Álvaro Bisama's Blog, page 102
August 21, 2017
Universidades estatales y proyecto universitario
El proyecto de ley sobre universidades estatales que se tramita en el Senado ha sido objeto de críticas por las normas sobre gobierno universitario.El rector de la Universidad de Chile señaló que introduce un “golpe mortal” a la autonomía universitaria por la presencia mayoritaria de “externos”, incluidos los representantes del Presidente de la República, en el Consejo Superior.
El debate no es nuevo y solo revela una de las permanentes tensiones en la disputa sobre quienes deben mandar en una universidad. El modelo alemán “humboltiano” de universidad de comienzos del siglo XIX, que tuvo marcada influencia en Europa, defendía con fuerza la autonomía frente al Estado y su gobierno era ejercido “desde adentro”, con un importante rol de los académicos, en una suerte de “anarquía organizada”.
La universidad del siglo XX pasó a ser más jerárquica en su gobierno corporativo (más vertical), con una autoridad central tomando el liderazgo de la gestión, una menor influencia relativa de los académicos y un órgano o consejo como guía.
La universidad actual no es muy distinta, excepto porque es más compleja por la diversidad de los grupos de interés: estudiantes, académicos, la sociedad civil, la industria y el Estado, o por la diversidad de las “medidas de desempeño”: formación de estudiantes, creación de conocimiento, vínculos con la sociedad, propuestas de política pública, etc. Por lo tanto, gobernar hoy una universidad compleja no es un asunto trivial; supone diseñar políticas, programas, tomar decisiones e imponer controles que garanticen un curso eficaz y sostenible en el tiempo. En ese contexto, la presencia de “externos” en los boards es un valioso aporte. Todas las grandes universidades en Europa, EE.UU. y Australia cuentan habitualmente con un Board of Trustees que elige al rector, aprueba el plan estratégico y el presupuesto, establece políticas y monitorea los indicadores de desempeño académico y financiero.
Los modelos de gobierno universitario en Chile están muy alejados de esta evidencia comparada.
En muchos casos tiende a primar una visión de gobierno “sesentera”, con debilidades de liderazgo, precaria gestión directiva y claustros triestamentales cerrados a la participación de la sociedad civil. La crítica de las universidades estatales frente a una mayor injerencia de externos en su conducción, en este caso del propio estado, no se condice con el clamor de una suerte de abandono paternal y la demanda de un nuevo trato hacia ellas.
La apertura hacia nuevas formas de gobierno, con miradas externas innovadoras para apuntalar los planes estratégicos y estructuras internas livianas que agilicen la gestión, son piezas claves para modernizar los sistemas universitarios, en especial de origen estatal.
La buena marcha de una universidad no es solo un tema de financiamiento; es también un asunto de equilibrios razonables y gestión eficiente.
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Saavedra nuestro Charlottesville
La semana pasada el alcalde del municipio de Saavedra, Juan Paillafil Calfulén, anunció el futuro cambio de nombre de la comuna costera de la Araucanía. Para ello -adelantó en un acto público- ordenará una serie de estudios y también una futura consulta ciudadana. Es una buena noticia para la región, especialmente si trata de un proceso legal, democrático y sobre todo participativo.
Para quienes no lo saben, el nombre del municipio rinde homenaje al general Cornelio Saavedra Rodríguez, responsable de la ocupación militar de Wallmapu y de una guerra entre el Estado chileno y los mapuches que se prolongó entre los años 1860 y 1883. Una guerra de la cual poco se habla y mucho menos enseña en las escuelas. Una guerra silenciada, oculta, una verdadera historia secreta.
Militar, político y empresario de la industria del trigo y los molinos, Saavedra es un personaje de triste recuerdo para la memoria del pueblo mapuche. Fue el gran artífice del plan de ocupación militar de la Araucanía que comenzó a ejecutar bajo el gobierno de José Joaquín Pérez. Fundador además de los primeros fuertes en tierras de antiguos caciques y lonkos. Mulchén, Collipulli, Angol y Lebu, algunos de ellos.
Pero la historia oficial lo recuerda como un “pacificador”. Nada más alejado de la realidad. Dirigió diversas campañas militares que de pacíficas tuvieron bastante poco. En la última, entre 1868 y 1871, compartió el mando de la Frontera con el general José Manuel Pinto. Ambos desataron una “guerra de exterminio” contra población civil mapuche que consta en testimonios y registros de la época.
El soldado Juan Bautista Riquelme escribe el 31 de mayo de 1869 a su hermano en Mulchén:
“Después de seis días llegamos al rio Cautín que cruzamos después de tomar la bandera de guerra que los indios habían allí enarbolado. Inmediatamente los perseguimos haciendo el completo exterminio de animales y siembras de cereales. Esta guerra ha sido de exterminio; se quemaron más de mil casas y cuanto se encontraba”.
Esto, créanme, escandalizó incluso en Santiago.
“En vez de guerra de soldados hemos tenido una guerra de pillaje desmoralizador”, editorializó El Ferrocarril el 17 de febrero de 1869. “Hemos sido constantes enemigos de la guerra que hoy se hace a los salvajes; guerra de inhumanidad, guerra imprudente e inmoral que no da gloria a nuestras armas, provecho al Estado ni prestigio a nuestro pabellón”, subrayó el principal periódico de la época.
Son los hechos. Y allí están las fuentes para quien quiera darse el tiempo de consultarlas. Pero ¿es oportuno juzgar con ojos de hoy lo que fue la vida y obra de personajes de nuestra historia como Saavedra? Por cierto que lo es. Resulta incluso saludable para una sociedad capaz de reflexionar sobre su pasado. Y es que si bien es imposible cambiar o retroceder la historia, de ella si es posible sacar valiosas lecciones.
