Álvaro Bisama's Blog, page 131

Pues, vaya

Tomo el título de la notable antología de Pelham Grenville Wodehouse, el exitoso escritor humorístico británico, doctor honoris causa de la Universidad de Oxford, columnista de The Globe y Vanity Fair, letrista de comedias musicales junto a Cole Porter, Berlin y Gershwin, deportista de destacada participación en torneos de boxeo, rugby, golf y criquet, creador de personajes tan adorables como Jeeves, el ayuda de cámara, o Wooster, uno más de aquellos ociosos y desorientados jóvenes de buenas familias, con mucho tiempo libre y un gusto exagerado por el trago y los juegos de azar, para elaborar una teoría. Futbolera, claro.

Digo: no sólo usaré el “Pues, Vaya!” para renovar la admiración por esos personajes que describen con fina ironía a la Inglaterra rural, aristocrática, inocente y optimista, de los años 30, llevados a la pantalla por Stephen Fry y Hugh Laurie en la sabrosa serie televisiva Jeeves and Wooster, donde se mostraba ese mundo “delicioso y calmo de desdeñosas y desaprobadoras tías, mayordomos severos aficionados a disparar, jóvenes medio pavos en feliz estado de soltería que se lanzan unos a otros pedazos de pan en los comedores de los clubes, pero se ruborizan y tartamudean en presencia de personas del sexo opuesto. Ese mundo en el cual las camas no son escenarios de pasiones y deseos carnales, sino unos muebles muy a propósito para ocultarte cuando te persiguen los acreedores”, sino también para la necesaria metáfora pelotera.

Esto porque aquel título, descomunal y prodigioso, refleja a la perfección mi desconcierto, mi aturdimiento y perplejidad ante un problema que considero sin solución… quizás desde su origen.

Me explico: ¿cómo podría Colo Colo salir del entuerto en el que está? Mi tesis es que la situación compleja -y real, como es evidente- no tiene que ver con supuestos humos o falsas credenciales de Pablo Guede, como ha pretendido decir cierta prensa local muy dada, normalmente, a la inquina personal. No. El problema de los albos no es que el argentino trabaje mal. Ni siquiera que tenga adentro del plantel un grupo de cabronazos encabritados en su contra desde hace rato, seguramente por el exceso de exigencias. El problema de fondo es el cruce entre doctrina y realidad.

El técnico que llegó a liberar al club de las siestas del Coto Sierra, a darle al equipo energía, dinamismo, velocidad, juego directo ojalá sin estaciones, está atrapado desde el primer día en un decorado donde pocas cosas tienen que ver con eso. No sólo por los nombres que debieran llevarlo a la concreción de su ideario (es obvio que Barroso, Fierro, Figueroa, Pavez, Valdés, Paredes y ahora Valdivia están muy lejanos de ese ideal estético), sino, seguramente, por su propio enredo personal, que nos ha terminado mareando a todos. Enredo, seamos justos, al que ha ayudado mucho el desorden permanente de un directorio (incluyo en esto a Meneses) que hace cualquier cosa menos dirigir.

Algo, externo o interno, llevó a Guede a bajar varios cambios muy luego, a matizar la apuesta, a aguarse y decolorarse indefectiblemente en pos de… ¿defender mejor, escuchar los sabios consejos del medio local, darle más “equilibrio” al equipo (lo pongo entre comillas porque me repugna su simplismo), aceptar los refuerzos impuestos por el directorio? Difícil saberlo. Entre otras cosas porque, entre tanta pelea y tanto escudo, pocas veces el argentino ha terminado hablando de fútbol.

El resultado lógico es el actual momento de Colo Colo, dentro y fuerza de la cancha: un tira y afloja permanente, un espacio sin libretos y por ende sin soluciones claras, y un entorno que ha terminado por avalar las soluciones de parche en vez de las de fondo. Un ejemplo claro: el doctor, el reponedor, el sanador, el jefe de la tribu al que se le pedía intensidad más que cualquier otra cosa, ha terminado más preocupado del tránsfer de un refuerzo que vuelve al club tras 11 años que de darle ritmo a un plantel avejentado. Quién lo iba a decir.

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Estar a la altura

En la discografía chilena no existe álbum más triunfal y trágico que Las Últimas Composiciones (1966) de Violeta Parra. Lo tiene todo. Originalidad, temperamento interpretativo, poesía sublime y descarnada como retrato de un carácter volcánico y vulnerable, elementos conjugados en una musicalidad directa y a la vez compleja dada la maestría en guitarra, charango y cuatro. Incluye clásicos indemnes al tiempo tributados en el mundo entero como Gracias a la Vida y Volver a los 17, también ingenio lírico -Mazúrquica Modérnica-, relatos de amor desolador -Run Run se fue pa’l norte-, rabia y transgresión -Maldigo al alto cielo-, ternura y trascendencia -Rin del angelito-. Es tan monumental que cualquier intento de homenaje corre serios riesgos de palidecer ante el original.

