Álvaro Bisama's Blog, page 122

Cuando el clima revela lo que se esconde bajo la alfombra

Esta columna fue escrita junto a Juan Barrientos Maturana, SmartCityLab Usach

Tras la reciente nevazón en Santiago, hemos sido testigos de una serie de falencias que afectan las aspiraciones de que la capital se convierta en una smartcity de clase mundial.

Cuando hablamos de ciudades inteligentes, nos referimos a espacios urbanos que están al servicio de la calidad de vida de sus habitantes, pero cuando tenemos eventos climáticos como los que hemos vivido este año, comprobamos que estamos algo lejos de esa realidad.

En primer lugar, estas inclemencias nos recuerdan el enorme deber que como sociedad tenemos con aquellas personas que están en situación de calle y que son quienes, con mayor rigor, viven estas inclemencias. Más allá de la natural sorpresa y alegría que genera la nieve sobre Santiago, no debemos olvidar que en la capital aún hay personas que no tienen un techo donde cobijarse o que habitan viviendas precarias que no resisten lluvias -menos aún, una fuerte nevazón-.

Según datos del municipio de Santiago, habría unas 1.200 personas en situación de calle solo en esa comuna, lo que hace suponer que en toda la provincia la cifra podría, incluso, duplicarse. Estamos hablando de seres humanos que duermen en veredas, cobijados con techos de cartón, en medio de la lluvia y, en este caso, de la nieve. ¿Es esta una realidad posible de obviar, si se pretende que Santiago sea una capital de clase mundial?

Por otra parte, también deben abordarse los fenómenos climáticos que afectan de manera inusitada la provisión de servicios básicos. Cortes de agua y de energía eléctrica se han vuelto normales cuando hay un par de horas de lluvia continua e intensa, o nieve. De hecho, por esto último, se registraron cortes de luz en las comunas de Las Condes, Vitacura, Cerrillos, Providencia, Lo Barnechea, Santiago, Peñalolén, La Florida, Lampa y Lo Prado. Dos días después del evento, aún continuaban más de 9 mil personas sin este suministro. Al respecto, la prensa dio cuenta de situaciones dramáticas, desde la pérdida de víveres hasta la angustiante situación de pacientes electro-dependientes.

Es difícil responder cómo una ciudad capital como la nuestra puede ser tan inestable y frágil ante estos eventos climáticos. Ni hablar de otros suministros, como la red de Internet, que también se ve afectada en diversos sectores, pero que no genera mayor revuelo al no ser un servicio de primera necesidad.

¿Es posible pensar en una ciudad inteligente, cuando la capital queda a oscuras ante eventos climáticos que, al parecer, son cada vez más frecuentes? Gran tarea tienen las empresas privadas a cargo de estos servicios monopólicos, pero aún más importante es la labor que le corresponde a los legisladores, que representan a la ciudadanía y, por lo tanto, deben exigir que esos monopolios sean sustentados por empresas que se anticipen y respondan adecuadamente. Una ciudad se hace inteligente cuando planifica y enfrenta las crisis de manera armónica. Santiago no solo sufre con los sismos sino que también, y aunque parezca increíble, cuando llueve.

Es momento de entender que una ciudad se construye entre todos, actores públicos y privados que deben hacer su tarea: por un lado, fiscalizar y poner un marco regulatorio; y, por otro, dar las garantías de continuidad del servicio. Al centro deben estar los que más importan: los ciudadanos.

La entrada Cuando el clima revela lo que se esconde bajo la alfombra aparece primero en La Tercera.

¿Quién le pone el cascabel a las FF.AA. y carabineros?

El programa Informe Especial (TVN) denunció abusos en el pago de pensiones por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). Éstas habrían sido otorgadas –específicamente por inutilidad de segunda clase equivalente a invalidez parcial en el sistema común- a ex miembros de las Fuerzas Armadas, quienes no presentarían ninguna “inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas” requisito que exige la normativa legal (artículo 22 DFL 209 de 1953).

Independiente de la ilegalidad de estos beneficios y que se hace necesario revisar a la brevedad, esta acusación  pone además en el tapete un tema de aún mayor relevancia: la falta de transparencia y de control en la gestión de estas instituciones.

