Álvaro Bisama's Blog, page 87

Diez años de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas

El 12 de septiembre del 2007, hace 10 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Votaron a favor 144 países, incluido Chile; 4 en contra y 11 abstenciones. La Declaración contiene 46 artículos de derechos que cubren la dimensión política, social, económica, cultural y medio ambiental. Los reconoce como inherentes y los proclama como derechos “a vivir con dignidad y a mantener y fortalecer sus propias instituciones, su cultura y sus tradiciones”.

Esta Declaración cerró un largo ciclo de debates que tuvieron como origen la situación de la población indígena en Guatemala y Ecuador en los años 50 y a partir de ello se hizo patente la necesidad de crear una instancia internacional que se ocupase en profundizar este tema. Esto se inició en la Comisión de DDHH  de la ONU. Luego se creó la Subcomisión de la ONU sobre la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías. El debate con los Estados y con PPII llevó largos años. Finalmente, en 1995 se instaló un Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración, que fue presentado a la Asamblea General en el 2007.

En la historia de los tratados internacionales en materia de DDHH, en Naciones Unidas, el énfasis fue el de las relaciones entre individuos y Estados y por eso no se consideraron derechos colectivos como los de los PPII, con excepción de la Convención sobre los derechos de los niños que consideró específicamente a niños y niñas indígenas. La idea de derechos colectivos es contemporánea en el debate internacional. Es decir, corresponde a los últimos 25 años. Durante un tiempo la ONU se ocupó del tema de la descolonización y se pensó que los asuntos concernientes a los PPII se resolverían en los procesos de liberación nacional. Tiempo después la ONU comprenderá que los pueblos “indígenas y tribales” requerían otro tipo de consideración, especialmente luego que a partir de los años 70, surgen diversos estudios e informaciones de diferentes países en el mundo que daban cuenta de situaciones muy críticas que afectaban a los indígenas a nivel mundial. La OIT (Organización internacional del Trabajo) ya tenía un conocimiento de estos problemas, y en 1957 adoptó el Convenio 107 y posteriormente condensará en el Convenio 169 un Tratado internacional de mayor envergadura. La Comisión de DDHH de la ONU se interesará en dicho tiempo, y con ello el tema se introdujo ampliamente en el debate internacional que cristalizará, finalmente, el 12 de septiembre del 2007.

Chile ya había aprobado el Convenio 169. Los PPII demandaban su ratificación. Esto ocurrió en marzo del 2008 cuando el Congreso chileno lo ratificó. La Presidenta de Chile lo publicó en el Diario oficial de la República en octubre del 2008 y su puesta en vigencia quedó establecida para septiembre del 2009.

Hoy existe a nivel internacional un amplio mapa de convenios y tratados internacionales que brindan un especial reconocimiento a los derechos indígenas. Y esto implica abrir caminos hacia una comprensión mayor respecto de la importancia de la interculturalidad en nuestras naciones. Al cumplirse 10 años de la Declaración universal de los derechos de los PPII del mundo, lo esencial es que Chile amplíe su cobertura institucional, brinde caminos al empoderamiento de estos derechos y que mediante soluciones políticas y democráticas, se establezcan también los caminos de una reconciliación del Estado y de la sociedad chilena con las demandas históricas de nuestros pueblos originarios.

 

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Una nueva asesoría

El escándalo del “copy paste” en torno al equipo de Guillier y la sospecha que la práctica es extendida ya ha sido objeto de intensa crítica en estos días. Dos preguntas surgen ahora para aprovechar la coyuntura y mejorar lo que tenemos. La primera es volver a preguntarse si se requiere algún tipo de asesoría legislativa. Fernando Villegas, por ejemplo, en un audio que circula por redes sociales cree que no. Sostiene, con su habitual agudeza, que un profesional bien pagado (como un congresista) debiera hacer el trabajo legislativo por su cuenta sin necesidad de asesores. Pero lo cierto es que la política es algo más compleja. Un parlamentario debe combinar tareas legislativas, de representación (con los innumerables grupos de interés que circulan en torno al poder) y propiamente políticas (en su rol oficialista u opositor). Estas tareas requieren de un equipo de asesores que apoyen al menos a la bancada a la que pertenece. ¿Por qué? Simplemente porque de lo contrario la deliberación política sería muy pobre. Los congresistas son, en cualquier parte del mundo y salvo excepciones, más generalistas que especialistas; incapaces de ponderar todas las complejidades del debate de política pública. Un autor los definía como un grupo de personas con una cierta conexión con la realidad superior a la del experto que hace la política pública. No mucho más… por eso el rol del congresista es enfrentar al experto con el sentido común; no ser el experto. Una buena asesoría entonces permite elevar el conocimiento del parlamentario para mejorar la deliberación.

