Álvaro Bisama's Blog, page 96

Dominga: un proyecto bien rechazado

Muchas han sido las críticas que ha recibido el Comité de Ministros por el rechazo al proyecto Dominga. Tanto Andes Iron, como gremios empresariales y algunas autoridades han cuestionado la decisión, pero sin considerar los antecedentes que llevaron a este rechazo, a nuestro juicio, de manera justificada.

La evaluación ambiental tiene una serie de pasos establecidos por ley. En términos simples, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es la entidad encargada de gestionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual, además del titular de un proyecto, participan organismos públicos y la sociedad civil, quienes pueden entregar sus observaciones. Luego de todo ese proceso, el SEA emite un Informe Consolidado de Evaluación (ICE), el cual es una recopilación que contiene los antecedentes del proyecto, una síntesis de los impactos ambientales y las medidas de mitigación, reparación y compensación, además de las observaciones de los servicios públicos y de la ciudadanía. En ese documento, el SEA recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental, aprobar o rechazar, entidad que tiene la facultad de aceptar o no la recomendación.

En el caso de Dominga, el SEA de Coquimbo recomendó aprobar, pero sin embargo este informe no reflejó las observaciones realizadas por una serie de organismos que reiteradamente expusieron que la empresa no aseguraba la mitigación de impactos, además de carecer de información básica en su línea de base. Estas omisiones fueron claves para que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazara el proyecto Dominga en marzo de 2017.

Sin embargo, todo debió finalizar antes. El SEA regional, teniendo todas las facultades, pudo haber puesto término anticipado al proyecto en 2013. Andes Iron, desde un inicio, no evaluó los impactos que la construcción y posterior funcionamiento de la mina y el puerto tendrían sobre el medio ambiente marino. Cuando un proyecto no proporciona una línea base, es decir, un estudio que detalle el estado inicial del área donde pretende instalarse, una descripción de la flora y fauna, los potenciales impactos, la autoridad puede dar por terminado el proceso por falta de información. No obstante, el SEA permitió que la minera subsanara su estudio de impacto ambiental de manera parcelada, lo cual fue advertido en reiteradas oportunidades por los organismos con competencia ambiental, Oceana y otras organizaciones. 

El rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo no hizo más que corregir un mal trabajo del SEA regional. Tras la resolución, el titular apeló a la decisión, la cual fue analizada por el Comité de Ministros que solicitó informes a 14 servicios del Estado, los cuales fueron progresivamente haciéndose públicos hasta el viernes anterior a la votación. De ellos, nueve daban cuenta de reparos al proyecto, muchos de los cuales el SEA no había incluido en el ICE. Con esos antecedentes, el Comité de Ministros confirmó el rechazo decretado en marzo.

En conclusión, sobraron argumentos técnicos para rechazar Dominga. Sin embargo, la evaluación de proyectos no se limita únicamente a la revisión de estos aspectos, sino que además abarca una ponderación valórica, y que responde al mandato constitucional que tiene el Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.

 

 

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La falacia de las cuotas en la elección

La noche que terminó el plazo para  inscribir las diferentes candidaturas presidenciales, parlamentarias comenzó una carrera inédita. Estaremos frente a una elección muy distinta a todas las que hayamos tenido en la historia de Chile. Será la primera que incorpore en conjunto todas las reformas que se han realizado al sistema electoral en los últimos años. Será la primera con voto voluntario, inscripción automática, financiamiento público de los partidos políticos, fin del sistema binominal e incorporación de la cuota de género.

Esta última reforma establece que, de manera transitoria los pactos políticos no podrán superar un 60% de hombres ni mujeres en la conformación de sus listas parlamentarias, es decir, que no puede existir un porcentaje inferior al 40% de candidatas mujeres en la nómina de candidatos de una lista parlamentaria. Es por esta simple razón que hemos leído en varias portadas de diarios y escuchado a la Ministra Narváez celebrar el explosivo aumento del porcentaje de mujeres candidatas para la Cámara Baja, pasando desde un 19% en la elección de 2013 a un poca del 40%.

