Óscar Contardo's Blog, page 164

Sin audiencia

Recién ha terminado el discurso de rendición de cuenta presidencial, el último de la Presidenta Michelle Bachelet. Un discurso que dibujó claramente el ánimo con el que la Presidenta enfrentará sus últimos meses, la defensa de lo hecho. Siguiendo la línea de su tweet de que valía la pena haber vuelto a Chile.

La larga enumeración de logros que el gobierno espera  le sean reconocidos, y a los que la Presidenta le ha dedicado su discurso, obviando una dura realidad para su gobierno el que la mayoría de sus reformas son rechazadas por la mayoría de los chilenos. Y este dato sustantivo significa que la comunicación y credibilidad del gobierno requería de al menos una señal de empatía, de conexión con ese malestar ciudadano que enfrenta su actual gestión, la ausencia de este mínimo gesto de mea culpa imposibilita la recuperación del diálogo y valoración de lo que ella espera sea el juicio sobre este su segundo mandato.

¿A quien le habló la Mandataria?, ¿cuál es la audiencia a la que dirigió su última Cuenta Pública?  Podría buscar reencontrarse con la mayoría o convencida de los costos personales y políticos que le han implicado este segundo mandato, que termina en las antípodas del primero, con niveles de rechazo histórico.

El atrincherarse en convencer a los propios, el refugiarse en convencer a los simpatizantes del gobierno de la Nueva Mayoría que lo han hecho bien, es una decisión estratégica de cómo orienta de terminar su gobierno. El problema de esta estrategia es que en sus trincheras quedan pocos soldados, y la división de las fuerzas en diferentes candidaturas como Goic, Guillier y hasta Sánchez hace difícil que en forma coordinada se activen como coro de defensa de lo hecho, y de que este ha sido un buen gobierno. Nada de esto ha ocurrido en las semanas anteriores donde los hemos escuchado hacer todo lo contrario, marcar diferencias y tomar distancia de la Presidenta Bachelet y de sus reformas. Ya sea por ser insuficientes, por estar mal enfocadas o por reparos en su implementación, la verdad es que este gobierno no tiene un sucesor, y eso habla mucho de la verdadera evaluación que sean sus propios partidos acerca de lo que fue este experimento de la Nueva Mayoría.

Un discurso final de reinvindicacin de lo hecho, pero en el que abundaron las promesas, nada al parecer queda de ese llamado a la responsabilidad fiscal del año pasado, liderado por el ministro Valdes. Aquí se apunto a promesas llamativas en cuanto representan a necesidades de la comunidad, pero que representan una importante cantidad de recursos los mismos que han escaseado en estos años, y de los que no se explica cómo se financiarán. Es extraño que sea un gobierno que se va el que ponga el énfasis en promesas que solo podrá cumplir el que viene.

Sin mirar la proyección tampoco, la Presidenta no se hace cargo de la proyección. Ni una mención a los candidatos que tendrían que buscar la proyección, tampoco a plantear la necesidad de mantener las reformas y profundizarlas. Incluso en la arenga final les carga la obligación a otros sin asumir que en la división está también su responsabilidad como mandataria. El legado de Bachelet, el que dibuja su discurso final  es solo para ella. Como reconociendo que sola se ha sentido en este segundo mandato.

Así se empieza a escribir el final de un gobierno complejo, que provocó altas expectativas y cuya capacidad de gestión no estuvo a la altura. Sin mea culpa no reflexión, la Presidenta ha preferido irse en la seguridad de la trinchera, renunció a conectarse con la mayoría de los chilenos que la sigue mirando con distancia, ni un guiño o señal para esa mayoría decepcionada solo un mensaje para los incondicionales, de busca de esos aplausos que han sido tan escasos, sobretodo hacia el final en que se ha quedado sin audiencia. 

 

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Cuentas claras conservan la democracia

En el actual contexto de desafección hacia la política, el no cumplir las promesas, o al menos no expresar abiertamente las dificultades en cumplirlas, es un lujo que las autoridades políticas no se pueden dar. En un momento en que la opción “No Sabe/No Contesta” gana a cualquier candidato en las encuestas presidenciales, es importante reiterar la pregunta que asedia a la política mundial: ¿Cómo recuperamos la confianza en la democracia?

