Óscar Contardo's Blog, page 163
June 2, 2017
Terrorismo: una realidad
EN FORMA reiterada señalamos, en las cientos de charlas que realizamos a lo largo del país, que el peor de los escenarios para los habitantes de la región de La Araucanía era precisamente que las cosas se mantuvieran tal como lo han estado en los últimos 20 años.
Hoy vemos con gran esperanza que las cosas están cambiando y lo que otrora fuera una lucha constante de parte de los gremios, de las víctimas y de cuanto grupo o asociación relacionada con este conflicto, en demostrar la existencia del terrorismo en el sur de Chile, hoy es una realidad. Se ha reconocido por el gobierno de turno y por un sector político con las más claras opciones de obtener el favoritismo del electorado y en definitiva convertirse en gobierno en los próximos meses, la existencia del terrorismo instalado en nuestra región.
Somos testigos de cómo esta simple y no menos grave situación ha sido objeto de sendos debates en el diario devenir de la vida política nacional y ya es un tema país y por qué no de Estado.
Para los sectores más cercanos a la izquierda política, que constantemente intentan en vano convencer a la ciudadanía de que el cúmulo de los graves atentados de que somos víctimas o espectadores no constituyen terrorismo, solo queda agradecer que con su miopía han obligado a los sectores que durante años guardaron un conveniente silencio en estas materias, a tomar partido y definir de una vez y por todas, una posición, la que gracias a Dios, hoy se condice con el más elemental y mínimo ejercicio de sentido común: cuando algo camina como león, huele a león, duerme como león, se declara león y ruge, solo queda concluir que es un león y sostener lo contrario solo demuestra la necedad de algunos sectores políticos que hace mucho rato perdieron el rumbo y el afecto del electorado.
Cuando la dramática narración de la realidad que diariamente nos sorprende con titulares que dan cuenta de cientos de atentados terroristas en el sur del país y la evidencia resulta de tal fuerza de convicción, no se requiere consultar los conceptos desarrollados por organismos internacionales y primeramente tenemos que atenerlos a las normas vigentes y de general aplicación en un país.
Es del caso que el art. 1 de la ley 18.314 que sanciona las conductas terroristas, nos da todos los elementos necesarios para poder distinguir cuando un acto es o no terrorista, señalando que “cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias” estaremos frente a conductas que pueden ser calificadas como terroristas.
Pretender desatender el tenor de la ley por quienes hoy se postulan al sillón presidencial, resulta más grave y preocupante incluso de lo que ocurre en La Araucanía, por cuanto nace la legítima duda respecto de cuántas normas de nuestro ordenamiento son capaces de desatender, si éstas no sirven a sus fines políticos.
El problema queda planteado y la pregunta que sigue parece casi obvia, sobre todo en épocas electorales: ¿y ahora qué?
En este escenario, pareciera que lo pertinente y serio será proponer una salida a la violencia y necesariamente en forma conjunta una salida política a esta olla de presión que hoy solo tiene como válvula de escape la violencia terrorista.
Después de 20 años de violencia terrorista, donde muchos lo han perdido todo, donde se ha atentado contra la vida, la libertad, la propiedad y contra la moral de las personas que habitan el sur, hoy esperamos no solo ver coaliciones de gobierno o candidatos codolientes en este tema, sino que ver plasmados en sus programas y propuestas de gobierno la necesaria solución que se propone, como consecuencia lógica del diagnóstico.
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Días de cuentas
Tres “cuentas” tuvimos este final de semana: la de Adimark, la de Bachelet, la del CEP.
La de Adimark auguraba un día positivo para la izquierda. La presidenta recuperaba su adhesión. En la suma, Sánchez y Guillier superaban a Piñera, Ossandón y Kast. Luego vino la sorprendente cuenta de Bachelet, evidenciando que aún cabe esperar que emerjan, desde la Nueva Mayoría, una mística y una narrativa capaces de otorgarle sentido a unos resultados, en realidad, mediocres. El diagnóstico que le dio el triunfo a esa alianza, de una nación desigual y desintegrada, volvió a aparecer con elocuencia en el tono desafiante de la presidenta y las referencias a su país imaginario. Ella acertó en un punto indesmentible: las reformas de la Nueva Mayoría, aunque criticables, vienen a modificar el horizonte dentro del cual se moverá la política de los próximos años.
La semana parecía terminar, así, bien para la izquierda. Pero, el viernes, la encuesta del CEP vino a darle un justo baño de realidad a los insuflados por los datos y el discurso con tono de arenga. La adhesión a Bachelet queda por el suelo, bajando al 18% (en Santiago el apoyo se reduce a un paupérrimo 13%). Y en las presidenciales, la centroderecha le gana a la izquierda en primera vuelta y en segunda. En todo caso, los resultados no son demasiado holgados, de tal guisa que la rueda de la fortuna sigue girando. Eso, dentro de un contexto en el cual el Frente Amplio rezuma vitalidad, vanguardismo discursivo y práctico, y la gris y vacilante candidatura de Guillier ha resultado sorpresivamente apuntalada desde las honduras del alma de la Nueva Mayoría.
¿De dónde le vendrá a la derecha la fuerza que necesita para remontarse sobre sus hombros y consolidar su mayoría? Y, especialmente, ¿de qué fuente extraerá el saber necesario para -si llega a ganar- conducir la discusión política, mantener la adhesión popular y contribuir eficazmente a modificar virtuosamente el horizonte de sentido del país del futuro? Las respuestas son difíciles de encontrar. Hay un asunto, empero, en el que ese sector no puede omitirse, si quiere alcanzar la altura de visión y praxis que exige el momento actual, a saber: la renovación ideológica.
