Álvaro Bisama's Blog, page 121

De la calle a la calle

La afirmación puede resultar demasiado tajante en tiempos de ambigüedad, pero si no hay inversión, será muy difícil volver a retomar el camino del progreso en el país.

El porcentaje de inversión en relación al PIB cayó de la barrera de los 20 puntos, lo cual no pasaba hace décadas, esto se viene a sumar a otras malas noticias en el plano económico, pero paradójicamente, para algunos sectores políticos estos y otros antecedentes no les dicen nada.

¿Cuál es la razón de ello?, será que algunos se acostumbraron a vivir en un país ordenado y que a pesar de lo que pasara existían ciertos consensos que nos permitieron existir y decidir sobre un espacio de certidumbre. Todo eso fue infravalorado y de ser una fortaleza del país pasó a ser la causa de los males actuales.

Que los líderes de distintos partidos, coaliciones o inclusos que los empresarios y trabajadores se pusieran de acuerdo para enfrentar los desafíos de mañana o los problemas del presente se tomó como traición a la clase y quienes lo hacían merecían el desprecio de las fuerzas emergentes, aquellas que desde un fundamentalismo ideológico se han arrogado una supremacía y una pureza moral en su actuar.

Mucho de esto puede desprenderse de lo que se ha dado en llamar el clamor de la calle, esa masa de personas que bajo una consigna, o muchas a la vez, se vuelcan a la protesta para manifestar su descontento.

En el gobierno anterior, la oposición de la época no dudó en estimular las manifestaciones, justificando cada una de ellas de las maneras más extrañas. Los estudiantes tenían derecho a tomarse sus colegios, y en muchos casos destruirlos, por ser una acción democrática,  olvidando el principio básico de respeto a quienes no estaban de acuerdo o así no lo deseaban. Pero que va, para ellos en política todo vale. Lo complejo es que fueron criando movimientos que se les tornaron incontrolables y hoy se vuelcan sobre sus propios padrinos.

Si la democracia tiene una valor, más allá de representarnos a todos por iguales, es que establece mecanismo que permiten canalizar los conflictos, ese es un atributo que las dictaduras no poseen. El mejor ejemplo de esto lo vemos en Venezuela hoy día.

El actual gobierno de Bachelet está llegando a su fin de una manera que nadie se habría imaginado en su inicio. No es solo la baja aprobación a quien lo lidera, tampoco la desaprobación a cada una de las políticas propuestas, sino el quiebre en la coalición que lo llevó al poder.

Lo anterior no es un dato menor, una coalición que termina fraccionada con al menos dos candidatos presidenciales y un tercero de fuerzas que pasaron por el gobierno y fueron responsables de instalar algunas de las demandas y soluciones más radicales en su interior como la pésima reforma en educación.

Como corolario de estos años nos queda entender que el maximalismo suena bien en el discurso, pero no en la práctica política. La responsabilidad puede ser menos espectacular, pero contribuye mucho más a las soluciones de largo plazo para las personas. En definitiva, poner a las personas al centro de nuestras preocupaciones antes de las cuotas de poder le servirá como reflexión a un sector importante de la política local.

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Til Til y los proyectos “nimby”

En estos días el Gobierno aprobó la instalación de un relleno de residuos (basura) industrial en la comuna de Tiltil. Este se suma al relleno sanitario de basura domiciliaria ubicado en la misma comuna, una planta de tratamiento de residuos, tres estanques de relave mineros, una planta de molienda de carbón, un criadero de cerdos y otras actividades contaminantes. Til Til también tiene el dudoso honor de cobijar la cárcel de Punta Peuco. Desde luego, la aprobación del nuevo relleno cumple con todos los estándares que exige la ley y utiliza las mejores tecnologías disponibles para evitar daños de filtraciones y otros accidentes.

Sin embargo, los ciudadanos de Tilt Til, liderados por el alcalde, están indignados. Consideran que se han convertido, literalmente, en el basural del Gran Santiago y resienten que buena parte de su comuna esté asignada para recibir los desechos de actividades productivas y de consumo que no los benefician en lo más mínimo, al menos de forma directa.

Las quejas de la comuna de Til Til no son únicas en el mundo ni en Chile. De hecho, hay una expresión en inglés, “not in my backyard” (no en mi patio trasero), conocida por la abreviación “nimby”.

Conflictos por la instalación de obras de infraestructura “no deseadas” hemos tenido muchos en Chile en los últimos años. Famosos son los de Puchuncaví, a raíz de las actividades industriales y portuarias de Ventanas. El lector también recordará el criadero de cerdos de Freirina; la sospechada emisión de contaminantes del puerto de Antofagasta que puso presión para limitar su expansión; el Terminal 2 de Valparaíso y su supuesta muralla de contenedores, y el emblemáticamente fallido proyecto de Hidro Aysén. Aún persisten los conflictos sobre la central hidroeléctrica de Alto Maipo, a pesar de haber sido aprobado y estar en plena construcción.

