Óscar Contardo's Blog, page 155

Conclusiones

Horas antes de enfrentar a Rumania, todavía busco las benditas “conclusiones” que se pudieron haber sacado del partido contra Rusia. Las que hay son las mismas desde hace años: Vidal es fundamental, Alexis siempre marca la diferencia, si Vargas no la emboca no juega y por arriba en defensa somos vulnerables (y que el recambio no aparece por ningún lado). Le pasó, con matices, a Bielsa, a Borghi, a Sampaoli y ahora a Pizzi.

Hay algo de esta generación de jugadores que comienza a mostrar claros síntomas de agotamiento, que no admite réplica: ellos saben cuándo aplicarse. Lo vimos en la Copa Centenario, una primera ronda distraída, mal jugada, donde la clasificación se sostuvo en un penal regalado contra Bolivia y el peso de Vidal y Sánchez frente a Panamá. Hasta Claudio Bravo andaba con la cabeza en cualquier parte.

Hasta que se acordaron de lo que sabían, lo que podían y se pusieron a jugar. El resto es historia.

Por lo mismo los dos últimos amistosos, aunque frente a Burkina Faso el asunto no pasó de ser un entrenamiento con público frente a un equipo amateur, no aportan demasiado al trabajo de Pizzi. Se le lesionaron Castillo y Mora y todo queda a la inspiración de Vargas frente al arco. El problema es que si Vargas anda apagado, Chile entra con diez a la cancha.

Atrás somos bajos y por arriba nos vienen haciendo el mismo gol desde hace diez años ¿Qué diferencia hay entre el cabezazo de Juan en Johanesburgo en 2010 y el cabezazo de Vasin el viernes pasado? Casi ninguna. Tal vez el central brasileño fue un poco más hostigado en Sudáfrica. Por el momento ni Maripán ni Roco dan la medida suficiente para sacar del equipo a Jara (uno que realmente juega cuando quiere) o mandar a la línea de volantes a Gary Medel.

Sampaoli detectó el problema y marcó lejos del área, con hombres rápidos que tuvieran retroceso y llegaran a las coberturas. El día que Australia lo llenó de centros cruzados, estuvo a un pelo de naufragar. Bielsa tuvo a Pablo Contreras y el Chupalla Fuentes que funcionaban con intermitencias. Se jugó por la altura sin estar del todo convencido y sin grandes resultados tampoco. Pizzi está buscando, pero no termina de encontrar. Por el momento pone los de siempre y que la experiencia ayude.

A la generación dorada le faltó un defensa central con todas las de la ley: Figueroa, Astengo, Quintano, Edgardo Fuentes… No se puede tener todo.

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¿Bien de consumo?

PARA LA Presidenta su gobierno ha logrado transformar “una educación que funcionaba como bien de consumo, en una educación entendida como derecho social”. Esta idea, expresada nuevamente en la cuenta del pasado 1 de junio, se ha convertido casi en un mantra del actual gobierno, revelando hasta qué punto lo agobia la confusión.

Básicamente, porque las nociones derecho social y bien de consumo no son antagónicas o contradictorias, sino obedecen a perspectivas de análisis distintas. Los derechos sociales apelan a las condiciones materiales básicas de existencia a las que todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, debieran tener acceso. Estos derechos han sido reconocidos en diversos instrumentos internacionales, siendo el más importante el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y se extienden a materias como el acceso a un empleo, a la protección social, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la cultura o a un medioambiente limpio.

Por otra parte, los bienes son catalogados como de consumo en oposición a los llamados bienes públicos. Por regla general todos los bienes son de consumo por la sencilla razón de que si una persona los obtiene nadie más puede disfrutarlos. En cambio, en el caso de los bienes públicos, una vez proveídos es difícil sino imposible excluir a determinados sujetos que se beneficien de ellos. Ejemplo de los primeros son un par de zapatos: si yo me los pongo nadie más puede usarlos. En cambio, el alumbrado de las calles es un bien público, dado que no puede iluminar a unos sí y a otros no. Como se entenderá, la distinción es fundamental a la hora de definir cómo deben financiarse unos y otros, pues existen fuertes incentivos para aprovecharse de los bienes públicos sin pagar por ellos (el fenómeno del polizón), lo que justifica que sean provistos con cargo a rentas generales.

