Óscar Contardo's Blog, page 171

Revertir un 0-15

MÁS PRENSA que nunca ha captado la discusión sobre la elección de la nueva figura de gobernador regional, tarea que en la actualidad desempeñan los intendentes designados por el Presidente de turno. Los partidos de la Nueva Mayoría, con calculadora en mano, buscan la forma de hacer viable la aprobación de esta reforma, ya que en el caso que se cumpla lo que dicen las encuestas y pierdan la elección presidencial de noviembre próximo quedarían 0-15 abajo. Es decir, la totalidad de las regiones estarían encabezadas por personas nombradas por un Presidente de la República que, como todo indica, no será de su coalición. Pero si se aprueba la elección de gobernadores, tienen al menos la posibilidad de elegir alguno de entres sus filas. Pero ello, obviamente, va a depender de si van en una lista o no, o de cualquier otro tipo de ingeniería política que diseñen. Si bien en el juego político al parecer resulta aceptable dar todas las peleas para no perder cuotas de poder, ello no puede ser el factor movilizador para implementar una reforma de esta naturaleza.

Para que un país o una región sea exitosa en alcanzar una mejor calidad de vida para sus habitantes, es esencial contar con tres cosas: las ideas correctas, los líderes que las lleven adelante y las instituciones que permiten que ello sea posible. Los defensores a ultranza de la elección de los gobernadores regionales, afirman que solo habrá liderazgo regional si éstos son electos democráticamente.

Pero se olvidan por completo, que la actual institucionalidad que rige a los gobiernos regionales -competencias/atribuciones y recursos específicamente- depende decisivamente del gobierno central y en nada se han adecuado para ser compatibles y coherentes con que su máxima autoridad sea electa. Solo para dimensionar el peso relativo que tienen hoy los gobiernos regionales en relación al gobierno central en las regiones: uno de cada cuatro pesos de la inversión pública efectiva es decidida por los gobiernos regionales, los otros tres son de decisión del gobierno central. Y más allá de la inversión pública, menos del 4% de los gastos totales aprobados anualmente en las leyes de presupuesto se destinan a los gobiernos regionales. No solo juegan un rol menor en relación al gobierno central, sino que además, la distribución de los recursos entre regiones también admite importantes espacios de discrecionalidad. Como están las cosas, los eventuales gobernadores regionales electos serán una autoridad de una relevancia menor, manteniéndose el poder concentrado en el gobierno central. A ello se suma que el gobierno central decide cada año cuanto financiamiento recibe cada región.

Un cambio como el que se propone necesariamente debe enmarcarse en una reforma que también aborde aspectos de competencias, responsabilidades, financiamiento, transparencia y rendición de cuentas. Si la institucionalidad no es la adecuada, ni los mejores líderes con las mejores ideas podrán impulsar en forma descentralizada el progreso del país.

Por ello resulta inaceptable que para remontar un 0-15, el gobierno arremeta en el minuto 90 con una reforma alejada de lo que debiera ser una política integral en materia de descentralización.

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La modernización de la Cancillería

UNO DE los cambios más sustantivos del Chile contemporáneo es su renovada inserción internacional. Si la globalización es el signo de la actual era civilizatoria, no cabe duda que Chile apostó con éxito a insertarse en las aguas de la interdependencia contemporánea. Desde una participación activa hasta la búsqueda de solución a los llamados temas globales.

Chile ha intensificado su inserción internacional. Y eso ha sido benéfico para el país y los chilenos. Cualquier familia nuestra vive hoy con más oportunidades y mejor acceso a la tecnología que hace 30 años. Eso no ha sido espontáneo, detrás de ello estuvo una consensuada política de reinserción internacional, seguida con fuerza desde el retorno democrático. Y a la cabeza de ello estuvo la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, de capitán a paje, en sucesivas administraciones.

Pero hoy, el traje nos ha quedado chico. En efecto, la Cancillería está regida por una orgánica de tiempos de la dictadura. Los nuevos desafíos que plantea el desarrollo nacional y los cambios de la escena internacional, no encuentran adecuada respuesta en una estructura de tiempos de la guerra fría.

La modernización de la Cancillería es una necesidad nacional, un consenso transversal. A inicios de la actual administración, un equipo profesional dirigido por el embajador Mario Artaza, empezó a dar forma al proyecto que está a punto de ingresar al congreso. Se asumen los cambios, desde medidas orgánicas hasta medidas dirigidas a optimizar la carrera funcionaria en sus diversas plantas.

Se crea la Subsecretaria de Relaciones. Se modernizan también aspectos nodales de la carrera funcionaria, permitiendo un adecuado “tiraje a la chimenea”, meritocrático y conforme al reglamento. Se ordenan diversas dependencias que han surgido de las necesidades que ha debido enfrentar nuestra diplomacia, desde la defensa de la soberanía ante reclamos de terceros, hasta los diversos capítulos que impone la proyección oceánica, antártica y nuestra conexión con el “Chile de ultramar”, es decir aquellos compatriotas que viven lejos, pero que son ciudadanos chilenos con plenitud de derechos.

Bajo la dirección del canciller Heraldo Muñoz, el trabajo preligislativo ha concluido en lo fundamental. Corresponde ahora que el Congreso analice el contenido del proyecto, el cuál sin lugar a dudas es perfectible. La inmensa mayoría de los principales actores involucrados han sido consultados, aunque obviamente, la síntesis es una responsabilidad ministerial. Probablemente más de algún actor estimará que su voz debe ser particularmente atendida, pero ello, en democracia, será materia de la auscultación que deberá ser puesta en ejecución a partir de la discusión legislativa.