Algo se ha hecho, especialmente en los partidos, pero no se advierte en las candidaturas un discurso comparable al del Frente Amplio ni al de la Nueva Mayoría. Salir del papel de conglomerado retardatario exige desarrollar una comprensión específicamente política, no sólo económica, de la situación. En ella debe volverse nítida, al menos, la relevancia de dos principios. Por un lado, uno republicano, que aboga -contra el revolucionario- por la libertad y -para resguardarla- por la división del poder, incluida la división del poder social entre el Estado y una economía privada fuerte. El desplazamiento completo del mercado de áreas enteras de la vida social significa concentrar todo el poder -político y económico- en manos del Estado; en Chile: del gobierno de turno. Con esa concentración, las condiciones de la libertad son dañadas. Por otro lado, ha de afirmarse un principio integrador o nacional, atento a la realidad concreta del pueblo en su territorio, que asuma decisivamente la tarea de superar las exclusiones y diferencias más graves, y avanzar hacia la conformación de una manera de ser de ese pueblo más colaborativa y comunitaria.
Si una tal concepción política no cuaja, difícilmente las propuestas y medidas de la centroderecha, por promisorias que parezcan, lograrán evitar su fracaso, sea en las elecciones, sea ya en el gobierno.
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Brasil: realismo mágico
La difusión de la grabación según la cual supuestamente el presidente Michel Temer avala pagos, para evitar que el depuesto presidente de la Cámara de Diputados del Brasil (Eduardo Cunha) “hable” y perjudique sus intereses, desató una crisis política de proporciones, luego de sólo 13 meses que la ex-presidenta Dilma Rousseff fuera depuesta también de su cargo por corrupción y reemplazada por él. Parece ficción insertada en la realidad, tal cual la famosa corriente literaria latinoamericana.
El efecto de cortísimo plazo fue la estrepitosa caída de los precios de los activos brasileros que se trajo abajo al resto de los de América Latina. Las acciones brasileñas cayeron más de 16% en dólares al día siguiente de la noticia, medidas por el ETF EWZ, que replica el índice accionario MSCI Brasil. Por su parte, la bolsa de Sao Paulo se desplomó 8.8%, y el real se depreció 7% dicho día.
El EWZ se ha recuperado 6.5% desde su mínimo de este episodio, aunque aún está 10.9% por debajo del nivel pre-escándalo.
A poco más de dos semanas de la difusión de la grabación, se han sucedido una vorágine de eventos y potenciales desenlaces, ampliamente difundidos y analizados desde diversos ángulos.
El escenario base más “benigno” es que Temer deje el poder en el menor tiempo posible. La vía más rápida –y que sería viable- es insólitamente, un juicio en el que el Tribunal Supremo Electoral invalide las elecciones de 2014 por financiamiento ilegal de la campaña “Dilma – Temer”. Juicio que ya estaba en curso desde antes, en pausa desde abril pasado, y que se reanudaría el próximo martes 6 de junio y debiera finalizar el viernes 9 del mismo mes. Cabe la posibilidad que se vuelva a postergar, lo que dilataría este escenario por semanas…o meses.
Los otros 3 escenarios que sacarían a Temer del poder son (i) la renuncia (a la que Temer, al menos en sus declaraciones públicas, se niega); (ii) un juicio en la Corte Suprema de Justicia o (iii) un nuevo impeachment. El primero parece improbable y los otros dos tardarían demasiado, para resolverse probablemente ad portas a la elecciones presidenciales de 2018.
La siguiente etapa es que si Temer abandona la presidencia, se llamaría a elecciones indirectas en el Congreso. En éstas, la coalición de PMDB/PSBD (dominante en el Congreso) no tendría mayores dificultades para elegir a un gobernante que continúe en la línea de las reformas pro crecimiento y de convergencia fiscal.
Más allá de lo político, en lo que a los fundamentos de la economía y el mercado brasileño respecta, un atraso significativo en la agenda de reformas es perjudicial, por lo que mientras más rápido se produzca el desenlace, mejor. En cuanto a la senda en que está parada la economía brasileña hoy, es considerablemente más sólida que hace un año atrás. El PIB brasileño pasaría de haberse contraído 3.6% en 2016 a crecer 0.2% en 2017 (FMI) y los indicadores líderes (anticipan la actividad en los próximos 6 a 12 meses), ya están en terreno de expansión. Otro flanco significativo, la inflación, pasó de 9.3% anual en diciembre de 2016 a 4.1% actualmente, lo que ha permitido al Banco Central bajar tasas y estimular la actividad. De hecho, la tasa de política monetaria pasó de 13.75% a 10.25% en el mismo período.
Los precios de los activos brasileños se recuperaron de las caídas iniciales y se mantienen estables. El análisis de flujos sugiere algo similar. La semana siguiente al escándalo entraron más de 750 millones de dólares a fondos accionarios brasileños (casi la totalidad de lo que entró a América Latina).
A pesar de la incertidumbre y escasa visibilidad, los mercados parecen estar otorgándole el beneficio de la duda a Brasil, de acuerdo al alza observada en los precios de las acciones de casi 100% desde los mínimos alcanzados a principios de 2016 (pre impeachment de Rousseff).
El mercado nos está señalando que este episodio es sólo un paréntesis en un necesario proceso de ordenamiento fiscal y de reformas estructurales pro crecimiento.
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El populismo peruano
A diferencia del mundo desarrollado, donde hoy se asocia al populismo con la derecha (el nacionalismo, el proteccionismo y la xenofobia), en América Latina esta palabra evoca más bien a regímenes o gobiernos de izquierda, dictatoriales o democráticos.
