Álvaro Bisama's Blog, page 128

¿Entrevistadores o entrevistados?

EN PRIMERA PERSONA. Hace algunos años me autoimpuse, salvo excepción calificada, no ver televisión abierta chilena, en particular sus espacios noticiosos. Las razones fueron muy simples: en general me parecía de mala calidad y, por lo mismo, una pérdida de tiempo. Habían (hay) muchos usos alternativos del tiempo más provechosos. Sin embargo, en un año electoral como el presente donde Chile parece estar jugándose algo importante he tenido la debilidad de volver a ser televidente de esos canales, esta vez especialmente de programas y debates sobre política contingente. Unas pocas excursiones en la materia han bastado para reafirmar con renovadas fuerzas las viejas convicciones.

Es cierto que, en ocasiones, los candidatos entrevistados no dan la talla y defraudan las expectativas mínimas esperables. Pero, más frecuente está resultando que los entrevistadores sean quienes no cumplan adecuadamente su papel, lo malentiendan o lisa y llanamente se adueñen del rol de sus invitados, dejando de paso a los telespectadores casi sin posibilidad alguna de informarse sobre las propuestas concretas y sus fundamentaciones de boca de los propios postulantes a cargos de representación popular. Desde luego, lo primero que se echa de menos es el auténtico arte de entrevistar que, en principio, consiste en generar las condiciones para que la persona entrevistada y sus ideas puedan darse a conocer de la forma más veraz posible. Esto es, que la realidad -de las personas y conceptos- quede expuesta (se haga patente) de forma nítida para la consideración de quienes acceden a ella a través de la pantalla. Solo así el espectador estará en condiciones de formular su propio juicio al respecto. Y, luego, actuar en consecuencia.

Lo que acontece, en cambio, es que -con escasas excepciones- los entrevistadores se plantean en una lógica hostil, agresiva, irreverente, impertinente, y hasta mal educada, al tiempo que abiertamente protagónica. Efectúan interrogatorios apremiantes sobre asuntos que parecen interesar más a ellos que al público destinatario. Las más de las veces el contenido de las inquisiciones guarda relación con acusaciones personales no siempre demostrables o con temas que preocupan únicamente a pequeños grupos socialmente influyentes o vociferantes, o a obsesiones ideológicas y fijaciones sobre el pasado que, queda la impresión, son parte del panorama psicológico de sus autores o de sus compromisos con la tan socorrida “corrección política”.

¿Y sobre las necesidades más relevantes de la población, los planes ideados para satisfacerlas, la sustentabilidad económica de los mismos, las visiones de desarrollo integral para el futuro de la Patria? De eso, poco. Mejor resulta elegir el camino de gatillar la “pelea corta”, escudriñar la cosa nimia o el yerro desconocido del pasado y dar cabida al morbo que ello puede suscitar, o imponer alguna “agenda ideológica” a todo trance. En suma, prima el show y el interés individual o sectario, el lucimiento individual y los propósitos predeterminados de quienes, contrariamente, debieran preguntar, ocultarse y desaparecer, para plantear luego -y cuando corresponda- interrogantes inteligentes que permitan efectuar precisiones que ayuden a develar siempre la verdad de cara al público, que espera ser bien servido. Un periodismo así no colabora al país ni a su democracia. Es hora de enmendar.

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Mi infierno en el Sename

Hace unos días se publicó una carta de Edison Gallardo, escritor del libro “Mi infierno en Sename”, dirigida a la diputada Camila Vallejo. En ella, Gallardo relataba su experiencia yendo al Congreso a presentar diferentes propuestas para mejorar la hoy famosa institución. Tenía un objetivo claro: además de dirigírsela a la diputada, aludía a Giorgio Jackson y Gabriel Boric. A la primera, porque fue con quien conversó y quién le lloró en la cara luego de haber escuchado sus dramas de niño y, aludía a los tres, por ser los más fieles representantes de la idea de que los políticos no se corromperían y nunca perseguirían sus propios intereses, sino que, como ángeles incorruptibles, siempre velarían por el “bien común”.

Serían ellos, además, la realización terrenal, al fin, de este ideal: son jóvenes y nuevos, sin manchas en estas lides de la política. Y es por esto que Gallardo los increpa, por haber fallado en algo tan simple como no haber aprobado un informe de la Cámara de Diputados que induciría a claras acciones de mejora en el Sename. Algo inexcusable y, finalmente, hecho en pos de una barata defensa política. Los impolutos jóvenes habrían finalmente sucumbido, a pesar de toda su monserga. Así, concluía Gallardo, una vez más se había “demostrado que la clase política sólo protege sus intereses y favores para perpetuarse en sus cargos”. Primaba la defensa de intereses propios en desmedro de los niños, simplemente porque no son votos.