Una diplomacia moderna, con una Cancillería debidamente coordinada con todos los campos de acción del Estado, integrada por profesionales debidamente calificados, capaz no sólo de “seguir los temas de la agenda”, sino dotada de elementos prospectivos que permitan anticipar escenarios y prever la mejor forma de implementar los objetivos nacionales es, entre otras cosas, lo que el país necesita. Más allá de intereses sectoriales, o coyunturales, la política exterior es ante todo una política de contornos estatales, suprapartidaria, cuyos objetivos se cumplen en el mediano y largo plazo.

Es una buena noticia, que todos esperamos de lugar a una buena discusión y a un mejor resultado.

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Alucinaciones presidenciales

“CUANDO VISITO regiones, como hoy acá en Biobío, y veo lo que hemos avanzado, confirmo que valió mucho volver a Chile para ser Presidenta”, escribió ella en su cuenta personal de Twitter el viernes pasado estando de gira en esa zona. No deja de ser sorprendente la desconexión con la realidad que esta declaración deja de manifiesto. Al punto que pareciera tratarse de una verdadera alucinación. Esto en el sentido más literal del término, es decir, una ofuscación o un intento por seducir haciendo que se tome una cosa por otra. O, en todo caso, al menos un fantaseo o confusión. Los crudos hechos que arroja el segundo período de gobierno de Bachelet contrastan frontalmente con la imagen que ella se forja y transmite sobre el mismo. A estas alturas pocos, incluso entre quienes votaron por ella en 2013, se animan a afirmar que haya sido un acierto su regreso a La Moneda. La idea ampliamente predominante, en cambio, es que el tiempo corrido de este cuatrienio ha sido francamente malo.

La desvinculación de la primera mandataria con la verdad no resulta novedosa. No es la primera vez que se muestra alejada de la realidad y se despacha desaciertos comunicacionales como el señalado. La raíz de ambos aspectos descansa en un factor de innegable efecto hipnótico: el vértigo ideológico que parece embargarla. El mismo que le haría ver como adecuadas reformas estructurales que a todas luces no lo son, ni teórica ni prácticamente, como las que su gobierno se ha empeñado en sacar adelante (tributaria, laboral, educacional y constitucional) a todo trance; que la incapacitaría para reconocer el carácter terrorista del vandalismo declarado en la Región de La Araucanía y adoptar las decisiones correctivas consecuentes; que le generaría cierta ceguera para advertir los magros resultados obtenidos por la economía durante los últimos años y percibir que sin crecimiento económico es virtualmente imposible dar cabida al mayor desarrollo y justicia social que dice anhelar para Chile; que la obnubilaría en el camino hacia la conformación de una sociedad de derechos (sociales e individuales), sin la contraparte de los consiguientes deberes y responsabilidades; y más.

La cuestión de fondo radica en que  la sociedad chilena concreta y singular no parece ser en general lo relevante para Bachelet a la hora de comprender sus necesidades y concebir las soluciones que éstas reclaman. Prima, en cambio, una concepción a priori y abstracta de lo que aquella y sus ciudadanos deben (llegar a) ser, independientemente de sus naturalezas y características peculiares. Por cierto, este es el rasgo propio y distintivo de las cosmovisiones ideológicas, siempre enajenadas y enajenantes. La acción política se realiza entonces de espaldas y hasta en contra de la realidad, no importando cuánto daño o destrucción social pueda generar ella. Se retorna así al recordado “avanzar sin transar” -que, imbuido de rasgos mesiánicos, impulsa a perseverar contra toda evidencia camino al despeñadero. Lo señalado no revestiría mayor gravedad si se estuviese haciendo referencia a las fantasías de un miembro común y corriente de la patria, pero lamentablemente corresponden a las ilusiones de una persona que desde la primera magistratura de la nación ha demostrado estar dispuesta a gastar todo el enorme capital político obtenido en aras de intentar materializar auténticos malos sueños utópicos, procurando voluntaristamente tornar en realidad las alucinaciones presidenciales.

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Reforma constitucional

EL DESTACADO constitucionalista argentino Roberto Gargarella viene insistiendo, desde hace un buen tiempo, en la necesidad que nuestros debates constitucionales no se concentren exclusivamente en el capítulo de los derechos. Nos invita, entonces, a prestar más atención a lo que él llama la “sala de máquinas” de la Constitución, esto es, al conjunto de reglas y mecanismos que rigen a los órganos representativos y a su relación con la ciudadanía. Coincidiendo con su invitación, habría que mirar con simpatía la moción que presentaron la semana pasada  los senadores Allamand, Harboe, Larraín, Montes y Zaldívar, y que en sus palabras, permitiría “avanzar en forma gradual hacia el régimen semipresidencial”. Por un lado, se autoriza a los Presidentes de la República a entregar al ministro del Interior la presidencia del Consejo de Ministros, quedando éste encargado de dirigir y coordinar la labor de los demás ministros y las relaciones del gobierno con el Congreso Nacional. Por otra parte, se faculta a los parlamentarios en ejercicio para que puedan asumir como ministros de Estado sin tener que renunciar a su escaño. De esta manera, y mientras sirvan como Secretarios de Estado, ellos serían subrogados en el Parlamento por un parlamentario provisional designado por el partido respectivo. En el momento de perder su condición de ministro, el parlamentario en receso vuelve a ocupar su escaño y el suplente se va para la casa.