Una excepción es el Perú. Allí, si bien existe un populismo de izquierda, actúa también una derecha populista que conspira contra el progreso. En ella participan el fujimorismo –heredero de la dictadura de los 90—, varios medios de comunicación, el cardenal y ciertos personajes públicos que uno no sabe dónde situar profesional o moralmente.
Este sector ha existido desde el retorno de la democracia, pero ahora tiene algo de lo que carecía: una mayoría parlamentaria aplastante. Su misión es destruir al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y luego llegar al poder. Ya han tumbado a dos ministros (el primero, el de Educación, al poco tiempo de estrenado el gobierno y el segundo, el de Transportes y Comunicaciones, hace pocos días) y apuntan contra un tercero, el de Interior, cuyos logros en seguridad ciudadana, todavía insuficientes pero ya cuantificables, suponen para el populismo de derecha una competencia o “dumping” político desleal.
Al primero de los ministros lo liquidaron con pretextos pueriles y al segundo, que además es Vicepresidente, por tratar de mejorar un contrato firmado por el gobierno anterior.
Si esto sucediese en el contexto de un repunte de la inversión privada, sería menos grave. Pero ese repunte no se produce, en parte por la crispación que provoca el populismo fujimorista. Otra parte de la culpa la tienen el entorno latinoamericano, el insuficiente atractivo de las materias primas en esta etapa del ciclo y el desasosegado ambiente internacional.
Kuczynski ha empleado hasta ahora la estrategia de la paciencia, respondiendo con baja intensidad a sus adversarios y tratando de ganar tiempo porque piensa que a la larga este ruido político no impedirá el avance de su proyecto y el éxito de su gestión.
Desde el inicio se le plantearon a Kuczynski tres posibilidades de cara a la mayoría opositora. Una: la confrontación temprana, que lo beneficiaba porque la virginidad de su gestión le garantizaba el respaldo mayoritario del país, especialmente del antifujimorismo, pero podía consumir las energías de su gobierno. Dos: la confrontación tardía, que podía ayudarlo a ganar tiempo al comienzo, aunque implicaba el riesgo de llegar a ese momento de definición sin la fuerza política de la primera hora. Tres: no caer en la confrontación ni temprano ni tarde y dejar que la gestión se defendiera sola.
Ya es tarde para la confrontación temprana. Esa oportunidad existió con motivo de la moción de censura contra el primero de los ministros, cuando Kuczynski pudo haber hecho “cuestión de confianza” y forzado, dentro de la Constitución, la caída de dos gabinetes para convocar nuevas elecciones parlamentarias. Ahora quedan dos opciones. Ambas tienen riesgos, pero una cosa está clara: el populismo peruano, ensoberbecido, avanza, contribuyendo a debilitar las instituciones de la democracia, el clima de convivencia y la posibilidad de éxito del gobierno.
¿Qué hacer? La respuesta viene dada por la propia dinámica de los acontecimientos. El populismo fujimorista ha declarado una guerra política a Kuczynski y a los defensores de la democracia. Cada vez que hizo esto mismo desde el año 2001, fue derrotado. Por tanto, es posible volver a hacerlo. Pero la primera condición es entender lo que está en juego, sacar las conclusiones adecuadas de lo que sucede y tener el fuego en el estómago –como dicen los gringos- para acudir a la cita de combatientes. Todavía eso no ha ocurrido y no es seguro que ocurra.
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La verdad sin dudas
Me abruma la cantidad de personas confiadas en sus ideas y creencias. Son personas que han resuelto grandes problemas con palabras. Saben y opinan con aplomo de cualquier asunto que se les pregunte. Son demasiadas las certezas políticas, científicas y filosóficas. Pero, sobre todo, están las tablas de la leyes económicas que se perforan cada semana, no obstante, siguen inmaculadas. Está claro: las dudas no están de moda, son consideradas ofensas, pese a que vivimos diariamente incógnitas domésticas y disyuntivas morales en todos los planos de la vida.
Es comprensible el anhelo de seguridad que se satisface con verdades. Aferrarse a una fe es una forma de navegar en la realidad. Las creencias absolutas permiten definir el bien y mal, y anulan los equívocos, se supone. Para muchos son un respiro a la soledad. Las certezas prefiguran el futuro y explican el presente; las creencias religiosas refieren a la muerte y sus consecuencias. Quienes poseen la verdad no necesitan escuchar a los otros con detención, les parece innecesario. Mejor instruyen a los suyos, recriminan a sus adversarios y enaltecen sus dogmas. Por supuesto que no requieren intelectuales que cuestionen. Son una peste inconducente. El ejercicio de la crítica lo ven como una práctica resentida o un vestigio burgués. Poco les importan las formas, el cómo están escritas o dichas las frases, lo que pesa es cuan alineados están con el mundo descrito por sus certidumbres.
En el espacio político cada uno anda convencido de su verdad. Les da lo mismo que sean muchos los que no la comparten y les da igual ganar o perder las elecciones. Es posible que quienes nos gobiernen de aquí en adelante profesen el convencimiento obstinado, según el cual el error y la irresponsabilidad prosperan en la disidencia.
En lo personal, un paisaje intelectual repleto de apoderados y ortodoxos me aburre. Recuerdo que Raúl Ruiz indicaba que en Chile primero se opinaba y después se pensaba. Hay exceso de juicios y falta el humor. La historia indica que el arte y la literatura adelgazan cuando abandonan la libertad y lo enigmático para adoptar caricaturas o ilustrar causas pasajeras o nobles. Las obras que perduran exploran zonas donde lo incierto y lo sensible se fusionan, donde las contradicciones remiten a la complejidad del carácter humano. Lo impredecible es una constante en el arte, así como el deseo y la tensión por liberarlo. La falta de control sobre la muerte es otra obsesión de quienes han develado los escondrijos de la existencia. Sí, son éstos y otros enigmas los que nos angustian y movilizan sin darnos cuenta.
