Álvaro Bisama's Blog, page 90

Condiciones favorables

El crecimiento económico es un requerimiento del desarrollo, siendo ambos objetivos -el instrumental y el final- generalmente compartidos en Chile. Participan de esos fines los flamantes secretarios de Estado, a pesar de que la renuncia del anterior equipo económico se produjo cuando algunos de sus entonces colegas de gabinete -respaldados por la presidente Bachelet- rechazaron el proyecto Dominga, desconociendo el rol central de la inversión en el progreso. Afortunadamente el nuevo énfasis oficial en el crecimiento económico coincide con condiciones externas e internas más favorables a una mayor expansión del ingreso por persona.

El Informe de Política Monetaria del Banco Central de septiembre -como de costumbre técnicamente impecable- aumentó su anterior proyección de crecimiento del PIB para este año de un rango de 1 a 1,75 por ciento, a uno de 1,25 a 1,75 por ciento, y mantuvo su proyección de crecimiento para el año 2018 en el rango 2,5 a 3,5 por ciento. Ud. dirá que esta revisión es la nada misma, pero dado el comportamiento en esta materia del primer semestre de este año (en torno al 1 por ciento de aumento), dicha estimación implica que ya debiéramos estar en medio de una importante recuperación económica.

Tal mejoría se está dando en el contexto de una revisión al alza del crecimiento mundial (a 3,6 por ciento en 2017), de una fuerte recuperación del precio del cobre (a un estimado US$2,75 por libra en el mediano plazo), y de una lenta normalización del costo del crédito, hoy muy bajo. En el contexto de indicadores de confianza empresariales aún negativos pero mejorando, la inversión total seguirá cayendo este año (será su cuarto consecutivo), pero aumentaría en más de un 3 por ciento en 2018.

Con razón Ud. encontrará bajas las tasas de crecimiento del PIB, si se comparan con aquellas de las tres décadas previas a 2015, en que el país se expandió sistemáticamente a una tasa mayor que aquella del mundo. No obstante, si esas tasas se juzgan a la luz de las nuevas estimaciones del Banco Central del crecimiento tendencial y potencial del PIB en Chile, no aparecen como tan débiles. La tendencial -que mide la capacidad de crecimiento de mediano plazo- se sitúa entre un 3 y un 3,5 por ciento anual, en cambio la potencial -que estima el crecimiento presente del PIB con una inflación estable- sería de un 2,5 por ciento anual.

La brecha de ingreso existente se puede cerrar y el crecimiento potencial de Chile se puede acercar al tendencial rápidamente, si es que se hacen las reformas necesarias para incentivar y facilitar la reasignación de recursos y si es que se recupera la confianza empresarial. Se trata de una tarea que se debe empezar ahora, de modo que -aprovechando las condiciones externas e internas favorables- el gobierno pueda dejar como legado un país macroeconómicamente equilibrado y con una tasa de crecimiento razonable.

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Península de Corea y la guerra continua

En el hemisferio occidental sur las noticias se reciben como un posible ataque nuclear de Corea del Norte hacia instalaciones de Estados Unidos y Corea del Sur. Escasamente permiten visualizar lo contrario.  Por ejemplo, que sea el gobierno de Corea del Norte el asediado. Estos mismos medios omiten el plan que las potencias occidentales vienen organizando quizás desde el mismo armisticio de 1953 y que, consiste en acabar con Corea del Norte.

La preocupación norcoreana por poseer capacidad nuclear para su protección,  tiene una lectura enraizada en la cultura coreana a partir de las múltiples invasiones que ha sufrido la península. Históricamente, la guerra que divide a las dos Coreas y la permanente presión de EEUU, Japón y Corea del Sur por el cambio de régimen en Pyongyang, reafirmaron el imperativo de Corea del Norte para protegerse con el material bélico de mayor poderío, como es el nuclear.

