta el concepto espiritual. La solidaridad no debe ser producto de la culpa, sino del amor en su sentido profundo. Aquí aparece el altruismo, la consciencia colectiva. La solidaridad requiere compromiso, y sobre todo la pureza de intención. En los hechos, la izquierda trata siempre de establecerse de manera indefinida en el poder ofreciendo la solidaridad o recursos de distintas maneras. Por cierto, duran hasta que se acaban los recursos, o se mantienen en el poder con feroces represiones. ¿Es solidario dar educación gratuita pero de peor calidad?

No existe entonces la solidaridad por decreto, u obligada como lo propone la izquierda. Ésta solo se logra con cambios profundos de la cultura, con tolerancia, amistad cívica, respeto, y por cierto, valores trascendentales. La izquierda, sin embargo, cree en la lucha de clases, en avanzar sin transar, y que una vez alcanzada la dictadura popular, engendrará un “hombre nuevo” que sí es solidario. La pregunta obvia es quién engendraría ese nuevo ser humano. ¿El hombre malo anterior?

La solidaridad es un acto (no una idea) mediante el cual personas realizan acciones en beneficio de otro sin recibir nada a cambio. La solidaridad entonces no puede ser de los gobiernos, que reciben no solo remuneraciones y privilegios, sino que votos a cambio. La solidaridad debe ser fundamentalmente una expresión de la sociedad civil y eso es lo que el Estado debe promover, incluso otorgándoles fondos complementarios. El voluntariado es solidario, y el gobierno no es precisamente un voluntariado. Hoy en promedio los empleados públicos ganan más que en el sector privado. En suma, la vía de los impuestos es una solidaridad a la fuerza lo que va contra el principio mismo.

Obviamente la magnitud de la pobreza en nuestro país es un reflejo de que los más ricos son efectivamente poco solidarios en general, ya que si lo fueran se necesitaría menos gobierno y menos burócratas que reclaman una superioridad moral que en general no tienen (“me dedico al servicio público”). Aquel que se autodeclara solidario (como la izquierda) por definición ya no lo es. Muchísimo menos si su solidaridad se ejecuta con la plata de los demás. La verdadera solidaridad es con los recursos propios, sean monetarios, objetos, servicios, o en tiempo. La solidaridad es un valor personal, es una virtud, hasta podría ser un don (lo que implica un donante y eso nos pone en el terreno espiritual). La solidaridad es colaborativa, no competitiva y reitero, no existe por decreto.

Es un tema propio de las iglesias, de las familias,y por cierto de la cultura. En Chile no hay ministerio de la cultura, sino del arte, que es una expresión de la cultura. En suma apoyo 100% la idea de una sociedad solidaria, pero no es lo que la izquierda propone y que efectivamente los más ricos practican poco. La solidaridad parte con quien está cercano, no con ideas grandilocuentes, y con los recursos propios, no de los demás.

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No es cuestión de solidaridad

“NI UN peso más para las AFP”, dijo una ministra cuyo nombre ni recuerdo ni me interesa. Es de las que agarró pega ahora que el gobierno está terminando y como lo hace con apenas un 20% de apoyo, es de las que debería estar preocupada de dejar la oficina ordenadita antes que andar mandando instrucciones al resto.

Y digo instrucciones al resto porque, estimada y anónima ministra, resulta que las platas administradas por las AFP son de nosotros. De los chilenos, de los cotizantes. ¿Me entiende? Somos nosotros los que debemos decidir dónde queremos depositar nuestras lucas y eso significa, dicho sea de paso, que el 5% adicional también es de nosotros.

¿Habrá visto la ministra el video del 5% que circula en las redes sociales? En la tele se lo mostraron a ese señor Mesina que sueña con ser presidente para, cual Cristina K, confiscar los ahorros de todos los chilenos. Puso cara de asco y advirtió que era la típica forma en que los empresarios responden a estos clamores populares. Dicho sea de paso, este mismo señor tuiteó una foto de la manifestación del domingo pasado, pero como convocó menos gente, no tuvo ningún empacho en publicar una imagen que correspondía a la marcha del año pasado. Miente, miente, que algo queda.

