Álvaro Bisama's Blog, page 142

Las lecciones que dejó el incendio en Londres

Las dantescas imágenes mostradas por los canales de televisión la semana pasada, del incendio que afectó a un edificio de 24 pisos en Londres y que dejó cerca de 60 muertos, no sólo recordó el triste caso del siniestro que sufrió a la Torre Santa María, en 1981, en pleno corazón de Providencia, sino que además puso en la palestra el tema de la seguridad en la construcción.

Muchos empezaron a preguntarse qué tan confiables son los edificios en que viven y si los materiales utilizados son los idóneos, por ejemplo, para resistir el fuego o la actividad sísmica tan frecuente en nuestro país.

En Chile se ha avanzado mucho en aumentar los estándares exigidos a las empresas constructoras, principalmente tras el terremoto del 27 F que dejó al descubierto debilidades en la calidad.

Sin embargo, en materia de legislación contra el fuego sólo existen normas oficiales para determinar el comportamiento frente al fuego de materiales específicos, pero éstas no abordan las edificaciones como un proyecto integral. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), da a conocer exigencias mínimas que deben cumplir las edificaciones, entregando consideraciones generales para la protección pasiva que incluye el concepto de compartimentación y la protección activa, sin diferenciar según el tipo de material utilizado.

En esta línea, y buscando contribuir en este tema, como Instituto Chileno del Acero (ICHA) hemos realizado diversas acciones con el objetivo de entregar, al mercado nacional, información técnica que permitan comprender, aplicar e incorporar los últimos avances tecnológicos como la protección activa para la protección contra el fuego en nuestro tema: las estructuras de acero.

Dando un paso más allá, hemos sugerido incorporar algunas modificaciones a la OGUC, relativas a la incorporación de sprinklers o rociadores, que son elementos activos que permiten abordar de forma temprana un siniestro, de manera de mejorarla en el ámbito de las exigencias que se hacen a la construcción de edificios (tanto habitacionales, como industriales o comerciales) en lo relativo a la seguridad ante posibles incendios.

Además, es de suma importancia una mayor incorporación de herramientas tecnológicas a la hora de iniciar un proyecto de construcción. Hoy, por ejemplo, existen softwares que permiten a los ingenieros estructurales analizar de manera rápida y sencilla la respuesta térmica y mecánica de las estructuras para verificar su nivel de seguridad y optimización incluyendo el factor incendio en las etapas iniciales del proyecto.

Estamos convencidos que, trasladando la ingeniería de protección contra el fuego a la fase temprana de diseño de los proyectos, tanto estructural como de arquitectura, se pueden optimizar los esfuerzos.

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Compensaciones: desempeño y aprendizaje

Una de las responsabilidades más relevantes del directorio es seleccionar y compensar a la persona que lidera la estrategia de la compañía. Por diversos motivos, nunca ha sido fácil alinear acuerdos que definan la forma más adecuada de retribuir al Gerente General.

En los procesos de auto evaluación de directorios, preguntamos frecuentemente si la estructura de compensaciones al equipo ejecutivo “conversa bien” con los objetivos estratégicos de la compañía y su marco normativo, encontrándonos con respuestas casi siempre dubitativas de los directores.

Mi análisis crítico admite situaciones en las que recompensar por resultados resulta conveniente, pero reconoce otras en que tales estímulos suelen no redituar lo que se pagó por ellos y, peor aún, alientan resultados dañinos para la organización. Recordemos, por ejemplo, los recientes escándalos en Chile y el mundo. Casi todas esas empresas afectadas tenían códigos éticos y controles muy robustos, pero sus políticas de incentivos fueron creando un mensaje informal que indujo a conductas ilegales o éticamente reprochables.

La delicada estructura de compensaciones a los ejecutivos toca un aspecto íntimo y de extrema sensibilidad, un terreno minado que requiere especial cuidado para avanzar: el dinero. No se trata sólo de eliminar algunos aspectos de diseño en esta área, sino de identificar en ella la necesidad de transitar hacia modelos de remuneraciones variables que, junto con preservar las ventajas de los incentivos, consideren también sus riesgos.