La década de acercamiento entre ambas Coreas termina abruptamente con la llegada del presidente  Lee Myung –bak, un nacionalista de  extrema derecha, en febrero de 2008, desmantelando  las negociaciones de acercamiento y sentar bases para ponerle fin al régimen en Pyongyang. Esta política continuó con la presidenta Park Geun –hye, (2014-2017) y frente a la actual coyuntura, el moderado Moon Jae-in, no ha tenido otra opción que la continuidad. Con la llegada de Donald Trump, que opera en lo internacional con  la política de abordar cada problema de acuerdo a cómo se presenta en favor de los intereses de Estados Unidos,  la disolución del régimen socialista en Pyongyang  le abre  una posibilidad de enorme popularidad, más aún si Rusia y China no han servido de salida para temperar sus problemas de oposición interna a su mandato,

Recordemos que la península permanece dividida desde una conflagración brutal finalizada en 1953 dejando varios millones de muertos e incalculables pérdidas. Constituyó el ápice de la guerra fría inaugurada en 1947. Con todo, la herida abierta en Occidente no fue la división de la península de Corea, sino el haber perdido a China. El Secretario General de  Naciones Unidas Trygve Lie, el 27 de junio de 1950, “Urge a los miembros de la organización formar una alianza militar para recuperar Seúl en poder de las fuerzas invasoras del ejército de Corea del Norte”.

El secretario Lie no menciona que la incursión norcoreana había sido una medida preventiva a un ataque inminente surcoreano.  Se omite el dato de que desde que el fundador de Corea del Norte, Kim Il- sung, asume el poder en 1948,  Estados Unidos y Corea del Sur infiltraron constantemente efectivos militares para socavar a la naciente república aliada de la República Popular China que se fundaría en 1949. El objetivo último de las potencias occidentales en esa guerra contra Corea del Norte consistía en desestabilizar a la nueva China.  Las implicancias de aquella desastrosa resolución de Naciones Unidas en 1950 fueron varias: se crearon dos estados militarizados en permanente fricción; pérdida de influencia de la Alianza Transatlántica en la mayor parte del Asia, excepto Japón; sentaron  las bases de una guerra continua, no solo en la península de Corea sino también por la supremacía en Asia.  Esa herida abierta en Occidente de haber perdido a China se refleja hoy con igual vigor para recuperar el tiempo perdido. Para la Alianza Transatlántica, Corea del Norte es una estación hacia el objetivo mayor que es contener y transformar China en su estructura política.

El panorama de hoy es en la apariencia diferente, sin la Unión Soviética y con otra China. Sin embargo un actor de aquella conflagración autorizada por Naciones Unidas, es el mismo y mantiene los mismos objetivos por la supremacía: la Alianza Transatlántica que no se recupera del fracaso en la guerra de Corea (1950-1953), convertido en problema existencial.

El tema es ideológico y también de supremacía. El conflicto entre las dos Coreas, no es más que eso: un regreso directo a la política de la supremacía de un poder por sobre el otro. Considerando el peso de esta historia, el inmenso poderío bélico de Estados Unidos y la Alianza Transatlántica que lidera obliga a que el sistema de relaciones esté presionado por las naciones que no van a detener sus intenciones de pertenecer al selecto grupo de países con armas nucleares. Corea del Norte, como en el caso de Irán el problema para Occidente no es la capacidad nuclear. Es el régimen político que lo sustenta. Una pregunta  es válida. ¿Quién puede asegurar que líderes como Benjamín Netanyahu o los generales que lideran Pakistán, son más previsibles en conducta política que Kim Jong- un?  Israel y Pakistán poseen armas nucleares y no viven situaciones de estabilidad y certidumbre dentro de sus fronteras y en la región que habitan.

El conflicto en  la península y el resultado de cualquier negociación, expresará el real calibre de China como agente clave para gestar los equilibrios de poder en las relaciones internacionales con un peso quizás similar o mayor al de la ex Unión Soviética. Sin la capacidad bélica nuclear que exhibía la nación socialista, aunque con un poderío económico significativamente mayor. En una era de crisis económicas, el peso económico chino tiene mayor relevancia que la abundancia de ojivas nucleares que ostentaba el poder soviético.

La lectura de las decisiones que inciden en las acciones internacionales de los países se hace cada vez más compleja. Gran parte de esta complejidad responde al hecho de que Estados Unidos y sus aliados vencedores en la contienda con el mundo socialista liderado por  la Unión Soviética, no han reconstituido políticas constructivas en su papel de gobernar distendidos de la obligación de operar bajo la cultura de la guerra fría que consistía en obtener la supremacía a toda costa.

Los efectos reales de esta forma de competir por la supremacía, no se han evaluado en toda su dimensión y una buena parte del liderazgo global simplemente aceptó el fin de la guerra fría como si fuera un instrumento manipulable y no una cultura impregnada en el “hacer Estado”. Las relaciones internacionales principalmente han sido objeto de ésta distorsión y la estructura de guerra fría como una cultura no se ha erradicado.