Angel Parra, nieto de Violeta y uno de los guitarristas chilenos más celebrados de las últimas tres décadas, toma el desafío con algunas reglas: nada de desdibujar las canciones, sino más bien colorear, rellenar espacios e introducir ciertos ambientes oníricos. Hay escasas salidas de libreto. Los primeros segundos de El Guillantún se reinterpretan en clave rock, luego recula hacia los contornos originales, oscila entre ambas opciones y no cuaja del todo.

El músico ejecuta un magnífico trabajo en el área de su experticia. Mantos y mantos de guitarras ornamentan primorosamente. Los distintos estilos que Parra ha explorado los pone al servicio del material extraordinario de su abuela. Es un bello gesto. Todo lo que sabe en el instrumento se utiliza y en ese aspecto el disco es un goce. Su cometido instrumental y en los arreglos está a la altura del tótem que este álbum representa.

No se puede decir exactamente lo mismo de las voces.

En el papel, un buen casting. Está su hermana Javiera, que siempre ha tenido más actitud que caudal vocal, pero se defiende y funciona. En más de un verso logra una ligera transfiguración y se convierte en Violeta. Alvaro López intenta ir más allá y toma posesión de Run Run se fue pa’l norte. Es la mejor versión, le da una nueva envergadura al corte, conecta con el dramatismo que exige la letra.

El rendimiento difiere con Manuel García. Parece ahogado en Cantores que reflexionan. Alex Anwandter palidece aún más. Canta el Rin del Angelito como alumno en acto escolar preocupado de no olvidar la letra, imprimiendo escasos matices. Tampoco mejora en Mazúrquika Modérnica. Las canciones les quedan grandes a ambos y, sinceramente, ninguno de los invitados logra replicar la carga emotiva de las últimas composiciones de la artista más universal y trascendente que ha dado la música chilena.

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Gratuidad y calidad

ESTÁ CLARO que la gratuidad no garantiza calidad. La educación, particularmente la universitaria, es cara. Las universidades que han avanzado en calidad lo han hecho hasta el momento a través del cobro de aranceles que cubren sus costos reales y la gestión adecuada de los recursos. Al eliminarse el cobro de aranceles, se deja la provisión de recursos en manos del gobierno de turno, que pasa a ser el que fija precios de transferencia por alumno y cupos que puede ofrecer cada carrera.

Ya las universidades acogidas a la gratuidad limitada a estudiantes provenientes de los hogares que están en el 50% más pobre han comenzado a experimentar dificultades financieras. Ahora, con el anuncio de la gratuidad a estudiantes del 60% más pobre, la situación se complejiza. Una razón es que dichos alumnos en la actualidad gozan de una beca por el arancel regulado y deben asumir la diferencia entre el arancel cobrado y el arancel regulado, generalmente a través de préstamos subsidiados. Desde 2018 en adelante el Estado pagará por ellos solo el arancel regulado, que en mi universidad es entre la mitad y dos tercios del arancel cobrado.

Asimismo, en una universidad altamente selectiva como la nuestra, los estudiantes tienden a concentrarse en los deciles más ricos de la población, quienes en una alta proporción tienen los puntajes de entrada más elevados. Es así como los estudiantes provenientes de los deciles de más altos ingresos están muy sobre representados. Por ejemplo, los estudiantes provenientes del 20% más rico de la población representan entre 40 y 50% del estudiantado, dependiendo de la facultad. Entonces, a medida que la gratuidad avanza, mayor es el impacto financiero adverso sobre los planteles.

Si llegáramos a la gratuidad universal, podría darse la paradoja que las universidades en gratuidad no tendrán los recursos que necesitan para ofrecer educación de calidad y se irán quedando con estudiantes que no puedan pagar, mientras que aquellos que sí pueden emigrarán a instituciones privadas sin fines de lucro no acogidas a la gratuidad, que sí tendrán los recursos para atraer a los mejores académicos.

Otro peligro que no se ha tenido en cuenta es el posible impacto de la gratuidad universal sobre la autonomía de las universidades acogidas. Por una parte, está la dependencia financiera del gobierno de turno, lo que podría atarlas de manos para contratar y mantener a buenos académicos. Segundo, gobernantes con agendas específicas podrán tratar de imponérselas a las universidades como condición para entregarles financiamiento.

¿Podemos combinar el objetivo que se persigue con la gratuidad con la preocupación por la calidad? Desde luego, pero con pragmatismo, dejando de lado la ideología. Por ejemplo, restringir la gratuidad a estudiantes del 60% más pobre y, para las familias no tan pobres, ofrecer una combinación de ayudas parciales y créditos contingentes al ingreso, con bajas (o cero) tasas de interés y un máximo de cuotas. Si esto suena a “subsidios a la demanda” combinados con el CAE reformado, es intencional.

