Álvaro Bisama's Blog, page 91

Desestabilización regional y armamentismo: las replicas del sismo nuclear

La última prueba nuclear de Corea del Norte del domingo pasado constituye el más serio desafío a la sociedad internacional de Estados por parte Pionyang, desde  la crisis inaugurada el 4 de julio último, signada por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental norcoreano, en teoría con capacidad de alcanzar  las costas de Alaska. Después de dos meses se ha subido otro listón en una escalada de tensión que como las tragedias griegas amenaza con arribar a un punto de no retorno: que todos declararan no desear, pero al que todos los derroteros tomados parecen conducir.

Los dos sismos registrados por los instrumentos de medición corroboraron otro salto cualitativo de la industria militar de Corea del Norte que ha superado la barrera psicológica de las bombas atómicas de primera generación para pasar a la era termo-nuclear, haciendo gala de haberse hecho de un artefacto de hidrógeno, independiente que no todos los expertos coincidan en que realmente lo posea. Es que lo que realmente importa es la constatación que los programas de Corea del Norte para fabricación de misiles de medio -largo alcance y de desarrollo nuclear avanzan a una vertiginosa celeridad que muchos no calculaban. El hermético estado norcoreano pretende doblegar al miedo inoculado por los bombardeos norteamericanos en la Guerra de Corea (1950-1953) que llevó incluso al general Mac Arthur a considerar usar por tercera vez la bomba atómica sobre Asia, después de los horrores de Hiroshima y Nagasaki. La magnitud de este test nuclear es para Pionyang una garantía de sobrevivencia para su régimen que a través de su ideología Juche glorifica la autosuficiencia, pero también la del propio joven autócrata que obtiene las credenciales para estar a la altura de sus antecesores, y particularmente su abuelo Kim Il Sung, el Presidente Eterno de la República de Norcorea.

Kim Jong Un exige un trato igualitario por parte de los Estados nucleares sin más. Una mala noticia para el proceso sexti partito, que antes de ser desahuciado incluía además de Corea del Norte, su vecina del sur, Japón, China, Rusia y Estados Unidos. Pionyang ha replicado drásticamente al Presidente Trump sobre la base del equilibrio del terror que se sustenta en la doctrina de destrucción mutua asegurada entre dos estados poseedores de armas nucleares lo que “inhibiría” el intercambio de fuego atómico (a pesar que las 30 ojivas nucleares son inferiores a las 6.800 que dispone Estados Unidos). Sin embargo, con el último ensayo nuclear se contribuyó a desestabilizar la zona. Desde luego porque China está obligada, mediante un tratado de protección de los años sesenta del siglo XX , a defender Corea del Norte en caso de ataque, dado que lo que no está dispuesta es a dejar desaparecer a la autocracia de la Corea septentrional. Lo anterior podría alentar una potencial reunificación de la península coreana con Seul como centro articulador y bajo la egida norteamericana. Y Beijing jamás consentirá tener a Estados Unidos en la puerta de su casa.

Desestabiliza porque en caso que Washington no de prueba de voluntad de defensa a sus aliados regionales, las estridentes promesas del Presidente norteamericano de “Fuego y Furia” contra Norcorea podrían quedar como simples bravatas, impulsando en un “efecto cascada” a Seul y el propio Tokio para moverse en dirección a una armamentismo desatado. El Presidente sudcoreano Moon Jae in, que accedió al poder con un discurso de diálogo hacia su vecino septentrional, ha girado hace pocas semanas a una política de mayores sanciones económicas sobre su vecino, reforzando simultáneamente sus capacidades defensivas al autorizar que se complete la instalación de escudos antimisiles norteamericano de sistema THAAD. Lo anterior fue complementado con el lanzamiento de un misil balístico y de proyectiles eyectados por cazas F-15, después de la detonación norcoreana.

Japón en tanto estaría evaluando modificar sustancialmente el artículo 9 de la constitución nipona, que impedía el carácter ofensivo de sus fuerzas armadas. Y con ello azuzaría los fantasmas  chinos que recuerdan con recelo el Japón imperial de siglo XX que invadió su territorio.

Las diferencias posturas fueron galvanizadas en la última sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del lunes 4 de septiembre: No hay acuerdo excepto en la condena general a la prueba nuclear norcoreana. De hecho se dibujaron dos polos claros: Mientras el eje de potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos más Gran Bretaña y Francia, exigió elevar el régimen de sanciones económicas hasta estrangular la deteriorada economía norcoreana, sin descartar la vía militar (como lo declaró la representante de Washington ante el foro “la paciencia tiene un límite”), el dueto de China y Rusia deploró el ensayo atómico, al tiempo que llamó al diálogo para evitar una guerra en la península. Beijing, quizás el único estado con cierta influencia sobre el casi impermeable gobierno norcoreano, pretendió eludir la imposición de un bloqueo económico total sobre Corea del Norte que probablemente significaría el cambio del status quo regional que no admite.

