Óscar Contardo's Blog, page 112

El litio, una oportunidad de integración

Un 60% de los recursos mundiales de litio se encuentra en un área geográfica que cubre territorios de Argentina, Bolivia y Chile (ABC), el llamado “Triángulo del Litio”. Estos tres países llevan adelante políticas para el desarrollo de la industria de energía, que incluye tanto la exploración y explotación de estos recursos minerales como la instalación de plantas procesadoras y de manufactura. Para cumplir con estos objetivos se requiere inversiones, programas de investigación y desarrollo (I+D), infraestructura y un modelo de gestión que resguarde adecuadamente el medio ambiente y las comunidades.

Hasta ahora, la pregunta que se escucha con frecuencia es ¿en cuál de estos países conviene invertir para desarrollar un proyecto de litio? Quizás encontremos buenos argumentos para elegir A, B o C, pero ciertamente esta pregunta nos lleva a un escenario de A vs. B vs. C. Proponemos cambiar el escenario de competencia a uno de cooperación e integración: A+B+C. Las complejidades son obvias. Pero éstas responden a posiciones de voluntad política más que a limitaciones técnicas o geográficas.

Las bases de este nuevo escenario están dadas por algunas políticas que estos países ya han anunciado: Argentina ha fomentado la creación de empresas productoras de baterías de litio y su Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva financia centros de I+D en las provincias donde se encuentran sus reservas de litio; Bolivia ha hecho inversión pública en una planta piloto que fabrica baterías de litio, cuyos técnicos fueron capacitados en China, y constituyó la empresa pública Yacimientos de Litio Boliviano YLB que realizará las actividades de toda la cadena productiva del litio, pudiéndo asociarse con terceros que aporten con tecnología para los procesos de industrialización; Chile cuenta con las sólidas conclusiones de la Comisión Presidencial del Litio y con los programas de CORFO para desarrollo industrial en torno al litio y su incidencia en la energía solar. A+B+C no implica, por ahora, contar con una regulación común sino más bien acordar políticas públicas homogéneas con ciertos mínimos regulatorios que permitan armonizar la normativa interna de cada país; por ejemplo, esto ayudaría a tener estándares comunes en materia de protección ambiental o de los recursos hídricos, de forma tal que la explotación de los salares en un país no afecte el territorio de los países vecinos.

El Tratado Minero entre Chile y Argentina podría dar un marco regulatorio adecuado para esta integración, lo que requiere ser complementado por otros acuerdos en el ámbito de la integración energética, desarrollo de infraestructura, permisos migratorios, cooperación académica, entre otras materias.

Esta iniciativa, apoyada por organismos multilaterales como el Banco Inter Americano de Desarollo o la Corporación Andina de Fomento, contribuiría a una real integración entre nuestros países, potenciaría las ERNC, facilitaría la movilidad humana y permitiría el desarrollo sustentable de una industria relevante para las economías de la región.

 

 

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Ética en campaña

La candidata presidencial de la DC, y presidenta de ese partido, ha puesto la ética en la política en el centro de su campaña no solo rechazando la candidatura del diputado Rincón, sino encargando al destacado abogado Patricio Zapata un informe acerca de los criterios por los cuales ceñirse para conformar la plantilla de candidatos. El tema es, sin duda, interesante por sí mismo, más allá de las vicisitudes de la falange.

Desde siempre la política ha pretendido encarnar la virtud, ya los griegos plantearon el gobierno de los mejores como la opción más adecuada para el ejercicio del poder; sin embargo, el pensamiento moderno ha discurrido por un camino diferente: el de poner el foco en las reglas a las que debe sujetarse el gobernante. Lo importante decía Popper, no es quién gobierna, sino cómo se gobierna, porque la creencia de que son las virtudes personales las que legitiman el liderazgo político conduce al autoritarismo.

La percepción de que se tiene derecho a gobernar, porque se es poseedor de una superioridad moral lleva a identificar las posiciones propias con el bien y las de los adversarios con el mal. Por supuesto, las reglas del juego lícitas para combatir el mal son bastante distintas de las que regulan la competencia con alguien a quien se reconoce igual legitimidad. Por esto la democracia y las pretensiones de una integridad moral más elevada no se llevan bien; en realidad la democracia funciona sobre el principio contrario, esto es que nadie puede pretenderse superior a los demás, por lo que todos estamos sometidos a las mismas reglas y a las mismas responsabilidades ante la ley.

