Álvaro Bisama's Blog, page 100

¿Por qué es importante el Fondo de Infraestructura?

Un Fondo de Infraestructura (FI), como el que se ha propuesto por parte del gobierno a tramitación en el Parlamento, tiene por propósito generar condiciones para disminuir los riesgos de proyectos concesionables, sin comprometer la regla fiscal.

Uno de los principales factores de éxito de las diferentes generaciones de proyectos concesionados que, desde principio de los 90 hasta ahora se han licitado y adjudicado, es una adecuada distribución de riesgos entre el mandante, es decir, el Estado, y el concesionario. Los riesgos asumidos por el Estado,  como aquellos asociados a la demanda, al tipo de cambio y otros, han quedado registrados como contingencias en el presupuesto público. Esto quiere decir que, de producirse algún evento que comprometa estas garantías, el gobierno debe cubrir lo que le corresponda  con los recursos propios del presupuesto de la nación, lo cual compromete otros gastos de mayor actualidad y, probablemente, de mayor impacto. Esto, como corresponde, restringe el uso de garantías otorgadas por el Estado, limitando la posibilidad de aumentar la inversión privada en infraestructura pública.

Al crearse una empresa del Estado cuyo patrimonio esté constituido por Bienes Nacionales de Uso Público debidamente valorizados, de acuerdo a los flujos netos que se generan como consecuencia de su utilización (carreteras concesionadas que se relicitan), el Estado está en condiciones de localizar en esa entidad los riesgos contingentes de concesiones futuras, sin poner en cuestión el manejo del Presupuesto Público. El limite de  garantías que podrá otorgar estará condicionado  a la valoración que los acreedores hagan  del respaldo patrimonial con que cuente esta entidad y de los riesgos ya asumidos. Si el mandato otorgado a quienes asumen la responsabilidad de dirigir el Fondo es de generar utilidades, obviamente la precaución que deberán tomar son consecuentes con minimizar el riesgo de pérdida patrimonial y, por lo tanto, los bienes nacionales de uso público que constituyen su patrimonio, debiera estar bien cautelados.  En esto obviamente juega un rol muy importante el seguimiento que hagan de la utilización de este recurso los ministerios de Hacienda y Obras Públicas y los controles que pueda ejercer la Contraloría General de la República, sin poner en cuestión una gestión eficiente.

Contando con un instrumento de estas características será posible, por ejemplo, garantizar proyectos de mayor maduración que los que consiguen financiamiento actual en el mercado. Un caso que se ha utilizado como ejemplo es el despliegue de una red ferroviaria concesionada que le dé soporte a la infraestructura portuaria que el país requiere para seguir incrementando su capacidad competitiva. Es posible que esa red tenga una altísima rentabilidad, pero que sus flujos se vuelvan positivos después de los primeros 15 años. Son numerosos los proyectos  con retornos a tan largo plazo que hoy no cuentan con financiamiento y este mecanismo le daría una oportunidad la país de considerarlos en su portafolio de inversiones posible.

Otra justificación del FI podría ser la incorporación temprana de financiamiento institucional a proyectos concesionados. En la actualidad los fondos institucionales sólo compiten por entrar una vez que las obras de una concesión están terminadas. De contar con garantías que les aseguren una buena ejecución del proyecto, es posible que se dispongan de mejor forma a entrar en la fase temprana de las concesiones, aumentando la competencia en el financiamiento y, con ello, bajando las tasas de interés.

En consecuencia, la importancia del FI está asociada a la posibilidad de aumentar en forma significativa el financiamiento de proyectos de infraestructura pública, a ser materializada a través de concesiones u otras modalidades de asociación público privada, sin poner en riesgo la regla fiscal y, eventualmente, disminuyendo sus costos financieros. Con ello se amplía en forma manifiesta el espectro de los proyectos de infraestructura pública posibles de ser financiados por el sector privado. Esto deberá tener un impacto en el crecimiento, casi tan significativo como en su momento tuvo la Ley de Concesiones.

