Óscar Contardo's Blog, page 175

Hora de decir adiós

NO HAY  que ser adivino para advertir que Venezuela avanza hacia un estallido. En esas condiciones, a la comunidad internacional le cabe presionar para que Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dejen el poder. Es lo único que puede impedir un colapso de consecuencias impredecibles.

Si lideraran un gobierno decente, Maduro y sus socios chavistas habrían renunciado hace rato. Han sumido al país en una crisis inédita: hay escasez de alimentos; los hospitales no pueden atender por falta de medicinas; el aparato productivo está en el suelo; la inversión es nula; la violencia delictual es imparable; la emigración se ha vuelto masiva, y los ciudadanos desesperados se han arrojado a las calles a protestar e, incluso, a saquear. Venezuela es hoy un estado fallido.

Los únicos que parecen no tomar nota son Nicolás Maduro y el chavismo, que se aferran como ventosas a sus cargos. Para ellos el Rubicón ya quedó atrás. Desde hace rato actúan fuera de la ley y no están dispuestos a dimitir porque entienden que, si lo hacen, la justicia que han manipulado por tantos años caerá sobre ellos. Su respuesta es destructiva: doblaron la apuesta llamando a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), le dan un trato privilegiado al ejército para prevenir tentaciones golpistas y se atrincheran para que pase el tiempo.

Por años, América Latina fue observadora impasible del desangramiento venezolano. Mucho tiempo y oportunidades se perdieron debido a esa desidia. Hoy las cosas han cambiado. Mientras algunos gobiernos -como el chileno- se esconden tras insulsos llamados al diálogo, el secretario general de la OEA ha mostrado la voluntad que no tuvo su antecesor y, junto a otros países, demanda la celebración inmediata de elecciones libres.

Pero Maduro no llamará a votar. Su gobierno resistió la convocatoria a un referéndum revocatorio y suspendió los comicios para gobernadores que debieron haber tenido lugar en diciembre. Para él, la vía electoral está cerrada, al punto que los integrantes de la ANC que ha propuesto no serían escogidos a través del sufragio universal.

Aunque la resolución de la crisis dependerá primordialmente de cómo se desarrollen los hechos en Venezuela, la comunidad internacional puede tratar de influir en lo que allá ocurre.  Entendiendo que Maduro y el chavismo son el problema y no la solución, el llamado debe ser abiertamente a un cambio de régimen.

La hora de Maduro y el PSUV ya pasó. Lo único que consiguen hoy es acercar más y más a Venezuela al enfrentamiento. Si los países latinoamericanos quieren que Venezuela evite el caos, deben presionar para que Maduro y el PSUV dejen el poder.

El cambio de régimen no solo es necesario; también es urgente. Solo un nuevo gobierno legítimo puede reencauzar el proceso hacia la paz social. Mientras antes se vayan Maduro y el chavismo, más posibilidades tiene Venezuela de impedir un desastre.

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Demanda civil contra el Estado

EN ENERO de este año, por primera vez en nuestra historia institucional, la UC interpuso una demanda civil contra el Estado de Chile por incumplimiento de la ley vigente.

Esta decisión se debió a lo ocurrido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017 -promulgada el 15 de diciembre de 2016-, la que fue aprobada sin que el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), -otorgado a las instituciones de educación superior desde hace más de 30 años-, fuera contemplado ni bajo su modalidad tradicional ni como materia de otras partidas.

Nuestra intención al interponer esta acción, -luego de haber intentado instancias de diálogo con las autoridades-, fue hacer presente el incumplimiento de la ley en que incurrió el Estado respecto de una normativa vigente. Esta es una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer a aquellas instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes.

Es grave establecer esta omisión como un precedente en materia de Educación Superior, por cuanto ello compromete el desarrollo del sistema.

