Álvaro Bisama's Blog, page 133

Los Mapuche: excluidos del proyecto republicano

Los Mapuche hemos sido políticamente excluidos. Como atenuante no hay verdades absolutas pero este juicio está avalado por un informe oficial del Estado (Verdad y Nuevo Trato, 2004).

¿Qué significa ser excluidos? Que un sector de la sociedad no está en la toma de decisiones respecto de su destino. Ocurre con Pueblos indígenas (PPII) sometidos a diversas formas de injusticias y violencias. Y la presidenta Bachelet por primera vez en nuestra historia pide perdón por “los errores y los horrores” acontecidos.  Esto es un tema común para los PPII del continente. En muchos lugares fueron derrotados militarmente y sometidos políticamente. A esto se unió la arrogante cultura importada desde occidente con la compañía no menos atemorizante de un Dios extraño, representado por un modelo de Iglesia que castigó severamente todo lo que no concordase con su visión religiosa. Los indígenas fueron considerados paganos y por lo tanto sujetos de pecado y la gracia del Evangelio, si era necesario, debía entrar con sangre. No es este un juicio total. Hubo corrientes católicas (Defensores de Indios) que se dieron cuenta que las tropelías españolas y la alianza con la cruz eran también una forma de pecado.

Los Estados coloniales surgieron sobre las cenizas de los poblados arrasados por la conquista. Los PPII fueron excluidos, evangelizados y obligados a renegar de su identidad. Y en el sur, en los territorios del confín (chili-chili) los Mapuche enfrentaron a la conquista hasta que la Corona los reconoció como Nación mediante varios Pactos en diversos Parlamentos, pero las nacientes Repúblicas los desconocieron y en cada frontera emancipada instauraron un orden republicano autoritario que partió por excluir a los indígenas de todo derecho. Finalmente, Chile es el único país que no consideró a los indígenas en sus constituciones.

La República, a partir de 1810, inspirada -paradojalmente- en el pensamiento Ilustrado y la Revolución francesa redactó tres Reglamentos constitucionales y siete Constituciones nacionales hasta hoy. Y los chilenos inventaron una trampa legal: para ser reconocidos como “ciudadanos”, en la Constitución de 1833 se puso como requisito formal: saber leer y escribir (castellano); estar casados por las dos Leyes y acreditar alguna forma de posesión y comercio. Como ningún indígena reunía tales requisitos, quedaron literalmente excluidos de la República inicial y a partir de ahí nunca han sido considerados en nuestras Constituciones por mucho que después hayan obtenido carné y pueden votar, sin ser reconocidos como Pueblo.

Hoy, excluir a los PPII de la toma de decisiones ya no es aceptable y va en contra de una democracia profunda. Reducir lo indígena a una caricatura folklórica del pasado es una señal de ignorancia. Desmerecer su lengua o despreciar sus ritos y costumbres ancestrales es signo de medievalismo. Pensar que lo indígena es algo arcaico o inferior es inculto. La principal exclusión no viene solo del orden jurídico de una sociedad: viene de su cultura, de su educación y de las prácticas que abandonan al pobre, a la mujer, al trabajador, a los desamparados, a los indígenas, a la condición de “un otro que no tiene lugar con nosotros”.   Esta es la raíz del conflicto.

¿Queremos seguir así? Alguna vez y de manera patética nos creímos “los ingleses de América” o los “jaguares asiáticos”. Tonteras. Pero creíbles, cuando el valor de uno se construye sobre el desprecio de los otros. Chile está llamado a ser una nación incluyente. Es el desafío de los próximos años. 

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La posverdad y el informe Sename

Ahora que el término “posverdad” se incorporó al diccionario RAE, nuestro país lo vive en carne propia. Producto del rechazo de la Cámara al de la Comisión Investigadora Sename II, como nunca, hechos objetivos se han minimizado ante la apelación a emociones, creencias y/o deseos del público.

Pero desde un principio, el mandato conferido a esta comisión fue investigar, por una parte, sólo las gestiones realizadas por autoridades de gobierno desde el 2014 en adelante y por la otra, la actual situación de los menores que no estuvieren al cuidado parental.

La potente discusión surgida al respecto identificó de inmediato dos bandos: quienes acusan a La Moneda de hacer caer el informe para proteger a la ex ministra Blanco, y quienes defienden su lobby o votación, aduciendo desde eventuales acusaciones a la Presidenta, pasando por calificar el informe de parcial, injusto y politizado, hasta el anuncio de una diputada de no repostular al Congreso.

