Álvaro Bisama's Blog, page 92

TC y objeción de conciencia

Los requirentes contra la ley que despenaliza el aborto ante el Tribunal Constitucional (TC) se apuntaron un éxito en materia de objeción de conciencia, la que ahora pasa a extenderse no solo a las personas individuales sino también a las instituciones. Por definición, la objeción de conciencia es algo muy excepcional, pues se trata de una puerta que el propio Estado les abre a sus ciudadanos para eximirles de cumplir la ley, obediencia que es lo que caracteriza a un Estado de derecho. Y lo hace para no violentar sus concepciones más íntimas y preciadas, para no obligarlos a realizar algo que les repugna moralmente. Por ello, y tal como lo dice el nombre de la institución, siempre se ha entendido que solo las personas individuales, que son las únicas que poseen conciencia, pueden hacer valer tal objeción. Lo anterior no implica afirmar que las instituciones no puedan tener valores o principios, pero ello es muy distinto a poseer una conciencia y más aún a poder eximirse de cumplir con la ley.

La aplicación de esta objeción institucional traerá una serie de problemas. De partida, para el funcionamiento de un sistema de salud que integra a instituciones públicas y privadas. ¿Es válido que una institución que se financia, al menos en parte, con recursos públicos, pueda no cumplir con una ley?

Con seguridad esta objeción institucional entrará también en conflicto con la conciencia individual de algunos de los integrantes de la institución. ¿Qué sucede si unos estiman que lo que profesional y éticamente corresponde en un caso es practicar un aborto y la institución en la que trabajan no se los permite? Peor aún será la situación si se establecen, como ya se anunciaron, prohibiciones a los médicos de una institución objetora a practicar abortos en otros hospitales, con lo que se produce un efecto expansivo de esta objeción institucional y así lo que estaba pensado para proteger las conciencias individuales puede terminar violentándolas.

Tampoco es claro cómo se determina cuál es la “conciencia” de la institución. ¿Será la de los dueños o de los directivos o la mayoritaria de quienes se desempeñan en ella? Este tema ya lo puso en el tapete la Feuc llamando a un plebiscito para que la comunidad de la Universidad Católica se pronuncie sobre la nueva ley.

Más complejo aún que aceptar la objeción de conciencia institucional es afirmar, como hace el TC, que existe un derecho constitucional a ella, es decir, un derecho que se impone a la voluntad del legislador. Así las cosas, es perfectamente posible que las instituciones pretendan ahora poder objetar en otros ámbitos de la salud e incluso en materias muy distintas, como las educacionales.

Todo este desaguisado termina evidenciándose en la propia redacción con que quedó la norma luego de la intervención del TC, la que ahora señala que: “La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución” (sic).

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Abandono presidencial

De acuerdo con la Constitución, el gobierno y la administración del Estado, así como la seguridad interior, entre otras trascendentales funciones, corresponden al Presidente de la República. Si el jefe de Estado ha infringido abiertamente la Constitución o las leyes, puede ser acusado por un grupo de diputados, decidiendo el Senado como jurado.

Por cierto, este escenario es impensable, a pesar del sinnúmero de actos inconstitucionales que han afectado al país estos años, cuya responsabilidad política recae sobre la señora Presidenta. La secuela de desaciertos en lo que se refiere al crecimiento del país ha alcanzado un punto de explosión máximo con la renuncia del equipo económico a partir del caso Dominga. Este hecho, como se ha querido hacer creer, no obedece a dos visiones acerca del desarrollo, donde se enfrentan valores incompatibles como la defensa del medio ambiente y la inversión de capitales. Tal aspecto venía zanjado en los informes técnicos previos que autorizaban su realización, armonizando ambas garantías.

Las regulaciones y estudios científicos han avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Las empresas se someten a rigurosas exigencias internacionales cuando encaran proyectos complejos que involucran especies protegidas o entornos naturales sensibles. Si se superan estas vallas, incluyendo el conocido “principio precautorio”, que, ante la duda, prefiere la conservación del medio ambiente, la inversión puede realizarse.

Cuando la Presidenta instruyó el rechazo del proyecto, cometió una abierta inconstitucionalidad e ilegalidad, y su argumento relativo a preferir los proyectos “verdes” y su cercanía a las personas por sobre los “azules” (los “números”, como los llama) resulta arbitrario.