La segunda pregunta es cómo hacer para tener una buena asesoría legislativa. Desde hace tiempo se oye decir que basta con reforzar la Biblioteca del Congreso Naciona (BCN)l. Pero eso no resuelve el asunto. La BCN, si no quiere traicionar su misión, debe prestar una asesoría neutral, es decir, una que ponga en la mesa todas las alternativas posibles. Pero no puede tomar posición porque ello la teñiría e inmediatamente perdería su foco. Sugerir un camino (cómo votar; qué preguntar; qué dejar pasar por irrelevante; etc.) solo pueden hacerlo los asesores de confianza, es decir, aquellos que combinan un cierto grado de expertise y una comunidad de principios con el parlamentario. Es esta mezcla la que les permite dialogar con los técnicos y ser escuchados por los políticos.

Fortalecer solo la asesoría neutral desconoce que la política no es matemáticas sino que un proceso deliberativo donde la técnica se entrecruza con principios, ideologías y estrategias que el asesor de confianza pondera mejor que el técnico.

Por eso es que la asesoría de confianza debe fortalecerse. Para ello es necesario crear una cultura institucional que permita distinguir al asesor legislativo del operador. También fijar reglas razonables y no meros formalismos (como sería exigir que toda la asesoría conste por escrito). Hay varias propuestas circulando para ello. Ahora solo hay que decidir.

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Sobre el fallo del TC

Hace dos semanas conocimos el texto completo de la sentencia sobre la ley de aborto. Sin perjuicio que el análisis técnico de una resolución compleja como ésta se hará en artículos especializados; me ha parecido útil, sin embargo, aprovechar esta columna para referirme a una de las críticas que plantearon varios parlamentarios y algunos profesores de derecho. Me refiero, concretamente, al reproche que se le hace al TC por la forma en que zanjó la polémica por la objeción de conciencia.

Éste fue, desde el principio, uno de los problemas del proyecto. ¿Cómo es que, si simplemente se está dejando de castigar con la pena penal un conjunto de situaciones absolutamente extraordinarias, la iniciativa contemplaba, sin embargo, el derecho de los médicos para hacer una objeción de conciencia? La objeción de conciencia adquiere sentido cuando, luego de haberse establecido un deber legal para algo que se estima bueno en sí mismo (por ejemplo defender la patria), la misma sociedad acepta que las personas para quienes esa obligación resulta repugnante se eximan de cumplirla. Y si bien la nueva ley establece que la mujer que se encuentra en esas circunstancias no será castigada si decide abortar, pensar que, por ello, se establece un derecho fundamental para exigir de toda y cualquier persona o institución de la sociedad civil que le practique el aborto, es ir mucho más allá de la despenalización.

En el curso de la tramitación se corrigió el privilegio que había en favor de los médicos, permitiendo que los otros profesionales de la salud también pudieran marginarse del aborto. El TC eliminó la última discriminación, ampliando la objeción a todos quienes pudieren participar en estas operaciones, sean profesionales o no.

Lo otro que hizo el TC fue eliminar la parte del proyecto que circunscribía la posibilidad de eximirse de abortar a una muy concreta forma de objeción de conciencia individual.