Sin embargo, resulta preocupante que esta discusión se agote en un juicio público sobre la verdadera voluntad del gobierno: ¿Optó por salvaguardar a una colaboradora o por proteger niños en situación de abandono, vulnerabilidad e incluso en riesgo de muerte? Adicionalmente a esta trascendental pregunta, sería de suma importancia que esta polémica permitiera además develar tres grandes interrogantes:

¿Qué pasará con los niños del Sename? Pronto se cumplirán cuatro años desde el inicio de la primera comisión investigadora sobre este organismo. Y hasta el momento hay escasas acciones dirigidas a mejorar la situación de menores carentes de cuidado de sus padres.

Durante el periodo 2005-2016, 1.313 menores fallecieron en centros dependientes del Sename o de organismos colaboradores. Además hubo numerosas denuncias de torturas, de violaciones, de explotación sexual y de precarias condiciones de vida.

De ahí la importancia del informe rechazado. Éste denunciaba claramente “las principales problemáticas que explican el fracaso del Estado en materias de infancia”: a) Situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes; b) Contagio criminógeno; c) Débil sistema de adopciones; d) Insuficiencia del sistema de protección social; e) Falta de definición de roles subsidiario y del Estado. A su vez, el reparo a los proyectos de ley del Ejecutivo en materia de infancia entre 2014 a 2017 eran: a) Ineficiencia legislativa y b) Deficiencias en la Técnica Legislativa.

Asimismo, señalaba un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema y garantizar a los menores el respeto de sus derechos, el resguardo de su integridad física y mental y el acceso a la educación y a la salud. ¿Cuántas muertes de menores tendremos que llorar antes de que se descongelen estas medidas?

¿Cómo están trabajando nuestros parlamentarios? Tras un año de investigación, de 28 sesiones ordinarias; de más de 80 expositores invitados; de visitas inspectivas a hogares, Centros de internación provisoria y CREAD; del análisis de innumerables documentos, la Comisión en cuestión emitió un informe de 535 páginas.

Los diputados Camila Vallejo (PC), Luis Rocafull (PS), Ricardo Rincón (DC) y Claudio Arriagada (DC), todos miembros de la Comisión Investigadora, hicieron numerosos aportes al informe vía indicaciones y sustituciones, votando en ella a su favor el 27 de junio.

Incluso fue la diputada Vallejo (sesión N° 28 de 19/6/17, página 404) quien propuso incorporar el siguiente texto, aprobado luego por votación mayoritaria: “De tal modo, la reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial, negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco ex Ministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename.”

Por eso sorprende notablemente que recién el 4 de julio, y sólo después de las visitas de los ministros Eyzaguirre, Narvaez, Valdés y Campos, estos cuatro diputados hayan cambiado su voto por considerar el informe insuficiente, parcial y politizado.

¿Es válido que 13 diputados más sus numerosos asesores estén todo un año trabajando en una investigación que será rechazada? Más aún, siendo todos financiados por ciudadanos ¿quién fiscaliza sus índices de productividad?

¿Hasta cuándo se valorará el amiguismo por sobre el desempeño? Por último, si la calificación de “negligencia inexcusable” fuere a alguna funcionaria del SENAME, ¿hubiera tenido el mismo impacto la bajada del informe? Probablemente no.

Sin dudas el elemento que aceleró la combustión del espacio público fue que se exculpara a la ex ministra Blanco. Cercana colaboradora de la Presidenta Bachelet, en su trayectoria política ha tenido más de alguna controversia en sus cargos. Y quizás su último nombramiento, esta vez en el Consejo de Defensa del Estado, corrobora que nuestra mandataria privilegia lealtades por sobre desempeños. Absolutamente comprensible, pero inaceptable cuando se trata de dineros públicos.

En consecuencia, ojalá que el debate provocado pueda profundizar estas y otras interrogantes sobre nuestros mecanismos democráticos. Por otra parte, existen 64 propuestas pendientes que beneficiarán a niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección del Estado y acogidos en distintas modalidades de cuidados alternativos. ¿De qué manera el Ejecutivo y el Legislativo lograrán reactivarlas? Porque está claro que los menores del Sename no pueden esperar el informe de una tercera Comisión Investigadora.

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El rol de la justicia chilena para un sistema de investigación eficaz de femicidios

 El femicidio es la culminación de una serie de actos violentos a lo largo de la vida de una víctima. En la mayoría de los casos de mujeres muertas en manos de sus parejas existió una relación abusiva definida por un círculo de violencia donde era habitual el maltrato.