En momentos en que el tema pensiones reviste una especial sensibilidad para la gran mayoría de la población, la noticia no deja indiferente a nadie. Más aún, si estas inexistentes incapacidades fueron “calificadas” en forma exclusiva por las Comisiones de Salud de cada rama, sin la intervención de organismos externos ni de posteriores reevaluaciones en el tiempo. Y con mayor razón si a esto hay que agregarle que estas pensiones de invalidez fueron otorgadas a cuatro condenados por delitos de lesa humanidad, quienes siempre se han mantenido en situación de plena capacidad física y síquica.

Por lo mismo se requiere reanudar con fuerza el debate sobre el alto gasto fiscal previsional en las Fuerzas Armadas y Carabineros y sobre la necesidad de un sistema único de pensiones para todos los chilenos. Y en momentos en que se debate el futuro del sistema previsional, esto plantea desde ya dos interrogantes: 1) ¿Se justifica la exclusión a las Fuerzas Armadas y de Orden del sistema previsional general?; y 2) En caso de mantenerse este privilegio, ¿cuáles debieran ser los estándares mínimos de debido cuidado en la labor que se ejecuta?

En cuanto al primer punto, es necesario tener presente que la pensión promedio por vejez en el actual sistema es de $192 mil. Esto contrasta fuertemente con los también en promedio $ 2,3 millones que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA. a través de Capredena, financiado con los impuestos de todos los chilenos (Ciper, Enero 2017). Hoy solo el 0,7% del gasto fiscal cubre el financiamiento del Pilar Solidario (para 1,3 millones de personas) mientras que el 1,4%  de éste se destina exclusivamente a las pensiones de las Fuerzas Armadas (menos de 200 mil personas). Por lo mismo, la Ley de Presupuestos 2016 tuvo que destinar cerca de US$ 2300 millones para el pago de las pensiones de Capredena y Dipreca, lo que significa un enorme gasto público en detrimento de muchas otras prioridades sociales.

Por otra parte, en abril recién pasado y sólo después que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados detectara irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena, Dipreca y Gendarmería, y que la Contraloría General de la República iniciara un proceso de revisión de éstas, el Ministerio de Defensa se limitó a realizar una tímida petición a las FF.AA.: que revisara el proceso de calificación a beneficiarios, pero sin producir ningún efecto retroactivo.

Pero éstas no son las únicas irregularidades vistas en el sistema de pensiones fiscales. Se les suman otros numerosos abusos–los de mayor visibilidad han sido los jubilazos de Gendarmería, entre los cuales se encontraba el de Myriam Olate, esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS)-. Recientemente este medio publicó el gran número de ex uniformados jubilados que están recontratados en las FF.AA. Por lo tanto, no cabe duda que el sistema de reparto público en las ramas castrenses está siendo administrado a lo menos negligentemente y sin ningún control estatal.

Por lo mismo, y en relación al segundo punto planteado, resulta inaceptable que las autoridades institucionales hayan permitido la consagración de una cultura de falta de fiscalización. Esto permitió, por una parte, que se formara en Carabineros una extensa red de corrupción, produciéndose el mayor escándalo financiero (fraude superaría los $25 mil millones) en la administración de fondos públicos, con escasas responsabilidades política o administrativa.

Adicionalmente, en el Ejército se detectó un fraude por algo más $5 mil millones, cometido por funcionarios militares con la Ley Reservada del Cobre, siendo removidos seis de ellos pero dejándose a dos coroneles sin sanciones por acogerse a retiro antes de iniciada la investigación interna.

Por supuesto que ahora surgieron nuevas voces parlamentarias pidiendo una ley corta para terminar con las “inaceptables asimetrías entre pensiones de civiles y uniformados”, con lo que la oposición rebatió de inmediato solicitando también la revisión de las pensiones de los falsos exonerados. Reacciones inmediatas en un tema de tanta profundidad no logran mucho más que una simple catarsis ante la opinión pública. Lo sorprendente es que después de seis gobiernos en democracia, ninguno de ellos se haya atrevido a transparentar, modernizar y subordinar la gestión administrativa de las FF.AA. a controles mínimos. Todavía más curioso resulta aún, que habiendo sido previamente ministra de Defensa, la Presidenta Bachelet en ninguno de sus dos gobiernos haya podido modernizar las Fuerzas Armadas y de Orden.