Por desgracia, además, es contradictorio frente a otro grave problema. Si hay algo que proteger en Chile es la Región de La Araucanía, abandonada por años a descontrolada violencia de grupos organizados, falta de inversión e inseguridad. La responsabilidad última en esta situación que solo aumenta y se agrava, también recae en la Presidenta. La misma Constitución le encarga al Jefe de Estado “la conservación del orden público en el interior”.

Citamos estos dos hechos por ser ejemplos extremos de un paradigma que cruza la labor presidencial: el abandono de la legalidad en materias esenciales. Por lo que acabamos de ver, no conoce objetivamente las leyes que conjugan inversión con protección medioambiental y rechaza un proyecto por motivos abstractos y aludiendo a su cercanía con las personas. En el país real, el de La Araucanía, en cambio, descuida a quienes actualmente sufren vandalismo y ataques. La manera de resolver el primer caso fue repeliendo a su equipo económico. En el segundo, si su ministro del Interior decidiera asumir con energía la defensa de las víctimas y propusiera, por ejemplo, un estado de excepción constitucional en La Araucanía…¿deberá renunciar también?

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Que la indiferencia no nos lleve a la impunidad

En las últimas dos semanas hemos visto cómo nuestro país vuelve a enlutarse por la trágica muerte de tres mujeres. Una vez más las múltiples formas de discriminación y violencia que sufren las mujeres han terminado en femicidios, provocando consternación y repudio debido a la crudeza de cada uno de los crímenes.

Aunque han pasado 25 años desde que Naciones Unidas reconociera el derecho que poseen las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, las cifras en torno a esta temática son escalofriantes: a nivel mundial, una de cada tres mujeres experimentará violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Solo durante este año en Chile se registran, según cifras oficiales, más de 25 femicidios consumados y más de 60 femicidios frustrados.

Como sociedad no nos podemos permitir normalizar estos crímenes, es nuestro deber rechazar enérgicamente todo tipo de violencia contra las mujeres.

Estos últimos sucesos de femicidio han puesto de manifiesto que la violencia a la que están expuestas las mujeres y las causas por las que esta se produce nada tienen que ver con la edad, la clase social, el nivel educacional, la profesión o el tipo de relación que se mantiene con el agresor. La violencia de género se puede dar en todo tipo de entornos y relaciones y puede manifestarse entre personas que se conocen en la calle o a través de redes sociales, entre adultos o incluso jóvenes.

Prueba evidente de los múltiples canales por donde puede manifestarse la violencia es el mensaje expuesto en redes sociales por el agresor que violó y drogó a una menor de edad. Allí se leía “ámame (…) o te violo” y, según señalan varios medios de comunicación, estuvo expuesto durante un tiempo a vista de todo su grupo de conocidos y conocidas. Otro impactante ejemplo es el texto que compartió otra de las víctimas, una madre que sufría constantemente violencia de género por parte de su pareja, en el que alertaba de que “si la mataban, ella había hecho cada denuncia”, como si tuviera la necesidad de justificar ante sus seguidores que si la asesinaban ella no era la culpable.

No podemos permitir que ninguna mujer sufra violencia o que se tenga que justificar ante la sociedad cuando esto ocurre. Tampoco podemos permitir que las mujeres sean las culpables o las muertas y los hombres los arrepentidos. Todos y todas debemos empezar a preguntarnos qué podemos hacer para evitar una muerte o una acción de violencia. No seamos cómplices silenciosos; ayudemos a generar cambios que contribuyan a erradicar de una vez por todas la violencia contra las mujeres. Como sociedad tenemos el deber y la responsabilidad de actuar sin hacer oídos sordos cuando se produzcan situaciones de este tipo.

Los últimos tres crímenes de femicidio que hoy golpean a Chile no pueden pasar inadvertidos y ello implica, entre otras cosas, el reconocimiento social de todos los tipos de violencia a los que están expuestas las mujeres. Sabemos que el femicidio es la culminación de una serie de actos violentos a lo largo de la vida de cada una de las víctimas. Por eso, el compromiso de cada uno de nosotros es necesario para erradicar esta pandemia. Este problema es tan cotidiano, que seguramente al terminar de leer esta columna tengamos que lamentar otra mujer víctima de violencia.

