Óscar Contardo's Blog, page 111

De indicaciones, cocinas y salchichas legislativas

“Con las leyes pasa lo mismo que con las salchichas: mejor no ver cómo se hacen”, habría dicho Otto von Bismarck, en alguna acalorada discusión del parlamento prusiano. El adagio cecinero sugiere que habría algo del proceso legislativo del cual es mejor ni siquiera enterarse, aun cuando el sabor de estos embutidos -que necesariamente convergen en normas obligatorias-  no den cuenta precisamente de qué están hechos.

Hace varios meses que se viene discutiendo sobre la influencia que determinadas personas o empresas habrían tenido en la dictación de ciertas normas regulatorias relevantes para sus respectivas actividades. El imaginario colectivo asume como verdad revelada que cualquier grupo que tenga intereses creados realizará todo lo que esté a su alcance para modificar una norma que pueda producirle efectos económicos adversos. Para garantía de la ciudadanía y cuidado de nuestra democracia, solo existe un ínfimo espacio para intervenciones que atenten contra las normas más básicas de probidad y transparencia en vista del estricto proceso legislativo chileno.

Sin embargo, hay un área en la cual el Congreso aún puede avanzar en transparentar el proceso legislativo: se trata de las indicaciones legislativas. Ellas son las que contienen propuestas de modificación al texto debatido, las que se someten al estudio y votación de diputados y senadores, configurando un aspecto esencial de la tramitación y negociación legislativa. Parafraseando al actual presidente del Senado, Andrés Zaldívar, constituyen el elemento más relevante que utilizará el chef y sus ayudantes en la denominada “cocina” parlamentaria.

¿De dónde vienen estos ingredientes que van configurando las propuestas de modificación legal? En su gran mayoría, del ideario de los mismos parlamentarios y sus respectivos asesores. Sin embargo, la realidad nos dice que muchas veces simples ciudadanos, entidades gremiales o incluso lobbistas intentan participar del proceso legislativo enviando sus propuestas haciendo uso de su legítimo derecho de petición constitucional. ¿Importa la procedencia o la autoría intelectual de una determinada indicación? La respuesta es depende, porque las indicaciones de un proyecto tienen el poder tanto para cambiar un aspecto puntual como para transformar en buena parte la esencia de una futura ley.

El Congreso y la clase política avanzarían enormemente en transparencia si es que se sincerara la autoría intelectual de cada una de las indicaciones presentadas durante la tramitación legislativa. ¿La recibió el diputado o senador de una persona natural o de alguna entidad gremial o académica y decidió patrocinarla porque estaba de acuerdo con su contenido?, ¿o simplemente viene de quienes aun teniendo un interés económico en la iniciativa proponen alternativas que permitirían perfeccionarla?

Lograr que en el proceso legislativo se utilicen ingredientes cuyo origen sea conocido por todos permitirá que las injerencias indebidas de terceros se reduzcan al mínimo, posibilitando un sistema que mejore la labor y la calidad legislativa. Para que las leyes que aprueba el Congreso dejen de tener fama de oscuros embutidos debemos transparentar quiénes las están sazonando.

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Manifiesto rebelde de las FF.AA: el comienzo del fin a toda dictadura

Está escrito en la historia. Todo dictador que pretenda ser digno de respeto, debe seguir al pie de la letra una infalible receta: concentrar de manera absoluta el poder político en una minoría, procurar que no exista la división de poderes (ejecutivo, legislativo y  judicial), suprimir los procedimientos democráticos en clara contradicción a las reglas constitucionales, y finalmente, tener el control de las fuerzas armadas.

El desconocimiento de la opinión popular, el nombramiento a todas luces ilegítimo de una nueva Asamblea Nacional y la destitución de la Fiscal General que ya no es cómplice del oficialismo, han ratificado el ejercicio legal de la represión en Venezuela. A la sombra de la revolución bolivariana, una ilusión rota con tintes de ficción narrativa, Nicolás Maduro se ha quedado sin discurso, sin dignidad y sin chavistas. El presidente se ha embarcado en una misión suicida, una donde se encuentra solo contra el resto del mundo.

