Álvaro Bisama's Blog, page 119

No más leseras

No recuerdo bien si fue el lunes o el martes. No tiene importancia. El asunto es que los promotores de una cosa que se autodenomina “No+AFP” salieron a la calle, tempranito, a la hora en que los tacos enloquecen a quienes deben trabajar, para “conmemorar” un año desde que hicieron lo mismo. O sea, salir a la calle.

Por lo que entiendo, la convocatoria fue más bien reducida, pero eso da lo mismo porque estamos acostumbrados a que los organizadores de marchas apliquen enormes factores de multiplicación al momento de informar su estimación de asistentes. Tampoco nos sorprende que eludan responsabilidades cuando las manifestaciones se tornan agresivas. Esos son “infiltrados”, nos advierten, así que no cuentan.

Ese día, en una radio, entrevistaron a uno de sus líderes o algo por el estilo. Se trataba de un conocido y longevo dirigente del sector salud. Uno que, por lo que se ha sabido, prefiere vehículos Mercedes o BMW o similar, pero básicamente -no se vaya a entender mal- por estrictas razones de seguridad en su dura tarea de representar los intereses del proletariado chileno.

Dijo que el país no quiere saber más de las AFP. Dijo que había que “regresar” a un modelo de reparto, más justo y equitativo (como si las cajas hubiesen cumplido tales condiciones). Dijo que era un imperativo social. Dijo varias payasadas más. Pero lo más notable fue que se metió con las pensiones de gracia a uniformados. Y habló pestes del sistema que permite a los militares retirarse a los cuarteles de invierno en edad temprana y con ingresos más que razonables. Y que todo eso, así de mezclado, hacia imprescindible terminar con las AFP.

Nota del redactor: Yo estoy de acuerdo en que el modelo de pensiones para uniformados debe ser revisado, en particular porque supone en la actualidad una mochila para el erario fiscal digna de temer. Por sus características, parece evidente que este sector debe tener una condición especial, pero eso no es lo mismo que mantener la situación vigente. Fin de la nota.

Y fue a partir de ese minuto, cuando este dirigente enredó descaradamente la crítica a las AFP con la pensión de los militares, que todo se fue a la punta del cerro. Ya lo sabemos, cuando se trata de atraer incautos, las verdades se convierten en un asunto transable. Pero el dirigente sabe bien que el modelo de los uniformados se parece mucho más al de reparto que al de capitalización individual. Que es objeto de presiones y frágil ante los intentos de apropiación indebida.

Supongo que para quienes hicieron perder millones a los afiliados, llamándolos a cambiarse al fondo E, este “errorcito” en el discurso no es más que un daño menor en su tarea de destruir un sistema y hacerse del botín (entiéndase, los ahorros de todos los chilenos, una vez que pasen a manos del Estado), pero me temo que están confundidos: lo que la gente quiere es aspirar a mejores pensiones, no a que le roben sus fondos.

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La fruta se cae de madura

No hay quién lo ponga en duda: la próxima elección presidencial se decidirá no en la orgánica de los partidos, tampoco en la sala de mando de la ingeniería electoral y mucho menos en las funciones comisarias que ejercen las redes sociales. Todo eso es adjetivo. El partido de fondo se jugará en la capacidad de las distintas candidaturas de interpretar las aspiraciones y problemas que actualmente tiene la clase media.

Si eso es cierto, la verdad es que cuesta entender por qué las candidaturas del oficialismo siguen hablando de listas parlamentarias, de firmas, de juntas nacionales, de pactos y subpactos, de comandos y generalísimos, de pareos y deserciones, y no de los temas donde realmente se jugará la elección. Hay algo de suicidio político en esta falta de sintonía, ya no fina, sino también gruesa. Porque si hay algo de lo cual la ciudadanía tiene verdadera aversión es a los acomodos y conflictos internos a nivel de candidaturas y partidos. No los resiste ni los perdona. Al revés: los castiga.

Sin embargo, desde que fuera elegida abanderada de su partido, Carolina Goic -en concreto- no ha hablado de otra cosa que de instancias partidarias y procedimientos. Que la junta, que la lista, que no piensa bajarse, que la primera vuelta y que la segunda… El discurso de Guillier, que es candidato desde hace meses y que dice que la suya es una candidatura ciudadana, no es muy distinto: que todavía falta, que las firmas ya están, que piensa presentarlas pronto, que está dispuesto a debatir donde sea, pero no antes de su inscripción oficial, y así suma y sigue. Entremedio están sus ires y venires sobre las primarias y sobre Lagos, sus divagaciones sobre los partidos y la ciudadanía, su exhortación al asado y la siesta, su nulidad respecto de los votos radicales en la Cámara para el aborto, su confianza en un liderazgo que, de tan horizontal que es, termina no siendo la negación misma del liderazgo.

Y a todo esto la centroizquierda sigue descuidando a ese sector de la ciudadanía que fue decisivo para traer de vuelta de Michelle Bachelet a La Moneda. Una clase media con poca historia y muchas vulnerabilidades, muy individualista, desconfiada con razón, relativamente nueva en la economía del consumo, tan orgullosa de sus logros meritocráticos como sensible al tema de los abusos del mercado, y para la cual el actual gobierno fue una tremenda desilusión. Lo fue por muchos conceptos: porque instaló la idea de que el crecimiento económico no era tan importante, porque descuidó el empleo, porque se olvidó de la salud privada y porque los ministros dijeron que esta gente estaba enviando a sus niños a los colegios equivocados y que el dinero que estaba gastando en educación podía guardárselo dado que ahora iba a ser el Estado el que decidiría las matrículas a través de una tómbola.