Hay derechos sociales que pueden estar asociados a bienes públicos, como una política de descontaminación ambiental. Pero por otra parte, no hay inconsistencia alguna en que existan derechos sociales que a su vez sean bienes de consumo. Es lo que sucede con la vivienda. Naturalmente, una casa se trata de un bien de consumo, dado que si una familia la ocupa no lo puede hacer otro, pero también se trata de un derecho social, cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado. Es exactamente lo mismo lo que sucede con la educación, donde sus beneficios se concentran con toda claridad en quién la recibe, particularmente tratándose de la educación superior y donde sin dudas opera el fenómeno de la exclusión.

El hecho que la educación sea, sin tampoco lugar a dudas, un derecho social, nos indica que el Estado debe desarrollar políticas públicas para impulsarla y, sobretodo, debe garantizar el acceso de todos a ella, independientemente de su poder económico. Pero en ningún caso eso significa, como nos ha querido hacer creer el discurso oficial, que deba ser proveída en forma gratuita para todas las personas pues, tratándose de un bien de consumo, quienes tienen recursos pueden y deben pagar por ella.

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El palo rojo

EL PARTIDO Comunista (PC) ha vendido cerca de cien inmuebles en un valor de $3.500 millones a un comprador sin patrimonio. Se ha sabido luego que los inmuebles valen comercialmente cerca de $9.000 millones. El partido sostiene que se ha apegado formalmente a la legalidad, puesto que la ley de partidos políticos obliga a destinar dos tercios de sus inmuebles a los fines señalados en esa ley. La ley no dice nada más.

Con ello en mente, hizo los cálculos y diseñó la operación de enajenación bajo un esquema de traspaso de acciones, de modo que al final se satisfaciera fictamente la obligación legal. Sin embargo, la venta no puede llamarse así. No es venta en sentido jurídico. Solo conociéndose los dos datos anotados más arriba y que son de dominio público -un comprador sin patrimonio y un valor equivalente a un tercio del precio comercial- bastan para convocar más de un Código o ley, sea civil, comercial, tributaria y/o penal. Y si a ello se agrega la irreductible convicción del supuesto vendedor de que ha realizado un negocio que lo conforma bajo dichas circunstancias, y que no desea que nadie lo revise, se demuestra que tampoco existe voluntad jurídicamente seria. La causa de este contrato, esto es, el motivo que lleva al PC a celebrarlo con un militante escogido, sin patrimonio y en un precio irreal, no parece ser el cumplimiento de la ley de partidos políticos, sino precisamente su vulneración. Visto así, el derecho, que para todos los demás ciudadanos es obligatorio, resulta humillado. Y eso no es tolerable.

Cualquier persona común, enfrentada a una situación como ésta – dejando de lado el insólito hecho de que el Partido Comunista pertenezca al 1% más rico de Chile- y que enajena sus inmuebles a un tercio de su valor a un “afortunado” íntimo y cercano, despertaría brutales sospechas. Tales actos podrían ser atacados judicialmente, entre muchas otras razones, por simulación, fraude a la ley, lesión enorme, donación encubierta, autocontratación o contrato consigo mismo, elusión o evasión de impuestos. El contrato puede ser impugnado también por objeto y causa ilícita, estafa, apropiación indebida y una muy larga lista de otras probabilidades judiciales disponibles.

En el caso del PC, alguna misteriosa disciplina interna parece garantizar que no habrá ningún militante que pudiera denunciar un fraude al partido y a los bienes del mismo o una apropiación indebida por parte del favorecido “comprador”, ni que se invocará el artículo 84 de sus estatutos partidarios para investigar una administración ineficiente de su patrimonio.