Se ha cuestionado la forma que usó el TC para evitar la inconstitucionalidad: eliminar algunas palabras de un párrafo, de modo que, sin ellas, desaparece la inconstitucionalidad. Llama la atención que ignoren que este tipo de intervenciones “quirúrgicas” son bastante habituales en la práctica del TC chileno. Parece más fácil, sin embargo, repetir el mantra contra la “Tercera Cámara”

¿Preferirían, acaso, que el TC chileno hubiera corregido la ley de aborto como lo hizo el TC alemán en 1975 o en 1993, es decir rechazando en bloque el proyecto y demandando al Bundestag que hiciera una ley nueva, sobre la base de los criterios que el propio TC ofrece en la sentencia? ¿Les parecería mejor que el TC chileno hubiera recurrido a la práctica de las sentencias manipulativas de la Corte Constitucional italiana o el TC español? ¿Valen también contra esos tribunales las descalificaciones alarmistas dirigidas contra nuestro TC?

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Cada día puede ser peor

“Cada día puede ser peor” es una de las tantas frases para el bronce que nos ha regalado Bachelet 2.0. Para Chile ha resultado ser una auténtica premonición. Y en lo corrido de este nuevo mes de la patria también lo está siendo para ella, su gobierno y la coalición que lo sustenta. El área económica del gabinete no logró “pasar agosto” como consecuencia de la primacía que en el actual gobierno posee la agenda de cambios estructurales, de profundo sesgo ideológico socialista estatista, por sobre el realismo político económico propio de una conducción prudente. La forma en que fue rechazada la aprobación del proyecto Dominga por el Comité de Ministros no solo concluyó abruptamente con Valdés, Céspedes y Micco fuera de sus carteras, terminó asimismo por convencer hasta los más ingenuos respecto a por qué late verdaderamente el corazón de La Moneda. De paso, el caso en comento dejó traslucir las fuertes e indisimulables pugnas que se viven al interior de Palacio y en la Nueva Mayoría. En su conjunto, el espectáculo resultó grotesco por donde se lo mire. Así llegó septiembre. A poco andar el candidato presidencial de continuidad se ha visto abiertamente salpicado por el affaire de los denominados “informes copy paste” que lo muestra ante la opinión pública como un personero superficial y poco acucioso, sino partícipe de una corruptela de pagos encubiertos a asesores por otra laya de servicios políticos que los oficialmente declarados. La encuesta semanal realizada por Cadem parece recoger el primer impacto negativo que ello ha significado para su respaldo popular, ahora situado casi 25 puntos porcentuales más atrás que el candidato opositor que lidera las preferencias del electorado.

En otro ámbito, las asociaciones gremiales de camioneros han estado cerca de dar inicio a un paro de alcance nacional, como protesta por la larga lista de atentados terroristas impunes que han debido padecer en sus máquinas de trabajo (y personas) en las regiones del Bío-Bío, La Araucanía y Los Ríos, ante la que consideran una débil reacción por parte del Poder Ejecutivo. Únicamente la división existente entre facciones de los transportistas ha permitido al gobierno sortear una situación que le hubiese significado un complejo manejo político. Con todo, el aviso implícito no ha pasado inadvertido para nadie.

Domingo 10. La Mandataria asiste al tradicional Te Deum de las Iglesias Evangélicas. A su llegada a la Catedral fue interpelada bajo el epíteto de “¡asesina!” por personas contrarias a la ley de aborto.

Adentro, aunque con formas respetuosas, tampoco la esperaba una buena acogida. Los pastores le representaron la oposición del pueblo cristiano a las iniciativas legales de aborto, matrimonio igualitario e identidad de género impulsadas por su gobierno. Sucesos nada alagüeños para la Presidenta considerando que aún falta el Te Deum que celebra la Iglesia Católica que, casi con seguridad, vendrá cargado de similares reproches.

Toda evidencia parece indicar que el camino que resta por andar al gobierno de Bachelet hasta el 11 de marzo de 2018 tenderá efectivamente a ser cada vez peor, derrota electoral incluida.