Sin perjuicio de reconocer la contribución histórica que han hecho las FF. AA. y de Orden a la construcción de nuestro país, en términos generales resulta inadmisible la desprolijidad -¿o el abuso?- con que se ha que se ha llevado su gestión contralora interna. Por otra parte, la exigua fiscalización de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha colaborado en forma importante en la creación de un marco de impunidad total política y administrativa. Y por lo mismo, la ciudadanía espera que en el próximo gobierno se revierta esta pasividad de las autoridades, tanto de las respectivas ramas como de las autoridades gubernamentales, empezando por ordenar el tema de los abusos en las pensiones pagadas por todos los chilenos.

La entrada ¿Quién le pone el cascabel a las FF.AA. y carabineros? aparece primero en La Tercera.

Punta Peuco

El proceso electoral ha tomado un curso que hasta hace unos pocos meses habría resultado impensable: la Nueva Mayoría dividida va con dos candidatos y dos listas parlamentarias; las primarias tuvieron una participación de Chile Vamos inesperadamente alta y contrastantemente baja en el Frente Amplio; la campaña de Alejandro Guillier no acaba de comenzar, empantanada en disputas bizantinas con los partidos que lo apoyan.

En este contexto se consolida el favoritismo del ex presidente Piñera y no se vislumbran posibilidades reales de que el senador Guillier pueda repuntar de manera significativa. Así la única esperanza del oficialismo se ha desplazado a los esfuerzos que pueda hacer el gobierno con las herramientas que le da el control de la agenda legislativa y las medidas que la administración del estado le permiten.

El ejemplo clásico de la reforma laboral, presentada pocas semanas antes de la elección de 1999, inspira la imaginación de los que buscan elaborar una agenda que instale ejes de debate en que la posición de los parlamentarios de centroderecha sea minoritaria en el conjunto del país. Poco importa que los proyectos que se presenten no tengan ninguna posibilidad de convertirse en ley en los pocos meses que le restan a esta legislatura, ni que medidas como el cierre de Punta Peuco abran un debate tan artificial como ajeno al objetivo de una efectiva justicia.

Es de toda lógica anticipar que este cierre se llevará a cabo en las próximas semanas, probablemente en el mes de septiembre, y que se trasladará a los internos que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos a cárceles comunes como Colina II u otras. La espectacularidad de estos movimientos, así como la identidad de algunos de los condenados, llevará a los medios de comunicación a revivir los hechos de nuestra historia asociados a sus delitos y nos devolverá por algunos días al recuerdo de los tiempos de violencia y división asociados a la crisis de nuestra democracia en la segunda mitad del siglo pasado.

Pensar que casi tres décadas después de finalizado el gobierno de Pinochet se puede deslegitimar la candidatura de Sebastián Piñera, que estuvo públicamente en la oposición en aquella época y que en el período inmediatamente anterior al actual hizo una gestión tan moderada en lo político como exitosa en lo económico, es sencillamente voluntarista.

Por otra parte, no cabe duda que una medida como esta afectará humanamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, que guardarán silencio respetando el profesionalismo y disciplina que les son propios. Pero ello no significa que les sea indiferente que antiguos mandos y suboficiales, más allá de lo que hayan hecho, terminen sus días entre delincuentes comunes.

¿Se justifica resentir de esta manera la moral de nuestros uniformados, se hace por un imperativo de justicia? No, apenas se buscan unos puntitos más en la próxima encuesta.

La entrada Punta Peuco aparece primero en La Tercera.

Democracia inconclusa

Ante la decisión de la derecha de llevar al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de aborto en tres causales, el expresidente Piñera ha señalado que “las mayorías no pueden hacer cualquier cosa y que para eso está la Constitución”. En efecto, la historia de la democracia chilena, a partir del año 90, ha sido la de una larga brega por lograr que las mayorías puedan expresarse -es decir, hacer lo que democráticamente quieran- a pesar de la Constitución.

