Álvaro Bisama's Blog, page 132

Malagradecidos

EL ULTRAJE de las estatuas a los héroes de Arica es una afrenta cobarde, pero también una oportunidad para que la ciudad mejore la calidad e importancia del monumento. Porque, con respeto -como se acostumbra decir ahora-, la decapitación de los cuatro bustos conmemorativos del asalto al Morro dejó al descubierto la extrema modestia del tributo que Arica rinde a los soldados que en 1880 tomaron un peñón aparentemente inexpugnable.

Los bustos fueron construidos con yeso y fibra de vidrio. Se hallaban situados sobre una simple base de concreto que pretende asemejar una pirca. A su lado se ubica un pequeño mástil que tuvo mejores tiempos y hoy está corroído por el óxido.

Desde cualquier punto de vista, se trata de un homenaje cuya humildad no se condice con el tamaño de la gesta heroica y lo que significó para el país: un triunfo decisivo en la Guerra del Pacífico al costo de centenares de vidas.

Por desgracia, no es un caso único. La sencillez de nuestras estatuas y la precaria conservación de nuestros monumentos son rasgos distintivos desde Arica a Magallanes. No es consecuencia de la austeridad, sino de un apocamiento que constituye material para sicoanalistas.

Basta observar muchas de las estatuas que recuerdan a nuestros héroes.

En algunos casos, como el de Manuel Bulnes en la Alameda, tanto el prócer como su caballo lucen cansados (un efecto intencionalmente buscado por el artista). En otros, como el monumento al pueblo indígena en la Plaza de Armas de Santiago, el gusto estético es, por lo menos, cuestionable. La falta de respeto y mantención alcanza niveles trágicos en el monumento al general Manuel Baquedano, en cuya base se encuentra la tumba del soldado desconocido, profanada por masas de ciudadanos enfervorizados que causan destrozos cada vez que el país celebra un triunfo futbolístico.

El contraste con lo que ocurre en otros países es enorme. En Madrid, el Ayuntamiento ha prohibido que los fanáticos se encaramen a las fuentes de Cibeles y de Neptuno durante los festejos deportivos. En capitales como Roma o Washington, la tumba del soldado desconocido se encuentra custodiada por militares que no permiten siquiera acercarse. Urbes latinoamericanas como Buenos Aires o Ciudad de México exhiben majestuosas estatuas y monumentos en anchas avenidas. Con sus 17 metros de altura, incluso la espléndida estatua ecuestre del general José Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo no tiene parangón en Chile, donde el desdichado Bernardo O’Higgins fue desplazado a un lugar lateral; una falta de respeto y una muestra de desidia tan imperdonables como reveladoras.

A nadie parece importarle. Somos un país malagradecido, con monumentos y estatuas chiquititos, muchas veces feos y más bien pobretones, como queda claro al ver el destruido en Arica. Una sociedad incapaz de honrar adecuadamente a quienes le dieron forma y se sacrificaron por ella pone en riesgo su identidad, pues no hay que olvidar que nuestra comunidad nacional la conforman los vivos, los muertos y los que están por nacer.

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Que los nuevos dientes del Sernac no terminen mordiendo al consumidor

ANTE LA aprobación, por parte de la Comisión de Constitución del Senado del proyecto de ley que propone reformar el Sernac, si bien compartimos la esencia del mismo, nos preocupa que aún no exista consenso en la comisión, ni en el propio Gobierno, respecto de un tema tan relevante como es la facultad normativa que se propone otorgar al referido servicio.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, es a todas luces innecesario, excesivo e inconstitucional otorgar una facultad normativa al Sernac. Esto, porque en nuestro ordenamiento jurídico, es el Poder Legislativo quien tiene principalmente tal función. Además, se le entregaría a un solo ente la facultad de interpretar la ley, representar a los consumidores, fiscalizar, sancionar, mediar y resolver controversias, lo que no solo atentaría contra el sentido común, sino también alteraría los equilibrios institucionales y de poderes que caracterizan a nuestro sistema público.

