Óscar Contardo's Blog, page 168

La majestad y la estela

Dice Shakespeare en el final de Enrique V que el heredero de la corona, que había sido un príncipe desordenado, frecuentador de tabernas y bajos fondos, campeón de la jarana y de la alegre Doll Tearsheet, fue finalmente un rey justo y noble, que en un breve tiempo dio gloria a Gran Bretaña y que legó “una estela de majestad”.

Los gobernantes, o los líderes en general, son valorizados finalmente por esa estela. La estela no los precede; como el príncipe, pueden tener una mala carrera, un pasado laxo, una biografía un tanto crápula. La estela es lo que dejan después que ese pasado se ha convertido en olvido e irrelevancia.

A los aspirantes a líderes democráticos, sin embargo, se les pide cuando menos un anticipo. Dado que no son príncipes, se les solicita que ofrezcan señales, indicios, alguna capacidad de inspirar, alguna pista sobre las grandezas que avizoran para los tiempos que vienen. Importa un poco menos que su pasado no sea perfectamente angélico si por el otro lado, por el futuro, pueden ofrecer una sinopsis de la estela.

No se trata del programa, una fantasía que los candidatos rara vez tienen estructurada. Michelle Bachelet, en sus dos postulaciones, proyectaba la idea de un país más equilibrado, solidario, participativo. No habría necesitado un discurso para expresarlo, y es muy temprano para saber si lo logró. Pero ese era el anticipo de su estela, inequívoca, translúcida. Mientras más se hunde uno en el historial de la transición, más nítida se ve la estela de cada presidente. Hasta el golpe de Estado tuvo la suya.

En las elecciones de este año, parece, predominarán los debutantes. De los cuatro candidatos principales a la primera vuelta, a lo menos tres serán novedosos (el cuarto está por verse entre Kast, Ossandón y Piñera, pero de momento es más probable que no lo sea). La primera prueba que han enfrentado son las encuestas, que hasta ahora han estado registrando muy poco más que su grado de conocimiento público. No hay en eso valoraciones muy distinguidas.

La segunda prueba se está presentando en estos días, con la creciente necesidad de tomar posiciones, opinar y responder a otras opiniones. El riesgo aquí es enorme, pero -nuevamente- no tiene nada que ver con los programas, sino con esas imágenes leves, representaciones fantasmales del futuro, las trazas del Chile del 2022, una noción de la estela. Hay quienes creen que esto se consigue con golpes de audacia, frases fuertes e ideas violentas, sin reparar que por esa misma ruta pasa también la delgada línea entre la originalidad y el cretinismo.

El riesgo, en realidad, es decepcionar, y no es claro que los candidatos novedosos lo estén percibiendo con el dramatismo que tiene. Hay en el ambiente algo frívolo, amistosillo, naturalista (¿cuándo ha sido el naturalismo un valor?), una pizca de complicidad callejera, otra de excitación nerviosa (“uy, mira dónde estamos, a dónde hemos llegado”) y unas ganas narcisistas de subir las apuestas. El psicoanálisis podría hacer un festín del estado actual de estas candidaturas. Por suerte para ellas, los psicoanalistas están ocupados en cosas más serias.

Pero se trata de la Presidencia de Chile.

Y este es el lado serio de la cosa: la depreciación del rango y el cargo, su reducción a un concurso de aficionados, su degradación a las sencillas ganas de revolver el gallinero (de los candidatos o de sus votantes). ¿O es, al revés, que esto refleja un entusiasmo por la política, un incremento de la vocación pública asociado con una ampliación de la democracia que pone a la más alta institución de la República al alcance de cualquiera? ¿No traduce un estado de anomia política, de pereza social e intelectual por la cual esa institución ya ha dejado de importar y da lo mismo quién la gane?

Desde la restauración democrática, en seis elecciones se han presentado 32 candidatos presidenciales, un promedio de 5,3 por elección. El año récord fue el 2013, cuando postularon nueve. En todo ese período estuvo siempre claro que la fuerza electoral se repartía entre dos coaliciones, reforzadas por el sistema binominal, lo que quiere decir que, del promedio, 3,3 candidatos estuvieron siempre de sobra. Eran testimoniales o tenían fines publicitarios.

