Álvaro Bisama's Blog, page 116
August 2, 2017
Tecnologías 4.0 ¿Políticas 1.0?
El lunes pasado, Any, la secretaria del CNID, llegó tarde a trabajar. Su madre, de 71 años, se cayó en su casa. Estuvo más de seis horas inhabilitada en el suelo, con la cadera quebrada, y pasó a formar parte una cruel estadística: cada año, casi un tercio de los adultos mayores sufre una caída, y entre el 20 y 30% termina con daños.
Pero, ¿qué pasaría si una pulsera con un sensor de movilidad pudiera monitorear un movimiento brusco en adultos que viven solos? No es una tecnología demasiado cara, y eso le ahorraría angustias a sus familiares (que recibirían una alerta en su celular en caso de accidente) y cientos de millones de pesos anuales a los servicios de salud.
Parece lejano, pero no lo es tanto. Así como hoy los paneles solares se pagan vía subsidio en miles de viviendas sociales en Chile, no sería difícil pensar que el Ministerio de Salud (Minsal) invirtiera en un sistema de monitoreo para ancianos. Dos condiciones son necesarias para aprovechar las grandes oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías. La primera es que dispongamos de una auténtica red de Internet de banda ancha. La segunda es que repensemos nuestras políticas públicas teniendo en cuenta el cambio de paradigma que ofrece este nuevo escenario tecnológico.
Es lo que ocurrió en 2008 en el Hospital Las Higueras. En esa época, las listas de espera para especialistas llegaban a ser de un año y medio. Así nació el programa de Telemedicina Galileo, que partió atendiendo las consultas de los hospitales de San Carlos y Curanilahue, y que en 2010 ya había disminuido los tiempos de acceso a la primera respuesta del especialista ¡a 54 horas!
No solo eso, en los hospitales y Cesfam de la Red de Salud Talcahuano se instalaron unidades telemédicas para permitir la interacción en tiempo real a través de video, y entrenaron a enfermeras para ejecutar exámenes que antes eran privativos del cardiólogo. Esto ha permitido, entre 2012 y 2016, más de 76 mil teletransacciones de salud y ya hay 65 establecimientos que pueden acceder vía virtual a especialistas de Las Higueras. El modelo tuvo tal éxito que en 2015 el Minsal decidió generar un sistema para que se transforme en política pública.
También hay casos del sector privado: hoy Chile exporta un sistema revolucionario que detecta -sin la intervención de un médico- una de las principales causas de pérdida de visión y ceguera: la retinopatía diabética. El DART consiste en tomar una foto a la retina para descartar a los pacientes sanos, de modo que el oftalmólogo solo vea a los que sí necesitan tratamiento. Esto, con el considerable ahorro de recursos que implica.
Las tecnologías nos entregan herramientas con alto impacto y cada vez más baratas. El que las usemos para aumentar el bienestar colectivo y favorecer la igualdad de acceso a bienes y servicios esenciales depende de que demos un salto en la forma en que pensamos y diseñamos las políticas. Con tecnologías 4.0 no podemos seguir en un mundo de políticas 1.0. Debemos diseñar nuestras políticas en áreas como salud, educación o vivienda no solo pensando en corregir deficiencias del pasado, sino también en las oportunidades de un presente tecnológico que debemos aprender a aprovechar mejor.
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Prudencia en la desmunicipalización
La Comisión de Educación del Senado llegó a un acuerdo respecto del proyecto de ley que traspasa los establecimientos públicos, hoy dependientes de los municipios, a 70 servicios locales dirigidos por el Ministerio de Educación. Este acuerdo permitirá la continuación en la tramitación del proyecto, pero no soluciona su problema principal: la desmunicipalización aleja la toma de decisiones de los establecimientos y la centraliza en el Ministerio de Educación. Sin perjuicio de ello, y dejando de lado los reparos específicos al proyecto, vale la pena destacar y defender las ideas tras el acuerdo alcanzado, que ha sido rechazado por varios académicos.