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El boinazo de los ex comandantes en jefe

El primer disparo en el siempre crispado septiembre vino por la mayoría de los ex comandantes en jefe de los cuerpos uniformados durante la democracia. Una carta que parece hecha para evitar el cierre del Penal de Punta Peuco encendió pasiones, pese a que su aparente objetivo era justamente lo contrario. El tono recuerda a las amenazas de los nostálgicos del autoritarismo en los primeros años de la democracia, que marcaban su enojo en cualquier momento que la justicia tratara de esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. El hito más recordado de esos años fue el llamado “boinazo”, consistente en una reunión de generales, rodeados de boinas negras armados hasta los dientes, para recordarle al gobierno civil quién tenía las armas.

Por esa misma razón, el objetivo que buscaba la carta tampoco se logre. Las relativizaciones de las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura, incluyendo al propio acto originario de bombardear la casa de gobierno, para convencer de que la paz social pasa por mantener un penal en condiciones mucho mejores a las que tiene cualquier cárcel del país, no va a generar una corriente de solidaridad en la opinión pública, sino lo contrario.

¿Entonces, cuál es la lógica política y comunicacional tras una carta llena de adjetivos y que obviamente iba a ser una provocación para el gobierno y, por tanto, complicarle una salida política al inminente cierre del penal de Punta Peuco?

Es muy probable que los ex comandantes en jefe le hablen a un público minoritario, pero creciente, que sigue pensando que era necesario todo lo que pasó para pacificar el país, y que se ven a sí mismos como puntal en la estabilidad democrática de estos años. Para ellos debe sonar a música en los oídos la frase sobre “el valor y la decisión con que los uniformados han construido la paz actual”, olvidando la transición y la larga lista de tragos amargos que tuvieron que soportar los primeros gobiernos democráticos, que incluyeron el riesgo que soportó el presidente Frei de quiebre de su propia coalición cuando estableció el penal especial para condenados por violaciones a los derechos humanos. El tono de la carta constituye una de las primeras victorias políticas del grupo de Punta Peuco, que finalmente logró diluir sus responsabilidades individuales y convertirlas en una proclama política de defensa de la necesidad histórica del autoritarismo, con candidato presidencial incluido. Hay que recordar que los voceros de ese grupo acusaron en su momento de blandos a los mismos firmantes cuando dirigían a sus instituciones por no defender a quienes eran investigados. Los ex comandantes, con honrosas excepciones, una vez colgados los uniformes, decidieron sumarse a sus propios críticos.

Lo más grave de la carta es la poca creencia de los firmantes en los mecanismos institucionales para administrar justicia, contenida en la amenaza directa de la frase  “no pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado”. Entre los destinatarios de dicho mensaje está también la oposición actual, a quienes le recuerdan la famosa calificación de cómplices pasivos que hizo su actual candidato para referirse a los civiles que apoyaron el gobierno autoritario. Y, sin duda, recuerda aquella advertencia hecha por un comandante en jefe del Ejército, que dijo en su momento que si tocaban a uno solo de sus hombres se terminaba el Estado de derecho.

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Centroizquierda

Escribo estando fuera de Chile. Nuestros asuntos no conmueven al mundo. Titulares, páginas, imágenes y la web, son copadas por la grave crisis provocada por los independentistas catalanes a España con secuelas para la UE, por los efectos devastadores y sin precedentes del huracán Irma; o por las implicancias de los ensayos nucleares de Corea del Norte. Pero no por Chile. Eso me da buenas excusas para escribir sobre un asunto que sobrevuela hace rato nuestra política, coyuntura tras coyuntura.

Hasta inicios del actual gobierno, nadie gastaba ardores proclamando la importancia de la centroizquierda. Sin embargo, la coalición política que decía encarnarla, dio muestras crecientes de considerarla una realidad incómoda y no una virtud. Quizás fue el mareo con la mayoría parlamentaria de 2013. Concluyeron que la mayoría que debía imponerse no era la de  centroizquierda, tampoco la mayoría social, sino la mayoría política de esa mayoría. Así las cosas, se hicieron minoría social en apenas seis meses de gobierno. Lo mayoritario en la sociedad pasó a ser el rechazo a las reformas educacional y tributaria y en la coalición, las fricciones.

