Álvaro Bisama's Blog, page 95

Corea del Norte: ¿hasta cuándo?

El lanzamiento del misil de Corea del Norte sobre territorio japonés ha, nuevamente, tensionado la crisis nuclear en la península de corea, a Asia y al sistema internacional. El comportamiento de este país no es nuevo, el programa nuclear fue iniciado a comienzos de la década de los 50’s y el de misiles a mediados de los 60’s del siglo XX. Estos programas alcanzaron sus objetivos de manera inversa. El programa de misiles, bajo el histórico paraguas de un programa satelital, logró su primer lanzamiento en 1984; cuando, durante el período de Kim Il-sung, el lanzamiento de un prototipo Scud-B (de diseño soviético) fue exitoso. A este, se sumarían otras 14 pruebas. El número de lanzamientos se mantuvo durante Kim Jong-il; así, entre 1985 y 2011, se realizaron 16 ejercicios. Sin embargo, ha sido con Kim Jong-un, donde se han realizado el mayor número de pruebas, totalizando 92 de ellos, según Ian Williams del CSIS. El Programa Nuclear, alcanzó su objetivo en 2006 con su primera detonación. Luego vendrían las detonaciones de 2009, 2013 y las dos de 2016.

El sistema internacional, desde entonces, no ha esta ajeno a este proceso. La respuesta ha sido un total de 9 resoluciones condenatorias y de implementación de sanciones (825, 1695, 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321 y 2371). Estas resoluciones, emanadas por los 5 miembros permanentes y los 10 no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han sido orientadas a reducir la capacidad de desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Sin embargo, lo central es que este objetivo no ha sido alcanzado y la impresión (y realidad) es que Corea del Norte, no solo no ha eliminado sus programas militares, sino que demuestra un mayor nivel de desarrollo.

Esto, para Asia en general y Corea del Sur en particular, incrementa la presión en los temas de seguridad. De este modo, no solo ha aumentado en la región el gasto en armamento, sino que además se observa un proceso de mayor tensión y fragmentación de los actores directamente involucrados en la crisis nuclear regional: Rusia, China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Por este motivo, es un hecho que la re-edición de la mesa de los 6 (compuesta por los países antes mencionados) experimenta serias complicaciones para que se re-articule.

Las soluciones son dos: la militar y la diplomática. A este respecto, ninguno de los involucrados pareciera querer, finalmente, optar por la primera de las opciones; aunque ya varios han hecho mención a esta  posibilidad (Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y China). La segunda, desde la perspectiva de un especialista y observador de este proceso por varios años, es la racional y la lógica; es decir, la diplomática. El objetivo central debe ser el acuerdo y el diálogo que eviten una confrontación en la Península de Corea.

Sin embargo, los intereses nacionales y la imposibilidad de transparentar completamente los objetivos de los involucrados hacen de esta una cuestión altamente compleja de alcanzar en el corto plazo. La cuestión es que los tiempos se agotan y la necesidad de encontrar una salida es urgente.

 

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El arquero

Sólo una cierta inercia verbal puede explicar que durante estos años se haya seguido describiendo al ministro de Hacienda como el “jefe del equipo”, el “hombre fuerte”, “el dueño de la billetera” y otras cosas semejantes. La verdad es que eso se terminó el día en que la Presidenta nombró en ese cargo a Alberto Arenas, que entonces no supo -ni nadie más: esto es una interpretación a posteriori- que su única función era inmolarse con una reforma tributaria a la que le faltaban unos buenos meses de estudio. No es casual que Arenas se fuera quedando solo, sin que nadie lo acompañara en los más difíciles escenarios públicos. Lo había tocado la kryptonita.

Por primera vez en 30 años, el ministro de Hacienda había dejado de importar. No Arenas, sino el ministro. Cuando por fin cayó Arenas, en mayo del 2015, Rodrigo Valdés asumió en esas condiciones, con un ministerio devaluado, aunque seguramente le dijeron otra cosa.

Desde entonces, Valdés no ha hecho otra cosa que administrar un criterio de “realismo político” para resistir a las más diversas presiones, a veces de gasto, a veces de simple gestión. Esa es, de hecho, la imagen que prevalece en el espacio público: un ministro que ataja goles, aunque… como todos los arqueros, no puede atajarlos todos. Es una idea victimizadora que, más allá de cuanto le pueda gustar y servir al ministro, le resta imperio y autoridad. No es la descripción de un “hombre fuerte”.