Y tal como pasa en las relaciones personales, la respuesta es que las acciones hablan más que las palabras. Los hechos concretos son un camino importante para reencantar a la ciudadanía, y la rendición de cuentas públicas honestas, oportunas y en formatos amigables, es una herramienta fundamental para lograr este objetivo.

Por eso, al momento de la última cuenta pública del gobierno de Michelle Bachelet, es importante analizar cuántas de los compromisos que se hicieron el año pasado se han cumplido. Para eso, en Ciudadano Inteligente lanzamos una nueva versión del estudio Del Dicho Al Hecho, que analiza cuánto se ha avanzado en las promesas hechas el 21 de mayo de 2016.

Los resultados muestran la complejidad de estar a cargo del gobierno de un país. Si bien hay avances importantes en áreas relevantes, como infancia y energía, otros compromisos emblemáticos del gobierno siguen pendientes, como la gratuidad permanente en educación superior y una nueva Constitución. Es probable que estos temas sigan presentes en los discursos e intervenciones de la Presidenta y su gabinete, es probable también que no todos lleguen a completarse como se prometía en el programa.

Hacer seguimiento a las promesas es un ejercicio que revela que la sola voluntad de un gobierno no es suficiente para concretar compromisos. Se requieren también acuerdos políticos, contextos sociales y económicos adecuados y precisión en los tiempos de ejecución. Mostrar esto a la ciudadanía es un ejercicio de honestidad importante. Es importante también que los gobiernos den a conocer sus avances, que pueden ser muy relevantes para la vida cotidiana de las personas. En un año electoral, este ejercicio de transparencia y fiscalización permite tomar decisiones libres e informadas.

Es importante tener en cuenta, pensando en noviembre próximo, que las elecciones necesitan de un sistema que apoye proyectos políticos, más que sólo candidatos. Si las coaliciones se alinean tras figuras importantes sólo por sus posibilidades de ganar, sin tener como telón de fondo acuerdos transversales construidos de cara a la ciudadanía, las promesas de campaña se vuelven frágiles. La confianza ciudadana se pone (otra vez) en juego, pues los compromisos quedan a merced de la popularidad del gobernante de turno.

Una democracia viva requiere que los gobiernos rindan cuenta de buena forma, pero también que la ciudadanía exija y fiscalice. Este punto es fundamental, también, para recuperar la confianza: Sin ciudadanas y ciudadanos que participen, poco puede cambiar la política. Saber qué ha hecho el gobierno es un paso, nosotros ponemos DelDichoalHecho.cl a su disposición para lograrlo.

 

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Protección jurídica del patrimonio cultural en Chile

Como nunca antes un espíritu “patrimonialista” ha emergido en nuestra plaza, generando debate y movilizando la agenda académica; gubernamental; de la sociedad civil y del poder legislativo, dejando al descubierto, la necesidad de consolidar un orden jurídico que preserve eficazmente, nuestro Patrimonio Cultural, protegiéndolo de nuestro propio olvido, deterioro, obsolescencia e incluso especulación, en el caso de los inmuebles o barrios que lo conforman. Al respecto, nuestro país ha suscrito distintos Tratados Internacionales que detallan el deber del Estado en la materia, además de darle un rango constitucional al considerar al Patrimonio como parte del Medioambiente. Más aun, desde 1925 lo salvaguarda principalmente bajo el alero del  Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Sin embargo, son múltiples las brechas que abordar, a fin de lograr una normativa suficiente. En efecto, se ha propuesto en primer término incluir en la composición del CMN, miembros que brinden una mirada más universal – y no solo técnica -, capaz de representar a de toda la Comunidad al momento de reconocer los valores y la identidad de un bien patrimonial. Se ha planteado, asimismo, la actualización de la norma que clasifica y trata las distintas categorías de Patrimonio, a fin de que también las tradiciones, costumbres, industrias, entre otras, accedan a un mecanismo efectivo de salvaguardia. Mención especial merece la “Zona Típica”, categoría a la que usualmente acceden los barrios para protegerse, pues en su concepción inicial, es sabido que a veces se ha sobre utilizado, facilitando el amparo de territorios que no tienen valor patrimonial; y en otras, tampoco logra amparar suficientemente determinados entornos. De seguro un gran avance será el reciente Reglamento que se publicó al respecto. Todas las anteriores son propuestas sensatas de abordar. No obstante, el gran reto de nuestro ordenamiento es lograr una regulación del Patrimonio y evitar iniciativas que atenten contra su identidad como un mall en altura en Chiloé. Pero, con ello, también permitir y promover, proyectos e inversiones, públicas o privadas, que tiendan a su uso permanente y renovado, pues sabemos que solo de esa forma logramos que por ejemplo, sectores de Yungay, Cartagena o Valparaíso, no fenezcan en el deterioro a nombre del propio Patrimonio. Este doble desafío es sin duda el paradigma a resolver de nuestra incipiente normativa patrimonial. 