Desde el 2003 el Servicio Electoral devuelve unos 887 pesos (valor de hoy) por cada voto obtenido, pero no se produce devolución si el gasto declarado es inferior al total que representan los votos. Además, el volumen de votos se ha contraído en lugar de seguir el crecimiento de la población. Por increíble que parezca, en las elecciones de 2013 votó medio millón menos de electores que en 1989, y para este año parece lógico estimar que serán aún menos. Por tanto, la única manera de ganar dinero con una candidatura sería falsificar los gastos de campaña. La ley del 2003 permite no perder todo el dinero, lo que puede ser un buen incentivo si el objetivo es sacar partido de las externalidades que provoca una alta exposición pública: en este caso habría más negocio que testimonio.

Hoy no sólo está en duda la existencia de dos coaliciones hegemónicas, sino que una ya se ha fracturado, de modo que en su esfera (desde el centro hacia la izquierda) habrá tres candidatos. De este modo, para noviembre son seguros un candidato de Chile Vamos, uno del Frente Amplio, Alejandro Guillier, Carolina Goic, José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami. Si además se cumple sólo la mitad de los anuncios que han hecho diversas personas en los últimos meses, las candidaturas finales podrían llegar a 10 o 12, con perfecta conciencia de que a) casi todas perderán dinero; b) la mayoría llegará sólo hasta noviembre, aunque la carrera larga es hasta diciembre, y c) varias serán olvidadas en cosa de semanas.

Y además, de todas estas, ¿en cuántas se podrá divisar alguna estela?

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Literatura para valientes

Los personajes de Denis Johnson son seres caídos, marginales, a veces totalmente apartados del mundo, seres que de un momento a otro se convierten en individuos increíblemente cercanos al lector. El misterio de esta transformación se hace aún más insondable si consideramos que Johnson, que murió el miércoles a los 67 años de edad, se valió del laconismo para articular una de las voces literarias más potentes de nuestros tiempos.

Johnson fue de esos escritores elegantes, seguros de sí mismos, que creen que la única forma de promover su obra es la obra misma. Renuente a dar entrevistas o a participar en algún modo del circuito de la autopromoción, escribió poemas, cuentos y novelas. En todos los géneros su voz sobresalió, y a mí me cuesta pensar en algún escritor estadounidense vivo que lograse conmover, tal como él lo hizo, con aquella aparente simpleza y, sobre todo, con su brutal transparencia. Tal vez Cormac McCarthy, igualmente alejado de los medios, sea el único autor contemporáneo que supo expresar con similar ferocidad las complejidades y honduras de la condición humana.

La mejor puerta de entrada al universo rudo de Denis Johnson es Sueños de trenes, una novelita corta, inolvidable y conmovedora. Insoslayables también son los relatos de Hijo de Jesús y la novela Árbol de humo. Sus poemas, poco traducidos al castellano, dejan ver esa condición desesperante y de violencia soterrada que hoy en día, a la luz de la situación extrema por la que pasa Estados Unidos, retumban con inquietante sonoridad.

Es más: entre las decenas de teorías que explican el ascenso al poder del bestial Donald Trump, pienso ahora, habría que abrirle una brecha a la poesía de Denis Johnson: allí, en sus versos, campea cierto arrebatamiento, cierta miseria e infamia que pueden dilucidar mejor que cualquier tratado sociológico el devenir de la contingencia estadounidense. En este sentido, Johnson merece ser considerado un profeta, un calibrador de su época que percibió con más lucidez que el resto lo que de verdad ocurría en los estratos poco visibles de la sociedad.

En una de las raras entrevistas que concedió, Denis Johnson sostuvo, parafraseando a Joseph Conrad, que su arte consistía en que el lector oyera, sintiera, viera –así, con énfasis– lo que él intentaba transmitir con el poder de la palabra escrita. Pero, claro, él no se refería al lector en general o a cualquier tipo de lector, lo que me lleva a terminar con una advertencia: su obra no es para el pusilánime o el simplón. O dicho de otro modo: la literatura de Denis Johnson es sólo para valientes.

 

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Incidentes estudiantiles

EL MUNDILLO universitario es incomprensible para quienes desconocen sus códigos. Como en todo círculo hermético, hay que participar de la gazmoñería, convivir con ella y descodificarla si se quiere saber la firme.

En la Escuela de Derecho de la UCh en estos días se expone una serie de fotos que muestran una cadena de protestas cuyo telón de fondo es el frontis de Pío Nono. Con la particularidad curiosa que en la secuencia correspondiente a la toma de 1971-72, donde estudiantes aparecen con cascos y linchacos, el creativo a cargo decidió titularla “incidentes estudiantiles”. En fotos similares de los años 83 y 87 (contra Federici ese último año), en cambio, se las llama protestas.