Proyectos del sector público tampoco han estado exentos de cuestionamientos. Entre varios, el nuevo aeropuerto de Temuco y el Acceso Sur a Santiago son dos ejemplos de conflictos prolongados y que determinaron un costo y plazo de ejecución de las obras muy superior al presupuestado.

Como en toda actividad humana, hay diversas opiniones sobre las causas que generan estas situaciones y no es este el lugar para entrar en los detalles de ellas. Sin embargo, no podemos desconocer que parte del problema es que en Chile no seguimos las mejores prácticas en estas materias. Éstas, a nivel internacional, indican que antes de iniciar una gran obra de infraestructura o construir un proyecto “nimby”, como en el caso de Til Til, es necesario tener un proceso de diálogo con la ciudadanía que permita evaluar alternativas (incluyendo de localización), discutir las características del proyecto (con posibilidades de modificarlo), evaluar sus consecuencias (de manera transparente), adoptar las medidas de mitigación necesarias y, por último, debatir cómo se distribuyen los beneficios del proyecto.

Que las autoridades digan que “sacrificar” la comuna de Til Til fue una opción que el Gobierno tomó hace 20 años atrás, no se hace cargo de las legítimas preocupaciones de sus habitantes y no exime a las autoridades de hacerse cargo de los problemas que se crean, hoy y en el futuro, si se siguen sumando proyectos “nimby” a la comuna.

Más aún, entiendo que hace dos décadas nadie consultó a los vecinos si querían convertirse en el basurero del Gran Santiago. Fue una decisión que puede haber sido técnicamente correcta —y que tal vez se volvería a adoptar hoy si se siguieran las mejores prácticas—, pero donde seguramente no se consideró a la comunidad.

Como economista, hay un criterio que me sorprende no se considere más activamente en casos como los mencionados. Me refiero al concepto de Óptimo de Pareto, un gran economista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando estamos en una situación pre proyecto y queremos cambiarla, por ejemplo, construyendo un relleno sanitario en Til Til, hay personas que se benefician, ya que no tienen que enterrar la basura en su jardín o guardarla en su departamento, y otros que resultan perjudicados, los habitantes del entorno del relleno sanitario.

Estos se ven afectados por múltiples motivos. Por ejemplo, es posible que baje el valor de sus propiedades; aumente el tráfico de vehículos y la contaminación atmosférica y terrestre; y se generen riesgos asociados a la operación del relleno como emisión de gases tóxicos, invasiones de moscas, contaminación de los caminos de acceso, entre otra.

El criterio de Pareto señala algo que con un poco de reflexión es bastante obvio: el relleno sólo se debe construir si lo que ganan los beneficiados es superior a lo que pierden los perjudicados. En tal caso, la obra representa una ganancia neta para la sociedad en su conjunto.

Además, abre una posibilidad interesante pero muy poco considerada en la práctica. Esto es, que los ganadores compensen a los perdedores por lo menos hasta el punto de resarcirlos de sus pérdidas y como máximo hasta donde llega la ganancia de los beneficiados. En tal caso, nadie queda peor que antes de la ejecución del proyecto. En el ejemplo del relleno sanitario, en principio, la compensación de los perdedores por parte de los ganadores se puede hacer de manera bastante sencilla. Basta con que la tarifa por retirar la basura incluya la compensación. Y esto tiene otra cualidad, se puede pagar de forma permanente o todo de una vez permitiendo que los perjudicados que prefieran se puedan trasladar a otro lugar.

Desde luego, todo esto debe ser conversado con los ciudadanos antes de iniciar el proyecto e incluso de hacer el diseño. Debe ser parte de las conversaciones iniciales a las que me referí anteriormente. No se trata de compensaciones que la empresa ejecutora descuente de sus utilidades. Los beneficiarios deben pagar y este pago ser incorporado en la tarifa que se cobrará por remoción de basura. La empresa ejecutora simplemente retira y procesa la basura por lo que tendrá que ser compensada adecuadamente. No es su función compensar a las comunidades, como lo hacemos hoy día.