Sin importar la gradualidad que se plantee, la desmunicipalización será un proceso de enorme complejidad administrativa, política y educacional. En general, la rapidez con las que nuestros legisladores crean instituciones públicas contrasta bastante con la capacidad de nuestro Estado para hacerlas realidad. Además, la dimensión de la operación hará palidecer procesos administrativos como la creación de regiones o de ministerios. El traspaso de funcionarios siempre crea conflictos, para qué decir el traspaso de propiedades. Hace algunos meses la prensa mostraba la discusión entre dos alcaldes por un terreno que estaba a nombre de una, pero en el territorio de la otra… hace más de 25 de años. Además, no hay claridad de qué “sorpresas” financieras y políticas esperan al Mineduc en las oficinas de las 365 comunas, probablemente algunas escondidas por años. Poco tiempo tendrán los funcionarios para preocuparse del aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que es valorable que no solo se establezca una gradualidad para la vigencia (que es nada más que un plazo) sino que se le abra la posibilidad a la autoridad para evaluar y eventualmente detener el proceso en el caso en que no esté funcionando como debiera.
Algunos académicos han planteado que esto reflejaría una “falta de convicción” en el sistema que se está diseñando. Este argumento llama la atención, en tanto no existe ninguna evidencia que pueda darnos alguna certeza de que el nuevo sistema sea confiable. Que no quede duda: nadie está en condiciones de asegurar que el servicio local será mejor, igual o peor que un municipio, ni que toda la papelería administrativa implicará una mejora en los aprendizajes. Se trata de supuestos curiosamente alineados con premisas ideológicas. Puede que se asemeje a lo que funciona en otros países, pero eso no debiera movernos de una duda razonable. Adicionalmente, entendiendo que gran parte del problema de la administración municipal es la falta de capital humano y las restricciones de gestión, es extraño que se nos pida fe y esperanza en un nuevo sistema que recurrirá a las mismas personas y se regulará por el mismo rígido estatuto administrativo. Es del todo atendible que ante las dudas que a cualquiera le genera una reforma de esta dimensión, se hagan provisiones para detenerla en caso que falle. Uno esperaría de los académicos el siempre necesario escepticismo propio de su campo profesional y sus métodos.
Finalmente, el hecho que se permita que los municipios de buenos resultados se mantengan fuera del sistema es un producto positivo de este acuerdo. Dudo que para los padres o los estudiantes sea relevante si el establecimiento depende de un servicio o de un municipio (o de un privado, incluso), mientras sea de calidad y responda a sus necesidades y expectativas. Y si funciona, no es necesario arreglarlo. La preocupación de los académicos y elaboradores de políticas públicas parece ser de orden estético: quieren que el sistema sea homogéneo y nadie escape del panel de control. El argumento de que esto aumentará la segregación – porque serán las comunas más ricas y que más recursos invierten en educación las que se restarán del proceso – es sorprendente, pues equivale a decir que el objetivo del servicio local es quitarle recursos a los que tienen y lo hacen bien para repartirlos a los demás. Esperemos que no sea ese el objetivo del proyecto del gobierno.
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Arma mortal
Peligrosamente parecidos. El mercado del fútbol figura como el segundo de los negocios legales que más plata mueve en el mundo. Este dato, que resulta impresionante, lo es aún más si observamos lo que hoy está sucediendo en el planeta, principalmente en Europa.
La Premier, por segundo año consecutivo, es la que más ha gastado en transferencias de jugadores. El pase de Lukaku del Everton al Manchester United parecía estratosférico, casi tanto como lo fue el de Pogba en la temporada pasada. Dos negocios de 100 millones de euros en promedio. Pero resulta que en este 2017, Álvaro Morata, un suplente del Real Madrid, le costó al Chelsea 80 millones. Y el City, en tres laterales, gastó cerca de 150 de los grandes y eso que aún no oficializa lo de Alexis Sánchez.
Cuando parecía que nada podía ser más impresionante, surge la venta de Neymar al París Saint Germain. La más cara de la historia. Es escandaloso. Sólo por la cláusula de salida la poderosa institución francesa, auspiciada por la impresionante billetera de los magnates árabes, pagará 222 millones de euros. Todo un récord.