Donde hay suficiente data y evidencia es en esquemas de incentivos “todo o nada”; esto es, premios extraordinarios según el cumplimiento íntegro de metas específicas. Los directorios que anuncian severos castigos si tales objetivos no se alcanzan, alientan la probabilidad de conductas impropias que infringen la cultura y la ética de la organización, el cumplimiento de la ley o de las normas internas. Porque bajo un esquema de incentivos “todo o nada”, ¿cuál puede ser el comportamiento esperado del ejecutivo o de un conjunto de ejecutivos a punto de alcanzar el resultado propuesto y, con ello, una sustanciosa recompensa? La situación -así ha ocurrido- puede llevar a que los aspirantes al premio falseen datos de ventas, manipulen la contabilidad, ejecuten prácticas de colusión, cohecho u otras conductas reñidas con la ley, la ética o las buenas prácticas.

Algunas consideraciones que el directorio deberá tener presente al definir el sistema de incentivos a su plana ejecutiva:

Mientras más acotado es el objetivo, mayor es el riesgo de que los aspirantes al premio tengan sólo ese foco en su actuar;
Mientras más inalcanzable sea la meta, mayor será la indolencia y falta de entusiasmo de los aspirantes;
Cuidar que las metas tengan un horizonte más largo que corto;
Cuidar que las metas promuevan la auto motivación del aspirante. Mientras mayor sea el nivel de auditoría y control, menor será su auto motivación;
Cuidar que las metas establecidas no compitan con valores esenciales de la empresa que el directorio debe conservar.

Muchos expertos se inclinan actualmente por abolir el pago por desempeño, no sólo al CEO, sino al grupo denominado C’suite. Lo anterior asoma como una suerte de anatema en los oídos de nuestra cultura empresarial centrada en estructurar incentivos para que lograr metas y resultados. Sin embargo, investigaciones recientes, avaladas por los mejores centros académicos del mundo, demuestran que ofrecer premios por desempeño es una forma equivocada para lograrlo. Hoy, en un mundo cada vez más complejo, lo que se recomienda es premiar el aprendizaje de nuevos procesos y estrategias para obtener buenos resultados. Sin este aprendizaje, el C’suite no tendría la consistencia necesaria para un desempeño profesional, financiero, legal y éticamente exitoso. Con este aprendizaje, el incentivo no se limitará a logros de objetivos puntuales e inmediatos, sino a metas sustentables y de largo plazo.

No es excepcional que el CEO y su equipo reciban 60-80% de su remuneración variable asociada a resultados trimestrales, semestrales o anuales, o al mayor precio de las acciones u otras mediciones ligadas al crecimiento de valor empresarial. Pero al revisar literatura y experiencias sobre incentivos queda muy poco clara la eficiencia de esta composición variable. Esto, por la naturaleza del trabajo que el C’suite realiza en la búsqueda de soluciones nuevas, ingeniosas y no repetitivas. Sin embargo, en labores rutinarias, donde el aprendizaje no es tan relevante y el estímulo está más ligado a factores externos de corto plazo que de largo plazo, la recompensa por desempeño será el estímulo adecuado.

¿Cómo atraer talento a la punta de la pirámide, entonces? Este será tema de una próxima columna.

 

 

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¿Es machista Piñera?

EN TIEMPOS de Wonder Woman y con las mujeres avanzando en posiciones de poder, pareciera que el sexismo encuentra más oportunidades para expresarse. Ejemplos abundan. En España, en medio de la reciente moción de censura presentada contra su presidente, Mariano Rajoy, el portavoz del PP hizo una desafortunada referencia a la relación sentimental entre Pablo Iglesias, el líder de Podemos e impulsor de la iniciativa con su portavoz, Irene Montero. En Chile, el expresidente de la República Sebastián Piñera recurrió a un chiste que muchos asociaron con la violación. No era la primera vez. Para su mala suerte, coincidió con el lanzamiento del último informe del PNUD, Desiguales. En él el machismo, junto con el clasismo, son las dos principales causas de mal trato y detonante de las desigualdades. En ambos casos, las acusaciones airadas de machismo, que la RAE define como “la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres”, no se hicieron esperar.