Se ha reiterado que la UC participó en varias propuestas y comisiones orientadas a modificar los criterios de asignación del AFI para hacerlos más actuales, buscando que se consideraran otros criterios de calidad, junto a que se contemplara la vulnerabilidad de los estudiantes. Es decir, en la demanda no hubo una defensa del AFI, sino el principio del cumplimiento del estado de derecho y de la ley vigente.

La medida adoptada por el Estado y sus órganos implicó para las instituciones y para la UC un daño patrimonial que incide de manera directa en la calidad del proyecto universitario. Como universidad no podemos adoptar una postura pasiva ante la defensa de recursos que nos pertenecen y que están orientados a apoyo estudiantil, desarrollo académico y fortalecimiento de la calidad. Sin embargo, en la demanda presentada, lo prioritario fue el reconocimiento de la ilegalidad al eliminar este aporte.

A la luz de los sólidos argumentos expuestos y que sustentaron nuestra solicitud, el gobierno planteó un receso en el juicio de nuestra demanda, con el objetivo de lograr un acuerdo entre las partes que abordara el problema de manera sistémica. La UC tuvo la mayor voluntad de diálogo, por lo que en conjunto con los ministerios de Educación y Hacienda pudimos llegar a una propuesta de acuerdo consensuada conocida esta semana y que incluyó el cumplimiento de la ley vigente, a través de una entrega acotada de los recursos, – de acuerdo a las posibilidades presupuestarias del país-, para todas las instituciones beneficiarias. Además, la UC podrá concursar en fondos de innovación para paliar el déficit producido y se evaluará en el próximo proceso presupuestario la corrección de inequidades producidas en los últimos años en relación a los aportes basales de las otras universidades del Cruch.

Reconocemos la voluntad del gobierno en esta instancia, al haber avanzado en conjunto en una solución enmarcada en el cumplimiento de la ley y que respondiera a los derechos de todas las instituciones de educación superior. Así se trabaja con sentido de justicia, transparencia y bien común.

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Prevenir la violencia en jardines: una reflexión sobre el modelo de cuidado

Esta columna fue escrita junto al académico Xavier Oriol Núcleo de Investigación en Educación UNAB.

 

Hace unos días, un nuevo caso de maltrato a niños de 2 años por parte de una técnico en educación parvularia, en una sala cuna, en Las Condes, estremeció a la opinión pública. Ante sucesos como estos todos tendemos a exigir una respuesta inmediata: mayor fiscalización y sanciones a los responsables, entre otras.

Sin embargo, no necesariamente la respuesta más rápida es la que podría generar una real solución a este tipo de problemática. Este tipo de situaciones son más bien un llamado de alerta que nos convoca con urgencia a generar una reflexión profunda respecto de la atención integral que requieren los niños en este período del desarrollo.

En este sentido, aquellos sistemas que han demostrado ser más eficaces para favorecer un adecuado desarrollo socioemocional y, por consecuencia, los aprendizajes y desempeño posterior, no ponen su foco de atención en tener mayor cantidad de salas cunas de mejor calidad. Más bien, entienden que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo cognitivo y neurológico del niño y que ello depende, en gran medida, de la calidad de la relación afectiva que establezca con sus cuidadores principales, generalmente los padres.

De esta manera, quizás debiéramos plantearnos si tenemos políticas específicas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, y qué repercusión tiene esto en la educación de los niños. Dado el estilo de vida exigente que llevamos actualmente, la existencia de una gran cantidad de salas cunas ha ofrecido una solución para los padres que necesitan contar con apoyo para el cuidado sus hijos.

Sin embargo, las largas jornadas que los niños pasan en las salas cunas, la proporción elevada de niños por cada adulto (16 niños de 2 a 3 años por cada técnico) y la poca inversión de recursos en calidad de los espacios, infraestructura y materiales, no son las condiciones laborales más adecuadas para favorecer una relación afectiva de calidad entre educadores y niños. Más bien son factores de riesgo para la salud mental y bienestar del personal educativo, lo cual dificulta enormemente que puedan reaccionar en forma apropiada ante las distintas demandas y situaciones cotidianas que implica el cuidado de niños de esa edad.