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Ajuste doloroso

LAS CUENTAS fiscales de Chile han estado en la noticia. Las autoridades estiman que este año el país tendrá un déficit fiscal del 3,1 por ciento del PIB, que se compara con un superávit fiscal del 7,8 por ciento del mismo tan solo diez años atrás. Este impresionante deterioro de las cuentas fiscales se produjo a pesar de que en 2011 y 2012 hubo superávits y se tradujo en un rápido aumento del endeudamiento público.

Tanto así que el ministro -anticipando que el mencionado menoscabo, conjuntamente con la baja tasa de crecimiento económico, se pueda traducir en una posible caída en la calificación de riesgo del país, como efectivamente ha sucedido- ha instruido a sus colegas a reducir el gasto de consumo en un 5 por ciento. Una trivialidad, pero una señal en la dirección correcta.

¿Por qué es tan fundamental la calificación de riesgo del país? Porque una menor calificación de riesgo tiende a subir el costo del crédito. Las calificaciones proveen una señal a los prestamistas del riesgo de no pago en que incurren. Una peor calificación implica un alza en el diferencial de tasas de interés entre, por ejemplo, un bono emitido por el gobierno de los EE.UU., y uno emitido por el gobierno o las empresas del país rebajado (Aronovich, 1999). La magnitud del alza dependerá, entre otras cosas, de las expectativas de corrección en la situación fiscal.

Es más, de acuerdo a los datos entregados por el ministro, este año los gastos fiscales aumentarán en un 4 por ciento, para alcanzar el equivalente de US$63.249 millones. Es decir, el gasto del fisco seguirá creciendo significativamente en relación al PIB, que solo aumentará en 2017 en aproximadamente un 1,5 por ciento.

¿Por qué preocuparse de la relación entre el gasto fiscal (público) y el PIB? Porque en Chile dicha relación está en el límite del rango observado en los países actualmente desarrollados, en momentos que éstos últimos gozaban del mismo nivel de PIB por persona que el actual nuestro. Aún más, hay indicios de que en nuestro país una expansión del gasto fiscal tiene, en definitiva, un efecto negativo sobre nuestro PIB per cápita.

¿Cómo se produjo el descrito y reciente deterioro fiscal? Se trata de una conjunción de factores, entre los cuales se destaca la baja en el crecimiento económico -en una parte no menor consecuencia de las reformas impulsadas por el actual régimen- que redujo la tasa de aumento de los ingresos fiscales. Igualmente responsable ha sido el incremento del gasto fiscal, en buena medida alimentado por las ambiciosas políticas redistributivas del propio gobierno, incluyendo los a menudo injustificables aumentos de personal y de remuneraciones.

Es altamente probable que en el corto plazo este desajuste fiscal se traduzca principalmente en una peor calificación de riesgo, mayores tasas de interés y aún menores niveles (relativos) de inversión y de crecimiento. Sin embargo, si no deseamos volver al desorden macroeconómico de mediados de siglo pasado, los próximos gobiernos deben realizar un ajuste fiscal mayor, que no podrá sino ser doloroso.

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Educación Superior: una discusión decepcionante

*Esta columna fue escrita junto a: José Antonio Guzmán, Rector Universidad Los Andes; José Rodríguez, Rector Universidad Andrés Bello ; Cristián Nazer, Rector Universidad Finis Terrae; Federico Valdés, Rector Universidad del Desarrollo.

TRAS CASI un año desde su presentación, la tramitación del proyecto de ley de educación superior parece estar llegando a su fin en la Cámara de Diputados. Desde nuestra perspectiva como instituciones privadas -reconocidas por nuestros estudiantes por su calidad y aporte a la sociedad, y por la diversidad de nuestros proyectos educativos- hacemos una síntesis de esta iniciativa y su tramitación antes de que su discusión prosiga en el Senado.

Las características del proyecto se han mantenido más o menos estables tras las múltiples indicaciones. En particular, la persistencia en hacer de la gratuidad universal del pregrado el comienzo, centro y fin de toda discusión al respecto. Una obsesión que ha llevado a perder la oportunidad histórica de mejorar nuestro actual sistema de educación.

A esto se suma el debilitamiento de la autonomía de las instituciones, mediante el aumento del control estatal en elementos que le son ajenos, como el sistema de admisión y fijación de vacantes y aranceles. Además, el proyecto ha mantenido (y extendido) los privilegios de ciertas instituciones -algunas entre las de menor calidad del sistema acreditado- incurriendo en discriminaciones arbitrarias contra nuestros estudiantes. El paso del proyecto por la Comisión de Educación tuvo pocas consecuencias en estos ámbitos. Las audiencias, de las cuales participamos y seguimos, destacaron por su tono crítico. Sin embargo, muy pocos de los comentarios expuestos fueron considerados. Solo se admitieron las visiones de los rectores del Cruch y, en consecuencia, las indicaciones introducidas por el gobierno se limitaron a hacer eco de las presiones de sus universidades.