Presumo que el trasfondo aquí es que la toma del 71-72, organizada por la derecha y la DC en contra de la UP no califica de épica u heroica, mientras que en dictadura éstas involucrarían algo más que “incidentes”. Pudiendo tratarse de lo mismo no están por conmemorar cualquier historia, aun cuando hasta incluso quien ignore la historia como fue, no dejará de reconocer que esa es la Escuela, no otra; no hay fotos de alumnos estudiando o en clases, aunque sí de profesores votando. El mensaje es más claro que el agua, en puros juegos de poder (votaciones y protestas, a veces denominadas meros incidentes) nos llevamos. Es decir, la muestra sería un fiel retrato de lo que siempre hemos sido, si bien contado mañosa e interesadamente.

Atendido este sesgo obvio, me pregunto cómo van a calificar en el futuro la queja del personal de aseo del campus Gómez Millas. Funcionarios indignados alegaban por carta pública la semana pasada que estudiantes hacían una cantidad de asquerosidades en baños y pasillos cuyos restos hay que recoger al día siguiente. ¿Se les tratará de “incidentes” o se tomará en serio y sintomático el reclamo? Excesos políticos y académicos no han sido asumidos anteriormente por la comunidad, por tanto, estas cochinadas y bacanales no tendrían por qué quitarle el sueño a nadie.

Nuestras universidades (tipo UCh) están definitivamente en otra: masificándose, dejando entrar a cualquiera, volviéndose gratis, todo inclusivas, participativas, lugares donde se pretende revisar el pacto social para que sus egresados luego proyecten sus conquistas a la sociedad entera (publiqué un artículo reciente en revista Anales de la UCh sobre el populismo universitario). Por eso, por ejemplo, la demanda por querer hacer en la U. Católica una feria de la diversidad sexual para promover el pluralismo, un eufemismo que no engaña a nadie, obvio que militantes, para nada intelectuales sus intenciones. A lo cual se les contestó que no, y chillaron sectarismo, que los hay en la PUC (de vetos académicos en Historia y Sociología se sabe, pero eso nunca ha preocupado a instancia estudiantil alguna, tampoco a autoridades). En fin, es aconsejable fijarse en lo que apenas se vislumbra de estas instituciones en sus fotos y noticias; quizá no mienten, si bien hay que andarse con cuidado y leer entrelíneas.

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Cita a ciegas

LO DE Guillier me recuerda esas citas a ciegas que resultan mal. Aquellas en las que uno o ambos, al poco rato, lo único que espera es que termine pronto. Que ojalá nadie quiera postre, para pedir la cuenta rápido. En fin, donde perdida la ilusión, uno sueña con haberse quedado en la casa, un panorama que sonaba aburrido, pero que ahora se ve como la salvación.

Para la Nueva Mayoría, Guillier fue eso. Como no tenían con quien salir, lo compraron por popular, carismático y simpático. A lo mejor repetimos lo de Bachelet, pensaron. Claro, en su primer gobierno, a ella tampoco la conocían, pero resultó siendo la mejor cita a ciegas de la historia política. Entonces, ¿por qué no apostar otra vez? Y se equivocaron. Hoy nadie parece contento y lo mejor que puede pasar es que esto se acabe rápido.

¿Quién decepcionó a quién en este cuento? Da la impresión de que el sentimiento es mutuo. Por el lado de los partidos, es claro que compraron algo que no existe. Bastó que lo fueran a buscar para que dejara de ser popular. En las encuestas de enero estaba a un punto de Piñera, hoy está a diez. Se desinfló. Pero eso no es todo. El candidato ha sido errático, no ha podido armar equipos y muestra cero interés y liderazgo sobre los problemas del sector.

Pero Guillier tampoco parece contento. Estamos en el aperitivo de la cita y aparece como lo contrario a un candidato ganador. Se ve incómodo, cansado, ojeroso, sin chispa. Casi aburrido y arrepentido.

De ahí que su ánimo no sea el mejor. Se enoja en las entrevistas y no duda en pelearse con sus contrincantes más cercanos: Goic y Sánchez. Aquellos que se supone tienen los votos que necesita, si es que consigue pasar a la segunda vuelta. Si es que lo consigue, porque el fantasma de que no lo logre ya está instalado. Pero también otro peor: que el candidato tire la toalla antes de agosto y no llegue hasta el final. Como sea, lo cierto es que, hasta ahora, la cita está resultado un desastre. Ambas partes se muestran cada día más decepcionadas, casi acachadas.