Sin perjuicio de esa visión, el PC ha vulnerado la institucionalidad jurídica. No se ha servido para ello del clásico palo blanco, la llamada interpósita persona, en que se busca deliberadamente que el aparentador pase desapercibido para engañar a terceros. En este caso, en cambio, no hay aparentador. El sujeto o contraparte, miembro del partido, da entrevistas y relata con naturalidad y desparpajo la ficción; se jacta de que lo escogieron, de que no tiene un peso ni le interesa el negocio. Es una nueva figura que ofrece el comunismo inserto en la legalidad: un palo rojo.

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Ley de aborto: controversias

LA SEMANA PASADA  la Comisión de Salud del Senado aprobó la “Ley de despenalización del aborto en tres causales específicas”, las que incluyen la enfermedad grave de la madre en el embarazo, la inviabilidad fetal al nacer y el embarazo producto de una violación. Todas situaciones graves y muy complejas, de gran sufrimiento para la mujer, que requieren una atención y cuidado especial tanto la madre como el niño que está en su vientre. En esta columna se analizan algunas controversias.

Primero, lo real es que esta ley es legalización y no a una despenalización del aborto, ya que proporciona el derecho a través de la prestación de salud, y abre la puerta a que en un futuro cercano se sumen otras causales. Es una situación muy compleja constatar que se apruebe una ley que afecta el primer derecho humano: la vida. Segundo, se intenta instalar criterios de inicio de la vida que no tienen fundamento biológico (formación del sistema nervioso central, visualización de órganos, etc). Lo cierto es que la vida inicia cambios continuos y permanentes desde la fecundación y ya antes de las tres semanas de gestación se identifican características en el desarrollo muy definidas, lo que se puede ver en libros de embriología básica.

Tercero, una polémica reciente es la objeción de conciencia. Se aprobó en la Comisión de Salud que solo podía ser ejercida por el médico tratante y no por los otros profesionales del equipo de salud. Esto es una discriminación inaceptable, que refleja la falta de comprensión de lo que significa un equipo de salud. Los profesionales que lo integran requieren respeto y valoración de su trabajo, el que es vital en la realización de un procedimiento de este tipo y que no puede ser realizado si atenta contra su conciencia personal.

Cuarto, no se aprobó respetar el ideario institucional y la libertad de algunas instituciones para no realizar en su interior procedimientos que atenten contra la vida de criaturas inocentes.

Esto no es aceptable ya que vulnera la libre voluntad de asociación de una organización en vista de principios que reúnen a sus integrantes. Lo que se debiera permitir, es que las instituciones deriven a los pacientes, de manera segura y estable. Nuestra red de salud UC Christus implementará este mecanismo, -que está presente en el proyecto de ley-, ya que reiteramos que no se realizarán abortos en nuestra institución. Hay que insistir en que aquí no se pone en riesgo la vida de una madre, si ella está en riesgo vital, obviamente que todo centro debe recibirla para entregarle el tratamiento que requiera. En nuestras dependencias siempre se va a cuidar la vida, desde la fecundación hasta la muerte natural, esa es nuestra vocación y compromiso.

Lo que realmente el país requiere es una verdadera ley de acompañamiento de la madre y del hijo, para proporcionar todo el apoyo de salud integral que ambos pacientes requieren. Un acompañamiento que le entregue apoyo, consuelo y atención médica de calidad. Esto lo que nuestra población más vulnerable merece, por lo que incorporar esta mirada de justicia y equidad es un requisito ético. 