Pionyang está consciente de aquello y precisamente por eso podría ejecutar una nueva prueba de misiles intercontinentales en los próximos días. Elevar la apuesta significaría arrojarlos sobre las proximidades de las aguas internacionales que circundan Guam, territorio bajo administración norteamericana que si se convierte en un blanco, equivaldría a una declaración de guerra para Estados Unidos.

En estos días la península coreana recuerda en alguna medida a la crisis de los misiles de 1962, cuando en Cuba, separada por escasos 150 kilómetros de las costas de Florida, fueron instaladas bases y lanzaderas misilísticas de medio alcance. En la ocasión y después de los 13 días en los que el mundo contuvo el aliento, anta le posibilidad cierta de una tercera conflagración global, nos queda la ductilidad, en medio de la crisis, de una diplomacia discreta que combinó determinación en la defensa de los intereses con el reemplazo de la doctrina de la represalia masiva por la respuesta flexible. Los Estados Unidos de hoy en cambio ha abogado desde el ágora de la Nueva York por acciones contundentes. La mayor amenaza que se cierne, sin embargo, es que la diplomacia sea definitivamente superada.

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Financiamiento de la política, ¿de quién es la culpa?

En las últimas semanas algunas candidaturas han revelado las dificultades que han tenido para obtener financiamiento electoral desde distintos bancos. En este contexto, se han escuchado voces que relativizan la pertinencia de las reformas a las leyes de campañas y financiamiento de la política recientemente aprobadas.

Al respecto, es necesario destacar que la decisión del Banco Estado está fundada en una norma anterior a las reformas, las que mantuvieron disposiciones que facilitan la obtención y pago de créditos para campañas. Por su parte, la decisión de algunos bancos privados viene dada por un sorpresivo temor a verse involucrados con la política, luego de que durante años no tuvieron reparos en hacer donaciones a través de aportes reservados aprobados por sus directorios. En síntesis, la estrechez crediticia no tiene nada que ver con las nuevas leyes.

Las reformas sí atacaron los aspectos más escandalosos de las antiguas leyes, como los aportes reservados, que en la práctica eran sólo reservados para la ciudadanía, ya que éramos los únicos que ignorábamos la identidad de los aportantes. Lo mismo con las donaciones de empresas, que derivaron en una injerencia extrema de intereses empresariales en los procesos legislativos. Por último, reducir los exorbitantes límites al gasto electoral que producían una carrera por atraer recursos para campañas cada vez más caras y centradas en la espectacularidad de la publicidad que invadía nuestras ciudades.

Las reformas aumentaron también los recursos fiscales para las campañas, y estableció el financiamiento público a partidos políticos. Junto con ello, se aprobaron nuevas sanciones y abrieron canales de denuncia ciudadana y fortalecieron las capacidades del Servel para garantizar que los distintos actores ajusten sus prácticas a las nuevas reglas.

Es imprescindible para el fortalecimiento de la democracia y la reconstrucción de las confianzas que estas normas se implementen correctamente, y que la práctica política se adecue a los incentivos que generan (a hacer campañas centradas en ideas y en contacto con la ciudadanía y conglomerados políticos independientes de los intereses empresariales). Relativizar su importancia cada vez que aparecen dificultades propias de la implementación de políticas públicas, nada aporta en esa dirección.  

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Acompañamiento y ley de aborto

En la discusión durante la tramitación de la ley de aborto, se utilizó el programa de acompañamiento como recurso de negociación para su aprobación. Como resultado se creó una gran confusión respecto de su significado y de su relevancia para la intervención biopsicosocial.  De esta manera y para evitar que se siga desvirtuando se hace necesario identificar algunos elementos de la noción de éste para rescatar su sentido y los beneficios que puede tener en el contexto de la problemática del embarazo vulnerable.

Un programa de acompañamiento biopsicosocial tiene como objetivo contribuir en el proceso de restitución de derecho y reparación del daño causado en personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o que han sufrido vulneración de uno o más de sus derechos. En este proceso participa un acompañante profesional y un acompañado que confía en que el primero velará por su bienestar, respetando su autonomía y fortaleciéndola para el ejercicio de ésta en las mejores condiciones. Los principios de la justicia, la solidaridad, la beneficiencia y la no maleficencia se conjugan con el de la libertad para ir guiando la toma de decisiones que permitan el despliegue de los recursos internos y externos de la persona para hacer frente a las situaciones complejas que la aquejan e ir adquiriendo independencia y seguridad para la resolución de los conflictos.