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Pulsiones socialistas

LOS RÍOS de tinta vertidos por estos días acerca del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se justifican plenamente. Sin él, para bien o para mal, España no sería lo que es. La elección de su máximo cargo mediante primarias puso en tensión mecanismos plebiscitarios, asamblearios y representativos. Todo ello, en el contexto de un gobierno en minoría que debe negociar, una a una, las leyes. Las del PSOE fueron a tres bandas (Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López), mostrando dos posiciones en pugna acerca de cómo hacer oposición y política de alianzas, el funcionamiento del partido, el modelo de España y, quizás más importante, el de una socialdemocracia que viene en caída libre en Europa.

El triunfo del primero que, para muchos, podría ahondar su crisis, inaugura una era sin contrapesos, con su congreso ad portas, el récord de diez años perdiendo votos y el fantasma del fracturado socialismo francés. Defenestrado el pasado octubre y luego de dos derrotas electorales (pasando de 110 a 84 diputados), se ha destacado su capacidad de resistencia, pero también sus posiciones confusas y zigzagueantes, sobre todo frente al separatismo catalán, el mayor problema que enfrenta España. Los leitmotiv de su campaña fueron un partido más a la izquierda, darle más protagonismo a la militancia y acusar que la abstención en la investidura de Rajoy los había convertido, de hecho, en un aliado objetivo del PP a cambio de nada. Una posverdad como una casa porque el presidente del gobierno ha admitido reclamos socialistas como, por ejemplo, una subida considerable del salario mínimo.

Un analista proclamó el triunfo del alma jacobina del partido. Como sea, da para pensar que, a su interior, haya militantes dispuestos a coquetear con un Podemos con vínculos con el chavismo y sobre el que la propia Le Pen afirma que “está inmerso en la única batalla que merece la pena: contra las políticas impuestas por la Unión Europea”. Por otro lado, la formación morada no trepidará en tensar sus dos posturas, no solo en su afán por ser la segunda fuerza electoral sino también para hegemonizar el campo de la izquierda.

¿Cómo aterrizan estos sucesos en el socialismo chileno? Recordemos que su proceso de renovación en el exterior bebió de las fuentes del español. Por otra parte, aunque la insurgencia contra las elites es reflejo de fracturas sociales a escala global, también se manifiestan a nivel partidario. De esta forma, la coalición de la que forma parte debió enfrentar la emergencia de un flanco por la izquierda y desde adentro (la retroexcavadora), que el Frente Amplio solo viene a profundizar. Enseguida, la derrota de la vieja guardia, expresada en el rechazo a la candidatura de Lagos, no solo encuentra su símil en la reposición de Sánchez contra “históricos” y barones territoriales. Puesto que su opción incluía la histórica alianza con el centro, es también otra derrota: la de esa inspiración socialdemócrata que, en el PSOE, encarnó un Felipe González que hoy se reconoce en minoría.

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Los tiempos que corren

SIEMPRE ES aventurado tratar de descifrar los tiempos que corren. Sin embargo, la cantidad y la calidad de los sucesos que presenciamos invita a arriesgarse.