Esta excesiva concentración de facultades ha generado que, a lo largo de la tramitación del proyecto, se hayan ensayado diversos modelos para su aplicación, no logrando ninguno de ellos total apoyo en el Congreso, la sociedad civil e incluso en el propio gobierno. El legislador ha sido muy sabio al establecer la necesaria separación de poderes, por lo que cualquier iniciativa que tenga por objeto entregar todos éstos a una sola mano, debe ser analizado con extrema cautela, sobre todo cuando afecta a la inmensa mayoría de los chilenos en su calidad de consumidores o proveedores.

Es por todos estos antecedentes, que hemos insistido en la necesidad de eliminar tal facultad normativa. Una cosa, en la que concordamos, es potenciar el Servicio, a través de todas las otras facultades que se le otorgan en el referido proyecto de ley, así como con el aumento sustantivo de las multas y los nuevos procedimientos administrativos que se crean. Otra muy distinta sería convertirlo en un ente sin contrapeso alguno, pasando así a ser “juez y parte en materia de consumo”.

Si el gobierno estimara que esta última es una materia de la esencia del proyecto de ley, a lo sumo, debiera avanzarse en facultar al Sernac, únicamente, para proponer al Presidente de la República la modificación o derogación de normas en materia de consumo.

Por lo tanto, si bien nadie puede negar que es necesario modernizar el Sernac con objeto que pueda adecuarse a las nuevas relaciones de consumo y dar solución rápida a las controversias que puedan generarse entre consumidores y proveedores, este afán no debe llevarnos a aprobar normas que excedan el principio mínimo de equilibrio de poderes y que a su vez, no cuenten con un apoyo y consenso transversales.

Finalmente, es importante recordar que la excesiva concentración de facultades que este proyecto de ley propone para el Sernac, podría terminar afectando negativamente a quienes en principio busca proteger, al hacer más rígidas y conflictivas las relaciones entre proveedores y consumidores. No solo hay que dotar de “más dientes al Sernac”, como se planteó al inicio de la discusión de este proyecto de ley, sino más bien, generar mayores canales de comunicación y solución de controversias entre consumidores y proveedores, para así recomponer las tan dañadas confianzas sobre las cuales se basa nuestra economía de libre mercado y la sana competencia entre los actores del mismo.

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CAE y derecho social a la educación

Sorprende que diputados de la llamada “bancada estudiantil” presentaran una indicación a la reforma de la educación superior (ES) para suprimir –sin mecanismo de reemplazo- el crédito con aval de Estado (CAE) a partir del 1 de enero de 2019. Más extraño es que la mayoría de la Comisión de Educación Superior la aprobara. Un gesto “para la galería”, sin duda. Por ello, tanto el Gobierno como la opisición hicieron inmediata reserva de inconstitucionalidad. Esta medida, de mantenerse, no sólo infringiría la norma sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Más grave aún, ella sería contraria al derecho a la educación. De allí que la acción de los diputados que la promovieron y aprobaron sea de una gran inconsecuencia.

En efecto, los diputados de la Nueva Mayoría reclamaron al unísono, ante una declaración del ex Presidente Sebastián Piñera que ponía en duda la continuidad de la política de gratuidad, que ello estaría en contradicción con el principio de “no regresividad” en materia de derechos sociales que consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues bien, si la educación es un derecho social, ¿no aplica el mismo principio a los otros mecanismos vigentes que aseguran el acceso de todos los y las jóvenes a la educación superior?