Un segundo efecto nace de esta imagen: los proyectos en los que participa Hacienda tienen siempre el aspecto de un acuerdo fatigoso entre elementos técnicos e ideológicos, con el que finalmente nadie está satisfecho y en el que nadie confía plenamente. Ejemplo: el proyecto de reforma previsional.

La conclusión principal es que el Ministerio de Hacienda del gobierno actual es el más débil en 40 años. Y como nada de esto es inocuo, es también el primer ministerio que en los mismos 40 años es castigado internacionalmente con una rebaja en la calificación de riesgo; hasta aquí, la conducción de la economía chilena sólo era objeto de elogio y alzas, casi sin distinguir quién estuviera al frente. El verdadero intérprete del gobierno, que no es Valdés, sino el ministro Eyzaguirre, llama a esto “mala pata”, pero los datos insinúan que la pata tiene poco que ver. En los 26 meses de gestión de Rodrigo Valdés lo único que ha crecido exponencialmente son los empleos públicos y la deuda pública, que está en más de un cuarto del producto. Sus talentos como arquero no han podido parar estas goleadas.

Puede ser que Valdés pase a la gran historia con este mal récord, pero es casi seguro que la pequeña historia revelará que la responsabilidad final está en otra parte. Esta vez ha sido Dominga, pero podría ser cualquier otra cosa. A propósito de las objeciones de un ministro y un subsecretario en contra de un procedimiento apresurado con el que fue revisado el proyecto Dominga, a Valdés se le ocurrió decir que “algunos” -en el gobierno, se entiende- no tienen el crecimiento por prioridad.

Según los mentideros del gobierno, habría sido mal momento para hablar. La Presidenta estaría enojada con el ministro por una razón diferente: la mala información que se le dio respecto del impacto del proyecto previsional en el desempleo, que le hizo sufrir un papelón en una radio. El enojo se expresaría, como le ocurre en esta administración a quienes han caído de su gracia, en que el ministro lleva días sin que la Presidenta lo reciba.

Y anteayer, agudizando ese castigo oblicuo, le ha respondido desde El Maule, hombro a hombro con el victorioso ministro de Medio Ambiente, que “necesitamos que el crecimiento vaya de la mano del cuidado del medioambiente”, una descripción beatífica que suscribirían hasta los constructores de Chernobyl, pero que suena incoherente en un gobierno que ha crecido a promedios inferiores al 2%, lo que exactamente significa que no ha crecido nada, y no por el cuidado del medioambiente -nadie diría que este es un gobierno “verde”-, sino porque esto no está entre sus urgencias.

Aun si la Presidenta está enojada con su ministro por otra razón, es significativo que haya escogido esta discusión -administrativamente zanjada- para reprenderlo. Es como si quisiera recordarle que, efectivamente, el crecimiento movilizado por la inversión privada no está entre las prioridades del gobierno ni debe ser, por lo tanto, una preocupación del ministro. Toda la evidencia disponible indica que la Presidenta considera que la tarea del ministro de Hacienda es calcular cuánto más puede gastar el Estado, que sería el motor de un crecimiento concebido de manera alternativa a la del capitalismo de mercado.

Así está el ministro: sin tarea y sin confianza. Pero quizás le han dicho otra cosa.

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Mala pata y canasta limpia

La entrevista del ministro Eyzaguirre a La Tercera es reveladora del estado de cosas en que se ha debatido el país en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Su comentada afirmación de la “mala pata” respecto al crecimiento es, por supuesto, un error comunicacional, aunque no desprovisto de una elocuente cuota de realismo político, al dar por hecho que será un gobierno de oposición el que se beneficiaría de la recuperación del crecimiento.

Con todo, sus dichos revelan un problema de fondo que sorprende en un experimentado político que fue antes ministro de Hacienda y que ha ocupado uno de los cargos más relevantes del actual gobierno. Siguiendo su línea de pensamiento, el crecimiento sería enteramente el resultado del ciclo económico, ante el cual la política estaría inerme y, en consecuencia, un gobierno solo tendría la buena o mala suerte del ciclo que le toque. Esto equivale a reducir el rol de la política -y de las políticas públicas- a una mínima expresión en materia económica. En la concepción de Eyzaquirre el país crecería o se frenaría por causas externas y no por las del programa del gobierno de turno. Por cierto, si esto tuviera algún asidero, nuestra economía ya estaría experimentando un alza al ritmo de una economía mundial que se encamina a cerrar un bienio de muy saludable desempeño.