Son pocos los que podrían establecer una relación causal directa entre fenómenos tan disímiles como el triunfo del Brexit, la confusión que experimentan las democracias liberales, el auge (¿y caída?) de Donald Trump, el escándalo de Lava Jato en Brasil o la crisis de confianza que afecta a diversas instituciones chilenas desde hace años. Cada de uno de estos fenómenos obedece a razones propias de las sociedades donde tienen lugar, por lo que establecer una causalidad común puede ser difícil. Sin embargo, pese a lo anterior, quizás exista un hilo conductor común que ayude a comprenderlos.

Hace más de cinco décadas, el intelectual norteamericano James Burnham señaló que lo que él denominaba “el suicidio de Occidente” podía explicarse por un conjunto de “razones no cuantitativas” que involucraban cambios de índole estructural, moral, espiritual e intelectual. Hoy podría ensayarse una respuesta similar: aunque hay quienes insisten en afirmar que de la situación actual se sale con un mayor crecimiento económico que deje atrás la “nueva mediocridad”, resulta evidente que la incomodidad y angustia que caracterizan a nuestra época hunden sus raíces en cuestiones radicalmente más fundamentales que los vaivenes del ciclo económico.

Es posible que se deban a una doble crisis: por un lado, un problema de identidad; por otro, un desorden de naturaleza moral. Ambos estarían relacionados: hoy vivimos en medio de la incertidumbre que genera no saber con claridad quiénes somos porque, al mismo tiempo que hemos dejado de autopercibirnos en términos históricos, hemos corroído las coordenadas que nos permitían distinguir aquello que es correcto de lo que no lo es.

El resultado es un desajuste que se hace visible en diferentes dimensiones del quéhacer, desde la colusión entre agentes económicos hasta la programación de TV obsesionada con el rating, pasando por la postergación de las soluciones a carencias sociales evidentes por parte de elites ensimismadas y egoístas. Es cierto que las generalizaciones siempre son odiosas, pero al menos en este caso parecen más recomendables que la casuística extrema, porque en esta los árboles no dejan ver el bosque.

Si lo señalado es correcto, la luz al final del túnel sería visible solo si se produce una revalorización de aquellos rasgos que permiten identificarnos como miembros de una comunidad de iguales con un pasado común y por la restauración de virtudes cívicas que hagan posible lo anterior, como la responsabilidad, la solidaridad o el liderazgo que promueve el bienestar general.

No es poca cosa. Lograrlo puede llegar a suponer una renovación de liderazgos y una toma de conciencia por parte de la sociedad civil que en muchos casos se ven lejanos. Sin embargo, la creciente certeza de que nos acercamos a un abismo puede representar un disuasivo potente que motive de una vez el cambio que muchos esperamos ver pronto.

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Modernización mentirosa de la Cancillería

EL PROYECTO de ley sustitutivo (otro proyecto “duerme” en el Congreso desde 2008) para la Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido objeto de serios reparos de parte de sectores especializados y de los propios interesados.

Modernizar la Cancillería significa reformar su estructura, porque su Estatuto Orgánico data de 1978 y su Estatuto del Personal del año siguiente (1979). Un ejemplo es la red de embajadas en el exterior, diseñada de acuerdo a los intereses políticos del gobierno de turno, pero sin el imprescindible estudio conforme a los intereses nacionales. Las misiones diplomáticas chilenas son demasiadas y la falta de recursos hace que su labor sea meramente de representación. No disponen de programas culturales, no realizan actividades comerciales, y la promoción de la imagen nacional, captación de inversiones, innovación, y transferencia de tecnologías son inexistentes.

Es urgente una institucionalidad que le dé continuidad a la política exterior y, como en todo país desarrollado, un servicio diplomático de corte profesional. El Servicio Exterior debe ser el soporte de los gobiernos de turno, nunca así su “caja pagadora” ni su objeto de manipulación.

El proyecto sustitutivo implicaría:

-Aumentar la discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios, politizando la Cancillería (el partido político prima sobre la meritocracia).