Conviene, para mayor claridad del problema, hacer un poco de Historia. Cuando se creó el CAE, el compromiso del Estado, expresado en el Mensaje de la ley y el debate legislativo posterior, fue que el sistema nacional de ayudas estudiantiles se apoyaría en cuatro mecanismos: i) Un Fondo de Becas, que agruparía las múltiples ayudas no reembolsables que entrega el Estado para ES, mejorando su focalización; ii) El Fondo solidario de crédito universitario (FSCU) para los estudiantes de las universidades del CRUCh; iii) Un Crédito Sustentable y sin exigencia de aval para estudiantes de IES autónomas acreditadas; y iv) Un Sistema de Ahorro para el Financiamiento de la ES que premie los esfuerzos de las familias de escasos recursos y clase media para este fin. El sistema integrado de Becas sigue pendiente. En cuanto al FSCU, si bien se han aprobado sucesivas leyes de reprogramación para potenciar la recuperación de créditos, sigue siendo un mecanismo deficitario. La ley 20.027 abordó los dos últimos componentes, si bien el sistema de ahorro no llegó a tener un impacto real. La idea matriz del proyecto era: “Velar porque la falta de ingresos no sea un impedimento para acceder a la Educación Superior”.

El Mensaje de la ley que creó el CAE reconoció que el Gobierno, hasta entonces, había concentrado sus esfuerzos para apoyar el financiamiento de estudiantes de las Universidades del CRUCh. Los mecanismos complementarios (créditos CORFO), a través de los bancos, se habían visto dificultados por los requerimientos de aval del mercado financiero, obstaculizando el acceso al financiamiento a miles de jóvenes. Se requerían, según el Mensaje, soluciones de largo plazo “a la falla de mercado que genera este problema estructural”.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó entonces la experiencia comparada, las ventajas y desventajas de los sistemas de becas, de préstamos comerciales y créditos-renta (contingentes al ingreso), constatando que en la mayoría de los países en que hay cobro efectivo de aranceles existe una combinación de becas y créditos (Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, etc.). Cfr. Biblioteca del Congreso Nacional (2005), Historia de la ley 20.027, pp. 32-41.

El proyecto avanzó sin mayor debate o dificultad, gracias al liderazgo del Ministro de Educación Sergio Bitar y la Jefa de Educación Superior Pilar Armanet. Así, en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general por 95 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención (16 de junio de 2004) y en particular por 90 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones (17 de agosto de 2004). En el Senado, la aprobación en general, el 27 de octubre de 2004, y la particular (8 y 23 de marzo de 2005) fue unánime (votaron 32 y 31 senadores, respectivamente). Lo mismo en el tercer trámite -sólo votaron en contra el diputado Aguiló y el senador Ávila- donde la única discusión relevante fue la exigencia de contar con acreditación para que las IES pudieran acceder al sistema.

Cuando se aprobó el CAE el Ejecutivo y los congresistas estuvieron de acuerdo en que este mecanismo venía a subsanar una inequidad histórica en el trato que el Estado daba a los estudiantes de Educación Superior. Ahora, un grupo de diputados piensa, al parecer, que sería bueno volver atrás.

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Aborto a toda costa

Muchas críticas se han levantado a este gobierno, pero la de renunciar a sus objetivos últimos no es una de ellas. El realismo sin renuncia es la versión Nueva Mayoría del avanzar sin tranzar. La historia les dará la razón, piensan sus integrantes, porque la justificación está clara en su ideología y los inconvenientes son sólo temporales. En resumen: muy transparente en sus premisas y sus objetivos desde el primer minuto –por eso es tan grave haber firmado el programa de gobierno sin leerlo, como confesó Ignacio Walker sin avergonzarse. Pero, respecto a un tema, el gobierno ha sido particularmente enrevesado: la “despenalización” del aborto en tres causales.

Haciendo gala de mucha maña y muñeca, desde La Moneda han buscado los mejores caminos y pretextos que les permitan la final legalización del aborto. Buscan avanzar sin transar también en esta materia, pero con intenciones segundas y no declaradas. Así, un proyecto que tiene como fin claro legalizar una conducta y garantizarla como prestación de salud, se ingresa y difunde bajo el rótulo de “despenalización”. ¿Qué sentido tendría discutir sobre la objeción de conciencia si no se está garantizando –legalizando– un derecho? Se usa un eufemismo también cuando se califica como “interrupción”, palabra que da pie a pensar en algo no definitivo, para una acción permanente y sin vuelta atrás.