Este ambiente de decepción mutua se palpa por todos lados. El coqueteo terminó hace rato. Luego vino la indiferencia y hoy estamos en plena etapa del ninguneo. Primero en privado, pero ahora es público. No hay día donde alguno de sus socios no le refriega su falta de liderazgo y convicción. Y el hombre no se achica y contesta con dureza, como cuando dijo que su pega no es estar alineando a los partidos. En fin, se nota que es una pareja mal avenida.

Y entonces, comienza la cacería de brujas. Hay que buscar al culpable. En defensa del candidato, hay que decir que no es fácil representar un proyecto fracasado y dividido. Pero, aparte de eso, no cabe duda que Guillier es el responsable principal de todo esto. Aceptó un desafío que sabía le quedaba grande. Eso queda claro cada día que pasa. Y todos saben que van a perder. Ahora la pregunta es si es primera o segunda vuelta. O si esto se acaba sin postre; es decir antes de que termine la carrera presidencial. Esto último sería catastrófico para el sector, pero, como van las cosas, tampoco suena tan raro. El desastre ya está instalado.

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Hacia un cambio de régimen político

CINCO SENADORES- Allamand, Harboe, Larraín, Montes y Zaldívar- han propuesto una reforma constitucional para transitar hacia un régimen semipresidencial. Es una iniciativa que puede permitir una discusión en serio sobre la organización de nuestro sistema político, tan necesitado de una profunda renovación.

La moción tiene varios méritos. Por de pronto la amplitud de los firmantes. En tiempos de debate polarizado en donde abundan las descalificaciones se valora una propuesta dotada de amplio respaldo. Por otra parte, acertadamente, pone el acento en la madre de todos los problemas: la dimensión político institucional. El presidencialismo limita el ejercicio de la democracia. El presidencialismo exacerbado que predomina en Chile produce efectos especialmente graves debilitando a un punto extremo al Parlamento, la institución por excelencia de la democracia.

El problema principal que enfrenta Chile se sitúa justamente en este plano. El desprestigio de la política no es por cierto el único pero, su resolución, es clave para pensar en abordar todos los otros. Es evidente, por ejemplo, que tenemos un problema grave de pérdida de dinamismo económico. Tasas de crecimiento sostenidamente por debajo del 2 % hacen imposible la resolución de los grandes problemas sociales planteados. La recuperación del crecimiento pasa por reformas profundas en materia de incentivos a la inversión, legislación laboral, política de innovación. Ninguna de ellas será posible en un Parlamento sumido en el desprestigio.

La recuperación del prestigio del Parlamento es una tarea de largo aliento que debe cumplir con múltiples condiciones comenzando por probidad, idoneidad y transparencia. La calidad de los elencos parlamentarios es clave. Para atraer a los mejores el Parlamento no puede seguir siendo una institución arrinconada y subalterna.

Hay que romper el círculo vicioso. El Parlamento tiene muy pocas facultades frente al Ejecutivo. Su capacidad de iniciativa es limitada y por la vía del manejo de las urgencias es también este último el que fija la orden del día, resolviendo sobre lo que se puede o no se puede debatir. El Parlamento actúa como si fuera muy importante pero en realidad no lo es. Simula disponer de un poder que no radica en él.

Un régimen semipresidencial resuelve positivamente este problema. No se trata simplemente de darle más poder al Congreso sino que de hacerlo también más responsable. Es obligación del gobierno organizar una mayoría parlamentaria que lo sustente. El Primer Ministro es por definición el jefe de esa mayoría. Y es responsabilidad del Congreso apoyarlo. El sistema gana así en eficiencia, las leyes se aprueban con mucha mayor rapidez y el Congreso aparece más estrechamente asociado al quehacer gubernamental.

La propuesta de los cinco senadores apunta en la dirección correcta pero se queda corta. Y tiene un riesgo: ser usada para limitar el debate, para hacer como que todo cambia para que finalmente todo quede igual. El clásico gatopardismo.

Chile necesita un cambio de régimen político, pero necesita también descentralizarse y regionalizarse, afirmar y equilibrar derechos, un Estado ágil y robusto. A lo largo de la transición se han hecho muchas reformas constitucionales. No necesitamos una más. De una vez por todas, tenemos que acordar un sistema de reglas que nos represente. De lejos el mejor método para lograrlo es un proceso constituyente que tenga como objetivo dotarnos de una nueva Constitución.