Un ejemplo concreto es que los aportes basales, que eran reemplazados en el proyecto original por un esquema de financiamiento más razonable y moderno, se mantienen. Pero el aspecto que más llama la atención, es que la comisión dedicó poco y nada de tiempo en discutir la situación y el impacto del proyecto en las instituciones privadas creadas después de 1981, que en su conjunto reúnen más del 70% de la matrícula.

¿Cómo puede una iniciativa que pretende ser una “ley marco” excluir a la mayoría de los involucrados? La máxima expresión de esto es la eliminación, sin reemplazo cierto, del Crédito con Aval del Estado que, si bien puede ser mejorable, es la única herramienta de financiamiento estatal disponible para todos, y que ha permitido ampliar la cobertura de la educación superior.

El paso del proyecto por la Comisión de Hacienda destacó por su premura. Es lamentable que una iniciativa enfocada casi totalmente en el financiamiento y que en régimen le costará al fisco cerca de 1,5% del PIB, se haya discutido en tan solo una semana. Por cumplir plazos irracionalmente cortos, se corre el riesgo de no realizar un análisis responsable y sopesado del impacto fiscal por quienes están llamados a hacerlo. Esto es aún más grave cuando la gratuidad universal está diseñada de tal manera que compromete fuertemente el gasto público futuro. Sin duda, este proyecto merecía una discusión mayor respecto de los recursos asignados.

Por desgracia, todo lo anterior hace improbable que el proyecto mejore en el corto plazo. De esta manera, nuestra esperanza está puesta en el Senado, donde esperamos se consideren las distintas visiones, se sopese de forma responsable el impacto en el erario fiscal, se eliminen discriminaciones arbitrarias y, ojalá, se pueda volver a reflexionar sobre cómo seguir trabajando hacia un mejor sistema de educación superior sin volver atrás en lo avanzado.

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Chile Vamos a tiempos mejores

Proyectar Chile Vamos más allá de un gobierno puede parecer una meta demasiado precipitada o grandilocuente, sobre todo cuando pensamos que aún faltan meses para las elecciones, siempre inciertas, y que nuestro primer objetivo como coalición fue, a ojos de muchos, más bien modesto: una reunión de coordinación semanal y una vocería por turnos. Sin embargo, esa primera meta era solo el primer paso de un proyecto político serio e inédito para la centroderecha, que hoy, tras un par de años de trabajo, nos posiciona como el único sector político que cuenta con una coalición ordenada, con representación en todo el país, con un propósito común y en condiciones de dar gobernabilidad a Chile. Eso cambia el escenario.

En efecto, es indispensable que Chile Vamos se proyecte a los desafíos del país de los próximos 20 años y que gobernar por al menos los próximos dos periodos presidenciales sea el punto de partida para devolverle el rumbo a Chile y corregir los errores estructurales de la pésima obra gruesa heredada de la Nueva Mayoría.

Ese objetivo debe sustentarse en una coalición política sólida, abierta al diálogo, capaz de incluir a más y nuevas miradas de la sociedad, que potencie a sus liderazgos más jóvenes y consolide esa labor con una presencia robusta en el Congreso. ¿La clave? Un relato común, centrado en el sueño de un Chile desarrollado y solidario, donde existe dignidad, respeto, libertad, derechos y deberes e igualdad de oportunidades para cada uno de sus ciudadanos. Un Chile que protege a la clase media y que potencia la capacidad de las familias de forjar su propio destino.

El centro y la centroderecha deben comprender que nuestra vocación de mayoría ya no es una quimera, y que hemos dado los pasos adecuados para pensar en grande. Luego del triunfo en las elecciones municipales y la exitosa primaria presidencial, que demostró compromiso, humildad, convicción y generosidad por parte de los candidatos y los partidos del bloque, debemos abocarnos ahora a cerrar cuanto antes un pacto de lista única para las elecciones parlamentarias y trabajar unidos por nuestra carta a La Moneda.

Nunca antes Sebastián Piñera había sido tan fuerte como candidato a Presidente, pues hoy cuenta con una coalición amplia, diversa y sólida que lo respalda. Pero esa solidez debe ir de la mano de un Congreso en que tenga el número de parlamentarios suficiente para promover su programa y ayudarlo a conducir el barco en aguas turbulentas.

Y es que tras casi cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría, hoy Chile navega en peores condiciones que en ningún otro periodo reciente de nuestra historia. Sus instituciones son más débiles, sus ciudadanos cuentan con empleos más frágiles, hay mayor incertidumbre por el futuro y la entrega de servicios a quienes más lo necesitan es menos digna y oportuna.