En conclusión, no basta con tomar medidas enfocadas en solucionar sólo los casos que llegan a ser noticia y que probablemente son tan sólo una punta de iceberg. La solución tampoco pasa por sólo dar indicaciones a los padres para identificar situaciones de maltrato, que por lo demás son muy difíciles de detectar a estas edades tan tempranas (los cambios psicológicos y conductuales que pueden presentar los niños pueden deberse a múltiples variables).

En realidad, debiésemos plantearnos la necesidad de contar con un sistema enfocado en la prevención de la violencia y la promoción del bienestar y salud mental. Es decir, enfocarse en los factores protectores en las primeras edades para evitar que se produzcan este tipo de situaciones, además de tener claridad respecto de los factores de riesgo, asegurando el cumplimiento de los protocolos establecidos para los casos en que esto igual llegue a ocurrir.

 

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Reconstruir y resucitar el sector salud

Llama la atención que en las postrimerías del gobierno se difundan hechos y elementos descartados durante su  plena vigencia. En concreto, se decidió pedir un estudio al Banco Mundial respecto a las asociaciones público privadas (concesiones hospitalarias) por parte de autoridades sectoriales, y han aparecido testimonios de otras figuras adhiriendo públicamente a esta forma de financiamiento de construcción de infraestructura, tan menospreciada al inicio de este mandato.

Al mismo tiempo aparecen propuestas para reformar la Atención Primaria de Salud (APS), nuevas medidas de corte interministerial para mejorar índices de obesidad, diabetes e hipertensión arterial, es decir, todo lo que no se realizó o que más bien, se paralizó y fue obstruido en forma regresiva y explícita  con gran ideologismo, están tratando de florecerlo como una manera de suavizar el término de esta administración.

Lo llamativo y poco creíble es que quienes ahora apoyan estas ideas son las personas que en su momento las desecharon a todo evento. Aun no visualizan que detrás de cada detención, hubo miles de chilenos perjudicados, cuya necesidad en salud es creciente, su libertad de elegir nula y su paciencia a estas alturas mínima.

En esa línea, conocidas fueron las razones ideológicas que pararon las concesiones, retrasando en cuatro años la construcción de hospitales de al menos cinco recintos destinados a albergar más de 2 mil camas en su conjunto. El Sótero del Río es un ejemplo, cuyo proyecto estaba licitado y ad portas de toma de razón de Contraloría General de la República, para comenzar a edificarse en una de las áreas de mayor magnitud poblacional y con una carencia absoluta de infraestructura.

El Plan de Hospitales 20/20/20 retrasará en forma absoluta la disponibilidad de camas agudas que tanto necesitan los chilenos. Mirado desde la perspectiva de las necesidades y número de camas para resolver problemas, esta iniciativa ha sido un fracaso. Los montos asociados a dicha inversión no serán nunca más de US$ 2.500 y no 4.000 como lo hubiésemos deseado y que tanto se publicita.

El ausentismo laboral, la pérdida de productividad, el incremento de las esperas por una atención y cirugías, la mortalidad de pacientes en dichas esperas, la conflictividad gremial y los cogobiernos, los deterioros de los indicadores de inmunización, de detección real y notificación de HIV, la deuda hospitalaria histórica entre otros, hacen tener un diagnóstico crudo, con pronóstico reservado y tratamiento muy difícil de abordar.

Lo mismo sucede con el uso parcial de becas para financiar especializaciones médicas y odontológicas.

Se deberá entonces reconstruir y resucitar el sector salud sin falsas expectativas y con hechos concretos, reales, sin ideologías espurias que incrementan el sufrimiento social especialmente en el área de la provisión pública, lo que incluye la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad de la salud nacional.