La entrada ¿Por qué es importante el Fondo de Infraestructura? aparece primero en La Tercera.

Pensar más lento

Hace unos años, el psicólogo y Premio Nobel de Economía, Daniel Kahnemann, publicó un libro importante: Pensando Rápido y Pensando Lento. Su hipótesis es que hay dos maneras de pensar, una que es casi instantánea y que está dominada por emociones, prejuicios y valores. Es la que más usamos. Luego está el pensamiento lento, que apela a la evidencia y al razonamiento. Ella da origen a la ciencia y al pensamiento lógico. Los economistas hemos asumido que los agentes económicos, al tomar decisiones, utilizan esta segunda forma de pensar, racionalmente maximizando sus beneficios (ya sea en términos de bienestar subjetivo o de utilidades) sujeto a las restricciones presupuestarias que enfrentan.

El argumento de Kahnemann y de otros economistas conductuales es que, en la práctica, en las decisiones económicas predomina el pensamiento rápido.

Pero la intuición de Kahnemann tiene otras aplicaciones. En particular, aquí me interesan las que dicen relación con la política.

En Chile, así como en otros países, los políticos apelan al pensamiento rápido. Por supuesto, el pensamiento lento está presente en los programas que algunos candidatos (no todos) mandan a elaborar. Pero son pocos los ciudadanos que se dan el trabajo de leer, y menos aun de analizar, dichos programas. En las campañas se suele apelar más a los temores, las preferencias inconscientes, las emociones, y los prejuicios del electorado. Vuelan las descalificaciones y, por supuesto, la afirmación de las bondades del candidato fulano de tal. En la elección presidencial estadounidense de hace apenas siete meses, el ahora Presidente Trump apeló a la ira de quienes se han quedado a la vera del progreso económico, siendo su argumento principal que él mismo era el único que tenía la solución y que podía devolverles sus puestos de trabajo a quienes los habían perdido. En el Reino Unido, los temores a los supuestos males que acarrean los inmigrantes y la aversión a la tiranía de “Bruselas” le dieron el triunfo al Brexit. Movimientos populistas que no son capaces de cumplir sus promesas también han ganado elecciones en un sinnúmero de países.

¿Y en Chile? Enfrentamos una elección presidencial donde se nos presentan alternativas que también apelan a nuestros temores, ideales y frustraciones. Por una parte, unos utilizan la palabra “mercado” o “lucro” como un insulto, como si el Estado fuese la solución a todos nuestros males. Otros, que hay que echar pie atrás para dejar que operen mercados idealizados que distan mucho de los reales. Ni lo uno ni lo otro. Un mejor Estado y mejores mercados. Necesitamos un debate de ideas, no de consignas idealizadas o epítetos. Propongamos programas que apunten a lo que los chilenos quieren: mejorar sus condiciones de vida en democracia y con igualdad de oportunidades. Y hacerlo con medidas que pasen la prueba del análisis y el contraste con la evidencia de Chile y del mundo.

La entrada Pensar más lento aparece primero en La Tercera.

Un muy buen programa

El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo más inclusivo de un país, un objetivo generalmente compartido en Chile. Está directamente asociado a la reducción de la pobreza (que en nuestro país aún afecta al menos a unos dos millones de personas) y permite el financiamiento de una buena red de protección social para la clase media. En las últimas décadas Chile ha crecido como pocos países, pero lamentablemente durante el actual gobierno esta situación se ha revertido dramáticamente.

Esta última preocupante situación indujo a un conjunto de gremios empresariales (Asoex, Acti, Asimet, Corporación de Bienes de Capital, y Asexma) a encargarle a un grupo transversal de muy distinguidos economistas y/o cientistas políticos vinculados a las universidades Adolfo Ibáñez, Católica, y de Chile (Manuel Agosín -decano y mi vecino columnista en La Tercera-, Claudio Agostini, Ignacio Briones -decano-, Guillermo Larraín -coautor de El Otro Modelo-, Verónica Mies, José Miguel Sánchez -decano-, y Raimundo Soto, coordinador del proyecto), una propuesta para lograr más y mejor crecimiento de largo plazo.

