Óscar Contardo's Blog, page 159

El agotamiento de la agenda educacional

Aunque ha sido escasamente reportado por los medios, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ha estado votando estas últimas dos semanas el proyecto de reforma a la Educación Superior. Los temas que movilizaban a los líderes estudiantiles en 2011, que fueron portadas y titulares durante semanas, que el gobierno durante su campaña hizo suyos y que terminaron en la elección de dos diputados que integran dicha comisión, hoy pasan sin pena ni gloria por una tramitación legislativa tan extensa como dispersa y soporífera.

¿Qué pudo haber causado esto? Tres cosas parecen obvias. En primer lugar, técnicamente el proyecto de ley ha sido considerado deficiente por prácticamente la totalidad de los actores del sistema educacional. La Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación se han manifestado profundamente críticos no solo de la calidad del proyecto sino de su factibilidad práctica. El proyecto resulta utópico hasta en sus provisiones más básicas. Las distintas agrupaciones de universidades también se han manifestado en contra. El proyecto ha terminado siendo tan difícil de defender técnicamente que el rector de la Universidad de Chile, uno de los principales promotores de la reforma, ha limitado su discurso público a acusar a otros de bloquear los cambios. No ha podido defender ninguna virtud del proyecto, más allá del hecho de que existe. La Universidad Católica y el G9 han sido claros en su disconformidad, y se han concentrado en el nuevo frente que el mismo gobierno ha abierto al querer legislar en favor de un trato preferente a las universidades estatales. Lo que sorprende es que las mismas universidades estatales no han demostrado mucho entusiasmo por el proyecto que supuestamente las favorece, haciendo prever una tramitación difícil.

En segundo lugar, el gobierno cometió un error estratégico al adelantar la gratuidad a través de una glosa presupuestaria y disociarla de la reforma a la institucionalidad y la regulación del sector. Las elecciones presidenciales y parlamentarias ya capturaron la agenda de los diputados y la promesa de la gratuidad, más mal que bien, ya se cumplió. Es por eso que el gobierno se ve obligado a “subir las apuestas” cada año, prometiendo incrementar a 60% de los más vulnerables la cobertura de la gratuidad por glosa y así seguir haciendo atractiva su política para las campañas de los legisladores. Esto, con plena conciencia que las instituciones de calidad que han adscrito a la gratuidad tienen déficits financieros que se agravan cada año, y que empeorarán si la promesa presidencial se cumple. Toda la atención, entonces, se ha movido a la Ley de Presupuestos 2018, donde se disputará aisladamente el asunto de la gratuidad, pensando en votos más que en estudiantes.

En tercer lugar, es claro que la próxima etapa de tramitación, el Senado, es un escenario diferente. La discusión volverá a tomar altura, se revisarán principios y visiones, y se deberán buscar soluciones con altura de miras y sentido de realidad a los verdaderos problemas de la educación superior. Y es probable que el proyecto del gobierno se quede corto. La discusión del CAE deberá dejar de ser un puñado de consignas, chantajes políticos y promesas, y habrá que mirar los números. Se deberá sopesar si acaso nuestro sistema de educación superior puede sobrevivir, si lo público se limita a lo estatal, y si el gobierno puede seguir simplemente ignorando a las universidades fuera del CRUCH y sus cientos de miles de estudiantes. No se podrá eludir el déficit financiero de las universidades adscritas a la gratuidad, ni que cada instrumento de financiamiento nuevo que propone el gobierno introduce nuevas discriminaciones arbitrarias. Esperemos que el Senado esté a la altura.

Así, lo que ocurre en la Cámara parece ser solo un juego de luces. Parece que todos se han dado cuenta, menos ellos.

La entrada El agotamiento de la agenda educacional aparece primero en La Tercera.

La responsabilidad política en el gasto militar

SEAMOS PRECISOS. El gasto en fuerzas armadas en un país como Chile siempre va a ser necesario y pertinente. Lo que no es necesario ni pertinente, es el mecanismo de este gasto. No es correcto que, en un país democrático, donde existe una multitud de instituciones y necesidades, exista una ley reservada indexada al cobre, destinada, sin discusión, a gastos militares.

