Óscar Contardo's Blog, page 148

Juez Fernández: las buenas intenciones no bastan

*Esta columna fue escrita junto a Cristián Rodríguez Programa de Doctorado, Psicología y Comportamiento Social Universidad de California-Irvine.

Se ha hecho conocido el caso de Luis Fernández, juez suplente del poder judicial, que sin tener habilitación legal para ello, autorizó cambiar el nombre y sexo a un niño de 5 años para que pasara a ser conocido como niña ante la ley y la sociedad. Para muchos el actuar de Fernández es una conducta ejemplar. Pero las buenas intenciones no bastan para considerar que su actuar fue correcto. Su defensa se basa en afirmar que actuó conforme a la ley, luego de haber leído y estudiado el tema. Nos permitimos cuestionar esta afirmación.

El juez Fernández ignora la diferencia conceptual entre identidad de género y sexo, que no son sinónimos ni para la ley ni para otras disciplinas. Sin embargo, él las confunde, cambiando el sexo como si estuviera determinado por la identidad de género.

Por cierto, haber negado la solicitud no implicaría desconocer que esta experiencia es emocionalmente desgastante para el niño y la familia. Pero habría sido la correcta en atención a nuestra ley y a la prudencia, a la luz de la evidencia que Fernández desconoció, aún si tal vez con la mejor de las intenciones.

Vamos al fondo de esta discusión. Las consideraciones del juez no exploran la investigación y datos existentes en esta materia. Si las hubiera tenido a la vista jamás habría afirmado que su convicción de identidad era “permanente”, como de hecho lo hizo. Tal conclusión no figura en los informes aportados pues es imposible de determinar. Un estudio acabado del tema –como el que ha realizado el legislador– lo habría llevado a confrontar el conocimiento que, en 8 de 10 casos, los “niños trans” desisten de su convicción. La evidencia recopilada por investigadores, como Ken Zucker o Ray Blanchard, afirma lo anterior, mostrando que entre el 80 y 95% de los niños que manifiestan incongruencia entre su sexo biológico y su identidad de género –que en sí ya son un número bajísimo– superan la misma antes del término de su pubertad. En otras palabras, la prevalencia de la condición es baja y generalmente transitoria.

Asimismo, sabría que no hay un claro consenso ni una sola definición de tratamiento para “ayudar” al niño. Dado que la disforia de género infantil suele tener varias comorbilidades psicológicas y endocrinológicas, los especialistas recomiendan un trabajo interdisciplinario a distintos niveles: endocrinológico, psicoterapéutico y psicoeducativo. Las posturas de espera vigilante (watchful waiting, Ehrensaft, 2017) sugieren retrasar cualquier cambio violento a nivel hormonal y social que puedan eventualmente comprometer irremediablemente al niño y su familia.  En cambio, el juez tomó la posición más radical, de tratar legalmente al niño como niña, y forzar que así sea por el resto, lo que interviene directamente en su proceso de desarrollo, dificultando su probable desistimiento de esa convicción. Una opción que a la larga puede generarle más perjuicio que los supuestos beneficios.

Nuestras palabras no buscan juzgar a los padres y el entorno del niño, que sin duda actúan buscando el bien de su hijo, ante un confuso escenario. Pero sí criticamos el actuar de un juez que decide seguir sus intuiciones antes que la ley y la evidencia. En base a ello, tal vez la posición más valiosa y acogedora, no exenta de dificultad emocional, es precisamente acompañar y esperar, resguardando las condiciones para que los niños se desarrollen y alcancen una cabal comprensión de sí mismos.

 

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El peso de la noche

FUE UNA sorpresa que los diputados del PC votaran divididos respecto del acuerdo de la Cámara de respaldar las gestiones para lograr la extradición desde México del exfrentista Raúl Escobar Poblete, uno de los autores materiales del asesinato de Jaime Guzmán en 1991. Carmona, Cariola y Vallejo apoyaron el acuerdo, Gutiérrez dio una explicación leguleya para votar en contra, mientras que Teillier y Núñez no estuvieron presentes.