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Identidad de género, diversidad y respeto en la comunidad escolar

En las últimas semanas se ha visto intensificado el debate en la opinión pública sobre la necesidad de educar para la inclusión, especialmente en lo que a identidad de género se refiere. Más allá del debate político, la diversidad está ya instalada en los colegios y en la sociedad, estemos o no preparados para ella. Es deber de los establecimientos educacionales y de la sociedad en su conjunto velar por que se respete el derecho de cada niño a vivir su identidad de género tal y como la siente.

Parte de la polémica se refiere a si se debe o no instaurar la obligatoriedad de “enseñar sobre identidad de género” en las escuelas y desde qué curso. Que estos temas sean tratados en los establecimientos educacionales es una gran oportunidad, debido a que es allí donde los niños pasan una parte considerable de su tiempo y establecen relaciones con pares y adultos que los

marcarán. Pero la pregunta que hay que hacerse es cómo enseñar o más bien si puede enseñarse sobre identidad de género sin enmarcar y condicionar a los niños.

¿Cómo se puede promover en el aula el que cada niño viva su identidad de género de manera individual? No necesita ser de manera explícita, pues no se trata de contenidos como lenguaje o matemáticas. Se trata de dar a los niños la posibilidad de elegir, por ejemplo, con qué jugar (que los autos no sean sólo para hombres y las muñecas para mujeres, por ejemplo), dejando de lado los estereotipos Que puedan explorar diferentes roles y estilos de juego, y darse cuenta de que son respetados en relación a como se sienten o viven su género.

Es muy importante preparar un ambiente en el aula que no encasille a los niños en el rol que les corresponde según su sexo. Por ejemplo, se puede trabajar con libros y cuentos en que los hombres y mujeres asuman distintos roles (mujeres policías, hombres educadores o enfermeros, etc.…) y con juguetes que les permitan representar roles femeninos y masculinos (por ejemplo, de colores neutrales en lugar de una plancha y una cocinilla rosada). Esto también puede ocurrir en las actividades al aire libre o de esparcimiento físico, en que tanto niños como niñas jueguen fútbol y realicen danza, juntos y sin distinción.

La vivencia de la identidad de género puede más bien ser guiada y tratada en la escuela en un ambiente de respeto y tolerancia, en que toda la comunidad escolar se encuentre abierta y acepte la diversidad dentro de un proyecto educativo que sea transversal a todos los niveles de enseñanza, empezando por la educación inicial. Para que esto sea sostenible, su implementación tiene que incluir a directivos, profesores y educadores de párvulos sin prejuicios ni estereotipos de género, ya que ellos serán los encargados de incluir a padres y apoderados en esta tarea protectora de los niños y adolescentes en la búsqueda de su identidad como personas. Sin el involucramiento y alineamiento de las familias en esta labor, no es posible crear una cultura de respeto. Es más, los niños podrían sentirse confundidos al escuchar distintos mensajes en sus dos núcleos más importantes.

Pero antes de todo esto, tenemos que mirar como sociedad cuáles son los estereotipos de conductas femeninas y masculinas que traspasamos a nuestros niños y niñas, y si estamos siendo modelos adecuados de inclusión y equidad. Si trabajamos de esta forma con nuestros niños lograremos generar una sociedad más equitativa, tolerante, respetuosa e inclusiva en el futuro.

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Un hoyo negro en el sol

UNO. Chris Cornell es un extraño caso de artista con todo a su favor, incluyendo el talento musical perfecto para el rock clásico, una voz sencillamente extraordinaria capaz de erizar la piel, y una facha que logró lo imposible, que las mujeres se sintieran atraídas hacia un género profundamente masculino. De las estrellas del grunge, solo Kurt Cobain lo antecedía en relevancia.   

DOS. El primer instrumento de Chris Cornell fue la batería. Esa habilidad con el dominio del tiempo y la cifra hacía de Soundgarden una banda de compleja técnica sin caer en la letanía del virtuosismo vacío. Kim Thayil, el guitarrista del grupo de Seattle, se veía en aprietos para seguir las métricas de canciones concebidas según una matemática impredecible.