Después de seis meses de trabajo, el mencionado grupo de siete expertos ha entregado a la opinión pública un valioso trabajo, que incluye dos partes complementarias.

Una muy breve -pero esencial- resalta la importancia que tiene la confianza en el proceso de crecimiento económico. Aún a riesgo de sobre simplificar, los agentes -sean éstos personas o empresas- han ido perdiendo en Chile la confianza en que podrán recibir el fruto de sus esfuerzos, lo que desincentiva el ahorro, la inversión, la innovación y el trabajo, entre otras cosas. Los autores le atribuyen buena parte de esta falta de confianza a las instituciones públicas existentes, que se deben perfeccionar y modernizar para evitar su captura por grupos de interés, y apelan a la colaboración del sector privado en esa tarea.

En otras palabras, el informe señala que el objetivo debe ser la creación de un clima en que el actuar de todos los agentes, públicos y privados, sea visto como beneficioso para toda la sociedad, y en que los cambios institucionales -al contrario de lo que sucede en la actualidad- no sean percibidos como una amenaza, sino como una oportunidad de progreso para todos.

La otra parte del informe -la más extensa y concreta- propone una serie de medidas importantes para lograr lo anterior. Lo hacen a partir de lo que sugiere la teoría económica y los estudios existentes sobre nuestra realidad, teniendo como trasfondo una economía de mercado en que el Estado interviene para corregir fallas, si esto resulta costo-eficiente. No todos los economistas estarán de acuerdo con cada una de las medidas propuestas y una parte de ellas posiblemente sean políticamente incorrectas, pero si adoptadas, en su conjunto, permitirán lograr un mayor y mejor crecimiento en Chile.

La entrada Un muy buen programa aparece primero en La Tercera.

“Picardía políitica”

La reforma previsional del gobierno tiene múltiples aspectos positivos. En un contexto de creciente crispación social, representa un llamado a enfrentar la vejez, también, conjunta y solidariamente. Viabiliza el aumento de las cotizaciones previsionales, cuya necesidad es compartida por casi todos pero que aparece políticamente inviable por el rechazo de muchos a entregar mayores recursos a las AFP. Termina con una falla mayor y excepcional del sistema en cuanto no contemplaba un aporte patronal. Mejora las futuras pensiones de los trabajadores activos próximos a jubilar y las pensiones de los actuales pensionados de ingresos medios.

Aborda la discriminación de la mujer propia del sistema de capitalización individual al crear el bono mujer. Al incorporar al Estado termina con el monopolio de las AFP en el manejo de los ahorros de los chilenos e introduce la participación de los afiliados mejorando las regulaciones de las AFP que les permiten obtener rentabilidades absurdas.

Pone en serias dificultades a la oposición de derecha que había presentado ideas genéricas de reforma concentradas en una contribución patronal de 4 puntos sin introducir mejoras regulatorias al funcionamiento de las AFP dejando en evidencia acuerdos fundamentales con las posiciones sostenidas por esas entidades.

No obstante, desde que se presentó el proyecto, la discusión se centró en que según uno de los informes de productividad la medida podía generar una pérdida de 394 mil empleos. La propia Presidenta fue sorprendida con esta cifra la cual con razón rechazó. La cifra en cuestión aparece en el informe como una estimación para el caso de que el aumento de 5 puntos se realizara de una vez.

El Ministerio de Hacienda defendió la cifra como una muestra de transparencia y acusó a opositores e, incluso partidarios del gobierno, de haber hecho una interpretación abusiva de uno de los escenarios previstos en el informe.