Se podría entender -aunque cueste- que el gobierno no haya reaccionado a estas decepciones por consideraciones de orgullo, de ataduras ideológicas o, por último, porque el programa ya estaba jugado en ese sentido. Lo que no se puede entender es que de ellas tampoco se hayan hecho cargo ni Alejandro Guillier ni Carolina Goic con una mirada más acogedora y receptiva. Después de todo, esta sensación de desamparo de la clase media no es de ahora. Viene de hace años y es raro, porque ni siquiera la Concertación advirtió el fenómeno, siendo que fue bajo gobiernos suyos que nació, se expandió e irrumpió este grupo social. Se pueden tener muchas reservas acerca de lo que representó en su momento Adolfo Zaldívar, que fue un zorro de la política y un maestro en eso de decir una cosa por otra, pero tenía toda la razón del mundo cuando hace 10 años repetía una y otra vez que era necesario hacerle correcciones al modelo, porque algunas cosas en él no estaban funcionando para la clase media en una dirección que fuera sustentable en el tiempo.

Tal cual: el 2011 se comprobó que no era sustentable. Desde entonces ha corrido agua bajo los puentes, pero, en lo profundo, ese Chile emergente sigue en el aire. Puede ser un síntoma de lo descalibrada que está la política en Chile el que los sectores medios tengan bastante más interlocución con la industria del retail que con los partidos o con el sistema político.

No es una genialidad estratégica -sino una fruta que se cae de madura- que el comando de Piñera esté intentando salir al encuentro de ese sector. Tal como se ha ordenado la escena política ahora último, en la actualidad la derecha está en mejores condiciones que el centro y la izquierda para entender y descifrar a esa nueva clase media. Todavía no está claro el alcance de la red de clase media protegida que ha planteado, y es obvio que si no contempla beneficios tangibles y objetivos, más que ayudarlo, podría terminar perjudicándolo. Pero está claro que en esa dirección tiene que ir, no solo con propuestas que sean verosímiles sino también con interlocutores que sean válidos. La derecha necesita en estas materias dar más testimonios que los que se le exigen a la izquierda, entre otras cosas por sus sesgos elitistas y porque la desconfianza que genera el exitismo del sector entre la gente de esfuerzo ha sido históricamente muy profunda.

Quienes andan buscando con regla y compás en el mapa político del país dónde está centro debieran suspender ya la tarea. Cómo no verlo. Descontados los muy pobres y los muy ricos, explica el grueso de la actual estructura de la sociedad chilena.

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El simplismo

Un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador, conocido por la sigla AMLO, postula a la Presidencia de México para las elecciones del próximo año. Y va ganando. Su posible victoria se fortaleció a fines del año pasado, cuando un poco más al norte, en Estados Unidos, fue elegido Donald Trump, con el firme propósito de humillar a México. Frente a un populista pendenciero, otro populista estridente.

Hace unos días, AMLO publicó su programa, como es usual en México, a través de un libro, titulado 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México. El escritor Héctor Aguilar Camín ha dicho que es “de una simpleza que desarma”, pero que, al mismo tiempo, “la mezcla del relato indignado y de la promesa utópica toca parte de las ganas de creer que hay en el fondo de la incredulidad mexicana”.

AMLO, que dice inspirarse en Fidel Castro, Salvador Allende y el general mexicano Francisco J. Múgica, promete acabar con la corrupción mediante la “simple moralidad”, hacer que los empresarios privados inviertan 16 pesos por cada uno que gaste el Estado y construir “una república amorosa para promover el bien y lograr la felicidad”.

Todo esto suena bastante estúpido -y lo es-, pero cae en el seno fértil de una sociedad hostigada por la corrupción, el crimen, el narco, la depreciación, el desempleo, la agresión, las migraciones, el ninguneo, el fraude, en fin: el abatimiento. Aguilar Camín lo resume de la siguiente terrorífica manera: “Ahí donde todos dicen ya no creer en nada, debe haber unas ganas enormes de creer en algo que rompa con todo”.

En honor a esas ganas angustiosas, los mexicanos lo van a elegir. Se van a equivocar. El espectáculo de un pueblo que se equivoca en forma democrática causa desazón; es psicológicamente desestabilizante, como el de un padre que golpea a un niño. Subvierte el orden de las cosas, altera su lógica: ¿No es que la democracia siempre tiene razón? Es el mismo tipo de perturbación con el que hace unos días Javiera Parada se preguntaba si ser de izquierda no es ser demócrata. No: por la mayor parte del siglo XX, la izquierda abjuró de la democracia. Y sí: las democracias pueden cometer errores. La política -y la historia- son más complejas de lo que parecen.

Por eso costó tanto comprender lo que ocurría en la Italia de mayoría fascista, en la Alemania de mayoría nazi, en la Francia colaboracionista; o lo que estuvo a seis puntos de ocurrir en el Chile de 1988. Algunos todavía se confunden con el espectáculo del chavismo en Venezuela y de su degeneración con Nicolás Maduro, que se propone ganar otra elección (esta vez tendrá que ser fraudulenta) para seguir parapetado en el Palacio de Miraflores.