Sobre el crimen de Guzmán, Teillier sostuvo: “Esto es consecuencia de lo que pasó en Chile el año 73, cosa que no podemos olvidar (…) Todos estos son daños colaterales”. Es la voz más autorizada para hablar de esa clase de daños. Entrevistado por La Tercera en marzo de 2013, reconoció la paternidad comunista sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y contó que él había sido el jefe militar del PC, supervisor de las acciones del FPMR, encargado del desembarco de armas en Carrizal Bajo y responsable partidario de autorizar el atentado a Pinochet.

¿Por qué hizo tales revelaciones? Al parecer, para demostrar que fue acertada la “política de rebelión popular” de su partido, y ganar así autoridad ante los dirigentes juveniles. Respecto de las operaciones llevadas a cabo por el FPMR, afirmó entonces: “Lo que pasa es que acciones de este tipo traen consecuencias, hay pérdidas de vidas, riesgos, los que estaban metidos en eso sabían en lo que estaban”. En efecto, “los que estaban metidos en eso” arriesgaron el pellejo, dispuestos a morir y a matar, mientras los estrategas estudiaban los mapas.

En 1986, los dirigentes del PC imaginaron una solución parecida a la nicaragüense (la toma del poder por un ejército popular y la instalación de un régimen revolucionario). Pero el movimiento antidictatorial avanzó por un cauce muy distinto: pacífico, a cara descubierta, buscando poner fin a la cultura de la muerte. El FPMR terminó dividiéndose en 1987, lo que significó que el PC perdiera el control del aparato militar creado con el apoyo de Fidel Castro. El grupo que optó por la autonomía acusó al PC de no cumplir su palabra de considerar la salida de Pinochet solo como el primer paso de la “guerra patriótica”.

Teillier admitió en 2013 que “al Frente le mataron mucha gente”. Así es, muchos jóvenes comunistas perdieron la vida en una lucha sin destino. Fue insensato el plan de desafiar a las FF.AA. en el terreno de las armas, y el balance simplemente desastroso. No debilitó a la dictadura, sino que le dio nuevos pretextos para reprimir. La herencia incluye que no pocos frentistas se dedicaron al bandolerismo, como es el caso de Escobar Poblete.

El asesinato de Guzmán se produjo cuando la transición democrática todavía no se consolidaba. Además de un acto vil, fue un intento desquiciado por hundir los esfuerzos del gobierno del Presidente Aylwin por asegurar que los chilenos pudiéramos vivir en libertad. En esos días, los militaristas de derecha y los militaristas de izquierda intentaron ahogar la democracia que nacía. Afortunadamente fracasaron, para bien de Chile.

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Latinoamérica en TV

SI PENSAMOS que en América Latina mueren asesinadas 144 mil personas al año, a un promedio de cuatro cada 15 minutos, era cosa de tiempo que Netflix pusiera el ojo en este territorio desgarrado por el narcotráfico, la corrupción política y las luchas territoriales entre pandillas. Desde Narcos, la estupenda serie sobre Pablo Escobar, el canal ha fortalecido su apuesta latinoamericana y hoy podemos ver series de gran factura, donde la acción y el suspenso se cruzan con el drama social.

La semana pasada se estrenó El Chapo, inspirada en el líder del cartel de Sinaloa. La serie arranca cuando Joaquín Guzmán Loera forma parte de la segunda división de un cartel y anhela convertirse en “patrón”. Pero sus jefes no lo ascienden, a pesar de que logra que la organización gane mucho dinero a través de un trato con Pablo Escobar. La acumulación de pequeñas humillaciones lo llevarían a forjarse un camino propio, saltándose ciertos protocolos que lo enemistaron de entrada con otros carteles.

El aspecto más sobresaliente de la serie es el vínculo entre narcotráfico y política. Es cierto que está en segundo plano, tras las persecuciones y matanzas, pero es lo suficientemente explícito como para hacerse una idea de la degradación que el tráfico de drogas provoca en las instituciones. Cuando asume Salinas de Gortari (no sale su nombre, pero la caracterización es idéntica) se hace evidente el carácter negociador del gobierno, que no quiere “desmadres”, y para eso mete en la cárcel al capo de capos. La idea es que éste, gracias a su influencia, mantenga calmadas las aguas. Así todos ganan. Y es ahí donde el Chapo, a esas alturas con bastante más poder, entra en guerra con otros grupos por hacerse de un mayor control de la cocaína.