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Requerimientos de la justicia transicional

UN PAÍS que ha afrontado graves atentados contra los derechos humanos, es un convaleciente de la fractura, dolor y desconfianza que tales situaciones significan. Por ello, debe avanzar en un modelo democrático recuperado que cumpla con cuatro grandes objetivos: investigar los abusos cometidos y sus fundamentos, ejercer las acciones penales y obtener las sanciones de los culpables; brindar reparación a las víctimas y efectuar reformas institucionales para precaver que situaciones de la envergadura descrita vuelvan a ocurrir.

Esos elementos dan forma a la justicia transicional que combina un sólido respaldo jurídico con compromisos morales que eviten “vueltas de mano” (comisiones especiales, juzgamientos sumarios, apremios ilegítimos) o atentados propios de un afán vindicativo no aceptable. En efecto, así como las sociedades occidentales deben hacer grandes esfuerzos para evitar la tentación de usar con los terroristas -sus decididos agresores- los mismos métodos de éstos, la justicia transicional debe someterse a estándares básicos que eviten reproducir atentados ahora en la persona de los victimarios.

En esa perspectiva, Chile ha avanzado considerablemente y si bien las medidas adoptadas en múltiples frentes no producen, mágicamente, efectos de total superación de lo ocurrido, sin duda ayudan a ello. No podría dejarse atrás nuestro pasado reimplantando la pena de muerte para quienes mataron, torturando a los torturadores o negando derechos a los culpables y ello explica porqué no es admisible degradar a los uniformados en retiro culpables de atentados contra los derechos humanos.

Una razón obvia es que no pueden aplicarse retroactivamente penas o sanciones a los partícipes de tales delitos -así lo dispone la Constitución y las leyes, pero también la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma-, pero también debemos considerar que el rango militar de estas personas fue producto de una carrera y méritos obtenidos que deben separarse de las actuaciones en que incurrieron; muchas obtuvieron su retiro ya en pleno gobierno civil y, asimismo, varias de ellas fueron compelidas a participar por aplicación del principio de “obediencia debida”, que luego fue desechado como argumento exculpatorio, por lo cual no los libró de responsabilidad penal, pero explica por qué se vieron envueltos en situaciones tan graves sin haberlas ideado.

Es probable, finalmente, que el ansia por degradar expost a estas personas se deba a la molestia que generan las pensiones que reciben como militares en retiro. Sin perjuicio de recordar que privarlos de su pensión importa transgredir la Carta Fundamental, pues ésta prohíbe el castigo de pérdida de derechos previsionales, hacerlo no afectaría en realidad a los que están presos, sino a sus familias, o a las viudas de quienes fallecieron, o a quienes ya cumplieron con sus condenas y son ancianos sin mayores recursos.

En este sentido, el fallo de la causa 2991/2016 del Tribunal Constitucional (TC) interpreta muy bien lo destacable aquí: haciendo suyos los principios pro homine e indubio pro reo, que pueden calificarse de verdadero ius cogens, el TC considera que las garantías procesales del nuevo Código Procesal Penal deben aplicarse incluso a juicios regidos por la ley anterior, a fin de “evitar la vulneración a los derechos esenciales de la persona, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

Ésta no es una discusión sobre la culpabilidad ni sobre lo reprochables de las conductas cometidas, sino sobre la necesidad que tenemos de no incurrir nosotros en las mismas, desconociendo que los condenados – vigente el Estado de Derecho del que nos enorgullecemos – también tienen derechos.

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Necesidad de memoria y reparación

MÁS DE 40 años han transcurrido del Golpe de Estado de 1973. A partir de esa fecha, la dictadura inaugura un periodo de persecución de los opositores al régimen. Se trata de una política de aniquilación que supone miles de víctimas en que los delitos nos remiten al horror: asesinatos, torturas, violación (por personas y animales), desaparición forzada de personas, ejecuciones sumarias. Esos delitos hoy reciben el nombre de lesa humanidad.