Debo reconocer que mi afición a la duda ha ido más allá de lo que yo mismo pude tolerar en algún momento de mi vida. Cuando joven alenté mucha interrogante respecto de nimiedades que otros daban por zanjadas. Terminé en el psiquiatra y con diagnóstico. El exceso de escrúpulos es una forma de locura, una neurosis que no deja vivir tranquilo. Paul Valery escribió La idea fija para contar lo que implica la duda cuando deja de ser un método intelectual y se convierte en una pulsión.
Es curioso que en tiempos de suspicacia y corrupción muchos requieran confiar. Por eso aparecieron los amos de las convicciones. A mí me basta con tener unas pocas certezas. Las llevo en la piel. Son pocas pero íntimas. Las demás, las que dicta la razón, la historia o la experiencia me parecen lábiles. Siempre podrán ser cuestionadas y siempre irán mutando con la coyuntura. El resto son dogmas dictados por la religión o la ideología.
Nada mejor que volver a leer a los maestros de la sospecha para resistir la avanzada de censores y fanáticos del discurso apropiado y de moda. En particular a Nietzsche, que explica en breve los resortes del poder que residen en aquellos que sentencian en público y sin pudor. En El ocaso de los ídolos, afirma que “en todos los tiempos se ha querido reformar al hombre: esto es la moral por sobre todas las cosas”. Y que ese intento siempre se ha traducido en un esfuerzo por domesticar -“perfeccionamiento” lo llaman- al que piensa distinto.
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Se viaja para ganar
Hay dos cosas en la vida que realmente me ponen de muy mal genio. Cosas imperdonables, infames, alevosas, propias de rufianes y traidores. Partamos por esa costumbre digna de subnormales, arrogantes y egoístas, que significa rayar los edificios de buena parte de la ciudad o los vagones de metro despreciando la convivencia, la cultura y los bienes públicos. O sea, al resto de la gente. ¿Ha visto idiotez mayor? ¿Habrá un signo más nítido de decadencia? Esa idea de fondo, propia de fascistas (”merezco dejar mi marca, aunque no haya aportado nada a la comunidad, y lo haré causando daño”), para algunos sólo puede ser corregida con educación y no con castigo.
Discrepo. Primero, porque la ley está para cumplirse y para defender al débil… en este caso el que no responde la agresión física, ya que eso y no otra cosa son los rayados. Y segundo, porque es un hecho que la mayor parte de los delincuentes que agreden a la ciudad de su excremento visual, no son precisamente analfabetos.
Ya fueron educados, ya pasaron por el colegio y la universidad. Más que carentes, son abusadores. Solicito, pues, un mayor cuidado de autoridades y ciudadanos, una acción más resuelta, para frenar al rayador infame… que no tiene nada que ver con el verdadero grafitero, que jamás pintaría sobre el mármol, los edificios históricos o las piedras centenarias.
Eso por un lado. Por el otro, y aquí entramos al terreno del sagrado futebol, siempre he sentido una gran distancia y desprecio hacia cualquier tipo de racismo bobalicón o de nacionalismo pueril (valga la redundancia). A cualquier aparición, para que se entienda bien, de los demonios supremacistas. Pues bien, la visita de un equipo de jugadores de Burkina Faso -porque no era, como se dijo en un comienzo, su selección- para jugar anoche frente a Chile, generó, una vez más y como era predecible, todo tipo de chistecitos y comentarios cargados de incultura y torpeza. Y eso, claro, da vergüenza. Ajena, porque al menos yo no creo formar parte de la misma patria que esa gentuza. Habrá que trabajar mucho, de todos modos, para sacar de una vez por todas esa brutalidad de nuestros estadios, nuestros colegios, nuestros salones o nuestros bares.
A propósito: hoy mismo, mientras usted lee esto, ya vamos viajando con Mega, como canal oficial de la selección chilena, rumbo a Rusia para transmitir la Copa Confederaciones. Y, antes de eso, los amistosos de los días 9 y 13 de junio ante Rusia y Rumania. Ojalá el gran contingente de hinchas nacionales que llegue por esos pagos -se calcula que podrían ser unos 20 mil- sepa comportarse con educación. No estamos para nuevos bochornos como los vividos en el Mundial de Brasil o en el estadio de Corinthians.
¿El objetivo deportivo? No puede ser otro que ganar el torneo. No sólo por la calidad futbolística de quienes defenderán una vez más a la Roja, sino porque este tipo de compromisos se juegan sólo para ganarlos. O al menos intentarlo. No hemos estado ni vamos a estar muchas veces más en condición de clasificar a una Copa Confederaciones, por ende hay que tomársela muy en serio. Mucho más que el resto.
No es un lugar para probar jugadores, sacar cuentas o promover recambios. Ya varios cometieron el error de pedir aquello en la pasada Copa Centenario: menos mal que nadie los escuchó y Chile terminó jugando con lo mejor que tenía y ganando un nuevo torneo. Igual que en Nanning, para la pasada China Cup (¿será ésta, a propósito, la cuarta copa en línea?). Para países como nosotros, los objetivos son claros. Este 2017 hay que tratar de ganar la Copa Confederaciones y clasificar al próximo Mundial. Punto. Y para eso hay que jugar con los mejores. El descanso o la renovación, que vendrá quizás cuándo, no son tema en estos últimos capítulos del año.
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June 1, 2017
El cuento de la cuenta
Si uno escucha con atención la cuenta del gobierno podría advertir dos partes. Una primera en donde se declara lo que se cree que hace y una segunda en donde se dice algunas de las cosas que el gobierno hace.