Si en El Chapo se aprecia cómo un conflicto social sube hasta las más altas esferas, El marginal muestra la corrupción de la justicia en un nivel más pequeño, a ras de suelo, en la Argentina actual. El protagonista es un expolicía que está preso en la Patagonia y acepta infiltrarse en un penal de Buenos Aires, para averiguar quién secuestró a la hija de un juez corrupto. A cambio, recibirá su libertad.

El alcaide es un personaje soberbio, divertido, al que no le preocupa en lo más mínimo la reinserción social, los derechos humanos y “todas esas pavadas de ahora”, y solo aspira a que el recinto se mantenga sin muertos. Entonces aparece el otro gran tema de la serie: la lucha entre dos pandillas, los Borges y la Sub 21, por el control del penal.

La serie en el fondo reproduce la realidad de la “villa”, la tierra del más fuerte y del más vivo. El hacinamiento es ley y la violencia, un mecanismo de subsistencia. Igual que en las poblaciones o las favelas. De hecho, según una estadística del Banco Interamericano del Desarrollo, el 50% de los homicidios en Latinoamérica se producen en el 1,6% de sus calles. Una muestra elocuente de los efectos de la segregación urbana y de que la delincuencia no es únicamente un problema de seguridad. En último término, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

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Goic vs. Guillier

HAN LLAMADO la atención las disputas recientes entre las candidaturas que cohabitaron en la Concertación y en la Nueva Mayoría (NM). Aunque problemas de poder menores pueden explicar parcialmente estas confrontaciones ellas responden a evaluaciones distintas de los 20 años de Concertación y de las reformas de la Presidenta Bachelet.

Alejando Guillier tomó el compromiso de continuar y profundizar los cambios iniciados por Bachelet, lo que implica que más allá de valorar lo realizado por la Concertación se asume una postura crítica frente a excesos de la política de acuerdos, la mantención de una educación cuya calidad dependía del poder adquisitivo, la aceptación del sistema AFP como columna vertebral del sistema de pensiones entre otras políticas. No se trata de un continuismo ciego o que no asuma los graves problemas que ha enfrentado el proceso reformista. Son claros los nuevos énfasis. En educación privilegiar el fortalecimiento de la educación pública, el rol protagónico de los profesores, el rechazo a una comprensión de la educación como centrada en la formación de “recursos humanos”. Releva también la apuesta a favor de una democracia representativa que se complementa con mecanismos de democracia participativa. Se enfatiza la necesidad de priorizar la transición a una economía del conocimiento, que valora al trabajador como fuente fundamental de ventajas competitivas, sin desvalorizar el aporte empresarial.

Prioriza la recuperación la capacidad de crecimiento, sin poner en cuestión los equilibrios macroeconómicos, pero entendiendo que ellos se viabilizan cuando con el crecimiento sustentable. De ahí la decisión de elevar la inversión en infraestructura hasta 4 puntos del PIB. Al contrario de la visión timorata que impera hay un claro reconocimiento del rol rector del Estado en el desarrollo económico. Y en este contexto, la apuesta para continuar en la construcción de una sociedad que reconozca los derechos sociales universales.

¿Qué representa en cambio la candidatura de Goic? Carolina Goic ha acusado a Alejandro Guillier de izquierdizarse y de que ese ha sido la gran falla de la presente administración. Pese a la presencia en la DC de fuerzas políticas que coinciden con los planteamientos de Guillier, Goic se ha ido deslizando hasta representar una parte sustancial de la tecnocracia concertacionista que corporizó la toma de decisiones en el contexto del pacto social representado por la Concertación y marcado por la fuerte incidencia de los herederos de la dictadura que sustituían su menor fuerza electoral por su poder económico y por los amarres constitucionales heredado por la dictadura. Estos sectores, fueron protagonistas del tránsito desde posiciones gubernamentales hacia puestos en el sector privado para volver luego a los diferentes gobiernos acostumbrándose a un sistema del cual buena parte de la población se fue alejando.

Representantes de estos sectores se constituyeron en los principales críticos de las reformas. El problema de la DC hoy es cómo volver a representar a sus bases partidarias que poco tienen que ver con los sectores tecnócratas indicados. Ello es clave para que Goic empiece a marcar.