Triste y preocupante para mi gusto, pero eso es apenas el inicio del negocio. Se calcula que a través del sueldo del jugador por cinco años, más el impuesto en Francia, que puede llegar a un 65 por ciento, la operación total del delantero brasileño llegará a la obscena cifra de 700 millones de euros. Sí, leyó bien, SETECIENTOS MILLONES.
Alarmante, desolador y no voy a caer en los lugares comunes respecto de la cantidad de niños que podrían estudiar o comer con lo que hoy se paga por los futbolistas, aunque debería. No, eso, por evidente y redundante, no lo voy a escribir. Hablo del daño que se le hace a una actividad que debiera resguardar, de modo esencial, la capacidad de competencia. La posibilidad de que haya cierta equidad en los campeonatos donde estos monstruos empresariales están insertos.
La Liga profesional de básquetbol de los Estados Unidos es un buen ejemplo. La NBA, a través de topes salariales y el draft, ha evitado por muchos años que su torneo sea tan desigual como hoy lo son las ligas más importantes del viejo continente. Poco a poco, en Alemania, Inglaterra, España, Italia y ahora Francia sólo disputan el título dos o tres. Y aunque eso pueda ser natural y hasta aceptable, inquieta la brecha que se agranda, porque el camino que se inicia no tiene retorno.
El fútbol es el deporte más popular del mundo gracias a que es uno de los pocos donde, a través de la estrategia y otras virtudes, se pueden estrechar diferencias. Formando planteles ultrapoderosos se hace imposible. Estas mega operaciones no sólo ruborizan, también son un ataque mortal al corazón del fútbol.
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Listas de espera: un cambio de modelo
Más de dos millones de personas esperan por una atención médica en el país, según cifras del Ministerio de Salud. Incluso en muchos casos, por más de un año. Se trata principalmente de pacientes que requieren de consulta con un especialista o una hora para una cirugía. Lo más grave, es que dentro ellas, hay quienes son pacientes Auge cuya garantía de atención, a la que tiene derecho por ley, está siendo incumplida.
Es cierto que es casi imposible terminar con las listas de espera. Ningún país en el mundo ha podido hacerlo. Pero muy distinto es cuando existe un derecho establecido por ley que garantiza una atención oportuna y no se cumple, y cuando esa espera que debiera ser de un máximo de 30 a 60 días, supera el año. Las consecuencias son inconmensurables: pérdida en la calidad de vida, incremento en el riesgo de eventos adversos o muertes potencialmente evitables.
Se necesita con urgencia un cambio de modelo. El expresidente Piñera hizo una propuesta hace unos días en esa dirección, que debería analizarse. El programa: “Si no respondo, tú eliges” entrega a las personas la opción de que si no es posible que la atiendan en el hospital de referencia, pueda ir a otro establecimiento público de esa red, o bien sea derivado a un centro privado en convenio y que esté acreditado una vez que su tiempo máximo de espera se agotó.
Entonces se plantea la aplicación de tiempos de atención garantizada; priorización de las listas en función de criterios explícitos como tipo de enfermedad, gravedad e impacto en la vida laboral; la incorporación de estrategias para mejorar la indicación de una intervención.
A su vez se introduce un cambio en el modelo de gestión, con el fin de optimizar la eficiencia de los centros hospitalarios, una mayor coordinación con la atención primaria de salud (APS) y la complementariedad público-privada, pero integrada.
Creo que este programa cambia el eje de la provisión y el modelo de organización. Se devuelve al ciudadano, el derecho a elegir y a acceder a la atención que necesita. Hoy se da la paradoja que en el Servicio de Salud del Maule –junto con la Araucanía Sur que lideran las listas de esperas a nivel nacional particularmente en cirugía-, no ocupan su capacidad instalada, cuando existen establecimientos de esa red o de servicios vecinos que disponen de pabellones para operar.
Si faltan pabellones en Talca y Curicó y existen espacios quirúrgicos en Linares, San Fernando, Rancagua, Chillán o un centro privado o si faltan pabellones en Temuco y existe capacidad en Victoria y Angol, ¿por qué no es posible su uso?, ¿por qué se opta por incrementar las listas de esperas teniendo posibilidades de solución?