Es un tema muy contingente. Pasa hoy día mismo en Estados Unidos, donde la decisión de retirar una estatua del general Robert E. Lee de la ciudad de Charlottesville, Virginia, ha desencadenado protestas de “supremacistas blancos” que han dado la vuelta al mundo. Violentas protestas que dejaron una persona muerta y veintena de heridos.
Robert E. Lee fue el general del ejército de los Estados Confederados (del sur) que se opusieron a la abolición de la esclavitud en la guerra civil de Estados Unidos. Su imagen es para los supremacistas blancos un emblema de aquella idea de superioridad racial sobre los negros que al parecer nunca fue derrotada del todo. Lo prueban los enfrentamientos y divisiones que persisten.
La decisión de los vecinos y autoridades de Charlottesville de cuestionar la figura de Lee es similar a lo que acontece con Cornelio Saavedra en el municipio del sur de Chile. Tal vez difiere solo en un punto; no existen en la Araucanía grupos de nacionalistas blancos como “Alt-right” o “Ku Klux Klan” que defiendan ideas racistas y de odio contra los mapuches. Al menos no que sepamos. Aquello es otra buena noticia.
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Científicos al servicio de la internacionalización
Las universidades no son meramente un lugar de transmisión de conocimiento destinado a formar profesionales. Son además productoras de nuevas ideas y vanguardia de la integración internacional. Con la globalización, los problemas dejan de ser particulares y se transforman en desafíos mundiales, que deben, eso sí, abordarse desde la perspectiva de las propias realidades geopolíticas y sociales.
En este contexto debe destacarse la realización en estos días del Foro Chile-Suecia, organizado por las universidades suecas de Lund y Uppsala y las universidades de Chile y Católica de Chile. Cerca de 50 científicos y académicos de ambas instituciones, encabezadas por sus rectores, Ennio Vivaldi e Ignacio Sánchez, nos encontramos reunidos en la hermosa ciudad de Lund para discutir temas de gran importancia para ambos países.
Las migraciones contemporáneas y sus implicancias sociales, la explotación sostenible de los recursos naturales, y los desafíos modernos en salud, son las tres líneas temáticas que están siendo abordadas por médicos, ingenieros, biólogos y filósofos desde diversas experiencias, abarcando desde el racismo hasta el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, la resistencia a los antibióticos y los impactos naturales y sociales de la minería y las energías limpias. Todas áreas altamente pertinentes a los desafíos actuales de Chile, pero como no, también de enorme interés para la sociedad sueca.
Es interesante constatar que Chile y Suecia tienen una larga historia de relaciones, que parte mucho antes que la decidida solidaridad sueca con los refugiados en los 70s y 80s, que a la larga significó que en este país de Escandinavia vivan más de 60 mil compatriotas. La mayoría de ellos ya están completamente integrados, y algunos, ocupando importantes cargos académicos y administrativos que facilitan la interacción. Según nos cuenta el embajador José Goñi, el 9 de marzo de 1819, Bernardo O’Higgins firmó el primer convenio bilateral con Suecia. Esto ocurrió cuando el rey Karl Johan XIV, envió al mayor Granner a plantear el interés de Suecia de invertir en el área minera, invitando a jóvenes chilenos a estudiar ingeniería de los minerales en la Universidad de Uppsala. Doscientos años después se renueva el compromiso. El fomento a la movilidad de estudiantes y profesores, la utilización colaborativa de plataformas tecnológicas y la correspondiente confrontación de las realidades sociales y ambientales de ambos países son los objetivos ya consensuados.
A la participación de más de 70 destacados científicos suecos en el encuentro, se suma la presencia de Mario Hamuy, presidente de CONICYT, y de los máximos representantes de las agencias de financiamiento científico suecas, que otorgan una perspectiva optimista para la sostenibilidad de esta importante cooperación bilateral. Es de esperar que el enorme desarrollo tecnológico de Suecia permita capturar experiencias exitosas en momentos que se encuentra cercana la aprobación del proyecto de Ministerio de Ciencia y Tecnología, que necesariamente nos obligará a invertir con mayor decisión y significancia recursos para el fortalecimiento científico del país.
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Cotizaciones previsionales e impuesto al trabajo
Sigue avanzando la necesaria e imprescindible reforma al Sistema de Pensiones, atendido el bajo monto de estas para la mayoría de los beneficiarios, la inseguridad que ello causa a los adultos mayores, así como la desconfianza de importantes sectores en la actual estructura de nuestro modelo nacional.
En este contexto se ha cuestionado la naturaleza jurídica de la cotización del 5% de cargo empresarial para una cuenta personal del afiliado y al fondo solidario para mejorar las pensiones de vejez presentes y futuras, en especial de las mujeres.
A continuación, abordamos los conceptos de cotización e impuesto, ello al objeto de avanzar en el despeje de diferencias y similitudes, y asentar el aporte empresarial como cotización de seguridad social. Tenemos presente sí, que, desde el punto de vista económico, toda cotización califica en esa área como impuesto al trabajo.
Aspectos generales de cotizaciones de seguridad social y tributos.
Nuestro ordenamiento jurídico regula en diversas normas tanto las cotizaciones de seguridad social como los impuestos generales de la Nación, las que además son las dos fuentes primarias y tradicionales de la seguridad social.
En este punto abordaremos separadamente el análisis tanto de las cotizaciones como de los impuestos, y en particular, el impuesto al trabajo.