La prudencia nos invita a sacar cuentas una vez realizadas las elecciones. En especial en el tema de cuotas. Pareciera que la efectividad de dichas candidatas para transformarse en diputadas se verá afectado por otro elemento del sistema electoral chileno: la lista abierta. Si uno analiza, más detenidamente y no con números macros, la gran mayoría de los distritos con candidatas mujeres poseen diputados que van a la reelección,  a los que será difícil derrotar con las nuevas reglas y nuevos tamaños distritales.

Al parecer los partidos políticos rellenaron cupos en vez de buscar candidatas competitivas. Un ejemplo claro de esto es la Candidata DC al Senado por Arica, ella ha declarado estar llenando un cupo y no ser una candidata competitiva. Cuando observamos la evidencia comparada en América acerca de la relación entre la existencia de una cuota de género a nivel de candidatos y la representación de la mujer en el congreso de cada país, nos encontramos con una particularidad que vale la pena destacar: todos aquellos países con cuota de género y sistemas de representación proporcional de listas abiertas exhiben tasas muy inferiores de representación de la mujer que aquellos países con sistemas de listas cerradas, que hubiese sido un buen sistema si lo que se buscaba realmente era aumentar la participación de mujeres en el Congreso.

Es por esto que las cuentas alegres corresponde sacarlas el día 19 de Noviembre cuando podamos contrastar empíricamente la efectividad de esta reforma, y no caer en de manera anticipadamente en la falacia de las cuotas.

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No frenemos la migración

La semana pasada el Gobierno envió al Congreso el nuevo proyecto de ley que regula la inmigración. El solo hecho de hacerse cargo del problema ya es muy bueno. Sin embargo, siempre surgen a este propósito ideas de cerrar fronteras y buscar modos de frenar el ingreso de extranjeros.

Hace unas semanas visité el campamento Unión, Fuerza y Esperanza ubicado en Alto Hospicio. En el lugar, conocí a Wilson, un joven de 26 años de nacionalidad boliviana, quien me contaba que antes de llegar al campamento tenía que pagar 200 mil pesos por una pieza que compartía con otras personas, donde se les cobraba 3 mil pesos para ducharse y tenía que esconder su dirección y nacionalidad, porque si decía que era boliviano y vivía en un campamento no conseguía trabajo. Esta es una muestra típica de rechazo al migrante.

Este golpe de realidad me hizo pensar que obstaculizar las acciones humanas a veces es una pésima idea. Desde hace miles de años, en diferentes épocas y culturas, el ser humano ha prohibido determinados actos que dañan a las personas o las relaciones entre ellas bajo la promesa de castigos. Ejemplo de ello son nuestros códigos penales en países o instituciones. La teoría dice que si el castigo es suficientemente grande en relación al posible beneficio, las personas lo evitarán comportándose en la dirección que se pretende, haciendo un simple cálculo racional.

El caso de la migración es similar. Hay que examinar muy bien qué motiva el desplazamiento de las personas de un país a otro, porque si hay una necesidad humana muy básica, no importan las penas que se prometan: las personas migrarán igual. Quienes llegan a nuestro país han tenido que dejar atrás redes, familia, historias y amigos. La necesidad debe ser muy grande.

El problema es que cuando se obstaculiza la migración y la motivación es tan básica y profunda, lo harán de cualquier modo, pero en condiciones mucho más precarias: por pasos no habilitados, sin documentos, sin que el Estado receptor lo sepa, en condiciones de riesgo de la vida por el clima, o bien siendo presa fácil de los coyotes o del tráfico de personas. Pretender frenar acciones motivadas por necesidades fundamentales es muy difícil y precariza la vida del migrante.

El actual proyecto de ley enviado por el gobierno promete avanzar en la dirección correcta, en cuanto incorpora las convenciones internacionales suscritas por Chile y declara la importancia de reconocer derechos sociales. No obstante, el derecho a una vivienda digna sigue siendo un ámbito que queda fuera de este proyecto de ley. Según cifras de la Casen 2015, de los 465.319 migrantes que actualmente residen en Chile, un 25% vive en situación de hacinamiento.