Esto es lo que es necesario modificar. El cambio de modelo es urgente. Se necesita fortalecer la Atención Primaria, reorganizar la provisión estatal, mejorar los mecanismos de pago y de transferencia a la APS y hospitales, formar médicos y otros profesionales de la salud en las regiones. Todo esto en un nuevo marco de gobernanza del sector prestador. La incorporación de los profesionales y trabajadores de la salud para una mejor asistencia son parte inherente a los cambios propuestos.
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Discriminación en entrada en vigencia de la carrera docente
La semana pasada se informó que, desde este semestre, los profesores que ejercen en establecimientos municipales percibirán un alza en sus remuneraciones. Esta alza se debe a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Docente, promulgada por el actual gobierno, que establece una nueva asignación que varía con los resultados que logren en su evaluación docente.
Por un lado, una buena noticia: que se dispongan recursos para incentivar el buen desempeño de los profesores, reconociendo y premiando el valioso trabajo de aquéllos que –desde algún parámetro- lo hacen bien.
Pero, por otro lado, malas noticias.
En primer lugar, porque la evaluación docente que contempla la ley no pareciera ser la más apropiada para el fin que se le ha encomendado. Ésta consiste en una prueba de conocimientos y en un portafolio donde el docente reúne algún material, como la grabación de una clase, para dar cuenta de su cometido. Si bien la prueba de conocimientos es algo así como un “desde”, en tanto lo mínimo esperable es que el profesor maneje los contenidos que va a enseñar, no es claro que el video de una clase permita reflejar correctamente su desempeño regular. Es que difícilmente la evaluación centralizada desde el Ministerio de Educación será capaz de contextualizar e identificar correctamente la calidad de la docencia de los profesores que ejercen en cada aula del país. De esta forma, el mayor gasto que la Ley de Carrera Docente considera –con el que probablemente la mayoría está de acuerdo-, no necesariamente irá hacia los docentes de buen desempeño ni ayudará a promover las conductas que debieran reforzarse en la sala de clases.
En segundo lugar, la ley que entra en marcha este mes adolece de un grave problema de discriminación, pues excluye a más de la mitad de los profesores del país. Ésta dispone la entrega de recursos sólo para el sector municipal, no obstante, para los profesores del sector particular subvencionado, que atienden al 55% de la matrícula escolar, el aumento se dará recién el año 2026. Si bien la Ley de Presupuestos debiera contemplar la entrega de recursos para el ingreso anticipado de algunos colegios particulares subvencionados al nuevo régimen desde 2019, ésta constituye sólo una excepción.
Si a este trato desfavorable a los más de 100 mil docentes del sector particular subvencionado, se suman las dificultades que están debiendo soportar sus colegios producto de las nuevas exigencias que les impone otra de las leyes promulgadas por este gobierno –la mal llamada de inclusión-, se vaticina un panorama complejo. Pues además de preocuparse de cumplir con la nueva burocracia (relacionada a la figura jurídica del establecimiento, a restricciones de gasto y a la propiedad de la infraestructura en que funciona el colegio), ahora también deberán enfrentar la desventaja de disponer de menos recursos para sus docentes, producto de la discriminación injustificada de la que están siendo objeto.
En los últimos años, tanto autoridades de gobierno como parlamentarios afines a éste, se han manifestado muchas veces contrarios a la proliferación del sector privado en educación, aun cuando las familias chilenas han optado mayoritariamente por la educación particular subvencionada (55% de la matrícula versus 36% en el sector municipal). De esta forma, vemos cómo las piezas van comenzando a encajar y va quedando en evidencia que sus leyes coinciden en el intento por entorpecer el funcionamiento de la educación no estatal, con el consecuente daño no sólo a sus dueños, sino también a sus alumnos y ahora a sus docentes. Lamentablemente, las palabras del ex Ministro Eyzaguirre en relación a “bajar de los patines” a quienes asisten a la educación particular, cobran hoy cada vez más sentido.