Los partidarios de las “agendas éticas” suelen argumentar que la función pública requiere y merece ciudadanos capaces de cumplir con un estándar de virtud superior al mínimo legal. Es verdad, pero ese estándar debe buscarse afanosa y diariamente, más en el silencio del testimonio que en la prédica altisonante; es sabio el cristianismo cuando nos recuerda que, aunque todos somos pecadores, tenemos la tendencia a mirar pajas en ojos ajenos ignorando las vigas en los propios.

Savonarola es el clásico ejemplo del camino al que conduce convertirse en juez de la virtud ajena. Este sacerdote dominico acusaba los pecados de la sociedad florentina, de los Medici e incluso de la curia, especialmente de los Borgia. El Papa Alejandro VI que tenía algunos defectillos, pero la falta del sentido del poder no era uno de ellos, ordenó que la inquisición lo juzgara y fue quemado en la hoguera.

El final de aquel predicador es una buena metáfora. Los que prenden hogueras para quemar a los pecadores, suelen terminar consumidos por las mismas llamas. En política afortunadamente nadie es condenado al fuego purificador, pero la virtud es una espada demasiado pesada, que suele caer sobre el rostro del mismo que la levanta amenazante contra los demás.

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Distrito 10

Al levantar su candidatura a diputado por el distrito 10, el excandidato presidencial Alberto Mayol ha lanzado un órdago al núcleo hegemónico del Frente Amplio (FA). Aunque ha argumentado su opción a partir de cuestiones prácticas -“vivo y trabajo allí”-, lo cierto es que implica un desafío al liderazgo de Giorgio Jackson (RD) y, de manera más indirecta, al de Francisco Figueroa de Izquierda Autónoma (IA).

Las proyecciones electorales indican que el FA obtendría, con seguridad, un diputado por ese distrito y, con un poco de fortuna y trabajo, quizás dos. La irrupción de Mayol tendría el efecto de aumentar la probabilidad de dos parlamentarios del FA (dejando eso sí en el camino a Figueroa, un dirigente emblemático y especialmente formado), con el condimento adicional de que podría superar a Jackson en votación, lo que tendría un importante significado político. Por otra parte, si el FA solo eligiera un parlamentario, podría también dejar sin su escaño a Jackson. A su vez, impedir que Mayol compita por ese distrito tiene costos importantes de imagen para el FA (la nueva política se comenzaría a parecer mucho a la vieja política), constituiría una suerte de veto a un expresidenciable y se repondría la imagen de “sobreprotegido” del diputado Jackson (en la elección pasada se omitió la NM, ahora “bajarían” por secretaría a Mayol). Difícil decisión le aguarda al FA.

Pero, más allá de estas consideraciones electorales y de poder, ¿qué late más de fondo en esta disputa? Aunque las posiciones están todavía larvadas se observa una tensión entre la reconstrucción de un “polo de izquierda” más clásico (Mayol) y una concepción política “ciudadanista”, con énfasis en demandas posmateriales y de “estilos de vida” (Sánchez). En términos sociales, flota sobre el FA, y de la izquierda en general, la tensión entre representar lo popular excluido de la modernización capitalista o a unas nuevas capas medias “apocalípticas” pero cuya demanda es, finalmente, por integración. En una tercera posición se ubicaría el sociólogo Carlos Ruiz (IA), quien en reciente entrevista criticó cierta nostalgia de vieja izquierda en Mayol (mucho “poncho y peña” y poca comprensión de la nueva estructura social chilena), pero también lo que sería una ansiedad electoralista y un programa que habría rebajado mucho sus expectativas transformadoras, en el eje Jackson-Boric. Resuena ahí una idea refundacional de la izquierda de largo aliento. En un plazo no tan lejano, las disyuntivas estratégicas del FA se tensionarán entre la primera y la segunda vuelta, ante una eventual disputa entre Piñera y Guillier.

Hoy las contradicciones del FA parecen converger en el distrito 10. Puede haber un acuerdo y evitarse la confrontación esta vez. Pero las divergencias de proyectos y las luchas por la hegemonía comienzan a despuntar en el FA y estas contienen un importante potencial disruptivo.