Michelle Bachelet –en su discurso del 21 de mayo del año 2014 al anunciar que ingresaría el proyecto– señaló que “cada aborto en el país es una señal que como sociedad hemos llegado tarde, porque la prevención no tuvo los resultados deseados”. Por lo tanto, el proyecto de acompañamiento que lleva envuelta la discusión legislativa, es tan importante porque busca prevenir un hecho que, según lo que han declarado repetidas veces incluso sus promotores, todos preferirían que no pasara. Más aún si consideramos lo efectivos que son estos programas: más del 80% de las mujeres que, con intención de abortar, reciben un acompañamiento disuasivo, desisten finalmente de su decisión –y se evitan los males aparejados, como la alta probabilidad de tener problemas psíquicos producto del aborto.

Pero el gobierno ha preferido mantenerse ciego a la evidencia para conseguir su cometido, creando, para la circunstancia, un principio ad hoc: la no disuasión. Todo acompañamiento podrá ser hecho mientras no busque disuadir. Así otra obra de magia. Cuando la idea es que el aborto no suceda y se espera “no llegar tarde”, se prohíbe los acompañamientos que buscan precisamente evitar un acto que luego será irreversible y que hará, de que cualquier otra acción, una reparadora a un mal que ya fue causado –por lo tanto, tardía–. ¿Cuál será entonces “el resultado deseado” al que se refería Michelle Bachelet en su discurso? Imposible saberlo.

¿Qué daño le produce al gobierno que alguien intente disuadir a otro de realizar algo que ellos mismos han declarado como un mal en varios sentidos? Más allá de la incongruencia, la única manera de explicar esta posición es un compromiso ideológico profundo con el objetivo final de que exista aborto en Chile. Lo peor es que hay varios que siguen llegando tarde y se dejan disuadir.

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Deuda de tierras: ¿Alguien puede aclarar las cifras?

En su última aparición pública, el director nacional de Conadi aseguró que el Estado había adquirido 170 mil hectáreas que equivalían al 10% de la “deuda” con el pueblo mapuche. No deja de llamar la atención que en 2014, las cifras del servicio publicadas en un amplio reportaje de La Tercera ya hablaran de casi 500 mil hectáreas traspasadas desde 1994 a esa fecha. ¿A cuál de las dos cifras hay que creerle? 

Pero hay más. En el mes de junio, la Presidenta Michelle Bachelet aseveró que durante los últimos 25 años “hemos comprado, subsidiado o regularizado casi 230 mil hectáreas de tierras indígenas al pueblo mapuche y sólo por ese ítem, el Estado ha invertido 584 mil millones de pesos”. 

Poco importa en el debate, al parecer, que la mayoría de los beneficiados con las miles hectáreas no viven en las tierras entregadas, según Conadi, por falta de luz eléctrica, agua potable, caminos, etc… lo que hace en su gran mayoría, estas hectáreas permanezcan improductivas, en un fenómeno similar al proceso de Reforma Agraria que terminó por expropiar 10 millones de hectáreas a sus legítimos dueños, generando una caída de casi 7 puntos en el PIB agrícola, hacia el año 1973, sin considerar la estela de odio propia de la retórica de un proceso que el actual Ejecutivo se empeña en “rescatar”, entregando para ello 110 millones de pesos a un ex mirista encargado de hacer un documental al respecto.

En esta danza de hectáreas cuyo número exacto no se ve claro, el mundo político sigue sin poner el acento sobre cuándo se terminará de pagar la deuda, lo que a todas luces resulta kafkiano, dado que de acuerdo a los datos de la Multigremial de La Araucanía, la problemática de tierras está absolutamente cuantificada: de las 512.493,67 hectáreas que reconocían los títulos de Merced del siglo XIX, a inicios de los 80 quedaban 463.409,81, es decir, se había generado una diferencia de 49.000 hectáreas, aproximadamente, en contra del pueblo mapuche. Esa era la deuda sobre la cual había que trabajar, antes de entrar en esta inorgánica vorágine de compras y entrega con una finalidad poco clara.

Aún agregando las ventas de terrenos que permitió el marco jurídico vigente, es claro que hoy existen ya más de 512 mil hectáreas establecidas por los títulos de Merced en manos de mapuches.