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Desigualdad y Reforma Educacional
La desigualdad de ingresos en Chile ha bajado en los últimos años, tal como lo han explicitado el reciente estudio de la Universidad Católica y el publicitado informe del PNUD ¾ este último, sin embargo, en una actitud barata, sorprendente y políticamente correcta, lo ha dicho en «voz baja» e insinuando, mediante sus titulares, que habría ocurrido todo lo contrario¾. Y así como estos estudios explican que una de las principales razones por las cuales ha caído esta desigualdad es el mayor acceso y la mejor calidad de la educación en Chile, es interesante entender qué dicen sobre el efecto inverso: ¿por qué aumentó la desigualdad en épocas pasadas? La respuesta que dan es simple y un correlato de la anterior: antes eran pocos los que iban al colegio, menos los que lo terminaban e insignificante el número de quienes a la universidad llegaban.
Durante las décadas de los 60, 70 y a principios de la de los 80, la universidad era gratuita y el Estado tenía que pagarla, pero, como el país era muy pobre, simplemente no le alcanzaba la plata. Había entonces que controlar ese gasto educacional y, la única manera hacerlo, era limitando la matrícula universitaria, por lo que eran muy pocos los que lograban entrar a la universidad ¾justamente los más ricos y educados, que eran los que sacaban mejores calificaciones¾. Y así, como la economía del país crecía, las empresas los necesitaban, pero, como eran pocos, se los peleaban. ¿Cuál era el resultado? Pocos universitarios que luego de graduarse recibían grandes sueldos y regalos, dejando al resto apartados. Entrar a la universidad era entonces, en el pasado, prácticamente equivalente a un título nobiliario: como el Estado limitaba la cantidad de universitarios, éstos eran pocos y millonarios y el resto, meros espectadores del agasajo del Estado.
Esto hace preguntarse qué estará ocurriendo durante estos días en Chile, días en que el presidente de Codelco dice que en su empresa ya no hay «ni un puto peso» y al Estado, por excederse en sus gastos, le bajan su clasificación de riesgo: ¿qué estarán proponiendo para controlar el gasto los iluminados que abogan por educación gratuita en la Reforma Educacional? Justamente lo mismo que en el pasado: limitar la matrícula universitaria y, de esta manera, volver a perjudicar a los más necesitados.
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Aborto y violación: el caso de los inocentes
Son los últimos días de la segunda guerra mundial, y un grupo de soldados rusos ocupa un convento en Polonia y viola a las monjas que ahí viven. Como resultado siete de ellas quedan embarazadas.
Con el fin de evitar un escándalo social, deciden dar a luz a escondidas en el convento. Inicialmente, sin asistencia médica, consiguen finalmente el apoyo de una joven doctora que las ayudará en el trabajo de parto.
La historia (alerta de spoiler) tiene un final feliz: las religiosas logran a pesar de la adversidad, que los niños nazcan, y aceptan criarlos como si fueran huérfanos, junto a otros niños en el mismo convento.
Si la vida imita al cine, en este caso fue el cine el que imitó la realidad. Esta historia está historia en un hecho real ocurrido durante la ocupación soviética de Polonia.
La película estrenada con gran éxito de crítica el 2017 en el festival Sundance – y actualmente en cartelera en el Cine El Biógrafo – parece haber sido elegida en forma precisa para el momento que vive Chile: la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto en caso de tres causales: riesgo vital de la madre, malformación incompatible con la vida y violación.
La primera causal, no reviste mucha polémica: con o sin ley, hoy en Chile no mueren mujeres producto de embarazos que implican un riesgo a la vida materna. Bajo el principio ético conocido como ley del doble efecto, la praxis médica reconoce la legitimidad de interrumpir, por ejemplo, un embarazo tubario. Esto ya que la acción tiene como efecto deseado salvar la vida de la madre y como no deseado e inevitable, la muerte del feto. La ley, en este caso, sólo viene a consagrar por escrito la práctica médica habitual.
La segunda causal de inviabilidad, busca que en el caso de malformaciones incompatibles con la vida, como la ausencia de cerebro y más conocida como anencefalia, la madre pueda interrumpir en forma prematura ese embarazo.