La singular propuesta, que surgió hace un tiempo del propio expresidente, de crear un “Museo de la democracia” tendría como resultado un relato histórico -si predominara una mínima probidad intelectual- sobre la imposibilidad de la soberanía popular de poder expresarse a cabalidad bajo el régimen político post 90. Dicho Museo imaginario tendría que dar cuenta de cuestiones tan poco explicables, en términos democráticos, como que el dictador siguió por casi ocho años de Comandante en Jefe del Ejército y, luego, por un breve período, de senador vitalicio. Consignar la inamovilidad de los Comandantes de las FF.AA. y de Orden y los poderes extrademocráticos del Consejo de Seguridad Nacional, expresión de la no sujeción plena del poder militar al poder civil. Debería contar y explicar por qué, hasta el año 2005, existieron senadores designados y cómo un sistema electoral binominal combinado con altos quórums constitucionales transformaba a la mayoría en minoría tras cada elección. A su vez, este singular Museo debería dar cuenta de quienes se opusieron sistemáticamente a modificar estos mecanismos e instituciones contramayoritarias.

Dicho relato histórico se prolongaría hasta hoy describiendo el rol que ha pasado a jugar el TC -tomando la posta que dejara el fin de los senadores designados y del sistema binominal- como resorte contramayoritario principal, responsable de evitar que las “mayorías hagan cualquier cosa”. Un Tribunal de composición binominal y, hoy, de mayoría conservadora, donde no se oirán argumentos jurídicos y políticos distintos a los que se han dado en el largo debate parlamentario sobre el aborto en tres causales, y donde se fallará, en consecuencia, con un criterio estrictamente político.

Tanto así que la única posibilidad de que éste no baje el proyecto depende de que sus integrantes conservadores ponderen que es mejor -por esta vez- no contravenir de manera tan flagrante la voluntad parlamentaria y la mayoría social que respalda esta causa y, así, no acentuar el acelerado desgaste de legitimidad que el TC ha venido sufriendo.

El resultado del TC aun no lo sabemos. Lo que es bastante seguro es que el “Museo de la democracia” no prosperará, no solo porque como idea es algo atrabiliaria, sino porque, al contrario de lo que sus promotores quisieran, no terminaría contando la historia de una transición ejemplar sino la de una democracia tutelada e inconclusa.

La entrada Democracia inconclusa aparece primero en La Tercera.

Propuestas para la protección del patrimonio

En las últimas semanas ha habido un intenso debate sobre declaratorias de monumento nacional de inmuebles cuyos propietarios cuentan con un anteproyecto o permiso de edificación ya aprobado para desarrollar en su lugar otros proyectos. Como gremio no cuestionamos las motivaciones de quienes promueven estas declaratorias. Están en su derecho. Lo cuestionable es que el Estado actúe en un sentido -al aprobar un anteproyecto o permiso de edificación- y luego sea el mismo Estado el que pretenda desconocer sus propios actos, dañando la estabilidad jurídica esencial para el desarrollo de cualquier proyecto de inversión.

Ahora bien, más allá de estos casos en particular, nos sumamos a quienes han sostenido que, salvo excepciones, las declaratorias patrimoniales inducen al deterioro del bien que se quiere proteger. ¿Por qué? Porque no van asociadas a financiamiento y porque, si bien es la sociedad la interesada en resguardar un inmueble, la carga de su conservación recae solo en su propietario. Además, la conservación patrimonial está regida por un marco normativo obsoleto y demanda la siempre difícil coordinación de múltiples instituciones, como gobiernos locales, organismos técnicos y ministerios.

Preocupado por estas falencias del sistema -y conscientes de que la protección del patrimonio arquitectónico es clave para la construcción de la identidad nacional- nuestro gremio ha desarrollado un conjunto de propuestas que esperamos contribuyan a una política sustentable de conservación patrimonial.