Nadie duda de las credenciales de Montero, una gladiadora de la oratoria, para ser la número dos de su partido. Sin embargo, no puede esperar que su vínculo con Iglesias se sustraiga del escrutinio público porque tiene implicancias políticas. Por lo demás, el tiempo dirá si la situación no termina siendo una versión peninsular de la “política conyugal”, frecuente en América Latina. Con ello se alude a las primeras damas que han buscado la presidencia, luego de pasar por el palacio de gobierno.

Por su parte, la Presidenta Bachelet reaccionó al chiste con un indignado tuit. Hubiera sido más ejemplarizador, además de consistente con la imagen mundial que ha proyectado como la presidenta más comprometida con los derechos de las mujeres si, cuando tuvo lugar el suceso de la “muñeca inflable” de Asexma, hubiera pedido las renuncias del caso.

Lo que se observa es que, al tiempo que el machismo es un reclamo legítimo en sociedades que aspiran a la igualdad de género, también es un arma arrojadiza de la contienda política. No es raro que, como lo han documentado los primeros estudios sobre liderazgo político femenino, algunas mujeres decidan manipular estereotipos tradicionales para enfrentar los obstáculos, burlando o desarmando a sus oponentes. Cuando se invoca machismo, teniendo en cuenta la cantidad de muertes de mujeres que cobra, habría que andar con tiento. Como advierte Víctor Lapuente en “Caza machistas”, en El País: “Al abusar de un término, éste pierde sentido. Si todo es machismo, entonces nada es machismo”.

El chiste proferido por el ahora candidato presidencial, deliberado o no, es un desatino como la copa de un pino. Aunque la UDI le pasa factura por su apoyo cuesta creer que, quien impulsó un postnatal que, si bien no es de tipo nórdico, supuso algún tipo de avance, pero también nombró a las primeras mujeres a la cabeza de ministerios tradicionalmente masculinos como Justicia y Obras Públicas, por no hablar de la Dirección de Presupuestos o la jefatura del Segundo Piso, sea un machista de manual.

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País de tontos graves

¿EN QUÉ minuto se transformó Chile en un país de tontos graves? Sebastián Piñera tira un chiste fome y es acusado de “instigar a la violación”; Yerko Puchento lanza una broma pesada a una exministra y ésta pretende que Canal 13 deje de transmitir por siete días; Manuel José Ossandón echa una talla a Felipe Kast y es tildado de “machista”; The Clinic publica una vulgaridad y desde el gobierno lo acusan de cometer “un acto agresivo, discriminatorio y de violencia contra las mujeres”. En el ambiente tenso en que residen nuestras autoridades ya no hay espacio para el humor.

Nadie se ríe y todo es “preocupante”, “grave” y “serio”.

Se trata de una muestra más de la desconexión entre la elite y la gente común. En un país con más teléfonos celulares que habitantes, los “memes”, los videos y los chistes viralizados a través de las redes sociales son harto más frecuentes y crueles que lo que se ha escuchado en cualquier debate presidencial. Los chilenos se ríen a mandíbula batiente de políticos, empresarios, curas, generales y futbolistas en Whatsapp, Instagram, Snapchat y Facebook (Twitter, en cambio, puede ser catalogado como la república online de los tontos graves), mientras nuestros líderes engolan la voz para denunciar discriminación y prometer “acciones legales” cada vez que son aludidos por un chiste que no les gusta.

El creciente golfo que separa a nuestras autoridades del público en general ha añadido así una nueva dimensión: la gente se ríe; la élite no. Ésta vive en un estado de crispación constante que le impide distinguir una broma de un ataque.