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“Una clínica para la vida” y el Fallo del TC

“Una Clínica para la Vida” es una frase que ha identificado a Clínica Universidad de los Andes desde su apertura hace ya 3 años, y que refleja uno de los principales valores que animan nuestro quehacer: reconocer la dignidad de la persona y respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Este es un valor fundacional, que como clínica universitaria esperamos trasmitir a nuestros alumnos de las carreras de la Salud, formando profesionales íntegros, de excelencia y con una fuerte vocación de servicio.

El fallo del Tribunal Constitucional respecto del Proyecto de Despenalización del Aborto en tres causales, que se pronunció -entre otros temas- sobre el derecho a la vida del no nacido, la primacía del derecho a la vida de la madre sobre la del feto, el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud y de las instituciones; no puede dejarnos indiferentes.

Los avances de la medicina materno-fetal, que han sido uno de los principales focos de desarrollo en nuestra institución y que nos ha permitido ofrecer tratamientos como la cirugía fetal que han permitido por ejemplo, el nacimiento sin discapacidad de un niño operado in útero de mielomeningocele o el desarrollo normal de gemelos que por transfusión feto-fetal debían haber muerto in útero. Estos niños son testimonios vivos de que el niño no nacido,  no es como señala el fallo “…una vida en ciernes” sino seres humanos en sus primeras etapas de desarrollo, que más adelante nacerán, crecerán, envejecerán y finalmente morirán, como bien lo demuestran la biología, la genética y más importante aún, la vida. ¿Cómo frente a estos casos, considerar que “el feto no tiene derecho a la vida, por no ser jurídicamente persona”? ¿No debiera primar el derecho superior a la vida del ser humano y así darle la oportunidad de nacer y mejor aún mejorar su calidad y expectativa de vida otorgándole oportunamente los cuidados y tratamientos que necesita?

Tal como lo han manifestado nuestros especialistas (ginecólogos, psiquiatras, matronas y otros profesionales) desde los comienzos de la discusión de este Proyecto Ley, ante el Congreso y el Tribunal Constitucional, tenemos la convicción de que el aborto no constituye una solución real para las mujeres que enfrentan embarazos vulnerables;  muy por el contrario agrega un nuevo estrés y aumenta el riesgo de patología psiquiátrica posparto y a futuro. Organizaciones que han desarrollado programas de acompañamiento, demuestran que 80% de las mujeres que piensan abortar decide llevar a término su embarazo y en algunos casos incluso quedarse con sus hijos, al recibir ayuda psicológica, económica, laboral y espiritual. El Fallo del TC a este respecto señala que debe ofrecerse acompañamiento, esperamos que el Minsal defina protocolos de apoyo integral y que desde el Ministerio de Hacienda se canalicen los recursos necesarios para su implementación.

La decisión del TC que reconoce el derecho a objeción de conciencia a todo el personal de salud involucrado y a las instituciones, constituye un resguardo para el cumplimiento de nuestras definiciones fundacionales,  permitiéndonos seguir ofreciendo cuidados a los niños que están por nacer, a sus madres y sus familias. Como Institución Objetora de Conciencia, haremos todos los trámites que estipule la Ley para dejar constancia de esta condición.

En Clinica Universidad de los Andes, frente a la primera causal, seguiremos dando atención y tratamiento adecuado y oportuno a cualquier embarazada que presente una enfermedad grave que ponga en riesgo inminente su vida y requiera atención médica inmediata e impostergable.  Es importante aclarar, que siempre se tratará de resguardar la vida de la madre y del hijo; sin embargo y con una mirada en concordancia con la bioética, si debido a la acción terapéutica propiamente tal se produce la muerte del no nacido, consideramos corresponde a una muerte indirecta e involuntaria. Para la segunda y tercera causal, ejerceremos nuestra objeción de conciencia como institución objetora y ofreceremos un programa de acompañamiento y apoyo, en concordancia con los valores que inspiran nuestro quehacer.

Tenemos la firme convicción de que la vida debe siempre primar, y no nos cansaremos nunca de proteger tanto a la madre como a su hijo que está por nacer.  

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¿Debemos ser todas complejas?

En julio el proyecto del Ley sobre Educación Superior fue enviado al Senado. Con ello se abrió un nuevo espacio de debate sobre los alcances e implicancias de un proyecto que se refiere, principalmente, a elementos regulatorios e institucionales del sistema de Educación Superior.

El proyecto del Ejecutivo establece cambios significativos a la actual ley de acreditación de la calidad. En él se indica la obligatoriedad de esta última en cinco dimensiones: docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación y/o innovación además de la vinculación con el medio.