Como se puede observar, el acompañamiento no es, como se ha planteado en el proyecto de aborto en tres causales, una intervención neutra e informativa respecto de distintas alternativas, donde prime sólo la libertad de elegir por sobre otros bienes y en el que no se consideren los daños hacia la propia persona y hacia otros que pudieran derivarse de esa elección. Un buen programa de acompañamiento no lo es sólo por dar alternativas, si no que importan la calidad de éstas y, al menos, debieran garantizar la no maleficencia (no hacer daño). El aborto, aunque sea legal, no cumple con ese requisito no sólo para el no nacido, sino tampoco para la mujer.

“Consideramos que el aborto es un mal social”, “nadie está a favor del aborto, es algo terrible, es algo doloroso, realmente dramático…” son algunas de las afirmaciones que hemos escuchado durante más de dos años por parte de parlamentarios favorables a la ley, inclusive uno de los médicos que apoyó fuertemente la iniciativa, afirmó que “nadie quiere ver un aborto…” refiriéndose a los más tardíos. Más elocuente aún fue la Presidenta de la República que en el discurso de la presentación del proyecto de ley afirmó que”cada aborto en el país es una señal de que como sociedad hemos llegado tarde, porque la prevención no tuvo los resultados deseados”. Considerando todos estos mensajes, podríamos pensar que el interés por incorporar “un programa de  acompañamiento” en el proyecto para las tres causales, tenía como uno de sus propósitos prevenir el aborto. Sin embargo, en la última etapa de la tramitación de la ley, el Ejecutivo dio a conocer que el carácter del programa no era disuasivo, por lo que difícilmente a través de éste se podría prevenir algo “tan malo”.  Cabe aclarar que la disuasión no es coerción como se ha pretendido dar a entender, sino un método que se utiliza con el fin de disminuir riesgos.  En este contexto, para disminuir los riesgos a los que se expone la mujer con el aborto y el que está por nacer, atendiendo a la protección que nos encarga la Constitución. Si no se pretendió nunca prevenir ¿Cuál sería, entonces, el sentido de “llegar a tiempo”?

Todo nos hace pensar que la intención de llegar a tiempo para evitar un mal como han afirmado los partidarios del proyecto en cuestión no fue genuina. La prevención del aborto nunca fue una opción, develando el escaso o nulo interés por la protección de la vida del que está por nacer, anteponiendo siempre la autonomía de la mujer como si esta fuera absoluta y no hubiera otros bienes o voluntades que considerar. El reciente y controvertido fallo del Tribunal Constitucional sólo viene a confirmar esta decisión política tomada hace más de tres años.

Ahora bien, sabemos que el problema ético antecede a la ley, por lo que independiente del fallo y de la ley que está por promulgarse, sigue siendo necesario preguntarse qué se va a entender como disuasivo en el reglamento ¿Dejar de informar sobre las posibles secuelas físicas y psicológicas del aborto? ¿Dejar de hacer ecografías para evitar que la mujer se vincule con el niño en gestación?  Y si dejamos de hacer esto y aquello para ser “respetuosos” de la decisión de la mujer, cabe hacerse  una última pregunta ¿Es justo para ella realizarse un aborto sin tener toda la información y antecedentes necesarios, asumiendo sola la responsabilidad?

Por lo expuesto y por las preguntas que han quedado sin responder, lo más adecuado sería que en el reglamento de la ley se utilice el concepto de asesoría si van a insistir en la neutralidad en el momento en que la mujer embarazada víctima de una violación o que sufre por un diagnóstico de enfermedad letal de su hijo consulte por el aborto, y dejen que la sociedad civil siga diseñando y ejecutando los programas de acompañamiento para la mujer con embarazo vulnerable cualquiera sea la causa.

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Las tornas

Hace cuatro años las encuestas mostraban un apoyo enorme a la Presidenta Bachelet, cuya reelección no solo se veía asegurada, sino que mostraba el respaldo suficiente para llevar adelante un programa de gobierno que perseguía cambiar profundamente nuestras bases institucionales, políticas y de desarrollo. La búsqueda de la igualdad denunciaba que Chile se había transformado en una sociedad gravemente injusta y, tras la elección, el resultado parlamentario auguraba que la nueva administración contaría con las mayorías suficientes para hacer prácticamente todo lo que quisiera.

Anoche, transcurrida la mayor parte de este periodo inaugurado con tanta fuerza, las noticias de televisión mostraban dos tipos de análisis: el primero, respecto de si a la segunda vuelta pasaría Alejandro Guillier o Beatriz Sánchez, con ambos candidatos refiriéndose a sus pretensiones de ser el mejor posicionado para aquello. El segundo, las especulaciones acerca de si el expresidente Piñera podría ganar en primera vuelta.

La Nueva Mayoría políticamente no existe, la famosa G-90, que a los comienzos de este cuadrienio asomaba como la generación de reemplazo que daría vida a una nueva coalición, bajo el liderazgo de Rodrigo Peñailillo, quien se perfilaba como eventual candidato presidencial, también ha desaparecido.