Quiero comenzar destacando que este proyecto convoque a parlamentarios de distintos partidos. Este tipo de iniciativas apunta en la dirección de construir las grandes mayorías que se necesitan para el cambio constitucional. Valoro en segundo lugar el propósito que persiguen los patrocinantes del proyecto. A mí, como a ellos, me parece altamente inconveniente el hiper presidencialismo de nuestra Constitución. Cualquier persona interesada en fortalecer al Congreso tiene que prestar atención al diagnóstico de cinco senadores que están sin duda entre nuestros mejores parlamentarios.

No obstante, la verdad es que el proyecto me parece altamente deficiente.  Desde un punto de vista técnico, es imposible pretender que un ministro “dirija” y “coordine” a los demás ministros (y además lleve la relación con el Congreso) sin que se le concedan explícitamente algunas de las atribuciones que la Carta Fundamental le concede de manera exclusiva al Presidente. En este sentido, al proyecto tiene el defecto de crear un jefe sin facultades.  Por otra parte,  me parece algo paradojal que se pretenda fortalecer al Parlamento por la vía de hacer más fácil el tránsito desde el Congreso al Ejecutivo y viceversa. Eso, que puede tener todo el sentido del mundo en los sistemas parlamentarios, solo sirve para debilitar una institución que, en el contexto nacional, está llamada a ser contrapeso crítico y colegislador autónomo.

Las dificultades en el terreno de la coordinación gubernamental son, probablemente, una parte del problema constitucional chileno. Mi convicción, sin embargo, es que lo que Chile realmente necesita es una profundización de la democracia, un mayor equilibrio en materia de derechos, un fortalecimiento efectivo del Congreso y una genuina descentralización. Eso se llama Nueva Constitución.

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Presidentes que mandan

SI SENADORES de la talla de Allamand, Larraín, Harboe, Montes y Zaldívar coinciden en una moción conviene prestar atención. Es lo que sucedió el jueves cuando esa quina transversal se puso de acuerdo en una reforma constitucional. El tema: cambios al presidencialismo; pero con una suerte de “realismo con renuncia” desde que renuncian a fórmulas semipresidenciales para perfeccionar los desafíos del régimen actual.

Partamos por el diagnóstico: como habría un problema en la sala de máquinas del ejercicio del poder público, se requiere de reformas al régimen de gobierno. Ello ha dado paso a un acuerdo abrumador en el mundo político (la fronda le llamaban algunos) para reemplazar nuestro presidencialismo por un semipresidencialismo. Éste combina un presidente elegido popularmente a cargo de áreas más bien simbólicas y un jefe de gobierno elegido por el Congreso que tiene el poder, la billetera y la agenda.

A mi juicio eso tiene problemas tanto institucionales como políticos. Entre los primeros, como lo recordó hace poco Arturo Valenzuela en el CEP, se institucionaliza el conflicto al interior del gobierno dado que hay dos polos de poder que compiten sin incentivo para cooperar entre sí. Y entre los políticos no hay que olvidar que Chile, nos guste o no, es presidencialista hasta la médula: ¿cómo un presidente que no manda podría responder a las expectativas de los electores?

Pero aun un fiel al presidencialismo debe reconocer que hay desafíos. El principal es la distancia que se produce entre el gobierno en La Moneda y su coalición en el Congreso. Esto no es nuevo: Frei Montalva alegaba que su partido no le había sido fiel y Allende se lamentaba de su coalición. Cierto o no, lo claro es que hoy con un sistema electoral tan fragmentado como el que dejará este gobierno, la crítica a la deslealtad se repetirá.

La moción se hace cargo de este desafío. Y para hacerlo mantiene la centralidad del Presidente pero incorpora una válvula: la posibilidad de empoderar de verdad a un Primer Ministro para que éste haga las veces de Jefe de Gobierno sin conflictuar con el Presidente sino que colaborando. Si colabora por convicción o por conveniencia es menos importante; lo relevante es que no compite porque solo uno mantiene la decisión final: el presidente.

Asimismo, la moción permite un tránsito más fluido entre Ejecutivo y Legislativo. Aunque requiere ajustes para asegurar la estética, este tránsito (que sonroja a muchos) no es otra cosa que reconocer que el liderazgo político ha estado y seguirá estando en el Congreso y que permitir el “ir y venir” fortalece políticamente a la coalición gobernante. De paso, es una excelente forma de traer al “oficialismo legislativo” a La Moneda, como lo mostró el Pdte. Piñera nombrando a Chadwick, Allamand y Longueira.

En definitiva, aun cuando puede complementarse en sus detalles, la propuesta recuerda el consejo de Aylwin. Hace un tiempo decía que los presidentes en Chile deben mandar; el que no lo hace, es un mal presidente. La virtud de la moción es que sin quitarle ese poder, entrega al presidente una herramienta para fortalecer la decisión colectiva de la alianza política a la que pertenece.

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Donald Trump y la continuidad del terrorismo internacional

El atentado terrorista en Manchester, Reino Unido, del lunes, que dejaba un resultado de 22 víctimas fatales y más de 80 heridos, ocurre casi en simultáneo cuando Donald Trump, de visita en Israel, apuntaba a Irán como la fuente principal del terrorismo.

Mientras hacía esa declaración en su encuentro con Benjamín Netanyahu y el primer ministro israelí se regocijaba, luego, desde las fauces mismas del terrorismo financiado por los países del golfo pérsico, particularmente Arabia Saudita, en Manchester, el ISIS y no Irán, dejaba caer la realidad más brutal.