Su gestión es transversamente despreciable, y si bien la presión internacional ha hecho ruido en las sienes dictatoriales, el verdadero dolor de cabeza ha sido el pueblo, su deplorable realidad y su inagotable lucha. No obstante, a la dictadura chavista le ha salido una nueva piedra al camino, una que probablemente no se esperaba, una que sale de sus propias filas: las Fuerzas Armadas.

El domingo 6 de julio, en un video que comenzó a circular en internet, se muestra a un grupo de unos 20 militares y a un portavoz que se identificó como el capitán Juan Caguaripano, comandante de la operación David Carabobo, quien aseguró: “nos declaramos en rebeldía, unidos con el bravo pueblo venezolano, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Este no es un golpe de Estado, sino una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional y salvar al país de la destrucción total”.

El asalto a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia, en el centro-norte de Venezuela, ha sido la primera muestra de rebelión militar desde que comenzó la brutal represión hace más de cuatro meses. El hecho calificado por el mayor general como un acto “terrorista, paramilitar, mercenario pagado por la derecha y sus colaboradores, pagados por el imperio norteamericano”, es un paso clave y ciertamente de consecuencias palpables que fueron características del siglo XIX en Latinoamérica.

El pronunciamiento militar del 6 de septiembre de 1930 en Argentina, instauró la primera de una seguidilla de alzamientos de ese tipo en la región. La génesis del sorpresivo y organizado acto se considera como una manera de traer estabilidad política a una determinada nación o de rescatarla de la amenaza de “ideologías peligrosas”. Tras la toma del poder, los regímenes militares tienden a retratarse como independientes, como un partido “neutral” que proporciona una dirección interina apartidista en épocas de la agitación política y popular. Claro, esto es la teoría, ya que es bien sabido que en la práctica, la imposición de un gobierno militar puede diferir de lo antes expuesto.

Si bien el intento de sublevación de este reducido grupo militar fue frustrado, significó una inyección de ánimo y resistencia para la mayoría del pueblo que tras la instauración de la nueva Asamblea Nacional, divaga entre la sensación de derrota y precarias luces de liberación. A medida que pasan los días, los excesos totalitarios del oficialismo crecen exponencialmente con su rechazo y la devaluación de su discurso político. Los índices estadísticos de precario apoyo, hacen que Nicolás Maduro y su desgobierno caven a diario su propia tumba; mientras el germen de la insurrección militar crece y se prepara para el esperado entierro de la dictadura.

 

Natalia Farías. Investigadora Centro de Estudios Bicentenario.

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God save brutannia

Inglaterra está desnuda. Nadie sabe a ciencia cierta qué hizo a sus ciudadanos dispararse en las rodillas. Si fue el hartazgo de vivir con sueldos que no les alcanzan para vivir o el avivamiento de un grupo de dirigentes políticos, ligado a un empresariado minoritario, que no aprecia las restricciones de la Unión Europea. Probablemente la suma de ambos.

El caso es que se gatilló la salida de la UE sin que el Gobierno ni la Oposición sepan exactamente qué hacer ahora. Lo único que existe son eslóganes voluntaristas: recuperar la soberanía “para retomar el control de las fronteras”; salir del mercado único y de su unión aduanera “con el fin de ser más globales”, quitarle el derecho a los europeos de asentarse y trabajar libremente en el país “para que los sueldos sean justos”, o salir de las jurisdicción de la Corte Europea de Justicia “para que no nos juzguen extranjeros”

Si esto llegara a ocurrir, los posibles resultados entregados por respetables universidades e instituciones británicas son deprimentes: bajará el ingreso per cápita, la inflación se disparará, los sueldos se estancarán, no se solucionará el tema de la inmigración, ya que la mayor parte es la ilegal y la no europea;  los bancos, por su parte, no podrán operar libremente en Europa, las aerolíneas  no podrán acogerse a la política de cielos abiertos, las universidades disminuirán sus estudiantes y profesores europeos, los fondos de investigación se harán humo; los médicos y enfermeras de la salud pública escasearán, los recolectores de frutas también. Y, algo que duele, los equipos de fútbol no podrán tener tantos jugadores europeos ya que pasarán a ser extranjeros.