La corrección política que se ha apoderado de nuestro idioma oficial es en buena parte responsable de esta adustez. La neolengua que usa la élite para comunicarse en público se encuentra llena de palabras prohibidas y carece por completo de sentido del humor. Es obvio por qué: la corrección política es una forma relativamente sutil de totalitarismo y nada resulta más peligroso para este que el humor, la ironía y el sarcasmo.

Se trata, en última instancia, de una cuestión de poder. El humor es una herramienta para desnudar la ridiculez de los que se sienten muy cómodos con su situación. Por eso, quien se atreva a salirse de la línea debe ser castigado. Será acusado de discriminador, machista, promotor del bullying; en fin, de todos esos pecados que la corrección política considera imperdonables en nuestra era.

En esas condiciones, nuestro humor arrinconado se vuelve cada vez más básico, genital, lleno de coprolalia e inofensivo. Parece subversivo, pero no lo es: es un humor domesticado que se mueve dentro de los límites definidos por la corrección política. No incomoda a nadie, porque está lejos de desafiar.

Hasta no hace mucho, al humor se le exigía ser ingenioso y sorprender para hacernos reír y pensar. Hoy, en cambio, es fome, predecible y no molesta de verdad. En el país de los tontos graves, esos parecen ser requisitos irrenunciables.

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No aprobemos la reforma “a la carrera”

EN LA discusión sobre varios proyectos de ley, ya sean textos en el Congreso o ideas para elaborar un proyecto, se ha tendido a producir una conversación entre sordos, sin que se entienda el lenguaje de señas ni la lectura de labios. Casi nadie escucha al otro, menos si ese otro tiene planteamientos diferentes a los nuestros. En rigor, no han existido diálogos, en el sentido de contraponer ideas y someterlas al análisis. En el gobierno se partió con un diagnóstico equivocado que los parlamentarios dieron por cierto.

En este contexto, hemos comprobado en el Congreso un modo muy inapropiado de aprobar, a toda carrera, una legislación de gran importancia como es la reforma a la educación superior, sin mayor posibilidad de reflexión ni revisión a fondo de cada frase, que es lo que corresponde al trabajo de una Comisión.

Respecto al Cruch, es de enorme importancia constatar las condiciones para solicitar la incorporación, pues a este Consejo le corresponde asesorar y formular propuestas al Ministerio de Educación en las políticas públicas, conforme a su estatuto orgánico, por lo tanto es la única voz universitaria reconocida en el sistema para relacionarse formalmente con el gobierno. Por eso es tan incomprensible que supedite ese ingreso a tener la trayectoria de las características de las integrantes de este organismo (¿?), y una condición voluntaria, como la gratuidad. Como ha ocurrido con frecuencia en la tramitación de este proyecto de ley, el texto es confuso y arbitrario, además de discriminatorio.

Por otra parte, no se ha señalado qué pasaría con otras funciones del mismo Consejo, como la complejísima e infructuosa tarea de determinar las necesidades nacionales de profesionales y de técnicos, que serían funciones de la Subsecretaría de Educación Superior, un nuevo organismo creado con un presupuesto insuficiente para cumplir sus funciones.

En tanto, la eventual eliminación del CAE fue aprobada luego de una sesión de 23 horas en la Comisión de Educación de la Cámara, sin tener un sistema de reemplazo. El propio gobierno la rechazó haciendo una reserva de constitucionalidad. Creo que esto no debería preocuparnos demasiado porque tendrá que existir un mecanismo que lo sustituya; salvo que se pretenda producir una disminución de unos 200 mil universitarios del sistema. Dudo que estén pensando en eso los parlamentarios que votaron favorablemente por esta idea.