Si bien celebramos la obligatoriedad de la acreditación, creemos que hacerlo en todas esas áreas restringe las capacidades de las instituciones para desarrollar sus proyectos institucionales acorde a su misión y visión.

Hoy en el Sistema de Educación Superior chileno, coexisten universidades complejas -que realizan docencia e investigación en diversas disciplinas y que concentran además la gran mayoría de los programas de formación de doctorado que existen en el país- con instituciones con vocación regional, o con énfasis en la formación en determinadas áreas del conocimiento. Es esta diversidad de proyectos la que configura la existencia de un Sistema en el que la acreditación debe funcionar como un mecanismo de fomento de la excelencia y garantía de la calidad académica.

El desarrollo institucional en diversas áreas es un proceso de acumulación de experiencia, que comienza por la formación de pregrado y va evolucionando hacia la formación de grupos de académicos, imprescindibles para incursionar con seriedad en la creación de conocimiento. La exigencia legal de que el 100% de las instituciones accedan a una complejidad multifuncional, fomentará una competencia por atraer a los académicos que hoy investigan en instituciones con mayor trayectoria, en circunstancia que lo que se requiere es fortalecer las capacidades existentes en ellas y fomentar la formación de nuevos equipos de investigación, promoviendo la incorporación de los jóvenes doctores que hoy están regresando al país.

Creemos que al uniformar a las universidades estableciendo un modelo único, se pone en riesgo la riqueza de un sistema que ha permitido contar con universidades de prestigio a nivel internacional y regional, al tiempo que desde las universidades preferentemente docentes, se han ampliado las oportunidades de estudio para jóvenes procedentes de los quintiles más vulnerables.

Creemos que esta complementariedad es necesaria para conformar un mejor sistema de educación superior y esperamos que esta mirada de presente y futuro, pueda recogerse en el Senado.

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Desafíos de gobernanza

Las noticias del Censo nos ilustran un escenario desafiante. La tendencia de concentración de la población en la Región Metropolitana se muestra estable y sin rastros de querer ceder terreno. A casi 50 años de la llamada “regionalización”, la RM sigue concentrando el 40% de la población y encabeza el aporte al PIB en una proporción casi equivalente. La lectura negativa de este fenómeno es la constatación de un proceso truncado de desconcentración poblacional y de oportunidades. Sin embargo, la mirada estratégica de las mismas cifras nos sitúa frente a un desafío ineludible de gobernanza metropolitana. Debemos hacer frente simultáneamente a seguir trabajando duro para potencial el desarrollo y las oportunidades en regiones, así como también debemos proveer a la metrópolis de los mecanismos necesarios para ser cada vez más atractiva, eficiente, equitativa e integrada. Los desafíos metropolitanos penden de una gobernanza inexistente que debe ser desplegada a la brevedad.

Serán justamente los problemas de movilidad, residuos, expansión versus densificación, segregación social urbana, y acceso a un medio libre de contaminación, entre otros, los que se irán agravando y compeljizando en su manejo, de no existir una estructura político – administrativa que se haga cargo de todas éstas temáticas.

La polémica por la apertura del relleno sanitario en Tiltil así como la negativa municipal respecto de la estación terminal del nuevo teleférico bicentenario en Providencia, solo es perfecta demostración de las tensiones regionales-locales. La visión local, genuinamente preocupada de su comunidad, no se acopla ni suma naturalmente a las necesidades del territorio. Esas decisiones de bien común no pueden depender del avenimiento voluntario de las partes a nivel local, sino de un mecanismo de gobernanza democrático y moderno, donde las decisiones se puedan tomar e implementar con visión de conjunto. Decisiones que bajo ningún punto de vista deben omitir un enfoque de equidad territorial así como tampoco dejar de contar con los indispensables espacios de negociación que permitan establecer las necesarias mitigaciones y compensaciones, si es que ellas aplicaran.

La postergación de los proyectos de ley de elección de intendentes así como de la transferencia de competencias al nivel regional son piezas importantes hacia una gobernanza metropolitana inteligente y democrática. La Política Nacional de Desarrollo Urbano dejó sentada las bases generales para poder avanzar decididamente en esta dirección; sin embargo, hace falta que la política la integre dentro de su agenda de prioridades.