Tenemos que reconocer que la migración es una riqueza. Un país donde todos son iguales tiene pocas ideas novedosas y una visión de mundo estrecha, empieza a creer que todos debieran ser como él y que el resto está equivocado. Un país así limita seriamente sus posibilidades de desarrollar humanamente a sus habitantes.

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Con el tas a seis puntos de rusia

Tenía miedo. Mucho. Fundado por el peso de Argentina, de los auspiciadores y de la mano de la FIFA. Tenía miedo por la argumentación ridícula con que le levantaron el castigo a Messi. Se le protegió diciendo que no le gritó al árbitro siendo que la cámara mostró que lo garabateó hasta quedar sin aire. Un mundial sin Lio es un desastre para Rusia. Hasta Vladimir Putin se angustiaría sin la foto con el mejor del mundo.

No era fácil ganar. Pelea dura y con luchadores que aguantan más que los cuatro round que soportó Conor McGregor. Presionaron varias selecciones, Chile no luchaba solo contra Bolivia. Al carro rival se subieron todos los que podían masticar una tajada. La conveniencia era para Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador y Argentina. Muchos soñaban con dos puntos menos para Chile, con la roja en repechaje y con Jorge Sampaoli, hoy albiceleste, en zona de clasificación.

No está Julio Grondona, no está Joseph Blatter y todo caminó bajo normalidad. Nada más. No hubo manos negras. Se respetó el fondo del argumento de Chile y eso tiene un valor. Acá se incumplió la normativa de la FIFA respecto a la nacionalidad de Nelson Cabrera. Punto. Chile defendió una tesis con brillantez y pudo callar a todos los dirigentes que ya nos veían mirando la tabla hacia arriba. Gran punto para la ANFP. Se peleó con fundamento, sin lobby y sin dinero de por medio. Chile ganó con las manos limpias y eso tal vez hace un tiempo era casi imposible.

Ahora la misión es sumar seis. Con 29 puntos ya estamos en la lista corta. Ganando a Paraguay y Bolivia, aseguramos repechaje y con algún resultado que nos beneficie estamos arriba del avión en septiembre. No quiero extender todo y tener que definir con Brasil en su casa en la última fecha. Aunque Brasil ya tenga hotel en Moscú, nunca voy a querer encontrarme con ellos en una final. Es un riesgo innecesario.

A propósito de riesgo, quiero tocar el caso de Vidal. No soy santo y no pienso serlo. Errores cometo todos los días. Perfecto no soy y no me interesa asumir esa condición. Arturo Vidal condujo su vida en el día libre como él determinó. El es dueño de su destino, él traza su camino. Carabineros públicamente dijo que no lo vio en el casino, él reconoció que fue, comió y se retiró. De sus amigos dijo que no se puede responsabilizar y tiene toda la razón. Yo no le puedo prohibir a Vidal que disfrute del casino, no le puedo limitar su vida a cuatro paredes, no le puedo decir que haga lo que uno cree correcto. Él, como adulto y profesional, conduce su vida por la ruta que desee.

Tal vez, yo más perno o viejo, me hubiera quedado en mi casa a tres días de un partido clave, porque creo que el deporte de elite tiene que mirarse bajo esa perspectiva y más encima cuando tengo el régimen de la selección chilena. Somos distintos y Vidal lo sabe, ya lo hablamos después del choque en la Copa América. Arturo Vidal, para mí el mejor volante del mundo en su puesto, en su día sin ataduras puede hacer lo que quiera mientras no le falle a su técnico, a sus compañeros, a él y a su país. No se olviden, con seis estamos.

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No + AC

En Venezuela también aplica eso del “cada día puede ser peor”. Recientemente la Asamblea Constituyente (AC) ha intentado despojar de todo el poder al parlamento democráticamente elegido. La movida ha provocado el rechazo de muchos. El gobierno chileno lo ha cuestionado pudorosamente; la Cámara y el Senado han sido más contundentes aprobando proyectos de acuerdos que solo recibieron la oposición del PC y el Frente Amplio.

Conviene preguntarse si lo que ha pasado en Venezuela podría repetirse en Chile en caso que, como quieren algunos, se convoque a una AC. Lamentablemente la respuesta es afirmativa.