Puede desplomarse el gobierno en Pyongyang con o sin guerra. Sin embargo, lo único que parece no desplomarse con su fisonomía actual, es el capitalismo y la necesidad por la supremacía en las potencias de cualquier tipo para hacer de la política un ámbito restringido a la seguridad y las finanzas, que deriva irremediablemente en un belicismo permanente.

Estados Unidos y China, naciones centrales en este conflicto, así como las alianzas que representan abiertamente o bajo cuerda, con Rusia en el caso de China y con los aliados atlánticos en el caso de Estados Unidos, deberían acercarse a una postura común que les permita definir equilibrios de poder. Este desafío ha sido casi imposible, porque deben ceder frente a las necesidades de naciones emergentes menos poderosas y por el tema central que se soslaya  a toda costa: los equilibrios de poder apuntando hacia la eliminación del arsenal nuclear en el planeta y la suspensión de la carrera armamentista.  

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Desmunicipalización, todavía incompleta

La educación pública escolar se encuentra hoy en una situación en extremo compleja.  Matrícula cada vez más minoritaria, desfinanciamiento en parte importante de los municipios, incumplimiento de compromisos con los docentes y asistentes de la educación, son algunos de los elementos principales que hoy caracterizan esa crisis. Esta situación se debe a diversos factores estructurales, donde uno de los principales tiene que ver con la incapacidad del sistema municipal para hacerse cargo, con calidad, de la educación pública. Es por esta razón que, ya desde hace varios años, tanto el mundo social como académico (y parte del político) ha ido advirtiendo sobre la urgencia de un proceso de desmunicipalización, como paso ineludible para la recuperación de la educación pública. Nuestra historia educacional reciente ha confirmado con creces esa necesidad: prácticamente todas las políticas y programas de apoyo dirigidos a la educación pública han fracasado, debido a la ausencia de un esquema institucional adecuado, con capacidades y recursos que permitan sacar adelante a la educación pública.

El proceso de trámite legislativo de la desmunicipalización, luego de prácticamente dos años de discusión, está llegando a su fin, por lo que es fundamental que en esta última fase se expliciten aquellos aspectos que todavía debilitan el valor de un proyecto que sin duda apunta en la dirección correcta, pero que hoy pone en riesgo su objetivo fundamental: constituir un sistema coordinado de educación pública, que cuente en todo el territorio nacional con las condiciones para mejorar la calidad integral de la educación pública y transformarla, como ocurre en casi todas partes del mundo, en el “faro” que orienta a todo el sistema educativo y que educa a la gran mayoría de la población. Vale la pena distinguir entre algunas correcciones urgentes (que habrá que resolver en las próximas semanas) y entre otros complementos indispensables para el éxito de esta política, que deberán enfrentarse decididamente en los próximos años.

En el cortísimo plazo, tres son los problemas principales que sigue teniendo el proyecto. El primero de ellos es que, fruto de las últimas indicaciones aprobadas en el Senado, se introdujo una incertidumbre completamente innecesaria, que afectará negativamente a las comunidades educativas, al dejar (de manera inédita en procesos de este tipo) en el Presidente de la República del año 2022 la potestad discrecional para cambiar completamente el calendario de implementación. Como en cualquier proceso de política pública de esta complejidad, una decisión como ésta debiera ser una medida de fuerza mayor sólo si es indispensable y, por cierto, resuelta soberanamente por el Congreso Nacional.

La segunda gran debilidad del actual proyecto es que permite que, voluntariamente, los municipios que “lo hacen bien” (debido a la desigualdad de los municipios y a la estrechez de las medidas de calidad que se utilizan para estas categorizaciones, el solo uso de este término es completamente cuestionable) posterguen indefinidamente su ingreso al sistema. Esto merma el objetivo de hacer de la educación pública un espacio de colaboración (¡y no de competencia, ahora entre municipios y Servicios Locales de Educación!) y de construir un verdadero sistema nacional, con pertinencia local, generando un incomprensible modelo híbrido donde desmunicipalizar es prácticamente un “castigo”. Por lo mismo, esta excepción debe ser eliminada o bien circunscrita a un período de tiempo no mayor al del proceso completo de desmunicipalización, que hoy estaría terminando el año 2025.