TRES. Antes de que Soundgarden se consagrara con esa maciza oda de metal y hard rock llamada Badmotorfinger (1991), la voz de Cornell cosechaba elogios de tipos agrios y poco dados a las alabanzas como Axl Rose. Otros más templados como Geddy Lee de Rush veían en Cornell una esperanza para los años 90, una vuelta a las raíces con sello personal. En su garganta se trazaba un puente que nadie se había atrevido a levantar, la conjunción precisa entre la voluptuosidad carnal y la sensibilidad de Robert Plant en Led Zeppelin, y el espanto contenido en las cuerdas vocales de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath.

CUATRO. Chris Cornell nunca tuvo temor a los cambios. Él y su banda pudieron sucumbir a la tentación de repetir el batatazo de Superunknown (1994) pero decidieron ir más allá con Down on the upside (1996), cuando  los últimos Beatles y los primeros Pink Floyd se tomaron su cancionero en claves lisérgicas y melancólicas. Hizo otros virajes aún más radicales y cuestionados implacablemente como su intentona pop Scream (2009). Hace un par de años con Higher truth, Cornell ahondó en otras vetas que siempre estuvieron presentes en su camino solista o junto a Soundgarden, la canción folk y exploraciones en el soul. Todo lo hacía porque esa voz, aunque a veces rasgada por el abuso de agudos y gritos, aún era magnífica para enfrentar los géneros que le conmovían.

CINCO. Chris Cornell siempre cargó los fantasmas propios de su generación musical desencantada con una industria preocupada de fabricar estereotipos, mientras se abrían paso con un rock que buscaba respuesta en los clásicos y la moral del punk. Enfrentó periodos en que el alcohol se apoderó de su vida. A esta hora, en que los rumores de una decisión personal arrecian y se conjugan con el sino trágico de sus contemporáneos, un consuelo paradojal hace eco desde el coro de su canción más conocida, Black Hole Sun. “Hoyo negro en el sol ¿no vendrás y te llevaras lejos la lluvia?”.   

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Impuestos corporativos

Esta columna fue escrita junto a José Ignacio Llodrá, Investigador Clapes UC.

EN LA  última década, la tendencia en los países desarrollados ha sido a disminuir la tasa de impuesto corporativo. Chile, en cambio, ha ido contra la corriente y en los últimos 10 años ha aumentado la tasa de impuestos en 10 puntos, es decir, 1 punto por año, ¡el récord por lejos! En cambio, 18 de los 34 países de la OCDE, han disminuido las tasas, siendo estas disminuciones de 4,2 puntos en promedio. Este año, Hungría disminuyó su tasa de impuesto a 9% (desde 19%), Estados Unidos espera bajar la tasa del impuesto corporativo federal desde 35 a 15% y el recientemente electo presidente Macron espera bajar los impuestos de 33% a 25% en Francia. Los países nórdicos, famosos por su estado de bienestar, tienen una competitiva tasa corporativa promedio de 21,6% para atraer inversiones.

Numerosos estudios muestran que la inversión extranjera directa, la inversión agregada y el emprendimiento están negativamente afectados por los impuestos corporativos.

Hay quienes señalan que los impuestos corporativos de nuestro país no podrían compararse a los de otros países, dado que nuestro sistema es integrado y permite el diferimiento indefinido de los impuestos personales. Dicho argumento está equivocado. La mayoría de los países de la OCDE tributa según el llamado “sistema clásico”, que consiste en un impuesto a las utilidades de las empresas (tasa promedio de 24%) y un impuesto al dividendo (no integrado) que pagan los accionistas al momento de recibir el pago (tasa promedio también de 24%). En este sistema -igual que en el nuestro- mientras la empresa no reparta dividendos o los socios no hagan retiros, el único pago que recibe el fisco corresponde al impuesto corporativo, ya que el pago del segundo impuesto puede diferirse hasta que la empresa reparta la utilidad. Este sistema es prácticamente igual al nuestro, donde hay un impuesto al momento de generar la utilidad -que en nuestro caso es de 27%- mientras el accionista paga una diferencia al momento de recibir el dividendo que en Chile es aproximadamente 24% si se calcula sobre la cantidad percibida (similar al resto de la OCDE) o 17,45% si se calcula de forma integrada. Todo esto suma 44,45% de impuesto sobre la utilidad total de la empresa que es retirada.