No debe olvidarse que el ministro Eyzaguirre encabezó la notable agenda procrecimiento del gobierno del Presidente Lagos, en un trabajo conjunto con el entonces presidente de la Sofofa, Juan Claro. Ese esfuerzo dio origen a un conjunto de iniciativas y reformas que permitió al país actualizar su marco regulatorio para reimpulsar el crecimiento. Más todavía, el ministro fue protagonista de una de las políticas públicas más virtuosas de las últimas décadas en el ámbito económico, la regla de balance estructural, de importancia crucial para el desarrollo del país. Nótese que se trata precisamente de una regla contracíclica, que se hace cargo de las posibilidades de la política pública de contrarrestar los vaivenes que experimentan los ingresos fiscales. A no dudarlo, fueron iniciativas políticas en su sentido más profundo y trascendente.

¿Cómo puede entenderse entonces que quien fue impulsor de tan loables tareas sostenga ahora que la economía chilena se movería al vaivén del ciclo y que no habría mucho más que hacer que encomendarse a la suerte de un buen ciclo o lamentarse por la “mala pata” de uno recesivo? La respuesta está en la apreciación del ministro en cuanto a que el gobierno estaría terminando con “canasta limpia” respecto del programa. “Virtualmente, todos los compromisos que hizo con el país los llevará adelante”, nos dice. El crecimiento no era uno de ellos. De haberlo sido, tal apreciación sería insostenible. El magro desempeño de la economía chilena en estos años no es una deuda pendiente, simplemente porque no estaba en el listado de las propuestas ni de las prioridades políticas.

Había llegado la hora de girar en contra de esa cuenta corriente que el país acumuló por largos años, en nombre de las reformas estructurales que han sido el sello del segundo gobierno de Bachelet. Los resultados están a la vista y sus efectos políticos también. El resto es música.

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El terrorismo está aquí

Con la quema de 50 camiones en 10 días, se confirmó la enorme capacidad de causar daño que poseen grupos como Weichan Auka Mapu en las regiones de La Araucanía, del Biobío y de Los Ríos. Se ha prolongado demasiado tiempo este cuadro de abierto desafío al orden legal. ¿Qué visión tiene al respecto la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Qué poder verdadero tienen las instituciones policiales en la zona? ¿Les preocupa esta situación a las FF.AA.?

Desgraciadamente, ciertas incoherencias en la cúpula del Estado no contribuyen a dar una respuesta eficaz. Sería preferible que el fiscal Jorge Abbott no insistiera en decir que los empresarios deben resguardar mejor sus propiedades, y que se preocupara de garantizar que el Ministerio Público cumplirá con sus obligaciones, y también sería preferible que el ministro Mario Fernández, en vez de manifestarse complacido con la labor de las policías, le asegurara al país que el gobierno hará respetar la ley en todo el territorio.

Camiones, bodegas y máquinas forestales, pero también casas patronales, colegios e incluso iglesias han sido los objetivos de los atentados. Sus autores no son delincuentes comunes, sino militantes políticos, que disponen de armas y dinero, y que buscan demostrar que el Estado carece de autoridad en la zona. Procuran que sus acciones tengan la mayor repercusión internacional posible, sobre todo en Europa, pues de eso depende la imagen de que el pueblo mapuche está siendo avasallado en Chile, lo que luego permite el viaje de los recaudadores de la resistencia.

¿Causa mapuche? Más bien astucia para actuar en nombre de todo un pueblo e instrumentalizar el viejo recurso del victimismo, no obstante que la mayoría de las comunidades mapuches rechaza la violencia y quiere vivir y trabajar en paz. Los “combatientes” son grupos minoritarios, pero audaces, y han conseguido amedrentar a no pocos parlamentarios, que no se atreven a condenar sus tropelías por el temor de ser estigmatizados como enemigos del pueblo mapuche. En particular, han contado con la condescendencia de la izquierda que sigue reverenciando al Che Guevara. Ejercen una forma de chantaje moral que se enuncia así: la rebelión de hoy responde a las injusticias de cinco siglos, y la única compensación posible es la autonomía territorial.

Luego del atentado en San José de la Mariquina, Alfonso de Urresti, senador del PS por la zona, declaró: “Se es irresponsable cuando se insiste en calificar esto como acto terrorista. Quien tiene que calificarlo son los tribunales”. ¡Cuánto coraje para esconderse detrás de los jueces! ¿Esa es la línea socialista respecto de la violencia como método político?