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Tierra de nadie

HACE AÑOS comenté acerca del “urbanismo para los pequeños pueblos”. Asimismo, he visitado los malos ejemplos de las intervenciones de obras públicas y su impacto sobre el paisaje. Sin embargo, hay un tema que engloba todo esto, cual es, la ausencia de tuición sobre la ruralidad que está recibiendo desarrollos. No me refiero al “campo-campo”, ni al desierto pleno, ni a los bosques húmedos, que son materia más bien de conservación ambiental. Me refiero a aquellos lugares rurales que por su belleza escénica son locación para viviendas de veraneo, equipamiento turístico y hotelero, marinas, etc. Desarrollo que hoy se aloja en bordes lacustres y sus entornos, y bordes costeros principalmente. Ese territorio, cuyo atractivo es su paisaje y su rusticidad, está abandonado a escasas herramientas regulatorias que no logran compatibilizar adecuadamente las iniciativas con su entorno. El peligro: que ese atributo que justificó la inversión, desaparezca por la falta de ordenamiento y diseño inapropiado. Estamos en “tierra de nadie”.

Los desarrollos en el área rural se acogen a dos mecanismos. Uno es la posibilidad de subdividir el suelo hasta en lotes de 5000 metros cuadrados; las llamadas “parcelas de agrado”. El segundo, es el mal llamado cambio de uso de suelo, que en rigor es un procedimiento liderado por el Ministerio de Agricultura, que permite autorizar equipamientos y edificaciones ajenas a la agricultura en las áreas rurales. Ambas herramientas se aplican sin consulta alguna a los gobiernos locales (municipios) y asimismo son resueltos caso a caso. En otras palabras, en las comunas eminentemente rurales los municipios no contralan su territorio y el desarrollo se da sin un ordenamiento adecuado.

En relación a lo anterior, muchos han planteado que la planificación intercomunal, que tiene tuición sobre el ordenamiento de algunos temas en las áreas rurales podría ser la solución. Otros plantean que la solución es hacer de esa tierra un suelo urbano para que puedan existir reglas urbanísticas, a saber, un plan regulador. Mi parecer es que ninguna de las dos es solución ya que la planificación intercomunal no logra modificar el patrón de desarrollo en el territorio rural y la realidad supera la intención. Y por otra parte, convertir en suelo urbano los lugares rurales con aptitud de desarrollo, termina por destruir el valor de lo rústico, llenando de hormigón, postes y cables estos paisajes prístinos.

Esta “tierra de nadie” es justamente el caso, donde no existe una bala de plata que solucione todo de una vez, y es el “diseño” el llamado a generar calidad, armonía y valor agregado al entorno rural. Nuestra legislación no cuenta con las potestades para que se puedan introducir por ejemplo “guías de diseño” que realmente permitan mejorar el resultado físico de estos proyectos y su inserción paisajística. La planificación y ordenamiento territorial-ambiental debiesen centrarse fundamentalmente en regular temas de saneamiento, servicios básicos y vocaciones generales del territorio.

Como alguien dijo, más que un estado somos una geografía. Esa geografía debe convertirse en materia de política pública. Hay que ponerle “dueño” a lo rural.

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Trump y París: oportunidad para cambiar el enfoque

HORAS ANTES  de que Donald Trump anunciara que Estados Unidos abandonaría el tratado de reducción de emisiones de carbono firmado en París, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se sumó a Twitter para declarar que la acción climática es “imparable”. El mensaje claro, reforzado por los líderes de la UE y China, es que el resto del mundo continuará con el Tratado de París sin la participación de los Estados Unidos. Su resolución rápidamente se topará con tres verdades incontrovertibles.

Primero, el Tratado de París será el acuerdo mundial más caro de la historia. Reducir las emisiones sin tener sustitutos accesibles y eficaces para el combustible fósil significa una energía más costosa y un menor crecimiento económico. Los cálculos estimados utilizando los mejores modelos económicos revisados por pares muestran que el precio global de todas las promesas del Tratado llegaría a US$1- US$2 billones al año, a partir de 2030. Sin la participación de EE.UU., el resto del mundo debe desembolsar entre US$800.000 millones y US$1.6 billones anuales. El tratado también depende de la entrega de 100 mil millones de dólares al año en “ayuda climática” a los países en desarrollo a partir de 2020, una promesa que vino originalmente de los EE.UU.