Hechos como este demuestran, por enésima vez, los riesgos a los que nos exponen las ideas de estos adalides de la bondad humana y estatal: al introducir un sistema de reparto: al riesgo de que los políticos aumenten las pensiones actuales (los viejos sí votan) con cargo a las generaciones futuras, llevando al país al desfalco –para perpetuarse en sus cargos, como en Grecia–; al impedir la libre elección educacional y curricular, además de la creación de colegios y universidades: al riesgo de uniformar las instituciones y educación en pos de evitar la diversidad educacional y que surjan ideas que el poder establezca como “importantes” –para perpetuarse en sus cargos manipulando conciencias, como ha ocurrido en varios países–; al introducir al Estado como agente empresarial: al riesgo de que los recursos y creación de empresas no se atengan a criterios empresariales sino que a criterios políticos o amistosos –como ocurrió “aquí y en la quebrada del ají”–. Ejemplos sobran.

Comprender esto no implica eliminar ni satanizar al Estado, sino que simplemente, con mayor escepticismo, diseñar sus instituciones en función de nuestra débil naturaleza humana y sus móviles, no olvidando lo que somos. Es meramente sentido común que, día tras día, sin embargo, se nos confirma por enésima vez también, es el menos común de los sentidos.

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Villa San Luis: Derecho de propiedad y certeza jurídica

El 28 de junio pasado, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó la conveniencia de declarar como monumento nacional dos edificios ubicados en el lote 18 A1, de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, situados en la Villa San Luis de la comuna de Las Condes. Su valor comercial, que supera las 150 UF por m2, los alza como uno de los terrenos más caros de Santiago.

Según lo informado por el vicepresidente del CMN, los valores fundamentales que se tuvieron en cuenta para su declaratoria fueron de carácter social, histórico y urbanístico, porque este fue un proyecto emblemático de vivienda social para los problemas de habitabilidad que millones de chilenos sufrían en Santiago en décadas pasadas.

Además, se indicó que estos edificios son un vestigio material del proceso de desalojo que las autoridades civiles y militares realizaron a las familias pre-asignadas por el Estado a la Villa San Luis, durante el Gobierno de Salvador Allende, en un radical proceso de segregación social.

Hoy, el tema está en manos del Ministerio de Educación, que se encuentra dictando un Decreto Supremo para declarar dichos inmuebles como monumentos históricos, dejándolos automáticamente bajo el control y la supervigilancia del CMN. Esto implica, por ejemplo, que todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos queda sujeto a su autorización previa, y el propietario, por consecuencia, no puede destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna sin haber obtenido previamente el referido permiso.

Máxime, en circunstancias que cuando el propietario de los terrenos los compró al Fisco, se tuvieron en consideración las condiciones de constructibilidad, siendo estas  determinantes para decidir realizar la inversión y para pagar el precio que el organismo público fijó por dichas propiedades. Junto a ello, se tomó en cuenta que la Municipalidad de Las Condes tenía aprobado un plano regulador, que estableció condiciones urbanísticas para ese sector, que lo transformaban en un foco de desarrollo inmobiliario de primer nivel en Santiago.

Por este motivo, la declaratoria del CMN, vulnera el principio de Buena Fe que protege a los particulares frente al Estado. Los certificados de informes previos y los anteproyectos aprobados por los organismos públicos competentes deben otorgar certeza jurídica respecto a lo que legítimamente se puede hacer en una determinada propiedad. 

La acción del CMN, en este sentido, vulnera así el derecho de propiedad, el respeto a la buena fe y el debido proceso al cambiar las condiciones urbanísticas del predio teniendo permisos aprobados y vigentes. Más aun sin hacerse cargo del impacto económico que tiene para el propietario.

Resulta paradojal que se quiera declarar Monumento Nacional estos edificios en ruinas, para conmemorar la erradicación arbitraria de pobladores por parte de la Dictadura Militar, y ahora se abuse del propietario de los terrenos, quien, mediante esta declaratoria, de hecho, quedaría privado de su derecho a desarrollar dicho inmueble.

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Familia, Educación, Estado y la autocontradicción del bus de la libertad

Los buses de la libertad y de la diversidad han originado mucha broma, mucho meme, mucha intervención destemplada, a ratos diferencias conceptuales que parecen de conversación de curados… un absurdo vergonzante. ¿Hay algo serio en todo esto? Sí, y muy serio: la relación entre familia, Estado y sistema educativo.

Hasta ahora, la discusión en Chile respecto al sistema educativo se ha centrado en el acceso y la calidad; es decir, en el límite que debe existir entre el Estado, los derechos y el mercado. La derecha —especialmente en el Chile deudor de Jaime Guzmán— no sólo es neoliberal; también es conservadora: no sólo quiere menos estado y más mercado, sino también menos Estado y más familia. Esto es, que el Estado no intervenga en los contenidos educativos de la escuela, especialmente en materia de educación y del trato a la diversidad sexual. El “bus de la libertad” apela a la “libertad” respecto del Estado.

Efectivamente, esa libertad no es respecto a cualquier agente externo a la familia. Sus impulsores no tienen problema con la intervención de las iglesias. Estado no, iglesias sí. Aquí adquiere toda su relevancia uno de los conceptos más importantes para el conservadurismo chileno: la libertad de la familia a elegir el proyecto educativo de la escuela.

Las movilizaciones y la reforma estudiantil —concentrada de modo justificado, sin duda, en cuestiones económicas y de calidad— han pasado de largo en este tema que es crucial. En Chile, la relación entre familia-escuela-iglesia tiene una fuerza descomunal y la legitimidad del Estado de educar en derechos, en ciudadanía, es cuestionada una y otra vez.