Actualmente, en vez de organizar e institucionalizar este mecanismo vivimos en el peor de los mundos. El proyecto se aprueba o rechaza en base a las normas ambientales vigentes y no se consideran criterios como el que acabo de señalar ni se practica el verdadero diálogo con la ciudadanía. Pero como la gente no es tonta —suponer lo contrario es un grave error, además de un insulto— sabe que puede aplicar presión para obtener compensaciones. Más aún, para maximizar la compensación las ejerce cuando más le duele al ejecutor del proyecto. Como todo esto es informal, no está institucionalizado, caemos en malas prácticas tanto de parte de las empresas —que se compran a los líderes de los “perjudicados” y hacen un proyecto de menor calidad de lo que pudo haber sido—, como de los “perjudicados” que, a veces, terminan beneficiando de manera desproporcionada a unas pocas personas.

Creo que el país ganaría mucho buscando maneras de institucionalizar estos procesos. Por de pronto, la calidad de los proyectos mejoraría, los afectados serían justamente compensados y se reducirían los espacios para los abusos que hay en ambos lados.

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DC: signos, sentido e identidad

Los tiempos de las definiciones cruciales han llegado a la Democracia Cristiana. Se trata de las decisiones anteriores a las cuestiones procedimentales y electorales; aquellas que remiten a la identidad, lo que le da un marco de sentido a la acción política. Este es un debate que en las filas falangistas se ha dilatado, pero cuya postergación resulta cada vez más insostenible, tarde o temprano la realidad golpea la puerta.

¿Seguirá siendo la Democracia Cristiana un partido anclado en el centro programático del sistema de partidos chilenos? ¿Transitará hacia un centro pragmático? ¿Mutará su raíz socialcristiana hacia una abiertamente socialdemócrata? ¿Será fuerza de oposición obstruccionista o colaborativa frente a un eventual gobierno de centro derecha?

A partir del actuar de su abanderada presidencial, no es posible extraer señal alguna que permita clarificar, o al menos dar luces, a un escenario que se presenta cada día más confuso y nublado para el partido. Los liderazgos políticos alinean objetivos comunes, trazan vectores de acción y toman resoluciones en momentos críticos. Nada de eso podemos esperar de Carolina Goic, su candidatura es un simulacro, una suerte de globo sonda político de articuladores falangistas que vieron en la senadora una serie de atributos y signos idóneos al momento político actual, pero carentes de sentido, de mística, de un relato, de una épica.

Si de revitalizar una identidad subordinada a la izquierda se tratara, entonces, ¿cómo es posible entender que algunos de sus dirigentes hayan, siquiera pensado, en la posibilidad de alcanzar un acuerdo parlamentario con el PRO? Lo anterior es prueba de que un sector de la DC parece haber abandonado definitivamente la pelea por las causas para subsumirse en la simple disputa por cuotas de representación.

Por contradicciones como éstas, la Democracia Cristiana, ha pasado de ser el eje gravitacional del ordenamiento político en el apogeo de la Concertación, para transformarse en el punto de ebullición de una centro izquierda en crisis bajo el alero de la Nueva Mayoría.

No es trivial lo que suceda el sábado en la Junta Nacional DC. A partir de las decisiones que emanen de este cuerpo resolutivo se marcarán las primeras líneas de una fisonomía política que seguramente adquirirá forma definitiva con posterioridad a la elección presidencial. Lo que está en juego es mucho más que los 12 escaños que obtendría la DC compitiendo sola, versus los 26 que obtendría con un acuerdo con los radicales, los 25 con el PPD, o los 27 que alcanzaría pactando con la Izquierda Ciudadana y el MAS, o el par de escaños más, o escaños menos, que obtendría aliándose con el PRO o con Ciudadanos.

Junto con estas frías definiciones basadas en cálculos y guarismos, se debe dar paso a las sustantivas, las que darán frutos no sólo en la próxima elección, sino que marcarán el derrotero del partido en una próxima generación. En este sentido, no parece del todo descartable una futura escisión entre el ala progresista DC que anhela convergencias con el mundo socialdemócrata (Yasna Provoste, por citar un ejemplo)  y sectores más moderados que buscan convergencias con un mundo liberal como el de Ciudadanos de Andrés Velasco (Mariana Aylwin).

Sin ir más lejos, la Unión Demócrata Cristiana Alemana –siempre un referente para la DC chilena- opera bajo una lógica de identidad dual entre La Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Éste parece un escenario plausible entre dos visiones de mundo que conviven bajo un mismo signo, pero que por su falta de coherencia e identidad a todas luces han desvirtuado el sentido del partido Democratacristiano en el ordenamiento político actual.

 

 

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Efectos del cambio climático en la Gestión de Riesgo de Desastres

Durante el último tiempo, hemos sido testigos de cómo lluvias, vientos, marejadas e incendios forestales se han ido transformando, con mayor frecuencia, en eventos extremos debido a las condiciones meteorológicas. Dicho escenario tiene su causa principal en el cambio climático.