La dinámica de violencia que viven las mujeres al interior de este tipo de relaciones lamentablemente no siempre encuentra en las instituciones un espacio de apoyo oportuno que se adapte a los distintos protocolos internacionales sobre femicidio, a través de mecanismos que permitan efectuar una intervención a tiempo.

En 2014 ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos lanzaron el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado con expertos de la región y de todo el mundo. Este Modelo es una herramienta para que Carabineros, Tribunales, funcionarios de los sistemas de justicia y médicos forenses investiguen adecuadamente el femicidio, comenzando por definir los crímenes de odio contra las mujeres y recomendando cómo deberían investigados y procesados. Eso significa, ante todo, comprender y reconocer el historial de violencia que llevó al femicidio.

En este sentido, el rol y actuación del sistema judicial constituye un elemento central a la hora de abordar los casos de femicidio.  Hoy contamos con un estándar de debida diligencia y parte del supuesto de que los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa.

Sin embargo, los estereotipos de género se siguen manifestando en el funcionamiento de los sistemas judiciales y muchas veces son perpetuados por agentes estatales de las diferentes esferas de la administración.  Actualmente, entre los jueces y diferentes agentes judiciales siguen existiendo ideas preconcebidas y equivocadas en materia de género que pueden afectar el derecho de las mujeres de acceder a la justicia y de contar con un juicio imparcial.  Entre estos estereotipos destaca la presunción tácita de la responsabilidad de la víctima por lo que le sucedió, ya sea por su forma de vestir, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor.

ONU Mujeres detectó que existen fuertes deficiencias e irregularidades en muchas de las investigaciones y los procesos judiciales abiertos en casos de violencia contra las mujeres, en especial los casos de muertes violentas. Frecuentemente en estos juicios existe una falta de protocolo por parte de los jueces, lo que da lugar a un trato inadecuado a las víctimas o una escasa credibilidad a su testimonio. También suele ser común la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales o el énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial.

Por eso, es imprescindible contar con jueces y juezas capacitados para intervenir en este tipo de casos. El éxito de las investigaciones en los casos de presuntos femicidios necesita un monitoreo constante de las políticas de investigación y sanción, la sensibilización sobre la violencia motivada por el género, aumentar los espacios de capacitación y formación de los funcionarios y las funcionarias en todo el proceso judicial con el fin de eliminar los prejuicios. 

Hoy contamos con una herramienta de trabajo para la investigación de los femicidios que permite organizar y explicar los elementos probatorios y pruebas físicas.  En el caso de los femicidios se pueden establecer las razones de género que motivaron su realización, del nexo causal entre la acción delictiva y el resultado de la muerte, y de la responsabilidad de los autores. Esta herramienta de trabajo y metodología también es aplicable a los femicidios frustrados, ya que también estos deben ser analizados a partir de las razones de género que motivaron su realización.

Como país tenemos un gran desafío y el caso de Nabila Riffo establece un precedente y fuente de preocupación en la forma como se abordan los crímenes dirigidos contra las mujeres y las niñas por los sistemas de justicia.  En este caso en particular el uso de circunstancias atenuantes para disminuir las penas son algunos de los muchos obstáculos a los cuales las víctimas y su familiares se enfrentan en sus esfuerzos para acceder a la justicia.

 

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La juventud extraviada

Los tiempos de debates presidenciales han profundizado el amargo gusto que genera la política actual. Más allá de los resultados de esta primaria, nos queda como lección el vacío de la mayoría de los proyectos en oferta. Si una elitizada clase política que aspira al poder, termina  imponiendo una visión, y no construyendo un proyecto comprensivo desde el actual contexto chileno, se acaba en resultados estériles y destructivos. Tal como le ocurrió a la Nueva Mayoría.

Debemos reflexionar. Dentro del escenario chileno, que es observado sólo por unos pocos, se encuentra un grupo etario potencialmente transformador y determinante: la juventud.  Siendo el grupo al cual aspiran todos los demás-desde los niños hasta los adultos mayores- este es ignorado en la discusión política y pública. El que sea invisible y poco problematizado- excepto cuando sale  a marchar- impide la proyección de un Chile que responda a su cosmovisión. Esto no implica que se deba diseñar un país a la medida de la juventud, pero sí que quienes se denominan estadistas puedan convocar a quienes configurarán el orden social de los próximos 50 años.