Los del “bus de la libertad” no son víctimas de un atropello. Más bien tienen en Chile un paraíso anti-republicano. No es sólo un paraíso neoliberal. Tiene una Constitución —hecha a la medida de este doble paraíso— a la que se puede acudir sin problemas (vía Tribunal Constitucional) no sólo para rechazar la reforma laboral sino que también para poner en jaque el libro “Nicolás tiene dos papás”.

A quienes llevan adelante la iniciativa del “bus de la libertad” se les ha olvidado algo fundamental: ellos apelan al derecho de manifestarse libremente en democracia, pero su máxima anti-Estado socaba precisamente las bases que hacen posible ese derecho. Viven cada minuto en una contradicción, en la esquizofrenia entre su particularismo familiar-religioso y la apelación a derechos universales.

La familia es legítimamente el terreno de lo particular, de lo propio y concreto. Pero por lo mismo, ella no es el terreno donde de genera a los ciudadanos de derechos, menos aun cuando está en férrea alianza (muchas veces asociada a estrategias de clase) con colegios religiosos. Así es, en el mundo moderno, es sólo la escuela —entendida como pública y republicana, aquella que tiene como obligación educar en el respeto a la diversidad, no sólo sexual— la institución elegido para realizar el tránsito desde el ser particular, familiar y religioso, al ciudadano preparado para la vida pública.

Un colegio religioso puede establecer una alianza con lo público en vez de establecerla sólo con la familia. De hecho, los hay. Pero no es algo que se les pida necesariamente. Sí, a la educación pública. Ella debe preparar ciudadanos para hacer y reconocer leyes que expresen lo universal; capaces de habitar lo público, con cercanos y extraños, a quienes debe aprender a tolerar, y respetar por igual también en sus derechos y deberes, en tanto seres humanos.

Contraponer el Estado a la Familia, lo universal a lo particular, como lo hace el “bus de la libertad”, es un error, pues si quisieran ser coherentes no deberían ni reclamar derechos o, más radicalmente aún, deberían aceptar como decisión soberana de la familia el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, entre muchas otras cosas que ocurren puertas adentro y donde el Estado, no sin dificultades, ha logrado llegar.

Nuevamente, ¿hay algo serio en juego en todo este absurdo mediático? Sí, nuestro concepto de sociedad y los Derechos Humanos.

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El dilema de Carolina Goic

El próximo 28 de Julio se celebra la Junta Nacional DC que ratificará las candidaturas al parlamento de dicho partido. Carolina Goic logró despejar la amenaza que se instaló de que dicha reunión podía bajar su candidatura. Los enredos comunicacionales y políticos de la candidatura de Alejandro Guillier ayudaron a dicha tarea. Pero el juego estratégico entre ambos no es de suma cero. Lo que ha perdido el senador por Antofagasta no se ha ido hacia Goic y su opción sigue estancada.

Su candidatura, pese a ser correcta, no tiene emoción. Algún símbolo que sea equivalente a la tanqueta con la que la entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet recorrió las poblaciones anegadas de Santiago y empezó a figurar en los sondeos públicos para dolor de la entonces segura sucesora de Ricardo Lagos, la también ministra Soledad Alvear.

Goic tendrá un dilema complejo en la Junta Nacional DC por la ratificación de la candidatura a diputado de Ricardo Rincón, quien iría a la reelección. Hay que recordar que fue cuestionado por haber sido condenado en un caso de violencia intrafamiliar de varios años atrás. Alguien podría preguntarse por qué estalló justo ahora en las cercanías de la nominación como candidato, y podría pensar que hay intereses en reavivar dicha polémica.

Más allá de las motivaciones, es un tema difícil en estos tiempos. La agenda sobre violencia intrafamiliar está hirviendo por el fallo de la Corte Suprema sobre el agresor de Nabila Rifo o la conmoción que causaron las fotos de las lesiones provocadas a su pareja por el cantante de una banda musical de éxito. Los medios irán a la junta a ver polémicas alrededor de la nominación del diputado Rincón como candidato. Y una de las primeras imágenes que buscarán es la de Carolina Goic y cómo influirá en la junta al respecto.

Echar abajo esta candidatura podría abrir una guerra civil dentro de la DC con efectos de alto riesgo. Goic posee mucha resistencia en varios diputados que ven, en la aventura presidencial, una amenaza para sus reelecciones si no se llega a un acuerdo con la otra parte de la Nueva Mayoría. Además, ante la probable victoria de Sebastián Piñera, quedarse fuera del Congreso será más frío y oscuro que hace ocho años. Un paso en falso de Goic interviniendo la planilla electoral podría desatar los demonios.

Por otro lado, mirar para el lado le podría significar daño reputacional. Goic es una persona respetada con una historia de vida que no ha sido suficientemente explotada por quienes llevan las comunicaciones de su comando. Si no se ve firme ante una historia de violencia intrafamiliar, el poco capital que ha acumulado puede simplemente depreciarse.