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No todos pueden ser Macron

Luego de las elecciones francesas del mes de mayo, en nuestro país “todos quieren ser Macron”.

No es sorpresa que distintos políticos envidien la juventud, el dinamismo y la imagen del nuevo mandatario francés. Pero muchos olvidan que aquello no basta para ganar una elección y hacer un buen gobierno.

La semana pasada, Alejandro Guillier expresó -en una hábil demostración de oportunismo político- que “por lejos” habría votado por Macron, argumentando que el mundo está cambiando muy rápido. No tengo por qué dudar de que el candidato de la Nueva Mayoría, de tener derecho a voto en Francia, lo habría hecho; sin embargo, a juzgar por las pocas ideas que ha Guillier le conocemos, tengo la certeza de que Macron jamás votaría por él en Chile.

Comparemos: Macron propuso, como eje de su campaña, reducir drásticamente el gasto público, incluyendo el despido de más de cien mil operadores del Estado y Guillier ha apoyado todas las políticas económicas de un gobierno que está terminando con alto déficit fiscal y la deuda pública más alta de los últimos veinte años, y que además ha contratado más y más personal para su deficiente administración sin que jamás hayamos escuchado reclamo alguno.

Mientras Macron propone rebajar el impuesto a las empresas para fomentar la inversión y dinamizar la economía, Guillier defendió el alza de impuestos a las mismas y no está dispuesto siquiera a estudiar una rebaja tributaria.

Macron postula reducir el número de parlamentarios en un tercio, y Guillier promovió, exigió y votó a favor del aumento de legisladores en Chile.

Mientras Macron promueve la “autonomía de los centros escolares y universitarios”, Guillier cree en “profundizar la Reforma Educacional” de este gobierno, aquella que hace precisamente lo contrario.

Mientras Macron busca flexibilizar el mercado laboral para que los trabajadores, por ejemplo, puedan adaptar su jornada al interior de sus empresas, Guillier no solo suscribió una reforma laboral que hace lo opuesto sino que además promueve la negociación colectiva por ramas, lo que afecta directamente la autonomía de las medianas y pequeñas empresas.

A lo mejor Guillier nos sorprenderá y todo lo que ha dicho y que se contrapone al ideario de Macron, lo va a cambiar, y quizás precisamente por esto manifestó que votaría por el líder galo. No sería la primera vez. En lo que el rector Carlos Peña denominó la “sencillez” de su discurso, Guillier nos tiene acostumbrados a terminar con inconsistencias y volteretas en temas fundamentales. Por ejemplo, en 2014, dijo ser partidario de eliminar las AFP por “inconstitucionales”; en marzo de este año declaró que eliminar el sistema privado previsional “no se encuentra en ninguna de mis propuestas”, y finalmente, en su programa, plantea “transformaciones profundas a la estructura de pensiones en Chile”. ¿Qué hará finalmente? No sabemos.

En el mismo programa, planteaba como política económica la fijación del tipo de cambio, a los pocos días se desdijo y explicó que fue un error de tipeo. No tengo por qué dudar de dicha versión, pero legítimamente me pregunto: ¿cuántas nuevas incoherencias y cuántos nuevos errores de tipeo cabe esperar en sus propuestas y, lo que es peor, en los proyectos de ley de un eventual gobierno suyo?

Chile no necesita más vueltas de carnero ni improvisaciones, para eso hemos tenido suficiente en estos últimos cuatro años; por el contrario, requiere un liderazgo con ideas claras, metas precisas y convicciones profundas sobre qué cosas hacer y cómo hacerlas.

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La Franja de la Post Verdad

A esta década en política se le ha llamado de la Post Verdad, que el diccionario Oxford define como: “Circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”; en otras palabras, le creemos más al show que a la realidad. El ícono de la Post Verdad fue la campaña presidencial de Donald Trump.

Cuando llevamos esto al plano local y observamos la franja electoral de las primarias, iniciada la semana pasada, vemos que el principal inconveniente de ésta no es su transmisión. El objetivo de que todos los candidatos -independientes de su poder adquisitivo- puedan tener su espacio en la televisión abierta me parece bien; el problema que tiene nuestra franja presidencial es que se ha transformado en la venta de un producto (candidato) y no en su objetivo primario de informar sobre el qué y el cómo se lograrían las propuestas de sus diferentes programas de gobierno.