No es normal que Codelco, una empresa que pertenece a todos los chilenos, y que es la más grande del mundo en producción de cobre, se tenga que endeudar, no para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que, para financiar la ley destinada a cubrir única y exclusivamente, gastos militares.

En un país pacífico, que no sabe de guerras desde hace más de un siglo, pero donde faltan médicos en los consultorios y especialistas en los hospitales, donde el empleo es precario, el desempleo crece, y los estudiantes estudian endeudándose, es impertinente endeudarse para destinar, sin discusión siquiera, plata para comprar armas.

Claro, celebramos la construcción, a partir del gasto militar, del nuevo rompehielos en el astillero de Asmar, que ha permitido generar empleo y desarrollar ciencia y tecnología. Pero el camino para el mejoramiento del empleo y el desarrollo de la ciencia y la tecnología no puede ser el del gasto militar. En un país en paz, que quiere alcanzar al desarrollo humano de sus habitantes, gastar plata en helicópteros de guerra es, por decirlo menos, excesivo. Pero cuando los helicópteros se compran por su utilidad en la respuesta a las emergencias y el rescate de personas, el gasto ya no parece excesivo, sino lógico y pertinente.

¿Dónde está la impertinencia entonces? No en la captura del Estado por parte del Ejército, como podría suponerse. Porque el problema hoy, está en el lado civil de la cancha.

Primero, o en la desidia u oscuro interés, de cierta clase política, de izquierda y derecha, que permanentemente sacan esta discusión de la agenda.

Segundo, en la incapacidad diplomática chilena, que ha fracasado sistemáticamente en la construcción de relaciones de confianza y seguridad con los países vecinos, que ha terminado judicializando todos los problemas de límites, y que ha contribuido a crear una falsa idea de inseguridad.

Tercero, en el despilfarro de recursos de Codelco. Con ejecutivos que se retiran con cientos de millones en los bolsillos como indemnización, y donde el caos es tal que hasta las leyes de la física han dejado de funcionar. Porque cuando uno de sus ejecutivos lo hace mal, cae para arriba, y en vez de perder su trabajo, flota hasta un puesto aún mejor. La empresa más grande, con ejecutivos de “talla mundial”, pero que es incapaz de gestionar desastres ambientales o la seguridad de su propia producción.

En definitiva, el problema de la ley reservada del cobre no es militar, es civil. Y es una discusión y decisión que nosotros los políticos, en comunión con los militares, le debemos a los chilenos.

La entrada La responsabilidad política en el gasto militar aparece primero en La Tercera.

¿Trampas a las nuevas reglas de financiamiento electoral?

Durante este año las nuevas reglas deberán imponerse a un escenario mucho más complejo que el del año pasado, tanto por los recursos disponibles en la contienda electoral como por la importancia de los cargos en disputa. A la luz de ciertas conclusiones obtenidas en las elecciones del año pasado, quisiera comentar algunos aspectos que ya comienzan a verse en este proceso en curso.

En primer lugar, uno de los avances más notables de las modificaciones que se hicieron a las campañas políticas fue la nueva definición de “propaganda” electoral y la regulación del período de precampaña. Una definición más amplia de la propaganda electoral impide que los candidatos abusen de las zonas grises que la anterior legislación contemplaba. Del mismo modo, para el caso de los candidatos presidenciales se reguló un período de precampaña, que comenzó con la inscripción de candidaturas el 3 de mayo.

Ambos mecanismos contribuyen a que las campañas no se adelanten a un período de tiempo que está fuera de la regulación en otros ámbitos, como el de los aportes y la rendición de gastos. Esto ya está controlado para los candidatos presidenciales, pero no se contempló la misma figura para otros cargos de elección, como senadores y diputados.