El gobierno tiene la obligación constitucional de proteger a la población con todos los medios a su alcance y velar por la seguridad interior del Estado, por lo que no debe dar ninguna señal de debilidad ante la violencia terrorista.

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Una vida sin cortinas

Aunque el Ejecutivo debiera estar preocupado de proteger la privacidad de los ciudadanos, ahora ha impulsado la modificación del Decreto 142, el cual obligará a las empresas de telecomunicaciones a conservar durante dos años el registro de todos los números telefónicos a los que se llama; también a los que se reciben, la navegación por internet, los mensajes de texto y el whatsapp.

No obstante las regulaciones que hoy existen en el Código Penal para interceptar llamadas y datos digitales en caso de existir sospechas de que una persona está involucrada en un delito, la idea del gobierno es seguir la huella digital de cada uno de nosotros. Se trata de tener esos datos por si la Justicia eventualmente los llegara a necesitar, como expresó el subsecretario de Interior Mahmud Aleuy, quitándole importancia al asunto puesto que, por lo demás, esta información es la misma con la que ya cuentan ciertas empresas.

Es posible que esto último sea verdad. Después de todo, uno va a comprar cualquier pilcha y le piden el RUT, o la propia tarjeta Bip! está nominada. Ni hablar de la publicidad digital, en extremo precisa gracias a las “huellas” que dejamos cada vez que abrimos un sitio web.

Pero, ¿es la seguridad un bien que está muy por sobre la privacidad? ¿No debería el Estado preocuparse de que las empresas destruyan los datos, en vez de andarlos intercambiando o vendiendo o cruzando con otros datos para tener perfiles mejor delineados de la gente? ¿Estamos ante el fin de lo que conocimos como “vida privada”? ¿Cuál es el sentido de esta medida impulsada por el gobierno?

La obsesión por la seguridad nos lleva a la idolatría de la transparencia, señal inequívoca de que la desconfianza ha empezado a corroer el orden social de la misma forma en que las termitas devoran la madera. “La potente exigencia de transparencia”, escribe Byung-Chul Han, “indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil, que los valores morales, como la honradez y la lealtad, pierden cada vez más su significación”.

La sociedad de los metadatos, de la hiperinformación y del panóptico digital es, qué duda cabe, la sociedad de la sospecha. En un texto muy breve pero excepcional, Milan Kundera subraya que gran parte de nuestro bienestar se basa en el derecho a no ser vistos. Es lo que hace que cerremos la cortina cuando alguien nos observa desde otra ventana, o desde la calle. No estamos haciendo nada fuera de lo común; solo queremos ejercer el derecho a estar solos.

El comunismo aspiraba a una vida sin secretos, es decir, una vida sin cortinas. Y ahora parece que dimos la vuelta completa: en nombre de la sociedad libre se están instalando los más sofisticados sistemas de vigilancia y control. De pronto se ha inaugurado una época en que no habrá más secretos, donde todo podrá descubrirse gracias a un código electrónico. Vaya uno a saber adónde llegaremos.

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Riesgos para 3° y 4° medio

Desde las movilizaciones de 2006 que existe un acuerdo relativamente transversal de que la formación escolar de los dos últimos años de enseñanza obligatoria está desactualizada, es poco pertinente y en la práctica entrega escasas opciones de especialización a los estudiantes. Algunos, incluso, relacionan la desafección de jóvenes con lo que la educación escolar les propone con la deserción escolar en esos niveles. A esto hay que agregar que la presión desmedida que la PSU ejerce sobre alumnos y establecimientos ha distorsionado profundamente el currículum de estos años, poniendo en evidencia que cualquier cambio en los aprendizajes de 3° y 4° medio implica una modificación sustancial en la prueba de selección universitaria.

El gobierno emprendió hace un año una reforma al currículum para los dos últimos años de Educación Media, la cual debió someter a consulta pública y luego presentar al Consejo Nacional de Educación (CNED) para su aprobación. Sin embargo la opinión técnica del CNED fue categórica: la propuesta del Ministerio de Educación requiere ser completamente reformulada. Aspectos estructurales fueron fuertemente cuestionados, así como la pertinencia del plan común. Asimismo, el Consejo consideró insuficiente el diagnóstico realizado por la autoridad y solicitó claridad sobre la factibilidad de la implementación. Si bien los problemas identificados son varios, hay dos que requieren mayor cuidado.