-Con excepción de la Dirección de Protocolo, que se encarga a un funcionario del Servicio Exterior, los restantes directores de la Cancillería serían de la exclusiva confianza presidencial (nombramientos que no provienen de la carrera diplomática). Ello habla de la pobre imagen que tienen los operadores políticos (autores del proyecto) del diplomático como un funcionario fundamentalmente de protocolo.

-Incrementa de manera considerable y sin fundamento el número de agregados (de 33 a 48).

-Por sus atribuciones, ampliación de planta, estatuto independiente, y porque subroga a la Subsecretaría de RR.EE., la nueva Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales constituye una suerte de ministerio paralelo, un organismo independiente del eje diplomático central de la Cancillería.

-Crea bajo la dependencia directa del ministro ciertas unidades que, más allá de abultar el organigrama, aumentar el número de cargos de exclusiva confianza de la autoridad, e incrementar el presupuesto, no tienen una justificación evidente. Este ejercicio se repite con las nueve direcciones generales bajo la Subsecretaría de RR.EE. y dos bajo la Subsecretaría Económica. Todas ellas con rango de embajador.

En fin, no hay una reforma integral, porque no se aborda en plenitud el problema de la profesionalización de la Cancillería. Ni siquiera se han atendido las demandas del propio servicio: (a) Terminar la carrera diplomática en el cargo de Embajador; (b) limitar los nombramientos de embajadores políticos (cuota mínima excepcional; (c) todos los directores de RR.EE. deben ser funcionarios de carrera y no solo protocolo; (d) reducir el número de agregados a los propiamente comerciales (Direcon), o bien, a determinados profesionales especializados; y (e) no aceptar la creación de la Unidad de Asesoría Especializada para la Defensa de los Intereses de Chile, porque esa es la función propia de las direcciones pertinentes de la Cancillería. Esa instancia está conformada por abogados sin el adecuado y necesario respaldo diplomático. El proyecto presentado por el canciller Muñoz solo contiene cambios cosméticos, que encubren una profunda politización (desprofesionalización) del Servicio Exterior.

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Proceso Constituyente Indígena, resultados para digerir

DURANTE ESTE mes se entregó la Sistematización del Proceso Participativo Constituyente Indígena. Dicho documento reúne los aportes de los ocho pueblos indígenas presentes en Chile y su  sistematización se realizó bajo derechos que son reconocidos internacionalmente, o sea, no hay invenciones extremistas, sino decantado de experiencia internacional. Más aún, el documento presenta la mayor participación de personas pertenecientes a pueblos indígenas que alguna vez se haya realizado en el país.

El proceso que dio origen a este documento fue impugnado por los grupos más movilizados, los llamados “extremistas” del Movimiento Mapuche, quienes finalmente se restaron del proceso. Por tanto, lo que nos muestra este documento son las deliberaciones de los pueblos indígenas  que dentro del marco institucional democrático y con espíritu cívico acogieron el llamado a construir una nueva carta constitucional, los “buenos indígenas” como a ciertos sectores les gusta distinguir. Para su tranquilidad no hay extremistas, irracionales ni terroristas.

Lo anterior es importante, pues un argumento común para invalidar las demandas del Pueblo Mapuche, especialmente respecto a reconocimiento constitucional, autonomía/autodeterminación y territorialidad, ha sido la tesis que tales demandas no corresponden más que a un grupo minoritario extremista del Movimiento Mapuche, pero que en ningún caso representa el sentir del pueblo mapuche. Así, una salida al conflicto es sentarse a la mesa con los “mapuche buenos” y “civilizados” aislando el factor “extremista” con sus peticiones “irracionales”.

¿Y qué nos encontramos en el informe? Las mismas demandas por derecho que han sido adjudicadas a los mapuche “extremistas”. A saber: reconocimiento constitucional, estado plurinacional, autonomía/autodeterminación y territorialidad entre otros. Al parecer, las demandas mapuches no son un sueño guerrillero, sino que una convicción decantada en la base amplia. Más todavía, ya no son demandas solo del pueblo mapuche sino también de los otros siete pueblos indígenas que existen en Chile, y que están aún más invisibilizados que los mapuche.