El sesgo para la nueva institucionalidad metropolitana debe ser la orientación hacia el mejor gobierno de la ciudad, identificándola como objeto y materia central de su quehacer. El no reconocimiento de la ciudad como fenómeno central complota en contra de una adecuada gobernanza.

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El triunfo del derrotismo

Uno de los datos más curiosos de la encuesta CEP es la percepción de las personas sobre quien va a ganar la próxima elección presidencial. Con respecto a la medición anterior dio un salto de 11 puntos, y ahora casi un 56% de los encuestados está convencido de que la elección está lista a favor de Piñera. Este valor es muy superior a la intención de voto de la derecha.

Si en algo ha tenido éxito el entorno de Guillier y el propio candidato es la instalación de la derrota. El símbolo de esto es el autogol de Vidal (Francisco, esta vez) quien, como vocero informal del Segundo Piso de la Moneda, en una entrevista en el Mercurio vaticinó el triunfo de Piñera. Hay más preocupación de buscar culpables de la derrota que dar la pelea con el ex presidente y arrinconarlo en la derecha. Al igual que en el cuento de Philip K. Dick, los responsables del pre crimen de haber hecho perder a Guillier son el BancoEstado, el gobierno, el vespertino La Segunda y todos los periodistas que cubren política.

Nada desanima más que una contienda que parece perdida. El derrotismo genera incentivos en las conductas que terminan influyendo en la misma elección. Los partidos prefieren centrarse en la elección parlamentaria, para así consolidar bloques de influencia relevante, los votantes fieles prefieren no dedicar tiempo a hacer campaña y disminuyen el proselitismo en sus círculos. Quienes tengan interés de donar dinero, prefieren concentrarse en las elecciones parlamentarias.

Por otro lado, si los funcionarios de gobierno tienen la certeza de que el candidato de la continuidad va a salir derrotado, dedicarán su tiempo libre no a hacer campañas, sino a actualizar su LinkedIn. A diferencia de otros países, los funcionarios de centroizquierda tienen problemas serios para reubicarse en el sector privado y la derrota en las recientes elecciones municipales deja menos espacio aún para muchos cuya experiencia principal es la administración del Estado.

Y más grave aún, la sensación de derrota echa a perder el comportamiento organizacional de los propios equipos de campaña. Bien lo sabe la ex retadora presidencial Evelyn Matthei a quien nada le resultaba en su campaña contra la máquina demoledora que representaba el comando de Michelle Bachelet en el año 2013.

Los números de la CEP dejan claro que la elección tiene una ventaja hacia Piñera, pero no es definitiva en modo alguno. Hay varias razones de ello. La primera es que no logra sobrepasar la barrera del 40% ni en primera ni en segunda vuelta, por tanto depende de la poca participación de sus opositores para ganar. La sensación de derrota que se instala desde el oficialismo es el mejor aliado de Chile Vamos, pues hará quedarse en la casa a muchos durmiendo la siesta, como le pasó a la derecha en la elección pasada.

Además de ello la nueva pasión conservadora que tiene la derecha les puede jugar una mala pasada en segunda vuelta. Su constante discurso de terminar con las reformas y en especial aquellas que implican derechos de las personas puede movilizar en las urnas a muchos que no querrán ver retroceder la gratuidad universitaria, o la interrupción del embarazo en circunstancias extremas, por ejemplo. Si, además de ello, la centroizquierda recupera su histórico respeto por el crecimiento económico, la pelea se viene dura.

El derrotismo tiene riesgos peores. Puede llevar a que el entusiasmo de Beatriz Sánchez sea más atractivo para los electores que la siesta y la búsqueda de culpables.

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Fiscal opinante

El conflicto en La Araucanía adquirió otro nivel cuando en poco tiempo hubo dos atentados que resultaron en la quema de casi medio centenar de camiones, uno de los cuales implicó extender la violencia a una nueva región. Y volverán a suceder hechos similares y a alcanzar nuevas zonas, en una escalada que ya dura veinte años, porque los autores saben que gozan de impunidad: el riesgo que tengan que pagar por sus fechorías es muy bajo.

Es así, cuando las diversas instancias del Estado encargadas de reprimir la ola delictiva han fracasado en cumplir con su función. Para qué mencionar el papel del gobierno, que distrae siempre el debate hacia la pertinencia de la ley antiterrorista, como si ella fuera el obstáculo para resolver los casos, sino que hay simples pero graves desaciertos: ¿alguien puede entender que la declaración del implicado en que se basa el nuevo juicio por el caso Luchsinger Mackay no haya sido grabada, algo que debiera ser un estándar, facilitando su retractación y que la confesión sea puesta en duda?

