Álvaro Bisama's Blog, page 127

La vergonzosa apología a la Reforma Agraria

Hace ya poco más de un año, el Gobierno, a través de su Ministerio de Agricultura, inició una campaña de apología a los 50 años de la Reforma Agraria, la que incluye frases como “Gracias a la Reforma Agraria, los niños y niñas campesinos dejaron de trabajar, pudieron ir a la escuela y comenzaron a usar zapatos”. La campaña, obviamente, no considera la visión de ninguno de los miles de agricultores a los cuales se los despojó prácticamente sin compensación alguna, de sus bienes, su fuente de subsistencia y sus hogares. Tampoco se dice nada de cómo la violencia y los constantes atropellos a los derechos humanos que se produjeron en torno a la Reforma Agraria, fueron los factores que condujeron al derrumbe institucional de nuestro país y de nuestra democracia.

Existen dos mitos que se intenta instalar en torno a la Reforma Agraria. El primero es de carácter económico, y nos dice que gracias a esta política, nuestra agricultura pasó de ser una altamente ineficiente, a ser la agricultura eficiente y moderna que es hoy. Pero la realidad muestra que el destino de nuestra agricultura se decidió en el proceso de apertura económica y comercial que sobrevino inmediatamente después. La Reforma Agraria se vivió de manera similar en todas las zonas del país, sin embargo, la agricultura del norte y del sur obtuvieron desempeños muy distintos. Mientras la zona centro norte del país, con condiciones climáticas muy favorables al sector exportador, experimentó un boom durante las décadas de los ochenta y los noventa, la agricultura de la zona centro sur, dedicada principalmente a la sustitución de importaciones, sufrió una realidad totalmente opuesta, con miles de hectáreas con aptitud agrícola que terminaron plantadas con pinos y eucaliptos, agroindustrias prácticamente desaparecidas y un gran empobrecimiento de sus sectores rurales. Esta dispar realidad se condice perfectamente bien con el término de la condición autárquica en que se encontraba el país y el proceso de apertura comercial, donde siempre hay ganadores y perdedores, industrias que florecen y otras que mueren. Y no puede ser explicada por un proceso que se aplicó de forma uniforme en todo el país.

El segundo mito de la Reforma Agraria tiene una connotación mucho más profunda y señala que con el término del latifundio se eliminó una estructura de dominación social, política económica y cultural que se había mantenido intacta desde la colonia. La verdad, es que el poder político de la oligarquía chilena estaba ya muy disminuido antes de comenzar el proceso de la Reforma Agraria. En 40 años el conservadurismo sólo había logrado ganar dos elecciones presidenciales, el 32 con Arturo Alessandri, quién paradojalmente en su primera presidencia se había encargado de destruir el poder oligárquico representado en la república parlamentaria y el 58 con su hijo Jorge, quién aunque con un espíritu muy acotado fue el iniciador de este proceso.

Además se debe considerar que si bien la propiedad de la tierra en la zona central del país estaba muy ligada a la oligarquía, a la iglesia católica y al partido conservador, la realidad del resto del país, especialmente del Bio-Bio al sur  era diametralmente distinta. La propiedad de la tierra estaba principalmente en manos de descendientes de inmigrantes, fuertemente marcados por una ética protestante, políticamente vinculados al partido radical y con un marcado carácter mesocrático. Esta división cultural se manifiesta hasta hoy en la existencia del Consorcio Agrícola del Sur como contraposición a la santiaguina Sociedad Nacional de Agricultura. Así, ese supuesto poder incontrarrestable  y hegemónico  de la clase latifundista, estaba lejos de existir a esas alturas de nuestra historia.

Lo que realmente le cambió la cara a este país fueron las reformas económicas implementadas a partir de 1973, ya que aunque el PIB agropecuario se quintuplicó desde ese año en adelante, no pudo crecer al mismo ritmo que el resto de la economía, que es lo que siempre ocurre cuando un país se encumbra al desarrollo, transformándolo de agrario, a productor de servicios, proceso al cual le falta aún mucho camino por recorrer, por supuesto.

En realidad fue el crecimiento impulsado por la libertad económica el que permitió que los niños  del campo y de la ciudad, pudieran dejar de trabajar, ir a la escuela y usar zapatos. La misma libertad que se intenta conculcar con ésta, y muchas otras campañas de desinformación realizadas con recursos de todos los chilenos y que incluye un presupuesto millonario a cargo de un líder mirista, haciendo de esta una desvergonzada campaña de apología con una clara orientación ideológica.