Pese a que Chile es el 13vo país con la mayor tasa de impuestos a las empresas en la OCDE, en los últimos años se encontró dentro de los cinco países de esa organización que más recauda por esta vía como porcentaje del PIB, siendo incluso el primero de la lista en los últimos datos publicados, con una recaudación en torno al 4,9% del producto (el promedio en la OCDE es 2,8%).

Los sistemas tributarios son comparables, y en esa comparación nuestro sistema tributario tiene una tasa de impuestos corporativos alta. En jerga de economistas, esto aumenta el costo del capital y disminuye la tasa de inversión de la economía, con todos los efectos que esto conlleva. Esto es un punto técnico que sorprende que sea discutido.

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Maduro no importa

Nicolás Maduro no debe seguir siendo Presidente de Venezuela. Es difícil decidir cuál es su peor defecto. ¿Qué es más grave, la cruel indiferencia que muestra ante el sufrimiento de millones de venezolanos o sus brutales conductas dictatoriales? ¿Qué es más indignante, su inmensa ignorancia o verlo bailando en televisión mientras en las calles sus esbirros asesinan a jóvenes indefensos? La lista de fallas es larga y los venezolanos la conocen: 90% de ellos repudian a Maduro. Y no son solo los venezolanos. El resto del mundo también ha descubierto -¡por fin!- su carácter despótico, corrupto e inepto.

Y sin embargo… Maduro no importa. Sacarlo no basta. El es simplemente el tonto útil, el títere de quienes realmente mandan en Venezuela: los cubanos, los narcotraficantes y los viudos del chavismo. Y, por supuesto, los militares. Tristemente, las FF.AA han sido subyugadas y están al servicio de los verdaderos dueños del país. Así, vemos a diario cómo los uniformados están dispuestos a masacrar a su pueblo con tal de mantener en el poder a la oligarquía criminal.

El componente más importante de esta oligarquía es el régimen cubano. Hace tres años escribí: “La ayuda venezolana es indispensable para evitar que la economía cubana colapse. Tener un gobierno en Caracas que mantenga dicha ayuda es un objetivo vital del Estado cubano”. Es obvio: la prioridad para La Habana es seguir controlando y saqueando Venezuela. Y sabe cómo hacerlo. Los cubanos han perfeccionado las técnicas del Estado policial: la represión constante pero selectiva, la compra de conciencias a través de la extorsión y el soborno, el espionaje y la delación. Pero, sobre todo, el régimen cubano sabe cómo cuidarse de un golpe militar. Esa es la principal amenaza para toda dictadura y, por eso, controlar a las Fuerzas Armadas es un requisito indispensable para cualquier dictador que se respete. Los cubanos han exportado a Venezuela sus técnicas de control y sus efectos son evidentes: los militares que no simpatizan con el régimen de Chávez y Maduro han sido neutralizados, mientras que quienes lo apoyan se han enriquecido. No es casualidad que en Venezuela haya hoy más generales que en la OTAN o en EE.UU. O que muchos altos oficiales estén exiliados, encarcelados o muertos. Por eso la esperanza de que militares patriotas, democráticos y honrados defiendan a la nación y no a quienes la expolian ha sido hasta ahora tan solo eso, una esperanza.