Por eso sorprenden las opiniones del Fiscal Nacional, que en vez de asumir alguna cuota de responsabilidad, les echó la culpa a las víctimas por no protegerse debidamente. Declaraciones que molestaron, puesto que los particulares carecen de capacidad para defenderse de ataques de ese tipo; y porque ese es el rol del Estado. Como dijo alguien: ¿qué podrían hacer un par de guardias con linternas para enfrentar algo así? Además, son cuestionables porque equivalen a la “venta del sofá”: si se hubieren protegido mejor, entonces los ataques los habrían sufrido otros. Hace un tiempo fueron las iglesias, ¿acaso los templos debieran fortificarse?

Pero nadie se preguntó sobre qué derecho tiene el Fiscal de emitir opiniones sobre materias que no son de su competencia. Porque su institución es la encargada de investigar los delitos cometidos y de la persecución penal, no de fijar normas para incrementar la seguridad pública, lo que compete al gobierno. En Chile se ha confundido el debate democrático con un asambleísmo en que todos opinan.

Los organismos públicos especializados deben ceñirse a su rol y en ninguna democracia organizada se les permite a sus personeros prevalerse de su figuración para intervenir en el debate, atribuyendo culpas, exigiendo medidas o zanjando discusiones, menos aún para diluir su propia responsabilidad. Solo pueden formular declaraciones para dar explicaciones o información sobre su tarea. La discusión pública la llevan los representantes del pueblo, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y la prensa.

Y tampoco en ninguna democracia moderna la autonomía del aparato de persecución penal implica que los fiscales sean inamovibles y que no haya forma de exigirles que asuman la responsabilidad de su gestión. Se requiere una reforma, que no es consagrar la acusación constitucional, como quieren algunos parlamentarios, que se basa en infracciones jurídicas, sino que se trata que respondan por los resultados de su gestión.

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Autogolazo

No me refiero al de Arturo Vidal en el partido contra Paraguay -que probablemente nos dolió a todos, sin distinción- sino al que se propinó el gobierno, de manera inexplicable, y que echó por tierra el mejor tranco que el ejecutivo exhibía este último mes. Sin ir más lejos, mi columna del domingo pasado, “Tres pases seguidos”, destacaba cómo el oficialismo comenzaba a recuperar el control de la agenda pública, la que mediante la aprobación de diversas iniciativas de ley, terminaba por dibujar el sentido más profundo del ideario que impulsó Michelle Bachelet. En perspectiva, esos logros también paliaban los sinsabores políticos y personales que la Presidenta debió experimentar en su segundo mandato. Pero tal como ella alguna vez declaró, cada día puede ser peor.

Creer que lo ocurrido tuvo solo que ver con la decisión de un Consejo de Ministros, es tan iluso como erróneo. Dominga es un síntoma de algo más profundo, que excede con mucho las diferencias entre dos ministros, donde nada tuvo que ver la protección del medio ambiente. Lo que aquí se produjo fue una acumulación de desencuentros entre el equipo económico y político del gobierno, cuyos episodios públicos y privados se multiplicaron a un punto tal en los últimos meses, que hicieron insostenible la leal convivencia en el marco de propósitos comunes.

Fue además un conflicto pésimamente mal administrado, cuya solución pudo haberse provisto a tiempo y sin las consecuencias que hoy observamos. Pero las indefiniciones y silencios, en el contexto de un evidente vacío de poder y ausencia de mando en el Palacio de la Moneda, no solo facilitaron que la trifulca se profundizara y prolongara, sino también escenificaron el quiebre definitivo entre estas dos almas de la coalición de centroizquierda. Pese al esfuerzo en la elección de los reemplazantes, los que se fueron representaban el último bastión de resistencia a una mirada de las políticas públicas, tanto en la forma como en el fondo, que se reafirma a pocos meses de terminar este gobierno. En los hechos, la Moneda le quitó los patines al equipo económico.