Víctimas y familiares llevan años reclamando la impunidad de esos crímenes y quienes hoy se encuentran condenados son responsables de delitos gravísimos. Si están cumpliendo condena en su tercera edad es porque la impunidad se extendió demasiado tiempo y gozaron de privilegios que no merecían ante tamaña responsabilidad. Sin perjuicio que la responsabilidad se encuentra acotada en unos pocos, conviene recordar que son miles las víctimas y los delitos cometidos y no podemos olvidar el contexto que genera esa barbarie: el terror. Siguiendo a Arendt, el terror es la reivindicación monstruosa e incontestable de la dominación totalitaria que, vaya paradoja, no es ilegal sino que remonta a las fuentes de autoridad de las leyes positivas. Y el éxito de un gobierno totalitario radica en la concentración total del poder, cuando “el terror domina de forma suprema y nadie se alza en su camino”. Eso fue lo que experimentamos y los agentes del Estado actuaron sin límites.

¿Qué ha hecho el Estado de Chile para reivindicar la memoria de las víctimas? Ha habido pequeños pasos. Por de pronto, los Informes Rettig y Valech que contienen reconocimientos sobre el terrorismo de Estado en ese tiempo; también ha habido actos de reparación a las víctimas directas y a sus familiares; asimismo está el establecimiento de lugares de Memoria (Estadio Nacional, Villa Grimaldi, Museo de la Memoria). Sin embargo, no se ha logrado consolidar una política en relación a la Memoria sobre lo que vivió nuestro país en años recientes.

¿Qué ocurre con los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados y su relación con las Instituciones de origen? Pues bien, la respuesta en estos casos ha sido jurisdiccional, con responsabilidad personal pero no institucional. ¿Será posible degradarlos? Y en este punto, se oscurece la discusión por el formalismo legal sin entrar al fondo del problema.

La degradación es una pena (militar) y está establecida con el carácter de accesoria (art. 217 del CdJM). Tiene una característica importante, a saber es “de carácter permanente e imprescriptible” (art. 219 CdJM) y sus efectos, entre otros son la “privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares” (art. 228). Por tanto, si los condenados no se encuentran en las hipótesis del Código, no se puede imponer esta pena accesoria. Y eso es regla básica del derecho penal.

No obstante, la degradación también tiene un carácter simbólico, ya que se trata de una sanción a personas que son indignas de pertenecer a una Institución que tiene el honor como pilar básico. Y este es el caso. Los condenados por crímenes de lesa humanidad son partícipes del terror; los condenados no sólo apremiaron a personas sino que sus crímenes violan la conciencia humana en el respeto de límites básicos; esos condenados robaron la dignidad a las víctimas y contaminaron sus Instituciones, por lo mismo, no merecen formar parte de sus filas. Por ello es justo una política de memoria que considere su degradación.

Con todo, no confundamos la discusión. Una cosa es la existencia de estas penas pero teniendo presente que no se puede imponer como sanción la pérdida de derechos previsionales. Frente a la polémica por las jubilaciones de los condenados en estos crímenes, ha sido por responsabilidad del Estado que los protegió por tanto tiempo y produjo la impunidad.

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Codelco: ¿Empresa o servicio público?

Misión de Codelco: “Desplegar en forma responsable y con excelencia, toda nuestra capacidad de negocios mineros y relacionados en Chile y en el mundo, con el propósito de maximizar en el largo plazo nuestro valor económico y los respectivos aportes al Estado”. Clarísimo y muy sensato, dirá usted. Mal que mal hablamos de una empresa, siendo de sentido común que sea gestionada en pos de maximizar el valor para sus accionistas, en este caso todos los chilenos. Sin embargo, esto podría estar en riesgo a juzgar por una serie de pronunciamientos recientes de la Contraloría General de la República (CGR).

Apelando a los principios de “eficiencia, eficacia y probidad”, propios del derecho administrativo, la CGR pone en duda las facultades de Codelco para negociar colectivamente sus planes de retiro. Un precedente que puede comprometer su gestión de recursos humanos. Si bien el marco legal de la cuprífera es explícito en que sus relaciones laborales se rigen por el Código del Trabajo, la CGR advierte que ello supone una “libertad de disposición patrimonial de la cual carecen quienes administran recursos públicos”, como sería el caso de Codelco.

La CGR también sugiere que, en materia de adquisiciones y contratos de servicios, la empresa debe operar aplicando los principios que reglan las compras públicas y que rigen a los organismos del Estado. En efecto, señala que “los contratos administrativos se celebrarán, por regla general, previa propuesta pública, por lo cual la corporación deberá tender a que sus negocios sean realizados bajo dicha modalidad”.