Hasta ahora, ante los dilemas, el diseño del equipo de Carolina Goic ha sido mantener las formas y los cuidados. Así fue en el caso del Sename, donde propuso una idea inviable pero correcta: crear otra comisión más, mientras al frente Piñera lanzaba una andanada de medidas y se tomaba la agenda. Ante la baja de calificación de riesgo de Chile, pese a contar en su equipo con economistas de calibre, su candidatura guardó silencio y le dejó el espacio al piñerismo, que instaló exitosamente la culpa en la coalición de gobierno.

Ese diseño cuidadoso le ha significado a la senadora por Magallanes no meterse en líos adicionales, pero en contraste le ha significado mantenerse estancada en las encuestas. Pareciera que los arquitectos de su campaña no logran ver que meterse en problemas es justamente una de las razones de éxito de una candidatura.

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Niños Primero y la demagogia internacional

Los Niños Primero era una frase que George W. Bush repetía en el ámbito doméstico. Sin embargo no vaciló en invadir Irak en 2003 siendo los niños las primeras víctimas, las de siempre, en fin de cuentas, y causando un caos del cual la región del oriente medio no se libra hasta hoy.

Hay una demagogia perniciosa en eso de Los Niños Primero  enunciado por políticos y jefes de estado en particular. En este sentido con la Convención de los Derechos del Niño se produce un contrasentido: la excesiva  politización obstruye más que facilita a proteger el interés del niño.

La cifra que expone el Hogar de Cristo en Chile, de que se necesitan casi 2 millones de pesos al mes para atender óptimamente a un niño en el sistema del SENAME, bordea otro tipo de demagogia: aquella de que con el gasto adecuado supuestamente se soluciona el problema.

Esa demagogia del político y del trabajador social, se tropieza con el panorama técnico y cultural que debe enfrentar esa Convención, instrumento genial en principio, aunque con un recorrido lleno de dificultades. Nadie esperaba que fuera a ser fácil.

El nacimiento de la crisis que se destapa en el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile, proviene de la década de 1990. Tiene una arista internacional vinculada al modelo económico instaurado en la década de 1980, que propende a tensionar en forma permanente el gasto social fiscal por el mecanismo del ajuste que impacta regresivamente al gasto (o inversión) en infancia y en niñez.

En 1992, MIDEPLAN, hoy Ministerio de Desarrollo Social, informaba que el gasto público en niños hasta los 18 años, representaba el 14 % del total del gasto público; una cifra alta que no se mantuvo.   Los datos duros del gasto público en este grupo etario, mientras se multiplican los programas de protección social,  cada vez más son más difíciles de obtener. En todo caso no han superado el 2.5 y 3% del PIB desde décadas, lo que ubica  a Chile en el cuadro medio. (BID.2016).

La crisis del SENAME y sus elementos centrales, en el fondo es una falla no corregida en las políticas sociales. Desde esta perspectiva, la falla Menor proviene del SENAME mismo y su gestión, que no es diferente a la de muchos países de escasos recursos.

En el intenso y desvirtuado debate político, la búsqueda de culpables individuales sobrepasa el diagnóstico de las causas sistémicas. Es una falla de estado advertida en un trabajo – entre otros- de UNICEF-Santiago para el SENAME de agosto 1995:  Informe de conocimiento de los Centros de Tránsito y Diagnóstico Ambulatorios(CTDS) de Osorno, Valdivia, Los Ángeles, Chillán, Copiapó, La Serena y Antofagasta. (UNICEF-Santiago. 1995).

El documento señala la fragilidad conceptual en las políticas sociales  producto de la constante presión del sector económico para limitar el gasto en infancia. En la revisión, se constató: Primero, en Chile había un déficit conceptual y práctico para alcanzar en tiempo prudente una política pública integral enfocada en la infancia. Segundo, el aspecto ético. En la cultura administrativa, existía una brecha considerable en materias éticas entre política económica y política social. “El aspecto ético distaba mucho de ser compartido por estas dos instancias”, dice el informe.

La crisis del SENAME en Chile es la punta del Iceberg de un problema más global. El problema reside en UNICEF y su crisis existencial con los países de ingreso medio como Chile, que generan expectativas de país desarrollado y que aún no resuelven problemas elementales del subdesarrollo y del sustrato cultural que conlleva. Hay una falla en el UNICEF global que por la urgencia, no es proclive a indagar más profundamente desde la perspectiva del niño, el determinante cultural que afecta el desarrollo.

Las naciones en una era de inseguridad no aceptan que se les inmiscuyan en sus intersticios más privados, como son sus actitudes y prácticas, menos en detectar el conocimiento de la población. Las agencias internacionales recogen el guante y hacen oídos sordos a problemas palpables que hoy explotan como la crisis del SENAME.

Desde su diseño a mediados de la década de los años 80, en medio de la implantación de ajuste económico que desbanda el estado de bienestar, la Convención fue pensada como el instrumento que mejor podía representar el supremo interés del niño en políticas públicas. El supuesto del UNICEF que lideró el proceso, consistía en que a partir de introducir una cultura de derechos, los niños y las niñas tendrían esa centralidad que no tuvieron.