Se ha creado un ambiente con exceso de declaraciones rimbombantes, basadas en un diagnóstico parcial y sesgado sobre las universidades del país. No se analizan los datos existentes ni los estudios académicos disponibles; las políticas concretas y los proyectos de ley mezclan factores, lo que hace perder el objetivo inicial de mejorar la calidad y las oportunidades. Ello, como ejemplo, es evidente al definir que la gratuidad es un factor para ingresar al Consejo de Rectores, pese a que adscribirse a este mecanismo es voluntario. Lo mismo en una propuesta de asignación de campos clínicos, que además no considera que más de la mitad de los profesionales del área de la salud se titulan cada año en universidades privadas.

Falta diálogo verdadero y sobra desconocimiento. La RAE define diálogo de besugos, como una conversación absurda y sin sentido, y diálogo de sordos como una conversación en que ninguno de los interlocutores parece escuchar al otro. En diversas ocasiones, conversando con autoridades del gobierno y parlamentarios, me he sentido teniendo un diálogo de besugos. Otras, un diálogo de sordos.

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La nueva radicalidad

Es la cara visible de esa fuerza emergente que hoy amenaza al duopolio; la líder sorpresiva de una voluntad de cambio que instaló al Frente Amplio como un tercer actor del escenario político. Periodista destacada, mujer aguerrida, aunque no carente de ángel, irrumpió casi de la nada para, en pocas semanas, generar incluso la expectativa de su paso a la segunda vuelta. Así, en el momento preciso, Beatriz Sánchez vino a remover el suelo de una contienda electoral ya de por sí incierta, confirmando que las placas tectónicas de nuestro sistema político se encuentran en pleno desplazamiento.

Las encuestas la proyectan como la más probable candidata del Frente Amplio, un referente que llegó para encarnar el quiebre definitivo de un conjunto de actores de izquierda con el desfalleciente oficialismo. Críticos a lo hecho (y lo no hecho) por el actual gobierno, lograron instalarse ya como un actor imprescindible, sumando otro elemento disruptivo a las tensiones y debilidades que en la actualidad recorren la Nueva Mayoría.

De algún modo, Beatriz Sánchez representa el rostro amable de este complejo proceso, una profesional joven, de convicciones firmes, que ha logrado convocar y movilizar a un importante segmento de los desencantados con el actual estado de cosas. Sin necesitar de grandes precisiones en materia programática, su acierto es haber conseguido ponerles nombre y carisma a los anhelos de cambio que hoy se agitan en un sector profundamente crítico del Chile actual, en especial, en el mundo juvenil y universitario.

En la primaria de su sector, deberá competir el próximo domingo con Alberto Mayol, sociólogo que en los últimos años se ha convertido en un referente intelectual de la crítica al ‘modelo’. No sin tensiones, ambos han logrado articular una buena dupla, donde la claridad estratégica se combina con cierta ductilidad táctica, y donde la densidad ideológica convive con algo de espontaneidad. Pero a diferencia de Mayol, Beatriz Sánchez ha sabido mostrar un perfil más afable y abarcador, buscando atraer al votante natural de la centroizquierda y no cerrando de plano las opciones de convergencia en un escenario futuro.

Casi con seguridad, a partir de la próxima semana será ella quien tenga que asumir el desafío de dar consistencia a un proyecto en ciernes, a este hijo descarriado del desencanto y de las utopías amorfas que recorren a buena parte de la izquierda. Una tarea titánica, que más temprano que tarde deberá encontrarse con algunos de los imperativos del realismo, para tratar de dar continuidad a su sueño y, sobre todo, para encontrar un lugar permanente en el Chile que vendrá una vez terminado el proceso electoral.

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Primarias

EL PRÓXIMO domingo 2 de julio se celebrarán las primarias legales de Chile Vamos (ChV) y del Frente Amplio (FA). ¿En qué fijarse para ponderar los resultados de ese día? Por cierto, en los ganadores, pero también en los porcentajes de cada candidato y, de manera clave, en el universo de votantes. Ya se sabe que las elecciones no solo se ganan o se pierden, sino que se “interpretan”.