Maduro es la excrecencia del chavismo, que a su turno era la excrecencia de un sistema político reventado por la corrupción. Sin el dinero que tuvo Chávez, Maduro es también la demostración de que el simplismo es una garantía de desgobierno, y a veces de algo peor. Quien ofrece soluciones simples a problemas sociales complejos suele ofrecer catástrofes, solapadas o abiertas, o cosas peores, como el saqueo o el bandolerismo.

El simplismo político suele aparecer con más fuerza cuando las cosas están más complicadas, cuando hay más confusión en el ambiente y cuando el repertorio de ofertas presenta grandes brechas de significado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién puede explicar el estado de la sociedad?

El simplismo siempre se refugia en una retórica con significados imprecisos. Los términos que hoy tienen protagonismo son “desigualdad” y “neoliberalismo”. Se trata de objetivos que quieren combatir, con igual fuerza, simplistas de izquierda y de derecha. AMLO, por ejemplo, quiere extirpar de México el neoliberalismo, a pesar de que sería muy difícil sostener que, con el monstruoso Estado clientelar que tiene, ese país haya vivido alguna vez bajo un régimen “neoliberal”. El kirchnerismo se propone eliminar de raíz todo vestigio de desigualdad en Argentina, aunque no dice qué entiende realmente por desigualdad, explicación que se hace imperiosa desde que en sus 14 años de gestión la pobreza se expandió más allá de todo lo conocido en ese país.

A veces el simplismo es el costo temporal de la entrada de nuevos actores en un sistema político ya muy trajinado, como parece ser el caso chileno. Estos nuevos actores necesitan tener opinión sobre todo, y la alimentan de información rápida, que suele ser la de peor calidad. La llamada “posverdad” tiene en ellos a sus clientes más entusiastas. Un estudio reciente del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (integrado por cuatro universidades) identifica nada menos que ocho rasgos de los conflictos sociales que han sido malinterpretados una y otra vez, porfiadamente, induciendo a conclusiones erróneas y distorsionadas. Por ejemplo, que los estudiantes son los que tienen más poder de movilización; que la desigualdad genera conflictos; o que las protestas públicas son más relevantes en Santiago.

En más de un sentido, el gobierno actual ha sido víctima y perpetrador de muchos de estos equívocos, y esa es la principal explicación de su alto nivel de desaprobación. Su deterioro no comenzó, como se ha dicho, con el caso Caval, sino antes, a mediados del primer año de gestión, momento en el que una mayoría empezó a sentir que el gobierno no estaba interpretando correctamente las aspiraciones ciudadanas (¿qué otra cosa es la desaprobación?). Después de ese momento clave, nunca más volvió a recuperar el respaldo con que fue elegido, entre otras cosas, porque los autores de los errores suelen tener la virtud de la pertinacia.

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Poderoso caballero es Don Dinero

Que a un político socialista hasta hace poco modelo y emblema del buen sentido y seriedad, bastión de la política entendida como acuerdos para mantener la civilización en vez de reemplazarla con el chivateo de la calle y el histerismo de las “asambleas ciudadanas”, se le acuse de estar involucrado en la recomendación de una empresa para surtir a una repartición de gobierno, versión que deriva de filtraciones de un expediente judicial y declaraciones de funcionarios de ese organismo, asesta un duro golpe a quienes esperaban de él y de otros de similar talante esos grados de entereza tan necesarios cuando un mal gobierno y peores ideas han de ser reemplazados por otro gobierno, otro clima, otra mirada y otra gestión. Pero hoy queda poco espacio para asombrarse, solo tal vez para lamentarse. La última vez que tuvimos oportunidad para sorprendernos fue en los años 90, con la revelación de los primeros manejos turbios celebrados en el ámbito de la política y sus anexos. Los episodios de irregularidades de ese entonces fueron percibidos como chocantes no solo por inéditos, sino, además, por surgir en medio del aura de pureza, renacimiento nacional y Pascua feliz para todos con que la democracia post Pinochet se acababa de estrenar en sociedad.

Fueron los años de la inocencia y tal vez por eso recibimos algún consuelo pensando que eran casos aislados y a la pasada comprobando el amateurismo de quienes recién se iniciaban en el arte de robarle al Estado. A veces eso nos permitía tomarlos menos en serio. Ciertas “operaciones” fueron dignas de los Tres Chiflados y algunos caballeros llegaron a convertirse, por la descarada inocencia de su deshonestidad, en materia de rutinas cómicas de los humoristas del Festival de Viña. Además, a dichas patochadas se las describía tan obstinadamente como fenómenos locales y aislados que era posible reemplazar la desagradable sorpresa por el alivio y hasta la complacencia; a cero costo, sin ningún acto positivo de honestidad sino simplemente por estar al margen, la población podía hacerse la ilusión de resplandecer en prístina y deslumbrante decencia e inocencia. Siempre es alentador sentirse moralmente por encima de las cochinadas que uno está incapacitado de cometer. Es, más o menos, la castidad de la que se podría jactar una beata octogenaria. Las transgresiones, en su cacareado aislamiento, parecían prueba indirecta, por default, de que imperaba la virtud. Por eso en esos años comenzó a usarse a porfía la expresión “puntual”. Todo acto de esa clase, se dijo, “era puntual”. El país podía respirar tranquilo.