Hace ya bastante tiempo que el marketing se tomó este espacio televisivo, pero sus creativos han olvidado algo que es clave y es que, tanto para un producto determinado, como para un candidato, junto al carácter comercial del anuncio debe incluirse un aspecto informativo y la franja no lo tiene, “vende” trenes, vacaciones, pensiones, salud, es casi un ofertón al mejor estilo all inclusive.

Mientras Mayol nos vaticina una crisis total con cataclismos, guerras y hambrunas; proponiendo a su vez conectividad vial, salud, educación y justicia social, por medio de la reasignación del dinero de las AFP, es que francamente parece que no ha entendido nada. Todas sus medidas requieren de un Congreso con el que no cuenta y no va a contar. Una de las características de la post verdad es la manipulación de los datos y cuándo nos dan información incompleta, se cae en eso.

Una cara totalmente distinta nos ofrece Beatriz Sánchez, al menos tiene la deferencia de no prometer cosas que se escapan de sus manos. Apelando a la emoción y a los sentimientos invita a los electores a votar por ella, es una campaña claramente comercial donde el producto es ella, de ideas sólo esbozos y uno que otro rostro, pero al menos es dinámica y entretenida a la vista.

Felipe Kast, a diferencia de Mayol, no habla sobre hechos consumados, sino que lo hace como propuestas, como lo que le gustaría hacer. Aunque su primera franja era sobre explotada en imágenes, con el paso de los días ha ido bajando la intensidad de la misma y agregándole toques de humor, lo que se agradece. Muestra equipos, muchos del ex gobierno de Piñera y además logra esbozar algunos principios liberales que le han permitido desmarcarse de la derecha tradicional; sin embargo, su primo José Antonio sigue siendo su sombra, el apellido común confunde entre quién propone un programa de gobierno basado en la Biblia y Felipe que pretende recoger lo mejor de Harvard y La Habana.

En el caso de Piñera, él partió mirando desde la ventana de una moderna oficina y aceptando que está dispuesto a ser nuevamente candidato porque Chile lo necesita; esa imagen mesiánica de su primera franja fue algo extrema, con los días ha empezado a transmitir una mayor cercanía con la gente, algo que evidentemente no le queda cómodo, afortunadamente para él, Cecilia Morel sí encarna esa cercanía. De igual manera pretende transmitir una imagen de estadista que tampoco le queda, el exceso de escudos, estrellas y banderas -tan republicano o derechista- apela exclusivamente a un público: el adulto conservador. ¿En qué minuto el empresario liberal se transformó en un cauto conservador? Quizá en el mismo momento en que dejó de ser Cruzado y se hizo colocolino, pero eso es otra historia.

Volviendo a la post verdad, la omisión es otra de sus tradicionales características, cuando Piñera muestra un esbozo de su gobierno, también cae en ello; si a eso se le suma el ofertón cómo subir los días de vacaciones, ya llegamos al populismo en su mayor expresión.

Ossandón es caso aparte, no sólo por su obsesión beligerante para con el ex presidente Piñera, sino que también porque sus recursos son escasos, reduciéndose al abrazo y el beso, propios de una campaña del siglo pasado y el resto del tiempo, en vez de dedicarse a mostrar ideas y equipos para gobernar, lo destina -en su estilo campechano, pero latifundista a la vez- a criticar el anterior gobierno de derecha, evidenciando otra característica de la Post Verdad: la “demonización del adversario”, en este caso Piñera.

Las franjas, unas más otras menos, caen en este concepto de la Post Verdad. Sería conveniente que, junto con verlas, los ciudadanos vayan analizando que tan factibles son de llevar a cabo las propuestas que nuestros candidatos prometen y les exijamos acto seguido que demuestren cómo lo planteado es posible de lograr. Ese es un desafío que dudo mucho los candidatos puedan lograr.