Donald Trump en sus recientes visitas a Arabia Saudita e Israel, dos socios cercanos en el plan para derrocar al presidente Sirio Bashar al Assad, hizo ver que las causas de la desestabilización en la región provenían de Irán, al que se agregaba el problema de su desarrollo nuclear. Lo que correspondía cuando se reunió con el rey saudí, era comunicarle el acuerdo con Rusia que el pie principal para detener el terrorismo consistía en que reino saudí detuviera ipso facto ese financiamiento al terrorismo, como alguna vez lo afirmaron Hillary Clinton y Joe Biden en la campaña presidencial de 2016. Tal vez lo hizo en forma confidencial, sin embargo lo que se instaló como noticia fue el respaldo de Estados Unidos a Arabia Saudita en su posicionamiento como potencia regional a través de una venta en varios miles de millones de dólares para armamento y condenar a Irán como una fuerza desestabilizadora y propulsora del terrorismo que afecta a la región.

El atentado sucede en medio de una gira del presidente de Estados Unidos por Arabia e Israel y cuando la guerra en Siria pareciera llegar a una etapa de máxima urgencia. Como consecuencia, se le pondría fin también al financiamiento de la actividad terrorista que se fue montando como una industria rentable que se protege detrás de la fachada de un futuro estado islámico. Este terrorismo tiene un rasgo esencial y que consiste en un denso mundo corporativo de las empresas de contratistas que aprovisionan los esfuerzos bélicos destinados a desestabilizar estados, con terroristas, mercenarios, armamento y equipamiento. Se usa el modelo de contratación en el sector privado de los organismos de seguridad de Estados Unidos que comienza a crecer en 2001. (Voelz, G.J.2006). La idea es romper el centralismo en base a competitividad. Medha Chaturvedi,  especialista en el tema, señala que “la subcontratación en la actividad terrorista no exhibe una línea de comando definida debido a que la operación no tiene afiliación a ningún grupo específico o alguna ideología y esta condición perturba la labor de detectar y prevenir”. (IPCS. Septiembre 2011).

Con el incremento de la comercialización, el dinero se sobrepone a la ideología y de allí que Arabia Saudita y Qatar que disponen de mayores recursos, hayan podido inyectar capital en la actividad terrorista en Siria e Irak sin fiscalización internacional. Indagar en el financiamiento de la subcontratación en el terrorismo es entrar en un laberinto político donde cada país involucrado en el plan de derrocar al gobierno en Siria tiene su cuota  de responsabilidad. ¿Dónde están los cuarteles generales de pequeñas y medianas empresas del terrorismo? “La guía para conducir la investigación se desvanece por brechas en la información”. (Josy, Joseph. TNN, 17 de julio, 2011).

La subcontratación de la actividad terrorista está fuera de la regulación y en la apariencia no hay estados ni corporaciones globales en el tutelaje. La actividad terrorista como negocio es lo que tiene a naciones como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí e Israel en la cuerda floja. Empecinadas en derrocar al gobierno en Siria, el plan de acción ha formado una compleja zona gris de terrorismo y anti-terrorismo difícil de  identificar sus contornos.

Las contradicciones del gobierno de Trump en política internacional y particularmente respecto a la guerra en Siria,  y la postura con Irán, no responden ni a su personalidad, ni a contradicciones dentro de su equipo clave. Responden a la inestabilidad interna de Estados Unidos en su estructura de poder mayor y esta inestabilidad es el resultado de una lucha descarnada entre dos facciones de poder que ha impedido consolidar una política exterior que solucione problemas y no los agrave. Se hace cada vez más evidente, que Donald Trump representa un bloque del poder que le disputa un espacio a la elite política, económica y militar que ha gobernado en los últimos 50 años. Está enfrentando rivales políticos de una poderosa oligarquía representada por los Bush, los Clinton, el grupo de poder que llevó a Obama a la presidencia dentro del partido demócrata, vinculado a la social democracia internacional. También a los organismos de seguridad y consorcios de armamentos que se han posicionado y generado un nuevo espacio de recursos en torno a los conflictos armados post guerra fría (Balcanes, Somalia, Sudán, Afganistán, Irak, Siria). Particularmente a la CIA con sus ramificaciones en el sistema privatizado de los servicios de inteligencia, en la academia, los partidos políticos, en los consorcios de multimedia como CNN, y en los grupos empresariales que se reúnen en Davos.

En la política estadounidense, el factor de la seguridad de Israel es quizás lo único que más une a demócratas y republicanos a la hora de enfrentar problemas críticos. Y, en gran medida, determina la política exterior. Estados Unidos es la típica expresión del “estado de doble cuerpo”, un estado (Israel) incorporado en el aparato pensante del otro estado, en este caso Estados Unidos.

Era obvio que todo el episodio de que Trump no debía compartir información de inteligencia con Rusia, consistía en continuar incitando el antagonismo contra Rusia para perpetuar la idea de que el principal problema de Trump es su cercanía con Rusia. Como estrategia ha sido útil  para desviar la atención de los problemas más profundos y medulares que aquejan a Estados Unidos en la división interna de la estructura de poder mayor.

Bajo este clima de unilateralismo, en donde el centro de todo es la seguridad de Israel y no una multiplicidad de otros problemas, principalmente la creación del estado palestino, la política exterior de Estados Unidos bajo Donald Trump, en lo  que más incide en lo  inmediato es en la continuidad del terrorismo internacional. Es difícil desentrañar en este inmediatismo lo que forma parte de una estrategia de alcance mayor para recobrar la estabilidad en el medio oriente y el golfo pérsico al menos, antes de la invasión a Irak en 2003.