Desde el punto de vista técnico, no tiene sentido tomar en cuenta un escenario que no está contemplado en el proyecto. Más grave es sin embargo, la explicación de que habría faltado “picardía política” pues denota incomprensión de los desafíos de gestión política. Todo el esfuerzo necesario para convencer a la ciudadanía de los beneficios del proyecto, para unificar las distintas visiones que existen en el país y en la propia coalición de gobierno, para inducir a la oposición a discutir un problema que les resulta difícil, para eludir los esfuerzos por torpedear la reforma y para hacer consistente la iniciativa con una visión de país, es reducido a “falta de picardía política”. Denota menosprecio por la política como el arte de lograr acuerdos en sociedades complejas con múltiples intereses y visiones del mundo. Aunque el ministro reconoce que se necesita “política y técnica” parece sugerir que lo político es un tema menor frente a la calidad técnica cuando la capacidad de estructurar mayorías es la única forma de resolución de las controversias. El debate político no es un debate académico (en su visión idealizada) pues están en juego intereses y pertenece a la naturaleza de la política el uso ( y hasta el abuso) de los errores del adversario.

La entrada “Picardía políitica” aparece primero en La Tercera.

El necesario impulso a la investigación

Esta columna fue escrita junto a Christian Nicolai, Director ejecutivo de Conicyt.

Una de las etapas más inciertas en la carrera científica es sin duda el momento de la inserción como profesionales. Según cifras de la Primera Encuesta de Inserción de Investigadores, realizada por la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), entre un 56% y un 67% encuentra trabajo en menos de seis meses, pero el valioso conocimiento que traen los nuevos doctores no siempre parece seducir a quienes debieran “emplear” dicho saber. ¿Por qué resulta tan difícil la inserción?

Aunque Chile es el segundo país de Latinoamérica con más publicaciones en revistas científicas de calidad, a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, nuestra sociedad aún no termina de incorporar a la ciencia como motor del desarrollo económico y social en sus distintos niveles. Esto explica por qué la academia parece ser la única opción laboral con que cuentan nuevos investigadores.

También explica la urgente necesidad de reformular el sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país, cambio que está representado en el proyecto de Ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero la nueva cartera no llega sola, viene de la mano de una serie de iniciativas tendientes a dar respuesta a los problemas de inserción.

Conicyt acaba de presentar dos concursos que van en beneficio de científicos en etapa inicial. Uno de ellos, Subvención a la Instalación en la Academia, busca incorporarlos como investigadores en universidades, en igualdad de condiciones que sus pares, y velando por que cuenten con el máximo posible de tiempo para realizar sus estudios.

El segundo instrumento, Apoyo a la Formación de Redes Internacionales para Investigadores en Etapa Inicial, busca crear redes que permitan a estos profesionales generar nuevos lazos, medida que también apunta a su desarrollo profesional.

Estas nuevas convocatorias no son el primer esfuerzo que realiza Conicyt en aras de la inserción. El programa Fondecyt realiza el Concurso de Postdoctorado, también con miras a la incorporación de científicos en el ámbito académico, a través de su participación en grupos de investigación consolidados, iniciativa a la que se suma el Concurso de Proyectos Fondecyt de Iniciación en Investigación, que financia propuestas con 2 a 3 años de duración.

Otra estrategia clave es incorporar a nuevos doctores en grupos de investigación consolidados a nivel internacional, lo que es facilitado por las becas de postdoctorado en el extranjero que entrega el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado.

Además, gran parte de nuestros instrumentos, como el Concurso de Investigación Tecnológica en Minería y el de Investigación y Desarrollo en Acción IDeA, incluyen como requisito la incorporación de investigadores que hayan obtenido su doctorado hace no más de cinco años. Si bien todas estas iniciativas constituyen un avance, se requiere de una mayor participación de todas las áreas de nuestra sociedad para generar la sinergia necesaria entre ciencia y desarrollo. Esto no solo redundará oportunidades de trabajo para los científicos jóvenes, sino que contribuirá a pavimentar el camino de Chile hacia un enfoque basado en una industria del conocimiento y no en la mera explotación de los recursos naturales.

La entrada El necesario impulso a la investigación aparece primero en La Tercera.

El último golpe a la clase media

Hace exactamente cuatro años, en plena campaña, Michelle Bachelet anunció 50 medidas para sus primeros cien días. La gran promesa para la clase media y el adulto mayor, era mejorar las pensiones y crear una AFP estatal.