A partir de los cambios legales de 2009 -requisito de acceso de Chile a la OCDE- se introdujeron mejoras sustanciales en pos de la función empresarial de la empresa. Entre otras, un nuevo gobierno corporativo y el regirse por la ley de S.A. en un amplio espectro de temas.  Estos valiosos cambios contribuyeron, por ejemplo, a que la empresa cerrara prontamente con éxito y sendas utilidades el diferendo que mantuvo con Anglo American en 2012.  Y en años recientes, bajo el liderazgo de su presidente y presidente ejecutivo (que ojalá se mantuvieran en el próximo gobierno), a una importante reducción de costos (incluyendo la desvinculación de 1500 trabajadores) y avances en transparencia y manejo de conflictos de interés.

Los principios invocados por la CGR ponen en jaque cuestiones esenciales para esta senda de mejor gestión. Porque la pregunta de fondo es si Codelco, tal cual lo ha expresado su presidente Oscar Landerretche, debe manejarse con criterios empresariales o bien ser tratada como un servicio público. Una pregunta que, por cierto, también aplica al resto de las empresas públicas. De ahí la máxima importancia de este asunto.

La cuestión obvia es el porqué de estas diferentes interpretaciones. La CGR no actúa en el aire, sino que apelando a su lectura del marco legal. Parte de la explicación puede tener que ver con nuestra maraña regulatoria y las contradicciones normativas que en ella corren el riesgo de generarse.  De ser así, es fundamental que el Parlamento, sin buscar una ganancia política de corto plazo, contribuya a clarificar este embrollo a través de precisiones legales. Porque, al final del día, lo único claro es que si las empresas estatales deben ser administradas como servicios públicos, mejor bajemos la cortina.

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Trump y el frente anti-iraní

Una misión del viaje de Trump por el Medio y Oriente y Europa ha sido crear un frente internacional contra Irán, el país que firmó con Estados Unidos y otras cinco potencias un acuerdo nuclear en el que el republicano no confía.

En este frente, Trump aspira a que jueguen un papel determinante Arabia Saudita e Israel, dos países que no tienen relaciones diplomáticas y que, a pesar de los contactos informales y la buena actitud recíproca, están en orillas my distintas. Riad es el núcleo del wahabismo, la versión fundamentalista del islam que ha desovado las variantes ideológicas encarnadas por los grupos terroristas fanáticos (ellos consideran que Arabia Saudita no aplica el fundamentalismo en la práctica y por ello se quieren cargar a la casa de Saúd.)

Todo Presidente de Estados Unidos necesita un gran enemigo que ayude a definir su política exterior. Trump hasta ahora no lo encuentra. Se creyó, al comienzo, que podía ser China por lo que Trump dijo en la campaña; se ha dado cuenta de que el costo es demasiado alto y de que Pekín quiere ser su socio.

Una segunda opción era Corea del Norte, pero Washington se ha topado con un muro, este sí, infranqueable. Kim Jong-un ya tiene la bomba nuclear, ha desarrollado misiles de alcance corto e intermedio, y, lo que es más importante, no está dispuesto a bajar la cabeza ni siquiera ante la presión de China, que esta vez sí los aprieta. La única alternativa inmediata –un ataque contra las instalaciones nucleares de Corea Norte- está descartada porque Pyongyang está en condiciones de atacar, en represalia, a Corea del Sur y a Japón.

Siria era otra opción, pero allí hay dos enemigos que lo son también entre sí: el propio régimen de Assad y los grupos terroristas como el Estado islamico y al Qaeda. Aunque Trump ya ha bombardeado Siria a escala muy limitada, no puede decantarse rotundamente por el bando contrario porque no lo hay. Existen, más bien, varios bandos, en el que el radicalismo terrorista juega su papel y en el que las facciones prooccidentales y moderadas no tienen fuerza suficiente.

Por tanto, Irán parece un enemigo más adecuado. Teherán y Riad son las dos potencias musulmanas del Medio Oriente y están haciéndose una guerra indirecta. En Yemén, ambos apoyan bandos contrarios, por ejemplo. Irán, a través de su Fuerza Quds, el brazo internacional de su Guardia Revolucionaria, está activa en Irak (de mayoría shiíta), Siria (cuyo gobierno alauita es primo hermano de los shiítas) y Yemén.  En Palestina,  apoyan a Hamas y en el Líbano, a Hezbolá. Es decir: Irán es hoy, a pesar del debilitamiento económico, una fuente de radicalismo e inestabilidad en toda la zona. Riad y Tel Aviv lo ven como la gran amenaza.