Y el problema sigue creciendo, ya que de acuerdo al catastro realizado por la Conadi, si en el año 1994 eran 538 las comunidades que postulaban buscar el beneficio, dos décadas después el número bordeaba ya los 2.100.

El explosivo incremento de estas agrupaciones que reclaman territorio al Estado, se ve propiciado por la legislación, que permite la división comunidades, lo que comprobadamente generó que muchas de ellas se vean beneficiadas más de una vez. Hace ya tres años, la Fundación Aitue reconocía que solo se necesitaba que se reúna un grupo de diez personas para generar una comunidad y ponerse en la lista de los aspirantes a recibir tierras, provocando una presión ilógica al proceso, básicamente porque el territorio no es infinito.

Tanto la Conadi, en cuanto servicio dependiente, como su programa de entrega de tierras, muestran caducidad. A casi 25 años de la promulgación de la Ley Indígena, el plan demuestra haberse extraviado en el horizonte y en la ejecución, y lo que se requiere hoy es un organismo capaz de tener acción propositiva a nivel legislativo, capacidad en el diseño de políticas públicas y coordinación en materia de diálogo.

Las tierras debieran tener una finalidad productiva, y en tal sentido se requiere dar un giro al sistema. Partiendo por esclarecer cuál es la “deuda”, para poder saldarla en un plazo programado, y luego atender a las verdaderas demandas detrás de la entrega a granel, ya que un botón de muestra clarificador es el estudio de “Población Mapuche regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, que arrojó que más de un 88% de los mapuches encuestados estima que las tierras deberían entregarse a familias y no a comunidades.

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Votar en el extranjero: una experiencia de Chilenidad

C, H, I… Chi, L, E.. Le… chi chi chi, le le le, Viva Chile!! se escuchó el Domingo pasado en las calles de Nueva York, Madrid, La Habana, Shangai, Varsovia, Mar del Plata y Lima… Se escuchó en 110 ciudades del mundo 6.292 chilenos emocionados y ansiosos, entusiastas y algo nerviosos por ser la primera vez que votaban estando en el extranjero.  Los vítores se repetirán horas más tarde en los distintos consulados en la final de Chile contra Alemania por la Copa Confederaciones, terminando de envolver el día en un ambiente del más puro patriotismo.

Un 30% de los chilenos en el extranjero inscritos para votar en estas primarias, efectivamente lo hicieron, quedando en segundo lugar de participación porcentual si asimiláramos este grupo a una comuna en Chile (Pirque lidera con un 32%). Así es el interés del chileno que está en el extranjero por participar.  Y sin embargo, es quien debe sortear más obstáculo para llegar a hacerlo.

El primer obstáculo: hacer el cambio de domicilio electoral. Lo que en Chile es un trámite sencillo ya que sólo debes ir a una oficina del Registro Civil o Chile Atiende, en el extranjero para muchos es un trámite imposible de realizar: debes ir al consulado, muchas veces a cientos de kilómetros lo que implica tiempo y dinero, naturalmente en horario de atención del consulado. Otra opción, es inscribirte con tu ¨Clave Única¨ que entrega el Registro Civil, pero si estas en el extranjero naturalmente quedas fuera de esa opción.  Posteriormente, el día de las elecciones, hay que viajar todos esos kilómetros con la salvedad de que al ser un fin de semana la gran mayoría no tiene que pedir día administrativo en su trabajo para poder asistir.

El derecho a sufragar, ya consignado en la ley sobre el voto en el extranjero, debe ponerse en efecto con pragmatismo y de acorde a las necesidades del chileno de hoy. Para ello, Chile debe aspirar  en el futuro al voto electrónico, y mientras se generan las condiciones a nivel gubernamental y social para ello,  es urgente al menos permitir el cambio de domicilio electoral de manera electrónica para chilenos en el extranjero, y más centros de votación. España, por ejemplo, uno de los países con mayor comunidad chilena sólo tiene centro de votación en Madrid y Barcelona, quedando a horas de distancia de otros centros importantes como Sevilla  y San Sebastián.