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Innovación de Encuentros Locales Autoconvocados

Esta columna fue escrita junto a  Tomás Jordán, Asesor en materias constitucionales

Hace unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó en Santiago su informe sobre la Etapa Participativa del Proceso Constituyente propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet. Una de las principales conclusiones fue que los Encuentros Locales Autoconvocados son una innovación en materia de participación ciudadana y que se instituyen como una buena práctica para promover la inclusión. Esto, según explican, porque se convirtieron en un ejemplo de democracia directa, participativa y deliberativa.

Los Encuentros Locales son innovadores porque materializan una forma no tradicional de hacer políticas públicas, situando a los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas de ellas: autoconvocándose, reuniéndose y deliberando. Ponen en común y de forma visible, las diversas perspectivas que tienen los ciudadanos sobre los asuntos públicos (en este caso la Constitución Política). Se sustentan en el principio pluralista como esencia de la política, bajo el cual las personas confluyen a través del diálogo colaborativo, en acuerdos mínimos y compartidos. A esto lo denominamos convergencia deliberativa.

Los Encuentros Locales transfieren el impulso participativo a los ciudadanos en tres momentos: en la convocatoria, en la ejecución y en el resultado. La metodología permitía a las personas activar el encuentro de acuerdo a ciertas reglas y la autonomía fue un principio central a la hora de desarrollar los diálogos. Finalmente, este impulso participativo se reflejará en el resultado del proceso y en la incidencia que tendrán las Bases Ciudadanas en el proyecto de Nueva Constitución.  

Suena sencillo, pero el camino para generar este tipo de políticas innovadoras tiene distintos obstáculos: El miedo al cambio, donde resulta más cómodo seguir haciendo siempre lo mismo; la desconfianza a que la ciudadanía opine sobre temas públicos; el tradicionalismo de las formas, expresado en la crítica de que si no existía mandato de representación, no podía considerarse un proceso válido; y el recelo a la deliberación y colaboración como arreglo para el diálogo, desde aquellos que hacen hincapié en los desacuerdos por sobre los acuerdos compartidos.    

Así, incorporar mecanismos participativos en etapas tempranas del diseño de políticas públicas, permite contener las visiones de los ciudadanos, adecuar las políticas a sus destinatarios y ejercer un control político directo al comparar los resultados del proceso participativo con lo propuesto por la autoridad.

Por todo ello es que la participación ciudadana es el eje transversal del Proceso Constituyente impulsado por la Presidenta Bachelet. Junto con la Etapa Participativa, la reforma al Capítulo XV de la actual Carta Magna, enviada al Congreso este año, propone que la Convención Constitucional incorpore mecanismos de participación en su proceso deliberativo y que el texto resultante sea plebiscitado para su aprobación.

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Sin funerales

Todo hacía presagiar que en la DC se libraría una batalla de tales proporciones que hasta podría culminar con la muerte del partido. En verdad, el ambiente tras la Junta Nacional no daba para otra percepción. Se desautorizó a su Presidenta y candidata presidencial Carolina Goic, quien sostenía que cada candidatura debía ser revisada en su mérito para validar su procedencia ética y estatutaria, lo que fue rechazado. Como consecuencia conocida de ello, de rebote, se terminó visando una nueva postulación como diputado del señor Ricardo Rincón, condenado por la justicia civil por violencia intrafamiliar, hecho que el propio partido previamente y en diversas instancias había repudiado.

Terminada la Junta, dos hechos concentraron el foco de la atención pública. Por un lado, la senadora Goic suspendió su candidatura presidencial y, por otro, se entendió que la principal razón de ello era la repostulación del señor Rincón, aprobada pese a su infracción a la ley y a los Estatutos del partido.

Desde el principio, así visto, el conflicto siempre nos pareció extraño y desproporcionado. ¿Se trataba solo de Goic contra Rincón? ¿Un diputado que desafía una y otra vez cumplir una sentencia por violencia intrafamiliar estaba en condiciones de poner en jaque la propia candidatura y hasta la existencia del partido?

Sin embargo, el verdadero trasfondo era que el voto aprobado por la Junta Nacional se traducía en que los antecedentes de ningún candidato podían ser examinados. Por eso, en los días posteriores, se advirtió que la razón de la suspensión de la candidatura, no obstante decir relación con dicho diputado -por lo insólito de su situación y su porfiada resistencia en acatar lo fallado- tenía alcances más amplios y se refería a los principios éticos del partido respecto a la totalidad de los postulantes. ¿Cómo podía la Junta Nacional rechazar el examen de los méritos de los candidatos?