La tercera debilidad del proyecto actual es que no resuelve la deuda que los municipios han ido contrayendo con los profesores, profesoras y asistentes de la educación, sobre todo en el último tiempo. No es sensato desmunicipalizar sin al mismo tiempo resolver este problema, garantizando que las deudas previsionales y salariales sean íntegramente cubiertas por el Estado, antes del traspaso al nuevo sistema. La Nueva Educación Pública requiere iniciar su implementación demostrando el valor del traspaso a un sistema en el cual el Ministerio de Educación vuelve a hacerse responsable y garante de los derechos de sus trabajadores, hoy vulnerados por el sistema municipal.  

Los tres cambios ya descritos son fundamentales para tener una desmunicipalización de verdad. Sin embargo, también es cierto que este proceso de cambio institucional deberá ser complementado en los próximos años, al menos, por un nuevo sistema de financiamiento (que hoy asfixia principalmente a las escuelas públicas), por una política decidida de ampliación de la infraestructura y de la matrícula pública en todo el territorio nacional (pues el estado no puede ser neutral respecto a sus propias escuelas y liceos) y por una reforma pedagógica del sistema escolar, (lo que implica reformular el currículum y el sistema de evaluación de la calidad, además de seguir avanzando en condiciones para una mejor docencia, tanto en el sector público como privado subvencionado). La desmunicipalización debe ser entendida como un primer paso para recuperar y poner en el centro de la atención nacional a la educación pública. Es hora de comenzar a discutir sobre cómo profundizar el actual proceso con más y mejores políticas para una Nueva Educación Pública.

 

 

 

 

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Pensiones: ¿Un derecho social de segunda categoría?

En incontables oportunidades se ha sostenido que el acceso y, por ende, el financiamiento de la  educación superior es un derecho social. Esto significa que el Estado garantiza, a todo evento, la satisfacción de una necesidad de un determinado grupo de personas, como, por ejemplo, asegurar educación gratuita -e idealmente de calidad- a los estudiantes de educación superior. Esta garantía supone que el financiamiento de estos derechos no depende de circunstancias específicas: se pagarían con fondos fiscales generales recaudados por el sistema tributario del país. Asignar una fuente de financiamiento específico a estos derechos, con cargo a los futuros ingresos de los estudiantes (créditos  o impuestos a graduados), es usualmente rechazado por los defensores del derecho social de la educación.

Con este antecedente, sorprende  que se tenga un concepto de derecho social totalmente distinto para las pensiones, pese a que quienes promueven esta reforma y la educacional agitan las mismas banderas. En la reciente propuesta del gobierno, una pensión digna no tiene el mismo nivel de derecho social que la educación superior. No hay garantías, salvo una pensión básica solidaria que ya existía y que no es el eje de la reforma.

Por el contrario, un punto central del proyecto es un fondo solidario al que aportan los empleadores para ser repartido entre los trabajadores más vulnerables. Si bien se establece que los aumentos de contribuciones son pagados por los primeros, en la medida que los salarios de la economía se reajusten e ingresen nuevos trabajadores, al menos parte del mayor costo para el empleador se traducirá en salarios menores, especialmente en empleos de baja calificación.

Uno de los varios problemas de esta propuesta es que no le exige solidaridad al 1% de personas con mayor ingreso en Chile. Fairfield y Jorrat (2016) estiman que este grupo recibe entre 15% y 26% del ingreso del país primordialmente en la forma de utilidades de empresas y ganancias de capital. Además, con los topes actuales en la cotización previsional, el grupo de asalariados con ingresos superiores a dos millones mensuales aportaría poco en relación a quienes ganan menos.

La solidaridad que el proyecto propone exime a los que naturalmente más pueden aportar y tiende a excluir a quienes más se beneficiarían con la redistribución, como los trabajadores informales. Por otra parte, el derecho social a una pensión digna no queda garantizado por el Estado, sino sujeto a los vaivenes de la economía de trabajadores con ingresos más bajos e inestables que los de aquellos grupos más acomodados que la reforma elige excluir.

Mucho  hemos escuchado sobre derechos sociales en estos años. Si sus defensores son coherentes, las pensiones deben garantizarse de verdad con impuestos generales que gravan realmente, aunque quizá no lo suficiente, a quienes más pueden aportar. Sería coherente y oportuno que ahora levanten sus voces para que las pensiones dignas no sean un derecho social de segunda categoría.