Estos enormes costos han puesto en peligro el Tratado desde su firma. No es difícil imaginar a otros líderes que se resistan al crecimiento más lento, o a naciones ricas que renuncien a la ayuda prometida.

En segundo lugar, el acuerdo siempre iba a tener un pequeño impacto en las temperaturas, pero sin los EE.UU. se logrará aún menos.

Lo poco que cualquiera de nosotros recuerda del Tratado de París es la enérgica retórica de los líderes que dijeron que estaban comprometidos a mantener los aumentos de la temperatura en menos de 1,5 grados Celsius. Era un compromiso sorprendente.

En otras palabras, el Tratado de París deja al 99% del problema inalterable.

Lo que es más problemático, la energía verde está lejos de estar lista para suplantar a los combustibles fósiles.

La energía verde es tan ineficiente que su implementación depende casi totalmente de los subsidios. El subsidio a la implementación de energía renovable para reducir nuestras emisiones de CO2 ha sido un callejón sin salida. Si el Tratado se hubiera mantenido en vigor, después de gastar tres billones de dólares en subsidios directos, la AIE espera que el viento y la energía solar proporcionen sólo entre 1,9 y 1% de la energía mundial.

Todo esto significa que es absurdo que los líderes mundiales sigan obsesionados con el Tratado porque no solo va a fallar, sino que será enormemente costoso y no hará casi nada para solucionar el cambio climático.

La decisión de Trump ofrece una oportunidad para repensar el enfoque. Lo que se necesita desesperadamente es una inversión significativamente mayor en investigación y desarrollo de energías verdes, de modo tal que la tecnología renovable pueda competir con los combustibles fósiles. Un panel de ganadores del Premio Nobel convocados para el Copenhagen Consensus sobre el proyecto climático encontró que no debemos solo duplicar la financiación de la investigación, sino aumentarla más de seis veces, a 100.000 millones de dólares al año.

Un compromiso con el desarrollo de la energía verde es lo que necesita el planeta ahora de los líderes mundiales, mucho más que una bravuconada.

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Protección de datos

EL VERTIGINOSO avance de las tecnologías de la información ha revolucionado los mercados, en particular, aquellos relacionados con el tratamiento de datos personales. Y, aunque nuestro país cuenta hace más de dos décadas con una normativa pionera en esta materia, ésta no contempla mecanismos para hacer exigible sus disposiciones a las empresas y organismos públicos.

Los perfeccionamientos en este ámbito, debieran tener como principio orientador el concepto desarrollado por la destacada académica española Ana Garriga: cualquier regulación en materia de datos personales no debe buscar abstraer del conocimiento público la información de una persona, sino dotarla de los medios necesarios para controlar quién, cómo, dónde y con qué motivo conoce cualquier información acerca de su persona, sea ésta calificable como íntima o no, pública o secreta.

El ejecutivo recientemente envió un proyecto de ley que actualiza el marco regulatorio actual. Éste establece cuatro derechos denominados “ARCO”: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al uso. Estos serán personales, intransferibles, irrenunciables y no podrán ser restringidos o limitados.

Celebramos el espíritu e interés genuino con el que la Comisión de Constitución del Senado ha tratado esta iniciativa, permitiendo a diversos actores de la sociedad civil levantar inquietudes, buscar alternativas de perfeccionamientos del texto y plantear propuestas constructivas.

Desde el sector privado valoramos, en particular, la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales. Pensamos, sin embargo, que es necesario mejorar su grado de autonomía para evitar comportamientos discrecionales de una autoridad unipersonal, sobre todo por las amplias atribuciones que la iniciativa le otorga. Una alternativa que permitiría dotarla del enorme listado de facultades que le asigna el proyecto es mejorar su gobierno corporativo por la vía de delegar las decisiones en un cuerpo colegiado. Esto permitiría garantizar un sano equilibrio en las decisiones que tome y, por otro, asegurar un trato simétrico para el sector público y el sector privado.