Es nuestro deber moral estar a la altura de este desafío. En este sentido, estamos seguros que contaremos con el respaldo de aquellos que no resultaron ganadores en las primarias, que sus equipos se ensamblarán al trabajo de quien nos representará como candidato en la papeleta en el mes de noviembre y que fortaleceremos nuestro programa de gobierno con sus ideas y planteamientos.

Cuando en noviembre de 2014, en el Consejo General de Renovación Nacional en la ciudad de Pucón, convocamos a la construcción de una coalición política que nos permitiera retornar a La Moneda, pensábamos en dejar en el pasado las interminables historias de efímeros acuerdos electorales. Eso lo logramos con creces y hoy pensamos en el Chile de las próximas décadas y en cómo impulsar su desarrollo social y económico con nuestras ideas, con la huella de Chile Vamos.

 

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No, la decadencia no es fatalmente inevitable

En los días recientes, nuevamente el valor del nuestro patrimonio construido ha estado en el centro de la polémica. Ello a causa de la apresurada protección, por una parte, de la emblemática “Casa Italia” en Viña del Mar y de la Villa San Luis en la Comuna de Las Condes, así como la sorpresiva aprobación por parte de UNESCO a la construcción del Mall Barón en Valparaíso.

En los dos primeros casos, llama la atención la reacción extemporánea y tardía, a partir de la presión de integrantes de la ciudadanía. En el segundo, el desenlace de un largo conflicto caracterizado por intereses contrapuestos, en una ciudad declarada patrimonio de la humanidad.

Pero, ¿por qué es relevante preservar nuestro patrimonio construido? Porque este es el reflejo que a través de generaciones representa nuestra historia y la construcción de nuestra sociedad. Sin embargo, en nuestro país aún no ha sido posible, generar una verdadera “cultura” respecto al conocimiento, puesta en valor, preservación y reuso de valiosas estructuras que han configurado el paisaje cultural de nuestras ciudades.

A pesar de los destacados esfuerzos realizados por aquellos dedicados a ello, académicos, profesionales, integrantes y organizaciones de la sociedad civil así como los integrantes de los organismos públicos destinados a dicho fin, el conocimiento y valoración por parte de la sociedad en su conjunto aún es insuficiente y valiosas manifestaciones de nuestra cultura aún son “invisibles”.

Varios son los componentes que influyen en ello, como la insuficiente sensibilización y transmisión de los valores asociados a nuestro patrimonio en la enseñanza temprana; el escaso número de académicos y profesionales dedicados a su identificación y cultivo en la Academia y los Municipios a lo que se asocia la falta de financiamiento adecuado para ello como para acciones reales de preservación y reuso.

Agreguemos a lo anterior otros aspectos: la demora en el reconocimiento de aquellas estructuras y conjuntos que presentan valores, la falta de incentivos para su preservación y recuperación así como el extremo celo en cuanto a su posible intervención, lo que termina finalmente “congelando” estas expresiones que luego con el paso del tiempo se deterioran quedando como mudos testigos de un pasado esplendor.

No se trata de detener el avance de la modernidad, ni evitar la construcción de nuevas estructuras, necesarias para albergar nuevos requerimientos, pero ello debe hacerse respetando y conjugándolos con los valores existentes. Sumemos a ello la disparidad de criterios existentes en torno a “que´” debe considerarse de valor patrimonial, en que sin duda debe primar la calidad arquitectónica a lo que se suman los aspectos intangibles representados en los hechos ocurridos en sus espacios. Es este último aspecto lo que en menor o mayor medida ha condicionado la definición de lugares de nuestra memoria en el último tiempo.

Vemos hoy, como de tanto en tanto, a partir de declaratorias de último minuto, se retoma el debate respecto al valor del patrimonio para nuestra sociedad, se retoma asimismo la necesidad de modificar la Ley de Monumentos Nacionales, latamente analizada, sin embargo luego de la tormenta, regresa la calma, hasta la próxima inminente demolición.

Sin desconocer los avances existentes en la materia, no es posible continuar con una política reactiva, sino que debemos adelantarnos a los hechos. Nuestro país debe impulsar, incrementar e invertir en el reconocimiento de su historia reflejada en nuestro paisaje construido, escenario de lo que es nuestra sociedad, solo a través de ello conservaremos nuestra identidad, herencia que cada generación recibe y está en la obligación de transmitir.