De allí que Trump, bien avenido con los sauditas y muy cercano a Israel, haya lanzado este frente antiiraní. Ocurre, sin embargo, que para darle credibilidad tendría que estar dispuesto a liquidar el acuerdo nuclear que firmó Obama con Irán y volver a aplicar las sanciones que su antecesor levantó parcialmente. ¿Lo está? Parece que no. Su gobierno acaba de ratificar en un procedimiento formal que Irán está cumpliendo su parte del acuerdo y ha firmado la continuidad del levantamiento de las sanciones.

Es decir: Trump está haciendo lo mismo, en los hechos, que Obama, cuya política tanto alarmó en su día a Arabia Saudita e Israel.  No sabemos a estas alturas cómo evolucionarán las cosas, pero el frente antiiraní tiene por ahora un componente retórico y simbólico…y poco más.

 

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Intendentes sin regiones

La discusión sobre la elección de gobernadores regionales ha salido a la palestra a propósito de las diferencias en la Nueva Mayoría. El debate interno no se entiende mucho y, especialmente, no se deja interpretar como una discusión política con alcance nacional e independencia respecto de los intereses de las partes en conflicto. Ahora esas partes no son sólo los eventuales interesados en ejercer los cargos o quienes se ven amenazados por ellos (los parlamentarios de provincia), sino, y por las circunstancias de su peculiar alianza, Guillier y Goic.

Entonces, la Nueva Mayoría le viene a poner, no una segunda ni una tercera, sino una cuarta dificultad severa a la cuestión de fondo: la regionalización.

A la disputa interna entre los dos candidatos de la alianza gobernante, se suma el que el proyecto de reforma que permite la elección de gobernadores no esté acompañado de una definición clara de sus atribuciones; que se diluyan sus –virtuales– atribuciones haciéndoseles concurrir con un delegado presidencial. Entonces, suena a que la reforma, como viene siendo usual en las iniciativas de Bachelet, terminará volviéndose un engendro extraño e ineficaz.

Pero, sobre todos estos baches –cada uno de los cuales puede acabar sepultando la legítima pretensión de las regiones de contar con autoridades dotadas de poder y representatividad reales–, un obstáculo mayor asoma en el horizonte. Ocurre que nuestras regiones, al modo en el que existen hoy, son inviables, económica, culturalmente y como entidades políticamente significativas, capaces de operar como contrapoder al centralismo santiaguino. En un proceso persistente de división, las regiones acabaron siendo quince. Su realidad y peso ha ido deviniendo nominal.

Vale decir, aun cuando se lograsen sortear las trabas impuestas por los intereses político-partidistas, se mejorase el proyecto y se perfilaran adecuadamente las facultades de los nuevos gobernadores, aun cuando, además, consiguiera eliminarse esa odiosa e improcedente figura del delegado presidencial, aun así, la reforma sería un fracaso rotundo, pues en la práctica tendríamos gobernadores sin regiones, sólo administradores de unidades territoriales impotentes.

Una regionalización en serio exige volver a mirar el mapa. La concurrencia no solamente de políticos y juristas, sino también de geógrafos e ingenieros, sociólogos y antropólogos, economistas y politólogos, escritores y militares, es decir, de quienes pueden llegar a saber de las peculiaridades y capacidades del pueblo y el territorio. A partir de un trabajo conjunto de todos ellos quedaríamos recién en condiciones de volver lo que ha sido fruto de decisiones estratégicas de contextos pasados (la regionalización de Pinochet) y de disputas menores entre capitales de provincia, en una propuesta de trazados de líneas en el mapa, que permitiese dibujar pocas regiones grandes, viables, con capacidad de hacerle un peso significativo a la hacinada capital nacional.

Lo que está en juego es grave, de la primera importancia. Una regionalización real, con regiones grandes y capaces de articular una vida económica, cultural y social vigorosa, con gobernadores dotados de competencias administrativas, pero también políticas, no sólo permitiría que los conflictos zonales hallaran soluciones pertinentes y dejasen de sufrir el abandono inveterado en el que se encuentran. Además, las regiones aumentarían su capacidad de atraer cuadros humanos calificados, de distribuir eficazmente el poder político, lo mismo que de esparcir, con mayor eficacia, al pueblo por su tierra, atenuando la segregación, la polución y la prisa según las cuales se vive en Santiago. Del tipo de emplazamiento territorial en el que se habite, si cercano a la naturaleza y espaciado o preponderantemente artificial y hacinado, si considerado con la estética del entorno o construido según los constreñimientos de la gran urbe, depende, en parte significativa, la felicidad de las gentes.

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