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El tercer acto

Aprovechando que se suele hablar de “actores” del sistema educacional, y entendiendo que casi todos los argumentos razonables ya se han dicho, uno podría aprovechar el espacio para hacer una metáfora entre la tramitación del proyecto de educación superior y una obra de teatro, de cariz algo trágico.

El primer acto se representó fuera del escenario del Congreso. Con especial cuidado en la escenografía, la fanfarria y la épica (casi operática), los principales actores, el gobierno, los estudiantes, los diputados, los rectores de las universidades estatales y del CRUCH, declamaron a viva voz grandes ideales. Dijeron ver en el horizonte el umbral de la puerta que los llevaría a la alegría. Esta era la oportunidad de convertir un sistema erosionado y decadente (con 1.2 millones de estudiantes, dos universidades peleando el primer lugar de América Latina y la mejor y más equitativa cobertura de la región) en el motor del desarrollo y la igualdad. El único actor que tenía en sus manos el guion (también llamado “el programa”) era el gobierno, que con un rictus incómodo respondía afirmativamente a cada cosa que se le ocurriera al respetable y a sus colegas en las tablas. Se filtraron minutas que dejaron en claro que esto iba en serio. Gratuidad universal, financiamiento basal, triestamentalidad y desmantelamiento del sector privado. Los críticos, ya motejados de “profetas del caos” por la dramaturga, advirtieron que esta obra ya la habíamos visto y que el final no era prometedor.

El segundo acto se inició en la Cámara de Diputados. El proyecto, al fin dado a conocer después de mucha espera, hizo fruncir el ceño de los ansiosos actores. “Esto no es lo que acordamos” dijeron tras bambalinas. Los rectores de las universidades estatales se sintieron ignorados y postergados, los de las privadas tradicionales, ninguneados y en desventaja. Los estudiantes miraron atónitos cómo un tema hasta ahora secundario, banal y pedestre -los recursos fiscales- se convirtió en una limitación objetiva para el proyecto refundacional. Quienes fueron invitados a comentar, hicieron ver que los problemas eran mayores: la gratuidad universal es una política regresiva, que no mejora el acceso de los estudiantes más vulnerables, limita la autonomía de las instituciones y afecta la diversidad. La fiscalización planteada es excesiva y discrecional, la acreditación, punitiva y sancionatoria. Se ignora la trayectoria del sistema, sus ventajas y se desdibuja la variedad de instituciones, solo para reemplazarla  por un buque factoría: la gran universidad nacional estatal, de cupos y aranceles regulados, conducida por el poder ejecutivo, modelo obligatorio para un sector privado necesariamente marginal. Todo esto, eso sí, se haría realidad el 2070, para ser responsables. Obviamente las más afectadas, las universidades privadas, ni siquiera fueron invitadas.

Ante el evidente problema, la dramaturga optó por parodiar a un maestro, Moliere, y aplicó “la tramitación a palos”. Luego de una indicación sustitutiva en favor de los celosos rectores del CRUCH, pero parte del elenco fundamental, se le dio viabilidad mínima al proyecto y comenzó una vorágine de votaciones e indicaciones muy difícil de seguir. Ni la Comisión de Hacienda se libró. El acto terminó en la sala de la Cámara, con la aprobación de la reforma y el comienzo del segundo trámite constitucional. Lo más notable de la escena fue que la oposición estuvo a punto de apoyar la gratuidad al 60%, demostrando que el teatro del absurdo es un género que siempre se puede revisitar cuando se cuenta con la experticia.

El lugar del tercer acto es el Senado. Con menos tradición circense que el escenario anterior, es de esperar que la comedia acabe y comience el trabajo serio. Varios actores, dado el poco tiempo de función que queda, ya dieron por terminada su participación. Los rectores de las universidades estatales criticaron el proyecto con una radicalidad que no se había visto en esta administración. Acusaron desequilibrio y politización. Los estudiantes y su bancada, sin acceso al escenario del Senado, dieron por cerrada la discusión. El gobierno dio curso a un soliloquio – habló de día histórico- que pocos parecen estar escuchando. El desenlace está pendiente: ojalá se deje de actuar y se vuelva a escuchar.