“A todos los que hoy nos dicen: “Tomen un arte nuevo que sea de nuestro tiempo”, les respondemos: “hagan que olvidemos este enorme cúmulo de conocimientos y de crítica, dennos instituciones completas, costumbres y gustos que no se amarren al pasado… Hagan que podamos olvidar todo lo que se hizo antes de nosotros, entonces tendremos un arte nuevo y habremos hecho lo que nunca se ha visto, porque si para el hombre es difícil aprender, aún lo es más olvidar.“

Eugene Viollet Le Duc, Entretiens sur l’Architecture, Tomo I “Haitieme Entretien”, pág. 324: “No, la decadencia no es fatalmente inevitable”, Paris, 1863

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El bus en disputa: hay que distinguir para unir

Al igual que en otros países, como España y México, ha causado gran polémica en Chile el paso del llamado “bus de la libertad”. Lamentablemente, en estos días, la discusión ha sido mucho más emocional que racional. Ni siquiera, lo que constituiría un mínimo en el debate público entre posiciones encontradas, ha sido razonable. Pero antes de hablar sobre el fondo, me parece importante hacer un par de aclaraciones de forma.

La primera es que el bus tiene el legítimo derecho a circular. Si la prohibición del bus fuese una norma, habría que prohibir no sólo los planteamientos que se oponen a las demandas políticas (por ejemplo, legislativas) del movimiento LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex), sino también todos los discursos que, por ejemplo, consideran que la homosexualidad es un trastorno mental y, al mismo tiempo, un vicio moral. Además, estando (como expresaré más abajo) absolutamente en desacuerdo con lo que el bus representa, prefiero que las “ideas” contrarias a las mías se expresen bajo la luz del sol más bien que de manera solapada. De esta forma, cuando dichas ideas son erradas o se basan en tergiversaciones insostenibles, yo dispongo de la posibilidad no sólo de refutarlas, sino que de hacerlo con mucha menor dificultad.

La segunda es que, creo, las organizaciones LGBTI han sido comunicacionalmente derrotadas en estos días. Lo digo con dolor, porque yo soy parte de esta comunidad como persona transgénero. Esto se debió, precisamente, al planteamiento de algunas de ellas, y de no pocos activistas, a favor de prohibir el tránsito del bus o, incluso, al hecho de solicitarle al gobierno un pronunciamiento en contra. ¿Por qué es necesario siempre acudir a las “faldas” del gobierno para, en este caso, contradecir un mensaje equivocado? Por supuesto, se puede acudir a él para garantizar una convivencia pacífica, basada en la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, pero ¿es necesario incitarlo a que se sume, de manera partisana, a la batalla cultural de la que el bus da cuenta? Por lo demás, los promotores del bus —en buena medida, gracias a la publicidad gratuita que le dieron dichas organizaciones y activistas— lograron instalar la idea de que las demandas del mundo de la diversidad sexual serían totalitarias: que implicarían imponerle al resto una manera de pensar y de vivir. ¿Es esto cierto? Aquí entramos al tema de fondo.

¿Qué es lo que se estaría imponiendo? La llamada “ideología de género”, concepto al que me referí con mayor detalle en una columna anterior. Aquí sólo diré que, para importantes sectores conservadores —entre los que se encuentran los promotores del famoso bus—, esta ideología consistiría esencialmente en dos cosas: a) toda doctrina que desafíe el “orden natural” en materia sexual, es decir, que apunte a legitimar (cultural y legalmente) las identidades LGBTI; y b) en particular, el reconocimiento del derecho de las personas trans a modificar su carnet de identidad de acuerdo a su autopercepción de género.

Para dichos sectores, la imposición estatal se daría por el solo hecho de que el estado reconozca (por ejemplo, en términos legales) a las personas LGBTI como normales y, por lo tanto, con los mismos derechos que las que no lo son. Es decir, la pura circunstancia de que el estado abandone la visión de sexualidad que ellos defienden (patologizante, heteronormativa, procreacionista y discriminadora) constituiría una especie de “vuelta de tortilla” en contra de las personas heterosexuales y sus familias, que son la mayoría en términos estadísticos (esto nadie lo discute).

Pero el punto débil de este planteamiento es que las demandas de la población LGBTI no son excluyentes, sino, por el contrario, incluyentes e igualitarias desde un punto de vista jurídico. En concreto, al defender la idea de que las parejas del mismo sexo deberían tener derecho al matrimonio, no se está diciendo que habría que negárselo a las heterosexuales. En cambio, lo que buscan los conservadores es negarles este mismo derecho a lesbianas, gays y bisexuales. ¿Quiénes son, entonces, los impositivos?

Y hay otro punto clave: ¿por qué sería “ideológica” la aceptación de la diversidad sexual y no su rechazo?; ¿por qué no lo sería la creencia de que “lo normal” es que la sexualidad humana se oriente de modo esencial a la reproducción, que es lo que plantean los defensores del bus?; ¿por qué el estado debería matricularse con una determinada visión de la sexualidad (procreacionista) en vez de ser neutral y no acoger ninguna como “oficial”? Y si las “acoge”, lo debería hacer, únicamente, para propiciar reglas del juego que permitan que todas ellas puedan expresarse de manera pacífica, especialmente a través del acceso a los mismos derechos.