Entre sus aspectos centrales, creemos necesario comenzar porque se replantee el rol de Estado en esta materia, lo que significa que debe asumir los costos que ello implica y a partir de esta base evaluar qué y cómo conservar.   Toda declaratoria, además, debiera ir asociada al financiamiento para la conservación del inmueble. Para ello se podría recurrir a aportes directos -contemplados en la Ley de Presupuesto- y a aportes indirectos, implementando medidas como crear una Ley de Donaciones específica para inmuebles patrimoniales de propiedad privada que cuenten con un plan estudiado de visita del público -y así permitir que empresas y personas puedan donar directamente a sus propietarios para conservación, mantención, reparación, restauración o reconstrucción-, activar un crédito tributario para la gestión de inmuebles patrimoniales o fomentar mecanismos de concesión cuando estos sean de propiedad fiscal, entre otras.

En paralelo, y para equilibrar la salvaguarda del patrimonio con el derecho de propiedad, el Estado tendría que hacerse cargo del costo de oportunidad generado al propietario y compensarlo para restituir su situación económica original, así como permitir que pueda exigir la expropiación obligatoria del inmueble. Desde el punto de vista normativo institucional, proponemos que se actualice el concepto de patrimonio y sus categorías y que se integren todas las categorías patrimoniales bajo un marco único.

El documento que contiene y desarrolla estas propuestas está disponible en nuestra página web (cchc.cl) y como gremio ofrecemos toda nuestra colaboración a las autoridades y la sociedad para avanzar hacia una política moderna y sustentable de gestión del patrimonio arquitectónico del país.

La entrada Propuestas para la protección del patrimonio aparece primero en La Tercera.

¿Estamos preparados para enfrentar la Ley de Inclusión?

La educación chilena vive un momento desafiante. Tanto la implementación de la Ley de Inclusión Escolar como el Plan Nacional de Educación Pública nos fuerza a reformular nuestras acciones y articulaciones entre investigación, política pública y el contexto escolar.

Estas políticas reclaman un cambio profundo en las prácticas escolares cotidianas. Nos exigen una revisión y actualización de los referentes conceptuales, éticos y modos de comprensión y acción para trabajar temas de diferencia, normalidad, inclusión y diversidad.

Un atributo deseable de la escuela hoy se traduce en que éstas debieran ser espacios de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones sociales, culturales, étnicas, religiosas, etc., como queda plasmado en muchos de los documentos oficiales. Sin embargo, la pregunta que prima es ¿cómo se hace para generar estos espacios plurales, heterogéneos y democráticos, cuando estas políticas se implementan en un contexto educacional reconocido internacionalmente, como altamente segregado y segregador?, ¿cómo se logra cambiar una cultura escolar segregadora si la política insta a que la mezcla de estudiantes ocurra en establecimientos particulares subvencionados y municipales sin alcanzar a los establecimientos particulares?

Por otro lado, se está haciendo un esfuerzo por lograr que todos y todas las estudiantes tengan acceso a la escuela, pero la pregunta es ¿qué sé hace una vez que se tiene a todos y todas las estudiantes dentro del espacio escolar? Es decir, este no es solo un problema de acceso, sino que, más importante aún, nos insta a hacernos cargo de las formas en que se produce segregación en las prácticas cotidianas. Puntualmente, ¿cómo se educa con calidad en contextos escolares en donde el racismo, la xenofobia, el clasismo, operan de manera naturalizada? ¿Cómo se implementa una práctica pedagógica, de gestión, disciplinar no discriminadora, plural y democrática, si los actores (profesores, profesoras, profesionales, administradores) no han sido formados en reconocer y nombrar el racismo, misoginia, clasismo, xenofobia, que sus propias prácticas profesionales reproducen?

Junto con lo anterior, debemos avanzar en considerar que “el problema de la diferencia” no está puesta en los sujetos “que portan la diferencia” sino que en aquellos (mayoritariamente adultos, según lo que indican consistentemente las encuestas nacionales) que diferencian y jerarquizan las diferencias en relación a normalidades atribuidas y naturalizadas.