Una pesadilla completa que ya ha comenzado a ocurrir.

El Gobierno está desconcertado, unos ministros se acuchillan con otros por un soft  o un hard brexit. El primero consistiría en permanecer “de alguna manera” dentro del mercado único y de la unión aduanera; el segundo contemplaría quedar fuera de todo acuerdo rigiéndose por las tarifas de la Organización Mundial de Comercio, lo que encarecería la canasta básica enormemente.

La Oposición del Partido Laborista, también dividida y llena de complots internos,  ha sembrado la ambigüedad, prometiendo también que respetarán “la voluntad del pueblo” y se saldrán de ambos organismos manteniendo las ventajas de la pertenencia a la UE, sin estar en la UE.

Nadie sabe porqué estos líderes, educados en la mejores universidades de mundo, tienen estos felices pensamientos ya que la Unión Europea ha dicho que nadie que la abandone podrá tener las ventajas de estar en ella y no tener ninguna obligación con ella.

Parte del gobierno cree que es solo una amenaza, que los pobres italianos no se abstendrán de venderles prosseco, ni los codiciosos alemanes soportarán que no les compren sus Mercedes y BMWs. Otros piensan que la salvación vendrá de Estados Unidos que será gratuitamente solidario, que no pretenderá sacar algunas ventajas como, por ejemplo, ya se sabe,  reventar el Servicio Nacional de Salud para que entren los seguros privados norteamericanos y vender, de paso, pollos bañados en cloro. Otros sueñan que se abandone el sistema métrico por ser una imposición europea y el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, ha llegado a proponer que se resucite el yate real Britannia, para que, como en la época del Imperio, la Corona vaya de país en país haciendo negocios a bordo en medio de fiestas y boatos.

Suena la canción de Mick Jagger sobre el Brexit: “Ubíquense” (You gotta get a grip). Los versos vuelan sobre una Inglaterra difícil de reconocer. “El mundo está patas para arriba, todos son locos y payasos. Nadie dice la verdad. La locura dirige la ciudad”, grita Jagger solitario en medio de un verano lluvioso y gris.

 

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Día del Niño

‘Somos culpables de muchos errores y muchas faltas,

Pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños,

Olvidando la fuente de vida.

Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar.

Los Niños no.

Justo ahora es el momento en que sus huesos se están formando,

Su sangre se está elaborando

Y sus sentidos siendo desarrollados.

A él no podemos responder “Mañana”.

Su nombre es “Hoy”. (Gabriela Mistral)

 

Las asertivas palabras de nuestra insigne poetisa, nos interpelan a todos, ya que encierran una verdad que difícilmente alguien podría impugnar. Nos estremecen sobre todo ahora que los gritos de los niños del Sename, claman al cielo. Conocemos de sobra las escalofriantes cifras, pero muy pocos nombres y caras, a excepción de la pequeña Lissette, que en paz descanse. Números sin rostro, frías estadísticas, que no dan cuenta realmente de la profunda herida que enferma nuestra sociedad, con ramificaciones tipo metástasis, de largo plazo y amplio alcance.

Más debate y escándalo parecen provocar las traiciones y zancadillas al interior de un conocido partido político, que la traición máxima que se puede hacer a la patria: la postergación, abandono y violencia hacia nuestros niños. Una nueva muestra de las trastocadas prioridades y la mirada cortoplacista, que endurece nuestros corazones en la búsqueda de mantener y aumentar posiciones de poder, beneficios o privilegios, el placer y la comodidad, antes que hacernos cargo de la tarea más noble y necesaria que como sociedad, como personas y como padres podemos desarrollar en esta vida.