Desde la  Fundación Jaime Guzmán, pronto lanzaremos un estudio y libro sobre este tema. Dentro de los datos obtenidos, hemos visto a una juventud libre pero agobiada, estresada, con preocupaciones diversas. La clase política, sin observar esta realidad, ha reducido públicamente a la juventud a un instituto político particular- como el INJUV-  o a las insufribles demandas del Confech, lo que convierte a las necesidades ciertas de este grupo en un enfermedad crónica. Como un cáncer no detectado a tiempo.

El acceder a la educación superior, aspirando a un signo de distinción que permita el alcance de mayores oportunidades, pero obtener finalmente un derecho universal que iguala a la población general, produce una tensión importante. La promesa de mejorar el futuro con respecto a los padres, queda en promesa. Los esfuerzos realizados son poco fructíferos y la formación profesional abre nuevos caminos de exigencia. Sumado a esto, la tecnología, que acecha a unos cuantos kilómetros, pone también en riesgo esas capacidades educacionales adquiridas. ¿Dónde se les asegura la integración al desarrollo?

También el mercado del trabajo se encuentra desadaptado de las aspiraciones integrales de las nuevas generaciones. Quizás sus padres trabajaron sacrificando toda dimensión de la vida por el bienestar material y las oportunidades familiares, pero las heridas quedaron y muchos jóvenes quisieran no tener que repetir esa “limitada” experiencia. La retención de este grupo etario es difícil porque se ha juzgado, pero no comprendido, la nueva aspiración que se tiene del trabajo.

Por último, entre otros temas, las transformaciones que ha sufrido la familia han alterado también la proyección familiar de los jóvenes. El bienestar material se torna un objetivo crucial que debe alcanzarse antes de tener hijos. El viajar y tener experiencias culturales diversas, también. Este tema debiese analizarse con detención ¿por qué motivo los hijos se conciben con una limitante vital? ¿Qué se ha hecho para que se transformen en ello?

 Existen numerosas interrogantes que responder sobre el estado actual de la juventud. Es importante considerarlas, porque una juventud de cambio puede desestabilizar los consensos que sostienen el modo de vivir chileno. Quienes se postulan a la presidencia, debiesen analizar no sólo su base electoral y su teoría político-social, si no también cual es el imaginario cultural que sostiene su proyecto a largo plazo. El fortalecimiento de la juventud, su participación y acceso a oportunidades, es el pilar de ese proceso épico.

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Soberbios y belicosos

“LA GENTE que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa…”, ésta descripción de Alonso de Ercilla por siglos ha llenado de orgullo a nuestros connacionales, lo que explica que sea por lejos la estrofa más citada de La Araucana. Qué duda cabe que contiene dos adjetivos claramente elogiosos: granada y gallarda; pero los mezcla con otros dos que solo una mirada muy especial podría considerar como elogiosos: soberbia y belicosa. Recordemos que son soberbios quienes se comportan con arrogancia y belicosos los que son agresivos.

¿Somos realmente así? Tradicionalmente los chilenos éramos más bien modestos, opacados, quitados de bulla, en el contexto de un país que realmente no tenía mucho de que vanagloriarse. Primero los éxitos económicos y luego los deportivos han cambiado radicalmente esta situación. Nos pusimos pesados, prepotentes y sobradores. Parece que la sobriedad chilena no era tal, sino solo una máscara fruto de circunstancias adversas.

Y qué hay del otro adjetivo, el de belicosos. Más allá de que los textos de historia se han encargado de machacar nuestras victorias militares, lo cierto es que la agresividad nunca había sido considerada como una característica de nuestro comportamiento público y mucho menos una cualidad, hasta estos últimos años. Día a día esto pareciera ir cambiando, la violencia en el lenguaje, en los gestos e incluso la física, va imponiéndose en nuestras relaciones.

Para comprobar lo primero basta con acceder a cualquier red social o blog, donde algo que no sea un ataque pareciera ser un comentario aburrido o intrascendente. Por otra parte, las manifestaciones de violencia física son cada vez más recurrentes, sobre todo cuando las personas pueden esconderse entre las masas. Ya resulta común leer sobre agresiones de grupos o patotas (recordemos que fue una particularmente inaceptable la que dio lugar a la Ley Zamudio contra la discriminación). A ello hay que sumarle los cada vez más reiterados casos de violencia en los estadios y los niveles descontrolados de vandalismo y destrucción que acompañan prácticamente todas las manifestaciones públicas. Por supuesto, también hemos debido enfrentar casos más agudos de uso de la violencia como instrumento de expresión política.