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Gratuidad universal

EL GOBIERNO de la Nueva Mayoría ha concebido “el programa” como sagrado y por lo mismo, como un compromiso intransable. Aunque los recursos no existan. Aunque la mayoría de los sectores involucrados no quede conforme. Aunque surjan otras prioridades. La tónica ha sido usar la mayoría circunstancial en el Parlamento, para sacar adelante las reformas a como de lugar. Esa es la sensación que queda. Y, al menos en la Cámara de Diputados, el gobierno ha tenido éxito. La aprobación de la gratuidad universal es un triunfo para la Presidenta Bachelet.

El problema es que está por verse si, tal como está saliendo la reforma de su primer trámite legislativo, tendrá las consecuencias que se espera de ella: la educación superior será un derecho social garantizado para todos y todas, con el objetivo de lograr la igualdad que la inspira.

¿Cumplirá la gratuidad universal esa expectativa?

Nadie podría objetar que para el 50% o 60% de estudiantes más vulnerables, la gratuidad es un beneficio enorme. Los quintiles de más bajos ingresos accedían a becas con aranceles de referencia que no cubrían el costo de las carreras y debían endeudarse para cubrir el total. Muchas familias quedarán liberadas de pagar la educación de sus hijos y muchos estudiantes de pagar un crédito posterior a su egreso.

Pero también está el otro lado de la medalla. Hay instituciones de educación superior que se han incorporado a la gratuidad que reciben ingresos menores por los estudiantes con gratuidad y tienen déficit que no saben si van a poder solventar si siguen aumentando los alumnos con gratuidad. En el 2017, al menos 15 instituciones han tenido déficit que, en conjunto, suman $20 mil millones y con el aumento de la gratuidad al 60% será aún mayor. Por este motivo, muchas universidades deciden no incorporarse a ella. Otras, reportan déficit que -como han señalado rectores de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado- les impedirán mantener los estándares de calidad que se han propuesto.

De allí que no esté para nada garantizado el objetivo de la igualdad. Al contrario, las brechas podrían agrandarse. Si el sistema no incluye a todas las instituciones a la gratuidad, seguirán existiendo instituciones para los más ricos e instituciones para los más pobres. Con el agravante de que las que la asuman puedan deteriorar su calidad y que, quienes no lo hagan, pierdan alumnos de los quintiles más pobres. O sea, la segregación podría llegar a ser mayor.

Por último, ¿qué sentido tiene dejar comprometida la gratuidad universal para los próximos decenios? Vale comentar que el costo de la gratuidad en el 2017 es de US$ 1.200 millones para 44 instituciones. El aumento al 60% puede ir entre US$ 200 millones sin aumentar instituciones y US$327 millones más si entran nuevas instituciones.

Por lo tanto, se trata de una reforma que tiene un enorme costo. Lo sensato será evaluar los efectos de su implementación antes de comprometer lo que puede ser una ilusión cara e injusta con otras necesidades urgentes del país.

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Manifestaciones sociales

LAS MANIFESTACIONES sociales, sobre todo las que logran repletar las calles de las ciudades más grandes del país, pueden generar la percepción de que el ya tradicional desinterés en la política estaría retrocediendo. No obstante, esta observación no sería más que una mera percepción. De acuerdo a cifras del Informe de la Encuesta CEP 2016, publicado recientemente por el Centro de Estudios Públicos, un 17 por ciento de los chilenos declaró haber asistido a una marcha o manifestación en el último año o en el pasado distante el año 2015, dos puntos porcentuales más que en 2005. No hay variación estadística entre ambos años. Es decir, uno de cada seis chilenos ha participado en marchas, fracción que no ha variado en la última década, a pesar de que la frecuencia de las mismas ha crecido en el mismo lapso.

Tampoco se observa un cambio en su composición. Tanto en 2005 como en 2015, quienes más asistieron a las marchas eran principalmente personas entre 18 y 34 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos ABC1 y C2.

Si junto al sexto de los chilenos que participa en las manifestaciones, consideramos que, de acuerdo al mismo Informe, entre 2005 y 2016, las personas que declararon tener nada de interés en la política pasaron de ser un 39 a un 48 por ciento -con fluctuaciones que, en algunos casos, llegaron a 62 por ciento en 2008-, y que el porcentaje de la población que realizó actividades cotidianas vinculadas a la política con frecuencia y que no requieren mayor compromiso, como mirar programas políticos en televisión, conversar en familia o con amigos sobre política y leer noticias sobre el tema no superó el 10 por ciento en más de 20 años, se puede apreciar claramente que el desinterés no ha retrocedido.