Más tarde los casos de sinvergüenzura aumentaron en frecuencia y la prensa comenzó a denunciar al menos uno por semana. De súbito cundió la sospecha de que no se trataba de “situaciones puntuales” de las que las autoridades se harían cargo “caiga quien caiga”, la incumplida promesa habitual, sino de pecados sistemáticos, la masiva huella digital de corruptos en serie. Entonces la frase “casos puntuales” comenzó a ser sustituida por esta otra: “Somos esencialmente una sociedad sana y POR ESO vemos a la justicia, la prensa, la política reaccionando”, etc. Y se acuñó y popularizó el concepto “clase política” con insinuaciones de ser, dicho colectivo, no muy diferente a una oscura corporación con fines de lucro.

Hoy es peor: no hay ya sorpresa, no hay complacencia, no hay simple molestia o desprecio ni tampoco risa; solo hay pánico. Pánico es la emoción que se sufre cuando un evento catastrófico y en gran escala ya no sucede en las pantallas o en lejanos países, sino proyecta su sombra sobre nos, frágiles criaturas. De pronto se hizo notorio que la deshonestidad ni es cosa de individuos o siquiera de clases políticas, sino abarca instituciones, a civiles comunes y corrientes, a prelados, autoridades, a todo el mundo tal como lo hizo la peste negra en la Europa del siglo XIV, transversal, ecuménica, universalmente expandida y masivamente contagiada.

Los casos

¿Qué institución puede hoy, todavía, mostrar manos limpias? El descrédito de casi todas -porque por sus actos las hemos conocido- se revela en las encuestas, lugar donde ese jurado anónimo que es la ciudadanía, tampoco ni tan limpia ni tan inocente, juzga, condena y luego olvida y reelige. Tanto se ha reiterado el rechazo “ciudadano” que el descrédito ha perdido su filo. Hemos alcanzado ese nivel de resignado malestar que ve el Mal como “business as usual”. A su vez, los hechores han alcanzado ese cinismo de piedra que termina, en las asambleas partidistas, con la abierta y descarada elección de candidatos sin otra virtud que su popularidad, con el asesinato ritual de figuras serias porque no marcan en las encuestas, con el cantinfleo perenne y la protección NO de los testigos de un crimen sino de los criminales mismos, como lo hemos visto con algunos (as) jerarcas del régimen luego de revelarse tanto sus incompetencias como sus indebidas “apropiaciones”.

No por nada el Congreso, a juicio del público, dejó de ser el solemne paraninfo donde sesionan tribunos a cargo de dictar leyes, sino se acerca y quizás ya coincide con eso que un talentoso y fenecido periodista de los años 60, Eugenio Lira Massi, llamó “La cueva de Alí Babá y los 40 senadores”. Agréguense instituciones uniformadas hasta ahora irreprochables pero revelando desfalcos multimillonarios, recontrataciones surtidas y jugosas pensiones de invalidez para gente en perfecto estado de salud. Súmense enteras reparticiones del Estado secuestradas por el gobierno central para darles amparo a miles de parásitos sin otro mérito que la militancia. Y el ámbito privado no está ajeno a la peste, donde muchas instituciones aparecen hoy, si no como cometiendo flagrantes delitos, sí como insaciables acaparadoras de ganancias monumentales. De hecho las empresas en general y muchos empresarios en particular son percibidos y tratados por los medios de prensa como delincuentes prontuariados. La Iglesia misma ha protagonizado un caso tras otro de monstruosa pedofilia y no menos grave encubrimiento. Y partidos políticos propietarios de una larga y digna historia se muestran como clandestinos corredores de propiedades, inversionistas, beneficiarios de boletas falsas, mendigos de dineros empresariales, encubridores de faltas graves de gestión y en todo sentido como bandas organizadas. La lista suma y sigue.

Dinero ecuménico

¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo aún aquellos en los que más se confiaba aparecen involucrados en manejos oscuros o al menos sospechosos, si acaso no recibiendo dineros al menos haciendo uso de sus influencias para que otros lo reciban? Dinero es el nombre del juego. Dinero para mi bolsillo o dinero para mi amigo o dinero para mi mujer o dinero para una campaña o dinero para apuntalar a un compadre o dinero para mis socios; dinero contante y sonante en maletas o en proyectos o en licitaciones arregladas o en cheques al portador o en boletas falsas o en honorarios a cambio de nada. ¿Por qué no? Hubo suficiente tiempo para entender los mecanismos, tejer las redes, saber quién es quién, seguir el ejemplo y perderse moralmente. ¡Cuánto ayudan a todo eso los regímenes demasiado largos! Tiempo y dinero van de la mano. Como en Italia, ahora en Chile y como en todas partes, los regímenes interminables permiten aprenderse todas las triquiñuelas, forjar todos los amiguismos, perder todas las vergüenzas y meter mano en todos los cajones.

No es entonces inusitado sino lastimosamente previsible que políticos que parecían, como esos justos de Sodoma y Gomorra, los únicos ajenos a esta trifulca, se les denuncie involucrados en lobbies oscuros o en telefonazos para favorecer a tal o cual empresa. Una sociedad en problemas siempre se hace la esperanza de que vendrá un Salvador Providencial, pero en Chile el Cielo mismo aparece empapelado de boletas y San Pedro susurrando en los pasillos. No ya una vez a la semana sino diariamente oímos nuevas denuncias. ¿Dónde, entonces, se encuentra el punto de apoyo para remover la lacra? Tal vez sea demasiado tarde.