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Oportunidades al talento para el crecimiento

CONSTRUIR UNA  sociedad más inclusiva es crucial para elevar nuestro crecimiento económico. En 1960, el 94% de los abogados y médicos estadounidenses eran hombres blancos. En 2010 ese porcentaje cayó a 62% producto del aumento en mujeres y personas afroamericanas. Entre esos años el PIB per cápita de EE.UU. aumentó de 17.000 dólares a 48.000 dólares. La evidencia indica que cerca de un cuarto de dicho incremento se explica por la mejor asignación de talentos asociada a la mayor inclusión.

La incorporación de más mujeres y personas de distintos orígenes a la economía permite no solo construir una sociedad más justa, sino también potenciar el crecimiento de manera significativa. Y en nuestro país tenemos un gran desafío en esta materia. Algunos ejemplos: las mujeres representan un 6% de los directorios de sociedades anónimas abiertas; gran parte de los gerentes de nuestras empresas vienen de un número acotado de colegios; mientras 5 de las 20 empresas más grandes del mundo no existían 25 años atrás, en Chile, las 20 empresas más grandes tienen al menos 25 años.

Inclusión, innovación y emprendimiento van juntos. Nuestro país necesita que la innovación se transforme en una fuente de ventaja competitiva y que el emprendimiento genere nuevas empresas capaces de contribuir a la sofisticación de nuestra matriz productiva. La única forma en que vamos a cumplir estos objetivos es generando oportunidades al talento que tenemos en nuestro país. Por eso en la Agenda de Productividad le hemos asignado un papel central a la democratización del emprendimiento y la innovación.

Democratizar el emprendimiento requiere avanzar decididamente en simplificación de trámites. Como gobierno estamos implementando la plataforma digital Escritorio Empresa, que ofrece una serie de soluciones para crear y operar una empresa, reduciendo tiempo y recursos.

Desde que asumimos, hemos aumentado en 55% los recursos destinados al emprendimiento. Esto se traduce en más de 1.000 emprendedores innovadores apoyados a través de Corfo anualmente, en la creación de una red de 36 coworks a lo largo del país, y en que nuestras startups puedan recibir financiamiento de nuevos fondos de etapa temprana.

La internacionalización de nuestras empresas es crucial. Por eso es un gran logro la reciente incorporación de Chile a la red Eureka, una de las líderes en materia de emprendimiento e innovación en el mundo. Esto generará oportunidades a nuestras empresas para asociarse con centros de investigación y empresas extranjeras.

Democratizar el emprendimiento y la innovación requiere además mercados competitivos. Si las ganancias de coludirse son mucho mayores que las sanciones, no tendremos innovación. Si una empresa puede abusar de su poder de mercado para bloquear a una empresa emergente, no tendremos nuevos modelos de negocios que aumenten la productividad. Por eso la ley de libre competencia iniciada y aprobada en este gobierno es clave para nuestro crecimiento.

La tarea de generar un crecimiento sostenido requiere evitar recetas simplistas. No puede reinventarse cada cuatro años. Requiere una mirada de corto y especialmente de mediano y largo plazo. Requiere corregir errores y generar consensos mínimos. Solo de esta manera tendremos la posibilidad de seguir construyendo un mejor país.

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El pacto de Fausto

Durante esta semana, el Ejecutivo anunció que presentaría al Congreso un proyecto de ley que busca concretar una promesa de campaña de la presidenta Bachelet: el “trato preferente” a las universidades de propiedad del Estado. Originalmente, esto buscaba cumplirse a través del proyecto de Ley de Educación Superior actualmente en la Cámara de Diputados, pero con el objetivo de acelerar su tramitación, se presentó como un proyecto aparte.

El concepto de “trato preferente” es de larga data y ha tenido diferentes significados en la discusión pública. La agrupación de rectores de las universidades estatales (CUECH) se ha referido a la necesidad de reparar el “abandono” de estos planteles por parte del Estado, responsabilizando al Estado de asegurar su calidad. En la mayoría de los casos, esta discusión se ha materializado en la transferencia de más recursos fiscales para estos planteles.

Lo cierto es que el trato fiscal preferente para un grupo de instituciones ya existe, con la diferencia de que no es exclusivo para las universidades estatales, sino para las universidades que existían antes de 1981, usualmente denominadas “tradicionales”. Este trato se materializa en instrumentos de financiamiento basal (Aporte Fiscal Directo) y mejores becas y créditos para sus estudiantes (Fondo Solidario de Crédito Universitario y Becas Bicentenario), entre otros, que el resto del sistema de educación superior no tiene. Las universidades pertenecientes al Consejo de Recortes de las Universidades Chilenas (CRUCH), entre las que se cuentan todos los planteles estatales incluyendo los creados el año pasado y nueve universidades privadas, gozan hoy de un trato especial que las universidades privadas creadas después de 1981, aunque algunas sean de mayor calidad y prestigio, no reciben.