Por otra parte, a menudo se percibe la existencia de las manifestaciones como un signo de inestabilidad y crisis del sistema político, precisamente por el contenido crítico que justifica la marcha. Sin embargo, los estudios muestran que las personas que adhieren más a los valores de la democracia son aquellas cuya probabilidad de participar en marchas es mayor. Bajo esa perspectiva, las marchas pueden ser señal de un robustecimiento de la democracia, en vez de la existencia de una crisis. De hecho, de acuerdo a la académica de Harvard, Pippa Norris, se observan fuertes protestas y marchas en países con extensa experiencia democrática porque es ahí donde existen derechos de asociación y reunión bien establecidos. Un ejemplo pueden ser las violentas manifestaciones ocurridas en Hamburgo por motivo de la reunión del G-20 la semana pasada.

En suma, las marchas no son más masivas que antes. Todavía se trata de un grupo pequeño relativo al tamaño del conjunto que no está interesado en la política y que no sigue este tema en los medios de comunicación ni en su vida cotidiana. Tampoco ha variado mayormente la composición sociodemográfica de los manifestantes tras una década que ha sido testigo de un incremento de la cantidad de marchas. A pesar de las críticas a la institucionalidad vigente presentes en las manifestaciones, la existencia de éstas es signo de una democracia más robusta.

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¿A quién le importan los niños?

EN CHILE existen 92.601 niños y adolescentes bajo la protección del Estado, 8.326 de los cuales viven en residencias, 7.307 de ellos en centros administrados por las llamadas OCAS (Organismos Colaboradores de Sename) y el resto en 10 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) en todo el país. En un Cread, el tristemente célebre Galvarino, murió la niña Lissette Villa Poblete, el 11 de abril 2016, sumándose a la luctuosa cifra de 1.313 muertos del Sename en los últimos 10 años.

Lissette está muerta. Las señales de alerta que, en 2013 levantó el Poder Judicial, a través del informe de la jueza de familia Mónica Jeldres y la Unicef ese año, no lograron salvarla. Tampoco el que elaboró la Comisión de la Cámara de Diputados, llamado Sename I, que se dio a conocer cuando ella aún vivía, y menos el conocido como Sename II, que fue rechazado por el Parlamento.

¿Cómo el Estado chileno y la sociedad en su conjunto hemos permitido que nuestra infancia más vulnerable viva en esta indefensión? ¿Quién es el responsable? Aunque suene poco popular decirlo, la respuesta no es únicamente el Sename. Sostener eso, sería simplista. El Sename, como ha dicho nuestro director social Paulo Egenau, es el síntoma, no la enfermedad. Estas situaciones dramáticas, penosas, injustas, son consecuencia de una institucionalidad precaria, de un organismo anticuado, de la inexistencia de una ley que garantice los derechos de la infancia y de un presupuesto miserable que está lejos de cubrir las necesidades de protección y reparación de niños y adolescentes.

Es urgente la aprobación de la ley de garantía de derechos de los niños, que cree un sistema de protección integral. Si tuviéramos ese marco jurídico, este tipo de situaciones no sucedería, porque el Estado estaría obligado a responder por los derechos humanos vulnerados, no solo de los niños declarados en protección por los Tribunales de Familia, sino de aquellos que están desescolarizados o institucionalizados de manera injustificada.

Es indispensable que las residencias de protección y los programas preventivos cuenten con servicios profesionales, serios, multisectoriales, inteligentemente coordinados, basados en evidencia internacional probada. Y para esos estándares y exigencias se necesita financiamiento, el que hoy está lejos de cubrir lo mínimo. El informe Sename II dice: “En promedio, la subvención (para los Organismos Colaboradores de Sename) adolece de un déficit de 40 por ciento en relación con lo que gastan los hogares.

Todos los hogares de las instituciones colaboradoras operan en forma deficitaria en relación con los recursos económicos que entrega el Sename”. En efecto, una subvención promedio de 260 mil por niño para una residencia, es absolutamente insuficiente para un costo promedio real por niño de 660 mil pesos.