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Caso Petrobras: lecciones para Chile

Quien quiera entender cómo el caso Petrobras terminó siendo el escándalo de corrupción más grande de la historia, debe comenzar por remontarse a las protestas multitudinarias que ocurrieron en Brasil en 2013, contra los malos servicios públicos, el exceso de gasto en el Mundial y la corrupción. Fue entonces que, con objeto de apaciguar los ánimos, la Presidenta Dilma Rousseff impulsó reformas legales para combatir fraudes sistémicos, destacando entre ellas la introducción de la delación compensada. De esta manera, los fiscales brasileños contaron con una nueva herramienta para sus investigaciones, pudiendo negociar la reducción de penas con inculpados a cambio de información que permitiera procesar a figuras más importantes.

Cuando el año siguiente comenzaron las investigaciones de lo que sería conocido como el caso Lava Jato, vimos cómo los fiscales iban obteniendo evidencia para inculpar a actores cada vez más poderosos y relevantes, usando la delación compensada como arma clave para destapar la red de corrupción tejida en torno a Petrobras.

Y fue así como supimos de las 16 empresas constructoras brasileñas coludidas con altos ejecutivos de Petrobras para proveer a la estatal petrolera de obras a precios inflados; de sobreprecios -de más de 10 veces en algunos casos- en los proyectos de infraestructura del Mundial de 2014; de una división de la empresa Odebrecht con dedicación exclusiva al pago de coimas, en más de una decena de países, incluyendo entre sus “servicios” la apertura de cuentas off shore para sus “clientes” y así evitar la detección de ingresos fraudulentos.

Y fue así como algunos de los empresarios más poderosos de Brasil hoy están presos, condenados a 10 años de cárcel y más.

Y fue así como hoy se encuentran inculpados, y en algunos casos condenados, varios presidentes y ex presidentes de la región, por recibir coimas de decenas de millones de dólares, junto a centenares de ministros y parlamentarios.

Quienes hemos estudiado el tema de la infraestructura intuíamos la existencia de coimas a cambio de renegociaciones favorables de contratos. Suponíamos que, dados los montos millonarios asociados a cada obra, las coimas estarían en torno al 3% o 5% del valor de las inversiones. Mal que mal, para un proyecto de más de cien millones de dólares, una coima de cinco millones no deja de ser una suma considerable.

¡Cuán equivocados estábamos! El acuerdo a que llegó Odebrecht con el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos en diciembre de 2016 revela los montos que la empresa pagó en sobornos en una decena de países de América Latina junto a los montos de las inversiones correspondientes (la empresa no tuvo proyectos en Chile durante el período en cuestión). Calculando un simple cociente se concluye que, en promedio, las coimas eran el 30% del costo de la inversión, excediendo el 50% en Guatemala y República Dominicana. Si a estas cifras agregamos los sobreprecios a beneficio de la empresa, es probable que en varios países de la región el llamado “IVA de la corrupción” haya excedido el 100%.

La figura de delación compensada tiene sus críticos, quienes argumentan que facilita la impunidad de quienes cometen actos de corrupción. Una buena legislación de delación compensada incluye una institucionalidad que vela porque los beneficios de una delación para la investigación excedan con creces el beneficio que recibe el delator. También, si la información entregada resulta ser falsa o incompleta, el acuerdo logrado deja de ser válido, de modo que hay incentivos potentes para entregar información veraz. En el caso de Marcelo Odebrecht, por ejemplo, el acuerdo a que llegó con la fiscalía, debidamente visado por autoridades superiores del Poder Judicial, llevó a que su condena se redujera de 19 a 10 años de cárcel, obteniéndose a cambio información que permitió avanzar de manera impresionante en las investigaciones. Por eso, probablemente, se le conoce como la “confesión del fin del mundo”.

Chile

Chile ha sido el país que puede exhibir la agenda anticorrupción más exitosa de la región. Esta afirmación no solo refleja lo poco que ha sucedido en otros países, también se justifica porque hemos tenido avances significativos, aunque no suficientemente valorados. Regulaciones mucho más exigentes para transparentar y regular el financiamiento de la política; financiamiento público y exigencias de mayor democracia interna para los partidos que les darán mayor independencia de intereses creados; el retorno de la educación cívica a las escuelas y colegios; declaraciones de patrimonio e intereses mucho más informativas, que servirán para prevenir y detectar los conflictos de interés; entes reguladores de los mercados más empoderados y con mayores grados de autonomía y una reforma mayor del Sistema de Alta Dirección Pública son solo algunas de las medidas ya aprobadas por el Congreso.

No obstante lo anterior, hay temas donde no se ha podido legislar, siendo uno de ellos tal vez el más importante a la luz del caso Petrobras, el fortalecimiento de la delación compensada.

La delación compensada sirve de poco para combatir la corrupción en Chile bajo la legislación actual, por dos motivos. Primero, porque las penas son bajas, de modo que los fiscales tienen poco que ofrecer y, segundo, porque aun si las penas fueran más altas, los fiscales no cuentan con la potestad de sus pares brasileños para llegar a acuerdos.

Dos proyectos de ley se analizan en el Congreso para aumentar las penas por delitos de corrupción, uno es iniciativa del Ejecutivo, el otro, una moción parlamentaria. Aun cuando ambos apuntan en la dirección correcta, los cambios propuestos son insuficientes. Llama la atención, por ejemplo, que en la mayoría de los casos las nuevas penas seguirán siendo inferiores a aquellas existentes para delitos contra la propiedad. Lo más preocupante, sin embargo, es que las iniciativas legales mantienen la situación actual donde los fiscales prácticamente no pueden negociar rebajas de penas a cambio de la denuncia de inculpados, lo cual contrasta con las amplias facultades que tienen para ofrecer rebajas sustantivas por delitos contra la propiedad a cambio de la aceptación de los hechos.