Lo más grave ahora es que lo que parecía una anomalía que se producía entre ciertos grupos o en determinados contextos, que aún podíamos catalogar como marginales y eran objeto de reprobación pública, corre el riesgo de que se naturalice y se tome incluso el debate político. Al menos por lo visto durante las recientes primarias, la agresividad y las descalificaciones personales parecieran ser hoy mucho más rentables que los planteamientos fundados y la discusión de ideas.

Después de todo, quizás no sea tan malo perder de vez en cuando un partido de fútbol, si de pronto eso nos hace ponernos un poco más humildes. Y puede también que alguna lección positiva saquen los candidatos presidenciales del bochornoso debate de Chile Vamos. Hay que ser optimistas, a ver si en una de esas dejamos de ser tan soberbios y belicosos.

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Sexo sin ley

RECIENTEMENTE un juzgado civil ordenó rectificar la partida de nacimiento de un menor de 5 años, a petición de sus padres, modificando su nombre y disponiendo que su sexo en adelante sea femenino. Ello en base a un diagnóstico de Disforia de Género Infantil emanado de la Unidad de Psicología y Psiquiatría Infantil del SML además de otras pruebas psiquiátricas y psicológicas. En lo jurídico, el tribunal se fundó en los Principios de Yogyakarta, que reconocen el derecho humano de las personas a identificarse con un sexo diferente al asignado al momento de nacer, lo que se conoce como Deseo de Cambio de Sexo (DCS).

Al no existir una ley expresa que resuelva la materia, el juez aplicó la Constitución y concluyó que la marcada identidad de género femenina que presenta el menor es suficiente para abordar el problema y anticiparse a los conflictos y discriminaciones que le impedirían desarrollarse y llevar una vida digna, ordenando inmediatamente la rectificación de la partida de nacimiento.

Sobre esta delicada materia que atañe a una persona menor de edad y con especial respeto a sus padres, que han actuado en su defensa y con incuestionable amor, nos permitimos algunos comentarios. En primer lugar, el Tribunal ordenó el cambio de sexo del menor a petición formal de sus padres, pero en función de la percepción que el propio menor tiene de su sexo. Es éste quien expresa el Deseo de Cambio de Sexo (DCS). El juez, pues, en esta materia parece confundirse y acepta la petición de los padres cuando en verdad lo que está resolviendo es la voluntad del menor, que jurídicamente es incapaz de comparecer por sí mismo ante un tribunal.

En segundo lugar, esta decisión implica, con carácter definitivo, la rectificación de la partida de nacimiento del menor, con lo cual debe emitirse nueva documentación en todas las reparticiones correspondientes, sean de salud, pensiones, educacionales, públicas o privadas, organismos internacionales, policía, servicios electorales, entre muchos otros. La sentencia, pues, produce efectos universales y obligatorios respecto de terceros.

Por otro lado, el proyecto en actual tramitación señala que “se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna del género, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo verificado en el acta de inscripción de nacimiento”. Y agrega que, “toda persona mayor de edad podrá obtener la rectificación del sexo”.

El criterio del legislador en cuanto a optar por la mayoría de edad para rectificar la partida de nacimiento es una señal coherente con la naturaleza del deseo de cambio de sexo, que es una convicción personalísima que debe ser expresada por alguien dotado de voluntad reconocida por el derecho. En el caso de la Disforia de Género Infantil, existen estudios científicos que han puesto de relieve que las condiciones del deseo de cambio de sexo pueden mantenerse o variar, lo que sugiere el mayor respeto al menor y a su inviolable dignidad hasta que pueda expresar su propia voluntad.

En definitiva, el sujeto de protección es el niño o niña, y no las ideologías de género o corrientes de pensamiento divergentes, que a veces sacrifican sin contemplaciones a quienes dicen cuidar.

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La eliminación del Crédito con Aval del Estado

LA SEMANA PASADA , el gobierno presentó una indicación sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) en el proyecto de Educación Superior que se tramita en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y si bien el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dio algunas luces de lo que contendría el nuevo sistema de financiamiento educacional, aún no hay claridad sobre la herramienta concreta que lo reemplazará si se llega a eliminar a partir de enero de 2019. A ello se agrega, la necesidad de conocer el monto total asignado como subsidio fiscal, y cuál será el nuevo mecanismo que permitirá financiar las carreras universitarias de aquellos estudiantes, sobre todo de los deciles 8 y 9.