Quienes somos padres podemos apreciar el impacto que tiene en nuestros hijos cada cosa que hacemos y decimos. Como sus ojos inquietos todo lo observan, sus preguntas constantes, sus corazones puros, sus mentes influenciables. Verdaderamente están a merced de lo que hagamos con ellos, su autoestima y visión del mundo y de los demás, marcada por sus primeros años de vida. Algunos, más resilientes, de adultos serán capaces de resignificar sus experiencias negativas, valorar las positivas y mantener una mirada esperanzada. Otros, la mayoría, lamentablemente, quedarán marcados y dañados de por vida.

El abandono y el atropello a los derechos básicos de nuestros niños no sólo se dan al interior del Sename. También la encontramos en las familias, a lo largo del país y en todas las capas sociales. Duele una cierta mirada instalada que ve a los niños como un obstáculo a la libertad y al pleno desarrollo de los adultos, de sus padres. Una mirada anti-vida que se centra en el individualismo, materialismo y hedonismo que confunde la libertad con libertinaje. Una mirada que sobrevalora el éxito laboral y menosprecia la dedicación a la familia. Y que sugiere que aquello que vale es lo que se mide y en cambio “lo que no se mide, no existe”.

¿Queremos una sociedad unida, solidaria, pacífica, donde reine la confianza? No nos encaminaremos a ésta con más foros y debates, ni con más promesas políticas. Cuidar, amar y educar a nuestros niños es el camino. Todo lo demás son parches, que no curan la causa de la herida.

No nos contentemos sólo con un regalo para nuestros hijos en este día del niño, o con llevarlos a almorzar alguna comida chatarra este domingo. Comprometámonos a dedicarles tiempo, para escucharlos, para jugar, para contemplar, para conversar. Comprometámonos con la infancia de nuestro país, conociendo a las diversas instituciones que ayudan a los niños y familias vulnerables y viendo como podemos aportar. Podemos participar este sábado 5 a las 11 am de la gran marcha por los niños del Sename. Ésta es convocada por un grupo a político organizado de la sociedad civil, que estremecido por la desidia de las autoridades, que han postergado una vez más a nuestros niños para priorizar la ideología y el beneficio político de su sector, invitan a todos los ciudadanos y las familias que comparten esta preocupación a participar.

Si los niños no marchan los adultos debemos marchar por ellos. No podemos aflojar en la determinación de visibilizar la realidad de quienes son nuestro futuro. Una decidida presión para que los candidatos a la presidencia tomen en serio esta demanda, que brota de lo más profundo del alma de Chile y que es más urgente que cualquier otra problemática social. ¡Los niños no pueden esperar

 

 

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¿Quiere tener un conflicto socioambiental? Entonces cumpla sólo con la ley

Lo que hemos visto estos días sobre la oposición de la autoridad local y habitantes de Til-Til al relleno sanitario es precisamente un conflicto socioambiental, un choque que se genera cuando hay actores públicos y privados con visiones e intereses contrapuestos sobre el uso de un territorio.

Al igual que ha ocurrido anteriormente con conflictos de esta naturaleza, vemos la influencia casi nula de la ciudadanía en la definición de los planes marco y planes reguladores comunales, cuando estos precisamente definen cuáles serán los usos que se le dará a los territorios y cuando, por ley, debieran consultar a los habitantes de una comuna, para conocer sus intereses y necesidades frente a la construcción o emplazamiento de un proyecto. Sin embargo, el primer problema es que, de igual manera, el resultado de esta consulta no influye, salvo raras excepciones, en forma sustantiva a la decisión en cuestión.

El segundo problema ocurre cuando un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tal como lo hizo el relleno sanitario de Til-Til. Bajo el SEIA la ciudadanía tiene 60 días para enviar sus observaciones al proyecto por escrito, porque la ley ni siquiera establece la obligación de realizar una consulta presencial con los grupos que se verán afectados por el proyecto. Esto significa, nuevamente, poca oportunidad de influir, como la gente de Til-Til, que se hizo parte de las instancias formales de participación pero lograron poca incidencia en la decisión de la autoridad ambiental.

Es por tanto urgente modificar la normativa actual para que se incluyan instancias y procedimientos que den certeza a la ciudadanía de que sus intereses y propuestas serán debidamente consideradas por la autoridad y que ésta rendirá cuenta de su decisión con diligencia a los actores más afectados por ella.