Tal como lo sugiere la información que hemos conocido gracias a la delación compensada sobre las coimas en proyectos de infraestructura en América Latina, los temas de corrupción no solo debilitan las democracias, sino que también tienen costos de productividad enormes. Si no hubiera corrupción, la productividad en el sector infraestructura en varios países de la región probablemente sería más del doble. Podemos concluir, entonces, que contar con la delación compensada para combatir la corrupción contribuye, simultáneamente, a un mayor crecimiento y a fortalecer la democracia.

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El sueño del pibe

Según Bachelet, Argentina “la lleva” en educación superior. Y si bien no ofreció explicaciones, salvo elogiar que fuese un derecho social, a lo que aludía era a su cariz estatal e inclusivo. Que lo es, a primera vista: el 80% de su matrícula es pública y gratuita, y se puede ingresar a estudiar, en general, sin dar exámenes de admisión. De ahí a que sea modelo, como le gustaría a Bachelet, sin embargo, es dudoso.

Alejandro Clocchiatti, astrónomo, profesor de la U. Católica en Santiago -uno de los incontables académicos argentinos cuya diáspora de su sistema público ha terminado por beneficiar a universidades del resto del mundo, también a planteles privados de su país- ha advertido en nuestra prensa, que la calidad de la educación superior argentina ha decaído ostensiblemente desde los inicios de la gratuidad en 1949 bajo Perón. Es más, los aumentos crecientes de pobreza escasamente validarían la supuesta otra ventaja transandina: ser inclusiva. Evidentemente, la marginalidad no se va a resolver haciendo que pibes de villas miserias acudan a clases. Esto no es como el fútbol ni como en el tango: “Mamita querida… seré un Maradona, un Rojita, un Boyé/ Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha/ mis goles aplaudan, seré un triunfador”.

Nada, por supuesto, que preocupe a quienes computan goles imaginarios por estos otros lados. Al contrario, en nuestras universidades estatales han estado por inflar la matrícula hace rato, la cual, rondando solo el 15% de la oferta nacional, daría para mucho más, capacidad instalada mediante, dicen. Por eso, Derecho-UCh, bajo la lógica “La Chile se juega por Chile”, está por ofrecer el próximo año 200 cupos adicionales a los actuales 400 en primer año (en los 80, cuando fui alumno en Pío Nono, habíamos 170 por curso). Lo que abre una serie de interrogantes: ¿Necesitará el país tantos abogados y de la calidad actual, los contratarán, espantará la medida a los mejores puntajes, podrán mantenerse rendimientos tradicionalmente altos o ya eso es historia?

Los indicadores hasta ahora no son auspiciosos. Y menos si le agregamos déficits financieros, participación triestamental, propósitos movilizadores, incluso contrarios a un gobierno teóricamente afín. Sesgos ideológicos para qué decir, el pluralismo académico importando cada vez menos. Cuestión que no pasa solo en la U. de Chile. El otro día se informaba por la prensa de un seminario en la U. de Talca sobre la Reforma Agraria que invitaba a solo expositores favorables. El espacio de esta columna me impide seguir ilustrando con ejemplos parecidos, que los hay.

Está visto que no es cuestión de importar modelos sino de ponderar en qué estamos. Desde 1918 y el “Grito” de los pibes de Córdoba, complicados, en universidades latinoamericanas reformistas y participativas de cuestionable calidad.

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Tarea pendiente

En su edición aniversario, La Tercera da cuenta de los múltiples cambios que ha tenido este país en las últimas décadas. Y son impresionantes. Para bien, creo yo, este es un país muy distinto al de 50 años atrás.Pero hay cosas que no cambian. Y que, por el contrario, parecen acentuarse en los distintos grupos que componen la sociedad. Por edad, por estrato social, por tendencia política, como uno quiera segmentar la población, hay conductas que se quedan en el pasado. Que no avanzan, o lo hacen en forma muy tímida.

En la derecha, esto es evidente. Se trata de un grupo que en algunas cosas es muy moderno, pero que en otras se ha quedado muy atrás. Y no me refiero a los temas valóricos, hoy tan de moda, sino en otros que son tan o más poderosos para la conformación del tipo de sociedad en la que aspiramos vivir.

Porque, la verdad es que, en muchos aspectos, la elite sigue actuado con costumbres propias de una sociedad protegida, cerrada, casi endogámica, que es la antítesis de una sociedad moderna. Y eso parece acrecentarse, más que disminuir. La idea de que todos tienen que ir a los mismos colegios, vivir en los mismos barrios, veranear en las mismas playas, tener autos de la misma marca, sigue presente con la misma o más fuerza que antes.

La diversidad, que es un atributo propio de las sociedades modernas, no ha contagiado en nada a nuestra elite de derecha. No solo sigue siendo un grupo cerrado, sino que, en su interior, es muy homogéneo, porque hay muy poca o nula tolerancia a quien plantee ser o pensar distinto. Por eso no es raro que casi todos, al final, sean una suerte de clones en su forma de ser y pensar.