En primer lugar, la positiva idea de una formación general común – es decir, igual para los alumnos de técnico profesional y humanístico científica – está interpretada incorrectamente en la propuesta del Ministerio. Es deseable que todos los estudiantes del país tengan una formación común, pero tras 10 años de escolaridad, en 3° y 4° medio esta formación común debiese concentrarse en lenguaje, matemáticas y educación física, asignaturas que entregan las habilidades clave para el mundo del trabajo y los estudios superiores, y dar amplio espacio para asignaturas electivas. Sin embargo, la propuesta del Ministerio no solo ocupa casi la mitad de la jornada, sino que incluye nada menos que diez asignaturas, cada una con una asignación horaria muy baja. Esto profundiza la percepción de una formación dispersa, poco profunda y contraria a la especialización. Lo anterior se agrava para la educación técnico profesional, para la cual esta propuesta reduce radicalmente el horario para la especialización, tanto que la hace incompatible con los programas de estudio vigentes.

En segundo lugar, el CNED hace ver un problema identificado por variados actores: la forma en que están redactados los objetivos de aprendizaje no permite establecer metas claras para lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Si bien esto mejoró tras la consulta pública, aún hay un amplio espacio para acotar los objetivos. Mientras más claramente se especifique cuáles son nuestras metas, será más fácil coordinar y alinear al sistema educativo en pos de aprendizajes profundos y significativos.

¿Cómo se puede solucionar esto? Ante el volumen y la gravedad de las críticas, puede ser conveniente repensar en mayor profundidad la propuesta, evitando la restricción legal que obliga a subsanar las críticas en un mes. El Ministerio podría retirar la propuesta y reingresarla posteriormente, una vez que de forma reflexiva se puedan tomar decisiones en la dirección de los que el Consejo sugiere. Si el Ministerio busca persistir, corre el riesgo real de que la propuesta se rechace, y la continuidad de la formación de los estudiantes se pierda.

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Servicio público de calidad: fin a los incentivos perversos

No somos Canadá, Australia, Nueva Zelanda ni Reino Unido. Esos países están en los primeros lugares del ranking de los mejores servicios públicos del mundo acuerdo a la Universidad de Oxford. Sin embargo, hace pocos días se publicó una sorprendente noticia: la totalidad de los servicios públicos chilenos que participan en el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), lograron en 2016 el 100% del incentivo institucional por haber cumplido todas sus metas, por sobre el 90%. En la práctica, este incentivo significa obtener un bono correspondiente al 7,6% de sus remuneraciones, lo que equivale a casi un sueldo adicional anual.

Según un estudio del Banco Mundial (2008) este incentivo le costaba al erario nacional U$80 millones anuales, de los cuales nada menos que el 40% se destina a la mera administración del sistema para producir y monitorear los propios indicadores.

Es difícil comprender que instituciones como la Dirección de Obras Públicas (Puente Cau Cau), la Subsecretaría de Prevención del Delito (primera prioridad en las preocupaciones ciudadanas) o el Sename (con múltiples casos de vulneración de derechos en infancia), puedan estar dentro de este listado de excelencia en el desempeño.

Hace años que diversos estudios –del Consorcio de Reforma del Estado,  Banco Mundial y Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, por mencionar algunos– han señalado que el sistema PMG está desvirtuado. El aumento del tamaño del PMG en el tiempo  y su vínculo con los indicadores de desempeño, ha derivado en incentivos perversos.

Se podría entender la lógica aspiración de los empleados públicos a una mejora en sus remuneraciones, y con ello, la manipulación de las metas para hacerlas cumplibles. Sin embargo, lo que más llama la atención es que esto ocurra y sea avalado por instancias oficiales a través de comités técnicos, comités triministeriales y otros procesos de análisis interno de otras autoridades del sector público. Hay una lección aquí,  que  ya la conocemos por un popular dicho, “no hay que culpar al chancho, sino al que le da el afrecho”. En el caso de los PMGs, también es posible cuestionar a las autoridades que conociendo las perversiones de este mecanismo, no introducen los cambios necesarios y con su omisión amparan estas prácticas.