En esa línea, hay 26 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile, que están negociando un acuerdo sobre el derecho a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. El borrador de este convenio propone en materia de participación, que ésta debe iniciarse en forma temprana con los actores directamente afectados por un proyecto. Además establece que el Estado tiene la obligación de convocarlos proactivamente, de entregarles la información del proyecto tomando en cuenta sus características socioculturales y de tomar en consideración sus intereses al momento de decidir, además de fundar esta resolución.

Esperemos que este convenio sobre el “Principio 10” de los frutos esperados y que cuando entre en vigor Chile, como país signatario de éste, realice los cambios necesarios para mejorar los procedimientos de participación que indica la legislación.

Hoy con solo cumplir lo que la ley establece es una receta casi segura para crear conflictos.

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¿Son más caros los alimentos saludables?

En Chile, como en el mundo, hay interés por entender las barreras que enfrentan los hogares para acceder a una canasta de alimentos saludable. En el 2015, en un Estudio del Ministerio de Salud, CEPAL y la OPS determinó que un 27,1% de la población en Chile tiene dificultad de acceso, en base al ingreso, a una canasta de alimentos de calidad en términos nutricionales. Por su parte, el estudio Chile Come Sano (2017) de Jumbo GfK Adimark, que abarcó a más de dos mil personas, identificó que las actividades extraordinarias y el precio son las principales barreras para alimentarse saludablemente que señalan los chilenos. En resumen, el poder adquisitivo de los hogares, es decir, la relación entre precio de los alimentos y el nivel de ingreso, es potencialmente una de las mayores barreras de acceso de alimentos saludables que enfrentan las familias.

Cada cierto tiempo en el debate de políticas públicas alimentarias se escuchan argumentos, en un sentido o en otro, respecto de que comer saludable sería más barato que comer poco saludable. Por alimentos saludables entendemos frutas, verduras, legumbres y carnes y lácteos de bajo contenido graso. En cambio, los alimentos poco saludables serían aquellos altos en calorías, grasas o sodio.

Un pollo entero, una lechuga y dos tomates puede representar un almuerzo para cuatro personas por menos de seis mil pesos. Sin embargo, cuatro hamburguesas con queso podrían tener un precio mayor. Con ello, demostraríamos que comer saludable podría ser más barato que comer poco saludable. Sin embargo, este simple análisis puede caer en sobre simplificaciones que no toman en cuenta nuestra vida cotidiana.

El pollo entero y las verduras, a diferencia de las hamburguesas, corresponden a alimentos que deben ser preparados para ser consumidos. Es decir, en el cálculo del precio total del almuerzo deberíamos incluir el gas, uso de utensilios de cocina y tiempo. En cambio, las hamburguesas con queso corresponden a un alimento listo para ser consumido. Hay al menos tres factores que hacen una diferencia relevante entre un alimento saludable y uno poco saludable: su composición nutritiva, tiempo de preparación y la conveniencia (fácil acceso).

La alimentación saludable generalmente incluye productos frescos de más difícil y costosa preservación (por ejemplo, refrigeración), más breve vida útil, y muchas veces, por su alto contenido de agua y fibra pueden saciar menos que un alimento más denso y altamente energético. Sumado a ello, comer saludable implica un mayor tiempo en preparación de los alimentos y los alimentos saludables tienden a ser de más difícil acceso. En resumen, es esperable que un almuerzo a base alimentos saludables tenga un precio mayor que uno a base de alimentos poco saludables.

Entonces, ¿cómo comer saludable y cuidar el presupuesto? El secreto parece ser tan sencillo como antiguo. Planifique sus comidas y snacks entre comidas, cocine usted mismo sus alimentos (así sabrá con mejor certeza lo que come) y prepare su propio almuerzo saludable en día anterior. De esta forma, con estos tres simples consejos no solo estará comiendo más saludable y cuidando su presupuesto, sino estaremos creando un ambiente más saludable en nuestros hogares y trabajos, y mostrando un ejemplo positivo a nuestros hijos.