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Teleférico y reversibilidad: la ciudad que está en juego

En los últimos días se ha generado una controversia a propósito del teleférico a Huechuraba -más específicamente por su llegada al sector de Providencia en el que se conectará con la línea de metro-, así como por la propuesta del mismo municipio de eliminar la reversibilidad de Avenida Andrés Bello, antigua medida que a juicio de la alcaldía, no tendría ya sentido. En su conjunto, ambos temas tienen la virtud de concentrar la atención en uno de los nodos estratégicos de la movilidad del sector oriente de la ciudad, un sector lleno de potencial, mal resuelto y en el que las prioridades parecen no estar aún del todo claras.  En efecto, este nodo generado en torno al mall Costanera Center presenta características particulares: una centralidad cargada de flujos, muchos de ellos vehiculares toda vez que se ha invertido en despejar (en teoría al menos) los embotellamientos que históricamente ahí se han generado, acelerando la llegada de autos desde las comunas del oriente hasta este enclave de oficinas y servicios. Por otro lado, desde el punto de vista del transporte público, concentra buses, metro y, en el futuro, un teleférico en un punto de intercambio nodal mayor. Desde el punto de vista de los servicios, el centro comercial ahí presente atrae una población importante que llega, al menos en una parte relevante, en ese mismo transporte público. Por último, es en términos paisajísticos un lugar estratégico con el encuentro entre el Canal San Carlos y el Mapocho, el parque de borde río, la vista al cerro, etc.

Sin embargo, estos mismos atributos lo hacen complejo de resolver, especialmente si, como se ha dicho, las prioridades no están claras: aquí, como en el resto de la ciudad, deberíamos estar privilegiando los modos sustentables de movilidad (caminata, bicicleta, transporte público); desincentivando el uso del auto privado; dando prioridad al espacio público; generando barrios mixtos y compactos; priorizando la continuidad de las franjas de borde del Mapocho. No ha sido así: las operaciones para resolver la vialidad en el entorno cercano (Costanera Sur, Los Saldes, Costanera Norte) han generado un tejido urbano extraño, obsoleto antes de empezar, inhumano, cortando cualquier relación entre ciudad y río. Tampoco parece razonable el rechazo al proyecto de teleférico porque se trata de una iniciativa que estimulará formas de movilidad correctas. Efectivamente la ubicación de la estación propuesta en el lugar no parece la más adecuada y ese debe ser, sin duda, tema de mayor reflexión. La solución pasa por entender que se trata de un proyecto urbano, un perímetro (desde el metro al río, con el canal, los comercios, los equipamientos) que debe ser pensado en conjunto, como un sistema. No se trata de ubicar una estación, se trata de pensar una pieza urbana en la que habrá una estación (y varias otras cosas).

La reversibilidad, en tanto, es una medida que estimula flujos vehiculares, que desnaturaliza una avenida que debería ser nuestro espacio urbano de mayor calidad, bordeando el río. Parece de toda lógica eliminarla y buscar estimular un cambio en la tendencia del uso del auto por otra: un sistema público, un tranvía por ejemplo, que recorra la ciudad de oriente a poniente por la ribera del Mapocho abriendo este espacio a la ciudadanía, no a los autos. Ya bastantes errores hemos cometido flanqueando el río de vehículos en sus dos márgenes. La invitación es a pensar este sector como un nodo de intercambio, de servicios, de envergadura metropolitana con las prioridades correctas y con una disposición a avanzar hacia una ciudad más humana y amable.

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Pensiones: una mirada distinta

Nadie lo discute, las pensiones son bajas, inferiores a las esperadas por los ahora jubilados o los que están prontos a hacerlo. Son varias las razones que explican esta situación, pero sin duda una de las más importantes es que vivimos cerca de diez años más que cuando se creó el actual sistema de pensiones, teniendo que financiar esa mayor longevidad con los recursos estimados hace más de 35 años.

Entonces, la causa fundamental no es un problema, es una consecuencia del nivel de desarrollo alcanzado por nuestro país. Mirado así, el sentido común plantea una solución obvia; prolongar nuestra vida activa y ahorrar más. Ambas cosas son buenas para el país, ya que son los fundamentos del crecimiento; mayor ahorro para financiar inversión y más tiempo de productividad de los trabajadores. A nivel individual es cierto que mayor ahorro exige sacrificar consumo presente, pero si se implementa en forma gradual y se realizan buenos negocios con esos ahorros, contrario a lo que piensa la Presidenta, ese sacrificio será sobre recompensado con mayor consumo futuro. Mantenerse más tiempo activo tampoco tiene por qué ser un castigo, a la inversa, suele ser beneficioso para la salud física y mental. Por lo tanto, no tenemos un problema sino un desafío, que con un liderazgo bien enfocado podría redundar en mayor bienestar para el país.