La centroizquierda política se divorció de las mayorías e internamente, sobre todo por las reformas que dieron identidad a este gobierno. Sumémosle esa gestión pública improvisada y chapucera de que fueron haciendo gala y más tarde, los escándalos de la opacidad en la relación entre dinero y política para llegar al presente. Concurre a la próxima elección con dos candidatos presidenciales y listas parlamentarias en competencia. En la necesidad, hoy todos proclaman valorar esa  cultura de centroizquierda tan objetivamente despreciada y hasta motejada de “neoliberal” por algunos. Pero quizás es tarde.

Hay un asunto profundo que lo empapa todo y que hasta los más reacios  comienzan  a vislumbrar. Esa enorme cantidad de familias que dejaron la pobreza y entonces se identificaban con la centroizquierda, ¿siguen teniendo igual identidad cultural y política, ahora como clase media emergente? Esa clase media que representa el mayor cambio social de Chile en 30 años, que ahora percibe desigualdades antes invisibles cuando padecían la pobreza, que cree en su esfuerzo personal y no en la política como razón decisiva de su progreso, que quieren hijos universitarios y ojalá en las elites no en el proletariado, que entienden el rol de la empresa, así como de crecimiento y empleo, porque el 80% trabaja en el sector privado, que rechazan la acción de la centroizquierda que han conocido estos años; esos, ¿siguen siendo de centroizquierda? ¿O vivimos  una nueva realidad social en busca de una representación política que ya no es esta centroizquierda, ni tampoco esa derecha conservadora tan de otros tiempos  como la primera? Demasiados comienzan a reaccionar como si lo supieran o intuyeran. Anuncian tiempos interesantes.

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Actitudes versus palabras

En la vida -y especialmente en la política- las acciones valen más que las palabras, especialmente cuando está en juego la conducción del país por los próximos cuatro años. Hace 10 meses, el diputado PC Hugo Gutiérrez presentó una querella contra el expresidente Piñera por el denominado caso Exalmar. Los fundamentos de la acusación eran delirantes, resultaba evidente que el parlamentario solo tenía pequeños objetivos electorales. Abusando de las instituciones y los procedimientos judiciales, intentó minar al candidato mejor posicionado en la carrera presidencial. Pero las instituciones no se dejaron utilizar, funcionaron y la querella fue definitivamente rechazada la semana pasada; con un fallo unánime de la Corte Suprema quedó comprobada la total y absoluta inocencia del exmandatario.

¿Qué hizo el Senador Guillier en su momento? Trató de sacar pequeñas ventajas electorales y se hizo eco de las infundadas acusaciones que se lanzaban públicamente contra su rival: habló de “la doble moral”, de que para algunos no es importante “la probidad o la transparencia en la gestión o el separar el dinero de la política” y usó frases como “sabemos de su amor compulsivo por las finanzas”.

En estos días ha sido imposible dejar de apreciar el contraste entre la actitud del expresidente y la del senador. La semana pasada se conoció una denuncia periodística contra Guillier por el uso de sus asignaciones parlamentarias para asesorías externas. Se trata del pago de cuatro informes, por un monto de $19 millones, elaborados por la firma del abogado Omar Beltrán Valle -Beltrán Asociados Spa, que se habría constituido una semana antes de comenzar a prestar servicios al senador- y que resultaron ser un “copy paste” de información gratuita que está disponible en el sitio web del propio Congreso.

El caso, que ahora está siendo investigado por el Ministerio Público, encendió una aguda polémica y gatilló una lluvia de explicaciones: desde el tenor de las asesorías  que en total suman casi $47 millones -si fueron verbales, presenciales o telefónicas-, hasta la dudosa dirección de la empresa involucrada.

Como era esperable, la prensa consultó al expresidente Piñera y su respuesta fue clara: “No voy a caer en vicios de criticar sin tener los antecedentes, no voy a prejuzgar”. Hay que investigar, obvio, porque se debe garantizar el buen uso de los recursos de todos los chilenos. Pero los temas hay que abordarlos con responsabilidad, no con la crítica destemplada y oportunista que solo intentar obtener un dividendo de corto plazo, con desprecio de la actividad política y las instituciones.  ¡Qué distinta ha sido la actitud del exmandatario ahora que es el senador quien está en el foco del escrutinio público! Para conducir el país se requiere seriedad, consistencia y serenidad. “No quiero hacerle a otros lo que me ha tocado recibir”, dijo el expresidente, mostrando la coherencia que todos los chilenos esperan en un gobernante.