1.1. Cotizaciones Previsionales.
Nuestra Constitución (CPR) señala en su Art. 19 Nº 18 que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, sin ahondar más que en lo allí señalado. Mismo criterio utilizó el constituyente al tratar el derecho a la salud en el Art. 19 Nº 9. Lo anterior se demuestra en los regímenes contributivos por pensiones, salud, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y cesantía, financiados con cotizaciones obligatorias del trabajador y/o del empleador. También ocurre ello con el proyecto de ley que crea un seguro social para el cuidado y acompañamiento de los hijos en situaciones extremas de salud que actualmente avanza en el debate parlamentario.
En general se puede señalar que la cotización es el aporte que trabajadores y/o empleadores deben efectuar en dinero a los regímenes contributivos, para el financiamiento de las prestaciones que pueden reclamar de ellos.
Parte de la doctrina ha estimado que la cotización sería un tributo de derecho público, autónomo y afectado, exigido por la comunidad en cuanto utiliza su poder de imperio sobre las empresas y/o los trabajadores para atender la gestión de los servicios de Seguridad Social establecidos en el interés general de la población.
En doctrina comparada, la cotización tiene la naturaleza de una típica contribución parafiscal, financiando el sistema sin engrosar las arcas del presupuesto nacional.
Las cotizaciones más que ahorro forzoso de quien las hace (para sí o por sus trabajadores) son exacciones parafiscales, por tanto, si parte de ellas van a un fondo común para pensiones ello no implica impuesto porque no tiene destino inespecífico, ni tampoco un atentado a las sui generis cuentas de capitalización individual.
1.2. Tributos, y en particular del impuesto al trabajo.
Los impuestos son la parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas en general, detrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta de propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación alguna específica y recíproca de su parte. Para el SII, los impuestos son pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas que no están sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público.
Nuestro sistema impositivo en general comprende tanto impuestos directos como indirectos, destacando entre los primeros el impuesto a la renta de primera categoría, el impuesto al trabajo o único de segunda categoría y el global complementario; diferenciándose de los otros impuestos como son los que gravan las ventas y servicios (IVA), a las bebidas alcohólicas (ILA), al tabaco, entre otros.
En particular, el impuesto al trabajo, también denominado impuesto único de segunda categoría (Arts. 42 Nº1 y 43 Nº1 de la Ley de la Renta), grava las rentas del trabajo dependiente, como son los sueldos, pensiones, y otras rentas complementarias. Este impuesto opera de forma progresiva, declarándose y pagándose mensualmente sobre las rentas percibidas provenientes de una actividad laboral ejercida en forma dependiente al exceder un monto determinado.
Este impuesto, al ser progresivo, importa que a mayores ingresos (sueldos, pensiones, etc.) mayor es la tasa a pagar, incluso si las rentas son inferiores, aquellas no son susceptibles de pago de este impuesto.
Al igual que otros impuestos (primera categoría, IVA, etc.) su recaudación pasa a aumentar las arcas fiscales y los dineros obtenidos, como ya se señaló, no pueden tener una destinación específica salvo excepciones particularísimas.
El impuesto al trabajo y la ciencia económica.
Como se indicó más arriba y alejado del concepto jurídico descrito, desde el punto de vista de la ciencia económica, la cotización puede ser estimada un impuesto al trabajo formal (empleo que hay que fomentar y por ello corresponde insistir en la incorporación de todos los trabajadores independientes al sistema), en cuanto puede afectar el equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo al introducir entre los costos laborales totales y el salario que recibe el trabajador. Además, cabe señalar, que aquel al que la ley le imponga su entero, no será necesariamente el que paga la cotización ya que, como nos enseñan los expertos en esa materia, ello dependerá de la elasticidad precio de la oferta y la demanda. Por ello, entre otros fundamentos, la aplicación de estas cotizaciones se efectúa generalmente, de forma gradual.
De esta manera, cualquiera sea el destino de una nueva cotización siempre ella puede afectar directa o indirectamente al empleo formal, dependiendo de la gradualidad con que se implemente, de las condiciones de la economía y la valoración que los trabajadores den al beneficio que conlleve. La cuestión es que ya existe un bienvenido consenso en incrementar las cotizaciones (actualmente el aporte del 10% es uno de los más bajos dentro de la OCDE), y ello podría tener algún impacto en el empleo, según acabamos de indicar, la responsabilidad de quién lo administra atiende a otras cuestiones, que tiene que ver con visiones de la forma de gestionar las instituciones de la seguridad social. La tendencia a nivel comparado es la gestión pública de todo el sistema general (sin perjuicio de los regímenes complementarios de carácter privado promovidos en todos los ámbitos), reservando al financiamiento a través de tributos/impuestos generales, los pisos básicos más o menos universales de pensiones y destinados a aliviar la pobreza, entre otros aspectos, como es el caso de la pensión básica solidaria.
La mirada desde la perspectiva económica se concilia con la estrictamente jurídica, en cuanto las prestaciones de la seguridad social, en este caso las pensiones, constituyen un salario diferido en el tiempo, con costes inmediatos (no posibles de precisar), pero con certezas en la vejez en cuanto a la seguridad en el sustento en la etapa pasiva cada vez más extensa, producto de desarrollo humano.
Conclusiones
En atención a lo expresado en los puntos anteriores, procede indicar que:
De acuerdo con la Constitución (Art. 19 Nº 18), se asegura a todos los derechos a la seguridad social, pudiendo la ley establecer cotizaciones obligatorias, tal como lo hace en Pensiones, Salud, Cesantía, Accidentes del Trabajo/Enfermedades Profesionales, y lo hará con el seguro social para el cuidado y acompañamiento de los hijos en situaciones extremas de salud. El constituyente reconoce implícitamente que una forma de financiamiento es a través de las cotizaciones, distinto de los impuestos que también constituyen, como se indicó, una fuente de financiamiento de la seguridad social, en particular de las prestaciones básicas y complementarias.