Surge entonces el problema real; la falta de liderazgo político para enfocar correctamente el desafío, buscando el progreso del país. Nos vemos enfrentados a un proyecto de ley basado en dos consignas fundamentales: incorporar mayor “solidaridad” al sistema y que no vaya ni un peso más para las AFP. Por cumplir con esos criterios, las propuestas terminan siendo regresivas e impactando muy negativamente el empleo y los salarios, de acuerdo con las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda, tema que se ha analizado bastante.

Las transferencias “solidarias” de un grupo a otro tienen sentido cuando sólo un grupo enfrenta el problema, pero en este caso la mayor expectativa de vida es generalizada, por lo cual, además de profundizar el pilar solidario con impuestos generales, es evidente que todos deberían participar en la solución. No es egoísmo que cada trabajador aporte sólo a su cuenta, es necesario que todos lo hagan. ¿Para qué entonces introducir un impuesto al trabajo formal regresivo (los que ganan por sobre el tope imponible pagan menos) con todas las distorsiones que eso genera? Para que la propuesta contenga esa “pseudo solidaridad” de la consigna. Se hace entonces necesario, para atenuar la regresividad del impuesto, subir en un 50% el tope imponible. Sin embargo, dado que la comisión que cobran las AFP es un porcentaje del ingreso, el alza del tope les generaría mayores ingresos. ¡Horror! no pueden recibir un peso más, entonces se establece el absurdo de que los que ganan sueldos altos pagarán comisiones más bajas que el resto, generándose otro elemento de regresividad. No sólo eso, la propuesta tiene un enorme costo fiscal por las cotizaciones de los funcionarios y por la caída de recaudación de impuesto a las empresas y a las personas.

En definitiva, lo que podría ser un desafío para avanzar hacia el desarrollo, se transforma en una muy mala reforma, con más costos que beneficios.

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Elijo creer

Escribo con la distancia de las horas y la tranquilidad que entrega despojarse de las pasiones. Busco explicaciones más profundas y no logro encontrar más que las evidentes de las que todo el mundo ha hablado profusamente.  Que el equipo no tuvo funcionamiento, que el técnico hizo un mal planteamiento, que hace rato no tiene gol, que las respuestas individuales fueron bajísimas, que los referentes estaban en otra, etc, etc, etc…

La razón a encontrar, más allá de esto, apunta a algo profundo y es saber qué pudo haber pasado con ese muy buen cuadro que llegó a disputar, con absoluta legitimidad, la final de la Copa Confederaciones. Saber cómo posible que en dos meses haya cambiado tanto. Entre esa final con Alemania y los partidos con Paraguay y Bolivia hay un océano de diferencia, literalmente hablando. Chile no ganó la Copa porque no tuvo gol. Ahora perdió los dos partidos porque no tuvo juego. Así de simple, así de preocupante.

Las explicaciones no alcanzan para comprender todo lo que ha ocurrido, más bien confunden aún más y las declaraciones de los referentes victimizándose, son aún peores. Cuando se cae es necesario entender la causa, hacerse responsable, no culpar al resto y tratar de solucionar lo que está al alcance. Ese es el camino. Desde Pinto Durán debe hacerse un urgente diagnóstico y elaborar un trabajo que permita enfrentar los últimos dos partidos al nivel que este grupo ha demostrado tener. No es tiempo de anunciar renuncias con la cabeza caliente ni tampoco de destrozar o minimizar todo lo que este plantel ha hecho. La prudencia invita a vivir este momento como una oportunidad, lejos de los lamentos de los jugadores o los arrebatos del medio, buscando incendiar todo.

La tristeza que genera lo ocurrido, disfrazada de rabia y enojo debe ser bienvenida. Suele venir acompañada de paz y serenidad. Si el técnico y los jugadores  la asumen, podrán agregar sabiduría. Sólo así y no de otra manera, la posibilidad de llegar a un tercer Mundial consecutivo volvería a estar cerca. De lo contrario, en octubre, el escenario puede ser de abundantes recriminaciones y lapidarias criticas que de poco servirán. Hay que buscar soluciones, después buscamos culpables.