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El futuro de las reformas

Aunque las diferencias internas tienen a la Nueva Mayoría con dos candidatos, ello no le impide intentar una campaña del terror para el caso de que la derecha retorne a La Moneda. La propia Presidenta Bachelet hizo suya la idea de una restauración conservadora a propósito de la defensa de su legado donde, de paso, intentó irradiar optimismo: la gratuidad permitirá “empujar la transformación que Chile necesita para su desarrollo”.

Como se sabe, la Ocde ha señalado que nuestro principal desafío educativo es la equidad, entendida como una mejora de los niveles de desempeño de los estudiantes más desaventajados en distintos indicadores, proveyéndoles de mayor financiamiento y oportunidades. A partir de ahí, se decidió poner fin al lucro con fondos públicos, así como terminar con la segregación a través de la eliminación del financiamiento compartido y con la selección en los colegios.

Aunque la ley recién comienza a implementarse, ya le llueven las críticas. Difícilmente se logrará la integración social de los alumnos dado que se renunció a incluir a las escuelas privadas pagadas y terminar con el financiamiento a las escuelas vía subsidio individual o voucher. Se mantuvo, además, una excepción para los llamados liceos de excelencia, otorgándoles un plazo diferenciado en la eliminación de las barreras de selección de estudiantes. Con relación a la calidad, el discurso oficial la coloca como un implícito a su condición de gratuidad. Cuando ya se sabe que, a futuro, miles de empleos desaparecerán, resulta legítimo preguntarse si la educación que reciben nuestros niños será la que se está necesitando.

Diversos estudios confirman que el logro de la equidad supera largamente los movimientos de clavijas al interior del sistema educativo. “Desiguales”, el más reciente informe del PNUD constató que, si bien se ha acortado la brecha, el apellido y la cuna se mantienen como un techo para las aspiraciones de movilidad social. Aunque el ahorro que supondrá estudiar gratis podrá ser un alivio, no eliminará las desigualdades de partida. Para ello, medidas que reduzcan el peso de la procedencia y las conexiones, por encima de la educación y de los logros, resultan claves.

La elaboración programática en momentos de campaña, basada en ejes y generalidades, se aviene mal con asuntos complejos como las segregaciones superpuestas y sus intersectorialidades. Para un sector, hay que perseverar en lo iniciado. Las dificultades de las reformas no serían de orientación sino por algún que otro ripio en materia de gestión. Para otro, el país necesita reponer lo perdido, recurriendo al expediente de la recuperación de un crecimiento que encierra riesgos si no se asocia a una discusión sobre cómo compartir sus beneficios. Mientras tanto, en el horizonte de Chile, sigue clavada una pregunta de fondo: ¿Cuánta desigualdad tolera una democracia?

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Mala prensa

Decía Chesterton que su éxito se basaba en escuchar los consejos de los mejores periodistas y hacer exactamente lo contrario. Algo parecido podría recomendárseles hoy a los estudiantes de periodismo: miren los programas de debate político que transmite la televisión y, cuando sean profesionales, hagan justo al revés de lo que ven.

O sea: pregunten sin sermonear; dejen hablar sin interrumpir; escuchen más a sus invitados y menos a sí mismos; argumenten desde el sentido común, no desde la superioridad moral; hagan preguntas que representen el interés del público sin perseguir su lucimiento personal; sean inquisitivos, no agresivos; manejen la información, no la emoción ni el efectismo; entreguen datos, no opiniones; sean breves.

La sociedad necesita periodistas que fiscalicen a las autoridades, que faciliten el intercambio de ideas y pongan sobre la mesa informaciones y temas importantes. Hecho así, el periodismo constituye un aporte para robustecer la comunidad, aunque a veces ello suponga denunciar a quienes se pasan de la raya.

Hoy se echa de menos esa actitud. En demasiadas ocasiones los periodistas se ponen a la par de sus entrevistados, debaten con ellos e incluso se toman la libertad de juzgarlos, incurriendo en los mismos excesos y desatinos que criticamos a los políticos. Lo que debía ser una conversación o una entrevista iluminadora se convierte en un diálogo de sordos donde se impone quien grita más fuerte.