Más allá de las facultades que el proyecto le otorgue a la Agencia, estimamos que una de sus principales tareas, sobre todo en una primera etapa, será la de promover una cultura de autorregulación bidireccional. Esto implica no sólo la necesaria regulación al interior de las empresas, sino más importante aún la promoción de la autorregulación de los propios titulares de los datos. Es indispensable promover la autorregulación de todos los que tratan datos personales y la educación a los ciudadanos para que sean conscientes de la relevancia de sus datos ya que, sin autocontrol, no existirá una protección efectiva a los ciudadanos en sus relaciones con todo tipo de organizaciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales, empresariales o no.

La correcta protección de los datos es un imperativo en las sociedades modernas. Una institucionalidad autónoma y colegiada, con un sano equilibrio de sus funciones, todo esto acompañado de un proceso de educación masivo de la ciudadanía permitirán a nuestro país ponerse a la vanguardia de los avances en esta materia y responder a las demandas que el desarrollo tecnológico exige.

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2018: ¿Responderá la economía a los fundamentos?

Sin grandes novedades nos presentó su último IPoM el Banco Central, con un escenario externo que mejora en forma marginal respecto a lo estimado hace tres meses, mientras que empeoran las estimaciones para la economía chilena en 2017, mostrando, sin duda, que son los factores internos los que explican el deterioro. Es cierto que en parte esto se explica por el fenómeno puntual de la huelga de Escondida, pero también lo es el que los incentivos implícitos en la nueva legislación laboral contribuyeron al resultado que tuvo este conflicto, siendo este un factor netamente interno, y que podría generar situaciones similares hacia adelante.

Correspondía en esta oportunidad reducir el rango de estimación para el PIB, lo que se hizo cortando el extremo superior, es decir, de una estimación entre 1% y 2% en marzo, se baja a un rango entre 1% y 1,75%. Empeora también la estimación para la inversión, de un crecimiento de 0,2% proyectado en marzo a una caída de 0,9%, con lo que se lograría el récord de cuatro años seguidos de contracción en la inversión. Me pregunto con esto si el ex ministro Arenas seguirá pensando que la reforma tributaria no tendría efecto en la inversión.

La buena noticia del IPoM fue que mejoraron las estimaciones de crecimiento para 2018, a pesar de que se mantuvieron los supuestos para el escenario internacional, los que en todo caso apuntan a un mundo más dinámico el próximo año que este. De una estimación para el PIB en marzo entre 2,25% y 3,25%, se sube ahora a 2,5% – 3,5%. No es mucho, pero al menos apuntando a recuperar niveles más cerca de 3%. Surge entonces la pregunta ¿es ese un escenario factible? Mirando los fundamentos, por supuesto que lo es; un mundo en crecimiento, mejoría de términos de intercambio durante este año, tasas de interés externas que se mantienen muy bajas, y una política monetaria interna muy expansiva, con una reducción de la TPM de un punto porcentual en lo que va del año. De hecho, con estos mismos fundamentos hace algunos años el problema sería el sobrecalentamiento de los motores, mientras ahora sólo intentamos que se enciendan. Esta vez entonces sí podemos decir con algún grado de seguridad que en adelante el crecimiento mostrará una tendencia al alza, a no ser que la política interna o la geopolítica mundial nos traigan malas noticias inesperadas.

Chile podría crecer un 3% o más en 2018, siempre y cuando el escenario político interno nos acompañe. Eso significa recuperar un entorno en que las decisiones políticas se toman con un sustento técnico serio y buscando los consensos más amplios posibles. No es posible revertir en el corto plazo los errores de política económica de los últimos años, pero sí podría ser factible ir haciendo las correcciones que parezcan más evidentes. Probablemente, la sola expectativa de que se retomará la senda de los consensos y de la seriedad técnica, sería suficiente para revertir el negativo cuadro de la inversión. Sin embargo, este escenario no está exento de riesgos, sobre todo cuando algunos sectores políticos, aun reconociendo en su discurso la importancia de crecimiento, señalan la necesidad de profundizar el camino de estos cuatro años, no obstante que la evidencia muestre que ambas cosas son incompatibles.