Entonces, entre los propios parlamentarios surgieron las voces que llamaron a la única decisión que correspondía: nadie debía temer que los requisitos para presentarse al cargo fueran analizados objetivamente y en su mérito. Y así surgió el encuentro que terminó con la candidata de vuelta, como ella dice, llena de coraje, mandatada para cumplir este encargo estatutario. Aunque en el momento de mayor crudeza, ella también habrá sabido que las lágrimas, la solidaridad inesperada y violenta, la soledad del poder, forman parte de la naturaleza de las cosas.

En esta batalla que felizmente no fue, el voto general de la Junta DC resultó insensato como suelen ser los actos de masas. Quedó un solo patibulario para quien no habrá funeral. En el epílogo de este caso, eso sí, se advierte una extraña ligazón entre esa antigua sentencia incumplida y la forma casi novelesca en que renació con estrépito, como el punto de partida de algo injusto que no ha de repetirse y que la DC comprendió en su extensa dimensión. Hace pensar que todo ha tenido sentido.

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Tribunal Constitucional

Más allá de que no comparto las razones jurídicas por las cuales se ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la ley que despenaliza tres causales de aborto, no me deja de llamar la atención la reacción de la Nueva Mayoría condenando el uso de un tribunal “antidemocrático” para revertir una decisión del Parlamento.

Ciertamente hay buenas razones para cuestionar el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes (antes de su entrada en vigencia), pero cuesta aceptar que la crítica provenga de parlamentarios de la ex Concertación, pues el Tribunal Constitucional que hoy día tenemos se debe en lo fundamental a la reforma constitucional que ellos mismos aprobaron el 2005 y no al texto de la Constitución de Pinochet. El tribunal original era muy diferente al actual en su integración y funcionamiento, lo que lo hacía ser muy deferente a las autoridades legislativas. Esto cambia radicalmente a partir de la mencionada reforma constitucional, la que modifica la composición del Tribunal Constitucional por una mucho más política, sin ministros de la Corte Suprema, y lo convierte en un tribunal profesional y permanente. Es en ese momento en que el Tribunal Constitucional adquiere el rol gravitante que hoy conocemos y pasa a ser relativamente común que invalide decisiones del legislativo por estimarlas contrarias a la Constitución. Si había objeciones de fondo a ese control de constitucionalidad, ¿por qué se potenció la capacidad del tribunal para hacerlo?

Pero la situación es peor aún, pues los mismos parlamentarios que lo critican son los que sostienen que la Constitución del 80 es ilegítima desde su origen, de allí que menos se entienda que hayan fortalecido el tribunal llamado a extender los alcances normativos de esa carta fundamental.

Podría pensarse que, conscientes de lo delicado de las funciones entregadas a este nuevo Tribunal Constitucional, al menos se preocuparían de establecer un sistema de designación que garantizara que solo los mejores expertos en temas constitucionales pudieran ser nombrados; pero nada de eso hicieron, estableciendo un sistema de nombramiento binominalizado, que les permite a las fuerzas políticas repartirse los cupos, sin brindar una posibilidad real de escrutinio público de los candidatos.

De ahí que no haya que extrañarse que los integrantes de este tribunal actúen más por criterios políticos que jurídicos. Y esta circunstancia se constata con particular fuerza tratándose de discusiones de las llamadas valóricas, en que los ministros se sienten llamados a votar a partir de sus particulares concepciones, sin sentirse necesariamente atados por una interpretación leal y razonable del texto constitucional. El reconocimiento más honesto de lo anterior lo hizo el propio ministro del Interior del actual gobierno, quien siendo integrante del Tribunal Constitucional votó en contra de la píldora del día después, señalando en su momento que en este tipo de cuestiones seguía la opinión de la iglesia a la que pertenece.

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Buscando la productividad perdida

La pérdida de productividad en la economía chilena en los últimos años está muy documentada. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Productividad señala que según sus mediciones, en los años 90 la productividad contribuyó con 2,3 puntos porcentuales de crecimiento por año mientras que, a partir de 2000, dicha contribución se redujo a 0,1 puntos porcentuales.