Así también, la Constitución señala (Art. 19 Nº 20) que los tributos recaudados, cualquiera sea su naturaleza, ingresan al patrimonio de la Nación y no pueden afectarse a un destino determinado, como criterio general. Lo anterior es el principio constitucional de no afectación tributaria. De considerar que la cotización es un tributo se alteraría todo el sistema de seguridad social en vista de que este opera en base a aportes de trabajadores y/o empleadores para la obtención de determinadas prestaciones, teniendo en un fin específico y no expresamente exceptuado en la Constitución precisamente porque la cotización no es un tributo.
Es por ello que, al determinar la naturaleza jurídica de la cotización, ella puede ser considerada como una exacción parafiscal, destinada a financiar actividades relacionadas con necesidades específicas que afectan a determinados grupos en forma directa, pero indirectamente a toda la colectividad. Este sería el supuesto de las cotizaciones previsionales, las que, en vista de sus características, es distinta de los impuestos y las tasas. En efecto, constituye un gravamen fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra de manera obligatoria a un grupo de personas cuyas necesidades se satisfacen con los recursos recaudados, pero que carece de una contraprestación equivalente al monto de la tarifa.
Además, no se puede abstraer de la determinación de la naturaleza jurídica de la cotización, que aquella debe tener en consideración el principio de la proporcionalidad en relación a los sueldos o rentas de los afiliados, en vista de que es más justo que quien más gane más contribuya con el sistema; que el Derecho de la Seguridad Social se fundamenta en la justicia distributiva; que favorece una mayor redistribución de la renta; y finalmente, pero no menos importante, aplica más fielmente el principio de la solidaridad.
En el debate y la destinación de parte del aporte empresarial al ahorro colectivo solidario, conviene tener presente lo que ocurre en el seguro de cesantía (Ley 19.728), el cual ya con vigencia de casi 15 años permite al cesante efectuar giros, unos de la cuenta individual por cesantía (Arts. 12 ss.), y otros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (Arts. 23 ss.), fondo compuesto principalmente por aportes del empleador (0,8% de la remuneración imponible), que permite giros a desempleados con recursos insuficientes en su cuenta individual, cumpliendo además otros requisitos. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la composición de ese Fondo Solidario en cuanto a su financiamiento y prestaciones es comparable al establecimiento del nuevo ahorro colectivo para mejorar las pensiones de vejez, por cuanto tanto tales cotizaciones tienen la característica de ser cotización afecta a un fin específico, no siendo por tanto un tributo.
Lo mismo ocurre con el futuro seguro social para el cuidado y acompañamiento de los hijos en situaciones extremas de salud y con el seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesiones.
Un aumento en la tasa de cotización (cualquiera sea su cuantía), tendrá algún impacto en el mercado laboral (salarios, empleo) por lo que es necesario su implantación con gradualidad y con adecuada comunicación a los cotizantes de los beneficios que conllevará este aumento.
Finalmente, en atención a todo lo expuesto, la nueva cotización del empleador que propone la reforma previsional, en particular su destinación del 2% al nuevo ahorro colectivo no transgrede las disposiciones de nuestra carta magna, al no ser considerado jurídicamente este porcentaje un impuesto al trabajo, sino que es una cotización a realizar para el financiar seguridad social, en particular, el aumento de las actuales y futuras pensiones de vejez.
Novoa Fuenzalida. Derecho de la Seguridad Social. Editorial Jurídica de Chile, 1977, p. 169.
http://www.latercera.com/voces/seguri...
Cifuentes Lillo, Arellano Ortiz y Walker Errazuriz. Seguridad Social Parte General y Pensiones. Editorial Librotecnia, 2013, p. 112.
Cañón O. La Seguridad Social en la Constitución Colombiana. Ed. U. Externado, Colombia, 2013, p. 73.
http://www.latercera.com/voces/constitucion-cotizaciones-previsionales/
http://www.sii.cl/diccionario_tributa...
Novoa F. Derecho de la Seguridad Social. Editorial Jurídica de Chile, 1977, p. 177.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia Nº C-577, del 04.12.1995, pp. 16 -18.
Novoa F. Derecho de la Seguridad Social. Editorial Jurídica de Chile, 1977, pp. 184 y 185.
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¿Estamos preparados para la nueva Ley de Inclusión Laboral?
Uno de los grandes desafíos que nuestro país ha debido enfrentar desde hace décadas, es la incorporación de personas con capacidades diferentes a los distintos ámbitos de convivencia y desarrollo que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia. De forma especial, a los entornos laborales. Esta reflexión cobra relevancia en momentos en que vivimos un cambio sustancial producto de una política pública de alto valor para Chile: la nueva Ley de Inclusión Laboral.
Esta iniciativa, cuya puesta en marcha se espera para diciembre de 2017, exige la reserva del 1% de empleos para quienes se encuentren en situación de discapacidad, pero que puedan desempeñar alguna labor, en organizaciones públicas y privadas con 100 o más trabajadores. Con este importante anuncio, 27.500 nuevas personas podrán acceder a un trabajo y mejorar considerablemente su calidad de vida.
Además de festejar este importante paso hacia la inclusión, esta ley también nos invita a analizar el nivel de preparación que tenemos o que debiéramos alcanzar, de manera de lograr que esta incorporación de los nuevos talentos sea fluida y ejemplar. ¿Contamos con accesos adecuados para quienes tienen movilidad reducida? ¿Está la información disponible en distintos formatos para aquellas personas con algún grado de discapacidad auditiva o visual? ¿Existen servicios sanitarios preparados para los nuevos integrantes de nuestra fuerza laboral?