El problema es, entonces, más complejo. Si ya existe un trato preferente para un grupo de universidades estatales y privadas en base a un criterio histórico y arbitrario, ¿qué hacer con las estatales? ¿Dejar el trato preferente solo para las universidades estatales y excluir a todas las universidades privadas? Considerando que en este grupo de universidades privadas “tradicionales” y “preferenciales” se encuentra la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, ésta se vuelve una opción improbable. ¿Darles un trato aún mejor y crear tres “tipos” de universidad? Esto es lo que pretende hacer el proyecto de ley, pero no ha encontrado la recepción esperada. La reacción de las universidades estatales fue tibia hasta ayer, cuando el rector de la Universidad de Chile rechazó vehementemente el proyecto.

¿Por qué? Como ha sido el patrón de las políticas de educación superior de este gobierno, la gratuidad es un ejemplo, se propone a las universidades un intercambio forzoso: recursos fiscales a cambio de control gubernamental. El proyecto de ley de universidades estatales establece mecanismos de control directo, a través del nombramiento de un tercio de la junta directiva de todas las instituciones, e indirecto, a través de una participación en las instancias de financiamiento y de coordinación que se crean. El resultado para la Universidad de Chile es grave: hoy en su máximo órgano colegiado ejecutivo hay dos representantes de la Presidenta de la República de un total de 21 miembros (7%). Con el proyecto de ley, estos representantes serían 3 de 9 (33%). Como si fuera poco, también se excluiría la participación de estudiantes y no académicos en esta instancia, algo que hoy existe. SI esto no fuera evidencia suficiente de la intención controladora del gobierno, la bullada y finalmente “ilegal y arbitraria” destitución de la rectora Roxana Pey debiera ser una clara muestra, para la opinión pública, de que el gobierno está más que dispuesto a tomar el control de las universidades estatales, sin importar el costo.

Como el pacto de Fausto, la ambición de un trato preferente para las universidades estatales no será gratis, sino a cambio de su autonomía.

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No es razonable oponerse al Matrimonio Igualitario

El debate en torno al matrimonio igualitario –materia sobre la cual la Presidenta Bachelet acaba de anunciar el envío de un proyecto de Ley al Congreso– se transforma en una discusión entre sordos. Contra esto, quienes estamos a favor de la aprobación de dicha ley tenemos la obligación de escuchar mejor.

Los conservadores de Chile y el mundo que se oponen a dicha ley tienen muchos argumentos, algunos mejores que otros, obviamente. El mejor de ellos, el más robusto, es aquél que señala que la diferencia sexual entre hombre y mujer constituiría un bien en sí mismo pues hombre y mujer se complementan o equilibran como padre y madre en la generación de un medio de procreación y/o crianza (no se sabe si procreación o crianza pues esta diferencia queda escondida en el argumento conservador) del que los niños no debiesen ser privados, so pena de causarles un perjuicio, cuya especificación técnica nunca se pone a disposición.

Dicho medio propicio se podría constituir sólo bajo una fórmula: el padre está ontológicamente asociado al hombre y la madre a la mujer. Padre/madre no serían roles sociales, que pudiesen ser cumplidos por una combinación distinta a la de hombre/mujer, so pena de romper la complementariedad y con ello de generar un medio perjudicial para el niño.

Es esta fórmula ciertamente ontológica, igual al matrimonio heterosexual, la que el Estado debiese simplemente sancionar como matrimonio institucional. Evidentemente esto no se puede discutir, pero no porque sea verdadero, sino por su carácter: frente a algo así sólo cabe creer o no hacerlo. Ello no es distinto a cuando el pastor Soto nos llama a aceptar su interpretación de la Biblia.