Sin duda, el replantear y mejorar las políticas públicas es básico para lograr el cometido de un país mejor y con más oportunidades.

Sin embargo, no se puede avanzar en base a presiones, pues cada decisión significa el futuro de la educación en Chile. Así, para poder transitar hacia otra vía, es necesario conocer cuál es el impacto que ha tenido el CAE en estos años. Según los datos entregados por la Comisión Ingresa hace unas semanas, 808.366 estudiantes han cursado estudios con este tipo de financiamiento. Casi 300 mil de ellos ya terminaron sus carreras técnicas o profesionales y del total de egresados en 2016, el 58,8% proviene de familias de los quintiles I y II.

Es más, muchos jóvenes de clase media que no pueden acceder a financiamiento por no ser “elegibles”, utilizan este mecanismo para poder estudiar.

En ese contexto, quienes plantean la eliminación del CAE no reconocen que esa política pública sería extremadamente negativa, pues significaría dejar sin posibilidades a muchos estudiantes – transversales a nivel socioeconómico- que no tendrían otro método para poder matricularse en una Institución de Educación Superior.

Debe considerarse que, desde el punto de vista de los recursos públicos, el CAE permite financiar a muchos más estudiantes de lo que ese mismo monto lograría asignándose a la gratuidad. Debemos considerar también, que vivimos en un país en donde las necesidades son muchas y los recursos escasos.

Con lo anterior, quiero poner sobre la mesa la evidencia de que las modificaciones en una política pública son muy importantes, siempre que contengan cambios y mejoras que apunten a tener educación superior con mayor calidad y equidad.

Un instrumento para eso es centrarnos en dar oportunidades al acceso y continuidad de los estudiantes con problemas para financiar su Educación Superior.

Tomemos el peso de lo que significa tomar acciones en base a un diagnóstico ideologizado, pues las consecuencias pueden ser irreversibles para el desarrollo futuro de la educación en nuestro país.

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Maduro y sus buenas intenciones

La excarcelación de Leopoldo López el pasado sábado 8 de julio, ha tomado por sorpresa a Venezuela y a la comunidad internacional.

Gracias a la medida “casa por cárcel” concedida por el gobierno chavista, López se encuentra junto a su familia tras permanecer tres años y cinco meses detenido en el penal de Ramo Verde, lugar donde fue confinado tras ser declarado culpable del delito de instigación a la violencia el año 2014.

No obstante la alegría que genera la liberación de López en sus seguidores y en la comunidad internacional, es necesario poner especial atención a su trasfondo.

Sí, la liberación de Leopoldo, sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión, supone un importante gesto por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esto teniendo en cuenta que al menos mediáticamente, el dirigente no solo es el más célebre preso político que mantiene el chavismo, sino que también, en la noción colectiva, es quien representa la encarnación del sector más temido y sólido de la oposición.

Ahora bien, según el Tribunal Supremo, la medida fue tomada por razones humanitarias que hablan de la deterioración en la salud de López. Sin embargo, Edith López, tía del dirigente político, descarta que la excarcelación de su sobrino tenga que ver con un factor de salud ya que, tal como consigna al diario El País, “(Leopoldo) se encuentra en perfectas condiciones”.

Siendo así, resulta inevitable dudar de las buenas intenciones de Nicolás Maduro y de paso se manifiestan diversas posibilidades que podrían justificar la liberación del dirigente de Voluntad Popular (VP).

Por un lado, es posible barajar la opción de que el gobierno esté respondiendo a la necesidad imperiosa de aquietar al estallido social que, tras 100 días de movilizaciones en su contra, no solo no ha disminuido su intensidad, sino que también ha dejado un saldo de 91 personas fallecidas y de paso ha abierto grietas insanables en el apoyo del chavismo al Presidente Nicolás Maduro.

Otra de las posibilidades se relaciona con un importante cambio de estrategia. Por un lado, que esta liberación dé señales claras de apertura al diálogo, pero que por otro, no sea más que una forma para ganar tiempo y distraer la atención pública. Lo anterior, con miras a la ejecución de un golpe mayor que se daría con la elección de una Asamblea Constituyente afín al gobierno el próximo 30 de julio. Como consecuencia, este “triunfo” significaría la posterior destrucción de la única “arma” que posee la oposición: la mayoría en la Asamblea Nacional.