El IPoM no lo puede decir en forma explícita, pero los escenarios de riesgo que suele presentar para sus proyecciones están fuertemente determinados por la política, no por la economía, ya que ciertamente los fundamentos macro no son el problema.

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Una novela llamada Chile

Si los candidatos a la presidencia de Chile fuesen escritores, qué novela escribirían, cuál sería el imaginario de sus mundos creados, cuáles los finales felices y cuál el peor desenlace que podrían enfrentar los personajes. Si cada uno se planteara escribir una novela llamada Chile, con qué creaciones llegarían a los anaqueles de las librerías.

La retórica de los candidatos en programas de entrevistas y conversación, nos ha revelado a autores de escasa ambición por escribir la gran novela chilena. El relato de un país, nacido de la urgencia auténtica del autor por contar su versión de la historia con una voz propia, que a la vez representa a quienes lo apoyan, está más cercana a encargos editoriales retroactivos, donde importa más la foto de la contratapa y sumar una publicación a la bibliografía personal. Lo revelan así sus respuestas asimilables a las de un gasfíter que compite por presentar la mejor solución para reparar una cañería, antes que una narración inspiradora donde los chilenos encontremos la historia que nos merecemos.

Si nos concentráramos en los que ya están en la lista de los más vendidos, tendríamos obras variadas. Sebastián Piñera y Alejandro Guillier lucharían por encabezar el ranking, el primero con una autobiografía disfrazada de novela, que en apariencia trata sobre nosotros, pero cuyo protagonista es él, plagada de flash backs y raccontos, y calculadas omisiones por consejo y complicidad del editor.

El segundo, en cambio, escribiría una novela de suspenso, publicada en el formato de los folletines del siglo XIX. Una historia por entregas que por momentos pareciera clarificar el devenir de la trama, para luego dar un giro que nuevamente nos envuelve en la incertidumbre.

Ellos, claramente, publicarían con conglomerados editoriales de envergadura, aunque el segundo autor insistiría en que es un escritor sin esas presiones, sus libros se ofrecerían en supermercados y hasta llegarían a la cuneta en versiones pirata.

Más abajo en el ranking literario, estaría Beatriz Sánchez, autora de una novela por encargo, tras ser convocada por un equipo de editores jóvenes con ansias de publicar, pero sin un escritor con la trayectoria suficiente en su catálogo. Sería una novela de trama social, un drama naturalista, cuya estructura estaría predefinida, y que habría requerido una voz autoral más potente, tras encargarle la primera versión a Alberto Mayol, un escritor que no habría logrado acercarse a la lista de los best sellers con similar argumento y personajes.

Con apariciones en la prensa, pero menos impacto en librerías, Carolina Goic, Manuel José Ossandón y Felipe Kast tratarían de sumar algunos lectores. Goic con un libro que, si bien intentaría seguir los lineamientos de la novela, se acercaría más al ensayo, a una meta-novela sobre escribir, propia de una autora que afuera de su conglomerado editorial de siempre, habría encontrado nuevas libertades creativas, pero que aún estaría recalibrando su voz con ejercicios de estilo.

Ossandón habría anunciado una novela ambiciosa, pero en cambio el resultado sería un libro con errores gramaticales y de ortografía, de argumentos sonsos, personajes gruesos, abundantes escenas de acción (un capítulo se titularía: “Si hay que meter bala, hay que meter bala”), y sin espacio para adentrarse en complejidades como los fenómenos mundiales que podrían permear la trama.

Mientras que Kast, más cuidado en su estilo, privilegiaría una estructura con lógica interna, con algunos protagonistas más delineados, pero desapegada de la realidad de todos los personajes que busca retratar, con capítulos escritos con el objetivo de responder a las obras de los otros autores.