En materia de participación, la primaria de 2013 dejó la vara alta: poco más de dos millones de votantes en el caso de la Nueva Mayoría y de ochocientos mil en la derecha. El grado de implantación territorial de la derecha le debiera permitir rondar el millón de electores. Una participación inferior a 2013 constituiría un fuerte revés.

En el caso del FA, el universo de votantes es un dato político tan incierto como significativo. Si el FA es verdaderamente competitivo en primera vuelta; si sigue siendo un movimiento esencialmente juvenil y de clases medias altas, o bien va hacia una implantación territorial pluriclasista, se medirá, en gran medida, en la participación que alcance su primaria. Una cifra que sobrepase los quinientos mil electores constituiría un claro éxito y lo dejaría en una expectante posición en lo electoral. Bajo doscientos cincuenta mil participantes el resultado tendría sabor a derrota esa noche. Entre esas dos cifras, un amplio margen para la “lucha interpretativa”.

En la derecha, si bien el triunfo del expresidente Piñera parece seguro, será importante ver en qué porcentaje lo hace. La votación de Ossandón es relevante, pues se trata de un voto que no es fácilmente endosable a Piñera en primera vuelta. Menos luego del reciente debate que no solo fue de vuelo rasante, incluso chabacano, sino que terminó por escenificar la ruptura entre ambos candidatos y de enemistar a sus electorados.

La competencia entre Sánchez y Mayol será interesante de seguir. Luego de una indiferenciación política inicial, se fue instalando un clivaje en el cual Mayol comenzó a ocupar un espacio más definido de izquierda, apelando a sus señas de identidad más clásicas, y volviendo a la idea de disputar el espacio a la izquierda histórica. Por su parte, Sánchez se posicionó en un discurso y en una estética ciudadana transversal y emotiva, subordinando el eje derecha/izquierda y de clase. Un inesperado triunfo de Mayol marcaría un cambio de hegemonía en el FA. Por el contrario, un nítido triunfo de Sánchez reforzaría la tesis “ciudadanista” y consolidaría a Revolución Democrática como el eje del FA. Una llegada estrecha entre Sánchez y Mayol obligaría a renegociar el poder dentro del FA, entre lo que comienza a vislumbrarse como dos opciones estratégicas.

El próximo domingo, el protagonismo será para Chile Vamos y el Frente Amplio, como lo ha sido en estas semanas gracias a la cobertura televisiva que dan las primarias. Como mudos espectadores de este proceso, estarán la izquierda de la NM y la DC, todavía tratando de entender y de determinar responsabilidades por tan generosa ventaja regalada en esta etapa.

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Otra cara de la “posverdad”

La “posverdad” (post-truth) es, sin duda, un término de moda que cada vez más frecuentemente se utiliza para adjetivar aspectos nebulosos de la política, la economía o las comunicaciones. Las primeras definiciones hablan de aquello relacionado con una situación en las que las personas aceptan, con mayor probabilidad, argumentos basados en sus emociones y creencias personales por sobre aquellos fundados en hechos y análisis objetivos.

Es toda una novedad que el concepto de “posverdad” pueda servir para hablar de nuestra Reforma a la Educación Superior. Lamentablemente a la luz de los procesos y resultados preliminares pareciera ser que es así.

Sólo en el mundo de la “posverdad” se puede llegar a entender que el Proyecto de Reforma valore el sistema mixto de educación superior que tiene Chile, pero que sólo busque potenciar un sector de ese conjunto. La promoción se concentra en la educación estatal, mientras que la fiscalización se enfoca en la privada.

La misma iniciativa política contempla que para Chile, el concepto de universidad corresponderá, en un futuro no muy lejano, a un Institución compleja. Se asume una verdad que no es tal: que sólo las universidades que desarrollan investigación avanzada pueden llegar a desempeñar sus funciones con calidad.