Muchos candidatos a estos cargos ya se encuentran en campaña, realizando actividades en terreno o difundiendo sus ideas en redes sociales y actividades en terreno. De ellos, los que estén inscritos a una elección primaria están en un período legal de campaña, lo que implica que deben dar cuenta de sus aportes monetarios y rendir sus gastos. Pero éstos son la minoría, pues primarias parlamentarias se van a realizar en pocos casos.

¿Qué pasa con los candidatos al Congreso que no participarán de elecciones primarias? En rigor, no debieran estar en campaña, cuestión que sabemos no es así. Es necesario sincerar, en el corto plazo, que el período de precampaña debe ser considerado también para elecciones a otros cargos, más allá del de Presidente, pues las actividades propias de una campaña electoral bien sabemos que comienzan antes del período legal, y necesitamos que tanto el financiamiento como el gasto en el que se incurre en este período esté regulado y sujeto al escrutinio público.

En segundo lugar, en el proceso electoral del año pasado vivimos una situación contraria al espíritu de las reformas en el aporte de los partidos a la campaña de sus candidatos, ya que esos recursos se rinden como gastos de los partidos (posterior a las elecciones) y no como aporte a los candidatos (que implicaría publicarlos antes de las elecciones). Un candidato puede presentar, previo a la elección, un aporte de recursos muy inferior al que efectivamente se está utilizando en el despliegue de su campaña. La diferencia de lo reportado, respecto de lo que realmente veremos en el despliegue de esas candidaturas, pondrá en entredicho la transparencia del proceso y no contribuirá a fortalecer el clima de transparencia e integridad que estas normas buscan consolidar.

En ambos temas –el período de precampaña y no rendir oportunamente los aportes de partidos políticos a las candidaturas– ciertas deficiencias en la definición procedimental de las nuevas normas que regulan el financiamiento electoral debieran transformarse en un incentivo para los candidatos y partidos políticos de atenerse al espíritu de la ley, a los principios que están a la base de las reformas, y no en un espacio de opacidad que permite obtener pequeñas ventajas o reservas de información. Sólo así las nuevas reglas serán percibidas por la sociedad como portadoras de un enorme potencial para ir revirtiendo, en el mediano plazo, la crisis de confianza hacia los actores políticos.

La entrada ¿Trampas a las nuevas reglas de financiamiento electoral? aparece primero en La Tercera.

De cuentas y encuestas nos alimentamos

Es una constante que cuanto más cerca está el fin de un gobierno, más complaciente es la ciudadanía con él o la presidenta. Ha pasado en los gobiernos anteriores y como se ve, pareciera que éste seguirá ese rumbo. Las encuestas de la semana pasada así lo reflejaron; por un lado está la Adimark, donde la presidenta Bachelet logra superar, después de dos años, la barrera del 30% y se ubica un punto por sobre ella. En el caso de la CEP, pese a que hay una leve baja llegando a un 18% de aprobación, también hay una baja en la desaprobación hasta el 57% lo que, aunque es mucho, es 10 puntos menos que hace casi un año atrás, pudiendo dar luces de que la percepción al menos ha mejorado.

Caso aparte es la Cadem que semana a semana nos tiene expectantes de sus resultados, lo que resulta a lo menos paradójico porque, aunque muchos le quitan valides a la misma -entre los que me incluyo- igual esperamos el domingo para saber cómo supuestamente se movió el naipe, casi en un afán que más que informativo pareciera farandulero.

Respecto a la leve mejoría de la preisdneta, se puede también asociar a otra estrategia habitual en la gobernanza chilena y es la de dejar para el final las cosas buenas y la pega dura hacerla durante los tres primeros años de mandato; así Bachelet ha hecho –para bien o para mal- el grueso de sus reformas. Ya resistió el golpe por la tributaria, laboral y educacional, y hoy espera ver los frutos de aquellos tragos amargos, con sabor a cicuta, que tuvo que digerir.

Además, dos de sus principales reformas están avanzando en el parlamento y aunque es difícil de lograr su aprobación en este gobierno, sí quedarán bastante avanzadas, como es el caso del matrimonio igualitario y la interrupción del embarazo en tres causales, temas que para el común de la ciudadanía parecieran ser importantes y además muy mediáticos.