Ha pasado el periodo presidencial casi completo, la AFP estatal se archivó y la Comisión Bravo, creada el 2014, nunca llegó a acuerdo y sus propuestas se guardaron en un cajón desde septiembre de 2015. Recién hoy, nuevamente en campaña, el gobierno presentó su propuesta de pensiones. ¿Se trata, esta vez, de una propuesta pensada y seria o es un nuevo Hospital de Curepto, con objetivo únicamente electorales? Júzguelo usted mismo: el gobierno aumenta 5 puntos las cotizaciones con cargo al empleador. De ellos, el 40%  se quita al trabajador y se destina a una nueva entidad estatal llamada Consejo de Ahorro Colectivo.

La principal oferta de esta propuesta es un aumento de las pensiones en un 20%. ¿Es cierto? Definitivamente no. Muchos chilenos no recibirán nada, partiendo por los 600 mil chilenos más vulnerables que viven de una pensión básica de 120 mil pesos y que no recibirán ni un solo peso. Lo leyó bien: ni un solo peso.

Tampoco se aumentará la pensión al cerca de medio millón de chilenos pensionados del sistema antiguo y que están en el Pilar Solidario, ni a los trabajadores más jóvenes, quienes deberán aportar y no recibirán nada a cambio. A pesar de lo anterior, el gobierno defiende su reforma como “solidaria”.

Veamos si es cierto. Primero: la propuesta tiene un costo de 1.400 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto de este costo lo paga el Estado? Nada. Todo es pagado con la cotización del trabajador.

Segundo: ¿Serán los trabajadores de mayor ingreso, quienes más contribuyan para financiar la propuesta? Tampoco.

Aunque parezca el mundo al revés, el trabajador que menos gana, por ejemplo, pues percibe el sueldo mínimo, deberá contribuir proporcionalmente más que el gerente cuyo salario es veinte o treinta veces mayor, y que además tiene un tope imponible por el que no cotizará sobre el total. Tampoco aportarán los que no están en el sistema de AFP, aun cuando ganen más de los que si deberán aportar, ni los que reciban otras rentas, distintas a la remuneración y que generalmente son los  de mayores ingresos.

Tercero: ¿Es solidaria la propuesta a la hora de repartir los beneficios? Todo lo contrario. Con esta propuesta, el trabajador que ahorró para una pensión de 150 mil pesos, podrá recibir hasta 30 mil pesos de incremento; mientras que el ejecutivo que tiene una pensión de 3 millones de pesos, recibirá un incremento cuatro veces mayor. Y no nos olvidemos que el pensionado antiguo y aquel trabajador que no pudo ahorrar y que solo cuenta con la pensión básica solidaria, no recibirá nada.

¿Qué nuevo paradigma pretende imponernos el gobierno ahora, que al tiene más se le entrega más y al que tiene menos se le da menos?

El sesgo ideológico de la nueva mayoría es más fuerte. Se pretende crear una entidad estatal para que sea la única que administre los nuevos fondos, sin que el trabajador pueda elegir. Lo que no se dice es que este Consejo no será gratuito y cobrará al trabajador tanto y finalmente más que lo que hoy cobran algunas AFP. Se propone construir, entonces, un sistema más caro que el que hoy existe.

Finalmente, este mundo al revés del gobierno es más evidente cuando los propios creadores de la propuesta reconocen en el informe de productividad, que su “idea” podría terminar afectando hasta 400 mil puestos de trabajo,  lo que obviamente aumenta  las lagunas previsionales y bajan las pensiones.

Cuesta imaginar lo qué pasa por la cabeza de quienes diseñaron esta reforma. Es regresiva, injusta y poco solidaria. En mi opinión, esto ocurre, precisamente, cuando se legisla en forma improvisada, con fines electorales, por un gobierno de salida.

Chile necesita una reforma para aumentar las pensiones, pero hay que hacerla bien. Se trata de un cambio demasiado importante para una nueva improvisación del gobierno.

La entrada El último golpe a la clase media aparece primero en La Tercera.