Pero, además, Cuba se topó en Venezuela con un regalo inédito en los anales de la geopolítica: el Presidente de una potencia petrolera, Hugo Chávez, invita a una dictadura en bancarrota a que controle funciones vitales en asuntos de inteligencia, elecciones, economía, política y, por supuesto, vigilancia militar y ciudadana. Hay pocas decisiones importantes del gobierno de Venezuela que no sean aprobadas, moldeadas u ordenadas furtivamente por el régimen cubano.

O influidas por los narcotraficantes. Ellos constituyen el otro gran poder que hace que Maduro no importe mucho. Venezuela es hoy una de las principales rutas de la droga a EE.UU y Europa. Esto significa que hay miles de millones de dólares en juego y que en el país opera una red de personas y organizaciones que controlan ese comercio ilícito y la enorme cantidad de dinero que genera. Según las autoridades estadounidenses, una de esas personas es el Vicepresidente Tareck El Aissami, así como un buen número de militares y de familiares y socios de la oligarquía chavista.

Esa oligarquía, formada por los herederos políticos de Chávez, es el tercer gran componente del poder real en Venezuela. Naturalmente, Maduro; su esposa, Cilia Flores, y muchos de sus parientes y socios forman parte de esa oligarquía. En esa élite hay diferentes “familias”, “carteles” y grupos que rivalizan por el poder político, por influir en las decisiones del gobierno y en nombramientos de importancia, así como por el control de mercados ilícitos, del tráfico de personas al contrabando de armas o al lavado de dinero. El contrabando y la comercialización de comida, medicinas y productos de todo tipo así como la especulación con las divisas, son algunas de las muchas otras actividades corruptas con las que se lucra la oligarquía chavista. Y también los cubanos, los militares y sus cómplices civiles. Los tres grupos se entremezclan en negocios, corrupción y poder.

Sacar a Maduro es necesario. Pero no es suficiente. Es indispensable neutralizar a los tres carteles criminales que realmente mandan en Venezuela. No será fácil. Pero es posible.

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Positivo balance de la Alianza del Pacífico

SUELE VERSE a la Alianza del Pacífico (AP) como una instancia meramente comercial; sin embargo, este exitoso mecanismo de integración económico que cumplió seis años de existencia, es mucho más que eso. En efecto, sus propósitos no solo apuntan a construir un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, sino que se contemplan variados otros asuntos más allá de la cooperación económica, en materias como pymes, género, educación, innovación, agenda digital, entre otros, los cuales van en completo beneficio de un desarrollo más inclusivo. Además del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, vigente desde mayo de 2016, que liberó el 92% del comercio entre los cuatro países, existen más de 20 grupos de trabajo, en los cuales se trabaja intensamente para fortalecer un modelo de integración profundo e innovador.

¿Sabrán por ejemplo nuestros lectores que más de 1.400 estudiantes de Chile, Colombia, México y Perú han sido becados gracias a la Alianza del Pacífico? Esto, que trasciende lo comercial, revela la importancia que la AP otorga, en este caso, al área de la educación para mejorar la productividad de sus cuatro economías. La AP, desde sus inicios, ha tenido la clara necesidad de construir un área de integración regional lo más amplia y profunda posible. Y en eso avanzamos cada día.

Desde luego, la acumulación de origen abre un espacio fecundo para materializar articulaciones entre empresarios de los cuatro países de la Alianza para que nuestra participación en las cadenas de comercio globales aporte mayor valor agregado nacional y regional. También se trabaja en cooperación regulatoria.

A la fecha, 49 países de distintas latitudes valoran nuestra iniciativa, y hay más interesados. Países que han destacado el deseo de incorporarse e incluso algunos ya se han comprometido a entregar sus aportes en el ámbito de la cooperación, muy especialmente en temas de alto interés para nuestros países: pymes, educación, innovación y facilitación de comercio. Pero la globalización enfrenta desafíos de envergadura, especialmente por el surgimiento de posiciones restrictivas al comercio. Por ello el bloque ha sido firme en sostener la importancia del libre comercio y en rechazar toda forma de proteccionismo. Al mismo tiempo, tanto en Chile como en los otros tres países de la AP se tiene conciencia de la necesidad que nuestra participación en el mundo global sea más inclusiva.