Otro hecho que pudiese ser relevante, aunque no planificado, es que producto de la baja popularidad que ha cargado desde marzo del 2015, los partidos gobiernistas se desmarcaron tempranamente de éste y eso hoy es una oportunidad para la mandataria. La Nueva Mayoría -o lo que queda de ella- está tan dividida que el verse alejada de la coalición sólo puede traerle beneficios, hasta es posible que Bachelet ya lo esté observando y por qué no, saboreando luego de la desconocida de los partidos que el 2013 la trajeron al mejor estilo mesiánico desde las Naciones Unidas.

Bajo ese escenario no es de extrañar que logre seguir subiendo en las próximas encuestas, si a ello se le suma el eco que ha traído su última cuenta pública, sus repercusiones así lo debieran confirmar: Su exposición del 1° de junio pasado fue distinta, pudo ser el cambio de día o que ya sabiendo que está en retirada, pero logró expresarse con más libertad y con esa soltura que caracterizó su primer gobierno.

La presidenta Bachelet dedicó las más de dos horas a contar sobre lo hecho en su gobierno, mucha de las cosas que se han olvidado y otras tantas que, aunque las promesas eran más auguriosas, sólo lograron avanzar en parte, es el caso del número de hospitales. Se hicieron además anuncios que toda la ciudadanía esperaba con ansias, como la línea 7 del Metro, o sea elogios más, elogios menos. La Cuenta Pública logró publicitar bien lo hecho.

Como es evidente y ya histórico, ChileVamos criticó todo lo expuesto y la Nueva Mayoría elogió completamente lo planteado. La salvedad en este caso la dieron aquellos partidos que no pertenecen a este duopolio. Mientras el Frente Amplio reclamaba por ser un mensaje auto complaciente y exigían más poder para el Estado, la eliminación de las AFP y hasta uno que otro mar para Bolivia; Ciudadanos y Amplitud, reclamaron por la mala implementación de varias de las reformas, del lento estado de avance de algunas promesas y del débil manejo de determinados temas, pero al menos reconocieron que se han hecho cosas. No todo es blanco o negro, los matices del gris son amplios, al igual que el universo de colores existentes como para no considerarlos o simplemente restringirnos a solamente dos.

Este es el Siglo XXI: el modelo de guerra fría, de buenos o malos, de derecha o izquierda como lo veíamos décadas atrás murió y aunque a varios les duela porque se les acaba la posibilidad de pregonar sobre “yo o el caos”, aquella época no va a volver. Una lástima para muchos politicos chilenos que se han alimentado desde 1970 de este discurso bipolar y retrógrado. Pueden que no lo logren ver o lo más probable que no les convenga ver, pero es así.

La entrada De cuentas y encuestas nos alimentamos aparece primero en La Tercera.

El todo vale por el ceacheí

Una vez más el día libre o previo a una concentración de la Roja acaba en crónica policial. La normalidad de la selección se distrae de la pelota por un episodio inmoral o ilegal que sonroja, interrumpe y alborota. Y una vez más, asoma a continuación la reacción complaciente, encubridora y asustadiza del jefe, ya sea director o seleccionador, que, lejos de poner orden o reproches, mira hacia otro lado y coloca palmaditas en la espalda de quien delinque o comete una incorrección.

Un indignante mensaje de cinismo, comprensión y debilidad tras el que posiblemente se explique y alimente la secuencia del mal. El recado le llega nítido al oído al futbolista: sabe que manda, que mientras haya gol tiene permitido obrar a su antojo, comportarse como quiera.

La selección está a los pies de los jugadores. Y en ese peculiar gobierno caben el capricho, la falta y hasta el delito. Dejar plantado al aficionado en la fiesta de celebración de la Copa América, imponer como premio hasta el último peso de la caja fuerte, viajar a Chile desde Europa cuando el acuerdo es quedarse para ganar en descanso y, en las horas de permiso, beber alcohol, manejar a más velocidad de la permitida o incluso ambas. No se puede meter cada suceso en el mismo saco, pero juntos sirven para ilustrar el todo vale imperante en Pinto Durán.  Salvemos el ceacheí.