Lo que ha ocurrido con la Nueva Mayoría es frecuente, la fortuna se muestra cambiante especialmente en lo que al poder se refiere. Hitler, en su locura, pretendía que estaba creando el Reich de los mil años, los jerarcas de la Unión Soviética creían haber encontrado el camino a la sociedad final, probablemente Chávez se veía gobernando un continente unificado bajo la figura de Bolívar, pero con el poder en sus manos.

Nada de aquello ocurrió, la historia los arrasó dejándolos convertidos en un punto en el largo devenir de los siglos. Por eso es malo creer que se puede reformular todo, aquellos que han creído en una nueva sociedad o en un “hombre nuevo”, han terminado a la vera del camino antes de lo que pensaron. La democracia convierte en provisional aquellas mayorías que pueden parecer duraderas y esa es una de sus grandes virtudes.

Por eso las retroexcavadoras no se avienen con la alternancia en el poder y con la limitación de su ejercicio, que es propia del estado liberal de derecho. Hay que ser modesto en las aspiraciones de cambio, lo que no significa que renunciar a ser eficaz. Desde el poder se puede cambiar la vida de las personas, así como se puede arruinar, probablemente allí estuvo el principal error de este gobierno y de la coalición que lo sustentó.

La experiencia enseña que la fortuna de los que aspiran a reformarlo todo es fugaz, las tornas suelen girar en la dirección contraria a sus aspiraciones maximalistas, manteniendo una estabilidad discreta, pero virtuosa. Es la estabilidad que, a la larga, permite el progreso que las sociedades suelen buscar.

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Universidades del Estado

La nueva ley de universidades estatales estaba llamada a convertirse en un momento de reencuentro entre el gobierno y las comunidades de las universidades públicas, pero terminó sucediendo lo contrario. Hoy las posiciones se han acercado y los rectores de las universidades del Estado han llamado a votar favorablemente el proyecto en general, no obstante ha quedado en evidencia que subyacen miradas diferentes.

La primera debilidad del proyecto es que no otorga una misión específica a las universidades públicas. Hay una retórica en el mensaje que luego se diluye en el articulado. El Estado no sabe bien qué hacer ni qué atención prestar a sus instituciones, porque él mismo está vaciado de un proyecto de país. Salir de un Estado retraído y sin proyecto es parte del mismo proceso que conduce al fortalecimiento de las instituciones públicas de educación.

Se ve que los redactores del proyecto original piensan que las universidades estatales tienen hoy demasiada autonomía, y una injerencia excesiva de las comunidades en su gobierno. Que ahí está el problema. Pero la autonomía universitaria -y sus comunidades como garantes- descansa en la idea de evitar que el proceso de producción de conocimiento sea capturado por intereses privados o por los gobiernos de turno. Las universidades públicas son parte del Estado no del gobierno, y la autonomía universitaria es lo que salvaguarda una producción pluralista y crítica del conocimiento, y la generación de nuevos sentidos culturales.

En la redacción original también subyace la idea de que democracia universitaria y excelencia académica no se avienen. Es una vieja tensión: el conocimiento genera jerarquías, pero su orientación y diseminación pueden ser materia de deliberación democrática. Aquí, el proyecto apunta, sin mucho disimulo, a la Universidad de Chile y su forma más democrática y compleja de gobierno. Un impensado cuestionamiento -viniendo de esta administración- a la manera en que la Universidad de Chile ha ido reconstruyendo un gobierno universitario democrático, sin sacrificar excelencia académica, luego de la traumática intervención militar de los años 70 y 80.

Sin duda, el proyecto partió con el pie cambiado. En lugar de abordar los problemas que hoy tienen las universidades públicas -de misión; presupuestarios; de expansión de matrícula; de una acreditación acorde a su naturaleza pública; de expansión de la investigación básica, de las humanidades y de las artes; de apoyo a las universidades regionales; de mayor inclusión-, terminó por inventar problemas donde no existían o más bien asumir la tesis conservadora que los problemas de las universidades estatales provienen de su autonomía o de una democracia universitaria incompatible con la excelencia académica. Distintas miradas y sobre todo el debilitamiento de las confianzas, auguran una difícil tramitación de este proyecto.

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¡Crecimiento!

Se ha reiterado que al gobierno no le interesa el crecimiento, pese a la relevancia asignada a la reforma educacional. Si bien esta tarea respondía a la desigualdad de acceso a educación de calidad y a su deficiencia global, la reforma buscaba superar los déficits de RRHH que obstaculizan el crecimiento y el mejoramiento de la productividad. La propia reforma laboral apuntaba a reducir las asimetrías en las relaciones laborales y fortalecer el compromiso de los trabajadores con la empresa, cuestión clave para la productividad. La inversión en salud mejora el bienestar de la ciudadanía pero, ayuda a la productividad al disponer los trabajadores más sanos. Así la política social no comprometía el crecimiento; por el contrario le ayudaba.