La AP también se ha propuesto trascender sus propias fronteras. Por tanto, más allá de concepciones distintas, hemos impulsado un decidido diálogo con Mercosur. Creemos que esa convergencia puede ayudar a que la región en su conjunto se posicione de forma más competitiva en la desafiante economía global, en particular en el Asia. Y, en este sentido, tenemos el mandato de perseverar en los esfuerzos por alcanzar estrechos entendimientos con los países del Asia Pacífico, en particular con el esquema de integración del Asean con quienes ya tenemos un Acuerdo Marco de Cooperación.

Han sido  años de trabajo fructífero de integración de la AP, instrumento complementario a los esfuerzos internos para proyectar a nuestros países de forma más competitiva en el mercado , aumentar el crecimiento, y mejorar el bienestar de los ciudadanos.

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Patrimonio socialista

EL REPORTAJE televisivo sobre la administración del patrimonio material del Partido Socialista da lugar a diversas interrogantes. Sin duda, la más importante es qué lecciones sacan los socialistas de lo sucedido. El pasado, ya se sabe, no se puede cambiar; solo queda aprender de él.

La primera lección es que las finanzas de un partido político de izquierda no pueden manejarse sin un criterio político y ético. Si para un particular el criterio puede ser maximizar sus ganancias, para un partido ello no puede hacerse sin considerar el tipo de sociedad que promueve. Ya se evidencia una distorsión en los términos cuando al hablar de patrimonio del PS se alude a sus recursos económicos y no a su patrimonio moral, simbólico y político.

¿Le sirve al Partido Socialista resolver la administración de su patrimonio a través de un fideicomiso ciego? No. Porque su problema no se soluciona no sabiendo en qué están invertidos sus recursos, sino, por el contrario, sabiendo claramente dónde están. Sindicatos europeos o canadienses solo invierten en empresas que cumplen altos estándares laborales y medioambientales y si éstas dejan de cumplirlos, hacen un retiro público de sus fondos. Existen “listas negras” de empresas. Alguien podría preguntar si existe en Chile alguna gran empresa que cumpla estándares parecidos, que no haya estado coludida o que no provenga de las privatizaciones realizadas bajo el régimen militar.

¿Debe un partido político invertir de manera directa o indirecta en empresas reguladas o concesionadas por el Estado? De ninguna manera. Aunque sean cifras modestas, un partido que tiene legisladores o cargos en el gobierno no debe hacerlo. Los conflictos de interés no dicen relación con que estos ocurran sino con la sola posibilidad de que puedan ocurrir.

En el actual contexto de financiamiento público de la política, los socialistas debieran preguntarse si tiene sentido tener empozados esos recursos en lugar de apoyar unas alicaídas sedes en regiones y comunas (cuando las hay) o invertir en medios de comunicación, considerando que el grueso de la indemnización que recibió provino de la confiscación de una radio (Corporación) y un periódico (Última Hora). Hoy el PS tiene menos sedes que el 73 y ningún medio de comunicación.

¿A quién debería poner el PS a cargo de su comisión patrimonio? A alguien que no crea que todo se ha hecho bien, que privilegie coherencia política por sobre rentabilidad, y que no piense que aquellos militantes y dirigentes que han visto con estupor y desazón que parte del patrimonio del PS iba a dar a SQM y empresas de similar reputación son personas “histéricas” o “delirantes”.

Sobre este caso los socialistas debatirán largamente y se harán imbricadas preguntas sobre qué es ser socialistas en una sociedad capitalista o por qué hoy parece mal algo que hace unos años atrás no lo parecía (eso de la hegemonía tal vez). Mientras tanto lo que se esperaría es una rápida rectificación y una señal de que se han sacado las conclusiones correctas de este episodio.

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