Ante esta realidad, surgen algunas preguntas: ¿por qué casi nada de lo que aquí aparece con fuerza (plurinacionalidad, autonomía/autodeterminación y territorialidad) no existe en el informe de la comisión asesora de la presidencia para La Araucanía? ¿Será posible que finalmente el Estado chileno y sus gobiernos se atrevan a abordar políticamente estas temáticas con todos los actores? La incapacidad del Estado de acoger políticamente las demandas expresadas en la consulta de Imperial en 1989, que dio pie a nuestra actual y pobre ley indígena, tiene directa relación con que parte del Movimiento Mapuche tomara el camino de la violencia política. Hoy después de conocer las demandas de todos los pueblos indígenas del país, en la instancia de mayor participación histórica y sin participación de grupos “extremistas”, ¿qué hará el Estado chileno y sus gobiernos? Esperamos que no postergue por décadas, como los 18 que tardó en aprobar la aplicación del 169 de la OIT y los 27 años en que aún no ha cumplido con el reconocimiento constitucional, pues los territorios y su gente anhelan la paz que sabemos solo llegará con la justicia.

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Gobernabilidad

UNO DE los cambios más evidentes que están ocurriendo en nuestra sociedad es la creciente dificultad para gobernarla, ello obedece a diversos factores: la fragmentación del sistema político, la pérdida de un proyecto compartido que puso fin a lo que fue el pacto social cristiano social demócrata, y el enorme cambio en la estructura socioeconómica que hemos experimentado en las últimas tres décadas. Este último punto amerita una reflexión, porque probablemente será el más incidente en las condiciones futuras de gobernabilidad.

Si uno quisiera hacer una suerte de asociación nemotécnica podría decir que a cada uno de los tres grandes grupos socioeconómicos se asocia un concepto que empieza con la letra E. La clase alta aspira a la Estabilidad; la media, tiene Expectativas; y los sectores más pobres, Esperanza. Cada uno se comporta de una manera diferente en función de estas aproximaciones.

La clase alta, por definición, anhela y defiende la estabilidad. ¿Por qué buscaría cambiar el orden social que lo ubica en la parte alta de la pirámide social? Siempre debe esperarse de ellos una actitud refractaria a los cambios.

Los pobres, por su parte, enfrentan necesidades vitales, la subsistencia es un desafío diario y ven muy lejana la posibilidad de salir de la situación en que se encuentran. Demasiadas promesas han escuchado y demasiadas decepciones han sufrido. El punto es que las esperanzas incumplidas llevan a una desilusión que, por regla general, conduce a una resignación tan fatal como inevitable. La esperanza es la ilusión quimérica de un cambio que se sabe improbable.

Pero las expectativas de la clase media son anhelos reales y concretos: mejorar su remuneración, salir de vacaciones, cambiar el auto. Responden al estado de ánimo de personas que han experimentado el progreso, lo conocen, saben que es posible, han abandonado las quimeras, para plantearse metas específicas. Cuando esas expectativas no se cumplen, las personas caen en un estado de ánimo muy concreto y explosivo: la frustración.

Por ello es que el estancamiento económico, en un país de ingreso medio como el nuestro, provoca efectos políticos completamente diferentes de los que se producen en un país en que la clase predominante es la pobreza. En el Chile del siglo XX los largos períodos de estancamiento hacían que la inmensa mayoría, literalmente desilusionada, se volviera aún más dependiente del Estado y su burocracia. Ahora, en cambio, la frustración se canaliza con rechazo al sistema, con incredulidad en las instituciones, particularmente en las que están a cargo del gobierno.

Por ello es que resulta tan grave para la estabilidad social la pérdida del impulso que hacía crecer a nuestra economía, porque tenemos a la mitad del país -tal vez un poco más- anhelando seguir por la senda ascendente que conoció en las décadas pasadas. La movilidad social dejó de ser un fenómeno intergeneracional, para ser una realidad intrageneracional.