Cuando la noticia de la detención de Mena saltó a los medios, la ANFP se apresuró a proteger al  seleccionado (“lo del alcohol es mentira”, se vociferó hasta tres veces desde el interior de Quilín). Y a partir de ahí todos los esfuerzos se concentraron en buscar una salida política al asunto que, sin ofender al jugador, perfumara la debilidad de la jefatura. Y se encontró en el oficial “a mí qué me cuentan, fue un incidente fuera del período de concentración”, refrendado ayer por Pizzi con el diplomático “Eugenio llegó a su hora”. En definitiva, que los pisoteados respiraron al dar con la coartada para seguir sin hacer nada. Ni medidas, ni palabras de reprobación o condena, ni respuestas para afrontar de cara su cobarde postura. Mejor desentenderse e ignorar el problema que atajarlo o resolverlo. Y con el hincha además aplaudiendo. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ceacheí…

La entrada El todo vale por el ceacheí aparece primero en La Tercera.

El mundo según Trump

NADIE DUDA la importancia de Estados Unidos en el mundo. No se olvida qué fue para la reconstrucción de Europa y el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, hoy la administración del Presidente Donald Trump pareciera hacer oídos sordos a todos los demás líderes de las democracias avanzadas. Solo le interesa satisfacer a la base más radicalizada dentro de Estados Unidos que lo apoyó para llegar a la presidencia el año pasado.

Su argumento es que debe poner primero a Estados Unidos. Trump cree que el comercio global y la interacción con el resto del planeta ha sido pagado con la cesantía de sus ciudadanos. Hay una supuesta culpa de los extranjeros por destruir la cultura norteamericana. Urgente sería recuperar el sueño americano, pero no cualquiera. Para el líder norteamericano es volver a los días de los Baby Boomers, esa generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la mitad de los años sesenta. Autos gigantes y consumos de gasolinas ilimitadas. Además, la paz social asegurada con ciudades homogéneas y un Estado en que las relaciones internacionales las llevaba una lejana Washington DC. Es decir, el resto del mundo era un asunto de las capitales, mientras que en la

América profunda se vivía en la ignorancia feliz.

Esa sociedad murió con la globalización, el avance tecnológico y también con un país que no supo adecuarse a la historia. Casi sin notarlo, Japón hizo mejores y más baratos autos. Los europeos, asiáticos y latinoamericanos llenaron las cátedras de las universidades desde donde las patentes y conocimientos comenzaron a expandirse de manera universal. Mientras tanto, esos mismos que sentían la seguridad de una sociedad que jamás cambiaría sufrieron las consecuencias. Esa es su base de apoyo. A ese grupo le da igual irse del Acuerdo de París sobre cambio climático, ser grosero con líderes internacionales, despreciar al alcalde Londres o menospreciar a la canciller alemana Angela Merkel. Sin embargo, es esa misma indiferencia la que puede hacer pagar los costos a esos mismos que hoy le apoyan.

El mundo ya no solo pasa por Estados Unidos, por más relevante que sea su democracia. El conocimiento lo tienen sus universidades, pero quienes llenan los postgrado raramente son locales. El libre comercio y su beneficio para millones de personas puede circular sin ellos. Por cierto, Washington es fundamental para la lucha contra el terrorismo o para la estabilidad mundial. Sin embargo, si decide salirse de la mesa de conversación global, finalmente el resto tendrá que operar sin su presencia. El futuro no pasa por el poder militar, porque con separación de poderse jamás será usado de manera indiscriminada. El mañana no pasa por vender sin comprar nada, porque finalmente no tendrá con quien comerciar. La autarquía de ayer es inviable. La paz de que cada país pasa por pagar los gastos comunes globales en orden de disfrutar sus beneficios. Por eso, tarde o temprano Estados Unidos volverá. Por ahora el Presidente Trump podrá creer que puede solo. Pronto su propio pueblo terminará exigiendo reabrirse al resto del planeta.