Este ejercicio me recordó un libro que recientemente ha sido publicado en Chile del historiador uruguayo, Javier Rodríguez Weber, Desarrollo y Desigualdad en Chile (1850-2009) Historia de su Economía Política, Editorial: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana (Dibam). Año: 2017. Es un libro de historia sobre la desigualdad económica en Chile. Lo interesante de este libro es que no solamente presenta datos distributivos sino que hace un estudio dialéctico de como cambios, incluso inesperados, y contextos afectan el desarrollo de la desigualdad. Uno de los resultados es la identificación de tres factores estructurales que afectan la dinámica de la desigualdad en el largo plazo. Estos son: la preponderancia de la explotación de los recursos naturales en la estructura productiva, instituciones políticas incrustadas y de muy complejo cambio y el poder económico y político de la elite.
A la luz de esto me gustaría referirme al cuento de esta cuenta.
Porque lo que el gobierno declara creer que hace es justamente afectar la desigualdad. Declara que en Chile no se había hecho lo suficiente para combatir las grandes desigualdades que arrastraba. Lo dice en pasado porque el gobierno declara haberlas superado. El gobierno declara que en Chile imperaba la pura lógica de mercado en temas vitales como la educación, la salud o la vivienda. Que la economía descansaba en las bonanzas pasajeras o en la visión cortoplacista donde no hay crecimiento sostenido ni se favorece el emprendimiento. Que la democracia no representa bien el poder de los ciudadanos o se tolera la corrupción, crece la desconfianza y el sentido de comunidad se debilita. Declara que la situación no daba para más y que era necesario hacer cambios de fondo, con participación de todos y mirada de largo plazo.
Creo que estamos de acuerdo con una parte de eso. El tema es ocupar la forma verbal de pasado en vez de presente. El país no se encontraba en esa situación, sino que se encuentra, como otras veces en su historia, en una situación insostenible. Con alta presión por democratización de la economía, la política y la vida en general.
En la segunda parte, la cuenta declara creer que ha superado todo esto con las políticas que ha diseñado con la participación de todos y todas.
¿Es así?
Claro que no. Hace ya varios años hay un profundo malestar social que demanda el fin a las AFPs y un nuevo sistema de seguridad social. El gobierno en franca dilatación de toda medida en este ámbito llama a comisión de expertos, los expertos cercanos a él le diseñan con un gran esfuerzo por llegar a un amplio acuerdo una propuesta de cambio, era un cambio pequeño, pero importante. ¿qué pasó? El gobierno se encuentra con que los dueños de las AFPs y estos, por supuesto, no desean ninguna propuesta que no sea dar más a las AFPs, el DL 3500 es una LOCE que necesitan quórum calificado y finalmente parte del mismo gobierno simplemente no cree que los principios de la seguridad social deban normar el sistema de pensiones. Entonces, llegamos a una propuesta que no toca a las AFPs, profundiza el sistema de capitalización individual y deja un pequeño atisbo de seguridad social con bonos para la mujer y para los hombres, con un claro error conceptual para enfrentar colectivamente los cuidados no remunerados. Ni se ha escuchado a las mayorías, ni se ha superado la lógica del mercado en seguridad social, ni ha disminuido el poder de las elites en el diseño de las políticas.
Algo similar podríamos decir de los subsidios a la demanda en educación y vivienda. Con la gratuidad para el que no puede pagar. Con una industria inmobiliaria desregulada. Con Isapres intocables.
Creo que esto realmente no pasa por superación de lo que ya es insostenible. Quisiera que fuera así realmente, pero no creamos cuentos.
Como en el libro Rodríguez Weber (2017) reporta en otros momentos de nuestra historia. Aquí hay instituciones políticas incrustadas con una elite insensible a los cambios, y en realidad todo sigue igual. Lo malo con esto es que también el libro reporta que todo esto junto siempre lleva al conflicto social, que es ineludible.
Seguir sin hacer nada relevante, aceptando la presión de la elite y declarar creer que las políticas que da cuenta realmente supieran lo que existe no supera lo que es insostenible y tampoco evitará el conflicto.
La gestión de aquello pasa por distribuir el poder para realizar paso a paso una nueva etapa en nuestro desarrollo. Pasa por realmente aceptar que la élite está cómoda con la desigualdad, que las instituciones políticas actuales están congeladas y hay poca democracia. Para eso uno puede generar pequeños cambios que generan grandes efectos, por ejemplo la propuesta de sistema mixto y empezar a redistribuir el poder para que la amenaza de no inversión se haga irrelevante.
El cuento de creer que la situación insostenible ha sido superada es solamente eso, un cuento. La realidad es más compleja. Falta mucho aún y falta en primer lugar enfrentar nuestra propia historia.
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La última cuenta de Bachelet
Las lagrimas finales de la ministra Narváez y de la propia Presidenta de la República sintetizan la contrastante imagen entre lo realizado por el actual Gobierno y la situación política que vive el país.
El discurso dejó en claro el horizonte histórico en que se enmarcaba la gestión gubernamental: avanzar hacia una reducción radical de la desigualdad como fenómeno de muchas dimensiones. Constituía un esfuerzo de mucho coraje pues nos habíamos acostumbrado a aceptar los “límites de lo posible” incluso, cuando no sobrepasarlos comenzaba a amenazar nuestra convivencia nacional. Cuatro fueron los temas centrales del discurso: la educación, la economía como un desafío de innovación integral, la protección social y el fortalecimiento de la democracia, amenazada profundamente por el matrimonio espurio entre dinero y política. Si se compara con las prioridades programáticas al inicio de la Administración quedan en evidencia grandes diferencias. Son también las áreas que permiten apreciar tanto los logros como los grandes tropiezos de la Administración.