Leí a un tipo en tuiter que decía que esto de pelear por el 5% solamente confirma la escasa solidaridad del pueblo chileno. No señor, no se equivoque ni confunda. Los contribuyentes pagamos impuestos. Ahí radica nuestra “solidaridad”. Adicionalmente, algunas personas tienen la buena y loable costumbre de aportar en distintas causas sociales, ONG, fundaciones, teletones y demases. Pero eso es privativo de cada persona. En cambio, cuando el Estado impone “solidaridad” lo que en la práctica introduce es un impuesto. Dicho lo anterior, una cotización de 5% destinada a un fondo común, sea quien sea que la financie, no pasa de ser un nuevo impuesto.

Y le voy a contar algo adicional: no es cierto que la carga impositiva a las personas en Chile sea mucho más baja que en otros países. O comparada con la OCDE, como tanto le gusta al progresismo. Porque además de los impuestos propiamente tales, usted y yo pagamos un montón de “impuestos” disfrazados por servicios que en esos países son provistos por el Estado con calidad. Ejemplos: autopistas urbanas, movilización (porque descartemos el Transantiago como opción saludable), seguridad (porque la delincuencia en Chile se enfrenta con alarmas y guardias privados), salud (isapres y seguros privados) y la misma cotización previsional.

Así que no se metan con mi 5%. Yo elijo dónde lo ahorro, cómo lo gasto al jubilarme y, ni hablar, a quién lo heredo cuando muera.

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El Perú y la tentación del sobresalto

A Pedro Pablo Kuczynski le sucede todo al mismo tiempo: la naturaleza se ensaña con el Perú, especialmente con el norte; el Parlamento le es afiladamente adverso; la prensa le es hostil; los escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores le afean y enrarecen el escenario; la burocracia no le responde con celeridad; el carácter técnico de su gabinete ministerial exaspera a los que piden más política al tiempo que vituperan la política; la impaciente población desaprueba mayoritariamente a su gobierno, aseguran los encuestadores.

No es difícil, ante estas sombras, pensar en el piloto de Vol de nuit, la novela de Saint-Exupéry, atrapado en la ontológica tormenta. Su temperamento flemático, del que se burlan sus detractores, le viene bien a Kuczynski en estos días porque le permite dos cosas: no perder de vista un cierto sentido del conjunto, algo que en política es siempre difícil hacer, y no sobrerreaccionar dando palos de ciego, que es lo que suele suceder cuando el político se siente amenazado.

Aún es pronto para determinar si será un buen gobierno, pero lo que es seguro es que, entre sus rivales, difícilmente hay alguien que en un contexto semejante estaría manteniendo la ecuanimidad que pude comprobar recientemente durante una visita a su casa y el sentido de las prioridades. Las características que más le critican al mandatario, una cierta distancia irónica sobre el mundo de la política y una visión tecnocrática de las cosas, probablemente le han servido bien en estos días para afrontar la tragedia que se ha abatido sobre el Perú por factores climatológicos que han dado en llamarse “el Niño costero” y que, además de un centenar de muertos, han dejado un saldo de muchos miles de damnificados, de viviendas arrasadas, tierras agrícolas devastadas y carreteras dañadas.

Hay un cierto consenso -a regañadientes, con “peros” y “sin embargos”- en que Kuczynski ha respondido al estado de calamidad con eficiencia, en lo inmediato, desde ese lugar donde sólo ha habido ineficiencia en años recientes, que es el Estado peruano. La distribución de las funciones, la comunicación, el despliegue material y los gestos públicos llevados a cabo por el gobierno han dificultado mucho la tarea de sus detractores, que, a su vez, han tratado de evitar que el Presidente se lleve los méritos con sus propios gestos personales, más bien mediáticos, forzados, con tufo populista.