Aún más. Esta normativa no solo nos exige ajustar nuestros espacios físicos, sino también que seamos capaces de realizar campañas de sensibilización, educativas, transversales y respetuosas, para que toda la organización se encuentre debidamente preparada. En términos simples: contar con jefaturas capaces de responder preguntas y crear un ambiente beneficioso para todos los colaboradores a su cargo. Por otra parte, los reclutadores -el primer acercamiento real de una persona con la empresa para la cual espera trabajar- deben pasar por un sistema de capacitación que les permita abordar las entrevistas de forma asertiva y empática, poniendo énfasis en las habilidades de cada postulante, lejos de prejuicios.
Cuando somos capaces, como organización, de acoger la diversidad de una forma abierta y transparente, incorporamos nuevos elementos a nuestra cultura y damos una muestra concreta que nuestra preocupación no está puesta exclusivamente en mejorar las ventas o alcanzar una mejor posición en el mercado. Por el contrario, nos transformamos en los agentes reales de la materialización de sueños de larga data para muchas personas que anhelan trabajar, pero que, hasta ahora, simplemente no tenían cómo ni dónde.
Todavía estamos a tiempo de poner esta discusión sobre la mesa y tomar las medidas que sean necesarias. Sólo se requiere consciencia y voluntad para que nuestro lugar de trabajo sea el espacio en donde nuevos hombres y mujeres puedan realizarse y contribuir desde sus experiencias y conocimientos al funcionamiento diario de una empresa. Con esta ley, y con lo que podamos aportar desde el ámbito del trabajo, avanzaremos en la tarea de convertirnos en un mejor país, más inclusivo y humano.
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La brecha digital en Chile y la verdad sobre los actuales índices de acceso a Internet
En nuestro país hemos alcanzado una penetración del 99,9% en el servicio de agua potable para hogares. En alcantarillado dicha proporción llega al 95,3%, mientras que el acceso a la red eléctrica bordea el 99,6%. En otras palabras, en los últimos años el país ha sido capaz de proveer estos servicios básicos a casi la totalidad de la población. Sin lugar a duda, este éxito ha contribuido a mejorar la calidad de vida y la salud de las familias chilenas superando la brecha existente en el siglo anterior.
Últimamente, acostumbramos escuchar que Chile es el país latinoamericano líder en acceso a Internet. Esta postura complaciente acomoda tanto a las autoridades del sector, como a las empresas proveedoras. Sin embargo, en este servicio clave en la sociedad del siglo XXI, el país está considerablemente atrasado, y ya tampoco somos los líderes de la región. En efecto, menos del 50% de los hogares chilenos posee un acceso fijo a internet en sus viviendas.
Tal como el país se propuso y logró vencer las brechas de acceso al agua potable y a la electricidad, hoy corresponde plantearnos un desafío similar con el acceso a internet. No podemos desentendernos de esta necesidad básica para las familias chilenas.
Según la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), en junio del 2016 Chile posee una penetración de 2,8 millones de conexiones fijas a internet, de las cuales, alrededor de 2,5 millones eran residenciales; es decir, la mitad de los chilenos no cuenta con el servicio aún. Si nos comparamos con el resto de los países de la OECD, ajustando por ingreso per cápita, resulta que tenemos un déficit mínimo de un millón de conexiones. Numerosos países han alcanzado penetraciones superiores al 90% de los hogares.
Se podría argumentar, que nuestras cifras de acceso a internet móvil no son malas y compensarían el déficit anterior. Sin embargo, esto no es así: sólo dos de cada tres personas poseen algún acceso móvil, pero se estima que la mitad de éstos es prepago. Desgraciadamente Subtel no provee esta estadística. Además, gran parte de quienes poseen algún plan móvil, también cuentan con acceso domiciliario, por lo que estas cifras no son sumables. Tampoco el acceso móvil es un sustituto del fijo, ni en precio ni en prestaciones. Mucho menos en modalidad prepago.
El precio en Chile es de los más altos de la OECD. Además, existe una gran diferencia en el valor del servicio móvil. Un megabyte de prepago puede costar 10 o 15 veces más que uno de un plan.
Según el índice VNI (Visual Networking Index) de Cisco, el consumo mensual de datos per cápita de Chile durante el año 2015 llegó a 14 Gigabytes. En Norteamérica, fue 69 y en Europa Occidental 27. Es decir, estamos lejos en términos de consumo, del de los países desarrollados.
En términos de la distribución de este consumo entre los diferentes segmentos socioeconómicos, seguramente nos encontraremos con amplias desigualdades en función de los antecedentes aportados previamente. Subtel no provee estas estadísticas tampoco. Probablemente nuestro índice de Gini de consumo de datos sea muchísimo peor que el del ingreso familiar.
En atención a estas cifras y a la importancia que tiene este servicio para la población y el desarrollo económico y social de Chile, urge revisar las políticas regulatorias y de desarrollo del sector para revertir estos resultados. Por de pronto, Subtel podría revisar y definir métricas relevantes para medir nuestro progreso; de lo contrario, seguiremos en la autocomplacencia que se infiere de las actuales.
El desafío de dar acceso de calidad a Internet, subir el consumo de datos per cápita y no dejar a nadie atrás debe ser parte de los objetivos de cualquier gobierno que pretenda modernizar nuestro país.
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Poder y conflicto
Uno de los procesos más importantes del ejercicio del poder se manifiesta en la selección de candidatos al Congreso, siendo el más complejo y conflictivo. Aquí se juega no solo el ciclo político completo, el periodo, sino también los alineamientos internos, la supervivencia de las coaliciones, la futura capacidad de articulación ya sea como gobierno u oposición y, por cierto, el liderazgo de las directivas.