Convocar a una AC para modificar la Constitución se empezó a popularizar en torno al 2011 cuando, silenciados por las marchas, casi nadie desde la izquierda se atrevió a inyectar razonabilidad a los gritos de la calle. Con eso se derrumbó la Concertación, el orgullo por la transición, la política de los acuerdos, la defensa del modelo y también la Constitución y sus reformas. Y surgió la Nueva Mayoría, la retroexcavadora, el igualitarismo chato (“los patines”) y el grito por una AC. No hay que olvidar que José Antonio Gómez, como candidato a la primaria el 2013, vociferaba a favor de ella. Y que Bachelet, inspirada en esa culpa que la atraviesa, nunca la ha cuestionado.

Pero la experiencia de Venezuela nos debiera enseñar, de una vez, que la AC no es un camino para el cambio constitucional. Ello no solo porque es una forma de profundizar el divorcio entre ciudadanía y política; o porque en la historia de Chile, como ha mostrado Sofía Correa, las reformas constitucionales más exitosas han sido fruto del acuerdo que se logra en los congresos. También porque el camino que está siguiendo Venezuela perfectamente podría replicarse en Chile en caso de convocarse a una AC.

¿Exagero? Para nada; de hecho ya hay algunas similitudes. Una de ellas es que allá, como quisieron algunos acá, la AC se impuso por medio de la trampa de un “decretazo”: la Constitución de Venezuela exige que una AC sea convocada por un referéndum pero a Maduro le bastó un decreto (que entre otras cosas llama a “constitucionalizar las grandes misiones socialistas (…) hacia un Estado de la Suprema Felicidad Social”).

Pero la similitud más compleja podría darse al instalarse la AC. Por definición, el poder de ella no tiene límites pues es la expresión del constituyente originario que la ubica por sobre los poderes constituidos. Dicho de otra forma, su poder se instala sobre el Congreso, jueces y el propio Presidente. Por eso, como supuesta expresión originaria de la ciudadanía, una AC chilena podría repetir la historia venezolana y enfrentarse al Legislativo al romper con los límites del mandato original.

Hay que celebrar que tanto congresista chileno que ha coqueteado con la AC se haya pronunciado en contra de la venezolana. Los mismos argumentos que inspiran ese rechazo debieran motivar un no + AC en Chile.

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Bases Ciudadanas

Siempre me ha parecido sospechosa la tesis según la cual los proyectos sobre temas importantes para el país no debieran discutirse en tiempos de elecciones. ¿De qué discutimos entonces durante las campañas? ¿Qué candidato o candidata comete menos gaffes? ¿Quién tiene el mejor currículum? ¿…el mejor jingle o lema? Detrás de este propósito de vaciar de contenido la política democrática hay, probablemente, una profunda desconfianza sobre la capacidad de la ciudadanía para procesar razonablemente sobre estas cuestiones y la esperanza que ellas sean abordadas después, una vez que haya pasado el “griterío de la chusma” por algún comité de expertos “desinteresados”. La verdad es que si existe un momento adecuado para debatir entre todos sobre los grandes temas de la política es precisamente cuando nos aprestamos a definir nuestros futuros gobernantes.

Pensando, como pienso, que el problema constitucional es un asunto importante, animo, entonces, a las candidaturas a que discutan sus posturas al respecto. Y así, los que creemos que a Chile le beneficiaría una nueva Constitución debemos explicar en qué medida un pacto político generado democráticamente reforzaría la legitimidad de nuestra República. Quienes defienden la actual Constitución, por su parte, deben hacerse cargo con argumentos, y no con campañas del terror, de las críticas fundadas que se hacen a la forma y fondo del arreglo institucional que nos rige.