La entrada El mundo según Trump aparece primero en La Tercera.

¿Modelo agotado?

LA PRESIDENTA nos señala que debemos pasar a una nueva etapa en materia de desarrollo económico. Voceros de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio se refieren al sistema económico chileno como agotado y plantean la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo.

Los correspondientes candidatos presidenciales tampoco definen precisamente lo que tienen en mente, pero se refieren a un modelo distinto al actual. que aumente la productividad y genere una mayor igualdad.

Resulta que variantes del sistema económico imperante en Chile han generado en el mundo, y también en el país, altas tasas de crecimiento económico, acompañadas de espectaculares caídas en la pobreza. Si bien es cierto que hasta el año 2000 había aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso al interior de un gran número de países, ésta disminuyó significativamente a escala de la población mundial. Esta última paradoja se explica por el efecto que tiene la globalización comercial sobre los precios de los factores, trabajo y capital (ver Teorema de Stolper-Samuelson).

A raíz de lo anterior, la insatisfacción bastante generalizada con el sistema en Occidente pareciera ser un contrasentido. No lo es, sin embargo, si se considera que la competencia comercial internacional ha mantenido en países occidentales a los trabajadores menos calificados con remuneraciones relativamente estancadas. En cambio, simultáneamente han aumentado muy significativamente las compensaciones de aquellos altamente educados, una minoría. La reacción natural, como está sucediendo en EE.UU., es el surgimiento de fuertes presiones proteccionistas.

En materia de evolución de la desigualdad, Chile no ha sido la excepción. Sin embargo, su crecimiento económico ha sido aún mayor que en el resto del mundo. Es más, mientras el país creció a tasas elevadas, no solo pudo evitar la pauperización del trabajo no calificado, sino sacó a millones de personas de la pobreza. Esta situación cambió con las reformas institucionales propuestas por el actual gobierno, que generó un alto grado de lo que Robert Higgs(2004) llama incertidumbre de régimen, que se traduce en una fuerte reducción de la demanda por inversiones, de la tasa de crecimiento económico, y por ende, en un empeoramiento en las condiciones laborales.

En vista de lo anterior, es irresponsable hablar de un cambio de modelo de desarrollo sin definirlo y sin conocer empíricamente sus implicancias. ¿Son Corea del Norte, Cuba o Venezuela un modelo para nosotros? ¿Lo son las políticas intervencionistas de Chile y de otros países de la región a mediados de los años 1950? Es cierto que tenemos un problema con nuestra productividad, pero ese lo hemos tenido históricamente. No por ello el modelo está agotado. El hecho es que salvo relativamente breves períodos coyunturales, hemos crecido en las recientes décadas lo más bien, basados en aportes de trabajo y de capital físico y humano. En cambio ahora último estamos desincentivando a estos últimos aportes con gusto y después nos quejamos de los resultados.

La entrada ¿Modelo agotado? aparece primero en La Tercera.

Chile, París y EE.UU.

Producir requiere energía y ella se obtiene transformando recursos; como el petróleo, el gas, carbón, el sol, el viento, etc. Aquello que sobra, que se desecha se llama contaminación.

Cuál recurso, para generar energía, se use determinará la eficiencia de la energía, la calidad de los desechos y por ende los costos de producción. El retiro de EE.UU. del acuerdo de París apunta a producir con bajo costo sin reparar en los efectos adversos; para todos.

Velar por los intereses de un país y el bienestar de sus ciudadanos sin reparar en los efectos nocivos para el resto del mundo parece abusivo y prepotente; y estoy seguro que la condena a EE.UU. será altisonante sin reparar en que nuestro país hace lo mismo.

En el Protocolo de Kioto se privilegió el uso de Bonos de Carbono para la mitigación de los gases efecto invernadero. Su metodología se basa en premiar a quién deja de contaminar; Usted puede medir la contaminación que produce, generar un plan de cambio, ponerle valor a lo que deja de contaminar y venderlo a quienes contaminan. El documento de transacción se le denomina “Bono” y este se transa en las Bolsas de Clima que hay en Canadá, China, Australia, Europa y Chile (Bolsa de Clima de Santiago). El organismo encargado de regular y velar por la eficiencia de esta cadena es gubernamental y la alternativa a los Bonos de Carbón son los impuestos verdes.