Chile vuelve a crecer, respondiendo a las expectativas de la mitad de sus habitantes, o la tarea de enfrentar su frustración será explosiva, constituyendo un terreno abonado y fértil para el populismo.

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La derecha confiada

UN OPTIMISMO exagerado recorre a la derecha. Parapetada en una densa red mediática de columnistas, paneles televisivos favorables y encuestas afines, semana a semana se va convenciendo de la inevitabilidad de su triunfo presidencial. Construye la realidad como le gustaría que fuera, luego la cree y termina habitando plácidamente en esa burbuja.

Prefiere mirar que en una encuesta Sánchez se acerca a Guillier que constatar que Piñera está hace rato estancado o que baja; o que los candidatos del centro y la izquierda suman más que su opción. Tampoco considerará algo demasiado relevante que una coalición progresista y joven gane el Colegio Médico derrotando a las listas gremiales y de derecha. Un decidor termómetro electoral en capas medias ilustradas de histórica significación política.

Esta derecha confiada tampoco reparará que, en un par de jornadas, la candidatura de Guillier ha alcanzado alrededor de veinte mil firmas, acercándose bastante rápido a su objetivo. En el ciudadano de a pie no parece haber ese rechazo ni desprecio -con cierto tinte clasista- que produce Guillier en la elite. En una población más bien mayor y en sectores populares no parece haber dificultades para recolectar las firmas requeridas.

Otro tanto se puede decir del Frente Amplio y de su probable candidata Beatriz Sánchez. Su opción ha ido creciendo, especialmente, entre los jóvenes, y en dinámicas y emergentes capas medias con motivaciones más posmateriales y de nuevos “estilos de vida”. Es cierto que la derecha promueve, sin pudor, al Frente Amplio, tal como lo hizo el Partido Popular en España con Podemos, hasta que este último creció y fue demasiado tarde. Se trataba de fastidiar al PSOE, pero el desarrollo de Podemos hizo que la rebelión ciudadana del 15-M (2011), aunque sea con siete años de atraso, llegara al PSOE, con el triunfo de Pedro Sánchez, lo que abre perspectivas de confluencia en la izquierda española.

Lo que caracteriza a una elite oligarquizada y endogámica como la chilena es que su capacidad de percibir las transformaciones sociales y culturales que se van produciendo por abajo es casi nula. Carece de sensores. Confunde de manera narcisista sus incertidumbres con las de la sociedad y subvalora la áspera experiencia cotidiana de las personas con el “modelo” y ese malestar subjetivo que se va produciendo. La batalla cultural del neoliberalismo -explica Owen Jones- no es impedir que ese malestar exista, sino que las personas lo atribuyan a un problema individual y no de la sociedad, que lo asocien a una solución personal y no colectiva.

La derecha desprecia a sus actuales adversarios. Se resiste a ver la debilidad estructural de su candidato. Piensa que sus contrincantes están poco preparados (lo que quizás sea cierto). Confía en que estos no serán capaces de sumar en segunda vuelta. Sus encuestas semanales confirman la inevitabilidad de su triunfo. Así lo han creído también las elites en diversas partes del mundo, hasta que un día se cuentan los votos y la realidad dice otra cosa.

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La Araucanía: llegar y llevar

Estamos en periodo de elecciones y todos tienen algo de qué hablar, como de costumbre de las propuestas para la Araucanía se hizo un circo y se convirtió en estrategia de izquierda repetir que nada es terrorismo y de la extrema derecha criminalizar. Beatriz Sánchez hace unas semanas prometía la Plurinacionalidad, pero para decepción de muchos en un programa de televisión no pudo ni explicar de que se trata la autonomía, en el otro extremo, el Diputado José Antonio Kast dejo entre ver sin ningún tapujo que tras la negativa a ser censada de la Comunidad Autónoma Temucuicui, podrían esconderse abusos de menores, en Santiago ocurrió exactamente lo mismo y ningún oportunista candidato dijo que las familias del conjunto habitacional Las Perdices de La Reina eran delincuentes, por el contrario, dijeron que se trataba de una protesta social.