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Colaborar para emprender

Si bien Chile es el país latinoamericano con más avances en materia de emprendimiento, ocupando el lugar decimo octavo en el planeta según el Global Entrepreneurship Index, a nivel nacional el ecosistema continúa enfrentando diversos desafíos. Entre los principales obstáculos para impulsar startups y empresas innovadoras y de alto impacto destacan: el financiamiento, las mentorías y el acompañamiento, temáticas donde se requieren esfuerzos de colaboración de diversos actores para lograr el éxito.

El emprendimiento dinámico se define como un proyecto innovador con gran potencial de crecimiento que, por esta característica, busca contribuir a la competitividad del país. En el contexto de Chile, que tiene una economía tradicional basada en commodities, nuestro desafío es empujar a las startups para diversificar la economía, consolidando un espacio con innovaciones disruptivas y donde se genere más competencia.

Los emprendedores, los inversionistas, las empresas, las aceleradoras de negocio, las redes de inversión ángel y el Gobierno, entre otros, se necesitan mutuamente para que el ecosistema subsista. A nivel nacional, la participación activa de cada uno de estos actores está ayudando a construir el ecosistema, basado en Silicon Valley, una máquina que genera empresas dinámicas todos los días.

Nosotros, Emprende FCh, somos una comunidad que conecta a emprendedores e inversionistas para asegurar la continuidad y el crecimiento exponencial de las startups. Al mismo tiempo, nos interesa que este conocimiento cruce nuestras fronteras para tener actores más involucrados y comprometidos con desarrollar este ecosistema en el país.

El caso de Snuuper, un emprendimiento que apoyamos en Emprende FCh, grafica una historia de aceleración continua dentro de nuestro modelo de innovación abierta, siendo beneficiado con un fondo Corfo y con el financiamiento de nuestra red de inversionistas ángeles ChileGlobal Angels; además de contar con el acompañamiento cercano de uno de sus inversionistas, que también forma parte de nuestra Red de Mentores.

Snnuper es una plataforma que audita puntos de venta –factores como stock o la verificación de precios-, uniendo a las empresas que requieren el servicio con las personas que pueden chequear los distintos lugares. La startup se conecta con su comunidad de 70 mil personas a través de una aplicación móvil, donde publican las tareas requeridas; cada usuario recibe un pago por sus labores, pudiendo ganar hasta $60 mil al día e incluso $600 mil al mes.

Gracias al arduo trabajo del equipo emprendedor y nuestro apoyo, después de tres años de vida, la startup prepara mejoras en su plataforma para escalar en Chile y otros países de Latinoamérica. Un gran crecimiento para Snuuper que generó aprendizajes para otras startups de nuestro portafolio, el equipo, los inversionistas y sus clientes.

Contamos esta historia, porque creemos que es vital generar confianzas en el ecosistema, para animar a otros a emprender, invertir e involucrarse. Es también una historia de trabajo colaborativo que buscamos repetir, mejorar y complementar en el futuro, de modo que las innovaciones disruptivas en el país tengan cabida y puedan crecer en su máximo potencial.

 

 

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Solidaridad virtual

EL GOBIERNO cierra su periodo con una contradicción estructural, por una parte asegura haber avanzado en materia social estableciendo ciertos derechos, como el de la gratuidad, pero al mismo tiempo le entregará a su sucesor el mayor déficit fiscal desde la crisis subprime. La deuda pública, en línea con el dato anterior, ha crecido significativamente y es un hecho que la clasificación de riesgo de Chile sufrirá una rebaja por parte de las evaluadoras internacionales.

En palabra simples, aún a riesgo de cometer alguna imprecisión económica, la actual administración ha comprometido prestaciones que considera mínimas, desde un punto de vista ético, pero que nuestra sociedad no es capaz de financiar. La alternativa a esta situación es otra en que las prestaciones son menores, pero el país puede sostener un dinamismo que genera los ingresos para sustentar esos menores beneficios sociales y, lo más importante, progresivamente las personas van saliendo por sí solas de la dependencia estatal.