En el caso de los alineamientos internos quienes resulten seleccionados no solo lo son por sus mayores chaces de ser electos sino porque representan a algún sector o facción de partido que desea ser hegemónica lo que de suyo es conflictivo.
La supervivencia de las coaliciones se ve afectada tanto por quienes sean seleccionados y en qué proporción. Si un partido estima que su participación y resultados electorales fueron afectados por las negociaciones, claramente tendrá a ser más reacio a cooperar a futuro.
Consecuencia de lo anterior es que una plantilla parlamentaria será exitosa no solo en términos electorales sino también de cuán afiatado sea el grupo de candidatos ganadores, de otro modo se arriesga la continuidad de la coalición.
Pero, sin lugar a dudas la característica más importante es el liderazgo de las directivas partidarias y de los presidenciables para sortear los desafíos antes descritos. En efecto, en toda negociación los partidos quieren todo y el rol de los dirigentes no puede ser un “todo o nada”, eso es infantil. El liderazgo en política es ante todo pedagógico, supone “enseñar” que no bastan las legítimas intenciones sino que ellas pueden ser imposibles.
Pero eso no es todo, si en un partido o coalición los candidatos no entienden que son fusibles, dichos candidatos no entienden qué es la política. Ello no impide usar toda suerte de recursos políticos (prestigio, redes, conocimiento, etc.), sin embargo, reconocer que no es su momento es elemental. Ahora bien, si a pesar de ello los candidatos no son capaces de este reconocimiento, es rol de los líderes tomar las decisiones.
En el actual proceso es claro que la tónica ha sido la falta de liderazgos, y por el contrario, la mediatización de los conflictos ha sido el método. En el caso de Chile Vamos la intervención de Piñera fue efectiva y, caras buenas o malas, ya se tiene una lista, la que si bien pareciera que afectó a partidos como Evópoli, lo concreto es que terminó consolidando al entorno de Kast.
En el caso de la Nueva Mayoría y la DC la existencia de dos listas terminó aminorando los conflictos, aunque no todos y otro tema será el éxito electoral.
Finalmente, huelga señalar que para el Frente Amplio su éxito se juega en esta elección, una representación menor al 10% (tanto en votos como parlamentarios) sería un fracaso, luego su dilema es más bien político: seguir una estrategia tímida frente a la Nueva Mayoría o salir a competirle distrito a distrito, lo que supone una lista competitiva, que hasta ahora no parece clara y sus dirigentes no terminan por resolver.
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Frente Amplio: el desgobierno de las pulsiones
La salida a la dictadura requirió reunir a todas las fuerzas políticas posibles con el propósito de redemocratizar el país. Esto llevó a las principales fuerzas de izquierda a privilegiar una alianza democrática amplia por sobre sus planteamientos programáticos propios, históricamente centrados en los temas de la justicia social, de las libertades y de la igualdad de género. Pero evidentemente esto no podía ser eterno, si de dejar atrás la constitución del 80, avanzar en recuperar el control público sobre los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos y disminuir las desigualdades sociales se trataba, o bien de permitir la autonomía indígena, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y así sucesivamente. O se renunciaba a esas banderas en aras de mantener una mayoría centrista cómoda para permanecer en el gobierno, o se las hacía avanzar con el costo de arriesgarse a un boicot interno, como terminó de ocurrir en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En este gobierno se fisuró la coherencia de la acción de la coalición creada en 1990 y ampliada en 2014, al punto de producir escasos resultados con una amplia mayoría legislativa que terminó siendo de papel. Los partidos de la izquierda gubernamental renunciaron por falta de convicción o por realismo sin visión de futuro a elementos básicos de su programa –resignándose a reformas tributarias, laborales y educacionales sin profundidad y renunciando en la práctica al cambio constitucional- con tal de seguir manteniendo una coalición ficticia y ocupando cargos estatales. No clarificaron su relación con los que se oponían desde dentro al programa de la presidenta Bachelet, y terminaron aceptando sus vetos, ni el financiamiento de algunos por los grupos económicos dominantes. Como consecuencia, acabó por surgir, después de variados intentos, una articulación política a su izquierda con perspectivas serias de constituirse en alternativa de poder. Ese fue el Frente Amplio, nacido en 2016 después de las elecciones municipales.
No obstante, constituir una fuerza política nueva que pueda llegar a gobernar supone un proceso evolutivo y de maduración que puede ser más o menos breve si logra o no dominar una serie de pulsiones (o de impulsos primitivos, si se quiere, que empujan a la vida o retrotraen a la muerte, en el lenguaje del sicoanálisis) que son propias de las estructuras síquicas y se proyectan sobre la esfera política desde siempre.
La primera pulsión que el Frente Amplio no ha sabido manejar es la que gobierna la identidad juvenil. Como señala el sicoanalista Jean Jacques Tizler, aunque en otro contexto, “es difícil de explicar por qué asistimos hoy día en muchos jóvenes a un tal aumento de la rigidez de la identidad”, aunque algo tiene que ver con la pérdida de brújula que provoca en las estructuras síquicas la ansiedad individualista de la sociedad de mercado, y que algunos confunden con modernidad. Toda fuerza política que nace tiene la tentación de hacer tabla rasa del pasado, pero eso es un error infantil: la edad de los miembros de una fuerza política no asegura nada y tiene un plazo fijo dado por el simple paso del tiempo. No existe la nueva y la vieja política, como les gusta decir a Andrés Velasco y a los líderes del Frente Amplio. Existe la buena y la mala política, desde siempre. Por ejemplo, mala política es aquella que se asocia para financiarse al Grupo Penta, como la UDI y Velasco, o a los grupos SQM, Angelini, Luksic y otros en buena parte del espectro político tradicional, con las debidas honrosas excepciones.