Existe un sinnúmero de trabajos académicos que estudian los determinantes de la productividad a nivel micro. Algunas de estos determinantes son el talento empresarial (o la calidad de la administración), la calidad del capital humano, la tecnología, la innovación, la infraestructura, el nivel de competencia en el mercado, el comercio internacional y las regulaciones adecuadas (y en algunos casos las desregulaciones).

¿Qué sabemos de Chile? Poco a nivel micro.

Para tener una idea de qué se correlaciona con la productividad en Chile puede utilizarse la Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas, con datos del año 2012. Con algunos sencillos cálculos usando “econometría de servilleta” se puede estimar la productividad total de los factores para cada una de las empresas de la muestra. Lamentablemente no es sencillo corregir problemas estadísticos típicos que tienen las estimaciones de productividad en la literatura económica, pero al menos es suficiente para hacer el ejercicio. Usando esas estimaciones de productividad por empresa, se pueden usar variables que contiene la encuesta para encontrar algunas correlaciones interesantes.

El ejercicio muestra que la edad de la empresa tiene una correlación con la productividad que no es estadísticamente significativa. El porcentaje de empleados con posgrado tampoco tiene una correlación significativa en todas las estimaciones realizadas. En cambio, el hecho de haber capacitado a los empleados, tener elementos básicos de tecnología de información –como internet-, haber invertido en innovación, la educación del gerente y el porcentaje de propiedad extranjera de la empresa, están correlacionadas positivamente con la productividad de las empresas. Estos resultados son estadísticamente significativos y se repiten en las diferentes estimaciones. Asimismo, el hecho que la empresa sea familiar tiene una correlación estadísticamente significativa con la productividad pero en este caso la correlación es negativa. La mayoría de estos resultados están en línea con la literatura respectiva.

¿Qué podemos hacer?

En el último periodo se han desarrollado algunas (tal vez pocas) ideas que –posiblemente- ayudan a aumentar la productividad. Por ejemplo, se cambió la ley de libre competencia y se está discutiendo la ley del Fondo de Infraestructura.

Lo interesante será ver qué proponen los candidatos presidenciales para los próximos años. Algunas ideas dando vueltas son extender la ley I+D, dando un incentivo tributario a las empresas que compren parte de empresas beneficiarias de Start Up Chile, lo que se conoce como Corporate Venture Capital, incentivar el aprendizaje de programación por parte de escolares (para la productividad del largo plazo), mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas, profundizar acuerdos comerciales con otros países y destinar más recursos en capacitación (y empezar a gastarlos bien). Ojalá no posterguemos mucho el avance de éstas u otras ideas.

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Tarjeta BIP para adultos mayores: ¿beneficiados o nuevos “clientes”?

Hace algunos días se anunció la modernización del boleto para el adulto mayor de Metro, que será reemplazado por la nueva Tarjeta del Adulto Mayor (TAM). Esta tarjeta BIP personalizada para cada adulto mayor con su fotografía, les permitirá evitar el proceso de compra de boletos y así hacer más fácil el uso del sistema de transporte capitalino. Para obtener esta tarjeta, los hombres mayores de 65 y las mujeres mayores de 60, deben presentar sus documentos de identidad y última liquidación de pensión. El Beneficio Adulto Mayor (BAM) les permitirá pagar $210 pesos por viaje en cualquier horario. Pero existe un aspecto que causa inquietud a todos, esta tarjeta tiene un límite de 14 viajes por semana, es decir, un viaje de  ida y vuelta por cada día de la semana.

El envejecimiento de la población en Chile hace que debamos preocuparnos de estos temas con la mayor rigurosidad. Según el INE, para el Censo de 2002, el porcentaje de adultos mayores era muy cercano al 10%, siendo este porcentaje un poco mayor en la Región Metropolitana (11,05 %). Y la proyección para 2020 es de un 16%. Esto causará, para ese año, una inversión en la pirámide etaria de nuestro país, al reducirse la cantidad de jóvenes producto de la baja natalidad, asimilándose a la actual de países como Japón. Junto a esto, la esperanza de vida se incrementa año a año. En la década del ‘50 el chileno vivía en promedio 54 años. Hoy la esperanza de vida ha subido a 72 años, y se proyecta para el último Censo que se acerque a los 80 años. Siendo, también, la calidad de vida a esa edad un tema de gran importancia para nuestro país.