A esta opción, crecimiento alto y redistribución menor, la Presidenta la llama “crecimiento brutal”; la de crecimiento bajo y redistribución alta es lo que yo llamaría “solidaridad virtual”. Este es el núcleo de lo que estará en disputa en la elección presidencial de noviembre. Es la dicotomía que se suele plantear como la diferencia entre el “economicismo” y el “sentido social”. Siempre hay alguien que sostiene que se pueden lograr ambos objetivos, pero es de sentido común que eso no es efectivo, porque si así fuera se habría probado y todos seríamos partidarios de aquel sistema que permitiera crecer mucho y redistribuir también mucho.

La pregunta es si efectivamente resulta solidario un sistema que ofrece lo que no puede cumplir, sencillamente porque lo considera un deber ético. Estoy convencido que no, eso es simplemente una apariencia de solidaridad, una ilusión revestida de solemnidad, que hipoteca el bienestar futuro de los mismos a los que pretende beneficiar. En el mejor de los casos, es un voluntarismo bienintencionado, cuya frontera con el populismo puede ser extraordinariamente sutil en el mediano plazo.

El devenir de este tipo de solidaridad convertida en política de gobierno es conocido, lo experimentamos en el pasado, lo hemos visto en los países que, incapaces de sostener el endeudamiento, caen en crisis que redoblan la pobreza y las necesidades sociales, favoreciendo los populismos de distinto cuño.

¿Se puede atribuir nuestro bajo crecimiento y el déficit subsecuente a las reformas? Desde luego que sí, son muchas las voces expertas y los datos que sugieren que ellas han sido un factor fundamental. En el valor social del crecimiento está el cambio fundamental entre este gobierno y los de la Concertación, este es el consenso que se rompió con el programa reformista de esta administración, que celebra como éxitos aspiraciones cuyo cumplimiento es meramente simbólico, porque son insostenibles. Son, al modo de esos juegos tecnológicos futuristas, solidaridad que ocurre en una realidad virtual y, aunque nos produce una emoción parecida, sabemos que es cuestión de tiempo para comprobar que solo se trataba de una mera ficción.

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Izquierda plural

UN DATO que se mantiene inamovible es que la próxima elección presidencial se resolverá en segunda vuelta. Para la izquierda y el progresismo, unirse en segunda vuelta no es algo fácil de concretar porque el argumento de votar para que no gane la derecha, apoyando el “mal menor”, es un argumento para muchos desgastado. En particular, no convence a las nuevas generaciones ni a quienes quieren abrir paso a un nuevo bloque político, en este caso al Frente Amplio. Facilitar el triunfo de la Nueva Mayoría, piensan, -aunque también debieran ponerse en el caso de que sean ellos los que pasen a segunda vuelta- implicaría un desperfilamiento que los alejaría de sus objetivos y sobre todo de sus posibilidades de crecimiento futuro. Si parte del discurso identitario es que todo lo que hay más allá de ellos es lo mismo, o sea un “duopolio”, se entiende que apoyar una opción que no sea la propia puede significar una descapitalización a corto plazo.

La idea del “duopolio” no acepta matices ni grises, ni alianzas y, hoy por hoy, abarca un espectro político que va desde la extrema derecha hasta el Partido Comunista. Este tipo de generalizaciones ha comenzado a ser revisado por las izquierdas emergentes en Europa. En el caso de Podemos, en España, el equivalente al “duopolio” fue por mucho tiempo la “casta”, pero hoy dicho concepto ha sido reemplazado por la “trama” (término más sutil, aunque menos mediático). La “trama” ya no son todos lo que no forman parte de Podemos sino todos aquellos que configuran el poder real en España: el “entramado” económico, mediático y político que realmente gobierna, ya sea desde las instituciones o desde las sombras. El paso de la “casta” a la “trama” permitió “liberar” a muchos actores sociales y políticos de ser los enemigos principales y abrir paso a un esquema de diálogo y alianzas más amplio. El problema de cultivar la extrema “pureza” es que luego la sola posibilidad de conversar o ir a pedir un voto a alguien distinto se te vuelve en contra.