Por último, y de manera muy breve, me quiero referir a una sola de las tres frases del bus. “Con mis hijos no te metas”, y a la luz de los planteamientos de su vocera, Marcela Aranda, no da cuenta sólo del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sino al supuesto derecho a discriminar y a excluir a los niños LGBTI. Una gran pregunta, en clave liberal, es si es deber del estado promover la inclusión legal y social de todas las personas, en particular de quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados.

Si bien, me parece, un colegio particular debe ser autónomo para enseñar lo que quiera (creo que el estado no debería imponer nada en materia de contenidos), la cuestión es si tiene el derecho a discriminar, por ejemplo, a expulsar a un niño trans o a un adolescente gay por el solo hecho de poseer estas identidades. Se trata de un tema en debate, a pesar de que en Chile exista una legislación al respecto (la Ley Zamudio), pero el sentido común indica que una sociedad armónica es aquella en que el conjunto de las personas, salvo minorías fanáticas (como grupos neonazis), acepta que todos son iguales en términos morales, por lo que deberían ser reconocidos como “otros” con los mismos derechos. Y, considerando el aforismo jurídico “dónde existe la misma razón, existe la misma disposición”, ¿podría considerarse una imposición que el estado promueva normas de buen trato en colegios en favor de los niños migrantes, especialmente afrodescendientes?

El punto de fondo, en una sociedad que se precie de libre, es si el estado debería establecer que algunas identidades sexuales, que no producen daño contra terceros, son patológicas y que, por lo mismo, no se les conceda ningún tipo de reconocimiento que se oriente a garantizarles el derecho a construir un proyecto de vida propio, como lo es la formación de una familia o la expresión de la identidad de género autopercibida. ¿Por qué sería esto totalitario?

El peso de la prueba lo tienen los conservadores, que insisten en hablar de “ideología de género”. De partida, porque hay en el bus un cierto equívoco, pues al usar los lemas de la “libertad de enseñanza” y de “menos estado y más familia” —en apariencia correctos—, sin embargo, está pidiendo que sea precisamente el estado quien dirima contra el reconocimiento de las personas LGBTI, y esto último, sin ninguna duda, es completamente antiliberal.  

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Reforma estatal, no educacional

Si en algo ha sido criticado el gobierno de la Nueva Mayoría, es por las reformas que ha impulsado en materia de educación escolar. Y es que el gobierno se las emprendió contra el sistema, siendo sus efectos muy contrarios a los adivinados por sus ideólogos: en la medida que se elimina el copago, muchos colegios particulares subvencionados se están privatizando; mientras insisten en convertir la selección escolar en una especie de bingo, los directores apelan a exiguos méritos (como, por ejemplo, el orden de llegada); al tiempo que se elimina el lucro, sólo queda uno que otro cura, monja u hombre de buena fe dispuesto a invertir en educación para los sectores más vulnerables. Pero la historia no se agota aquí.

En las próximas semanas es muy probable que se despache la reforma que crea el nuevo Sistema de Educación Pública. En simple, el proyecto busca desmunicipalizar la educación escolar para centralizarla nuevamente en el Estado. Para ello, el gobierno propone crear un verdadero entramado de burocracia estatal: dirección de educación pública, servicios locales, consejos locales (quizás lo más positivo del proyecto), además de todo lo que ya actualmente existe: el ministerio central, la agencia de la calidad, la superintendencia de educación, los secretarios regionales, los departamentos provinciales, etc. La existencia de todo este aparataje estatal se justificaría para que, en última instancia, los principales responsables del trabajo de educar reciban lo que les quede de recursos públicos.

Actualmente, el Estado le transfiere a la educación pública municipal alrededor de 120 mil pesos mensuales en promedio por cada alumno que se educa (por concepto de subvenciones de todo tipo). Sin embargo, el gasto total que el Mineduc realiza en educación pública es de 215 mil pesos en promedio por alumno. Es decir, casi la mitad del gasto que el Estado realiza en educación pública se diluye en burocracia, cargos políticos, programas de apoyo y un largo etcétera de políticas que no son decididas por los principales conocedores de las necesidades y complejidades que supone educar al segmento más desfavorecido de la sociedad, y que, por supuesto, tampoco tienen la oportunidad de influir.

¿Por qué, entonces, erigir un nuevo sistema estatal aún más obeso que el anterior? Es de público conocimiento que muchos municipios no dieron el ancho para entregar una buena educación. Municipios emblemáticos como Valparaíso, Cerro Navia o San Fernando, no sólo postergaron las oportunidades que sus niños merecían, sino que, combinados los escasos recursos que reciben con una mala gestión municipal y antecedentes de corrupción, endeudaron a sus municipios en cifras que sus operadores políticos ni siquiera comprenden. Y es que la educación municipal ha sido el principal botín de muchos alcaldes y partidos políticos para devolver favores electorales.