Y así como los dolorosos casos de corrupción que afectaron a sus gobiernos, dilapidaron ese activo de superioridad moral que la antigua Concertación ostentaba sobre la derecha; hoy la Nueva Mayoría echa por tierra esa ventaja que en los últimos años pretendió exhibir frente a la oposición: me refiero a ser la única fuerza política que garantizaba gobernabilidad. No cuestiono la decisión de la Presidenta. Creo que fue consistente y coherente con lo que genuinamente ella aspira a que sea su legado. Pero sí reprocho la desidia y la torpeza para afrontar y resolver este conflicto, pues hace todavía más cercana y nítida esa imagen de Bachelet entregándole por segunda vez la banda presidencial a Piñera.

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Un gobierno que va de crisis en crisis

El gobierno de Bachelet parece que nunca dejará de sorprendernos, por cierto para que se cumpla a cabalidad su lema: “cada día puede ser peor”. La última crisis de gabinete ha sido inédita, al menos desde 1990. El equipo económico completo esta vez fue pulverizado por el pecado de defender la trascendencia del crecimiento económico, la madre de todas las batallas. Es el tercer cambio en tres años y medio. Lo curioso es que ella misma dijo que “sin crecimiento económico no había desarrollo social”, que se suponía era el sello de su gobierno. Pero nunca le interesó la economía. Ergo, no tenemos ni crecimiento ni desarrollo social.

A días de haber asumido se mandó un bono que definió como un “derecho social”, algo impensado en políticas públicas de calidad. Ahí no más se lanzó un gasto permanente de US$ 500 millones por año. Y así continuó gastando y generando la enfermedad crónica de déficit fiscal agudo y aumento de deuda. Es decir, hipotecó la casa para la gran farra, que deberán pagar los gobiernos sucesivos. Sus reformas fundacionales aprobadas con retroexcavadora son todas literalmente contra el crecimiento e improvisadas. Prometió que nadie se repetiría el plato, y hoy tiene ocho ministros de Lagos.

Terminada la noche oscura de Arenas, de la gestión de Valdés se esperaba mucho, especialmente acoplado con un buen jefe de gabinete como Burgos. Pero no fue así. Burgos fue prontamente sacrificado, y Valdés apoyó algunas de las peores reformas contra el crecimiento, como la reforma “sindical”. Prometió controlar el déficit fiscal pero en los hechos no fue capaz. Prometió mejorar la productividad (con Céspedes), pero ésta cayó. Prometieron más y mejores empleos y fue exactamente lo contrario, y en esa desesperación contrataron más de 100.000 funcionarios públicos adicionales. Valdés nunca fue capaz de acertar a un solo pronóstico de la economía y siempre el ajuste fue a la baja, lo que le permitía gastar más y así se generó el tremendo déficit.

La izquierda dura lo despreciaba y lo atacaba sistemáticamente por no soltar aún más la billetera fiscal ya reventada. La derecha lo alababa por parar los goles del populismo, pero su tarea era meter goles en el crecimiento de la economía. El prestigio técnico de Valdés se deterioraba día tras día lo que culminó con el episodio Dominga. Ahí se le paró la pluma y dijo basta. Esta actitud decidida contrasta con su gestión anterior, pero con ello desenmascara las enormes debilidades de la Presidenta y su verdadera agenda. Con esta decisión de Valdés y todo el equipo económico, su prestigio se ha recuperado, ya que el foco del problema quedó muy bien identificado.

Ahora vuelve Eyzaguirre, que ha sido el mejor ministro de Hacienda de todos los gobiernos de centroizquierda. Fue él (ideada por Marcel) quien instauró la sana regla del superávit fiscal y el gasto en función del ingreso permanente. Una regla que fue literalmente despedazada en los dos gobiernos de Bachelet. Qué paradoja tan grande de la historia. Ahora concluirá en Hacienda con las cuentas fiscales totalmente desequilibradas. Como ya dejó de ser técnico, fracasó en educación, y pasó a ser político, y a estas alturas del año, si hace algo será aumentar aún más el gasto para enfrentar las elecciones. Este es el ministro que cree que todo lo ocurrido en la gestión de este gobierno fue en realidad “mala pata”, lo que no parece un comentario muy profesional de un economista serio.

Bachelet seguirá en el limbo soñando con la refundación del país, defendiendo al chavismo, y con el peso de sus malas reformas, todas repudiadas por la ciudadanía. Todos queremos cambios, reformas y progreso, pero no estos continuos transantiagazos. Esta gran falta de competencias y sobreideologización que ha mostrado la Presidenta, dan pánico en los meses que le quedan de gobierno.

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