En el Hogar de Cristo hemos estado trabajando desde hace más de un año con 46 especialistas en una propuesta técnica de residencias para niños profundamente vulnerados en sus derechos. Es un trabajo que daremos a conocer en detalle en octubre y que esperamos poner en práctica en 2018 en dos proyectos de residencias piloto. Son 90 las recomendaciones concretas, precisas, en base a la evidencia internacional, coincidentes con algunas de las que detallaba el Informe Sename II, ese que fue rechazado por nuestros diputados.

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Bus de la libertad, verdad histórica y amenazas a la libertad de expresión

Han sido días agitados en la coyuntura nacional. La intensa agenda política y legislativa del país transita entre las aguas de un período de campaña electoral presidencial, combinadas con las de un gobierno necesitado de consagrar algún legado político. A toda máquina la gran reforma universitaria –que en nada contribuirá a las mejoras anheladas- y el aborto, buscan transformarse en emblemas de un progresismo a la chilena donde priman las agendas “valóricas y políticas” de la izquierda en desmedro de un genuino respaldo ciudadano que a estas alturas es irreversible. Pero mientras eso sucede, no podemos dejar de advertir algunas señales que, silentes pero amenazantes, se han instalado en el debate con connotaciones muy desfavorables respecto a los estándares mínimos de una sociedad libre.

Dos ejemplos por estos días. El primero de ellos, es el “Bus de la Libertad”. Cuesta entender cómo la agresividad del lobby gay y la ideología de género buscan anular mediante la violencia –literal- a quienes defendemos la realidad natural del matrimonio entre hombre y mujer. Mientras las organizaciones LGTBI pueden realizar festivales, cientos de marchas –algunas con cobertura en noticieros-; mientras llegan a “acuerdos” con el Gobierno en temas legislativos sin que nadie se oponga, se los agreda o se los “fune”, una manifestación que no consiste más que en la circulación de un bus con una leyenda donde se reivindica el matrimonio natural y el derecho de los padres a educar a los hijos no sólo es agredido, rayado y “funado”, sino que las organizaciones detractoras piden a las autoridades “impedir” que el bus circule. Incluso se lo llamó “bus del odio” y de la “intolerancia”, como si discrepar de las posturas del MOVILH fuera una incitación al odio. Ridículo.

Buscar la ofensiva a partir de la descalificación es una táctica propia de grupos en extremo ideologizados, quienes buscan imponer una postura en base no a argumentos, sino desde la energía que confiere la indignación moral. Quienes no piensan como ellos simplemente no tienen derecho a expresar su postura. Insólito e inaceptable.  

El mismo martes 12 de julio, mientras el bus naranjo llegaba a Valparaíso, la comisión de constitución de la Cámara aprobó el proyecto de ley que “sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile, (Boletín N° 8049-17).” Un proyecto que lo que busca penalmente es velar por un bien jurídico protegido denominado “verdad histórica” (ver intervención del Diputado socialista Leonardo Soto), cosa que es bastante novedosa desde el punto de vista de los fines del derecho penal. Reconocer violaciones a los derechos humanos no puede implicar promover una policía del pensamiento de corte orweliano.

Para ser claros, si una persona no piensa igual que una determinada mayoría parlamentaria circunstancial respecto a ciertos episodios concretos de la historia de Chile, podría terminar privado de libertad. ¿Hay algo menos democrático y totalitario que imponer una verdad histórica oficial por ley? Como dato, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se manifestó en contra del proyecto.

Lo propiamente ideológico es la imposición por la fuerza de un conjunto de ideas que pugnan con la realidad. De ahí que Joaquín Fermandois haya definido ideología como una fe, social, secular y pararracional que busca la construcción de una utopía. En ambos casos se perciben estos rasgos: un verdadero integrismo secular, tanto en la forma de mirar a la naturaleza humana como respecto a imponer una verdad de la historia. Y como es pararracional –por atentar contra el sentido común- la única posibilidad de hacerlos valer es mediante la imposición violenta, ya sea política o física. Estamos, por ende, frente a actitudes que amenazan flagrantemente a uno de los pilares esenciales de la arquitectura democrática en una sociedad libre: el derecho a la libertad de expresión y opinión sin censura previa.

¿Quién es el intolerante?