Fin de las preexistencias, fin a la discriminación

Aún no hemos escuchado de nuestros candidatos presidenciales propuestas para mejorar el sistema de salud chileno, como por ejemplo soluciones al problema de las “pre-existencias”. Por el contrario, pudimos observar en la pasada campaña en EE.UU. que el tema de la Salud estuvo siempre en primera página. Una de las más importantes promesas de campaña de Trump era que ¨revocaria y reemplazaria¨ el Obamacare, aunque si mantendría el fin de las preexistencias. Esta reforma al sistema de salud llevada a cabo por el expresidente Obama, estableció que negar o subir la prima de un seguro de salud por alguna preexistencia, o por ser mujer, era un acto de discriminación quedando absolutamente prohibido.

Trump no logró ni terminar ni reemplazar el Obamacare. Tres senadores republicanos se unieron a los demócratas y votaron en contra de la propuesta de la Administración Trump. La discusión tuvo de todo, incluso imponderables de último minutos como el diagnóstico de cáncer al Senador McCain, figura emblemática de los Republicanos. Pero lo que nunca se puso en duda, lo que ni siquiera los más anti-Obama pusieron en duda, era que castigar por preexistencias es un acto de discriminación. El mayor punto de conflicto, y por el cual no se logró consenso,  fue el insuficiente monto para el fondo de compensación, con que el gobierno central subsidiaría a cada Estado, para compensar los altos costos de las preexistencias y grupos de riesgos. Es decir, no sólo se aceptó que es una discriminación rechazar a alguien por una preexistencia, sino que se asumió que el costo es significativo y debía ser asumido por todos.

Es interesante ver cómo en un país de libre mercado, en donde el financiamiento de la salud está entregado a manos de privados, y la salud no se concibe como un derecho social, el Estado asume un rol claro al financiar a aquellos que padecen alguna condición crónica para evitar discriminaciones en el sistema de salud.

Si llevamos este tema a Chile vemos que este problema, que abarca exclusión, cautividad y poca cobertura para las personas con enfermedades ya diagnosticadas, es mucho más acotado. Al tener un sistema de previsión de salud mixto, quienes optan por el Asegurador Estatal o Fonasa- no son rechazados ni quedan cautivos por alguna enfermedad previa. Ellos son poco menos del 80% de la población.

Quienes si son víctimas de esta discriminación son quienes están fuera del sistema (2%), los afiliados a alguna Isapre que ya tienen un diagnóstico- quedando cautivos a un plan dentro de su isapre-, y un tercer grupo de personas que están en Fonasa y quisieran estar en una Isapre pero no pueden debido a sus preexistencias.

La solución que proponen en Estados Unidos de crear un fondo público de compensación para los individuos de alto costo, es una alternativa a evaluar que esperamos los candidatos y sus equipos técnicos revisen, y respondan de manera urgente. Este no es sólo un problema de las Isapres, aunque si se espera de ellas una actitud más proactiva, es un problema país y debe pensarse con una mirada tan global como humana.

Por el bien de Chile, no se puede permitir de nuevo que quien conduzca la nación no se haga cargo de este tema. No olvidemos que en el Congreso descansa el proyecto “Plan Garantizado de Salud” del ex-Presidente Piñera, ni que la Presidenta Bachelet, por su parte, no llegó ni a presentar su “Proyecto de Reformas a la Ley de Isapres”, prometido y luego pospuesto en varias oportunidades, que tenía entre otros objetivos buscar mecanismos de financiamiento a las preexistencias.

 A modo de declaración de intereses, señalo que, al igual que una proporción cada vez mayor de chilenos, en este tema tengo conflicto de interés por alguna preexistencia.

 

 

La entrada Fin de las preexistencias, fin a la discriminación aparece primero en La Tercera.