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¿Quién manda a quién?

De la caída del equipo económico se han dicho muchas cosas. Desde que fue un autogolpe, en palabras de Jorge Navarrete en este mismo espacio, hasta ser vista como inusual aunque Hacienda venía perdiendo su carácter sacrosanto. Ya el exministro Arenas había salido, arrastrado por un cambio completo del comité político, en 2015. Ello no impide intentar explicaciones.

Algunas, de corto alcance como la forma en que tuvo lugar el Comité de Ministros que rechazó el proyecto Dominga, o el hecho de que el titular de Hacienda quizás olvidó que carecía de aquellas afinidades personales que, por lo visto, permiten sobrevivir en los equipos bacheletistas. Otras, de largo plazo, como la existencia de dos almas al interior del gobierno, situación particularmente aguda -pero no única- en la centroizquierda. A Piñera también le tocó lidiar con ellas. La intención de proyectar su legado por parte de la Presidenta Bachelet también resulta plausible pero ¿será necesario tanto celo cuando tiene un lugar más que asegurado en la historia? Lograr algo así no descansa solo en cambios institucionales y relativos a las bases del desarrollo. Existe también un componente simbólico y, para alguien que ha sustentado su imagen en la defensa de las mujeres, tolerar desafíos como los del exministro Valdés contribuirían a que futuras representaciones de su liderazgo se reduzcan a cariño y simpatía.

El informe de desarrollo humano en Chile en 2010 registró que su gestión habría surtido un cambio cultural crucial. La popularidad de casi 80% con la que la había terminado hacía creer que, por fin, se habrían roto las asociaciones entre liderazgo y masculinidad. El capital político con el que retornó le permitió conformar un gabinete bajo sus propios términos. Sin embargo, las dudas sobre su autoridad emergieron a las primeras de cambio. Las críticas al cartillazo quedaron pálidas frente a las de vacío político y de lejanía.

Se llegó a decir que, más que presidenta, era un sentimiento. El fantasma del hombre fuerte tras el poder que supusieron Velasco y Escalona volvió ahora en la figura de un asesor: Pedro Güell. El tiempo dirá hasta qué punto su reclamo inicial de un liderazgo de tipo femenino y basado en la diferencia puede haber servido, como advierte Jane Chapman, para reforzar las bases de la jerarquía de género. Hoy por hoy, el entusiasmo con las cuotas o la despenalización del aborto no permiten vislumbrarlo.

¿Que lo sucedido con Dominga poco contribuye a que la Nueva Mayoría siga en La Moneda? Una fruslería porque el gobierno no trabaja para ganar las elecciones. Así lo señalaron, como un solo hombre, los ministros Eyzaguirre y Fernández. Suena contra natura, pero no tanto. Recordemos lo que Bachelet dijera alguna vez de sí misma: que a ella no se le podían aplicar los códigos de la política.

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¿Y las ideas? ¿Y el proyecto?

La autodestrucción progresiva de la Nueva Mayoría y el estancamiento del Frente Amplio amenazan con hacer de la campaña presidencial una carrera corrida. En Chile Vamos fantasean con un triunfo en primera vuelta e incluso hablan de permanecer ocho años en La Moneda.

La falta de competencia está provocando que la derecha recaiga en antiguos vicios difíciles de erradicar, como el viejo hábito de creer que la economía es la llave que todo lo abre en política. El resto es música, como diría Ricardo Lagos.

Si la experiencia sirviera de algo, la noción de que el crecimiento económico y la buena gestión son las claves del éxito político debió haber sido desterrada después de lo sucedido entre 2010 y 2014, cuando la economía tuvo un alto desempeño y el Jefe de Estado actuó como eficaz gerente. Ello no impidió que la derecha naufragara en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, lo que abrió paso a la retroexcavadora y a las mayorías legislativas que la permitieron.

A estas alturas en Chile Vamos deberían tener claro que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para un buen gobierno y su proyección en el tiempo. Hay quienes sugieren que lo que hace falta son políticos que salgan de la burbuja y tomen el pulso a una sociedad ansiosa de cambios. Eso es un imprescindible primer peldaño, pero está lejos de ser toda la respuesta. No solo se requiere un buen diagnóstico, sino también liderazgo para poner en marcha un plan de acción basado en ideas propias.