 

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Seguridad social: acompañamiento de hijos en situaciones graves de salud

Ingresó a discusión parlamentaria a través del Senado un proyecto de Ley que crea un seguro social para el acompañamiento por el padre y o madre trabajadora –incluido la o el trabajador que tiene a su cuidado un niño por resolución judicial–, de menores de un año o más, hasta los 18 o 15 años, según el caso, que enfrentan una condición grave de salud, centradas ellas en: padecer cáncer, trasplante de órgano sólido, desahucio o estado terminal y accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa y permanente.

Este seguro se aplicará en cuanto la ley esté en vigor, con permisos por cáncer y cuidados paliativos del niño/a y anualmente se irá incorporando una de las demás condiciones graves de salud señaladas. Para hacer efectivo el cuidado, acompañamiento e integración familiar, se establece un subsidio, que reemplaza la remuneración o renta de la y o el trabajador que dejan de trabajar por este motivo. Así, entre otros positivos efectos, el trabajador/a no verá afectada su fuente laboral, el empleador tendrá certeza de la fecha de reinserción al trabajo de su colaborador y, por cierto, evita pérdidas relevantes de productividad en la economía en general.

La propuesta legislativa no distingue entre padre o madre, es para ambos y tampoco considera derecho de opción preferente para uno de ellos como en el post natal parental. Aquí ambos padres trabajadores podrán acompañar a su hijo/hija, en forma conjunta o separada, sin afectar su fuente laboral y los ingresos que de ella se generan, por el período de tiempo que se contempla a jornada completa o parcial y en que la afiliación es automática. No será necesario que, como en muchos casos, la madre o el padre (usualmente ella), renuncie o pida permisos no remunerados, para cuidar al hijo en condición grave de salud, y ello lo podrá hacer, conservando la cobertura de seguridad social, en todos sus ámbitos.

Para acceder al subsidio el padre y o madre debe contar con la licencia médica correspondiente validada por la COMPIN, en un procedimiento que se contempla ágil por los plazos de resolución que se indican.

El financiamiento de este seguro social, solidario y colectivo, será de cargo patronal y sin afectarle su actual carga de cotizaciones ¿Cómo ocurre esto? El seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales contempla desde hace varios años una cotización extraordinaria del 0,05% mensual (adicional al 0,90% de aporte básico uniforme por trabajador), para crear un fondo de contingencias. Pues bien, por Ley 21.010, de abril de este año, esta parte de la cotización empresarial por riegos del trabajo entra en proceso de extinción: el fondo está casi constituido. De ese aporte, se destinará un 0,03% de la remuneración imponible al seguro que aquí comentamos, en un proceso gradual a contar de este año y que, en el 2020, estará en régimen tanto en cotización como en la cobertura de los subsidios por todas causales que se establecen.

En la gestión del seguro intervendrán las entidades de previsión social que hoy tienen a su cargo el seguro de Ley 16.744, es decir, las Mutuales y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), quienes recaudarán tanto la cotización del seguro que gestionan como las correspondiente a este nuevo mecanismo de protección. Asimismo, se encargarán del pago del nuevo subsidio.

Esta propuesta de ley integra medidas de derecho del trabajo y seguridad social que mejoran la cobertura de la familia y el empleo formal. Ahora, siempre por la vía de la negociación colectiva es posible la mejora estas prestaciones, como efectivamente ya se consagran en algunos contratos colectivos.

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¿Perdimos el foco?

En una entrevista publicada por la Revista América Economía, el Ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena indicó: “El movimiento ambiental en Chile ha perdido el foco, se han centrado en problemas que no afectan a la gente, sino en los que dan más titulares de prensa”.

Desde Fundación Terram nos parece necesario responder a los dichos del ministro, a partir de nuestro trabajo, sin arrogarnos la representación del movimiento ambiental chileno.

Nuestra institución se dedica a analizar y proponer políticas públicas en materia ambiental, por lo que todos los años elabora un “Balance Ambiental”, documento que recoge los principales sucesos ocurridos, que involucran al país.

El Balance elaborado en 2016 fue titulado: “Notable abandono de deberes” aludiendo al incumplimiento del rol del Gobierno en esta materia, aseveración que el Ministro Mena señala como “injusta”. Pese a ello, es evidente que la gestión ambiental de este Gobierno ha sido bastante pobre, basta con ver lo que ocurre en las zonas de sacrificio, especialmente en la Bahía Quintero, donde el Gobierno no ha realizado acciones concretas para disminuir la contaminación que afecta a las personas que habitan dicho lugar. Situación evidenciada en junio de este año, por la Contraloría, la cual en un documento señala “abandono de deberes” por parte de las Secretarias Ministeriales de Salud y Educación, por el incumplimiento del Oficio 1.448 del año 2011.