Ahora bien, y dicho lo anterior, quisiera explicar por qué he llegado a la conclusión que la Presidenta de la República debiera postergar hasta después de las elecciones el anuncio del proyecto de nueva Constitución, que recogerá los acuerdos básicos (Bases Ciudadanas) a que llegaron las 200.000 personas de distintas ideas que participaron en los diálogos ciudadanos durante 2016. Si lo que se va a dar a conocer es simplemente un proyecto con las ideas constitucionales de la Presidenta, o de sus ministros, nadie podrá discutir el derecho del gobierno a presentarlo cuando quiera y como quiera. Y a hacer de él una bandera legítima de lucha electoral. El punto es que el proyecto del que hablamos no es de un grupo político. En éste se recogerán, así se ha dicho, las conclusiones de un universo de personas con muy diferentes visiones. Las Bases Ciudadanas pueden constituirse en un referente valioso para la deliberación constitucional. Para que eso ocurra, sin embargo, parece necesario ponerlas por encima de consideraciones de corto plazo o contingentes. Más allá de que puedan servir, o no, para poner a la derecha a la defensiva, las Bases Ciudadanas están llamadas a ser un punto de convergencia donde pudieran confluir personas que votarán por Beatriz Sánchez, Sebastián Piñera, Carolina Goic, Alejandro Guillier u otro. Cuidémoslas.

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El legado: destrucción y muerte

Felizmente quedan pocos meses para que concluya el pésimo segundo gobierno de Bachelet. Sin embargo, parece que éste se encuentra firmemente empeñado en aprovechar el tiempo que aún le resta para transitar a peor. Las últimas semanas han constituido un ejemplo contundente al respecto. A su larga lista de gruesos desaciertos durante los años ya corridos -reformas tributaria, laboral y educacional, ineficacia clamorosa contra el terrorismo en La Araucanía y la delincuencia común, pobrísimo crecimiento económico, reducción del empleo productivo, caída en la inversión privada, pérdida de grado en los ratings crediticios internacionales, más de alguna corruptela, únicamente por mencionar algunos- hay que agregar recientemente el proyecto sobre pensiones, la ley de aborto (asesinato premeditado de criaturas humanas inocentes e indefensas), el vergonzoso affaire del comité de ministros en el caso de la mina Dominga, las públicas rencillas entre personeros de gobierno que lo siguieron y el proyecto de de ley sobre el denominado “matrimonio igualitario”y la adopción de menores homoparental, firmado ayer por la Presidenta. Y, cómo no, se prepara el voceado traslado de presos militares en retiro desde Punta Peuco a Colina I.

Esta renovada urgencia legislativa y ejecutiva en el tiempo de descuento parece obedecer a tres propósitos. El primero de carácter ideológico: es lo que el gobierno quiere hacer, es lo que su programa anticipaba antes de iniciar su andadura, es lo que realmente aspira para Chile. El segundo es de carácter político-electoral: ante una cada vez más previsible derrota oficialista en las urnas en noviembre próximo, se trata de un intento desesperado por radicalizar el debate, sacar a Piñera y la centroderecha a la pizarra y conducir la discusión pública hacia temas que puedan hacer merma a estos frente al electorado. El tercero es de carácter estrictamente comunicacional: el despliegue de una “cortina de humo” para desviar la atención de los crudos hechos que muestran a la patria en “caída libre” por donde se la mire. Por supuesto nada importa si estas propuestas son aquello que la ciudadanía verdaderamente anhela y necesita.

Lo que está claro es que, cualquiera sea el derrotero que sigan el conjunto de iniciativas y acciones que impulsan apresuradamente Bachelet y sus secuaces, lo esencial de la herencia del presente gobierno para Chile se encuentra absolutamente definido. Habrá tiempo y espacio para cambiar opiniones acerca del anecdotario tragicómico que dejarán estos cuatro años, si prevalecerán en él el caso Caval, el silencio estival de la Presidenta en el lago Caburgua y sus “me enteré por la prensa”, la memoria de los desfenestrados Peñailillo y Arenas, la promesa de la “retroexcavadora” de Quintana, las inútiles piruetas de la DC para justificar su impresentable asociación con el PC, la “invitación a bajarse de los patines” o la “tan mala pata” de Eyzaguirre u otras lindezas. Sería solo para la risa, si no hubiese tanto daño y pérdida de valor vinculado a este sinfín de pequeñas historias. En lo substancial, en cambio, no hay donde perderse. Este gobierno ya imprimió su sello, su legado será destrucción y muerte.