Una selección improvisada

En una misma semana, se alinearon los astros a favor de la equidad de género. Al tiempo que la decisión del Tribunal Constitucional permite la promulgación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales, el Servel recibió las listas de candidatos para las elecciones parlamentarias. Chile logrará salir del club de los escasos países que todavía prohíben el aborto en toda circunstancia a la vez que las listas parlamentarias deben incluir, por ley, una novedad: al menos, 40% de candidaturas femeninas. Desde 1990, su porcentaje histórico no ha superado el 20%. Ello explica, entre otros factores, nuestro 15,8% de parlamentarias, por debajo del promedio de América Latina, de 25,2%. Se trata, en síntesis, de dos medidas que permiten aumentar la autonomía, tanto física como política, saldando una deuda que la transición arrastraba con las chilenas.

Sin embargo, desde los partidos, se han alzado voces señalando que la implementación de la cuota se ha convertido en un dolor de cabeza. A primera vista, cuesta entender por qué. La tardía recepción de la cuota en nuestro país ha permitido contemplar los errores que su puesta en marcha supuso en otros contextos, en orden a superarlos. Además las mujeres, no sólo constituyen la mitad de la militancia sino que, muy probablemente reproducen, en términos de capacidades, otros fenómenos que vemos en la sociedad como un todo. Un ejemplo es la mayor tasa de titulación de mujeres. En 2016, fue de 56,7%. Se podría pensar que las mujeres sienten más dudas a la hora de ser candidatas, lo que es razonable. Desde el punto de vista histórico, el ingreso femenino a la política es relativamente reciente, lo que nos convierte en aprendices al lado de la carrera de fondo que los hombres vienen corriendo desde hace siglos.

El problema, más que por el lado de la oferta, se encuentra en los partidos. Adoptaron una posición improvisada y, en ocasiones, claramente frívola frente a lo que la ley de cuotas exigía. Más allá de alguna excepción que, de seguro la hay, otro cantar hubiera sido si, en vez de buscar “acompañantes” de lista, incorporasen prácticas de búsqueda temprana de aspirantes y su exposición a experiencias novedosas, así como la superación de actividades que, rotuladas como formación política, no pasan de una u otra charla aislada, a veces un tanto anodina, que se hace más bien por cumplir.

Es cierto lo que plantea el senador Andrés Zaldívar. Una vez concluida la elección, sería deseable revisar la medida. Pero no para una flexibilización que contenga retrocesos sino para evaluar, por un lado, las sospechas de un uso que posibilitaría mantener sin alteraciones las bases generizadas de la política y, por otro, cerrar el ciclo de la reforma. Para ello, avanzar hacia listas cerradas y bloqueadas -con mandato de posicionamiento- sí vendría a suponer un vuelco.

La entrada Una selección improvisada aparece primero en La Tercera.

Herida sangrante

La aprobación del aborto será, por lejos, el legado más duradero y dañino del gobierno de Michelle Bachelet. Una herida que no dejará de sangrar, no solo porque permitirá una práctica médica cuestionable, sino también porque consagrará un principio de amplias consecuencias: en Chile es ahora legal poner fin de manera deliberada a una vida inocente.

Los promotores y los defensores de la iniciativa repiten una y otra vez que se trata de una opción modesta, acotada a tres situaciones concretas. Pero, tanto en el mensaje presidencial que acompañó el proyecto de ley como en las intervenciones que celebraron el “triunfo” tras el dictamen del Tribunal Constitucional, los argumentos invocaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, incluso si ello supone pasar por encima de la vida del que está por nacer. O sea, fueron mucho más allá de la justificación de las tres causales, utilizando en cambio razones que se aplican más al aborto libre que a uno restringido.

Al enmarcar su discurso de esa forma, los promotores del aborto consiguieron una victoria cultural que abre posibilidades insospechadas. Un 70% de la población respalda el aborto en tres causales. Y, aunque la mayoría rechaza hoy la posibilidad de legislar a favor del aborto libre, no es capaz todavía de advertir que los argumentos para impulsar un proyecto de esa naturaleza ya han sido validados en el debate.

La Presidenta Bachelet señala que ha cumplido “un compromiso fundamental que asumimos con las mujeres”. Como siempre, deja de lado un componente clave de la ecuación: los niños que no verán la luz a raíz de la legislación aprobada. La Mandataria parece no comprender que, como decía Edmund Burke, vivimos en una asociación entre los vivos, los muertos y los que están por nacer.