Esto es muy particular de Chile. En EE.UU., país favorito de este grupo, nada de aquello sucede. Existe una elite fuerte y poderosa, pero mucho más diversa. En parte porque es más tolerante, pero también más abierta. Y esto parte por los colegios. Allá, por ejemplo, incluso los establecimientos más exclusivos, son inclusivos, algo que en Chile es una contradicción. Un ejemplo notable es Phillips Academy, uno de los de mayor prestigio, que se jacta de tener un programa de becas que favorece al 47% de sus alumnos. Y su sistema de educación, basado en el desarrollo del pensamiento crítico, los aleja de las consignas o ideologías de uno y otro sector. Por eso, sus exalumnos son muy destacados, pero también diversos.

Este tema cobra especial importancia cuando la derecha aspira a ser gobierno otra vez. Porque ahí, la cosa cambia. Un grupo no puede comportarse como guetto cuando está a cargo de un país, como lo hizo la izquierda en este gobierno, pero en sentido inverso. Abrir la cancha es lo que corresponde, lo que significa abrir la mente a pensamientos distintos dentro del mismo grupo y abrir las puertas a otros grupos. Esa es, por lo demás, la única manera de ser actores influyentes de verdad en la sociedad.

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Ideas para mejorar el debate

Me correspondió participar como oyente en el seminario que organizara La Tercera, con ocasión de su 67° aniversario. Allí particularmente, en el panel destinado al análisis del momento político, hubo a mi juicio, cierto consenso, entre los expositores, que el debate actual es chato, más bien descalificador y ofertante de soluciones fáciles, de paraísos inexistentes (esto último lo agrego yo). Qué duda cabe que muchos de nuestros actores políticos parecen creer que la confianza perdida, la ausencia de una discusión temática, son susceptibles de superarse con facilismo populista, con descalificaciones al adversario, o simplemente subiéndose a lo que marcan las tendencias. Por ahí no va la cosa. Lo importante es intentar aportar al debate en temas concretos que constituyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

A modo de ejemplo concreto, en esa perspectiva: hace casi cuatro años que se encuentra parado en el Senado un proyecto que establece un nuevo código procesal civil, ya aprobado por la Cámara, en el cual trabajaron tanto el gobierno de Bachelet I, como el de Piñera, con universidades y profesionales de primer nivel. Inexplicablemente ni el actual Ejecutivo, ni el Senado mostraron mayor interés en progresar en su tramitación. ¿Qué tiene que ver esto (con calidad de vida)? Mucho. Miles de chilenos concurren todos los años a los tribunales civiles y se encuentran con procedimientos, escritos, lentos, caros, burocráticos, donde el más débil, el de menor estándar en la defensa, tiene mucho que perder.

Sustituir con urgencia esa situación redunda en mejor calidad de vida y para ello hay una propuesta avanzada, perfectible en materia de recursos, justicia vecinal, juicios ejecutivos, pero el proyecto es una base muy sólida pues recoge entre otros los siguientes principios:

•En una democracia en que impere el estado de derecho deben protegerse todos los derechos fundamentales con procedimientos orales que otorguen una pronta y efectiva tutela a todos los derechos fundamentales, y no dejar algunos de ellos postergados como patitos feos, situación que ocurre con el proceso civil.

•Porque el incumplimiento de las obligaciones civiles y mercantiles requiere de procesos agiles y efectivos para que ellas sean una realidad y no una letra muerta que se asiente en el papel.

•Porque todo sistema económico se mueve en la seguridad jurídica del respecto de los derechos, elemento básico para la promoción de las inversiones.

•Porque si deseamos brindar seguridad institucional en un mundo globalizado como país y teniendo en vista las mediciones de ellas por órganos internacionales, como la Ocde y Banco Mundial, no podemos permitir que un poder tan importante como el judicial no cumpla con estándares de calidad y eficacia de rango internacional.

•Porque la ineficiencia hace incurrir en costos de ineficiencia al existir funcionarios públicos que no deberían desempeñar las funciones que realizan y poder ser utilizados eficazmente en otras dimensiones, como acontece con los secretarios y relatores que podrían ser jueces, y con los fiscales judiciales que ya no desempeñan sus principales funciones en el proceso criminal y que deberían ser empoderados para funciones investigativas y de cargo en materias disciplinarias a desarrollarse en un debido proceso.

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La DC es centrozizquierda

La Democracia Cristiana nace de la Falange Nacional, escisión de jóvenes desde el Partido Conservador, precisamente por entender que no era posible desarrollar una política de inspiración cristiana, desde el espacio de la derecha.

En su evolución, nuestro partido se encontró, de manera natural, con quienes comparten la idea de la necesidad, ética, de trabajar a favor de la posibilidad  que los sectores más desposeídos de nuestra sociedad,  puedan acceder a mejores condiciones de vida y de una demanda por extender la democracia, desde el ámbito político al económico y social. Hemos bajado la pobreza considerablemente, pero no lo suficiente. Debemos velar también por la clase media que sumada a lo anterior alcanza al 80% de la población.

Por otro lado, un elemento definitivo de la separación valórica y política de la DC, con la derecha chilena, tiene que ver con el impulso de ésta al golpe de Estado y, posteriormente, en ser la base de sustentación del horror de la dictadura con una base de “cómplices pasivos”. Por otra parte en su reciente “Manifiesto por la República y el buen gobierno”, hoy, en democracia, hablan que primero es el crecimiento económico y después los derechos. Nosotros hemos afirmado: “En el centro la persona y sus derechos; el crecimiento y la distribución deben estar al servicio de su plena realización y ejercicio”.

Allí logramos entender, activamente, que la convergencia entre el Humanismo Cristiano y el Humanismo Laico, no solo era posible, sino imprescindible para el desarrollo de una política a favor de las grandes mayorías.