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El terrorismo individual: una nueva realidad

Los actos perpetrados en Barcelona, que sin duda deben ser calificados como terroristas, vuelven a presentarnos la discusión de si los delitos de terrorismo pueden ser cometidos por quienes  no pertenecen a una organización, pero simpatizan o adhieren a ella, esto es, los llamados “lobos solitarios”. Y es que no pocos sostienen que solo pueden ser calificados de terroristas, aquellos hechos que son ejecutados por una organización establecida, en cuanto ésta podría proyectar un cuestionamiento al Estado, dirigida a subvertir el orden constitucional o alterar seriamente la paz pública. Se afirma además, que una persona o un grupo no integrado a una organización no podría recurrir o usar las maniobras comunicacionales, que son más bien propias de ésta. En definitiva, una estrategia terrorista puede ser exitosa en el tiempo si cuenta con cierta estructura que permita disponer de medios materiales y humanos.

Me parece que sostener lo anterior no toma en consideración los cambios que ha experimentado el terrorismo.  Hoy se aprecia todo un cambio en su estrategia, facilitada por la tecnología, como es el acceso a internet o la de construir armas de gran poder, así como el mayor acceso al transporte. Todo ello permite la actividad de individuos que sin ser parte de una organización existente, sí pueden ser simpatizantes o adherentes de su proyecto. Se trata de sujetos, de algún modo instrumentalizados, que pueden cometer actos de consecuencias catastróficas. En este sentido, basta tener presente, la llamada yihad individual donde se afirma en no pocos documentos que las organizaciones han fracasado y se  insta a las actuaciones individuales.

Tradicionalmente, cuando se habla de terrorismo evocamos las clásicas organizaciones armadas y jerarquizadas, como han sido los casos de ETA en España o las Brigadas Rojas en Italia, todas ellas con un fuerte componente ideológico y de enfrentamiento al Estado. Pero, hoy el terrorismo yihadista nos obliga a comenzar a discutir  acerca del terrorismo individual, o también denominado “terrorismo aislado” o de “baja intensidad” —más popularmente se habla del lobo solitario (Lone Wolf)—. En estos supuestos, no se requeriría que el sujeto tenga una participación e integración  en alguna organización para que pueda configurarse un delito terrorista, sino que bastaría su adherencia al proyecto o a propósitos expresados por la organización terrorista. Así, Daesh —más conocido como Estado Islámico—.

Si bien es cierto que una persona que no actúa en conexión con una organización terrorista no tiene la capacidad de crear el mismo peligro que una organización establecida, ello no obsta para plantearse seriamente la idea del terrorismo individual, sobre todo hoy, en que sectores vinculados al islamismo radical propician estas actuaciones, por su mayor operatividad y autonomía. Individuos que sin ser parte de una organización existente, sí pueden ser simpatizantes o adherentes de su proyecto y por tanto, ser funcionales a éste. Se trata de sujetos, de algún modo instrumentalizados, que pueden cometer actos de consecuencias devastadoras. Si bien, no se presenta una vinculación formal a una organización, son individuos que comparten su visión y la promueven a través de acciones violentas. Precisamente, el que ciertos movimientos las fomenten obedece a las indudables ventajas tácticas que representan, dado lo impredecible de sus actuaciones, lo que dificulta considerablemente su persecución.

En todo caso, a pesar de ser un fenómeno que suscita especial atención, no es una realidad nueva. En efecto, manifestaciones terroristas del siglo XIX asociadas al anarquismo obedecieron a actuaciones individuales, si bien vinculadas a un pensamiento político, los atentados no tuvieron un origen que pudiera atribuirse a estructuras jerárquicamente organizadas. La teoría dominante en ese entonces, era la propaganda por el hecho, es decir, el impacto de los atentados constituía el medio de propaganda más eficaz. Sus objetivos no eran buscar directamente el poder, sino enviar mensajes a la población, a fin de atemorizarla para que cedieran a sus pretensiones.

Me parece que existen necesidades de orden político criminal como para comprender penalmente estos comportamientos y calificarlos como terroristas. La realidad así lo impone. Los movimientos terroristas vinculados al fundamentalismo islámico, son un claro ejemplo de que son perfectamente posibles. Agrupaciones que funcionan bajo ciertas ideas motivadoras y que, conforme a una lógica globalizadora, emiten consignas de forma general.