La reforma de la educación fue siempre una prioridad. El hecho que aparece cuestionada desde la derecha, el centro y la izquierda deja en evidencia que no se fue capaz de resolver los problemas políticos que plantea una reforma de esta magnitud. No sólo hubo incompetencia técnica y desprolijidad en el equipo inicial sino que además dejó en evidencia la dificultad de transformar un sector tan sensible sin un involucramiento presidencial en su impulso y en la conducción política de la coalición reformista.
La relevancia de lo económico no estuvo presente entre las prioridades iniciales, más allá de lo referido a la reforma tributaria. Existía si una visión más sistemática de lo que había que hacer para transitar desde una economía excesivamente basada en los recursos naturales hacia una economía basada en el conocimiento. No podía ser de otra manera, pues la Concertación y luego la nueva Mayoría venía trabajando en esto desde hace 25 años. No obstante, la propuesta no paso más allá de múltiples acciones que no lograron el grado necesario de masividad como para hacer la diferencia. Prueba de ello es la propia cuenta presidencial. Se extendió mucho en lo relativo al sector energético en el que se lograron muchos éxitos pero el resto del esfuerzo, fue sintetizado por la Presidenta en un párrafo. Quizás más importante fue lo que casi no se mencionó en este campo. En particular, lo relativo a la imposición de una política que puso en el centro la austeridad en perjuicio de la recuperación y desarrollo de la capacidad productiva del país, que implica un rol emprendedor del Estado que siempre fue rechazado por el equipo económico. El débil esfuerzo en infraestructura es otra señal en la misma dirección.
La protección social si constituía un aspecto crucial del programa inicial pero la cuenta dejó en evidencia un fuerte cambio en su contenido. Lo fundamental de la propuesta programática era avanzar en el modificaciones del sistema de pensiones, del sistema de salud privado y en el mejoramiento de la salud pública. En lo primero, se fue testigo del trabajo de múltiples comisiones de distinto carácter que todavía no se ha concretado en un proyecto, aún cuando es altamente valorable la idea del nuevo pilar de ahorro colectivo. El tema de salud sigue enfrentado a los mismos problemas. Lo principal del discurso en este campo fue la larga enumeración de subsidios de diferente naturaleza que constituyen un remedio para múltiples y variados problemas. Se trata sin duda de la política que una mayor continuidad ha mostrado en los últimos 25 años. Con todo lo positivo que ella implica no puede desviarnos la atención de los déficits en los temas cruciales del bienestar de la población.
Las medidas del fortalecimiento del sistema democrático, son sin duda el principal legado no previsto de la actual Presidenta. La superación del binominal, el paquete de leyes anticorrupción, las medidas de mejoramiento de los partidos políticos y la posible elección de los gobernadores regionales ayudarán sin duda a tener un mejor país.
Una vez más, los ciudadanos hemos sufrido un discurso que pretende resolver un problema no resuelto por la actual Administración: la gestión política de la acción gubernamental cotidiana. En efecto como una buena parte de los ministros se consideran técnicos, no le dan relevancia a dar a conocer lo que se hace en cada uno de los sectores y no se enfrenta adecuadamente el debate político sobre esos diferentes temas. Es por ello que la Cuenta Presidencial se ve obligada a constituirse en un recuento de una larga lista de medida para que nos enteremos de lo realizado. Pero no es la idea de una cuenta de la marcha global de la Administración. En el contexto de nuestras dificultades no tiene sentido un largo recuento de acciones de diferente dimensión. Es claro que un abultado aparato estatal algo tiene que estar haciendo en cada área, pero no parece razonable que la Cuenta sea utilizada para dar a conocer esas acciones.
La cuenta es para dar a conocer la visión presidencial respecto de los grandes problemas del país y las líneas fundamentales de solución. Debe abordar los grandes temas del debate nacional y mostrar caminos para su superación. En tal sentido, se echó de menos que la Presidenta abordara los grandes problemas que ha enfrentado la reforma educacional, cuáles son los obstáculos, que intereses están involucrados y que tanto y como se pueden compatibilizar. Era necesario conocer la visión presidencial respecto de las causas que explican la división de la ciudadanía en tres campos frente a las diversas reformas (un grupo a favor, y dos grupos opuestos desde la derecha y desde la izquierda). En materia de salud es importante el esfuerzo en construcción y expansión de la infraestructura equipo y profesionales, pero nuestro país enfrenta desde hace tiempo la necesidad de definir que mix público – privado queremos construir pues lo que tenemos no es lo que necesita el país. Del mismo modo, aunque fue importante llamar la atención de que no aprovechamos el boom de commodities para crear nuevas bases para nuestro desarrollo económico, era indispensable meterse en el tema de por qué no hemos avanzado en el desarrollo de una nueva economía. Aquí hay problemas técnicos pero también políticos que es fundamental poner sobre la mesa. Nada de esto fue abordado por la Presidenta. Por ello este discurso no estará entre aquellas alocuciones que forman parte del legado político e intelectual de los grandes líderes del país.
Fue sin duda importante que la Presidenta de una manera prudente se involucrara en los problemas que enfrenta la coalición política que la apoya. No obstante su participación ha sido tardía y débil. La propia confusión respecto de si en la entrevista con la Agencia EFE del día de ayer se había manifestado a favor de una lista única parlamentaria es una evidencia de ello. Más grave aún fue la respuesta de los dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría que no sólo no se hicieron eco de esa apuesta sino que la rechazaron con argumentos de poca monta.