Según la ONG Foro Penal, organismo no gubernamental venezolano que actúa en la promoción del respeto a los Derechos Humanos, el número de “presos políticos” que tiene Venezuela en la actualidad asciende a 433, sin embargo, el gobierno no reconoce esa condición, más bien, asegura que se trata de personas que se encuentran detenidas por haber incurrido en graves actos de violencia que nada tienen que ver con política (aun cuando la gran mayoría de los reclusos hayan sido detenidos en manifestaciones contra el gobierno). ¿Qué pasará con estos presos? ¿Tendrá Maduro el mismo gesto “caritativo” que ha tenido con Leopoldo López? ¿Continuará el chavismo dando muestras concretas de querer avanzar hacia las negociaciones?

Tranquilidad. No se debe confundir el regreso de López a su casa con una victoria parcial ni mucho menos como un motivo para bajar los brazos. Es necesario recordar que el “cambio de sede” no implica modificación alguna en su condena y tampoco asegura que no vaya a regresar a la cárcel, como sucedió con el ex alcalde Daniel Ceballos, detenido también en 2014, a quien concedieron el arresto domiciliario durante unos meses, para luego continuar su reclusión en un recinto penitenciario donde aún continúa.

Si bien la lucha de Leopoldo López es loable, la opinión pública y los medios de comunicación deben evitar mitificar su figura y poner su rostro a la resistencia de un pueblo que a diario se manifiesta y pelea por sus derechos. Es por este pueblo, por los 433 presos políticos restantes, por los 91 fallecidos, por el retorno a la paz y a la democracia -y no por Leopoldo López- que la actual movilización debe continuar, dentro y fuera de Venezuela.

Es de esperar que la liberación del líder opositor sea el comienzo de la apertura a un diálogo honesto y profundo, que propicie un cambio en las directrices del gobierno. Que sea un giro asertivo que retome las vías democráticas existentes y recupere las perdidas, un movimiento que beneficie y sane al país, y no otro de los hábiles trucos políticos que acostumbra a mostrar el chavismo cada vez que se ve en situaciones similares: acorralado.

 

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Los resultados de la Alianza del Pacífico

 

*Esta columna fue escrita junto a Cristóbal Kubick, estudiante de economía Universidad de Chile.

En abril del año 2011 se estableció la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Dentro de los objetivos de este acuerdo se encuentran la construcción de un área de integración que avance progresivamente hacia la libre circulación de bienes, impulsar un mayor crecimiento y competitividad de las economías y convertirse en una plataforma de articulación y proyección económica con especial énfasis en el mercado asiático.

A partir del establecimiento de este acuerdo, numerosas actividades se han llevado adelante para la concreción de los objetivos. Entre ellas, en mayo del 2016 se puso en marcha el protocolo comercial que eliminó los aranceles entre estos países para prácticamente la totalidad de los productos transados.

Dentro del análisis económico del comercio internacional, uno de los aspectos que más se estudia es el efecto que tienen los aranceles o las tarifas sobre las exportaciones e importaciones de los distintos países. Existe cierto consenso en la literatura de que la liberalización de los aranceles trae consigo beneficios para todos los países involucrados ya que optimiza la asignación de los recursos. Esto es, las aperturas comerciales traen consigo un aumento de la productividad promedio de las industrias exportadoras (Melitz, 2003), lo que posibilita alcanzar mayores niveles de ingreso. Si bien es cierto que los efectos de los TLC son difíciles de cuantificar, se estima que en el largo plazo se puede llegar a duplicar los volúmenes comercializados entre dos países (Baier y Bergstrand, 2007 y 2009, Santos-Paulino, 2002).

Usando datos recolectados por el Servicio Nacional de Aduanas y datos del Banco Mundial con el detalle del promedio del nivel arancelario de los productos para cada uno de los capítulos del Sistema Armonizado, hicimos el ejercicio de estimar el efecto de la reducción arancelaria de mayo del 2016 sobre las exportaciones chilenas, utilizando el método de diferencias en diferencias.

Los resultados del análisis econométrico sugieren un impacto positivo y significativo de la reducción arancelaria de la Alianza del Pacífico sobre el volumen de exportaciones de los productos tratados, tanto para la fecha de su anuncio mediático como para la reducción misma de los aranceles. La magnitud de los resultados sugieren un impacto entre un 50% y un 60% dependiendo de qué fecha se utilice como tratamiento.

Creemos que los resultados son claves en varios sentidos. En primer lugar, los resultados muestran que la reducción arancelaria sí parece tener el efecto que buscaba y no es sólo teoría. Sin duda que falta mucho más análisis para entender mejor los efectos de la rebaja arancelaria, pero esta primera aproximación va en la dirección esperada. En segundo lugar, en nuestra opinión, los resultados invitan a profundizar este tipo de acuerdos para aumentar todavía más nuestras exportaciones al resto del mundo, con todos los resultados positivos que esto implica.