Exceso de expectativas en los procesos legislativos y culturales de los países más vulnerables, y diagnósticos equivocados respecto al desarrollo social, obligaron a que gradualmente el UNICEF, por la merma significativa en la recaudación de recursos, se concentrara en las áreas más cualitativas de protección social desde un enfoque de derechos del niño.

Con el tiempo, la estrategia no tendría efectos multiplicadores que resultaran en un impacto significativo en la cultura de políticas sociales de los países. Los informes anuales del UNICEF global desde 1995, cada vez más apuntaban a redefinir el carácter de la asistencia del organismo por las dificultades en tener datos precisos sobre el gasto social público en infancia y adolescencia en los países.

Se revelaban divergencias conceptuales para abordar la protección social desde el enfoque de derechos del niño por la mecanización de su uso en un contexto de países y sus regiones con alta disparidad cultural y económica. El propio concepto  de protección social al niño y al adolescente, es un armado conceptual fragmentado para insertar el enfoque de derechos. En la práctica impedía revelar con fluidez la existencia de áreas invisibles que afectan al niño.

El tema actual de la crisis del SENAME es una falla en el desarrollo de la política social en Chile. En 1992, con el apoyo de UNICEF, el gobierno de Chile gestó un Plan Nacional de Acción en Favor de los Niños, que se lanzó nacionalmente en abril de 1993. La actual crisis, entre otras causas más directas, también proviene de las insuficiencias para implementar ese plan consagrado como política de estado.

Considerando este auspicioso inicio, el UNICEF también contribuyó a su gradual discontinuidad y finalmente desmantelamiento. Prevaleció escepticismo y ambigüedad respecto a las reales capacidades del estado chileno de llevarlo adelante.

Los cuestionamientos del papel de UNICEF y su asistencia a un estado que evolucionaba hacia un país de ingreso medio, contribuyeron para que la asistencia de UNICEF en Chile se redujera al enfoque de derechos, estrategia que como vemos por los resultados en el SENAME, resultó equivocada.

UNICEF abandonó al SENAME a la suerte de sus propios devaneos y el proceso de descomposición. Hizo el diagnóstico equivocado al desnaturalizar la relevancia conceptual del SENAME como un verdadero foco o depositario, de las virtudes y las fallas de las políticas sociales que intentan poner a la infancia en su centro.

(*)Oficial de Planificación del UNICEF-Chile, 1993-1998.

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La caída de un mito: el error por segunda vez y negligencia política

5 de agosto de 2010, se da un aviso que 34 mineros quedan atrapados en una mina en el norte de Chile, salvo por la cantidad de palabras se asume como algo normal,  conforme avanzan los días comienza un desenfrenada cobertura en los medios, se aclara también que son 33 los atrapados, las redes sociales están incipientemente comenzando (Twitter), Whatsapp no existía siendo reemplazado por mensajería de BlackBerry, el mundo se comunicaba por facebook como herramienta.

Poco a poco un desolado y apartado lugar en el globo terráqueo comienza a tomar protagonismo con fuerza, el satélite día a día facturaba a favor cifras escalofriantes, pero era la noticia del siglo moderno, se comenzó a levantar in situ una ciudad literalmente, puntos de prensa, una simple barrera hacía la diferencia entre decir que estabas en San José o ser parte de la operación mas mediática de los últimos 50 años.

Se disponía de todo, cocinas comunitarias, capilla, hospital, reten de Carabineros, Fuerzas Armadas, un reluciente camino de tierra arreglado para los constantes desplazamientos de personal de la  operación propiamente tal y visitantes, regulación de espacio aéreo, todo lo que hiciera falta para preservar el orden como la seguridad de todos. Cabe señalar que no existió ningún tipo de incidente o accidente de ninguna especie durante los 69 días de operación.

¿Pero qué se aprendió de esta epopeya de versiones encontradas?  hoy salen tímidamente a la luz los verdaderos cerebros anónimos que lograron hacer la diferencia y catapultar a Chile como el mejor de los países en minería y por supuesto, en rescate.

Nombres desconocidos como Macarena Valdés de la Barra (geomensora y única mujer ingeniera en la operación) Walter Smith, Victor Marihual, Carlos García, Miguel Fortt son parte de una enorme lista que hoy sale a la luz , los términos y tecnicismos como, tiro, T130, planchón, encamisado, caja, mega bloque, strata, le dejaron claro a los periodistas que deberían aprender a dominar en poco tiempo para dar a conocer de manera entendible los avances del rescate, en dos semanas todo el mundo comprendía el lenguaje como el gran esfuerzo realizado transversalmente por todos los interventores.

Hoy nos encontramos nuevamente en la misma situación, el número de víctimas es poco relevante al parecer ( solo dos ) , más se palpa la intranquilidad de los habitantes por saber, ¿que hizo la diferencia entre el 2010 y el 2017 aparte de las condiciones geográficas , geomecánica y de ingeniería que ya todos sabemos?

Al ver desde afuera como cualquier ciudadano, se observa una falta de claridad por parte del Gobierno por tratar de manejar una cruda como difícil situación que hoy tiene en vigilia a un pueblo entero, no olvidemos que en 2012  Aysén se reveló ante todo un país logrando hacer ver sus puntos de vista ante el descontento.