El resultado es decepcionante: en vez de ayudar a esclarecer posiciones, este tipo de programas contribuye a crispar y polarizar los ánimos. El periodismo agresivo y ególatra que abunda en ellos tiende a confirmar la muy extendida creencia de que los miembros de la élite política y mediática habitan en un país muy distinto al de la gente común, acostumbrada a convivir sin drama con familiares, compañeros de trabajo y amigos de distinto signo político, ideológico y religioso.

Los periodistas somos los primeros en acusar la ausencia de un debate de ideas, pero debemos preguntarnos con mayor frecuencia y autocrítica qué estamos haciendo para promoverlo. Si la respuesta fuera sincera, podríamos concluir que no demasiado y que eso significa que estamos haciendo mal la pega. Peor aún, puede dar pie a que políticos insatisfechos y molestos con la prensa -los hay a todo lo ancho del espectro- propongan leyes que coarten el ejercicio de los medios y hagan pagar a justos por pecadores.

Los medios, los empresarios que los controlan, los directores, los editores, los periodistas y los gremios que los agrupan deben darse cuenta de esta realidad y actuar pronto para ayudar a erradicar prácticas nocivas para la sociedad y peligrosas, en el mediano plazo, para las libertades de expresión y de prensa. Estas, vale la pena recordarlo, no son privilegios de los periodistas, sino garantías de las personas que integran la sociedad.

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50 km/h: una necesidad

La Comisión de Transportes del Senado acaba de aprobar el proyecto de ley de convivencia de modos, que tiene a la disminución del límite de velocidad urbano de 60 a 50 km/h como su medida más aplaudida y resistida a la vez. Este cambio normativo, al que aún le falta un trámite legislativo y que deja a Chile a la par de la legislación de los países desarrollados, es no solo deseable sino que urgente. La evidencia sobre el efecto de la velocidad en el número y en la gravedad de los accidentes viales es abrumadora. Por ejemplo, en el Reino Unido encontraron que una disminución de 10 km/h en la velocidad de circulación en una vía urbana genera una disminución de entre 0,6 y 1,8 accidentes por año en cada vía. Cuando en Australia disminuyeron el límite de velocidad urbano de 60 a 50 km/h el resultado no dejó margen de dudas: una disminución de entre 8 y 21% del número de accidentes con heridos o muertos y una disminución de entre 25 y 51% del número de atropellos a peatones.

A pesar de que la experiencia internacional avala la disminución del límite de velocidad planteado, al proyecto de ley se le han hecho principalmente tres críticas. La primera es que van a aumentar los tiempos de viaje. La evidencia refuta este temor, un seguimiento con GPS en Sydney, Australia, mostró que automovilistas que superaban el límite de 50 km/h, ahorraban solo entre 1 y 2% en su tiempo de viaje ¿Cómo se explica esto si en carretera la diferencia en tiempo entre conducir a 50 y 60 km/h es de un 20%? En ciudad los tiempos están condicionados por el flujo de los demás vehículos y por las intersecciones; poco importa acelerar hasta 60 km/h si el resultado será llegar a la cola del semáforo siguiente uno o dos vehículos antes del que aceleró hasta 50 km/h.

La segunda crítica es que sin fiscalización esta ley será letra muerta. Si bien es cierto que con la pobre fiscalización actual muchos conductores ni siquiera respetan el límite de 60 km/h, también es cierto que hay gente que sí cumple con la ley aunque no los estén mirando y ellos van a reducir su velocidad. Para los demás se necesita fiscalización automática, por ejemplo, con fotorradares, tecnología que debería reimplantarse en Chile, no para servir como caja recaudadora, sino como elemento disuasivo, para lo cual debe estar bien señalizado. Cuando tengamos fiscalización dura, se van a salvar más vidas si la velocidad es 50 en lugar de 60 km/h.

La tercera crítica apunta a que las mejoras tecnológicas en frenado harían innecesario el cambio normativo. Esto ignora que el parque automotor en Chile sigue siendo antiguo y que sea cual sea la tecnología del vehículo, la distancia de frenado y el riesgo de colisión o atropello es mayor a mayor velocidad.