En un año marcado por el ambiente electoral y ya conocidos los resultados de las primarias presidenciales, sería positivo que quienes aspiren a presidir nuestro país se pronuncien sobre sus políticas y visiones acerca de los posibles acuerdos comerciales de Chile con el resto del mundo. Tal vez aquí se puede encontrar una ayuda para encontrar el esquivo crecimiento.

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Es el momento de transparentar la identidad de los controladores de las empresas

El año 2016, el mundo empresarial sufrió un fuerte golpe. Esto tras la investigación global de los papeles de Panamá, conocida popularmente como los Panamá Papers. Estos reportes periodísticos transparentaron grandes fortunas de políticos y empresarios provenientes de todo el mundo, ganados vía fraudes, corrupción, crimen organizado o evasión de impuestos. Estremecidos por los casos que salieron a la luz, múltiples voces se alzaron pidiendo avanzar en la transparencia de las identidades de quiénes son realmente los propietarios de las empresas, sea a nivel nacional e internacional.

El Reino Unido fue el primer Estado en avanzar con pasos concretos hacia el “open beneficial ownership”: bajo el liderazgo de David Cameron, quien posteriormente reconoció haberse enriquecido a través de una sociedad de su padre en Panamá, se anunció en 2013 un registro público de los dueños finales de las empresas. Cameron entregó dos argumentos poderosos: 1) un registro de propiedad de empresas que permitiría al Gobierno controlar eventuales fraudes y que también, de hacerlo público, permitiría que cualquier persona pudiera gestionar el debido control social sobre los datos; y 2), al mismo tiempo, facilitaría la probidad en los negocios.

El ejemplo de Reino Unido fue replicado por Noruega y los Países Bajos. Además, un conjunto de organizaciones sociales internacionales, entre ellos, Transparency International y el Open Contracting Partnership, lanzaron la plataforma openownership.org, con el fin de empezar a juntar datos de los controladores finales de empresas en todo el mundo.

Chile todavía está al debe en este aspecto. No tiene un registro unificado y actualizado de los controladores de empresas, – y aunque el Servicio de Impuestos Internos (SII) debiera quizás ser uno de los más interesados en manejar los datos respectivos, hasta la fecha, tampoco ha emitido una resolución que permitiera a empresas interesadas registrar su “beneficial ownership”, de forma voluntaria y estandarizada.

Medio año atrás, ChileCompra ya definió como prioritario avanzar de a poco en la gestión y apertura de datos sobre los propietarios de las empresas proveedoras del Estado. Sin duda, al no disponer de bases de datos sobre las personas que controlan las empresas que participan en licitaciones públicas, el Estado asume elevados costos en las contrataciones: no solamente pierde la eficacia en el control, sinos también la eficiencia en el gasto.

Un ejemplo claro de ello es el sector salud. Según un estudio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), un 11% del gasto directo de los Servicios de Salud está destinado a la compra de prestaciones al sector privado (2016). Esto, principalmente, son servicios profesionales para intervenciones quirúrgicas o prestaciones de salud realizados por establecimientos fuera de la red pública. Las compras de estas prestaciones crecieron desde USD 141 MM en 2008 a USD 327 MM en 2015, cifra 2,5 veces más alta que el gasto total de la Contraloría para 2015. Relacionado, existen denuncias de médicos con contrato vigente en un hospital, prestando servicios a través de sus sociedades a la misma entidad, lo que genera un claro conflicto de interés. No obstante, ni para el Estado ni para la sociedad civil interesada existe una manera fácil de saber quiénes están detrás de estas sociedades. Sin ir más lejos, ni el SII tiene una base de datos de calidad para evaluar ello de manera certera para algunos tipos de empresas.

Para ponernos a la altura de las necesidades en nuestro país, se hace imperativo avanzar en el “Beneficial Ownership”, partiendo por el mercado público. El SII por su lado pudiera empezar a recopilar información sobre los propietarios finales de los distintos tipos de empresas en un registro único, que sea de acceso público – hacia donde apunta la tendencia mundial.

Recordemos que las sociedades pantallas son el vehículo de escapada para corrupción y crimen. No hay tiempo que perder en esta lucha contra el fraude que instituciones “anónimas” podrían cometer con fondos públicos.

 

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