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El último apagón

Al recorrer el sector oriente de Santiago, todavía se advierten los efectos de la inédita nevazón de julio. Ramas y ganchos amontonados en antejardines, y cientos de inocentes árboles mutilados por una poda tardía y desesperada. El gran apagón producido por algunas de esas ramas y que dejó a más de 311 mil hogares sin energía, -y en algunos casos por varios días-, sin duda puso en jaque las políticas de prevención y respuesta de Enel Distribución, y alimentó el debate respecto a la resiliencia de nuestra red de distribución y la necesidad de soterrar redes.

Muchos apuntan que la solución sería el soterramiento de las redes urbanas, minimizando su exposición a eventuales cortes por caída de ramas o postes por accidentes automovilísticos. Sin embargo, los costos y complejidades asociadas al soterramiento de redes son tan altos, que solo se justificaría en grandes bulevares o cascos urbanos consolidados. En esta materia hay varias propuestas interesantes, como concesionar poliductos, lo que requerirá una serie de modificaciones a las regulaciones para alinear a todos los servicios. Cabe recordar que gran parte de la contaminación visual de nuestras ciudades se debe a los cables negros de telecomunicaciones que cuelgan a media altura en los postes, la gran mayoría de ellos inertes, pero sale más barato pagar el derecho a colocalizar que su retiro.

En este contexto vale la pena preguntarse qué haremos si seguiremos sufriendo este tipo de apagones. Los avances tecnológicos irrumpen con tal velocidad que es probable que para la próxima gran nevazón la mayoría de los hogares contarán con independencia eléctrica. La disrupción de las tecnologías de almacenamiento de energía, propiciado por el cambio de la industria automotriz hacia la electromovilidad, hace muy probable que en menos de una década, casi todos los hogares cuenten con sistemas domésticos de baterías que servirán de respaldo ante un corte de suministro. Incluso los mismos automóviles eléctricos cumplirán ese rol. Por otro lado, en Chile ya contamos con una ley de “Net Metering”, que permite la generación distribuida, o que aquellos hogares que generen sus propia energía o cuenten con capacidad de respaldo puedan entregar a la red sus saldos de energía. Esta revolución ya es posible, si consideramos que la misma Enel Distribución ha instalado más de 60 mil medidores inteligentes en la capital, y apunta a reemplazar el 100% del stock en los próximos años.

En este futuro presente, un eventual corte de la red de distribución, será rápidamente detectado por esta “Smart grid” la cual automáticamente activará los sistemas de respaldo y redistribuirá por esta red inteligente la energía necesaria para cubrir aquellas áreas o sectores prioritarios mientras se resuelve la emergencia. El costo de las tecnologías para alcanzar este tipo de soluciones ha bajado en forma significativa. Incluso comunas como Vitacura desde el 2014 cuentan con un “Mapa Solar” que permite a los vecinos calcular el potencial solar del techo de su vivienda para luego orientarlos respecto a la tecnología más viable y financiamiento para instalar paneles de generación doméstica.

Esperemos que el de julio pasado sea el último gran apagón vivido por Santiago, y que la próxima nevazón contemos con un sistema mucho más robusto e inteligente de energía doméstica.

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Pienso, luego hago lo contrario

Al igual que como ha sucedido con otras iniciativas, el proyecto de Universidades del Estado comienza con una declaración de los más sensatos principios, para luego establecer una serie de normas que apuntan precisamente en el sentido contrario.

En su artículo primero, el proyecto plantea que “Las Universidades del Estado son instituciones de educación superior de carácter estatal… con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura.” Desarrollo integral y progreso, dos conceptos que solo un monstruo no estaría de acuerdo en fomentar. Sin embargo, a la hora de distribuir los recursos, estos loables objetivos pasan completamente al olvido.