No es casual que la Convención Marco de la ONU sobre este fenómeno (Cmnucc) ubique a nuestro país entre los más vulnerables debido a sus características geográficas, que incluyen zonas urbanas en áreas costeras de baja altura —proclives a la fuerza del mar durante marejadas y tsunamis—, así como zonas áridas y semiáridas que, expuestas a sistemas frontales intensos, generan condiciones para aluviones.

Esta advertencia ha podido palparse en los últimos eventos climáticos que han causado, incluso, mayor destrucción que los terremotos registrados en el mismo lapso de tiempo.

Recientemente, pudimos observar el alto poder de destrucción del intenso temporal que afectó al litoral central y que sorprendió a los vecinos de la zona, quienes reconocieron que las salidas de mar se presentan cada vez con más violencia, así como los daños que produjo la caída de nieve en la Región Metropolitana y que afectó el suministro energético en miles de hogares. De igual forma, en el norte y centro, en las regiones de Antofagasta, Atacama y Metropolitana se produjeron precipitaciones de grandes intensidades en zonas específicas y en pocas horas, aumentando el caudal de los ríos y activando quebradas. 

De hecho, de acuerdo a un estudio de la Cepal (2012), de no tomarse medidas, el impacto del cambio climático proyectado para Chile en términos de pérdidas económicas podría representar un 1,1% del PIB anual de aquí a 2100. Esto plantea una serie de desafíos país, y el Sistema Nacional de Protección Civil (Snpc) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), en su rol coordinador, se han ido adaptando a esta realidad con avances sustantivos, convirtiéndose en referentes internacionales.

Destaca el Programa Chile Preparado, que contempla simulacros de borde costero, y en el sector educación a través del Programa Integral de Seguridad Escolar. De igual forma, desde 2016 se desarrollan ejercicios de evacuación de aluviones. Todo lo anterior se refuerza con información en el sitio web de Onemi.

Gran aporte ha sido también el trabajo de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, integrada por una serie de instituciones expertas en la materia, a través del diseño del Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que incluye acciones que aportan a la adaptación al cambio climático, como el monitoreo de amenazas relacionadas con eventos meteorológicos y una respuesta integral del Snpc.

Sin embargo, este nuevo escenario nos obliga a ir más allá en el trabajo de transformación de comunidades vulnerables en resilientes. Además de actividades de preparación, es necesaria una mayor inversión en obras de prevención y planes reguladores que integren la Gestión del Riesgo y la microzonificación (identificación de las amenazas en el territorio) en su diseño. Es decir, un mayor protagonismo de las municipalidades, entendidas como organismo de primera respuesta. Y esta tarea requiere el aporte de todos, con una coordinación público privada robusta, apoyada con el incremento de políticas públicas en la materia.

A la luz de lo anterior, podemos decir responsablemente que Chile cuenta con un SNPC adecuado a nuestra realidad geográfica, económica y cultural que ha demostrado ser el camino correcto para enfrentar las emergencias. No obstante, éste debe ser optimizado y reforzado institucionalmente con una legislación vinculante largamente esperada, para responder así a desafíos cada vez más complejos, entre otras cosas, por los efectos del cambio climático.

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La lógica Walker

¿Qué pasa en la política chilena? ¿Cuál es la causa de la desafección entre los ciudadanos y los políticos? ¿Qué ocurrió o sigue ocurriendo? Lo que sea, aún no somos capaces de verlo. Y cuando creemos encontrar la causa, se nos vuelve a escapar. Por ejemplo, a ratos nos inclinamos a pensar que nuestra clase política es de mala calidad, mal preparada y apitutada, siendo esos vicios los que generarían el problema. Pero aunque “un pueblo tiene los gobernantes que se merece”, esta posibilidad queda descartada cuando vemos a políticos de excelente preparación actuar como uno más. Los que deberían subir el nivel hacen precisamente lo contrario.

Me llama particularmente la atención el caso de Ignacio Walker, un político de trayectoria, que no podríamos decir que carece de la formación necesaria para desempeñar los cargos más importantes. Si no la tuviera, significa que todo nuestro sistema está trastocado. Abogado de una de las dos universidades más importantes de nuestro país y con un doctorado en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, Walker es lo que se llama un “político de carrera”, pero que claramente tiene títulos como para desempeñar otras funciones: no depende de la política para subsistir. No hay por qué dudar de sus capacidades, dados sus antecedentes académicos y su desempeño en diferentes cargos públicos.

De hecho, alguien podría suponer que si todos los políticos fueran como Walker, con su preparación y experiencia, nuestra política sería excelente. El problema es que una cosa es estar bien preparado y, algo muy distinto, es hacer buena política. Dicho de otra manera, la buena preparación no hace que el político actúe bien y profesionalmente, por lo tanto, el problema es distinto: por alguna razón su capacidad intelectual, experiencia y formación simplemente queden a un lado.