Se envió información selecta, filtrada de lo que se debía hacer por correo electrónico a la ministra de minería, hasta el día de hoy no hay respuesta, tampoco de su jefe de gabinete y menos del general a cargo.

Un estado de excepción mal aplicado, un general no especializado en este tipo de emergencia, la falta de claridad de las autoridades por no profundizar en quienes fueron los que desarrollaron el rescate minero en 2010 hacen hoy levantar la voz exigiendo y, con justa razón.

La impotencia de familiares llamando a los que operamos en 2010 es desgarrador, Magali Jara una esposa de trabajador minero que ya fue notificado de su despido a partir del 20 de Julio, nos hace ver que sus tratativas para llevar al mismo equipo que operó en  San José  han sido nulas para asistir  a Aysén, sus palabras después de hablar con cuanto personero político le dejan un sabor agrio al escuchar la misma respuesta, lo vamos a estudiar.

La información es confusa, se escuchan frases breves de los habitantes en una tímida pero enérgica protesta marchando por las calles con relativa difusión por los medios en plena nevazón : “No hay representantes del Estado“, “es como si se fueran dijo un residente“, “nos abandonaron todos, claman” , “donde está el Alcalde y su tropa de figuras“, “no hay puntos fijos de vigilancia en la mina como al inicio de las FFAA“, “nadie ha visto ni al Gobernador , Intendente y menos al General“, “entonces que pasa“, porque nos abandonaron dicen en las redes sociales, un video de Andrés Sanchez remueve el alma clamando ayuda especializada y no “Aspirinas”.

El dolor se entiende, una vez más golpea el alma de la manera más brutal, pero queda un espacio abierto a la duda que ya no lo es, la minera empezó avisar a sus subcontratistas que quedan caducados sus contratos por falta de metas de extracción, por ende estas a su vez han comunicado a sus empleados por escrito que a partir del 20 de Julio quedan cesantes. Por qué en San José se hizo lo contrario y el Estado mantuvo durante todo ese periodo el sueldo a los trabajadores, ¿cuál es la diferencia, capacidad y voluntad  política ,administrativa o ambas?.

¿Entonces qué es lo que se le  viene a esta zona nuevamente?, sin duda los primeros coletazos los recibirá el municipio, las primeras consultas serán a los especialistas de la salud mental que no están preparados para este tipo de escenario en dicha zona.

Una simple pregunta  de los hijos a sus  padres los dejan sin habla, temen por qué ellos van a la mina a trabajar poniendo en jaque el sistema como la intranquilidad del hogar sobre la mesa. Que le podemos responder, como restablecemos los lazos de confianza, es un trabajo común entre la minera y el municipio hacerlo,  ¿pero qué le decimos a los niños?

C+omo podemos contener a esos esposos que ya saben que quedarán sin trabajo, cual es la opción rápida sin mirar hacia atrás, migrar al vecino país, Argentina, los habitantes saben casi por genética que el estado demorará una eternidad en darles soluciones igual que en 2012 , mientras, deben sobrevivir, la tasa de deserción será un factor importante que traerá consecuencias económicas al micro espacio comunitario, casi como un efecto dominó.

Pero hay algo también más potente, que hacemos desde la mirada del apoyo mental hacia los funcionarios de la Intendencia, de la gobernación, del SII, de la Salud, de la municipalidad por mencionar algunos, como enfrentarán este tema, como hacerlo si no hay herramientas claras a su alcance pero si existen a nivel internacional,  como romper la brecha de lo inmanejable, como no caer en el cuestionamiento de que no estoy loco, no necesito un psicólogo, bueno, ahí entran los nuevos conceptos de contención para personas no relacionadas para la salud mental.

Que es lo inmediato, preparar ayuda en alimentos, leña, capacitar a la brevedad a todos los funcionarios para cuando venga ese momento el cual va a llegar, tener el tiempo necesario de asimilar para aplicar lo aprendido, que de paso servirá en sus propios hogares.

La alcaldía enfrentará una oleada de problemas asociados, debe ser blindada con herramientas potentes para ir primero en auto contención para luego operar con los habitantes.

Mientras ,el gobierno debe dar claras señales donde  debe armar un plan “B” creíble, accesible , potente, cercano y transparente , este debe ir  con un mensaje sin interpretación alguna, “A Los Mineros No Los Olvidamos, Vamos Por Ustedes.”

Hoy se da la noticia que nadie esperaba, se cancela la búsqueda, entonces la pregunta se dispara de inmediato, Por qué la Presidenta Bachelet no fue a la Zona, solo envió a su ministra que poco sabe del tema sin duda, se prometió que se iban a buscar, hoy dan una excusa de buena crianza, hay agua por todas partes, delegaron en Felipe Mathews toda la responsabilidad, es un buen geólogo, pero no sabe nada de rescate, ahora que viene, armar maletas y no dar crédito a la vuelta de espalda del gobierno una vez más a personas esforzadas, por ahora el norte es claro, revisar correos comprometedores, quemar papeles y dejar todo listo porque en marzo nos vamos.