El director del DTPM (Directorio de Transporte Público Metropolitano), Guillermo Muñoz, declaró que el número de viajes de la TAM se definió en 14 semanales, luego, de un análisis estadístico en el que se identificó que un número muy marginal de adultos mayores realizan más de 14 viajes por semana. Si se analizan los datos de la encuesta de origen y destino realizada por SECTRA en 2012, se obtiene que el número de viajes promedio en la ciudad de Santiago corresponde a  2,78 diarios. Es entendible que se asuma que los santiaguinos que están en la edad laboral requieran moverse más, debido a tareas productivas. Pero los adultos mayores tienen la necesidad de acceder a servicios de salud, socializar y -¿por qué no?- a cultura, educación y todo lo que la ciudad puede ofrecerles a su edad. Siendo el promedio de viajes más cercano a 3, ¿no sería posible pensar en ofrecer a nuestros adultos mayores unos 21 viajes semanales (7 más de los ofrecidos actualmente), con el fin de asegurar el acceso a los servicios que pueden mejorar su calidad de vida? Si el argumento de que solo un porcentaje menor utiliza más de los 14 viajes a la semana, ¿por qué castigar a ese porcentaje? Por el contrario, ¿no sería razonable motivar a los adultos mayores a vivir mejor? ¿Por qué no asumir el límite superior de viajes, entendiendo que se está dando un beneficio a un grupo etario que dedicó su vida al trabajo y que, además de tener pensiones bajas, ahora se quiere limitar su acceso al transporte, con la implicancia que eso tiene en una ciudad como Santiago.

El único argumento que permite sostener esto  es el argumento económico. Hacer la inversión en este beneficio al menor costo posible para el sistema. Pero también se trasluce la idea de que la sobre oferta de viajes podría ser utilizado de mala manera y que este beneficio podría ser excesivo o incluso mal utilizado. Pero si este problema se enfrenta en base a la desconfianza, pensando en el posible mal uso de la tarjeta, ¿qué dice de nosotros como sociedad? Nos queda mucho por avanzar.

 

 

http://www.ine.cl/estadisticas/social...

http://www.sectra.gob.cl/biblioteca/d...

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¿Auditores externos vitalicios?

Mientras muchas compañías chilenas integrantes del grupo más selecto y cotizado del índice IPSA conservan por años a sus mismos auditores y se niegan a cambiarlos, en la Unión Europea (UE) rige desde mediados de 2016 que las sociedades abiertas en bolsa no pueden ser auditadas más de diez años seguidos por el mismo auditor.

El acuerdo de la autoridad europea se ampara en la necesidad de que las auditorías no estén influenciadas por estímulos ajenos al objetivo que ellas tienen: dar una opinión experta y objetiva de veracidad en cuanto a los estados financieros reportados por las empresas. Tal certeza puede verse debilitada cuando el auditado y el auditor han estrechado lazos de excesiva familiaridad, resultado de una relación que se ha prolongado por más tiempo del conveniente.

No olvidemos que la información emitida por los auditores externos es esencial para stakeholders que transan títulos y valores donde está comprometida la fe pública, y que muchas personas e instituciones descansan en la acuciosidad, integridad profesional y eficiencia de los estados financieros certificados y legalmente auditados. Es una tarea que contribuye al comportamiento transparente de los mercados y, con ello, a la inversión y crecimiento económico de los países.

Creo conveniente en Chile una legislación similar que provea a los auditores externos de un mandato más poderoso de su función, protector de su independencia y que aliente un “escepticismo profesional”. Esto es, una conducta que permanezca alerta a las condiciones que puedan resultar de un posible reporte incorrecto debido a una equivocación o fraude, y propenda a una evaluación critica de las evidencias que el auditor tiene enfrente, las que le son provistas mayoritariamente por la empresa que está siendo auditada. En definitiva, auditores curiosos, que pregunten e indaguen, y conscientes de las consecuencias que una opinión incorrecta puede provocar.

Razón tiene la UE al advertir el grave riesgo de mantener auditores externos por veinte o más años, tal como sucede en nuestro país.  La rotación cada cinco años del socio a cargo de la auditoría, junto a la rotación normal de los equipos, pero conservando la facultad de la empresa para mantener indefinidamente a su firma auditora, como establece la norma en Chile, no es, ni por mucho, suficiente. ¿Por qué? Porque bajo estos parámetros el foco principal de la firma auditora y del nuevo socio será retener al cliente, y no podrá eludir esa presión, afectando el “escepticismo profesional”.