Mucho más polémica es la tercera causal, la que permite el aborto en caso de violación. En Chile, 1743 mujeres realizaron una denuncia por violación durante el 2015, las que en su mayoría (más de la mitad) se concentran en el grupo de menores de 17 años. Es evidente que esta cifra no revela completamente la magnitud del problema, dado que frecuentemente existe temor a denuncias en estos casos.
En nuestro país, se estima que 2.1 % de los abortos sería producto de un embarazo secundario a una violación. Peor aún, estos delitos se concentran en los grupos de mayor vulnerabilidad social y menor ingreso. De esta manera, a edades tan tempranas como 12 o 13 años deberá decidir una mujersi tener o no a este hijo no deseado, teniendo que definir ella si cuidarlo o entregarlo al deficiente sistema de adopción chileno.
Sin embargo, se trata de un embrión o feto sano, sin malformaciones, y que salvo este “vicio de origen”, es simplemente una vida humana. Se encuentran, finalmente, dos principios en conflicto: la protección de la vida del que está por nacer y el derecho de la mujer de ser madre cuando así lo desee y de elegir la vida que quiere vivir sin coerción del Estado.
La película antes nombrada, nos muestra el extremo del heroísmo: no sólo dar a luz al hijo, sino además criarlo y de paso, aprovechar de cuidar a otros huérfanos. Esto es deseable y emociona verlo. No se puede sino ver la resiliencia del ser humano frente a la adversidad y su capacidad para sobreponerse con amor, al odio y la violencia.
Sin embargo, los actos heroicos no pueden ser mandatorios. Nadie puede estar obligado a ser un héroe por ley. En este caso, permitir que el hijo nazca, desde el punto de vista liberal sería algo supererogatorio.
Una primera violencia ya se ha cometido contra la mujer al ser violada. En ésta el Estado es co-responsable, al no haber sido capaz de garantizar seguridad e integridad física de una de sus ciudadanas. Una segunda violencia, se comete al obligar a tener a este niño.
En ambos casos la resolución del conflicto implica violencia: en uno contra la mujer a la cual se le impone una maternidad forzada que lesiona su vida en forma irreparable. En el segundo caso, poniendo término a la vida de un feto.
Establecer la despenalización en caso de violación, no implica decir que esta decisión es simple, fácil u obvia. No implica, tampoco, promover una u otra alternativa. Implica simplemente, reconocer la complejidad de las opciones y que ambas puedan ser elegidas libremente, sin mediar una sanción del estado.
Las monjas en la película, decidieron dar a luz.
¿Qué querrán las mujeres chilenas? No lo sabemos. Dejemos que ellas decidan.
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La ENAP del futuro comienza hoy
Tres años atrás asumimos un gran desafío: retomar el rol histórico de la ENAP en el desarrollo energético de Chile y hoy culminamos la primera etapa de este proceso. La instauración del Gobierno Corporativo nos permitirá fijar una mirada a largo plazo, independizarnos del ciclo político y profesionalizar la conformación del directorio.
Nuestro primer paso fue estabilizar financieramente a la compañía, donde logramos retomar un ritmo de inversión saludable, terminando el 2016 con un EBITDA por sobre los US$ 600 millones y con un patrimonio de US$ 807 millones. Seguimos con el desarrollo de proyectos estratégicos, logramos inyectar el primer mega watt geotérmico en Sudamérica, desarrollar hidrocarburos no convencionales en Magallanes, la producción récord de nuestras refinerías y el envío de gas a Argentina.
Hoy buscamos resguardar la función pública de ENAP y asegurar una gestión eficiente, sin comprometer el patrimonio de la compañía. Entendemos que el desarrollo tecnológico y la globalización presentan nuevos desafíos para las empresas, obligándolas a ser más competitivas y transparentes, en un contexto de efervescencia social -con ciudadanos cada vez más empoderados. Creemos firmemente que los directores se deben a los intereses de la nación y sus ciudadanos, y un buen gobierno corporativo es el que otorga garantías de independencia, continuidad y cuidado de los intereses ciudadanos.