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Un nuevo comienzo

Hace un par de semanas en uno de los noticieros centrales de mayor audiencia de la televisión chilena, fue transmitido un reportaje que expuso en la esfera pública información referida al patrimonio socialista invertido en instrumentos de renta fija en su gran mayoría que se trabajaron bajo un fideicomiso ciego efectivo en la Bolsa de Comercio de Santiago. El reportaje asimismo, puso acento en la incoherencia en la que cayó el Partido Socialista, al permitirse primero especular en la bolsa. Segundo invertir en empresas vinculadas a la expropiación y desmantelamiento estatal ocurrido a fines de la dictadura, que terminaron por reducir el tamaño del Estado de Chile, su presupuesto y alcances en la provisión de servicios públicos, reduciendo su rol específicamente a la regulación del mercado. Tercero, invertir en otras empresas contra las que se ha criticado duramente su actuar, y que nada tienen que ver con el ideario socialista, como las carreteras concesionadas, las Isapres, y AFP.

Una vez  emitido el reportaje, la conmoción pública y política sobre este asunto se dejó ver con furia a través de redes sociales, que atacaron con fuerza a su actual mesa directiva, a las anteriores, alcanzando incluso a inocentes militantes socialistas de base, quienes confiados en el responsable manejo de los fondos por parte de una comisión ad hoc, creada el año 2003 cuyo tarea consistía en reunir el dinero, no robarse el dinero, acrecentar dichos fondos. Tarea que por cierto fue cumplida con éxito y durante todos estos años, fue materia de orgullo del manejo de estos dineros retornados al Partido como medida de reparación por los bienes incautados por la dictadura, entre ellas sedes comunales, medios de comunicación, etc.

Las reacciones de la militancia socialista de base y de quienes se identifican con el Partido Socialista oscilaron entre ira y encono contra la dirigencia, hasta la pena y desazón, por no haber fiscalizado con fuerza las inversiones del patrimonio. Para que hablar las acusaciones frontales de los ahora ex aliados políticos como la Democracia Cristiana y el festín de la UDI, quienes olvidando el escándalo de Empresas PENTA, que financiaron irregularmente las campañas electorales de ese partido, financiaban además la mantención de su sede partidaria, han tenido el arrojo de construir un manto de dudas sobre de la ilegalidad del manejo de estos fondos. Acusación que constituye un espolonazo a la ya debilitada imagen pública del socialismo chileno.

La tardía reacción socialista, acrecentó aún más la molestia de las bases. Está claro que en ningún momento se puso en duda el manejo del patrimonio y la legalidad del mismo. De igual forma, el Partido Socialista siempre resaltó no sólo ante sus rendiciones en el Servicio Electoral, sino también ha destacado en el índice de transparencia de los partidos políticos, medición que realiza anualmente Transparencia Internacional, a través de su filial Chile Transparente, por lo que nadie pudo imaginar se avecinaría una crisis por el manejo de dichos fondos.

¿Quiénes ganan con la caída del Partido Socialista? ¿Qué implicancias tiene para la vida del socialismo chileno estas acciones? ¿Esta es parte de la crisis de representación política y la crisis de la moral pública?

Hace unos días, ex integrantes de la Comisión Patrimonio del PS, lanzaron una carta pública, en la cual defendían su gestión, pero que hacía una apología al lucro.  En ningún caso se está pidiendo que los socialistas emulen modos de vida franciscanos para poder predicar con el ejemplo, sin embargo, debiesen existir ciertos límites a la inversión, para evitar especulaciones públicas y asesinatos de imagen gratuitos, como por ejemplo poner límites a la cartera de inversiones. Si bien el manejo de los fondos es legal, éste no fue del todo ético, situación que al parecer los firmantes de dicha carta, son incapaces de comprender. La apología al lucro por parte de Oscar Garretón, Jorge Jorratt, Verónica Montellano y Edmundo Dupré, en ningún caso representa el sentir socialista, por el contrario, la falta de autocrítica de su gestión, deja entrever el quiebre generacional necesario para construir un nuevo socialismo para Chile, que deberá prescindir de estas personas.

Sobre las ganancias, efectivamente un sector importante de la derecha, quiere sacar partido de esta situación, destruyendo la imagen de un partido histórico jugando a la teoría del empate con su candidato presidencial, quien ha construido su fortuna al borde de la legalidad. Sin embargo, lo que los socialistas no han incorporado en sus análisis, es que los electores de Piñera, le perdonan su naturaleza, por el contrario, el votante de derecha es capaz incluso de estar a favor y defender la “audacia” con la que éste maneja sus inversiones, pues ven reflejado en él su propia aspiración de vida. De hecho, el candidato de la derecha, ha sabido aprovechar esta condición de exitoso empresario, para encontrar un enganche emocional con sus electores. No obstante, el elector socialista, no perdonará fácilmente estas formas de invertir el patrimonio, por el contrario, se siente defraudado por quienes prometieron defenderlos ante los abusos del gran empresariado.

En relación al contexto, no resulta novedosa la crisis de representación política en el que se encuentra inmerso el Chile actual. Pese a la estabilidad del sistema de partidos políticos, estas instituciones han ido perdiendo paulatinamente su enraizamiento social (Altman & Luna, 2011). Como consecuencia de ello, los niveles de abstención electoral se han disparado con la puesta en marcha del voto voluntario. Por otro lado, la pérdida de confianza en los partidos, se ha perpetuado en un 3% (lo demuestran una serie de encuestas respetables como la CEP y la UDP), dificultando la acción de tan relevantes instituciones, que permiten el funcionamiento de la democracia representativa. Asimismo, tal como lo plantean los profesores Toro y Luna, el sistema de partidos es incapaz de convocar a la mayoría, y como consecuencia de ello, hoy existen 15 candidatos, que en el mejor de los casos se disputarán el 40% del electorado que probablemente concurrirá a las urnas (Luna y Toro, 2017).