El Conflicto en la Araucanía no es tan complejo ni difícil de resolver, la región no es Chiapas ni Bagdad, es un conflicto con dos aristas que nadie se atreve a resolver. Primero, está el asunto de las tierras. El gran hito de la política indígena australiana fue que reconocieron en el caso Mabo Nº 2 que los indígenas eran dueños de sus tierras desde antes que llegaran los europeos, ya no se trataba de entregar tierras como beneficio social, sino que restituir tierras porque el Estado había expropiado a los indígenas. Lo que los australianos recién reconocieron en 1992, Chile lo había reconocido en 1866, en la ley de 4 de diciembre que decía textualmente: “Fúndense poblaciones en los parajes del territorio de los indígenas… “debiendo adquirirse por el Estado los terrenos de propiedad particular”, es decir, los mapuche eran dueños de sus tierras y si el Estado quería fundar una ciudad, traer a colonos o rematar propiedades, primero debía comprársela a sus legítimos propietarios, a los mapuche, y fue justamente eso lo que no ocurrió.

La segunda arista del conflicto tiene que ver con nuestro contrato social, la zona que actualmente comprende la Araucanía nunca estuvo bajo el dominio español y Chile recién la incorporo por la fuerza a finales del siglo XIX, antes de eso, los mapuche ejercían su autodeterminación, una autonomía que fue reconocida por Chile en el Tratado de Tapihue de 1825 en donde se reconocen jurisdicciones distintas. Esa autonomía no fue obtenida por la fuerza, sino que, a través del diálogo, a través de los Koyang, tratados en donde se negociaban y determinaban las normas relaciones de convivencia, de libre comercio, de libre tránsito, de jurisdicción, incluso sobre auxilio en caso de guerras.

La autonomía que tanto revuelo causa hoy, no es más que la invitación al diálogo y negociación de nuestro contrato social para construir un país que nos incluya a todos y en donde cada ciudadano, sea chileno, sea mapuche, sea rapanui o aimara, pueda ser dueño de su propio destino y tomar las decisiones que le afecten en su vida. Lo raro no es la autonomía, no es la diversidad cultural, no son los Estados plurinacionales o federados, lo raro, lo anticuado son los Estados unitarios y homogéneos como Chile.

Políticos más sensatos han dicho públicamente que hay que separar las aguas, una cosa son las legítimas demandas del pueblo mapuche y otra muy distinta los hechos de violencia, esto es un tremendo paso, sin embargo, si solo nos quedamos en las palabras es mera demagogia. Todos sabemos lo que prometió la Presidenta Bachelet en 2013, hasta de estatutos de autonomías hablo. Si un candidato le promete el cielo y la tierra en materia indígena, es un charlatán o no entiende nada.

¿Qué hacemos entonces? Al menos tres cosas. Primero, el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, algo en que en campaña todos están de acuerdo, pero por esas artimañas de la vida nadie cumple después, el sólo reconocimiento no cambiara nada, pero es una prueba simbólica de que quieren que las cosas cambien a futuro. Lo segundo, es cambiar la política de tierras: pasar de la lógica del subsidio social ilimitado a la restitución por previa responsabilidad estatal. Lo tercero, y quizás lo más importante es institucionalizar al diálogo. Una propuesta interesante sería constituir un organismo público autónomo que represente a los pueblos indígenas y que les permita determinas las normas y políticas públicas que les afectan directamente a ellos, la clave está en que se permita la participación política efectiva de los indígenas, si sólo se limitara a aprobar o modificar las propuestas de otros, será lo mismo de siempre, el mismo cuento que en nada contribuye.

Con estas tres propuestas no vamos a evitar que en el futuro existan más focos de conflicto, cualquier que conozca la historia de la región sabe que en siglos no se ha podido conseguir algo como eso, pero de esta forma al menos vamos a institucionalizar al diálogo como mecanismo de resolución de controversias. Yo quiero una región más libre, más pacífica y prospera, pero eso no se logrará con estados de excepción ni con más policías, al contrario, de esa forma solo estallará.

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