El problema no es que el senador defienda tal o cual idea, sino que firme un programa de gobierno y afirme, campante, que no lo leyó. ¿Qué seriedad puede tener alguien así? Si bien no entiendo a cabalidad qué es la posverdad, me parece que el concepto se asimila bastante al senador Walker legislando a favor del aborto, al mismo tiempo que declara la existencia de un ser humano desde la concepción. En una misma oración declara que existe un ser humano inocente, pero que hay casos en los cuales podría lícitamente ser asesinado. El problema no son sus convicciones, sino la lógica Walker: esa que permite apoyar a la Presidenta de la educación gratis, sin querer educación gratis.

¿Qué hace que un político -inteligente y con preparación- intente cuadrar el círculo sin temer hacer el ridículo contradiciéndose una y otra vez? Cualquiera que lea el proyecto sabe que esta ley no sólo despenaliza, sino que también garantiza el aborto, en la medida que establece una prestación médica exigible. Un abogado sabe perfectamente que si lo que busca es no criminalizar a una mujer en una situación excepcional, hay muchos instrumentos jurídicos antes que la legalización. Un cientista político sabe las implicancias de un programa de gobierno y de las alianzas tras una candidatura: es consciente del significado de las promesas. Pero algo provoca que un político que es ciudadano, abogado y doctor en ciencia política, deje todo de lado para serpentear esquivando la coherencia, contribuyendo a empeorar nuestra política. Y es que el punto no es la preparación y formación de nuestros políticos. Si fuera por preparación, Walker sería uno de los mejores. El gran problema es no llamar las cosas por su nombre y pretender seguir uniendo lo imposible de juntar.

 

 

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Ser de izquierda

Solo alguien muy despistado podría pasar por alto la frase que se destaca en muchas de las apariciones públicas de Pedro Sánchez, el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con “Somos la izquierda” se aspira a transmitir, no solo que es la alternativa al Partido Popular (PP), sino que es la única formación política que puede reivindicar dicha condición frente a un Podemos que le arrebató un millón y medio de votos en las últimas elecciones generales. No es casual, entonces, que dicha competencia tenga a distintos analistas preguntándose en qué consiste ser de izquierda en España.

La pregunta cobra más sentido frente a una socialdemocracia europea que sigue a la deriva. Los más optimistas se abrazan al salvavidas que ofrece el caso portugués. En dicho país, las fuerzas de izquierda han logrado combinar el respeto a la ortodoxia que exige Bruselas con la aprobación de medidas puntuales para apartarse de la austeridad. Pistas para salir del marasmo a mediano y largo plazo las entrega la destacada economista Mariana Mazzucato, directora del Instituto para la Innovación y la Utilidad Públicas de Londres. Sin titubeos, ha afirmado que “si la izquierda no encuentra un relato, tiene un problema”. Reivindica el papel del Estado, enfatiza la necesidad de repensar el capitalismo, reorientándolo y afirma que cualquier crecimiento sano debe contemplar inversión en innovación.

La Presidenta Michelle Bachelet, atenta a estos debates, aludió en una reciente entrevista a los problemas de los liderazgos progresistas en distintas partes del mundo. Señaló, además, que “la centroizquierda no ha logrado generar respuestas en el mundo actual”. Leyéndola, cabe preguntarse si tan genérica frase incluye a su propio gobierno, con menos de 30% de aprobación.

Por otro lado, las situaciones que vive el sector son diferenciadas. En el caso europeo, sus problemas se encuentran en las respuestas a la crisis del 2008, el malestar con la migración y el multiculturalismo y la ruptura de su modelo de relación con la sociedad, con la pérdida de protagonismo de los sindicatos, entre otros.

En América Latina, el declive de una izquierda donde Uruguay es hoy una isla, se explica, en buena medida, por la corrupción. Sin embargo, tampoco hay que ignorar la desilusión frente a su ubicuo compromiso con la defensa de los derechos humanos. El caso de Venezuela ha sido su test más amargo.

A la centroizquierda chilena le pasa lo que al PSOE: se ve desafiada por la izquierda más radical que representa el Frente Amplio. Consumida por aritméticas electorales y lejana a la reflexión, los que osan hacer preguntas acerca de su capacidad para hacer diagnósticos, la efectividad de sus reformas o, peor aún, sobre su identidad, son acallados con aquello de que “le hacen el juego a la derecha”.

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El abandono

Hay momentos en los que los cálculos deben quedar a un lado y las convicciones ocupar el lugar prioritario que a menudo tienen en los discursos y tan rara vez en los hechos. Situaciones decisivas en las que de poco sirven los silencios prácticos, las pausas reflexivas, las complicidades pasivas, las medias tintas, los intereses subalternos o la conveniencia inmediata.