Pero Kuczynski es demasiado perspicaz para no darse cuenta de que con esto, en términos estrictamente políticos, sólo ha ganado tiempo, o, más bien, sólo ha conseguido congelar momentáneamente el tiempo. Porque los factores que atenazaban su presidencia hasta horas antes de agravarse los “huaicos” e inundaciones, y convertirse la naturaleza en una emergencia nacional, están allí, agazapados, a la espera.

El Perú tiene un Presidente que es mejor que su gobierno y un gobierno que es mejor que su bancada parlamentaria. El resultado, si las matemáticas no le fueran tan adversas en el Congreso, sería dudoso porque en cierta forma las mejores gestiones se dan cuando las cosas suceden al revés, es decir cuando la bancada parlamentaria y los ministros descuellan en comparación con la Presidencia (por lo general, cuando esto sucede, no se nota, de manera que suele pensarse que el buen Presidente lo ha sido por mérito propio y no porque lo que operaba bajo su autoridad era superior). Pero resulta que a esto hay que sumarle un factor profundamente perturbador: la aplastante mayoría parlamentaria del fujimorismo, que es el populismo autoritario de derecha en el espectro peruano.

Aunque no puede decirse todavía que haya impedido al gobierno tomar muchas decisiones (no han revertido la gran mayoría de decretos legislativos, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo emitió a raíz de las facultades extraordinarias que recibió casi al inicio), sí se puede señalar que el Congreso ha trabajado diligentemente para “embrujar” al gabinete ministerial y ganarle la moral. Esto se ha traducido en una inhibición de ciertos ministerios para tomar decisiones y adoptar iniciativas, y del propio Presidente a la hora de cruzar la frontera que separa lo políticamente prudente del liderazgo audaz. Kuczynski y sus ministros parecen haber interiorizado, no muy conscientemente, lo que algunos comentaristas vienen diciendo: que el objetivo del fujimorismo es producir la vacancia de la Presidencia, el temible “impeachment”. En eso, al menos, el fujimorismo parlamentario, y sobre todo el mediático, parecen haberlos intimidado.

El gobierno ha dado pasos en la dirección prometida -la desburocratización, la dinamización del gasto público, las gestiones para gatillar algunas inversiones de gran vuelo-, pero todavía nada de eso tiene suficiente notoriedad como para representar una gestión blindada contra el enemigo político. La tasa de crecimiento, que es de las mejores de la región, oculta que las bases económicas no son las necesarias para retomar el impulso que tenía el Perú en tiempos del “boom” de las materias primas. Los niveles de inversión privada siguen muy lejos de lo que Kuczynski quisiera. Uno de los mayores retos políticos es que el calendario de esa reanimación del capital privado sea más acelerado que el calendario del desgaste político, medido con encuestas a las que se da una importancia desproporcionada bajo un clima de opinión tóxico.

Quizá este sea al aspecto más peligroso de los dos flagelos que ha soportado el Perú: el de los escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores y el de los “huaicos” e inundaciones atroces.

El primer flagelo tuvo el efecto de entregar a los adversarios de Kuczynski un arma arrojadiza que han empleado con saña para tratar de involucrarlo en los sobornos de los que, con pruebas aparentemente muy sólidas, se acusa a Alejandro Toledo por el caso Odebrecht (Kuczynski fue ministro de Toledo pero no hay el menor indicio de que tuviera relación alguna con los sobornos).

El segundo flagelo, el de los elementos naturales, ha tenido el efecto inmediato de confirmar la parálisis de los capitales privados, los “espíritus animales” de los que hablaba Lord Keynes, que el Perú necesita que se pongan en marcha y que al gobierno le urgen para proteger su salud política.

Es cierto: toda “reconstrucción” después de un desastre natural puede dinamizar la economía. Pero estamos hablando sobre todo de dinero estatal (en un contexto de déficit fiscal). Suponiendo que, habilitadas todas las carreteras (ya que uno de los daños económicos ha sido la paralización del transporte en las zonas afectadas), las cosas se pusieran en marcha y retornara una cierta normalidad pronto, no hay todavía signos que permitan anticipar esa inyección productiva que es la razón de ser de la actual Presidencia. El clima político creado por los escándalos de corrupción de gobiernos anteriores y las constantes amenazas del fujimorismo contra el Poder Ejecutivo obstaculizan el regreso del optimismo inversor.