La última cuenta presidencial tiene lugar en medio de manifestaciones estudiantiles en contra de la situación actual de la reforma educacional como señalando que siguen vigentes los problemas que desataron las movilizaciones del 2011. Tiene lugar también cuando el gran empresariado y la oposición de derecha toma el control de los organismos empresariales. Pese a los aplausos, hasta emocionados de los militantes de la Nueva Mayoría, la coalición reformista clave para proyectar el proceso de reformas hacia el futuro, está dividida como nunca. En tal sentido, tiene razón la Presidenta Bachelet al temer que se puedan revertir las reformas. El problema es quizás que cuando la ministra Narváez expresaba su preocupación por la posibilidad de un retroceso al modelo mercantilista, aparecía un problema de credibilidad pues la Administración termina sin lograr presentar al país una visión coherente de su superación. Quizás por eso las lagrimas que derramaron Bachelet y Narváez.
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Si no les puedes ganar, confúndelos
La última cuenta pública del segundo cuatrienio de Bachelet puede resumirse como un mar de logros y promesas difícil de poner en contexto. La larga lista de proyectos de ley aprobados en el último año, pero también en los tres anteriores, y de mensajes que se enviarán este año aparentemente entablan al gobierno como uno satisfecho de haber hecho la pega. Entre la batería de índices y porcentajes queda la sensación de que contra todo pronóstico el gobierno cumplirá con sus promesas de campaña antes de su salida.
Pero esta evaluación parcial auto-complaciente no solo es engañosa, pero es errónea. Muchas de las promesas que se presentaron como cumplidas ni siquiera fueron reportadas hace un año como promesas. Lo anterior naturalmente sugiere que fueron improvisadas para artificialmente incrementar el porcentaje total de cumplimiento. Pero incluso si fueran consideradas como promesas, a juicio de algunos expertos, que se dedican a medir porcentajes de cumplimiento, el gobierno igualmente estuvo significativamente lejos de cumplir con cabalidad.
Este último punto es relevante, dado que para muchos el éxito de un gobierno se mide en el porcentaje de promesas cumplidas. Pero rara vez se ponderan las promesas por su importancia e impacto en la sociedad. Cumplir 50 promesas de proyectos de ley que pasan con mayoría simple, es bastante más fácil que cumplir dos promesas de proyectos de ley que solo pasan con quórum calificado. Esto parece ser lo que explica por qué Bachelet ignoró por completo algunas de sus promesas más emblemáticas.
Un ejemplo de un proyecto de ley que necesita quórum calificado, y es a su vez una promesa emblemática, es la promesa de una nueva Constitución. Si bien Bachelet mencionó que enviará un nuevo texto constitucional para ser aprobado en el Congreso antes de fin de año, aún quedan muchas dudas sobre cuál será el proceso, y qué tan ciudadano será si se hace por medio de una convención constituyente. Mencionar de forma tan breve y tangencial el proyecto más emblemático de su gobierno es por lo bajo lamentable.
Gran parte de la retórica de la campaña de Bachelet y la Nueva Mayoría en 2013 se hizo en base a una nueva Constitución. De hecho, la gran base de sus votantes la prefirieron a ella porque era el camino más seguro para conseguir ese texto. Hoy, en un contexto político completamente presidencializado, en el cual además el oficialismo se encuentra desintegrado, es seguro decir que esa es una de las promesas que no se cumplirá antes del final del cuatrienio. Sin duda un hecho que pone en duda la capacidad política del gobierno.
Quizás una buena alternativa, más que resumir logros y hacer promesas, habría sido usar la cuenta pública para diseñar una agenda de continuidad al legado de la Nueva Mayoría. En particular habría sido importante pasar el bastón progresista que sostiene la promesa de una nueva Constitución a un candidato que asegure la continuidad. Aunque Bachelet manifestó un tenue apoyo a la línea política progresista, fue una remembranza del poco apoyo que le entregó a Frei en 2009, y un presagio del poco apoyo que le entregará a Guillier en 2017.
Fue una cuenta pública hecha para los votantes de la Nueva Mayoría. Los logros y promesas contrastan bruscamente con los índices de aprobación. Muchos se preguntarán de qué sirven todos los índices y porcentajes presentados por la Presidenta si la gente no aprueba del trabajo del gobierno. En efecto, a ratos parecía que Bachelet entró al discurso sabiendo que una comparación rigurosa con sus promesas originales sería un fracaso, por lo cual decidió confundir a su audiencia con una larga lista de números desconetxtualizados.
Lo anterior no implica que el segundo gobierno de Bachelet es un mal gobierno–de hecho, ese balance solo se podrá hacer luego de que se bajen las cortinas en marzo de 2018 o incluso años después de eso. Pero lo que sí implica es que el gobierno tomó un rumbo distinto al propuesto en 2013. Todo indica que las grandes reformas ya ocurrieron, y lo que se hará en lo que queda del periodo serán solo reformitas. Quizás por eso habría sido mejor enfocarse más en la continuidad de sus promesas en el próximo gobierno que en celebrar victorias parciales.
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La última cuenta
La Cuenta a la Nación emitida este 1 de junio de 2017 por la presidenta Michelle Bachelet fue un buen y convincente recuento de sus logros, en un contexto de recuperación de su popularidad personal a cifras superiores al 30%. Muchos programas específicos muestran resultados, incluyendo una leve disminución de la desigualdad en 2015 respecto a 2013, la gratuidad en educación superior para el 50% de menos ingresos, un aumento de 10% en la pensión básica solidaria, la creación de más de 300 mil empleos en tres años, el incremento a 17% de la generación eléctrica por energías renovables no convencionales y los 4,5 millones de hectáreas que se integran a los parques nacionales fruto del acuerdo con la familia Tompkins, sin olvidar la unión civil, todo lo cual es muy positivo. También lo es el cambio del sistema binominal por uno proporcional que inauguraremos este año y ojalá la elección de gobernadores regionales, así como los cambios a la ley electoral que ilegalizaron los aportes empresariales a las campañas e introdujeron la pena de pérdida del escaño en caso de violación de esta norma.