El diseño del primer gabinete apuntó a poner en marcha estas reformas. Los ministros compartían su necesidad. No obstante sus capacidades de gestión política no estuvieron a la altura de las circunstancias lo que llevó al primer cambio de gabinete. Con él, Michelle Bachelet (MB) retomó la estrategia aplicada en su primer gobierno: centrar su atención en las áreas relevantes para sus reformas y delegar en un economista ortodoxo el manejo de la economía lo que afectó la consistencias entre las políticas.

Es simplificar el debate sostener que no se valora el crecimiento; existen más bien, visiones diferentes sobre como impulsarlo, el rol del Estado y su relación con el medio ambiente. Para la derecha, el Estado debe limitarse a mantener la estabilidad y entregar incentivos (en particular beneficios tributarios); sobre esa base se le asigna al sector privado la responsabilidad exclusiva de impulsar el crecimiento. El problema, como dijo un destacado líder empresarial es que el sector privado es “cobarde” y, sin un rol activo del Estado para identificar y promover nuevas industrias y actividades productivas, sigue haciendo lo mismo. Esta visión fue compartida por Valdés, lo que se tradujo en que priorizara la reducción del déficit fiscal estructural por sobre la superación de la desaceleración de la economía y la recuperación de la capacidad productiva. El programa de gobierno de Michelle Bachelet incluyó varias medidas, específicamente pro crecimiento, que requerían una mayor inversión pública desechada desde el inicio por Valdés y sobre todo el ejercicio de un liderazgo sobre un sector privado que ha perdido desde hace un tiempo su capacidad de innovación. Se desdibujó así el crecimiento de la agenda económica gubernamental.

Respecto del medio ambiente la derecha, subraya que Chile es un país pobre y, por tanto, las exigencias medioambientales deben ser menores. Para la izquierda, la protección del medio ambiente debe ser más estricta no solo por razones ecológicas; también pues el deterioro medioambiental es oneroso en el largo plazo y la inversión en medioambiente, representa ventajas competitivas para el futuro, muy relevantes. El caso de China es un ejemplo de la primera visión; Alemania potencia de la economía verde, del segundo. No cabe, en consecuencia, caricaturizar el debate en búsqueda de ganancias electorales fáciles. Más bien, de lo que se trata es concordar principios básicos y mejorar la institucionalidad ambiental.

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Política, ciencia y posverdad

En Abril de este año casi 3.000 personas asistieron a la Marcha por la Ciencia en Santiago. Lo mismo ocurrió en otras 600 ciudades alrededor del mundo. ¿El objetivo?  Protestar para que la ciencia sea parte de decisiones políticas.

Hoy por hoy existen grupos en la sociedad civil que entre otras cosas promueven una vida saludable, asegurar una buena alimentación, cuidar el medio ambiente, proteger nuestros recursos.  ¿Quién podría estar en contra de esto? El problema es que los argumentos utilizados para apoyar u oponerse a temas específicos generalmente no están apoyados por la evidencia científica. Y aquí está el origen de un problema mayor, ya que buscando provecho político muchos de nuestros parlamentarios y autoridades optan por comunicar y conectarse con la gente y estas causas, a través de mensajes simples y emotivos sin importar si la ciencia apoya sus dichos. Esto ha llevado a que en diversas ocasiones  se ha relativizado la información científica primando creencias populares y mitos urbanos, lo que conocemos hoy como posverdad. Este concepto que se ha popularizado en el último tiempo ha sido definido como “las circunstancias en las que los hechos objetivos influencian menos a la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales”. Esto no es reciente y ha influido e inducirá a errores en la toma de decisiones.

En ciencia la verdad absoluta no existe, pero si existen los hechos que conforman la evidencia que permite tomar decisiones. Los ciudadanos, en general, no tienen porque saber y compartir lo que los expertos y el consenso científico, libres de emociones, dicen en relación a distintos temas técnicos. Sin embargo, es responsabilidad de los políticos y autoridades tomar decisiones basadas en evidencias y hechos, donde prime el bien común y el interés público, por sobre cálculos respecto al propio futuro político y el aplausómetro popular.

¿Cómo es posible que aún haya parlamentarios que de manera contraria a la evidencia científica insisten en comunicar que las vacunas producen autismo? ¿Cómo puede haber autoridades que abiertamente digan que los transgénicos no han sido estudiados y que son un peligro para la salud y el medio ambiente? ¿Cómo es posible que existan personajes públicos que promuevan prácticas médicas no reconocidas o remedios mágicos?