Era tan difícil reconocer que la administración anterior si supo cómo hacer las cosas bien, prometiendo y cumpliendo, es decir, si existe nuevamente este tipo de situaciones como la de Aysén o San José, deberemos calcular que no sea en un gobierno de democracia disfrazada y que si no es de los amiguitos del presidente y su corrupto círculo de amistades, no es necesario activar a los especialistas que hicieron de Chile un referente en rescate.

La emergencia es un tema serio, debe ser independiente siempre, la presidenta Bachelet dejo claro que su intervención influyó en el 27F, hoy con tecnicismo y lobby político barato zafó, solo me resta decir a título personal, Presidenta, Mataste la credibilidad de un país, la confianza que te dimos y, lo más importante , se ha reído en la cara de todo una ciudad llamada Aysén, el tiempo es sabio, pero todos pagamos nuestros actos de mala fe.

 

 

 

 

 

 

 

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Paralización de proyectos: la punta del iceberg

 

Esta columna fue escrita junto a Violeta Rabi, investigadora Espacio Público.

Vuelve a hacer noticia que múltiples proyectos de inversión se encuentran paralizados durante el proceso de tramitación ambiental. Los proyectos detenidos ascienden a 7.527 millones de dólares – un no despreciable 3% del PIB. Esta es solo la punta del iceberg. Debajo se esconde una multiplicidad de conflictos socioambientales a lo largo de todo Chile.

Las tensiones se explican, a nuestro juicio, por la diversidad de impactos ambientales que los grandes proyectos generan en las comunidades y su ecosistema. Si bien la normativa ambiental exige que los proyectos deben “hacerse cargo” de dichos impactos, en el caso de proyectos de gran envergadura, la magnitud de las alteraciones hace que en la práctica la gestión de éstos se vuelvan sumamente desafiante, y en muchos casos, insuficiente.

Segundo, las comunidades han visto cómo estos grandes proyectos se han ejecutado sin ser realmente consultadas. En algunos casos, sus localidades se han visto transformadas negativamente, sin que haya habido chance de pensar el destino de sus territorios; pareciera que no hay espacio para la política en su sentido más puro, aquella que se refiere a definir como colectivo lo que queremos para nuestro futuro.

Tercero, los conflictos se originan también en la inequidad que experimentan a diario quienes habitan en esas comunidades. Inmediatamente al lado de proyectos multimillonarios, algunos de los cuales constituyen el “sueldo de Chile”, se encuentran poblados con altos niveles de pobreza. Ese escurridizo sueldo pasa en camiones por afuera de sus casas, pero no se queda. Solo permanecen las molestias asociadas al proyecto.

La institucionalidad actual no da el ancho para enfrentar estos desafíos. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aborda el primer y segundo problema de forma bastante ineficaz, con una mirada sectorializada de los impactos e instancias de participación ciudadana meramente informativas, sin incidencia efectiva en la toma de decisiones. El tercero ni siquiera está contemplado en el diseño institucional vigente y hoy yace, formalmente, en tierra de nadie. Las empresas y comunidades tienen que encontrar la mejor forma de ponerse de acuerdo para “viabilizar” el proyecto.

En Espacio Público, al alero de Alianza Valor Minero y financiado por el Fondo de Inversión Estratégica del Ministerio de Economía y de CORFO, estamos trabajando en el diseño de una Institucionalidad para el Diálogo Territorial. Ésta buscará hacerse cargo de este conjunto de retos de forma integral, creando conductos institucionales para abordarlos. Para ello, tomaremos lo mejor de un conjunto de iniciativas que se han desarrollado sectorialmente en los últimos años, destacando las del Ministerio de Energía y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Uno de los objetivos de esta nueva institucionalidad es abordar la dimensión de inequidad entre empresas y territorios donde éstas se emplazan. Para ello, se propone poner en práctica conceptos como el de Valor Compartido, esto es, que las inversiones vengan aparejadas con beneficios para las comunidades.

Sin embargo, el principal foco de este diseño institucional radica en la participación. En efecto, si queremos disminuir la creciente conflictividad socioambiental en el país, debemos generar las condiciones para una participación ciudadana simétrica, sustantiva, temprana y permanente a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. En otras palabras, entendemos la calidad de la participación como el presupuesto clave para la posterior discusión en torno a los beneficios; si no se sigue este orden, se corre el riesgo de que la lógica transaccional sea el núcleo de los arreglos a los que se lleguen.

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Para que (no) gane

AL COMIENZO, la razón fue “para que gane”. Era lo único que importaba, y para determinar quién sería, el instrumento de selección no fueron sus propuestas sino las encuestas. ¿Allende? No. ¿Insulza? No. ¿Lagos? No. No marcan. ¿Y entonces quién? El que digan las encuestas. Bueno, Guillier. Es el único candidato solo explicado por encuestas. Piñera era conocido como opción antes de la primera encuesta; Beatriz Sánchez no existía en ellas antes de ser nominada y Goic fue designada por su partido desafiando encuestas.