Ese es uno de los parte aguas, como además la postura frente a las instituciones no democráticas y frente a los abusos del poder económico. No lo es en absoluto la edad de los participantes, la que no garantiza nada en el presente ni en el futuro respecto a los temas centrales de la política. En vez de convocar a los que siempre se han negado al maridaje de la política con el dinero y la mantención de una constitución ilegítima que protege una estructura distributiva que está entre las más desiguales del mundo, el Frente Amplio prefirió decirle que no con arrogancia y vetos sin desparpajos a todos los que hubieran participado en política antes que ellos, aunque no tuvieran demasiadas diferencias en los principios y propósitos declarados. Desde ahí empezó a desaparecer la política en el Frente Amplio y su reemplazo por las luchas individuales de poder.
Además de la pulsión identitaria juvenil, el Frente Amplio no pudo superar otra dimensión ancestral de la acción política: el control de la pulsión de conquista monopólica del poder por personas o grupos cerrados, aquella que la sabiduría de los seres humanos desde los griegos fue dominando hasta dar forma a las instituciones democráticas modernas, única garantía contra las tiranías y las oligarquías.
Existen las tiranías verdaderas y graves y las de pacotilla, como en este caso. Dado que los líderes juveniles naturales del Frente Amplio no tienen edad para la disputa democrática presidencial y senatorial, primero se plantearon no participar de la elección presidencial y remitirse a la identidad del tribuno parlamentario en la Cámara de Diputados, augurando disputas narcisistas futuras de marca mayor. Y luego, ante lo inexplicable de una fuerza política que no disputa los resortes principales del poder, decidieron invitar a un rostro de la televisión para usar su notoriedad como figura en la elección presidencial de 2017, con la idea de luego, me temo, dejarla caer en el olvido en la proyección futura de los liderazgos. Rostro que se permitió dar pasos agigantados en la despolitización, al señalar que entendía que no lo correspondía tener opinión sobre política exterior “por razones de Estado” –argumento que superó todos los límites de la lógica para una candidatura presidencial destinada por definición a discutir los asuntos del Estado- o bien argumentar que trató a Allende de “totalitario” en un medio conservador para que “no se demonice al Frente Amplio”, con la correspondiente posterior y fácil petición contrita de perdón. Y ya está, vamos a la siguiente.
La siguiente fue la primaria presidencial de julio, la que tuvo el mérito de suscitar debates contestatarios saludables, pero que terminó en una pésima gestión posterior de la posición a otorgarle al que llegó segundo, que a su vez anunció por los medios la prolongación de su carrera en un distrito parlamentario. Y luego se llegó al extremo de acusarlo en un juicio sumario de maltrato a personas y se lo condenó sin aviso a la exclusión de toda candidatura “por unanimidad”, lo que se modificó mediante una “autocrítica”. El maltrato era inexistente y la unanimidad otro tanto. La historia del estalinismo se construyó con esos métodos y ese lenguaje. Dejarse llevar por la pulsión del autoritarismo en nombre de un impreciso “colectivo”, que en realidad se dedica a acomodar intereses parlamentarios de poca monta y fulmina sin presencia ni defensa del acusado, es tan grave (imagínense a ese “colectivo” con un poco de poder) que debiera conducir al menos a un examen de conciencia, ya que no político, en el Frente Amplio.
La pulsión autoritaria se acompañó, además, de la pulsión moralista, que también sirvió para vetar candidaturas, y que terminó en la insólita afirmación –los moralismos suelen resultar bastante hipócritas- según la cual hay infracciones de leyes del tránsito (y por tanto candidaturas) aceptables y otras similares que no lo son. Para no hablar de la pulsión de la victimización social, que terminó en que una persona que es abogado de la Universidad de Chile no es de “la elite” pero si lo es una que estudió sociología en la Universidad de Chile, mientras ambos viven a dos cuadras en el mismo mesocrático barrio. El sentido del ridículo se ha echado de menos.
El Frente Amplio pudo ser una opción de gobierno para 2018, por la división y el desgaste de la Nueva Mayoría y la regresión social que anuncia la derecha. La incapacidad de gobernar sus pulsiones lo impidió, como lo hacen a su manera y en otro registro los caudillismos personalistas de Enríquez-Ominami y Navarro, que construyen organizaciones con la condición de que sean devotas de sus inclinaciones personales, incluyendo, en este último caso, la defensa inaceptable de los desvaríos antidemocráticos de Maduro. La izquierda democrática, la que tiene desde siempre como proyecto la emancipación social igualitaria en un Estado social de derecho, y también en el siglo XXI la preservación de los ecosistemas por responsabilidad con las nuevas generaciones, tendrá que esperar para recomponerse. Esa recomposición habrá de venir con los que están dentro y fuera de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio, pero del único modo en que esto es posible: con reglas democráticas. Las que incluyen para dirimir los liderazgos la ausencia de todo veto a personas, practicando el derecho a elegir y a ser elegido en tanto se comparta valores que inspiran un proyecto de cambio que exprese los intereses de la mayoría social. La recomposición de una coalición amplia y democrática de izquierda –que no debe abandonar la capacidad de dialogar con el centro- deberá ser la alternativa tanto al acomodo frente al poder oligárquico como al desgobierno de las pulsiones autodestructivas. Mientras, habrá que seguir invocando con paciencia el sentido común en el desierto, hasta que florezca.