Las últimas semanas hemos sido testigos de varios ejemplos de lo anterior. Por un lado el Servicio de Evaluación Ambiental autoriza un proyecto de desarrollo pero las autoridades políticas lo rechazan. ¿La institucionalidad técnica no sirve?. Por otro lado en un matinal de Tv se concede amplia tribuna a un médico que realiza recomendaciones contrarias a la ciencia y a todo lo que prescriben sus colegas. Esto muestra la necesidad de exigir mayor rigurosidad a algunos medios de comunicación.

Las personas que no quieren vacunar a sus hijos, o que no desean comer transgénicos o prefieren la medicina alternativa en vez de la tradicional, de manera genuina están preocupadas por su bienestar y deciden según lo que creen mejor. Actúan en base a lo que leen y escuchan, de personas a las que atribuyen autoridad y conocimiento. Por ello, se hace necesario fortalecer la educación en el país y estimular el pensamiento crítico que permita que la evidencia científica y los hechos primen a la hora de tomar decisiones. Debemos exigir los datos, las pruebas y evidencias que sustentan las decisiones.

En Chile carecemos de una cultura científica, y así el ambiente es propicio para la aparición de líderes populistas que nos seducen con mensajes que apoyen o confirmen nuestros puntos de vista meramente emocionales. En los próximos años tendremos que definir cuestiones ambientales, de salud pública, y de alimentación, entre otras, y aunque el conocimiento técnico por si sólo no garantiza que se tomen las mejores decisiones, será importante que tengan espacio en la opinión y decisiones los expertos de cada tema. Expertos de verdad, con credenciales, grados y publicaciones científicas.

Si los científicos no se pronuncian, no participan, o sencillamente no se les considera; se permitirá que las verdades alternativas basadas en emociones, fantasías y mentiras predominen en nuestra sociedad.

¡La política, las comunicaciones y la ciencia se deben unir para derrotar y mantener a raya la posverdad!

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El caso Maldonado en Puelmapu

Por estos días el tema mapuche ha ocupado las primeras planas de todos los medios. No hablo de Chile, hablo más bien de la República Argentina. Crónicas en diario Clarín, reportajes en La Nación, media docena de columnas en Página 12. El pasado domingo fue tema central del estelar televisivo del periodista Jorge Lanata. Hasta en los matinales ha salido el tema a colación. ¿A qué se debe tanto revuelo mediático?

Trata de la desaparición de un joven artesano de 28 años oriundo de la provincia de Buenos Aires y radicado en Esquel, Santiago Maldonado. Se sabe que viajó hasta la provincia de Chubut para apoyar el reclamo de una comunidad que reivindica tierras en manos de la familia Benetton. Si, los dueños de la mundialmente conocida marca italiana de ropa. Y los mayores terratenientes de Argentina.

Allí Maldonado habría participado de un corte de ruta, acción de protesta para exigir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, preso en Esquel y quien es reclamado por la justicia en Chile por causas abiertas en la región de Los Ríos. Aquella protesta fue violentamente reprimida por la Gendarmería Nacional. Consta en varios registros que hubo disparos y apaleos varios. Fue la última vez que se lo vio con vida.

Los mapuche denuncian que Maldonado fue tomado por la policía, torturado y hecho desaparecer. El gobierno niega esta versión, respaldando el trabajo de la Gendarmería. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a calificar como “una locura” la teoría de la desaparición forzada que impulsan sus familiares y organismos de derechos humanos. Ha transcurrido más de un mes entre esos dimes y diretes. Y noticias del artesano, ninguna.

El caso ha golpeado a la opinión pública. Y es que la desaparición de Maldonado toca una fibra muy sensible en un país con escandaloso historial de terrorismo de Estado. Se suma a ello el momento político; el joven desapareció en medio de los primeros comicios que enfrenta el gobierno de Macri, en octubre próximo. La politización del caso fue cuestión de horas. Si hasta Cristina Fernández salió al ruedo buscando acarrear agua para su molino.

Muchos argentinos se han enterado hoy que su país también es tierra de “indios”. Así nos llama el periodista Jorge Lanata. “Indios truchos”, como calificó a Jones Huala y sus seguidores en el estelar Periodismo Para Todos. Lanata llegó a viajar a la cárcel de Esquel para entrevistar en exclusiva al lonko. Y corroborar in situ su delirante teoría de una “guerrilla mapuche” cercana a ISIS, expuesta en una columna del diario Clarín. No le fue muy bien en las tierras de los legendarios Inakayal y Sayweke.

Y es que el joven lonko nada tiene de guerrillero. Ni él ni su grupo. Trata de un puñado de jóvenes -urbanos en su mayoría- recuperando tierras y también la herencia de sus abuelos. Son los nietos del despojo, criados en los barrios pobres de Bariloche y otros pueblos de la Patagonia. Los mueve la memoria, no el materialismo histórico. No buscan la conquista del poder, más bien lo desprecian. Quieren tierras para vivir en paz y a su modo. De la huerta y los corrales. Y no dejar de ser lo que antes fueron sus mayores.