Un factor podría jugar a favor de Kuczynski mientras madura ese optimismo económico: la división del fujimorismo. El gobierno da por cierta la lucha de poder entre la hija de Alberto Fujimori que fue derrotada en las dos últimas elecciones presidenciales y el hijo del Presidente que ocupa hoy un asiento en el Congreso y hace amagos de candidatura. También la dan por cierta otros sectores políticos y parte de la prensa. Yo no estoy tan seguro. Todos parten del supuesto de que, desde la cárcel, Fujimori trabaja a través de su hijo para desplazar a su hija, que le “robó” el partido y parece más interesada en su destino personal que en la libertad del padre. Pero esas conjeturas son riesgosas desde fuera de una familia; en cualquier caso, no debe olvidarse el componente mafioso que sigue existiendo en esa agrupación (según lo comprobó la última campaña presidencial). Llegado el momento, los intereses comunes pueden enterrar las diferencias personales.

En todo caso, el gobierno cree que la división es real y que lo ayudaría mucho que el fujimorismo presentara un proyecto para que las personas muy mayores cumplieran sus condenas en casa. De ese modo, Fujimori saldría de la cárcel, el gobierno aparecería como movido por razones humanitarias (el mandatario firmaría la ley) y la guerra entre hermanos cobraría una nueva dimensión: Fujimori padre y Fujimori hijo estarían en condiciones ideales de hacerse con el control del partido.

Es un juego riesgoso para el gobierno, y sobre todo distractor. Una mejor forma de erosionar a la oposición es hacer las cosas bien desde el gobierno y, si ello no es posible por el obstruccionismo, ponerla en evidencia. Siempre cabe la posibilidad de que el fujimorismo evite una confrontación de máxima intensidad porque no puede haber olvidado que en las últimas dos décadas perdió todos y cada uno de los enfrentamientos contra el antifujimorismo, un león dormido que de tanto en tanto despierta. Kuczynski ya fue capaz de derrotar, contra todo pronóstico, al fujimorismo en la segunda vuelta electoral, por esa dinámica.

Desde luego, no conviene al gobierno forzar el enfrentamiento. Su posición es relativamente débil. Pero no es tan débil como lo piensan lo asesores y colaboradores del Presidente. Es un error creer que el Perú toleraría sin chistar un intento de declarar la vacancia de la Presidencia sin que hubiera de por medio pruebas de un delito presidencial. La amenaza galvanizaría a la población contra un fujimorismo que hoy no tiene, en las encuestas, la fuerza de la última campaña presidencial.

Un buen ejemplo de esto ha sido la reacción contundente del país contra una propuesta del fujimorismo para cercenar la libertad de prensa (se pretendía utilizar el subterfugio de prohibir a los denunciados por corrupción ser dueños o directores de medios). El fujimorismo ha tenido que dar marcha atrás, a la espera de otra oportunidad. No significa que la amenaza haya terminado. En otros campos el fujimorismo se mueve con intenciones claras: por ejemplo, una reciente recomposición del directorio de El Comercio, el diario principal, ha devuelto a aliados de esa corriente una cabeza de playa que habían perdido al interior de la empresa. Aun así, Kuczynski está más protegido de lo que el gobierno cree y los suyos deberían por ello actuar con menos temor al adversario si ese adversario no quiere colaborar para crear el clima de inversión indispensable.

Una reflexión final. El principal problema peruano no es económico sino político o, más ampliamente, institucional. Mientras Kuczynski no pierda de vista esa verdad, será posible dejar un país mejor del que recibió aun si se trata de uno menos rutilante del que sus deseos construyeron en la imaginación de sus votantes. Atajar amenazas liberticidas, lobbies inescrupulosos y burocratismos desleales sigue siendo el camino para lograr el éxito.