La discusión sobre el proyecto de aborto es uno de esos momentos. De poco vale decirse humanista cristiano si, al votar en el Congreso, no se es ni lo uno ni lo otro. Las palabras de un pastor quedan vacías si en la instancia clave no saca la voz o emite sonidos apenas audibles, dejando en la estacada a sus ovejas. Las declaraciones de principios de las instituciones se transforman en letra muerta si cuando llega la hora de los quiubos la opción es pasar. El candidato que se proclama en contra del aborto pero no usa su liderazgo para tratar de impedirlo cae en la incoherencia.

La discusión sobre el aborto es distinta a otras, porque en ella se ponen en juego cuestiones extremadamente importantes: el respeto a la vida del que está por nacer, la dignidad de la mujer, las responsabilidades que acompañan a la maternidad y la paternidad, la solidaridad con los más desprotegidos, etc. El tema toca la esencia de nuestra sociedad de variadas formas y por eso los tomadores de decisiones no pueden usar en este debate los estándares que utilizan para abordar otras definiciones menores.

En el caso de los parlamentarios, su postura final se traduce en un voto a favor o en contra. Sin embargo, hay otras instituciones y liderazgos que también forman parte de la discusión y a ellos también les corresponde pronunciarse.

No obstante, da la impresión que los parlamentarios que se oponen al aborto se encuentran solos, pues muchos de los que debían ser sus aliados naturales han optado por el sálvese quien pueda. La iniciativa del gobierno tiene 70% de aprobación y eso parece estar afectando la voluntad de respuesta de quienes por vocación y principios deberían ubicarse en la primera línea.

El riesgo es que se consolide la victoria cultural que implica el nivel de apoyo que posee el proyecto promovido por el Ejecutivo. Es necesario aprender de lo que ocurre en lugares como Estados Unidos, donde una minoría ruidosa nunca dejó de oponerse al aborto y ha terminado revirtiendo lo que parecía un clima de opinión irremontable. Hoy son varias las encuestas que muestran que en la sociedad norteamericana los pro-vida superan a los pro-choice.

No se trata de salir a atacar y a denunciar, sino de hacer ver con lealtad y altura las convicciones propias y justificarlas de acuerdo a la sólida base doctrinaria y práctica que tiene la posición antiaborto. Ni buses naranjas ni exaltaciones agresivas. Con calma y seguridad, hay que atreverse a presentar las ideas propias y no callarlas en un momento decisivo como el actual.

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La gratuidad que divide

El tema de la gratuidad en la educación superior divide a la derecha. Diputados de RN quisieron votar a favor del aumento de la gratuidad hasta el sexto decil, pero Sebastián Piñera los convenció de que no era una buena idea. Felipe Kast, por su parte, tildó de populista al exmandatario por defender la idea de mantener la gratuidad para el 50% y, al revés, el senador Ossandón lo criticó por quedarse corto y oponerse a la gratuidad universal.

Hay varios motivos para pensar que la razón está de lado del expresidente. Desde luego, en política hay que tener una dosis de “realpolitik”, es decir, de percibir la realidad como es y no como la imaginamos. Es impensable que la gratuidad hoy vigente para el 50% de los estudiantes de menores recursos en las 44 instituciones adscritas y con 250 mil beneficiados, pudiera echar pie atrás. Se la puede perfeccionar, porque está mal diseñada, pero abatirla no tiene sentido. Aceptar la gratuidad para el 50% pasó a ser un hecho de la causa bajo el prisma de una razonada estrategia política, donde costo cero para los estudios tiene hoy beneficios sociales en las familias elegibles que hay que ponderar y no puede quedar al margen del análisis.

Conviene recordar, que se trata de familias vulnerables, cuyos ingresos monetarios mensuales se hallan entre 0 y $150.000 por persona. ¿Se logra el mismo resultado con un crédito hasta el arancel de referencia? Sí, pero solo en parte. Es cierto que se baja la barrera a la entrada porque no se paga todo el arancel, pero el estudiante mantiene un pago por la brecha con el arancel real no cubierto con el crédito. ¿Qué tan importante es esta diferencial? Se estima, en promedio, del orden de $ 50.000 mensuales que salen del bolsillo de las familias, cifra no depreciable que, en el margen, afecta la decisión de entrar o no a la educación superior. Por otro lado, tampoco se trata de abrazar el verdadero populismo, y de los caros, que es postular una injusta gratuidad, inclusiva para los ricos, con un costo fiscal del orden de los U$ 3.500 millones, habiendo tantas otras urgencias sociales que no reciben la atención que se espera de un Estado que se dice solidario.