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August 20, 2017
Ciudad en paz
Las comunicaciones nos hacen partícipes de muchas cosas y con asombrosa instantaneidad. Tal es la avalancha de información y su constante flujo desde los más recónditos lugares que nos anestesiamos, y nuestra capacidad de asombro pierde sensibilidad. Lo que era ocasional se transforma en habitual y rutinario. Esto es algo que no nos puede pasar con la escalada de violencia urbana que estamos presenciando en simultáneo en el mundo. Caracas, Charlottesville y hace unos días…Barcelona. Todos ellos actos en territorio urbano. El primero, violencia totalitaria sin excusa; los otros dos, tan urbanos como un atropello vehicular, pero utilizado como herramienta del peor y más cobarde terrorismo. La violencia urbana está tocando la puerta cada vez más frecuentemente, y quizás anestesiados, no nos detenemos a analizar su gravedad, ni menos a mirarnos a nosotros mismos para prevenir que ese terrorismo urbano llegue a nuestros espacios públicos.
Una ciudad en paz, es un atributo social y económico enorme. Cuando la violencia urbana ha irrumpido y se ha tomado las calles, todos los adelantos de calidad de vida han quedado sepultados. Ocurrió en Colombia, en la época de la guerra de los carteles de la droga.
La irrupción de actos deleznables como un burdo atropello usado con la finalidad de aterrorizar, lo hemos presenciado, en solo un año, en dos ocasiones en Londres, una en Estocolmo, otra en Niza, en Berlín y ahora en la semana recién pasada, en Barcelona; en el mismísimo corazón peatonal de la ciudad. La acción del terrorismo se está alojando en forma preocupante en la vida rutinaria de la ciudad, sembrando temor en los espacios más comunes y corrientes: nuestras calles.
Un efecto de la sensación de inseguridad generada por este terrorismo urbano y donde la privacidad de cada habitante vale cada vez más, es que ahora varios países no permiten las grabaciones panorámicas de las calles que realiza Google Street View. Austria los tiene prohibido desde hace casi 7 años. India lo acaba de prohibir por razones de seguridad en julio del año pasado. Alemania acaba de reanudar el servicio luego de varios años de tenerlo prohibido por conflictos con el derecho de privacidad, cuestión que luego se ha agravado por la escalada de atentados en Europa.
Dios nos libre del dolor de cualquier forma de terrorismo urbano, que han sufrido países hermanos latinoamericanos y que hoy sufren otros en distintas partes del mundo. El punto ciertamente no es sembrar la alarma ni mucho menos. El llamado es a valorar lo que tenemos. A tomarle el peso de lo que significa para la vida diaria de cada uno y de nuestras familias que tengamos paz en nuestras ciudades. Quizás las amenazas a nuestra paz no son las que hoy violentan Europa o Estados Unidos, pero ciertamente que las hay. Ciudades equitativas, conectadas y socialmente integradas son ciertamente claves para contar con una urbe en paz.
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Desafío para el Frente Amplio
El Frente Amplio (FA) es una coalición de pequeños grupos políticos, un movimiento abigarrado cuyas disputas y ambiciones personales parecen ser más intensas cuanto más difuso es el proyecto colectivo. Si logran articular una estrategia común harían una contribución, de lo contrario proyectarán las mismas insuficiencias que imputan a los demás.
El aire refundacional y descalificador no dio los frutos que esperaban; no dura mucho erigirse en jueces políticos y morales de los demás. En sociedades complejas es difícil convenir acuerdos parlamentarios, articular una visión coherente de la sociedad futura, presentar propuestas viables, vincularse a las organizaciones ciudadanas, estructurarse a lo largo del país. Nada de eso es fácil ni hay atajos. Los resultados se muestran con años de trabajo sistemático y actitud coherente. Fue incoherente participar en el proyecto educativo del gobierno y luego abandonar a mitad del camino. Y que parlamentarios del FA votaran igual que la derecha en contra del proyecto de educación superior.
Las recientes disputas públicas por candidaturas podrían transformarse, sin embargo, en una oportunidad para que el Frente Amplio repiense los problemas de Chile desde una perspectiva más madura. Varios de sus miembros son personas de alta calidad y constituyen un capital valioso para Chile. Ellos pueden alentar una mayor participación de los jóvenes en la vida política y en la sociedad civil. Pueden ser una fuerza crítica que obligue a la centroizquierda a innovar y renovarse.
El test principal a que se verá sometido el FA será la forma como resuelve la disyuntiva entre la convergencia de los progresistas o el ataque a la Nueva Mayoría. Algunos de ellos consideran que el camino es debilitar a la centroizquierda, incluso destruirla para reemplazarla. Ese camino, además de inviable, ayudaría a la derecha, con riesgo de instaurar un periodo largo de regresión democrática y social. La opción constructiva es poner en el centro los valores y objetivos comunes y debatir cuál es la mejor forma de alcanzar la inclusión social, la participación ciudadana, el resguardo de los derechos de todos. La actitud positiva es confrontar ideas para alcanzar un crecimiento más rápido, ambiental y socialmente sostenible, para estimular el emprendimiento y la innovación, con desarrollo científico y tecnológico, con nuevas formas de energía y desarrollo digital. El progresismo de futuro también debe cuidar la seguridad de las personas, con prioridad a las familias vulnerables. Es en torno a este tipo de ideas, y respetando las legítimas diferencias, como se debería enmarcar la competencia y la relación entre el FA y la centroizquierda en este periodo crucial de la campaña presidencial. Repensar esta relación es un desafío importante para el FA, si su verdadero propósito es que triunfe el progresismo en la segunda vuelta electoral.
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