De este diagnóstico, sin embargo, no se sigue necesariamente una centralización de la educación. Hay sobrados casos exitosos de buena administración municipal y buena calidad en establecimientos municipales. Por ello es que el problema, más allá de las falencias que ciertos municipios puedan tener, parece estar en los incentivos que los distintos actores tienen dentro del sistema. El gobierno central no tiene intereses políticos muy distintos a los que tienen los alcaldes; al final del día, son los mismos partidos y operadores políticos los que presionan a las autoridades públicas.

La insistencia del gobierno en sacar adelante este proyecto parece estar motivado más por la épica reformista basada en el estatismo que por soluciones asociadas a un diagnóstico frío y responsable. La gran mayoría de los países de la OECD tiene descentralizada la educación en sus gobiernos locales y hay consenso entre los expertos en cuanto a que los establecimientos tengan un alto grado de autonomía en la toma de decisiones y estén alejados de los conflictos de interés. Una buena alternativa a la del gobierno (y no tan distinta en apariencia), es la de Beyer (2016), donde las mismas instituciones que busca crear el actual proyecto quedan debidamente separadas de los intereses políticos, quedando en manos de organismos autónomos del gobierno central, con un alto grado de participación de la sociedad civil y comunidad escolar. En este sistema, los incentivos quedarían debidamente asignados para que los distintos actores apoyen, sin conflicto alguno, a los establecimientos. Estos últimos, por supuesto, tendrían a su vez la suficiente autonomía para desarrollar sus proyectos educativos.

Este proyecto, en síntesis, corona la típica forma de hacer política (de la vieja y mala): donde el discurso está totalmente disociado de la realidad. Mientras el oficialismo hace un par de semanas rasgaba vestiduras a favor de la descentralización, ahora no se arruga en insistir en la política más centralizadora de los últimos treinta años. Una política, en suma, donde las palabras ni siquiera generan realidades, sino las distorsionan.

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Bachelet y los niños

SI A ALGUIEN le quedaban dudas acerca del ambiguo compromiso de la Presidenta Bachelet con las mujeres, el papel de La Moneda en el rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la comisión Sename viene a corroborarlo. Decir algo así, es cierto, suena radical y hasta contra intuitivo. Dado que las chilenas tenemos, por fin, un ministerio para nosotras, debiéramos estar felices. Además, se ha intentado mantener los altos niveles de representación sustantiva logrados durante el gobierno anterior. Se entiende por tal la promoción de los intereses, en este caso los de las mujeres, tratando de capturar el contenido de las decisiones que las beneficiarían. Ahí están medidas como la ley de cuotas, políticas para promover el emprendimiento femenino y la energía colocada en la tramitación de una ley de despenalización del aborto por tres causales, todavía en trámite. Se ha tratado, en síntesis, de combinar la “política de la presencia” (una mujer a la cabeza del país) con la “política de las ideas”.

Anne Phillips, impulsora de esta diferenciación, defiende que las mujeres tengan una identidad distintiva como grupo social, basada en una serie de intereses comunes como el cuidado de la familia, los derechos reproductivos o la igualdad de oportunidades laborales y educativas. Esta afirmación, puntualiza, no debe conducir a aseveraciones de carácter esencialista respecto a su identidad. Por lo demás, añade, hombres y mujeres nos encontramos atravesados por distintas identidades, las que pueden predominar de manera indistinta en diferentes momentos de nuestras vidas. Señala que la variedad de identidades de las mujeres no invalida el hecho de que parte de sus preocupaciones vienen marcados por el sexo y que el argumento de los intereses no se establece, por tanto, de acuerdo a unos unificados pétreamente en torno a las mujeres sino más bien en cuanto a sus diferencias con relación a los que movilizan a los hombres.

Por tanto, no es exagerado afirmar que lo que se relacione con la infancia es algo que preocupa a las mujeres superando, incluso, eventuales diferencias ideológicas. Que Bachelet la consignara como prioridad durante su primer mandato posibilitó un cambio social en la conversación sobre los niños, que solían entrar a la agenda política cuando acontecía alguna tragedia en los recintos del Sename. Impulsó en 2006 la creación del programa Chile crece contigo, en el marco de un sistema intersectorial de protección social. Lo sustentó en la apelación a una “ética del cuidado”, extraída de la filosofía moral feminista y que explica, en parte, la solidaridad de género que logró concitar. El esfuerzo del Consejo Nacional de la Infancia por elaborar una política nacional con enfoque de derechos no ha logrado sobreponerse a la imagen de un Estado abandonando a 1.313 niños, hasta llegar a su muerte.

Por lo demás, se ha señalado que la Bachelet que regresó de Nueva York era muy distinta a la primera. Sin embargo, en lo que a este tema concierne, resultaba difícil imaginar cuánto.

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