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Nosotros, los inmigrantes

Parte de mi familia llegó de muy lejos, escapando de una Yugoslavia herida. Mi bisabuelo, quien estuvo varios años en un campo de concentración nazi, solo quería salir de Europa una vez acabada la guerra y tenía dos opciones: Australia o Chile. Habían decidido irse a Australia, pero poco antes de tomar el barco que desde Italia los llevaría a empezar de nuevo, mi bisabuela murió de un cáncer fulminante y los planes cambiaron forzosamente, ya que en Australia solo recibían familias “completas”. Por esa razón terminaron viniendo a  Chile, un país que solo conocían por una enciclopedia que había comprado mi bisabuelo poco antes de que el barco zarpara. Se instalaron en Buin y ahí comenzaron a reconstruir sus vidas y a sanar las heridas que puede dejar una experiencia como la que azotó a Europa en ese tiempo. En una época en que psicólogos y terapeutas eran mayor lujo que ahora, el alma era la que tenía que encontrar los mecanismos de defensa adecuados para apalear tanto mal recuerdo. Hace un par de años tuve la suerte de acompañar a mi abuela en su único viaje de regreso a Europa, antes de morir quería volver a la ex Yugoslavia y ver la tumba de su mamá en Italia. Nunca voy a olvidar la emoción de mi abuela -mujer fría curtida por la guerra- cuando llegamos a la fosa común del cementerio municipal del pueblo de Trieste, donde reposaban, junto con otros tantos igualmente olvidados, los restos de mi bisabuela. Solo en esa expresión comprendí el dolor enorme que significa una huida obligada hacia otros destinos y pude ver en la cara de mi abuela el rostro de una niña desvalida y sola, como tantos niños del mundo que han perdido la inocencia tempranamente a causa del dolor y las bombas.

¿Cuántas historias parecidas a esta tenemos en Chile? ¿Cuántos venezolanos, colombianos, peruanos, haitianos y sirios llegan escapando de una realidad trágica y asfixiante? Tengo la intuición de que son pocos los que se van de su país por las simples ganas de cambiar de aire. Es por eso que el tema de la inmigración hay que mirarlo desde una perspectiva más empática y humana. La discusión no se puede reducir simplemente a números, oficinas y papeles, porque en el centro de la misma se contraponen valores esenciales que definen lo que somos y seremos como sociedad.

Es por esa misma necesidad de humanizar la discusión sobre los inmigrantes que -poco antes de morir- el famoso sociólogo polaco Zygmunt Bauman escribió  Extraños llamando a la puerta. Dentro de todas las ideas que presenta el texto hay una que llama particularmente la atención, y tiene que ver con el intento que hace el autor de explicar esta animadversión en contra de quienes llegan, tema que si bien en Chile no se ha materializado explícitamente, igualmente vemos destellos en la forma en cómo interactuamos con ellos. Bauman acude a una fábula de Esopo para explicar que siempre en el mundo hay alguien que está peor que uno. En nuestros países ya existen muchos marginados, ridiculizados, condenados a ser siempre los últimos en todo, como los personajes de los cuentos de Raymond Carver (la literatura otra vez adelantándose a la historia). Para esos marginados, que creen que han tocado fondo, les es muy cómodo y casi satisfactorio encontrar en los inmigrantes a alguien que está peor que ellos, porque viene a devolverles la autoestima robada e incluso le da sentido a sus propias existencias. Son ellos, los que están en permanente riesgo de exclusión, los que terminan enarbolando las banderas nacionalistas de Donald Trump y Marine Le Pen, porque es ahí donde pueden encontrar el salvavidas que, mediante la degradación de quienes están más abajo, les permita seguir sintiéndose parte de una sociedad que siempre ha tendido a excluirlos.