Lo mismo ocurre con la contaminación atmosférica que afecta a muchas ciudades del país, que sufren preemergencias y emergencias ambientales año a año, porque no basta con dictar planes, lo más importante es que se cumplan, y la historia nos muestra que esto no ha ocurrido.

Todas estas razones nos dan a entender que el Gobierno dejó en segundo plano su deber de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza, tal como lo señala nuestra Constitución.

Nos preguntamos también, cuál es el rol que ha jugado la autoridad (Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia Ambiental y Sernapesca) tras la crisis ambiental y sanitaria vivida en Chiloé el año 2016. Nos gustaría saber si como país estamos preparados para enfrentar un nuevo florecimiento algal nocivo (FAN) y si existen protocolos de acción en caso de que esto vuelva a suceder.

Otro tema relevante sobre el cual el Ministro se pronuncia es el Proyecto de Ley de Protección de Glaciares, el cual, gracias a la gestión de este Gobierno terminó protegiendo prácticamente nada y su tramitación quedo durmiendo en el parlamento. Sabemos que es urgente una ley de esta naturaleza que resguarde las reservas de agua y que elimine los impactos que en ellas provoca la minería, sin embargo, el Gobierno no ha tomado acción.

En el caso de la Gran Donación de áreas terrestres de Tompkins Conservation, el Gobierno y en particular la presidenta, jugaron sin duda un rol importante, sin embrago la iniciativa nace de Douglas y Kristine Tompkins, quienes entregaron al Estado de Chile su enorme legado.

El Ministro mena se equivoca al decir que hemos perdido el foco, ya que las ONGs tenemos una función pública, lo que nos vuelve una contraparte de la institucionalidad vigente. Es parte de nuestro rol contribuir al debate y trabajar para que nuestra sociedad transite hacia espacios con mejores estándares ambientales, más justos y democráticos.

Desde Fundación Terram estamos abiertos a aportar a la discusión en temas de fondo, a través de un dialogo que cuente con la voluntad de avanzar en materia de protección ambiental, democracia y respecto a los derechos humanos.

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Contra la censura

SI EN ALGO retrocedimos la semana pasada, eso fue en la valoración de la libertad de expresión. Y es que tres sucesos la pusieron al centro del debate e hicieron que algunos olvidaran su relevancia.

El más comentado fue el del Bus de la Libertad; pero es también el menos interesante desde la perspectiva de la libertad de expresión. Y es que el bus circuló, transmitió su mensaje y probablemente todos nos formamos opinión. Salvo voces aisladas, ninguna autoridad llamó a censurar el paso del bus. Solo ciertos grupos opositores (a veces con la violencia propia del intolerante) intentaron impedir su circulación fundándose en que el mensaje los ofendía. ¿Puede censurarse una expresión porque algunos se sienten ofendidos? Obviamente no. Desde hace mucho tiempo en el mundo, y en Chile desde el caso de La Última Tentación de Cristo, la libertad de expresión no puede limitarse por esas percepciones subjetivas.

Solo hay ciertas expresiones muy específicas y ligadas al llamado “discurso del odio” que admiten algún tipo de censura previa. Pero nada de eso se observó en los mensajes del bus de la libertad.

El segundo evento, menos polémico pero a mi juicio mucho más grave, es la censura que el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, impuso sobre una campaña de la AFP Habitat. Macías cuestionó que era “parcial” pues no contemplaba todos los anuncios del gobierno. Luego el ministro Valdés agregó que era “provocadora”. ¡Todo mal! ¿En qué país serio se acepta que un gobierno censure las críticas por considerarlas parciales o provocadoras? Y es que el contenido de un mensaje no es una cuestión que deba valorar positiva o negativamente la autoridad sino que, al decir del Juez Holmes, corresponde al “mercado de las ideas”, esto es, al valor que la gente le da a ese mensaje en el contraste con otros. Dicho de otra forma, si las ideas que más influyen son las del gobierno o las de la AFP no debe depender de la censura sino que de la valoración que le damos a cada una. Para eso todas deben circular libremente; incluso si a Macías y Valdés eso los provoca.