Algo de eso comenzó a desarrollarse con documentos como el Manifiesto por la República y el buen gobierno conocido el verano pasado. Sin embargo, hoy pareciera que, ante la supuesta inevitabilidad del triunfo, las ideas ya no fueran necesarias. Nadie habla ahora de los principios iluminadores de un proyecto nacional que no solo escuche las diferentes voces que surgen desde un entramado social complejo, sino que también busque integrarlas desde la acción del Estado. Este debe estar en condiciones de entregar señales que permitan la recuperación económica, pero también necesita contar con instituciones robustas puestas al servicio de la gente, de manera que recupere la confianza de la ciudadanía y pueda cumplir el rol integrador que está llamado a desempeñar.

Si la derecha va a retornar a La Moneda en marzo, no debe repetir los mismos errores que cometió en 2010-2014 y que le abrieron la puerta a la Nueva Mayoría. Recaer en la miope creencia de que todo se resume en la manida frase “es la economía, estúpido” puede terminar costando caro.

La inconsistencia de la Nueva Mayoría hace muy probable que la derecha vuelva al gobierno. Pero no se mantendrá en él si es incapaz de desplegar un proyecto coherente. Si cede una vez más a la tentación economicista corre el riesgo de terminar en 2022 como en 2014: satisfecha con su gestión, pero lamentando una derrota electoral de proporciones.

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Notarios y conservadores: ¿Cuánto poder se quiere perder?

Hace poco más de cinco años, el Presidente Sebastián Piñera respondió una pregunta que me correspondió hacerle en mi calidad de ministro de Justicia: ¿Está usted dispuesto a perder el poder que conlleva la facultad de nominar los notarios, conservadores y archiveros, sobre la base de una terna elaborada por las Cortes de Apelaciones? Con su respuesta afirmativa, se presentó una iniciativa legal que duerme en el Congreso Nacional desde 2012 -tal como la reforma del Sename- y que instalaba un sistema de selección de los postulantes a estos cargos auxiliares de la administración de justicia, sobre la base de pruebas objetivas, confeccionadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para ingresar, cambiarse o ascender dentro del mismo, eliminando la larga tradición que ha hecho de los contactos un filtro relevante de selección. En esta misma tendencia, la Corte Suprema estableció en el año 2014 exámenes habilitantes de conocimientos, habilidades y psicolaborales para los postulantes, cuyos resultados no son, sin embargo, obligatorios ni para las Cortes de Apelaciones ni para el Ministerio de Justicia.

Así, recientemente un postulante obtuvo cero puntos en el examen (pues no lo rindió), fue colocado en terna por una Corte de Apelaciones y después nombrado notario. Todo ello, en el pleno respeto de la legislación vigente. Esto conduce, tal como lo demuestra la práctica, a que las pruebas sean meramente ilustrativas y que se carezca de una fundamentación del por qué se prefiere a uno y no a otros.

Por otra parte, el proyecto de ley exigía de los notarios un mayor aporte a la seguridad jurídica, conminándolos que como ministros de fe no sólo autorizaran y guardaran en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgan, sino que debían además extender los instrumentos públicos solicitados, examinando que no fueran contrario a las normas del derecho público, debiendo informar de manera imparcial a las partes de lo convenida en dichos documentos. La reforma del año 2012 introducía igualmente normas modernizadores para el funcionamiento del sistema en su conjunto, como contar con bases informáticas actualizadas de poderes, la transmisión digital de datos entre notarías y conservadores, etc.

La apreciación ciudadana de que el sistema notarial actual es poco transparente en materia de designaciones, que su aporte a la seguridad jurídica es insuficiente y que los controles externos no son adecuados, genera un cuestionamiento que no es conveniente para estos auxiliares de administración de justicia. Su reforma parece, así, urgente.

No obstante lo anterior, no debemos menospreciar el aporte a la seguridad jurídica y a la prevención de conflictos que generan los notarios, lo que conduce que una importante parte de sus funciones obedece más bien a trámites voluntarios, derivados de la seguridad que conlleva su certificación para terceros, y no de una obligación impuesta por la ley.

El sistema notarial y registral chileno debe evolucionar hacia una mayor transparencia, objetividad y modernidad, tal como en diversos países europeos, compartiendo incluso otras funciones, como las del oficial del Registro Civil en caso de la celebración del matrimonio. Ello demanda, sin embargo, responder nuevamente una pregunta: ¿Está el Ejecutivo dispuesto a ceder su poder ante un sistema objetivo y transparente de ingreso y promoción?

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