Entonces, una valoración común de la vigencia universal de los derechos humanos y su aplicación irrestricta en nuestra política local, dio paso a expresiones de gobernabilidad, que acompañan un período de estabilidad política, que ha sido el sustento al crecimiento que posibilita políticas públicas progresistas,

Eso es lo que hizo posible una transición ordenada y el periodo de mayor desarrollo económico social que conoce el país, primero con la Concertación de Partidos por la Democracia y, luego, con la Nueva Mayoría. Debemos sí, precisar algunas materias y corregir algunos errores.

Hoy  nuevos temas surgen, precisamente, a partir de lo que se ha logrado, lo que más preocupa a nuestra sociedad: inclusión de las minorías; respeto a la diversidad, junto con la capacidad de acceso a una toma de decisiones participativas, lo que nos sigue encontrando con los movimientos  de la izquierda, mientras la derecha permanece anclada a las posiciones más conservadoras, sin entender que el mundo camina hacia el encuentro de formas y prácticas que permitan la inclusión social , económica y política de la mayoría, en esquemas institucionales que den estabilidad a cuestiones fundamentales como son el desarrollo y el crecimiento del país.

Al observar esta realidad, entonces resulta razonable volverse a preguntar cuál es el espacio donde  debe entenderse  una política de inspiración cristiana, que oriente nuestra acción.

Afirmamos, sin lugar a dudas, siguiendo la enseñanza permanente de Jaime Castillo, que entendía a la Democracia Cristiana como un “partido de vanguardia” que, en esa concepción, el espacio político de nuestro partido es, ineludiblemente, en el ámbito de la centroizquierda.

Ello nos obliga a que nuestro partido realice todos los esfuerzos necesarios, para posibilitar que la coalición de centroizquierda, pueda asegurar su continuidad, que le permita al país profundizar los cambios necesarios, en la perspectiva de construir una sociedad más inclusiva, que supere la desigualdad que hoy todavía nos golpea.

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La DC saldrá adelante

El Partido Demócrata Cristiano deberá adoptar en su Junta Nacional de hoy ciertas decisiones que tendrán gran trascendencia para su futuro. Está terminando una experiencia política que se inició en 2013 y que ha sido insatisfactoria para el partido. Por lo tanto, las definiciones de estas horas no se refieren únicamente a la aprobación de una plantilla de candidatos al Congreso, sino a la exigencia política de revitalizar nuestras señas de identidad y nuestro mensaje al país.

En la Junta anterior, la DC acordó por unanimidad no participar en la primaria oficialista, y llevar en cambio la candidatura presidencial de Carolina Goic directamente a la elección de noviembre. Fue una decisión que el paso del tiempo ha demostrado que fue plenamente acertada. En los hechos, la DC separó aguas de una coalición agotada, aunque ello no ha sido percibido nítidamente por los ciudadanos. Cuando nuestra candidata fue inscrita formalmente, quizás habría correspondido reunirse con la Presidenta Bachelet para decirle que la DC seguiría apoyando su gobierno, pero que en adelante lo haría desde una posición independiente, con su propia fisonomía. La DC ha sido y seguirá siendo leal con la Mandataria, pero la discusión de hoy trasciende al gobierno que termina en marzo y se relaciona con la necesidad de que la DC defienda su propio lugar bajo el sol, sin condicionamientos de ninguna especie, como partido de centro, genuinamente democrático y reformador.

Por desgracia, ha habido señales confusas en las últimas semanas debido a las contradictorias fórmulas electorales que los parlamentarios del partido han echado a correr por su cuenta, en lo que sin duda influye la incertidumbre que les causa la entrada en vigencia del sistema electoral proporcional. Esas fórmulas perjudican el empeño de la DC por afianzar su perfil y dañan las perspectivas de nuestra candidata. Si los partidos de la Nueva Mayoría desecharon una lista con la DC, y si el PR dio el portazo final a la posibilidad de lista común, los democratacristianos no debemos amilanarnos. Por el contrario, debemos aceptar el reto de levantar nuestra propia lista al Parlamento.

La DC debe actuar con claridad ante los ciudadanos. No puede dejarse intimidar por nadie. Lo primero es dejar de mirarles la cara a estos y a los de más allá, como si tuviéramos que pedir permiso para competir por el favor de los electores. Ese no es un espectáculo edificante. Somos una fuerza nacional que tiene que hacerse respetar.

La Junta debe transmitir un mensaje inequívoco a los militantes del partido, que sienten legítimo orgullo por el papel cumplido por la DC a lo largo de su historia, en particular por la recuperación de las libertades y la inmensa obra concertacionista. En otras palabras, debemos mostrar energía y determinación en defensa de los valores que nos identifican, lo que no significa restarnos al diálogo y los acuerdos con quienes podamos coincidir.

Si el partido lleva su propia lista al Parlamento, podrá ofrecer un espacio de participación a muchos hombres y mujeres, especialmente a muchos jóvenes, que a lo largo del país desean ayudar al fortalecimiento de la DC como fuerza progresista.

Ellos no están pidiendo garantías de ningún tipo, solo el honor de representar al partido de Frei Montalva y Aylwin, de Tomic y Leighton.

La Junta debe decirles a los chilenos que la DC está de pie, comprometida con el esfuerzo por hacer progresar al país de un modo sustentable, por resolver las carencias de muchos compatriotas y por definir políticas de Estado que integren la prosperidad y la solidaridad.

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