El llamado de la política a producir contextos escolares inclusivos ha provocado una serie de acciones que se traducen en nuevos centros de investigación con fondos estatales importantes, múltiples equipos de investigadores e investigadoras focalizando esfuerzos en aportar nuevas formas de pensar lo diferente para apoyar tanto la formación de profesores y profesoras como a los y las docentes que se encuentran en ejercicio y los profesionales que diseñan políticas. Sin duda, que esperamos que el nuevo gobierno, fuese cual fuese, continúe y refuerce estas iniciativas y organice sus acciones considerando el trabajo ya avanzado.

La entrada ¿Estamos preparados para enfrentar la Ley de Inclusión? aparece primero en La Tercera.

Fundación Jaime Guzmán, negacionismo y amenazas al Nunca Más

En su columna “Bus de la libertad, verdad histórica y amenazas a la libertad de expresión”, el abogado Máximo Pavez, firmando como director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, critica el proyecto que busca sancionar a quienes nieguen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile durante la dictadura cívico-militar. Para ello, recomienda ver mi intervención durante la sesión de la Comisión de Constitución en que lo aprobamos en primer trámite, intentando fundamentar su tesis de que sería una iniciativa “totalitaria”. A su juicio, de prosperar el proyecto, si una persona “no piensa igual que una determinada mayoría parlamentaria circunstancial respecto a ciertos episodios concretos de la historia de Chile, podría terminar privada de libertad”. Además, dice que se buscaría “promover una policía del pensamiento de corte orwelliano”.

Pese a encontrarse presente en dicha sesión, -¿en tanto asesor legislativo de los diputados UDI?-, lo expresado por el columnista no se ajusta a la verdad.

El texto que despachamos no criminaliza de forma alguna ideas, opiniones o pensamientos, y mucho menos por no ceñirse a lo que Pavez considera las ocurrencias de un grupo de parlamentarios sobre “ciertos episodios” de la historia de Chile. Muy por el contrario, lo que hace el proyecto es sancionar una conducta objetiva -la negación pública-, de violaciones a los Derechos Humanos comprobadas por sentencia judicial firme de nuestros Tribunales de Justicia.

Lejos de la caricatura de “totalitaria” utilizada por el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, avanzar en una legislación contra el negacionismo en los términos señalados es un mínimo ético y jurídico para toda sociedad democrática que sufrió violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Por lo demás, también es una obligación del Estado de Chile ante los numerosos tratados internacionales suscritos, en que se comprometió a adoptar garantías institucionales, políticas y culturales para la no repetición de ellas. Se trata, entonces, de dar un nuevo paso para la aplicación concreta del Nunca Más.

Los diversos pero aun insuficientes esfuerzos en esa línea, como las comisiones Rettig y Valech, acreditaron más de 40 mil víctimas directas de los brutales atropellos de la dictadura de Pinochet, incluyendo ejecutados, desaparecidos, torturados y presos políticos. Sumados a los más de 200 mil exiliados, fueron un cuarto de millón de compatriotas a quienes se les conculcó de la peor forma sus derechos básicos.

Negar esa realidad hoy constituye una nueva afrenta a esos miles de chilenos y chilenas. Es volver a ofender y humillar a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Es vulnerar la dignidad de las personas y de nuestro propio país, debilitando los esfuerzos para asegurara que estos crímenes terribles no se vuelvan a repetir.

Negar esa realidad es una clara amenaza al Nunca Más.

La entrada Fundación Jaime Guzmán, negacionismo y amenazas al Nunca Más aparece primero en La Tercera.

Expertos versus ignorantes

Cuando los políticos alegan que no pueden ser expertos en todos los temas llevan toda la razón. Aparte de impracticable, no es eso lo que se espera de un representante de la ciudadanía. Pero hay algo eso sí que olvidan, no ser experto en algo no significa ser ignorante sobre lo mismo. Entre la experticia y la ignorancia hay un largo trecho por donde moverse y es en algún punto intermedio donde uno esperaría se situara una persona con responsabilidades en la conducción del país.