Sólo el predominio de la “posverdad” puede llevar a creer que en 20 años el sistema de educación superior chileno llegará a cumplir la meta que plantea el Proyecto. Los expertos más positivos dicen que hoy el 10% de las instituciones la cumplen, otros afirman que sólo son tres universidades en todo Chile. A estos datos preliminares habría que añadir dos preguntas claves: ¿Cuánto se han demorado dichas universidades en llegar a este nivel?, ¿Cuántos recursos han recibido estas universidades públicas y privadas, a lo largo de su historia, por parte del Estado? Un análisis serio –que se cuida de la “posverdad”- no se hace en base a una fotografía del momento y al cuidado de una imagen, sino considerando críticamente una trayectoria. Hoy se fija una meta, pero no se propone ningún tipo de apoyo para que las universidades lleguen a ella; como si arribar a la complejidad (que por cierto aún no está definida en cuanto a su alcance) fuese un ejercicio de mero voluntarismo.

Resulta paradójico –en este contexto- que el punto de partida para toda universidad sea la búsqueda de la verdad, pero también resulta esperanzador pues la universidad ha llegado a ser lo que es –transitando y siendo luz incluso en épocas muy oscuras- precisamente por su fidelidad profunda a su vocación primera.

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Día del Orgullo LGBTI: nuestros derechos en año de elecciones

En Nueva York, el 28 de junio de 1969, un grupo de policías hizo una redada en el Stonewall Inn, un pub frecuentado por personas homosexuales y trans, ubicado en el Greenwich Village de Manhattan. Al igual que en el Chile de la década de los 60, la diversidad sexual en Estados Unidos era perseguida y reprimida, no por cometer faltas, delitos o evadir impuestos, sino por motivo de su orientación sexual.  Un año después, también en Nueva York, se realizaría la primera marcha del orgullo, la cual se convoca hasta hoy en distintas partes del mundo, con la participación de políticos, artistas y ciudadanos que ven en la diversidad un valor que merece ser celebrado públicamente.

Respecto a esta fecha, muchas veces nos ha tocado escuchar la pregunta de porqué las personas heterosexuales no tienen una celebración similar, siendo que todos deberíamos sentirnos orgullosos de ser quienes somos. La respuesta es simple, pero no siempre está a la vista: las personas lesbianas, gays y bisexuales no hemos podido, ni podemos hoy, realizar una vida en igualdad de condiciones que nuestros pares heterosexuales. Hemos sido objeto de acoso en nuestros colegios, de discriminación en nuestros lugares de trabajo, de golpizas y asesinatos en las calles; y al día de hoy se nos sigue negando el acceso a contratos e instituciones familiares que sí podríamos acceder si fuéramos heterosexuales. Algo similar ocurre con las personas trans, quienes todavía no cuentan con un mecanismo uniforme y digno para poder vivir su identidad legalmente. Es cierto que hemos avanzado en los últimos cinco años, pero nos queda un largo camino por delante.

Probablemente, una de las discriminaciones estructurales más latentes está en el matrimonio. Desde 1881 el matrimonio, en la ley chilena, es un contrato y no un sacramento, y desde 1925 nuestro país es un Estado laico, donde la libertad de conciencia y de profesar una religión o no hacerlo, es un derecho fundamental. Sin embargo, hoy el matrimonio es el único contrato civil que atiende a la orientación sexual de los contrayentes para ser celebrado. Se ha dicho que el motivo es la procreación, sin embargo nadie presenta exámenes de fertilidad previo a su celebración, y siempre han podido casarse adultos mayores y personas próximas a morir. Dicen también que hay que atender las raíces etimológicas de la palabra, pero nadie en Chile propone reformas legales respecto a las palabras “salario” o “patrimonio”. ¿Cuál es entonces el verdadero motivo para excluir a dos personas adultas y con un proyecto en común de un contrato civil del Estado laico? En el contexto del debate presidencial, quién lidera las encuestas ha dicho que “así lo siente”, una respuesta bastante insuficiente para fundar políticas públicas.