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El pararrayos

Nunca ha habido un período de conflicto social y político o de “transformaciones profundas” que tarde o temprano, cuando las pasiones entran en hervor y comienza la fase de los dientes rechinantes y los puños cerrados -para no decir nada de los “robos de madera” que investiga S.E.- que no aparezca una institución y/o persona que, cualesquiera sean sus méritos o desméritos, opere como un target claro, visible, al alcance de la rabia, adecuado pararrayos para concentrar toda la tensión que se ha cargado y anhela descargarse. La tragedia o a veces comedia consiste en que dicha condición de cercanía no equivale necesariamente a una de relevancia. En el proceso de independencia de las colonias americanas de la metrópolis británica el pararrayos que descargó las furias fue una insignificancia, un nuevo impuesto al té; en la revolución francesa los rencores de siglos que dieron el puntapié inicial al protagonismo de los “sans culottes” se descargó por primera vez -habría luego muchas otras ocasiones- en una prisión de mala muerte, la Bastilla, donde ese 14 de julio había sólo tres detenidos; en 1914 el odio de los nacionalistas serbios contra el Imperio Austro-Húngaro se expresó matando al archiduque Franz Ferdinand, precisamente el heredero al trono que se aprestaba a hacer reformas. Y en Chile el malestar de trabajadores que han experimentado y experimentan vidas de estrechez, frustración y resentimiento está siendo descargado contra las AFP, paradójicamente, de entre todas las instituciones privadas o públicas que afectan la vida de los chilenos, las que más han entregado beneficios tangibles, como lo comprueba quienquiera estudie su cartola y haga unas simples cuentas en vez de oír las consignas acuñadas por Mesina y otros operadores políticos disfrazados de dirigentes sociales. Un alienígena de visita podría suponer que las rabias iban a encontrar un mucho más plausible blanco en el sistema de salud público, el cual acumula colas y déficits monstruosos merced a una gestión de incompetencia monumental; podría asumir que las marchas enfurecidas son para fustigar la corrupción que ha hecho presa de la clase política e incluso, según parece, de la totalidad del aparato público local y central, desde municipios con 600 o más funcionarios fantasmales cobrando sueldos a dichosos jubilados con pensiones exorbitantes, asesorías truchas de combatientes analfabetos pero voraces, reparticiones con empleados cuyas cónyuges exhiben súbitas fortunas, alcaldes en cana por robo, funcionarios policiales, incluyendo altos oficiales, metiendo las manos en todos los cajones y un largo etcétera de desbarajustes a costa del bolsillo de la ciudadanía. Pero no. Las furias marchantes, los gritos enfurecidos, las pancartas en llamas se dirigen precisamente contra y donde hay menos razón para hacerlo como si, en los llamados movimientos sociales, imperara un profundo y oculto deseo de autodestrucción.

La razón

No es difícil entender esa incoherencia. Los mecanismos que afectan la vida de las personas son a menudo recónditos, complejos, fuera del alcance de la vista del ciudadano de la calle y/o también se basan siquiera parcialmente en falencias personales que nadie quiere reconocer ni recordar ni evaluar. Es preferible siempre -típico rasgo humano- culpar a terceros que reconocer la participación propia en la creación y desarrollo del problema. Y en cualquier caso, se sea del todo inocente o no, siempre es más cómodo y fácil asumir que la culpa es de quien se nos dice es el causante de todo. “¡El fue!” es la prédica estentórea proviniendo del púlpito político que pone las anchas avenidas de la historia a disposición del respetable público para que marche y evacue su odio. En breve, anhelamos un objeto tangible en y con el cual cobrarnos venganza y nunca nos va a faltar el activista a sueldo que, muy amable, nos lo señale con el dedo. Nadie está muy interesado en hacer un frío examen de los complejos factores que producen tales o cuales efectos nefastos para nuestras vidas; dejamos siempre eso a los académicos de la próxima generación porque lo que queremos es una víctima propiciatoria AQUI Y AHORA.