Es realmente preocupante que un candidato a la Presidencia, que además es senador de la República, afirme que el terrorismo solo puede ser ejercido por agentes estatales y que los privados solo pueden realizar actos de violencia, idea que en vez de corregir luego reafirmó diciendo que, “en los tratados internacionales y en el derecho comparado, el terrorismo es un concepto que refiere a la acción de agentes del Estado”. O que otro precandidato y también senador no sepa a qué se refiere el Acuerdo de París y menos el haberlo votado favorablemente en el Parlamento. U otra perla, la de la ministra Secretaria General de Gobierno, quien le ofreció públicamente asistencia profesional a Nabila Rifo para que demandara en foros internacionales al propio Estado que ella representa.

Sin duda, la exposición ante los medios es en extremo compleja y cualquiera puede tener un lapsus o cometer un error cuando está constantemente expuesto a ellos sobre infinidad de cuestiones. Por lo mismo, lo primero que uno le pide a quien asume estos roles es una intensa preparación para saber y tener opinión respecto a todos los temas relevantes sobre los cuales eventualmente pueda ser consultado. Por supuesto, saber de qué se trata y tener una opinión está muy lejano a ser experto en esos temas. No se necesita serlo en terrorismo, por ejemplo, para saber que las bombas puestas en lo últimos años en Santiago por grupos anarquistas sí constituyen un acto de ese tipo; no se requiere tampoco ser un jurista para saber de qué va el Acuerdo de París ni que el Estado no se puede auto demandar.

Es precisamente a un rudo y exhaustivo test ante la opinión pública al que se somete consciente y voluntariamente quien se presenta a candidato a la Presidencia o acepta ser vocera del gobierno, pues existe un interés legítimo en conocer sus opiniones y escrutar sus actos y decisiones. La presión de los medios no es algo inoportuno o de mal gusto, sino lo que se espera que ellos hagan en cumplimiento de su función. Queremos ver precisamente cómo se comportan ante esa situación y qué tan preparados se encuentran.

Dicho eso, más allá de pretender que respondan correctamente todas y cada una de las veces que tengan un micrófono al frente, la ciudadanía debiera estar especialmente atenta a la forma cómo estos personajes enfrentan aquellas inevitables veces en que se equivocan.

No podemos quedar satisfechos si las respuestas son simplemente que no se puede ser experto en todos los temas o, peor todavía, si consisten en insistir en la equivocación o en pedirle a otro que salga a enmendar su metida de pata.

La entrada Expertos versus ignorantes aparece primero en La Tercera.

Almas muertas

Se afirma fundadamente que un alto porcentaje de las personas que estuvieron en el Sename posteriormente se convirtieron en delincuentes. Este es un servicio en el que, inexplicablemente, el Estado ha mantenido por décadas una conducta sistemática en contra de la dignidad humana. La información que ahora conocemos revela las condiciones extremas de castigo físico- y sobre todo psíquico- que menores indefensos han experimentado. Para quienes de allí egresan, no existen políticas públicas ni oportunidades laborales. Más temprano que tarde, entonces, serán atrapados y encerrados en la cárcel, una y otra vez. Un círculo de vicio y peligro que engulle a personas que han vivido dependiendo del punzón y el formón por si ven el amanecer. Esto es responsabilidad de un Estado que no ha velado por los derechos humanos de esos niños y que no ha educado ni creado condiciones elementales para ellos. Tal responsabilidad es imprescriptible.

Estos seres no movilizarán a nadie por las calles. Ni un solo revolucionario de moda moverá un dedo por ellos; no estarán jamás en la mesa del grupo “No más Esto o lo Otro”, ni en los de salvemos el río tal o cual, o en los del bus naranja ni en sus adversarios que lo persiguen. En verdad, ¿quién querría salir a marchar por los derechos de unos delincuentes, menos si son los que han causado daño y terror a las personas?

Nadie; pero esta opinión no se trata de eso. El tema acá es que 1.300 niños, antes siquiera de tener la oportunidad mínima de ser alguien, murieron por la omisión culpable, sino dolosa, del Estado, cuyo deber era protegerlos y educarlos para prevenir ese destino. En el Sename -el único lugar donde no podía ser posible-, fueron víctimas de algún tipo de violencia física o psíquica, de actos criminales, de desamparo, de negligencia o descuido fatal, con tal grado de maldad, que no tuvieron fuerzas para defenderse ni pedir auxilio.