Se trata de crear una nueva cultura corporativa, que guíe el comportamiento de todos los miembros de la compañía y vele por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con una mirada sustentable y con transparencia, estableciendo límites claros para nuestro actuar.
Hoy comienza la ENAP del futuro, con un Gobierno Corporativo acorde a las exigencias de una gestión moderna y altos estándares internacionales. Se mantiene la fiscalización que corresponde a una empresa pública en el control de legalidad y probidad de sus actos, y se agregan las exigencias que la Superintendencia de Valores y Seguros impone a las sociedades anónimas.
Adicionalmente, el nuevo Gobierno Corporativo incluirá una capitalización de US$ 400 millones que restituirá -en parte- la pérdida que sufrió ENAP en 2008, cuando debió salir al rescate del mercado eléctrico durante la crisis del gas argentino. Esto nos permitirá proyectar a la ENAP como una empresa estable al servicio del país y como una articuladora relevante de soluciones energéticas.
Trabajaremos día a día por rentabilizar la empresa de todos los chilenos. Buscaremos consolidar lo avanzado y, a la vez, movilizarnos rápida y eficientemente, hacia donde queremos ir en nuestras áreas de negocio. Queremos agregar valor a nuestros activos y establecer ventajas competitivas para hacer sostenible la ENAP del futuro, con buenos resultados y nuevos proyectos.
Los altos estándares de Gobierno Corporativo son esenciales para la atracción y retención de inversionistas en los mercados globalizados. Hoy aspiramos a “hacerlo bien” y “hacer bien”, buscando crear un ambiente que no solo promueva la inversión, sino que también la confianza en que la ENAP, la empresa de todos los chilenos, beneficiará a toda la sociedad.
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Venezuela en la mira
La crisis institucional que aqueja a Venezuela es un llamado de atención para toda América Latina, y por qué no decirlo, para la civilización occidental. Hace tan solo 25 años se pensaba que las ideas de la libertad se expandirían sin contrapesos, tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de los socialismos reales. Hoy vemos cómo el socialismo del siglo XXI, con fuerte connotación populista y dictatorial, se alza como una amenaza real para la democracia representativa y las libertades de las personas.
Los trágicos acontecimientos de los últimos meses -con violencia, muerte y abusos del poder- repercuten, se quiera o no, en la discusión política en Chile, en un año marcado por la elección presidencial y parlamentaria. Una mirada rápida del espectro político nacional deja en evidencia que hay varios conglomerados, más allá de su tamaño e importancia política, que abiertamente se dicen tributarios del proyecto chavista: promueven un crecimiento no controlado de poderes y facultades para el Estado, convirtiéndolo de golpe en el único motor político y social, coartando la capacidad creativa de la sociedad civil, y sometiendo la dignidad de la persona y sus derechos esenciales a criterios meramente político-partidistas del poder de turno.
Estos mismos grupos políticos, tanto al interior del gobierno como en la oposición de extrema izquierda, se niegan a reconocer la vulneración de libertades y derechos en Venezuela, y muestran una indiferencia total ante la compleja situación humanitaria, sanitaria y de seguridad del país latinoamericano. Mientras el mundo condena al régimen de Maduro, emiten comunicados que van desde un respaldo irrestricto al régimen y su actuar (Partido Comunista) hasta confusas declaraciones que no dejan claro si se condena o no la situación que afecta a los venezolanos (Revolución Democrática).
Esta actitud parece sacada del baúl de los recuerdos y es idéntica a la que en su momento tuvieron grupos que se ubicaban en la izquierda del espectro político nacional respecto a la Unión Soviética, la primavera de Praga, Hungría y Polonia. Es la misma actitud que se mantiene hasta hoy respecto de la dictadura de Cuba. Es un verdadero negacionismo, que desconoce la realidad, que desconoce la vulneración de derechos y atropello de las libertades de las personas.
¿Por qué está actitud? Es una suerte de nostalgia por el proyecto socialista, por la revolución que nunca fue y cuyo fracaso se manifestó en la estrepitosa caída del bloque soviético. Pero no es sólo esto: también es la consecuencia lógica de la ideología. El socialismo del siglo XXI utiliza consignas y lugares comunes, sin importar las estadísticas y estudios que desvirtúan las afirmaciones, pues lo único importante es mantener la unidad del discurso. Las cifras, estadísticas, los resultados empíricos y la experiencia sólo tienen valor si sirven para justificar el proyecto político.