Los impuestos verdes han sido desechados internacionalmente debido a que privilegian a quien puede pagarlos; generando concentración de mercados y conductas monopólicas que en el largo plazo hacen menos eficiente la disminución de contaminación y también, debido a que lo recaudado por los impuestos no va, necesariamente, en beneficio del medio ambiente.

Chile abrazó los Bonos de Clima; que evolucionaron favorablemente hacia otras áreas como el cuidado de los recursos hídricos, etc. y que podrían evolucionar hacia el reciclaje, por ejemplo. Nació la Bolsa de Clima de Santiago, la primera en Latinoamérica; el entusiasmo se hizo presente y en los medios abundaban las noticias del potencial de Chile en energía solar, eólica, hídrica, geotérmica, etc. Un paraíso para las energías renovables. El discurso sustentable se detuvo con la implementación de impuestos verdes que terminó beneficiando a “los mismos de siempre”. Los grandes consorcios internacionales que pueden pagar, sin problemas, los impuestos; y que, para el caso, estos “costos” son trasferidos después a sus clientes; nosotros.

EE.UU. abrazó los impuestos verdes bajo la lógica de “Ok, pago por contaminar”, la misma que adoptó Chile.

Los impuestos verdes pueden estar cargados de la mejor intención, pero la evidencia demuestra que en el largo plazo favorece -y han favorecido- posiciones dominantes que son perjudiciales para la sustentabilidad.

Hacer bien algo que está mal es un error que comienza a ser común en nuestro país y las buenas intenciones terminan siendo nocivas -que contradicción- pero la evidencia, así lo demuestra.

La entrada Chile, París y EE.UU. aparece primero en La Tercera.

Radio Caracas Televisión, a diez años del cierre

Negro. Esto es lo que reemplazó la programación de Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de mayo de 2007 a las 23:59.

En un exasperado momento político, coronado por violentas protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, el canal 2 –como también se le conocía a RCTV-  apagó su señal con 53 años de historia y con la mayor audiencia en el territorio venezolano.

Por aquel entonces, el presidente Hugo Chávez, ordenó revisar las concesiones televisivas que caducaban ese año, entre ellas, a RCTV. El gobernante se encontraba “enemistado” con el canal producto de la cobertura que habría apoyado el intento de golpe de Estado en contra de su gobierno el 2002.

Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenaron enérgicamente la clausura del medio que fue señalado, entre otras cosas,  como “una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Se exhortó al gobierno a restablecer la señal de RCTV y a garantizar la imparcialidad política a la hora de asignar nuevas concesiones. Han pasado 10 años de aquello, Hugo Chávez murió, hoy gobierna Nicolás Maduro y RCTV continúa cerrado.

Este hecho marcó un antes y un después. Desde entonces, la libertad de prensa retrocede en la particular “democracia” venezolana y el populismo avanza erosionando no solo el derecho a la información, sino que también el derecho a la libre expresión.

Según datos publicados el 22 mayo por el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), un organismo venezolano no gubernamental que trabajaba en la promoción y defensa de la libertad de información y de prensa, durante 40 días de protestas (entre marzo y mayo), se registraron 256 violaciones y limitaciones al ejercicio del periodismo, 99 agresiones contra periodistas y 17 reporteros gráficos y corresponsales detenidos. Miguel Otero, Presidente y Editor del diario venezolano El Nacional, explicó hace algunos días en La Tercera que el suyo, es el único diario opositor que aún se imprime y que “el 40% de la población únicamente tiene acceso a radio y televisión oficialista, y un 60% tiene acceso a radio y televisión privada autocensurada”.