Es imperioso mejorar la gestión del Estado y la calidad de nuestros servicios públicos, con mecanismos y estrategias renovadas. Por ejemplo, desde diversos sectores se ha señalado que las subsecretarías estarían cumpliendo un rol principalmente político y no de coordinación de la gestión de los servicios que dependen del ministerio en la cual está inserta, tal como en teoría lo mandata la ley. A través de la iniciativa Chile Gestiona, el año 2011 se inició un proceso para trabajar en este sentido y actualmente la subsecretaría de Hacienda está asumiendo este propósito al interior del ministerio, así como en otras reparticiones. ¿Habrá llegado el momento de darle la prioridad que se merece al mejoramiento de la gestión pública?

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Una trágica advertencia

La costa del Sudeste de Texas está experimentando un desastre de proporciones épicas. La ciudad de Houston, la cuarta más poblada de los Estados Unidos, está literalmente bajo el agua desde el pasado domingo. En algunas de las declaraciones realizadas por FEMA, la agencia federal para las catástrofes, se sostuvo que se necesitarán dos años de trabajo para poner a toda la zona nuevamente de pie. Huelga decir que, incluso en el país más rico del mundo, les costará juntar todos los recursos para la reconstrucción.

Normalmente muchos dirían, bueno les tocó. Serían resignados en aceptar lo fuerte del poder que tiene la naturaleza, que días antes había hecho lo mismo con nuestros compatriotas de la isla grande de Chiloé. Aunque distintos en sus efectos, el mismo es el resultado. Las calles transformadas en ríos. Solo circulan botes y lanchas donde antes estuvieron los automóviles. Pero es impresionante, en la ciudad tejana. Este es un lugar acostumbrado a vivir en la frontera del conocimiento y altos grados de desarrollo. Más que mal es una de las sedes principales de la NASA y es conocida por hospitales donde se desarrolla la ciencia biomédica. Los expertos sitúan a Houston como una ciudad moderna.

Es verdad, y a pesar de todo, les tocó. Sin embargo, no solo fue el azar o mala suerte. Es mucho más que eso. Lo que hemos cultivado como humanidad tiene su resultado en este desastre. Esta catástrofe humana y ambiental tiene su razón de ser en el cambio climático y el calentamiento global. Es ahí donde se puede encontrar la fuerza y furia de la respuesta que la naturaleza dio. Lo más impresionante es que se da en un lugar del mundo donde abundan quienes niegan el cambio climático. Una comunidad acostumbrada al uso de combustible fósil ilimitado y a los beneficios del desarrollo. Es por lo tanto una tragedia que nos tiene que hacer pensar a todos, más allá de las fronteras de Estados Unidos. Es una prueba más para la democracia más avanzada del mundo.

Por lo pronto, no podrá la administración del Presidente Donald Trump seguir negando lo evidente. El cambio en los patrones del clima y el aumento de la temperatura son una realidad indesmentible. Tenemos que pensar qué política tienen nuestros países frente a los combustibles fósiles y la necesidad de aumentar la matriz de energía renovable.

El uso de electricidad en automóviles, y otras vías para calefacción, industria y otros se hace una de las primeras urgencias para la próxima década. No hay tiempo para más. Noruega o el Reino Unido han eliminado autos con gasolina en fecha determinada. Cómo avanzaremos en el futuro es tema fundamental. Debemos pensar que las relaciones internacionales, la economía y el derecho tienen que ponerse al día con este imperativo. En Chile no hemos dimensionado completamente lo que ha ocurrido en estos días del verano en Texas. Esta fue una advertencia, una trágica advertencia.

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Hito del matrimonio igualitario

La historia de los derechos civiles en Chile ha tenido un largo y lento camino. Y como en todas las grandes conquistas en el mundo, ha habido personas que se han puesto de uno y de otro lado de la historia. Para cada avance social que ha existido, ha habido quienes han tomado acción frente a las injusticias y han impulsado los cambios, mientras otros han querido perpetuar el statu quo, negando el reconocimiento de derechos.

Así ocurrió a principios del siglo pasado, cuando las sufragistas chilenas comenzaron a exigir ser ciudadanas en igualdad de condiciones, luchando por el elemental acceso al voto; o cuando, en 1988, los ciudadanos y ciudadanas pudieron decidir si continuaba la dictadura de Pinochet o se llamaba a elecciones libres. Luego, en plena democracia, el debate se concentró en terminar con la discriminación estructural impuesta por la figura de hijos naturales e ilegítimos, en la discusión de si los chilenos y chilenas se podían divorciar y en la unión civil.