Por el contrario, la rotación forzada ayuda a reducir la excesiva familiaridad entre el auditor y su cliente, acota el riesgo de repetir desprolijidades y genera escenarios proclives para indagar y preguntar en los distintos estamentos de la empresa, evaluando razonablemente la validez de la información recibida. Es una reforma necesaria a nuestra Ley de Sociedades Anónimas.

Para facilitar una transición más fluida entre las firmas de auditoría externa, la UE tuvo la agudeza de exigir al auditor saliente la entrega de un dossier con toda la información relevante que el nuevo auditor requiera para su buen cometido. De esta forma, se atenúa la pérdida de valor que conlleva perder a un interlocutor que ha invertido muchos años en conocer la empresa, sus fortalezas y debilidades.

 

 

 

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Lila Downs: una fuerza imparable

Alma, corazón y vida de Los Panchos y Ne me quite pas de Jacques Brel. Ana Tijoux lleva un traje negro y canta en el Teatro Municipal de Santiago la tarde del domingo. El lugar está repleto a la espera de la cantante mexicana Lila Downs. Guitarras y percusión acústica acompañan a la figura chilena que en la formalidad es uno de los mejores nombres del hip hop y la fusión latinoamericana. Con ambos temas y la pompa del lugar el tiempo parece retroceder. Ana Tijoux vuelve rápidamente al siglo XXI, a la contingencia, con la rítmica Antipatriarca. La aplauden. La vitorean. Remata con Calaveritas, un vals. Pausa. Suena la alarma característica del Municipal para volver a la sala. Las luces descienden. Destaca el decorado de mesas con manteles y lámparas rojas. Ocho músicos se reparten en escena incluyendo sección de bronces, bajo, guitarras, batería. Irrumpe Lila Downs. Canta Mezcalito. Coge una botella y vierte algo de líquido en el piso “para la madre tierra”. Bebe un trago. Baila como si estuviera ligeramente embriagada siguiendo la percusión densa y cadenciosa. El tema aún no termina pero está clarísimo que los músicos son tremendos. Vienen de vuelta.

La mezcla tiene algunos problemas con la voz en la siguiente, Humito de Copal. El grupo la ahoga. Al tercer tema cuando Lila Downs está de rodillas cantando La Martiniana “de mi tierra Oaxaca”, la calidad del sonido mejora y permite que el registro y sobre todo el dominio de la mexicana comience a copar y remecer el teatro mediante los aires de lamento del corte. Sostiene dramática la última nota. El público la aplaude impresionado.

“Raíz africana, raíz indígena, raíz española, con ustedes La Iguana”, presenta Lila, y el tema es pura fusión y gracia con uno de sus guitarristas haciendo un pequeño número de zapateo. Con Inmortal la artista despliega un abanico (punto aparte como saca provecho del vestuario de vivos colores) y nuevamente sobrecogen los matices, los detalles y las sutilezas en la interpretación. En Peligrosa, una combinación entre soul y blues, fue como imaginar a Mon Laferte con más carrete. Cuatro bailarines acompañan Son de Juárez sobre Benito Juárez “el primer presidente indígena de este continente”, subraya Lila, mientras el coro repite “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La noche avanza con aires de ranchera en Vámonos. Luego propone un juego entre “un tejano y uno de Oaxaca” (una de varias alusiones a los “gringos”), y dos de sus músicos se baten en un duelo instrumental. Más tarde habrá otro lucimiento de un trompestista mientras Lila Downs observa a un costado aplaudiendo, bailando sonriente, disfrutando del espectáculo que ha montado y de la reacción del público.

A los 48 años su número, las canciones, los detalles interpretativos, la puesta en escena, la envergadura de la banda, todo exuda una calidad abrumadora. No hay pausas ni ripios. La música de Lila Downs fluye en vivo como una fuerza imparable que envuelve con gracia y sin palabras sobrantes. No solo México marca presencia en su cancionero sino una combinación amplia de la naturaleza musical latinoamericana desde el norte hasta el sur, presentada con máximo esplendor. 

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