Esta es la clave que descifra el acertijo del actual bloqueo informativo que comenzó con RCTV: provocar la autocensura. El anterior fue un estratégico movimiento realizado por Hugo Chávez contra los medios que permitió el silenciamiento a la prensa crítica, pero sin el costo político que tuvo el cierre del canal 2. Lo anterior se logó por medio de modificaciones a la Constitución Política y al Código Penal tipificando faltas graves como los “delitos de opinión” o la “incitación a la violencia”, seguido de un fuerte  hostigamiento hacia los medios y sus periodistas, con apertura de procesos judiciales, inspecciones fiscales y manipulación de la publicidad oficial.

La tónica fueron leyes y restricciones hechas a la medida del gobierno. Desde el cierre de RCTV, quedó en evidencia que la política basada en la democracia, el principio de legalidad y los derechos y libertades individuales están de adorno en la Constitución chavista. Ahora, impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones es uno de los estandartes de lucha del chavismo en un país cuyo 80% ya no pide, sino que ruega la renuncia de su despótico presidente Nicolás Maduro.

Desde el día en que “todo se fue a negro” para RCTV, la libertad de prensa ha sido maniatada y violada hasta el hastío. Los instrumentos legales para justificar esta acción han sido utilizados y Venezuela transita su histórica crisis política, social y económica en la más lamentable tiranía del silencio.

La entrada Radio Caracas Televisión, a diez años del cierre aparece primero en La Tercera.

La compensación económica por divorcios es un mito para la clase media

Aproximadamente, el 50% de los matrimonios en Chile terminan en divorcio. La cifra revela que muchas parejas no continúan con su vida familiar con esta figura, y por ende, la regulación legal y económica del quiebre familiar pasa a ser relevante para miles de personas que tienen que vivir este proceso.

La ley de matrimonio civil incorpora el concepto de compensación económica como un elemento accesorio al divorcio, concebida como una indemnización al perjuicio remuneracional y previsional que sufre aquel de los cónyuges que, al dedicarse al cuidado de la familia común, no ejerce una labor remunerada separada de la de su cónyuge, ya sea de manera parcial o total.

Al momento de ponderar la cuantía de la compensación a pagarse a un cónyuge, uno de los elementos considerados es la capacidad de pago y/o patrimonial actual, lo que devenga, en muchos casos, que cuando uno de los cónyuges es obligado judicialmente a pagar una compensación, exista tendencia a rebajarse el monto a fijar como compensación, e inclusive, a eximir del pago al cónyuge responsable, por la imposibilidad fáctica de ejecutar el pago. En consecuencia, el cónyuge perjudicado no logra verse indemnizado  por el perjuicio sufrido a lo largo del matrimonio, lo que representa una cortapisa importante al espíritu de la institución.

La compensación económica para la media chilena resulta en la práctica un mito, algo que no se concreta debido a la configuración legal que existe respecto de las enajenaciones entre cónyuges. En Chile, el principal activo que tienen las personas son sus domicilios, y cuando están casados en la mayoría de los casos el pago de esa propiedad es producto de un esfuerzo matrimonial. Lo más obvio para pagar una compensación económica sería hacerlo con la casa, que por lo demás usualmente coincide que es donde también viven los hijos. Aunque suene ilógico, no se puede hacer.

El código civil declara nula la compraventa y cesión de derechos entre cónyuges, figura creada con el espíritu de que los miembros del matrimonio no defrauden a sus acreedores traspasándose bienes al momento de un apuro financiero. Al hablar de compensación económica en caso de divorcio la situación es distinta, pero la ley se aplica sin diferenciar por criterio o contexto de la situación.

Es imperioso crear una excepción legal en estos casos porque la estadística nos demuestra que al final las personas de clase media o estratos más modestos no poseen la cantidad de bienes ajenos a su propiedad residencial para pagar la indemnización a su cónyuge.

A más de 13 años de la ley de matrimonio civil, nos encontramos con que salvo para las clases más acomodadas del país la compensación económica es letra muerta, pues no se materializa con lo que naturalmente permitiría el pago de estos montos: la propiedad familiar.

 

La entrada La compensación económica por divorcios es un mito para la clase media aparece primero en La Tercera.