La crisis del Partido Socialista no contribuye precisamente a mejorar el ambiente político, ni menos a fortalecer las instituciones, por el contrario, acrecienta la desconfianza particularmente entre quienes alguna vez se sintieron representados, quienes probablemente están dudando de la legalidad de las acciones del socialismo chileno, por lo que la representación sustantiva de sus intereses, se ha puesto en duda con este despreocupado actuar valórico de las inversiones de su patrimonio.

Sin embargo no todo está perdido. Esta nueva mesa directiva encabezada por Elizalde, ha dado señales claras de querer realizar un cambio de rumbo. No le tembló la mano al pelearse de frente con la generación de barones que defendió a Ricardo Lagos con fuerza en el Comité Central del 9 de abril, y de esa manera proclamar como abanderado presidencial del socialismo chileno al Senador Alejandro Guillier. No ha aceptado amedrentamientos para rechazar todo acuerdo parlamentario con la Democracia Cristiana, quienes inscribieron ya a su candidata ante SERVEL, aboliendo toda posibilidad de hacer primarias legales, mientras el Frente Amplio y Chile Vamos, comienzan sus franjas televisivas y se muestran públicamente como coaliciones robustas y democráticas, entre muchas otras cosas que se podrían decir, pero serán desarrolladas en otro texto futuro.  

Esta crisis se transforma en una oportunidad para reconstruir el socialismo chileno. Pedir perdón a ese pueblo socialista que se encuentra herido, poner freno al enemigo interno, que por una parte consigue portadas en rimbombantes diarios de circulación nacional para defender lo indefendible de las inversiones PS, y detener también, a quiénes a través de los medios, buscan desmarcarse de la historia socialista (muchas veces por ignorancia), y se declaran autoflagelantes, amparados en la ideología dominante, haciendo parte de una falsa moralina, ofendiendo incluso a sus propios compañeros de partido, con una “aparente” postura revolucionaria de izquierda.

La Ley que reformó los partidos políticos, promulgada el año 2016, pone a disposición de los partidos nuevas herramientas, entre ellas un financiamiento público y sostenido a los partidos políticos para que realicen sus labores de incidencia en el ámbito nacional, formen políticamente a su militancia, recuperen su vida y democracia interna, recluten candidatos y candidatas, promuevan los valores de los derechos humanos y la igualdad de género. Estas herramientas puestas en marcha en este nuevo escenario, pueden tener efectos positivos en la nueva gestión del Partido Socialista.

Asimismo resulta fundamental comenzar a funcionar con nuevos estándares de transparencia. Está claro que el índice de transparencia construido por Chile Transparente es insuficiente para entregar la información que la ciudadanía social y política demanda, para informarse acerca de los dineros públicos invertidos en los partidos políticos y la realización de auditorías de la gestión política de estas instituciones. Por otro lado, es una oportunidad también para elaborar indicaciones nuevas, tendientes a fortalecer las medidas de transparencia y fiscalización en la Ley de Partidos, agregando además del control del Servicio Electoral al Consejo para la Transparencia en dichas funciones.

Finalmente, ante los errores del pasado, este es un llamado a comenzar de nuevo. Es la oportunidad para vivir un nuevo comienzo, y construir un partido distinto, más participativo, en que se ocupen las nuevas tecnologías no sólo para informar a la militancia o para atacar a quienes dirigen, por el contrario, ocuparlas también para generar plataformas de participación en línea, recolectar ideas, y construir canales más fluidos de comunicación entre las bases, la dirigencia partidaria y los representantes del Partido en distintas dimensiones de la esfera política chilena. Por otro lado, se está dando el escenario propicio para que esta nueva generación de dirigentes se tome el partido de verdad, sin pedir permiso, apuntando a generar formas diferentes de gestión política, de cara a recuperar el rol relevante del Partido Socialista en la esfera social y política de Chile. Recuperar la historia de tantos y tantas militantes, que ayudaron a construir un Chile más justo como Salvador Allende, Raúl Ampuero, Eugenio González, Carmen Lazo, Julieta Kirkwood, entre tantos otros.

No es tiempo de avergonzarse de la riqueza de historia socialista, por el contrario, si la dirigencia socialista es inteligente, aprovechará esta coyuntura para resituarse en la opinión pública y así revertir la lamentable situación en que se encuentra.

Fuentes:

Luna, J. P., & Altman, D. (2011). Uprooted but stable: Chilean parties and the concept of party system institutionalization. Latin American Politics and Society, 53(2), 1-28. Disponible en http://www.vanderbilt.edu/lapop/news/Summer-2011-LAPS-Luna-Altman.pdf

Luna, Juan Pablo y Toro, Sergio (2017). 15 candidatos para el 40%: la incapacidad para convocar a la mayoría. Artículo publicado en el medio electrónico del Centro de Investigación Periodística- CIPER CHILE. http://ciperchile.cl/2017/05/08/15-candidatos-para-el-40-la-incapacidad-para-convocar-a-la-mayoria/

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La vía venezolana a la servidumbre

Frente a la crisis en Venezuela, varios en Chile han guardado silencio e inclusive han dejado de aludir al socialismo del siglo XXI y los clichés de la Patria Grande o la revolución bolivariana. Salvo algunos que quizás tienen más que simples filiaciones ideológicas con la casta chavista, los socialistas chilenos ―de todos los partidos― evitan aludir al ideario político que mueve a Maduro, Diosdado y todos sus seguidores. ¿Cuál es ese ideario? El mismo que durante el siglo XX llevó a algunos países a caer en la miseria, la dictadura y el totalitarismo, bajo la misma promesa engañosa de dar un salto desde la precaria libertad capitalista a la plena libertad de abundancia e igualdad material socialista.