Pero la mayoría de los argentinos opina como Lanata. Aseguran que los mapuche son “invasores chilenos”. De la guerra de ocupación comandada por Julio Roca en la segunda mitad del siglo XIX no dicen ni pio. Desierto. Así llamó la historia oficial al extenso y libre territorio indígena al suroeste de Buenos Aires. Tenía lógica el argumento. Si se trataba de un desierto entonces las millones de hectáreas eran “tierra de nadie”, posibles de apropiar por el fisco y luego repartir entre hacendados ingleses y porteños.

Pero el “desierto” nunca fue un desierto. Hasta tenía una lengua franca; el mapuzugun, el habla mapuche de la tierra. Esta fue por siglos la lengua de la diplomacia, el comercio y también de las guerras inter-tribales que existieron y pocas no fueron. El mapuzugun es la prueba de una ocupación de larguísima data. Basta chequear la toponimia. En las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut sobran los vocablos en nuestra lengua. Son cientos. He aquí un dato irrefutable.

Pero los argentinos insisten que los mapuche son chilenos. Es raro aquello. En Chile el etnólogo Ricardo Latcham aseguró en su minuto que los mapuche éramos todos “argentinos”, descendientes de alguna rama de la cultura guaraní. Y que previo al arribo español habíamos invadido Chile por los pasos cordilleranos. Esto lo tomó más tarde el historiador Francisco Encina y se volvió doctrina oficial en los colegios. Es la llamada “cuña araucana”. ¿No será más bien que Chile y Argentina están en suelo mapuche?

El tema está en el debate público. Aquello siempre será una buena noticia. Y lo será todavía más cuando sepamos qué pasó en verdad con Santiago Maldonado.

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La ciudad compacta

Varios de los últimos debates urbanos han tenido como protagonista a la densidad de nuestras ciudades, es decir, el número de personas que habita en una determinada porción de suelo. La de Santiago, a partir de los datos disponibles, es de 480 habitantes por km2, algunos sostienen que no es tan alta en comparación con países de igual desarrollo, puede ser, lo que sí está claro es lo desprestigiado que está el modelo. Hablar de densificación significa para muchos hacinamiento y mala calidad de vida, pero el problema no es el método, si no lo mal que se ha implementado. Por un lado, está el abuso de la densificación en altura, allí están los ya famosos “guetos verticales” levantados por privados. Por otro, aunque menos rimbombante, lo que podríamos llamar “guetos horizontales” construidos en las últimas décadas por las políticas públicas de vivienda, en su mayoría blocks de viviendas sociales que dominan parte importante de barrios estigmatizados, segregados y homogéneamente pobres. Son la otra cara de la densificación: zonas marginadas y mal equipadas. Cerro Navia, Lo Espejo y La Granja dominan en este sentido; Quilicura, Puente Alto y Maipú, en tanto, son las con mayor tasa de crecimiento proyectado mediante los dos modelos. Todas, sin embargo, evidencian una alta concentración de problemas y conflictos fruto de su mala densificación, segregación y uniformidad social y funcional.

Por cualquiera de las dos vías, estas actuaciones agresivas y degradantes sobre la ciudad han descuidado la calidad del espacio público, la relación entre lo edificado y la calle destruyendo todo dialogo formal y espacial, condición fundamental para el éxito de un proyecto en el largo plazo, y clave para la calidad de vida en el corto. La ausencia de regulación, una gestión local displicente y una pobre economía de políticas públicas de vivienda, han terminado por hipotecar el valor de esos sectores de la ciudad. La solución masiva de conjuntos habitacionales con un mal diseño de equipamientos, espacios públicos y servicios ha hecho más difícil la convivencia dentro de las comunidades, también -y algo muy relevante, aunque poco advertido-, ha desprestigiado y dañado la necesidad de una densificación equilibrada, no lo que hemos visto hasta ahora. Está comprobado -y en Chile alguna vez se hizo así-, que una de las mejores soluciones para densificar, el modo en que sí se debe hacer, es dotar a los barrios con edificios de altura media bien servidos, conectados y con espacios públicos de calidad. Ejemplo paradigmático es la Villa Frei en Ñuñoa.

La densidad no tiene que ver con apilar la mayor cantidad de personas posibles en un metro cuadrado, tampoco con rentabilizar al máximo mediante soluciones que expropian el valor potencial de las propiedades colindantes. Una ciudad densa es una ciudad compacta que pueda conjugar el uso de suelo natural y rural con el uso de suelo urbano, esto es garantía de sustentabilidad al evitar el desmedido crecimiento por expansión. Una ciudad compacta es la que privilegia el acceso a viviendas colectivas de calidad en vez de soluciones unifamiliares aisladas o apiladas sin control, pero sobre todo es la que integra y mezcla usos y personas. Siempre habrá quienes so pretexto de resolver estos problemas dirán que expandir la ciudad hacia arriba o hacia los bordes será una solución automática, de hecho, ya empiezan a emerger discursos a favor de extender los límites urbanos sin respaldos que evidencien esa necesidad. En pleno debate presidencial y parlamentario sería bueno entender que una de las mejores soluciones para densificar la ciudad es hacerla más compacta, no más extensa ni infinitamente más alta.