El tercero, que ha pasado desapercibido, sucedió en Valparaíso. Ahí, con los votos de la NM, se aprobó en la Comisión de Constitución la sanción de cárcel para quien públicamente niegue los hechos referidos a delitos cometidos durante la dictadura. ¿En qué están pensando quienes promueven esta censura? Claramente no se trata de recordarnos que durante el gobierno de Pinochet se cometieron graves delitos. La historia ya ha hecho lo suyo a este respecto. El asunto es más complejo: pretende que la verdad histórica, siempre susceptible de juicio y revisión, quede fijada no por el acuerdo compartido sino que por el manto de castigo que impone la ley. Eso, más que fortalecer dicha verdad, la debilita pues la opinión de las personas deja de fundarse en la convicción para pasar a estarlo en el temor de una sanción. ¿De verdad quiere eso la Nueva Mayoría?

Al final, tanto el gobierno como el Congreso debieran recordar que, como narra Coetzee recordando la experiencia sudafricana en un libro del que esta columna toma su título, la censura institucional es una muestra de debilidad; no de fortaleza.

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Reforma agraria

HACE 50 años, el 16 de Julio de 1967, el entonces Presidente Frei Montalva, promulgó la ley de reforma agraria. Fue este cuerpo legal el que abrió las puertas a la más importante transformación social del campo chileno. Desaparecerían los grandes latifundios tradicionales, cuya escasa productividad (en muchos casos) planteaba severos límites al desarrollo económico del país.

Exigencias básicas de la justicia, y de la modernidad, como ciudadanía efectiva, derechos iguales tutelados por la ley, remuneraciones en dinero y asociacionismo libre empezarían a reemplazar relaciones sociales fundadas en el paternalismo y la dependencia.

Tengo claro, por supuesto, que existen, legítimamente, diversas apreciaciones sobre los efectos sociales, políticos y económicos de la reforma agraria. Los críticos destacan el hecho que no se alcanzó el fin declarado del proceso, esto es, la creación de una gran clase media campesina, formada por cientos de miles de pequeños propietarios. Se reprocha, además, la ausencia de un suficiente apoyo técnico y crediticio a los asentamientos y a los asignatarios individuales. En varios casos, los propietarios y sus familias sufrieron violencia. La multiplicación de tomas ilegales y los intentos de la ultraizquierda por desbordar el marco legal solo sirvieron para acentuar una trágica polarización.

Es mucho, sin duda, lo que podemos aprender de un proceso complejo y profundo como el recordado. Todos. Quienes lo valoramos y quienes lo rechazan. Es con sentido crítico y autocrítico, entonces, que, a propósito de estos 50 años, rindo homenaje a algunas de las personas que pusieron sus mejores esfuerzos para superar estructuras sociales que reñían con la dignidad esencial de la mujer y el hombre del campo chileno.

Comienzo trayendo a la memoria a Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, amigo, compañero de estudios y alma gemela de San Alberto Hurtado. Desde el Obispado de Talca, que serviría desde 1939 hasta su muerte en 1966, Larraín sería un constante defensor de los derechos de los campesinos. Y así, cuando parecía que el gobierno del General Ibañez iba a reprimir con violencia la primera huelga agrícola, Larraín no dudó en ponerse del lado de los dirigentes gremiales. Luego, a partir de 1962, y junto al Cardenal Silva Henríquez, Larraín llevó adelante la primera de las reformas agrarias, la que practicó la Iglesia Católica con varios de sus propios fundos.

Destaco, en segundo término, a los cientos de líderes sociales y sindicales que, como Emilio Lorenzini, se jugaron por organizar a los trabajadores del campo. Especial mención merecen aquellos que, por su compromiso gremial y social, sufrieron persecución, tortura y muerte luego del golpe de 1973. Me remito, en esto, a la nómina que recoge un libro reciente de José Bengoa. Recuerdo, luego, la contribución de los ingenieros, agrónomos, abogados y técnicos del Ministerio de Agricultura, la CORA, Indap e Inproa. Evoco, como emblema de ese compromiso, el testimonio de Hernán Mery, joven agrónomo asesinado cumpliendo su deber. Concluyo con una referencia ineludible a Frei Montalva: “Presidente de los campesinos”, comprometido a fondo, hasta su muerte, con la construcción de una sociedad en que el sol brille para todos.

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