Lo que hoy se reflexiona -entre izquierdas emergentes, históricas y sectores progresistas- es si puede existir una competencia con colaboración o no existe escapatoria a una competencia fratricida. Hoy en Europa, el gobierno “sorpresa”, por sus éxitos, es el de Portugal, conformado por socialistas, comunistas y el Bloque de Izquierda, ejemplo de competencia con colaboración, y en España se intensifica el dialogo entre Podemos y el nuevo PSOE de Sánchez, pasada la neurosis inicial de pensar que el más próximo era el adversario principal. En Francia, la falta de colaboración dejó, en el nuevo parlamento, a toda la izquierda, sumada con generosidad, en torno al 25%.

Será interesante observar cómo se vivirá este debate entre las izquierdas en Chile. Si un sector seguirá englobando a la otra parte en el “duopolio” o se asumirá más colaborativamente la realidad de un mundo de izquierda y progresista conformado por distintas vertientes, provenientes de distintas raíces, cada una con su historia, contradicciones y aportes.

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Sename: diagnóstico y soluciones conocidos

DURANTE 2011 se efectuaron dos consultas para evaluar el estado de los servicios brindados a niñas, niños y adolescentes de los centros del Sename. La primera fue “Mi Derecho a ser Escuchado”, que conoció la opinión de 3.964 menores sobre aspectos de su estadía en dichos centros. La segunda se trató de “Mi Opinión Cuenta”, en donde más de 67.000 jóvenes se pronunciaron sobre el estado de sus derechos.

En paralelo a los resultados de ambos instrumentos, recibimos los informes de los jueces y fiscales judiciales que visitaban los centros del Sename, a raíz de lo cual, en mi calidad de ministro de Justicia de la época, me reuní con la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y la jueza, Mónica Jéldrez, para agradecerles sus informes y solicitarles que los parametrizaran con el fin de abordar los aspectos negativos que detectaron. Producto de lo anterior, el gobierno del Presidente Piñera presentó un programa de 11 medidas para optimizar la reinserción de los adolescentes infractores de ley, mejorando sus condiciones de habitabilidad, seguridad y dignidad, además de un plan de 10 medidas contra el abuso infantil, que implicó acelerar la ley que reorganizaba la institucionalidad a cargo de los temas de infancia y adolescencia; implementaba la ley que creó el Registro de Pedófilos; aumentaba el presupuesto para el SML, de forma de poder dotar a sus 17 sedes regionales de los especialistas requeridos para terminar con las listas de espera, y mejorar la calidad; y creaba un sistema de entrevista única, para evitar que los niños que fueran víctimas de abusos sexuales no lo revivieran; entre otras medidas.

Ello trajo consigo que en 2012 se presentaran los proyectos de ley para crear el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de separar a quienes sufren la vulneración de sus derechos, de quienes son infractores de ley. Lo concreto es que transcurridos cinco años desde la realización de las consultas de 2011, el país no ha materializado los cambios estructurales que son de toda lógica, lo que implica la impostergable división del Sename, para poder proteger efectivamente a los menores y jóvenes.

No solo hablamos de la vulneración de los derechos de los menores que deben ser cuidados por el Estado, sino también de un problema estructural que tiene efectos en la generación de más delincuencia, pues una investigación reciente concluyó que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil, reincidirán antes de los próximos 24 meses.

Lo urgente, como ya había quedado de manifiesto en 2011, es establecer un modelo que permita un mejor resguardo de los menores que llegan a manos del Estado y, por otro lado, posibilitar una adecuada corrección de conducta y reinserción de los niños y adolescentes que son infractores de ley.

¿Eran suficientes estas medidas planteadas entre 2011 y 2012? Posiblemente no. Pero representaban un significativo punto de partida. Es cierto que el Estado nunca podrá reemplazar el rol de un buen padre o madre; no obstante, es posible aprovechar esta coyuntura para generar los cambios de fondo que se han postergado innecesariamente.

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