No obstante, de las tres promesas principales de su campaña, una no avanzó en absoluto, la nueva constitución, y dos –la reforma tributaria y la reforma a la educación- tuvieron avances y tropiezos.
La reforma tributaria, cuyo diseño inicial terminó recortado en el Senado, estableció un positivo impuesto a las emisiones de carbono y aumentó la tributación al consumo de tabaco y alcohol, importante para la salud pública, pero que hizo inmediatamente impopular la reforma. Se llegó a un sistema excesivamente gradual y complejo, en base a cuatro sistemas distintos, de tributación de las utilidades de las empresas, con una desintegración parcial y no total con la tributación de las personas –que Piñera de todas maneras quiere deshacer porque incrementa, aunque menos de lo necesario, la tributación del 10% más rico de Chile-, un aumento excesivo de la exención tributaria para las empresas de menos ventas y una falta de avance en la tributación por renta presunta. Sobre todo, la reforma no incluyó un ápice en materia de royalty minero, que sigue sin pagarse por el volumen de recursos extraídos, con lo que la tributación de la minería privada sufrió un cuasi colapso en 2016. Ni tampoco nada en materia de rediscusión de la tributación pesquera, luego de que se descubriera la profundidad del cohecho en la legislación aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. El hecho es que entre 2013 y 2016 los ingresos tributarios respecto del PIB pasaron de representar un 16,7% en 2013 a 17,5% en 2016, cifra inferior al 17,6% de 2012. Es decir, los tres puntos de producto que se suponía iba a rendir la reforma tributaria a fines del actual gobierno resultaron casi simbólicos, lo que le quitó márgenes de maniobra.
Si a eso se agrega la política de disminución del déficit fiscal estructural más allá de lo necesario para la estabilidad fiscal, con consecuencias –junto a una tardía acción reactivadora de la política monetaria del Banco Central- sobre un menor crecimiento y la propia recaudación tributaria, nos encontramos con un cuadro en el que las realizaciones prometidas que implicaban mayor gasto resultaron de menor alcance.
Este es el caso de la gratuidad en educación superior, que llegó en 2017 a cubrir a los estudiantes del 50% de familias de menos ingresos y alcanzará a 60% en 2018, en vez del 70% comprometido. Y de la ausencia de toda reforma a la educación superior hasta ahora -se supone que habrá un proyecto que regula a las universidades públicas en las próximas semanas- con arreglos presupuestarios y acuerdos particulares con la Universidad Católica, que negocia –con recursos judiciales incluidos- apoyos públicos indebidos pues no respeta ni la libertad de cátedra ni la libertad de investigación, condiciones razonablemente mínimas para recibir apoyos estatales en la educación privada. La llamada ley de inclusión tuvo el gran mérito de iniciar un tránsito hacia el fin del lucro en el sistema escolar públicamente financiado, pero la reforma de la escuela pública se dejó para el final, sin que aún haya ley ni apoyos presupuestarios importantes, mientras sigue perdiendo matrícula, prestigio y capacidad de inclusión.
Aunque no era un compromiso programático, la reforma al sistema de pensiones también sufrió de la falta de resultados de la reforma tributaria y de la persistencia de la falta de voluntad de reformar en un sentido progresista del equipo económico encabezado por Rodrigo Valdés. Se dejó atrás incrementos más sustanciales en la pensión básica y se plantea a última hora, y sin viabilidad legislativa, un proyecto que aumenta la contribución de los trabajadores sin tocar el sistema de AFP, y con resultados inciertos en tiempos futuros en materia de mayores pensiones. Incorporar de inmediato un pilar de reparto que aumente las actuales pensiones, por ejemplo con la mitad de la cotización obligatoria actual, habría mejorado la situación miserable de muchos pensionados y disminuido el rol de la capitalización individual, que ha resultado un fracaso, salvo para contribuir a la impresionante concentración económica que sufre Chile. Se argumenta por los que son contrarios a los intereses de la mayoría social, coro del que desgraciadamente forman parte las autoridades económicas actuales, con la supuesta contribución a la inversión de un sistema de seguridad social privatizada como en ninguna parte del mundo y que no asegura pensiones mínimamente proporcionales a los ingresos en la vida activa reciente.
Pero donde el balance es paupérrimo es en el tema de la nueva Constitución. La Presidenta Michelle Bachelet enviará, según volvió a señalar, un proyecto en la materia al Congreso a pocos meses de terminar su gobierno. Es decir, se perdió un gobierno completo para de una vez llevar adelante la tarea de reconstruir una institucionalidad que emane por primera vez en nuestra historia de representantes del pueblo convocados para el efecto, salir del quiebre histórico entre los chilenos y darle legitimidad a las instituciones que nos deben permitir sentar las bases de una prosperidad compartida y respetuosa del ambiente en el futuro.
También es el caso de legislaciones variadas, que se enviarán para su tramitación, en la práctica, por un próximo gobierno y un próximo Parlamento, y que constituyen acciones sin consecuencias que no corresponden a decisiones que el actual gobierno pueda concretar (como nuevas líneas de metro, fundiciones y otras yerbas), contribuyendo al desprestigio de un sistema democrático que debe siempre velar por -antes de sumirse en la retórica y la promesa que no se cumplirá- la producción de resultados para el ciudadano común y especialmente para los que, en una de las sociedades más desiguales del mundo, menos tienen acceso a oportunidades y recursos.
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