Todos ellos son parte de nuestra comunidad. Al permitir y validar el aborto, Chile ha decidido amputar parte de su riqueza más básica, hiriendo profundamente el alma nacional.

Tampoco parece entender la Jefa de Estado la innegable ironía que supone la aprobación del aborto bajo su mandato. Un gobierno que declaró desde el comienzo que su propósito era poner atajo a la desigualdad promueve la peor de las injusticias, que es la que se comete contra seres inocentes e indefensos. No hay asimetría mayor que la del aborto, el cual siempre es perpetrado contra una persona cuya voz no es escuchada y cuyos derechos son ignorados y atropellados. El aborto involucra la más radical de las desigualdades.

Es imposible que una sociedad que avala este tipo de injusticia no sufra consecuencias negativas. La herida abierta continuará sangrando, como ocurre en prácticamente todos los lugares donde existen legislaciones similares. Varias de esas sociedades están reconsiderando y dándose cuenta del enorme perjuicio que se han causado a sí mismas al terminar de manera prematura con la vida de los que carecen de voz, pero no de derechos.

La entrada Herida sangrante aparece primero en La Tercera.

Productividad

Este concepto, el de la productividad, es un signo de nuestros tiempos, un mundo globalizado en que la competencia se ha elevado a niveles planetarios, hace que todos busquen obtener el mayor rendimiento al menor costo, porque en alguna parte hay alguien que lo está intentando, probablemente con éxito.

Este gobierno ha criticado reiteradamente a la gestión que le antecedió por, supuestamente, no haber hecho nada para incrementar la productividad de nuestra economía. El mensaje implícito parece ser que el efecto de sus reformas es secundario, en el esfuerzo orientado a que nuestra economía vuelva a crecer.

Con el ingreso de la reforma previsional adquirió un enorme protagonismo esto de la productividad, porque el Ministerio de Hacienda acompañó al Congreso un informe que, haciéndose cargo de los efectos de dicha iniciativa, augura que pueden destruirse hasta casi 400 mil empleos. Obviamente el impacto fue grande, porque cuesta entender que se presente un proyecto sabiendo que este puede tener este efecto devastador sobre los trabajadores, especialmente si su finalidad central es mejorar las pensiones.

Pero el problema mayor vino cuando la Presidenta de la República reconoció que no había leído dicho informe de productividad, pero que creía que sus efectos no eran “tantos”. Luego de lo cual el propio ministro de Hacienda dijo que él lo habría redactado de otra manera. De manera que habría que asumir que tenemos dos problemas: el que se generará con la reforma misma y otro, tanto o más grave, que es el de la productividad del gobierno. Porque parece difícil que su gestión sea realmente productiva si no existe un mínimo de conocimiento de sus propios documentos y estudios.

Al final del día el episodio es un buen ejemplo de los males que han afectado a esta administración y que se pueden resumir en exceso de intenciones -a estas alturas ni siquiera me atrevo a calificarlas de buenas- con falta de rigurosidad en los instrumentos y la gestión. Los gobiernos también tienen que hacer esfuerzos de productividad, eso es obvio, y la política tiene una dimensión simbólica que es fundamental. En esa línea, el impacto del espectáculo que dieron las autoridades es devastador a la hora de recuperar la imagen de un Estado que hace las cosas bien y que puede pedir productividad, con la autoridad que da predicar con el ejemplo.

Los chilenos parecen estar un poco cansados de las buenas intenciones, cuando no van acompañadas de los medios para volverse realidades concretas; el sano equilibrio entre esas buenas intenciones y la capacidad de materializarlas se perdió por un rato, en gran medida por el crecimiento de un discurso quejoso, de una calle vociferante y de un liderazgo político que todo lo canaliza hacia “sueños”. Han dado señales de querer un gobierno que haga informes de productividad, los lea y los aplique. No parece ser pedir demasiado.

La entrada Productividad aparece primero en La Tercera.