El cambio propuesto al límite de velocidad debe acompañarse de rediseños viales para fomentar velocidades aún más bajas en entornos peatonales (como las zonas 30) y de un cambio de paradigma en la programación de semáforos, con ondas de verde para velocidades de 40 o 50 km/h, no de 60 km/h. Llevamos 15 años con un límite de velocidad de 60 km/h, es el momento de que el Congreso revierta el error del cambio de ley introducido el año 2002, un error que cobró y sigue cobrando vidas.

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9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 49/214 con la cual se declaró el 9 de agosto de cada año, como el Día Internacional de los PPII (PPII).

La población indígena en el mundo se ubica hoy (agosto 2017) entre 370 y 400 millones de personas (5% a 7% de los habitantes). En América Latina, la CEPAL, PNUD y Banco Mundial señalan entre 45 y 50 millones de indígenas (8% a 10%). Bolivia y Guatemala cuentan con una alta densidad poblacional indígena (70% en Bolivia y 54% en Guatemala). En Chile los PPII oscilan entre 10% y 11% con un estimado de 1,5 millones de ciudadanos de origen indígena con un 75%.

Los PPII según estudios de la FAO representan el 15% de las personas más pobres en el mundo. En América Latina y Caribe (ALC) representan un 17%. El 49% de los indígenas viven actualmente en zonas urbanas y de éstos, el 36% habita en barrios pobres o de extrema pobreza: esto es el doble de lo que afecta a los no indígenas.  A nivel mundial los PPII hablan 7.000 idiomas. En ALC son 800 lenguas. Lo esencial es que los PPII en sus territorios protegen cerca del 80% de la biodiversidad de todo el planeta y sólo son propietarios de menos del 11% de dichas tierras.

Así y todo, los PPII celebran esta fecha mediante muchas acciones. En lo que concierne a la sociedad política y sus partidos sería grato de su parte la expresión de alguna señal, especialmente respecto de la voluntad de integrar a los indígenas en las tareas de Estado. Recordemos que entre 1990 y el 2005 Chile demoró 15 años para que dos mujeres indígenas fuesen Agregadas Culturales en la red diplomática.  Entre 1810 y el 2014 el Estado demoró 204 años para nombrar, por primera vez en su historia, un Embajador de origen Mapuche.  Para aprobar el convenio 169 de la OIT el Congreso nacional demoró 18 años y ahí mismo, nunca un indígena ha podido arribar al Senado, y en 207 años republicanos sólo nueve Mapuche han logrado ser electos como Diputados.

Entre 1810 y 2017 sólo tres indígenas han sido Ministros de Estado (Venancio Coñuepan,1952; Francisco Huenchumilla, 2003; Yasna Provoste Campillay, 2006).  En igual período sólo 4 han ejercido como Subsecretarios y 11 como jefes de Servicio en el país. Dos mapuches han sido Intendentes en toda nuestra historia y tan solo cuatro han podido ejercer como Gobernadores.

En materia legislativa, con excepción de la ley 17.729 del presidente Allende (septiembre 1972) y 19.253, del presidente Aylwin (octubre 1993), Chile no registra más avances legislativos en favor de los PPII, pero sí registra normas, decretos y leyes contrarias a sus derechos. Algunas se han modificado en los gobiernos democráticos y se ha podido avanzar un poco más, como en el caso de la ley de borde costero.  Sin embargo, el Congreso ha sido refractario respecto del reconocimiento constitucional pendiente desde 1990.  Chile es el único país de entre 16 naciones en AL que nunca consideró a los PPII como sujetos de derecho (desde el primer Reglamento constitucional de 1810 hasta la última constitución modificada de 1980). Y no se ha avanzado de manera relevante en la protección de su patrimonio cultural, arquitectónico, medio ambiental, social y político. En el parlamento aún permanece el proyecto pro-lenguas indígenas sin aprobación. Cabe entonces la pregunta a nivel de Estado y sociedad: ¿Qué conmemoraremos el 9 de agosto?

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