El proyecto contempla dos fuentes de financiamiento especial para las Universidades del Estado; Un fondo permanente denominado “Convenio Marco” que deberá ser de al menos $ 35.750 millones al año, y un fondo transitorio de $ 150.000 millones a distribuir en 10 años. Teniendo en cuenta las palabras iniciales, cabría esperar que los criterios establecidos para distribuir estos recursos tuvieran alguna relación con el aporte que hace cada una de estas instituciones al desarrollo del país y al progreso de la sociedad. Criterios como el número de publicaciones, el número de alumnos vulnerables titulados, la cantidad de profesores con algún reconocimiento público, etc.

Pero lamentablemente el proyecto no establece ningún vínculo entre la asignación de los recursos y el aporte que hace la universidad. En el caso del fondo permanente, se plantea que “los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda”. Esto es muy grave, porque finalmente queda a discreción de las autoridades de turno cuanto recibirá cada institución, y ya sabemos cómo termina esa historia.

En cuanto al fondo de $ 150.000 millones, se crea un comité que tendrá la función de aprobar, supervisar y hacer seguimiento a las iniciativas a financiar con estos recursos. Nuevamente se deja al criterio de un pequeño grupo de personas la forma en que serán distribuidos los recursos, sin que se establezcan criterios que vinculen la recepción de recursos a la contribución social de la institución.

Las palabras iniciales, quedan entonces solo en eso. Bonitas palabras.

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Disparo a la bandada

La denuncia que el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier contrató con fondos públicos asesorías que eran un simple “copy paste”, incluso de documentos del propio Senado, lo han obligado a dar explicaciones, que no han brillado por su solidez.

Pero parece no estar pagando muchos costos, cuando la discusión derivó en un enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Senado, en atención a que el órgano persecutor reaccionó a la denuncia solicitando la entrega de la documentación de todas las asesorías realizadas en la Cámara Alta en años recientes. Un disparo a la bandada, que el fiscal regional Manuel Guerra justificó “por un tema de transparencia y de trato igualitario a todos los sectores”. Pero sucede que la Constitución y la ley entregan a la Fiscalía la atribución de investigar delitos que se hayan cometido, lo que requiere hechos que revistan el carácter de tales, y no de andar verificando si se han cometido delitos, sin que se conozcan hechos concretos. Pasar esta línea transforma al Ministerio Público en un fiscalizador omnímodo, un precedente preocupante que amenaza la libertad y los derechos de los ciudadanos. En simple: ¿Le gustaría a usted recibir un oficio de un fiscal pidiéndole que entregue todos sus papeles para ver si ha cometido algún delito? Los fiscales deben investigar el caso del senador Guillier, en que aparecen antecedentes que justifican la pesquisa, y en la medida que surjan otros hechos similares, la podrán y deberán ampliar.

El argumento del igual trato no permite pasar dicha línea. Sin embargo, resulta curioso porque da la sensación que el Ministerio Público se siente al debe al respecto, en lo que no estaría tan equivocado, cuando muchos pensamos que en la investigación del financiamiento irregular de política la mano se cargó hacia un solo lado y ha costado que comience a mirar el otro.

Lo lamentable fue que la reacción del Senado ha tenido un tono de dignidad menoscabada, que en el ambiente actual de desconfianza ciudadana suena a pretexto y defensa corporativa. Ella debió fundarse sobre todo en la extralimitación de funciones, argumentado que si eso sucede con la Cámara Alta, que es un poder autónomo, ¿qué queda entonces para el ciudadano común? Si a ello se agrega que el Senado se ha opuesto a que se hagan “auditorías sorpresa” por parte del Comité de Auditoría Parlamentaria, que es un órgano interno, que por lo mismo no violan su autonomía, y que son necesarias para disuadir acciones irregulares, queda con más fuerza la sensación de que algo se esconde.

Así, los senadores, que debieran actuar en interés de la ciudadanía, han debilitado la defensa del principio inherente a la democracia que los órganos del Estado, incluido el Ministerio Público, no pueden atribuirse facultades que no tienen y deben sujetar su acción estrictamente a las normas legales. Y éstas no facultan al órgano persecutor penal a andar a “la pesca” de posibles delitos.

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