En todas estas batallas, no faltaron las voces que cuestionaban la urgencia de tales reformas, diciendo que Chile no estaba preparado para los cambios que proponían y que, al contrario, expondrían al país al caos, el desorden social y la destrucción de la familia. Sin embargo, la historia nos demostró que nada de ello ocurrió.

En ese contexto, el proyecto de matrimonio igualitario, presentado este lunes por la Presidenta Bachelet, se instala como la más reciente de las luchas en la conquista por los derechos civiles. El inicio de su tramitación es el primer paso para contar con una ley que terminará con el impedimento de parejas del mismo sexo a casarse. Nos han dicho que el país no está listo, que se destruirá el concepto de familia, que para qué buscar el matrimonio cuando ya existe la unión civil; y es seguro que, en el camino de la tramitación legislativa, escucharemos viejas amenazas sobre consecuencias de la aprobación de esta ley, las que no han ocurrido en ninguno de los países donde ya se ha aprobado esta legislación.

Es por esta razón que es clave que el gobierno continúe con una voluntad política firme y asegure la discusión del proyecto, poniéndole las necesarias urgencias legislativas para que, al menos, veamos aprobada la idea de legislar en esta administración. Las organizaciones de la sociedad civil nos preocuparemos de empujar estas voluntades.

La invitación es a sumarse a esta nueva historia en la conquista de derechos civiles. Una historia que terminará con la diferenciación de instituciones en la ley civil y que abrirá nuevas posibilidades para miles de personas de casarse con la persona que aman, formando una familia en igualdad de condiciones que el resto de los chilenos. Son esas historias, las de ciudadanos de a pie, las que quizás no aparecerán en los libros, por las que nos debemos jugar y dar la pelea.

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Chile avanza en la lucha contra el cibercrimen

El 1 de agosto de 2017 nuestro país se convirtió en el primer Estado de Sudamérica en ser parte del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el Convenio de Budapest. Con ello se logró uno de los principales objetivos del gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de la lucha contra el cibercrimen. Se finalizó de esa manera un proceso que comenzó en junio del año 2009 cuando el Consejo de Europa invitó a Chile a ser parte de dicho acuerdo.

El Convenio de Budapest (2004) es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata en particular de las infracciones de derechos de autor, el fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad en las diversas redes informáticas.

¿Qué significa para nuestro país ser parte de este Tratado? En principio, podrá tener acceso al intercambio de información sobre delitos en el ciberespacio. Asimismo, podrá acceder a la cooperación internacional en materia de capacitación y entrenamiento para enfrentar el flagelo del cibercrimen.

Nuestro país no es ajeno a esta amenaza. Basta recordar las consecuencias generadas por el ransomware WannaCry, cuyo ataque el 12 de mayo del presente año llegó a infectar a más de 230.000 mil computadores en más de 150 países, incluyendo Chile. Hechos como éste confirman el carácter transnacional de los ciberataques; especialmente los relacionados con las estafas informáticas y el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito, entre otros, dejando en evidencia que el ciberdelito es hoy en día una de las más serias amenazas a la seguridad internacional.

Es por ello que el gobierno tomó la decisión de trabajar en una Política Nacional de Ciberseguridad, lanzada por la Presidenta Bachelet el 27 de abril de 2017. En dicha ocasión, además, se firmó del decreto de promulgación del Convenio de Budapest.

Con el establecimiento de una Política Nacional de Ciberseguridad y la firma de este convenio, Chile formará parte de un grupo de países líderes en sus respectivas regiones en materia de ciberdelito, lo cual conlleva asumir responsabilidades tanto en el plano interno como en el ámbito internacional, tipificando conductas delictuales y cooperando con otras naciones en el combate contra la ciberdelincuencia.

Otro beneficio inherente a ser parte de este convenio es el de fortalecer la cooperación público-privada. La Convención de Budapest reconoce “la necesidad de cooperación entre los estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como la necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información”.

Ser parte de este convenio le permitirá al país planificar sus acciones con una mirada más estratégica y prolongada en el tiempo, en un esfuerzo que busca acceder y perfeccionar las herramientas legales y técnicas disponibles que apuntan a combatir las nuevas formas de crimen en Internet y las comunicaciones digitales.

La entrada de Chile al Convenio de Budapest es un paso concreto que refleja la voluntad del gobierno de la Presidenta Bachelet de generar políticas que ayuden a proteger a las personas, desarrollando un ciberespacio abierto, libre y seguro.

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