¿Cómo manejar la gratuidad del 50% que aparentemente llegó para quedarse? Primero, introducir de verdad el mérito en su asignación. La condición de vulnerabilidad es necesaria, pero no es suficiente.

Debiera existir un amplio margen para que estudiantes vulnerables y muy meritorios gocen de gratuidad total y cuando se den condiciones de menor vulnerabilidad y menor mérito la gratuidad sea parcial y el copago se financie con un crédito contingente al ingreso. Es aquí donde el crédito puede ser útil para liberar recursos fiscales. Segundo, hay que resolver los déficits en que incurren las universidades adscritas a la gratuidad por las brechas entre el arancel real y el regulado y extender la gratuidad a los estudiantes que actualmente son discriminados por pertenecer a instituciones que no se han sumado a ella. En ambos casos, hay un problema fiscal de por medio que hay que enfrentarlo con prudencia y responsabilidad, sin alentar falsas promesas que el país no es capaz de satisfacer como la gratuidad universal. Pero tampoco pretender una ilusa vuelta atrás que hoy no tiene cabida.

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Venezuela enfrenta su hora más difícil

Decir una vez más que esta es “la semana clave para el gobierno de Maduro”, a estas alturas pareciera ser solo un lugar común. Sin embargo, lo cierto es que los comicios de este domingo para elegir una Asamblea Constituyente ―fecha que los medios ya bautizaron como 30-J― representa una verdadera prueba de fuego para el chavismo en Venezuela.

Es que en muchos aspectos, el gobierno venezolano enfrenta el escenario más difícil de los 18 años que lleva en el poder. Porque si bien logró frenar el referéndum revocatorio que la oposición intentó llevar a cabo el año pasado, no ha podido resolver el desabastecimiento de alimentos y medicinas, ni la crisis económica, social y de seguridad que afecta al país. Y que ha llevado a la gente a las calles.

Así lo han demostrado los más de 100 días de protestas que, lamentablemente, han dejado una cifra similar de muertos. Y que, de una u otra manera, llevaron a la liberación del líder opositor Leopoldo López, quien fue arrestado en febrero de 2014 por “incitación a la violencia”, luego de una manifestación que precisamente exigía la renuncia de Maduro, y que en septiembre de 2015 fue condenado a casi 14 años de cárcel en la prisión militar de Ramo Verde, acusado de instigación pública a la violencia, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio.

Es probable que el oficialismo venezolano confiara en que la liberación de López aplacaría las demandas y movilizaciones opositoras, pero este gesto acabó produciendo el efecto inverso. Es que el referéndum no vinculante al que pocos días después convocó la oposición —dentro y fuera de Venezuela—, para que la gente se manifestara acerca de la convocatoria a la Constituyente, se tradujo en 7,6 millones de votos en repudio a la redacción de una nueva Carta Magna.

Sin embargo, a pesar de esta cantidad de votos ―probablemente la misma con que el fallido referéndum revocatorio habría removido a Maduro de la presidencia―, el rechazo por parte de numerosos gobiernos latinoamericanos (entre ellos el de Chile) y europeos a los comicios del 30-J, así como de organizaciones internacionales como la OEA, el gobierno venezolano se mantiene firme en su objetivo.

Pero las sospechas sobre la Constituyente son demasiadas, partiendo por el hecho de haber sido convocada de manera unilateral por Maduro, en vez de llamar a un plebiscito nacional. Además, la mayoría de los 545 miembros de la Asamblea fueron designados por el oficialismo de acuerdo a una lógica territorial, pero también sectorial (trabajadores, campesinos, estudiantes, etc.), lo que le da una clara ventaja al oficialismo.

Y frente a eso, no son pocos los que consideran este llamado a reescribir la Constitución como un desesperado intento del gobierno para disolver la Asamblea Nacional (poder Legislativo), donde desde fines de 2015 la oposición controla la mayoría de las bancas; y un recurso para establecer un nuevo calendario electoral que postergue aún más la elección presidencial prevista para el próximo año.

El punto es que en este momento la polarización en Venezuela ya no se entiende solo como un choque constante entre el gobierno y la oposición, ya que el propio oficialismo se encuentra dividido entre aquellos que se mantienen incondicionales a Maduro y aquellos que defienden el “proyecto chavista original” y que creen que esta Constituyente es, precisamente, inconstitucional.

Por ejemplo, la fiscal general Luisa Ortega fue de las primeras figuras importantes del gobierno en rechazar el llamado hecho por Maduro, por lo que ahora enfrenta un proceso de eventual destitución. A su vez, dentro de las Fuerzas Armadas, que hasta hace poco se veían como un bastión monolítico e incondicional del régimen, se han comenzado a escuchar voces críticas.