Es por esto que resulta esencial que las políticas públicas que se impulsen no solo sean relativas a mejorar la situación de quien migra a nuestro país en aspectos puramente formales, sino que también deben enfocarse en fortalecer las relaciones sociales, haciendo parte del fenómeno a aquellos que acogen a los recién llegados como los funcionarios municipales o de otros servicios públicos y a la sociedad civil. Una multiplicidad de autores (en Chile Thayer y Stang, 2017; Matus et al., 2012) sostienen que el rol de los municipios es primordial, especialmente considerando que los inmigrantes se asientan dentro de una comuna en específico y son los municipios los que -a pesar de no tener los recursos y atribuciones suficientes- ofrecen ciertos servicios públicos esenciales para los habitantes. Lamentablemente existe evidencia que da cuenta de que el desarrollo de políticas locales a favor de quienes llegan del exterior depende en gran parte de la voluntad de cada uno de los alcaldes y funcionarios, más que de políticas coordinadas entre el gobierno central y los locales e incluso más que de la concentración de migrantes en cada comuna (Thayer y Stang, 2017). Si bien en el último tiempo se ha intentado fortalecer el rol municipal en la inmigración, todavía nos hace falta avanzar en una institucionalización de las respuestas que pueden dar los gobiernos locales, que implique soluciones enfocadas en la integración más que en la simple tolerancia. Después de todo, esto está recién comenzando.

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Participación ciudadana sin ciudadanos

Con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos comienza la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos como instrumento que permitirá fijar la política país en estas materias por los próximos 4 años. Lo anterior resulta para muchos un tema desconocido, aun cuando nos encontramos en la mitad del proceso de consulta ciudadana de dicho Plan.

Quienes participamos de la discusión de esta iniciativa somos testigos de los esfuerzos por dotar de contenido al Plan Nacional, y fijar por ley que éste debería incluir objetivos, metas, identificación de responsables, recursos financieros y mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. A su vez, se estableció la obligatoriedad de considerar en su elaboración la opinión de la sociedad civil de forma prioritaria.

Así, entre el 8 de julio y el 30 de agosto de este año, comenzó un proceso participativo que busca conocer la opinión de la ciudadanía para orientar las prioridades a ser incorporadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Consiste en 15 encuentros regionales y una consulta digital para participar de forma individual. Una visita a la plataforma web de la consulta permite reconocer el esfuerzo realizado por la Subsecretaría por consultar una amplia gama de contenidos. En base a recomendaciones de distintos órganos internacionales y del INDH, se pueden seleccionar aquellas que se consideren prioritarias en materia de pueblos indígenas, personas migrantes, diversidad sexual, personas mayores, discapacidad, mujeres, infancia, derechos económicos, sociales y culturales, dictadura y memoria.

Las consultas ciudadanas virtuales no son novedad. Un ejemplo de este nuevo uso de las tecnologías de la información lo vimos en el proceso de consulta en el marco del proceso constituyente. Con el fin de uniformar este tipo de instancias participativas, el Gobierno ha establecido criterios y orientaciones para la implementación de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. Según dichos criterios, el esquema de ejecución de las consultas digitales deberá incluir una etapa de difusión y divulgación, en la que se debe garantizar el acceso y fácil comprensión de la información, junto con la elaboración de una estrategia comunicacional con el objetivo de alcanzar la mayor participación posible.

Sin desmerecer el trabajo realizado por la Subsecretaría, se debe llamar la atención a la poca difusión que ha tenido la consulta digital en curso. Sea por un tema presupuestario u otro, pocos se han enterado de este proceso al no haberse adoptado medidas de difusión masivas como campañas informativas o publicidad en redes sociales. Si bien se elaboró un video explicativo, a la fecha éste tiene tan solo 345 reproducciones en youtube, muy menor a las 94.175 reproducciones de uno de los 44 videos elaborados para el proceso constituyente.

El Plan Nacional de Derechos Humanos contiene acciones concretas y medibles que deben aplicarse en un marco temporal específico con el fin de mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Esta hoja de ruta debe elaborarse de tal forma que trascienda a los gobiernos de turno, aún más si serán elaborados por un gobierno pero ejecutados por el siguiente. En este escenario es fundamental adoptar las medidas necesarias para la adecuada difusión de la consulta. Sólo así se podrá incorporar a la sociedad civil de manera efectiva en la elaboración del Plan, y dotarlo de la legitimidad suficiente para convertirse en una herramienta incidente y eficaz para la promoción y protección de los derechos humanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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