Se trata de una petición de principios. Lo que los hombres y mujeres quieran hacer con sus instituciones, si no coincide con dicha ontología, sólo puede ser falso y además patológico, y ello con independencia de lo que ellos y ellas construyan de acuerdo a su sentido común, a su autocomprensión cultural y la deliberación democrática en tanto ciudadanos, pero sobre todo  —y este es el verdadero punto aquí— con independencia de lo que digan las ciencias empíricas.

No se trata de si el argumento conservador es de índole religioso o no. Se trata únicamente de que exige una creencia que no sólo no admite la posibilidad de su falsedad, sino que declara como falso y perjudicial lo que no se condice con él. El problema es que, nos guste o no, en sociedades plurales, diversas, que además se dicen democráticas, frente a este orden de debates y controversias, no contamos con otro patrón de racionalidad que el de las conclusiones de las ciencias empíricas, cuando ellas expresan amplios consensos, como es aquí el caso: no hay tal perjuicio para el niño en familias donde los roles parentales están asumidos por personas del mismo sexo.

No aceptar esta conclusión, no es razonable.

El mejor argumento de los conservadores no es razonable, no sólo porque tiene inconsistencias internas insalvables, sino que además porque apela a reglas del mundo, seguramente ciertas para ellos, pero de las cuales no sólo no existe evidencia empírica alguna, sino que además son ampliamente contradichas por las ciencias empíricas. Pese a los esfuerzos de sus defensores, la discriminación entre parejas heterosexuales y homosexuales respecto de la institucional matrimonial es final e inapelablemente arbitraria. Esa discriminación —que lentamente está siendo desalojada de la historia de todos los países modernos— está condenada a acompañar en un futuro no lejano a la doctrina “separate but equal” de la USA segregacionista racial de fines del siglo 19 y la primera mitad del 20.

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Niñez mapuche

El mundo indígena celebra por estos días el nuevo año. We tripantu para el pueblo mapuche, Machaca Mara de los aymara, Aringa Ora o Koro de los rapanui, Inti Raimi de los quechua, Huata Mosoj de los kolla. Las distintas ceremonias coinciden en el hemisferio austral con el solsticio de invierno, es una fecha cargada de profundos significados y marca el incio de un nuevo ciclo.

Es una ocasión para reflexionar una vez más sobre la realidad de la niñez mapuche. Los niños y niñas de la Escuela  Municipal G 816 de la comunidad mapuche de Temucuicui, han quedado otra vez en la mitad del conflicto. Por un lado hay una comunidad que reivindica sus derechos ancestrales y por la otra, procedimientos policiales en una zona altamente sensible y especialmente insegura para los niños.

Según los preceptos contemplados en todos los instrumentos internacionales de derechos de la niñez ratificados por Chile, en contextos de conflicto es prioritario considerar el interés superior del niño en las actuaciones de la fuerzas de orden, y  es obligación de todos los poderes de los Estados proteger a la niñez y garantizar sus derechos.

Creemos  que el estándar de actuación para las instituciones de orden público, debe ser más alto cuando existe la presencia de niñas, niños y adolescentes, y acorde con el principio de resguardo del bien superior del niño. En el caso de la Escuela de Temucuicui, si bien existía una orden emanada del Ministerio Público y que hubo agresiones hacia las fuerzas de Carabineros, desde la perspectiva de los derechos de la niñez, en consonancia  con los  acuerdos internacionales firmados por Chile y las resoluciones judiciales en la materia, el procedimiento policial vulneraría esos derechos porque no consideró los efectos sobre la salud física y psíquica de los 70  niños y niñas presentes en la escuela.

Hemos conversado con las autoridades de Carabineros para manifestar nuevamente nuestra preocupación por el cumplimiento de los protocolos establecidos en materia de procedimientos policiales cuando hay niños involucrados.

Como Consejo Nacional de la Infancia, hacemos un llamado a Carabineros de Chile a respetar estrictamente el contenido de sus protocolos y hacer las investigaciones correspondientes  cuando se trasgredan dichos acuerdos, como lo ha dispuesto el Ejecutivo en esta ocasión.

El primer avance como sociedad democrática para que fructifique un diálogo eficaz, debe ser el respeto irrestricto a los derechos de la niñez en la zona en tensión.

Feliz año nuevo a todos los pueblos originarios y especialmente feliz We tripantu a los niños y niñas mapuche.

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