En las próximas semanas el actual gobierno presentará un proyecto de ley de matrimonio igualitario, el cual esperamos que cuente con las urgencias para que avance en su tramitación. Así, al momento de la elección presidencial de noviembre, habrá tres proyectos de ley relativos a derechos humanos de la diversidad sexual en tramitación en el Congreso: la ley de identidad de género, el proyecto de derechos filiativos de parejas del mismo sexo, y el matrimonio igualitario. Ante esto, los candidatos a parlamentario/a deben explicitar su postura sobre ellos, y los candidatos a Presidente/a deberán transparentar si, pese a sus posturas personales, están dispuestos a mantener su discusión en el Congreso, o si durante sus cuatro años no habrá avance alguno en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI del país.

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Educación Pública: ¿Municipalizar o No Municipalizar?

Como dice el connotado arquitecto chileno Alejandro Aravena: “No hay nada peor que contestar correctamente la pregunta equivocada”. Esto es relevante para la Educación Pública en Chile, porque la pregunta que nos estamos haciendo hoy como país es: ¿municipalizar o no municipalizar?, cuando ésta debiera ser: ¿quién finalmente es responsable?

Cuando un privado hace una mala gestión de recursos y declara la quiebra, las consecuencias son patrimoniales y, cualquiera sea el monto, deja de tener acceso al sistema financiero: cuenta corriente, créditos, tarjetas, transferencias, etc. 

Las consecuencias de una mala gestión en la educación pública no tienen que ver con un color político. En este último trimestre nos hemos enterado de la dramática situación que han heredado de sus antecesores los alcaldes de Valparaíso, Jorge Sharp, y de Santiago, Felipe Alessandri. El primero heredó una deuda de $40.000 MM, mientras que el segundo una deuda de $21.000 MM.

En Carabineros (otro organismo público) se acaba de declarar un defalco por casi $17.000 MM. Con justa razón, un escándalo nacional. Este monto es similar, o el doble, a la deuda en educación que heredan los municipios de Santiago y Valparaíso, pero nadie se escandaliza por estos casos. ¿Cómo y quién paga? Hoy se paga con el desprestigio de la Educación Pública y para peor, pagan los niños que buscan crecer a partir de ella.

Pero la falta de claridad en quién finalmente es responsable en la Educación Pública no pasa solamente por la administración de recursos. Como escribí en la columna anterior (https://goo.gl/WFRZNR), también hay otro tipo de responsabilidades como la selección de personal, cobertura curricular, remuneración y evaluación de desempeño, que son difusas tanto en el modelo actual como en el proyecto de ley que busca fortalecer la Educación Pública. Ambos modelos adolecen de algo fundamental: Tener una estructura clara y simple de responsabilidades y el correspondiente nivel de rendición de cuentas.

¿Cómo debiera ser la estructura de responsabilidades? Se necesita un nivel central que establezca estándares, reglas del juego y promueva esfuerzos colectivos, pero la gran mayoría de las decisiones pedagógicas se deben tomar cerca del lugar de impacto, dada las complejidades que el contexto puede traer, especialmente si tiene un alto grado de vulnerabilidad.

Debemos construir un sistema de educación pública que considere niveles de autonomía, y el correspondiente nivel de rendición de cuentas, si no nunca podremos atraer todo el talento que se necesita en las comunidades escolares. ¿Quién se va a querer ir a trabajar a Alto Hospicio, Vallenar o Puerto Aysén si son meros ejecutores de lo que dictamina el nivel central? Recorriendo colegios públicos a lo largo de todo Chile, veo que hay excelentes directores y profesores, pero que por la falta de atribuciones que le son delegadas para tomar las decisiones, muchos terminan frustrándose y trabajando en otra cosa.

Luego, para revitalizar la Educación Pública el primer paso es definir la pregunta correcta. Esta no es municipalizar o no municipalizar, sino quién finalmente se va a hacer cargo, tiene las atribuciones para ello y se  responsabiliza de su gestión.

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