Esa tendencia a culpar al empedrado que, cuando es expresada por un individuo aislado, es motivo de risa, tema de comedia o chiste de los tres chiflados, en tiempos convulsos y cuando la manifiesta una gran fracción de una entera comunidad se convierte en un nada de gracioso estallido de rabia irracional y muy destructiva, partiendo por destruir a quienes lo manifiestan. Hay siempre en la historia una fase cuando el raciocinio pierde su por demás escasa capacidad de controlar a la masa y aparece en triunfo Su Majestad la Locura; hay un momento trágico en que dicha muchedumbre no desea pensar en nada sino darse el gusto de cobrarse lo que supone se le debe; hay un lapso de delirio furioso en que se desata el progrom, el linchamiento, el vandalismo, el saqueo, la pateadura o al menos la gritadera histérica. ¡Qué importa si el objeto es culpable o no! Hay una rabia a flor de piel y hay, al alcance del puño apretado, un rostro al cual golpear.

¿Espontáneo?

Estas cosas no son siempre espontáneas y en verdad a menudo son planeadas y luego gatilladas por quienes desean hacer uso de ese tsunami de ira para sus propios fines. Desde sus autos de lujo, desde sus oficinas bien alhajadas, desde sus sedes partidistas, desde sus universidades ya ordeñadas y exprimidas, desde sus salas de plenario y desde sus reuniones entre cuatro paredes hay quienes calculan cuál pueda ser el blanco más oportuno, cuándo vocearlo, en qué momento azuzar a la plebe y de qué manera usar el resultado para obtener poder. Como dijo alguna vez Allende a unos periodistas de su sensibilidad, la tarea que les compete no es dilucidar la verdad, sino promover la revolución. Del mismo modo pero de manera mucho más intensa y persistente actúan los azuzadores del presente. La verdad es lo de menos; lo que digan las cifras importa poco; lo que señale la lógica vale hongo; lo que interesa es NUESTRA VERDAD, absoluta, total, omnímoda, ante la cual todos deben someterse. Y para esos efectos siempre es bueno contar con la fuerza bruta de quienes han sido convertidos en brutos.

Catálogo

¡Cuántas operaciones de esa clase no hemos visto en estos dos miserables años! ¡Con qué descaro más de uno de los sumos sacerdotes a cargo de esta suerte de misa negra lo han confesado desde sus altares! Ahora ya lo sabemos: no se trataba de una educación “gratuita y de calidad” sino de reducirla a la condición sofocante, mediocre, niveladora para abajo e irremediablemente chanta que brinda el Estado. Para eso sirvieron los nenes que marcharon poniendo los ojos en blanco y dando pasitos de baile; para eso se liquidó a los colegios de calidad, “emblemáticos”; para eso se busca “sacarles los patines” a los talentosos; para eso se mantiene incólume un gremio de profesores incapaz de evaluar otra cosa que no sean los aumentos salariales. Y para cada una de estas iniciativas se ha contado con una masa hipnotizable con un par de tontos eslóganes. Tan exitosa fue la avivada de cueca que se ha visto a padres celebrando las tomas y saqueos de sus hijos por mor de la Gran Lucha. Se pregunta uno cuándo comenzarán las quemas de libros.

Pero queda aún mucho más a lo cual pasarle la retroexcavadora. La demolición apenas ha empezado. Hay, nos dicen, que profundizarla. Hay que “continuar la obra”. Hay que hacerse cargo del “legado”. Y para lograr todo eso, afirma Elizalde, flamante presidente del PS, hay que “mostrar generosidad”. Ya sabemos cómo se traduce esa piadosa frase: tirar al tarro de la basura las candidaturas que no prenden y sumarse sin muecas de asco a la de Guillier. Ahí está la papa. Ahí están los votos. Ahí está la supervivencia, compañeros.

¿Y qué hará Guillier, de vencer? Hará lo único que puede hacer: continuar “echándole pa’ elante”. Las leyes que regulan estos procesos son implacables: lo que se anunció y prometió ha de cumplirse o la horda furiosa cambiará de target.

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