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¿Qué busca realmente Corea del Norte con sus ensayos nucleares?

Esta es, sin duda, la pregunta que cientos de políticos, militares y analistas se han estado haciendo desde el reciente ensayo nuclear norcoreano ―el sexto desde 2006―, el cual esta vez realmente habría sido una bomba de hidrógeno (Bomba H), considerando la intensidad del estallido subterráneo.

Hace años que el régimen de Pyongyang ha estado llevando adelante pruebas con misiles balísticos y detonaciones nucleares. Y durante todo ese tiempo la respuesta de la comunidad internacional, encabezada por Washington, han sido sucesivos paquetes de sanciones económicas que siguen sin generar ningún impacto en la dinastía de los Kim.

Las dos primeras detonaciones ocurrieron en 2006 y 2009, durante el gobierno de Kim Jong-il, padre del actual gobernante. Y las cuatro restantes se concretaron a partir de 2013, bajo el gobierno de Kim Jong-un, apenas dos años después del fallecimiento de su predecesor.

Algo similar ha ocurrido con las pruebas de misiles balísticos, las cuales se incrementaron drásticamente desde la llegada al poder del “joven Kim” hasta ahora, generando inquietud entre vecinos como Corea del Sur y Japón, y el rechazo unánime de la comunidad internacional.

¿Qué busca ganar Kim, entonces, con todo este despliegue de poder? La respuesta no es fácil, pero sí se pueden aventurar algunos puntos.

En primer lugar, probablemente, Corea del Norte continuará realizando este tipo de actos hasta obligar a Occidente en general, y a EE.UU. en particular, a sentarse a una mesa de negociaciones. Pero no pensando en iniciar el desmantelamiento de su programa nuclear y de misiles balísticos; nada de eso.

Lo que Kim desea es que el mundo reconozca a Corea del Norte como una potencia nuclear, con derecho a tener ese poderío, y en igualdad de condiciones que India, Pakistán, Reino Unido o Francia. En otras palabras, que la comunidad internacional acepte a una “Norcorea nuclear” como parte de un nuevo e irreversible escenario mundial.

En ese contexto, lograr ese objetivo sería una demostración clara de la capacidad de Kim para “doblarle la mano” al mundo, lo que lo posicionaría como un actor de primera línea en el este de Asia y todo el planeta.

Y siendo aceptado como potencia nuclear, las sanciones que han impuesto EE.UU. y Naciones Unidas, entre otros actores, ya no tendrían ningún sentido, obligando a levantarlas. Algo similar a lo ocurrido con Irán ―un caso muy diferente, por cierto, ya que Teherán tiene tecnología nuclear pero no bombas―, que tras los acuerdos de 2015 vio la suspensión de varias de las sanciones que asfixiaban su economía.

En segundo lugar, un triunfo como el anterior, sería una poderosa señal “puertas adentro”, que fortalecería aún más su posición de poder, tanto frente a la población civil como los militares. Y de paso, permitiría enrostrarle a Seúl una supuesta superioridad militar; una obsesión de los tres gobiernos norcoreanos desde el fin de la guerra entre ambos países, en 1953.

Un tercer punto es que ser reconocido como una potencia nuclear le permitiría a Norcorea ganar una posición más ventajosa frente a su aliado histórico, la República Popular China, que durante años ha intentado convencer a los Kim de cambiar el rumbo de su política exterior, bajo la amenaza de cerrar su mercado a las exportaciones norcoreanas; China le compra prácticamente el 85 por ciento de su producción a Corea del Norte, pero a pesar de eso, Kim se ha mostrado abiertamente díscolo ante Beijing.

Por último, ser reconocido internacionalmente, desde la perspectiva de Pyongyang, garantizaría que ni Estados Unidos ni ningún otro país intentarían atacarlo o derrocarlo. Kim Jong-un tiene muy claro cómo acabaron figuras como Saddam Hussein, Hosni Mubarak o Muamarl Gadafi. Y frente a eso, desde su perspectiva, el poder nuclear lo volvería intocable.

El próximo 9 de septiembre es el aniversario de la fundación de Corea del Norte, una fecha en la que tradicionalmente el gobierno norcoreano ha realizado importantes despliegues militares. De modo que es probable que Kim aún guarde alguna sorpresa bajo la manga, que elevará más la tensión mundial, en un abierto desafío al Estados Unidos de Donald Trump y el resto del mundo.

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