Marcar en las encuestas es, obvio, un factor a tomar en cuenta. Pero las encuestas lejanas a las elecciones no marcan opción de voto sino atracción inicial, novedad, etcétera. El grueso decide por quien votar, más cerca de las elecciones, y allí la opción es menos de “tincada”. Es sobre quien me conviene que gane, quien lo hará mejor, quien me da más seguridades. Y por ende una elección inteligente de candidato considera, mucho más que una encuesta lejana que corre riesgos de ser “partida de caballo inglés y llegada de burro”, la capacidad del candidato y de quienes lo rodean para construir imagen de gobernabilidad entre los días de lanzamiento y aquellos en que el grueso de la ciudadanía, antes absorta en otras preocupaciones, concluye que debe definir su opción presidencial.

En ese período el candidato se perfila. Se vuelve representante de un todo que talla su imagen día tras día con sus actos, declaraciones, propuestas, coherencias o incoherencias. No es solo culpa de él y de sus atributos que las encuestas hablan de un deterioro del candidato Guillier. Cuanta noticia emana de su entorno son discrepancias, desautorizaciones mutuas, carencias programáticas, acusaciones cruzadas, desplantes, declaraciones torpes luego desmentidas. No es precisamente gobernabilidad lo que transmiten.

Además, mientras las primarias probaron que existía un rechazo de lo existente más masivo y activo de lo previsto, su candidatura es la más fácilmente vista como continuidad de lo actual en un país que quiere cambios. Agreguemos que Guillier perdió el ala de centro de la Nueva Mayoría y, ateniéndonos a los números, quienes quieren revertir lo hecho son muchos más que los que quieren radicalizarlos.

Entonces, cambió el discurso. Pero igualmente referido a encuestas y ajeno a contenidos. Se llama a unir fuerzas en torno al que pase a segunda vuelta, sea cual sea, “para que no gane” el que va primero. Es de difícil éxito en destinatarios que quieren cambios a lo actual y entre los que ha primado la discordia. Unos, otrora unidos, ahora llevan dos candidatos y no pierden oportunidad de discrepar; otros, de inflamado discurso contra el “duopolio neoliberal”, deberán explicar a sus variopintos seguidores por qué uno de los dos es bueno. Entiendo la intencionalidad de ese “para que no gane”. Pero esgrimir ahora la unidad de la centroizquierda, sin propuesta alguna que la defina, suena poco creíble en boca de los mismos actores que la torpedearon. Fue su persistente desconsideración a ella la que los condujo al punto donde hoy se encuentran.

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Portazos

EL TRISTE espectáculo que vimos en el Parlamento con el rechazo del informe de la comisión investigadora Sename II, se ha convertido en el ícono más evidente de una forma y una actitud para gobernar. Se trataba de un informe serio, de más de 500 páginas, con un crudo diagnóstico sobre la situación de nuestros niños vulnerables bajo la tutela del Estado y con una batería de medidas para abordar el problema. Pero un párrafo pudo más, aquel que señalaba la “negligencia inexcusable” de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, en la crisis de este servicio. El portazo en bloque de la Nueva Mayoría al informe -bajo el férreo lobby y monitoreo de tres ministros de Bachelet- fue un portazo en la cara a nuestros niños.

En el oficialismo prefieren protegerse entre ellos que proteger a nuestros menores.

Son esas mismas consideraciones de la política pequeña las que llevaron al oficialismo a otro portazo, esta vez a la propuesta de un gran acuerdo nacional por la infancia, solo por el hecho de que la propuesta provenía del expresidente Piñera. Qué diferencia marcó aquí el exmandatario Ricardo Lagos, al salir públicamente a destacar la necesidad de un gran acuerdo transversal.

Para el resto de la Nueva Mayoría y de La Moneda prima la política por sobre el sentido de urgencia, por sobre la necesidad de unidad y compromiso más allá de las diferencias políticas o ideológicas, para abordar temas que son de tal magnitud que el país entero siente que claman al cielo. Lamentablemente, para La Moneda y la Nueva Mayoría nuestros niños pueden esperar.

Es esta actitud la que tiene destruida a la actual coalición de gobierno. Es esta actitud la que les impidió hacer primarias, la que no los deja tener un ideario común, una propuesta de futuro sólida. No están dispuestos a poner las prioridades de la gente por sobre las consideraciones políticas. No están dispuestos a poner primeros en la fila y en el centro de sus preocupaciones hoy día a nuestros niños.

Recordemos tan solo que hace tres años hicieron una reforma tributaria para obtener recursos para la educación. Paralizaron la economía, comprometieron los recursos solo para satisfacer equivocadas “consignas” de los vociferantes, ni siquiera eso lograron. Los padres ahora esperan con angustia que una tómbola decida dónde estudien sus hijos y los niños del Sename no esperan nada.

Ellos no marchan ni votan. De nuevo las prioridades equivocadas. Ese es el camino que ha hecho que la gran mayoría de la ciudadanía le esté dando la espalda al gobierno, a sus reformas y a la coalición política que las sustenta.

Pero no rectifican y profundizan sus errores y el daño al país. Un solo ejemplo: la irresponsabilidad del ministro de Hacienda lo hace insistir en seguir aprobando proyectos que comprometen gastos sin financiamiento asegurado, por unos US$ 4.000 millones para los próximos tres años.

Esta es la pesada mochila económica y de prioridades olvidadas que recibirá el próximo gobierno. En todo caso, en esta irresponsabilidad: nada para los niños.

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