La crisis venezolana es el epílogo del socialismo del siglo XXI: al igual que su antecedente inmediato, el socialismo real, este proyecto político se encuentra en colisión con las libertades y derechos de las personas, y aunque prometa el paraíso en la tierra, termina por convertirse en un verdadero infierno. Si es así, ¿por qué llegan a ser exitosos estos proyectos? Entre otras razones, por las fallas del régimen democrático o de algunos gobiernos, así como por una comunicación efectiva de las ideas populistas. La gran herramienta comunicacional de este proyecto es su carácter eminentemente emotivo, al que se orienta el discurso y la retórica empleada por sus partidarios, apelando directamente a las emociones.
Para salir de la crisis, Venezuela debe volver a poner a la persona en el centro de la actividad política, respetar irrestrictamente la vida, propiedad y libertad, fundar la institucionalidad democrática con una separación de las funciones al interior del Estado, y hacer prevalecer el imperio de ley por sobre la voluntad del gobernante.
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August 1, 2017
La causa de los débiles
Si bien todavía no se ha dicho la última palabra, la reciente aprobación del aborto por parte del Senado ha sido, ciertamente, una noticia dolorosa. La ley es un instrumento de protección de los débiles y me parece contradictorio que los legisladores den su voto para apoyar una iniciativa que busca eliminarlos. Como los esfuerzos que he realizado a favor de la vida son de todos conocidos, muchas personas me preguntan qué haré ahora: quizá temen que, después de tanto empeño, de un día para otro me haya quedado sin una razón para mantener mi presencia pública.
¿Qué haré de ahora en adelante? Lo mismo de siempre. Mi preocupación por los no nacidos no es un gusto exótico, un hobby que se tiene y que se abandona cuando cambian las circunstancias.
Esta preocupación es solo un aspecto de una actitud más amplia, que desearía que todos los políticos compartieran: el interés por los débiles. Los no nacidos son, precisamente, los más débiles de los débiles. Abandonarlos porque está a punto de aprobarse una ley de aborto sería hacerles traición. Más allá de lo que diga la legislación, es necesario seguir promoviendo la conciencia de que toda vida humana es sagrada.
Además, en nuestra sociedad abundan las personas vulnerables, comenzando por las madres embarazadas que pasan por circunstancias adversas, a quienes se ofrece un remedio, el aborto, que no remedia nada. También están los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. Son los que sobran, los olvidados por aquello que el Papa Francisco ha llamado “la cultura del descarte”.
Como ha señalado el filósofo español Alejandro Llano, nuestra sociedad solo considera relevante lo que se traduce en dinero, influencia y poder, tres elementos a los que no pueden acceder las personas que tienen serias dificultades físicas o mentales, o cuyas fuerzas declinan por el avance de la edad. Ellos no constituyen un “mercado” atractivo desde un punto de vista económico o electoral.
Por eso necesitan que haya personas que se empeñen por hacerlos visibles, por ser la voz de los que no tienen voz: gustosamente sumaré mis esfuerzos a quienes están trabajando en esa hermosa tarea, continuando mi tarea en la Fundación Las Rosas, entre otras.
El desafío para nuestro país es tomarse en serio a estas personas vulnerables y sus necesidades, sin contentarse con proclamaciones retóricas. Mucho se habla, en efecto, de inclusión en las escuelas, pero es un mito: todos somos testigos de cómo los padres y madres de niños con discapacidad deben llevar a cabo un auténtico peregrinaje para encontrar un lugar que no les cierre las puertas a sus hijos.
Necesitamos imaginación y generosidad para reemplazar la cultura del descarte, de carácter negativo, por una cultura de la acogida, donde nadie sobre. La aprobación del aborto es solo un síntoma de una falla más profunda. Indica que tenemos que dedicar nuestros mejores esfuerzos a la promoción de la solidaridad.
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