En Camino de Servidumbre, Friedrich Hayek decía que la gente había olvidado las advertencias de los viejos pensadores liberales con respecto al socialismo y sus efectos, pero creo que también olvidaron las que hicieron los propios pensadores anarquistas al respecto. Como lo hacía Benjamin Tucker en 1886: «independientemente de lo que los socialistas de Estado puedan reclamar o negar, su sistema, si se adopta, está condenado, más tarde o más temprano, a terminar en una religión del Estado, a cuya manutención todos deberán contribuir y ante cuyo altar todos deberán postrarse». Bakunin por otro lado decía: «El Estado pseudopopular, inventado por el señor Marx, no representa, en su esencia, nada más que el gobierno de las masas de arriba a abajo por intermedio de la minoría intelectual, es decir de la más privilegiada, de quien se pretende que comprende y percibe mejor los intereses reales del pueblo que el pueblo mismo».

¿No es eso acaso lo que ocurre hoy en Venezuela? Sí, eso es lo que ha ocurrido. Y eso tiene una explicación clara: el afán socialista de tener un control férreo sobre la vida económica, siempre se torna incompatible con el pluralismo político y social, que es el fundamento de la democracia. Así, el creciente control del gobierno sobre las decisiones económicas, que promueven los socialistas ultras y moderados, inevitablemente da paso a las tendencias autoritarias y antidemocráticas de los gobernantes. Y eso, tiene siempre resultados nefastos para los pueblos. Como advertía el historiador anarquista Rudolf Rocker: «También una sociedad sin propiedad privada puede esclavizar a un pueblo. La dictadura puede suprimir una vieja clase, pero siempre se verá obligada a acudir a una casta gobernante formada por sus propios partidarios, otorgándoles privilegios que el pueblo no posee». Ahí están los casos de varios miembros de las élites chavistas, grabados disfrutando de sus compras en Miami, Australia y otros países capitalistas, mientras el pueblo venezolano debe asumir las miserias y carencias de la economía socialista.

El socialismo en ese sentido, siempre ha hecho la misma promesa con los mismos nefastos resultados. Promete acabar con los privilegios, las desigualdades y los monopolios, pero termina creando, como advertía Benjamin Tucker, un vasto monopolio controlado por el Estado y una nueva clase privilegiada como relataba Milovan Djilas. Entonces, la paulatina supresión de la libertad económica bajo la excusa de generar igualdad, da paso a la paulatina supresión de la libertad política bajo la excusa de defender la democracia. Eso, inevitablemente dará paso a la creciente arbitrariedad de los gobernantes socialistas y peor aún a la miseria generalizada de los ciudadanos. Eso ha ocurrido en Venezuela.

No se equivocó Benjamin Tucker al advertir que, en cuanto al socialismo: «La sociedad no estará fundada sobre la garantía del disfrute igualitario de la mayor libertad posible. Tal libertad, en caso de existir, sería muy difícil de ejercer y podría ser suprimida en cualquier momento». Ahí están las frecuentes leyes habilitantes de Chávez y Maduro para gobernar por decreto. Así, bajo el socialismo, la libertad de elección del ciudadano queda sometida constantemente al capricho de la autoridad (en el caso de Venezuela al capricho de los militares), que pervierten la ley para justificar sus arbitrariedades y preservarse en el poder. Bajo este escenario, tal como advierte Hayek: «habrá especiales oportunidades para los brutales y faltos de escrúpulos». Entonces, y aunque Venezuela tenga una constitución con casi 350 artículos, la igualdad ante la ley y los derechos humanos terminan siendo letra muerta frente al extravagancia de las autoridades, incluidas las de más bajo rango como policías que roban, asaltan y permiten que los colectivos chavistas actúen con total impunidad.

La vía venezolana a la servidumbre tiene un origen claro y preciso: la dinámica colectivista impulsada por Hugo Chávez en nombre del socialismo. El mismo que varios en Chile promueven, ahora de manera hipócrita debido al desastre venezolano. Como advertía Hayek: «Cuando llegue a ser dominada por un credo colectivista, la democracia se destruirá a sí misma inevitablemente». No es extraño que actualmente sea un hombre masa, que se dice demócrata sin serlo, el que gobierne Venezuela. La turba está en la cúspide del gobierno venezolano y actúa como tal. No actúan con justicia en ningún sentido sino que ejercen su burda dominación. Por eso predomina, no solo la más tosca demagogia sino que la oclocracia, el caudillaje de la muchedumbre, personificada en los colectivos armados que actúan con el beneplácito de los esbirros gubernamentales. Finalmente, en Venezuela se ha instaurado el síndrome de Hybris, la enfermedad del poder. Por eso Maduro les pide a las vacas aumentar la producción de leche.

 

 

 

 

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La familia como unidad

Hablar de la familia en Chile resulta, al menos, algo incómodo. La misma palabra trae consigo una serie de preguntas fundamentales que no todos están dispuestos a responder. Es un tema –no cabe duda– políticamente incorrecto y, por lo mismo, rara vez se aborda adecuadamente. Además, como escribía en una oportunidad Manfred Svensson, la discusión pública sobre la familia está capturada por quienes pretenden reivindicar o criticar la vida sexual de algunas personas, lo que hace imposible una comprensión global del problema.