De esta forma, todo indica que Maduro no desistirá de concretar los comicios de este domingo. En gran medida, porque no tiene alternativa, ya que cancelarlos sería reconocer la capacidad de presión opositora y de la comunidad internacional. Y eso se leería como una clara muestra de debilidad.

Más allá de una defensa ideológica, el gobierno de Maduro se aferra al poder como una manera de aplazar lo más posible lo que ocurrirá al día siguiente de dejar el Palacio de Miraflores: el inicio de investigaciones por corrupción, violaciones de los derechos humanos y abuso de poder durante estos 18 años. El chavismo no renunciará al poder sin garantías de inmunidad y mientras eso no ocurra, seguirá en el gobierno, llevando la tensión política y social al límite.

Por eso, lo que ocurra este domingo con la elección de los integrantes de la Constituyente, así como las decisiones que tomen el gobierno y la oposición una vez que se conozcan los resultados, será clave para el futuro de una Venezuela que ya no resiste más violencia y divisiones.

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Sename y directorios de fundaciones

En los Estados Unidos es cada vez más frecuente el debate sobre los motivos y conveniencias de que las sociedades sin fines de lucro remuneren a sus directores y ejecutivos como si ejercieren esos cargos en empresas lucrativas. El año 2014, en un universo aproximado de 100 mil organizaciones civiles en ese país, incluyendo universidades, hospitales y grupos religiosos, 2.700 ejecutivos fueron remunerados con salarios anuales superiores a un millón de dólares. La justificación más recurrente de tales rentas es “premiar buenas gestiones que permitan cumplir ciertas metas que alejan a estas instituciones de la quiebra”, como suele ocurrir. Quienes se oponen a estas prácticas argumentan que es impresentable que tales organizaciones, financiadas con donaciones y franquicias tributarias, compensen a sus directivos con rentas tan jugosas.

Chile está en las antípodas de la realidad estadounidense. Trabajar en este tipo de corporaciones en nuestro país, o integrar sus directorios, es considerada una labor altruista; o sea, una tarea cuya esencia es procurar el bienestar ajeno a costa del propio. Otra gran diferencia entre Chile y el país del norte radica en el apoyo que el Estado entrega a fundaciones privadas sin fines de lucro. El sesgo anti-privado en Chile impide beneficios impositivos por los aportes de personas y sociedades de inversiones en estos espacios. Un claro ejemplo es la Ley de Rentas Municipales que al acoger tributariamente aportes destinados a la beneficencia, discrimina entre donantes con multas de hasta el 40%.

Sabemos que los fondos públicos son escasos, y que la administración de esos recursos por parte del Gobierno es muchas veces deplorable. El Estado de Chile no puede seguir castigando a las personas naturales y jurídicas privadas que deseen sumarse al esfuerzo de construir un país donde haya menos personas en situación de vulnerabilidad y necesidad extrema.

En este proceso de construir una sociedad más inclusiva y participativa, es necesario virar en la dirección de países donde los privados son actores relevantes, palancas claves de progreso y desarrollo económico y social. Para ello, las fundaciones no pueden seguir en manos de “benefactores” que aportan su experiencia, voluntad y talento ad honores, como simples voluntarios. Tales funciones deben ser remuneradas, aunque sea nominalmente, según el tiempo y la dedicación que exijan.

Un buen directorio de fundación requiere de personas que asuman su rol en forma profesional (lo que no significa necesariamente que sean profesionales) y destinen tiempo para formar un equipo de pares poderoso que contribuya decisivamente al propósito fundador. El proceso -grados más, grados menos- contienen fases comunes con cualquier gobierno corporativo funcional y de calidad:

consensuar una Agenda Anual;
auto evaluar su funcionamiento acorde con el foco, coordinación y arquitectura de la información utilizada;
constituir un comité encargado de precisar los perfiles y competencias necesarias para ejercer los cargos directivos y ejecutivos.

El rechazo del Informe SENAME II no puede limitarse sólo a la indignación general hacia un Estado que ha permanecido impasible durante años frente a la muerte y maltrato de niños y jóvenes acogidos por el sistema. Esta pesarosa realidad debe dar paso a la modificación de la actual normativa sobre donaciones, permitiendo a los privados asumir mayor preponderancia en estos temas y evitar que el Estado se auto atribuya roles de subsidiaridad que una buena legislación podrá ahorrarle.

Esa misma legislación obligará a las corporaciones sin fines de lucro para ponerse pantalones largos en cuanto a responsabilidades, funcionamiento y compensación de sus directorios y principales ejecutivos, orientaciones que hoy dejan mucho que desear.

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