En todas estas versiones, ese libro llamado Chile, dudo por ahora que tendría el potencial de convertirse en un clásico, para después de la elección, trascender del canasto de los descuentos y continuar editándose en tapa dura para compartir repisa con otras novelas de autores como Winston Churchill o Barack Obama.

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La selección al servicio de la calidad de la educación: la experiencia de los CFT

Acerca de la educación técnico profesional y sus desafíos de cobertura y calidad, escasamente se ha discutido en el último tiempo. Esto, sin desconocer los programas e iniciativas que se han implementado en los últimos años, como por ejemplo: inversión en infraestructura y equipamiento, adecuaciones curriculares,  reconocimiento y apoyo para las prácticas profesionales y financiamiento para la continuidad de estudios técnicos, entre muchos otros.

Sin embargo, lo  mencionado por la Presidenta de la República en su reciente discurso del 1° de junio, sobre la creación de los primeros Centros de Formación Técnica de carácter público, es -desde mi punto de vista- el avance más significativo del último tiempo en materia de una política pública para el mundo técnico profesional.

Se trata de la creación de una nueva institucionalidad, esperada y valorada por quienes han estado cerca de la formación técnica. Ello considerando que favorecerá la cobertura en territorios que lo necesitan, asegurando continuidad de trayectorias laborales y de estudios, para un número significativo de estudiantes que no contaban con estas oportunidades. Es además, una señal clara de “valorización social” hacia aquellos jóvenes que hacen una opción por la educación técnica, contando con más oportunidades para una educación de calidad.

Tal como lo mencionó la Presidenta en su discurso, los Rectores nombrados en los primeros CFT creados en las regiones de la Araucanía y el Maule, fueron seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública, garantizando un proceso abierto, amplio, transparente y por sobre todo, pertinente al objetivo de esta Política Pública.

Llevar a cabo este proceso de selección, implicó al Servicio Civil comprender el desafío mayor que tiene la creación de esta nueva institucionalidad para la educación técnica a nivel nacional, y muy particularmente, para cada una de las regiones en las cuales se instalarían los primeros Centros. El trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, permitió preparar con tiempo los perfiles de los cargos, abordando los desafíos técnicos y políticos que los Rectores tendrían una vez asumida su función; además de preparar las condiciones para implementar de modo impecable el proceso de concurso y asegurar una propuesta de nóminas, con los profesionales más idóneos para cada región en particular.

Desde el Servicio Civil, valoramos este profundo avance, al menos por tres cuestiones fundamentales:

Garantizar un proceso de selección amplio y transparente, recogiendo las particularidades de las regiones, y los desafíos técnicos y políticos de esta Política Pública.
Levantar, en conjunto con el MINEDUC, los perfiles de los cargos a concursar, considerando los desafíos de la nueva institucionalidad y lo que implica su puesta en marcha.
Generar condiciones adecuadas para el impecable desarrollo de cada uno de los procesos de selección.

Todo lo anterior, no solo significa implementar bien el Sistema de Alta Dirección Pública, sino evidenciar la capacidad que tiene el propio sistema de adaptarse a particularidades de una política, y garantizar un proceso de selección de calidad, en un contexto que es complejo por las expectativas e intereses de diversos actores.  Algo similar ocurrió con el proceso de selección de los Facilitadores para el proceso de cabildos ciudadanos, inédito hasta ahora.

El Sistema de Alta Dirección Pública, contribuye así, al fortalecimiento de la Educación, seleccionando mejores directivos para la Educación Pública; en este caso, realizando un aporte crucial para la puesta en marcha de una política pública clave para la Educación Técnica Profesional.

En esta misma línea el Servicio Civil trabajará una vez aprobado el proyecto que crea los Servicios Locales de Educación, cuyos directivos serán seleccionados también a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Esta es la contribución del sistema de selección a mejorar la calidad de la educación, cuestión que es una convicción que día a día avanza y ponemos a prueba con una muy buena recepción de la ciudadanía.

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