Lo anterior resulta especialmente preocupante, si se tiene presente la importancia radical de la familia. En efecto, es difícil imaginar otra institución que sea tan fundamental para la sociedad. Por un lado, como decía Chesterton, por más esfuerzo que haga el Estado –o cualquier institución– por usurpar el rol de la familia, siempre fracasará; ella cumple una serie de tareas, comenzando por la generación de la vida y la educación de los niños, en las que es irremplazable. Por otro lado, es innegable que una gran cantidad de problemas sociales encuentran su origen –o al menos en parte– en la fragilidad de la familia. Hablar de educación, de drogadicción, de alcoholismo, de abandono del adulto mayor, del Sename, de delincuencia, sin hablar de la familia, no tiene mucho sentido; equivale a pretender enfrentar un problema sin interesarse por sus causas. De ahí que el tema de la familia no sea un asunto exclusivamente de principios morales, sino una cuestión de indiscutida relevancia política. Es decir, no es posible desarrollar un proyecto político contundente ni pensar en la sociedad que se quiere configurar, sin referirse a la realidad familiar.

Lo anterior implica tomarse en serio la familia, y ver su revalorización como un desafío político de primera importancia. En esta línea, un primer paso consiste en reconocer su carácter social, lo que requiere necesariamente considerarla como una unidad. Esto, que parece una obviedad, no lo es tanto si se tiene presente la forma en que gran parte de la clase política se aproxima a los problemas que aquejan a esta primera y básica sociedad. En particular, el actual gobierno ha articulado una retórica bajo la cual subyace la idea de que la familia es un mero conjunto de individuos que conviven, cuyos vínculos son esencialmente funcionales y afectivos y que, en la medida en que no cumplan el rol que la sociedad les asigna, pueden ser fácilmente disueltos. A esto se suma la controvertida tesis de que la familia se funda en relaciones de conflicto y opresión. Muestra evidente de lo anterior, es la inestabilidad del vínculo que hoy se propone como fundamento de la familia (en la actualidad, el matrimonio tiene que literalmente competir con el AUC) y las iniciativas legales que desvalorizan el derecho de los padres de educar a sus hijos (paradigmático es el caso del proyecto de garantías de la niñez).

Es común escuchar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es igualmente común que nadie tenga muy claro qué significa esto. Por lo mismo, el desafío de fortalecer la familia pasa, en primer lugar, por comprender que lo que se quiere no es fortalecer a los individuos que la componen unilateralmente considerados. La idea es fortalecerla como un todo, lo que implica necesariamente mirarla como una unidad. En palabras del filósofo y sociólogo Pierpaolo Donati, en la medida en que no veamos a la familia como un sujeto social, difícilmente podremos advertir su relevancia social y, por tanto, política.

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Consistencia

PENSABA ESCRIBIR  sobre las propuestas programáticas del Presidente Piñera. Especialmente su compromiso de duplicar el crecimiento y, así, recuperar el empleo de buena calidad y la capacidad de aumentar las remuneraciones. Es el corazón de lo que el país necesita con urgencia. Pero la realidad a veces nos logra sorprender a todos. Un reportaje televisivo nos mostró que el Partido Socialista participaba activamente en las mesas de dinero e inversión, en mercados de Chile y  el extranjero. ¡Lo hacía casi 20 años y muy calladito!

Es muy malo para cualquier sistema político cuando sus partidos pierden tan profundamente su consistencia. Cuando olvidan su identidad o razón de ser. Cuando traicionan su historia y trayectoria. Eso es lo que dramáticamente ha quedado al descubierto con el “inversionista” PS. Es tan profundo el impacto de estas pérdidas de consistencia, que sus propios militantes y adherentes deben sentir algo más que  vergüenza y desilusión.

Pensemos tan solo en la historia del PS: partido emblema de la lucha de los trabajadores, sus líderes y mártires, su ideología, convicciones y actitudes que han forjado su alma. Todo ello ha sido traicionado. Un solo ejemplo para mostrar este terremoto: el Partido de Allende invirtiendo en la empresa del yerno de Pinochet. ¿Suficiente o aún falta algo?

Pero no es solo un problema de identidad histórica. Es también un tema de conductas democráticas, de testimonio de consecuencia frente a la ciudadanía. El partido quizás más duro, en sus formas y lenguajes, para descalificar el sistema de libertad económica, la participación de los privados en la economía, los sistemas financieros, la existencia de grupos económicos, las inversiones especulativas, la explotación de recursos naturales, resulta ser sorprendido en las mesas del dinero invirtiendo sus platas en todo lo que públicamente denostaba. Un día sus dirigentes daban conferencias de prensa para cuestionar a grupos económicos y grandes empresas y, al día siguiente, ordenaban invertir en ellos. ¡Irritante doble estándar!

¿Cómo harán ahora para hablar en contra del lucro?

Y también hay una “arista “ de ilegalidad. La actual ley de partidos, incorporó una obligación legal: si el patrimonio invertido supera las 25.000 UF, están obligados a constituir un fideicomiso ciego, según requisitos legales establecidos. Esta obligación regía para el PS desde julio del año pasado y está claro que hasta el momento no se ha cumplido. Es muy fácil prometer ahora nuevas leyes con las penas del “infierno” sabiendo que no se les aplicarán a ellos.

Al final, sin duda queda una moraleja, más allá de sus profundas inconsistencias. Cuando se trata de las platas propias, nadie se equivoca. Se invierte en las mejores empresas, que puedan dar la mayor y más segura rentabilidad. Cuando se trata de las platas de otros, los quieren obligar a entregárselas a la administración del Estado. Así, pucha que es fácil ser socialista.

El otro  caso, el de la “Inmobiliaria Partido Comunista” es simplemente un burdo contrato simulado entre los propios dirigentes PC para eludir las obligaciones de la ley de partidos. Igual lo hicieron con la Arcis. Simplemente, ¡caras de palo!

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