¿A quién iban a llamar? Es ingenuo pensarlo ante tal nivel de desigualdad de armas. Y lo importante, lo verdaderamente serio, es que el Estado es responsable directo y objetivo, en sentido jurídico, de la muerte de esos niños, y que la ley que hoy día debiera estar en la tabla prioritaria del Congreso es la reparación de esta afrenta a los derechos humanos de esas personas y sus familias. Como mínima muestra de respeto, no debiera formarse ninguna Comisión de Diputados.

En la antigua Rusia, las tierras se transferían junto con sus trabajadores o siervos, que formaban parte de los bienes. Las personas eran llamadas “almas”, se inscribían en un registro, se vendían, y luego llegaron a ser objetos de comercio independiente. Hubo quienes, después de muertos los siervos, negociaban con los registros y obtenían ganancias o prebendas. El gran escritor ruso Nikolai Gogol habló brutalmente de esto en su obra “Almas muertas”. En Chile, hasta antes del rechazo al Informe, creíamos que los niños fallecidos del Sename iban a ser respetados, o al menos sus almas. Esperemos que no estén muertas, ni se negocie con ellas.

La entrada Almas muertas aparece primero en La Tercera.

Los desafíos de Guillier

Se cumplió medio año desde que el Partido Radical proclamó a Alejandro Guillier. Pese a ello no se observa un comando consolidado y más bien, se anuncia que ese tema se resolverá una vez recolectadas las firmas para inscribir la candidatura. Si se tiene en cuenta la ventaja que muestra el candidato de la derecha, parece natural pensar que la candidatura debería haber pisado, hace tiempo, el acelerador.

El crecimiento es un tema central de la elección presidencial. La derecha y el empresariado, ha instalado la idea de que la desaceleración de la economía es consecuencia de las reformas. Guillier no ha levantado, con suficiente fuerza, una visión más apegada a los hechos. Ello pese a que, incluso, académicos de derecha reconocen que la economía enfrenta desde hace más de 10 años un estancamiento de la productividad, un bajo gasto en ciencia y tecnología y una excesiva dependencia de los recursos naturales.

Los problemas se expresan además en que en el período indicado no han surgido nuevas actividades significativas y el país está ausente de las industrias más dinámicas de la economía mundial.

Las bases programáticas de Guillier muestran proposiciones interesantes para superar los problemas estructurales de la economía. También en el campo social donde se apuesta a terminar con la primacía de la capitalización individual en el sistema previsional y se proponen reformas importantes a las Isapres. La campaña, sin embargo no se estructura en torno a estas temáticas lo que plantea la pregunta sobre cuál será su orientación fundamental: ¿Se estructura una propuesta que priorice el crecimiento como opuesto a la profundización de las reformas (como sugiere la derecha y sectores vinculados a Espacio Público y Cieplan) o se apostará a la profundización de las reformas como camino hacia una mayor equidad que se articula positivamente con las reformas económicas orientadas a recuperar el crecimiento dinámico como efecto de un rol económico más activo del Estado, por su involucramiento en la generación de nuevas actividades productivas que incentiven las fuerzas creadoras existentes en el mundo empresarial y que permitan el crecimiento del empleo de calidad?

También la interacción con la actual administración, resulta problemática. No ayuda que frente a las proposiciones para recuperar la capacidad de crecimiento, la actual administración ponga énfasis en la reducción del déficit estructural y la contención del endeudamiento público (bajo en cualquier comparación internacional). El compromiso con el cambio en el sistema previsional de Guillier no es consistente con el inmovilismo del actual gobierno en la materia. El proyecto anunciado para julio, no tendrá espacio legislativo. Más compleja será la situación si frente al aumento de remuneraciones solicitado por el sector público, la Administración repite la estrategia confrontacional del año pasado.

Ello confirmaría las dificultades de comunicación de la coalición de gobierno con este sector, que junto con los sectores populares y los sectores medios, que han accedido a la educación superior y no ven compensados con mejores ingresos sus esfuerzos, constituyen la base social de la centroizquierda.

La entrada Los desafíos de Guillier aparece primero en La Tercera.