Álvaro Bisama's Blog, page 101

¿Otra política?

A propósito de la disputa del Frente Amplio (FA) en el distrito 10 por el cupo parlamentario de Alberto Mayol, se ha instalado una dura crítica a lo que sería un presuntuoso y fallido intento del FA de desarrollar una “nueva forma de hacer política”. Cabe preguntarse: ¿Existe realmente la posibilidad de pensar y construir “otra política” o hay una sola manera de entender y hacer política?

Es cierto que la política -en su dimensión de acumulación y disputa del poder- tiene ciertas constantes. Prueba de ello es que un libro como El Príncipe de Maquiavelo siga siendo lectura obligada para estudiosos y políticos después de 501 años. Pero también es cierto que la política es ante todo una lucha por definirla: quiénes la hacen, en torno a qué temas, con qué medios y para qué fines. No existe “una” política porque es parte de su naturaleza estar redefiniéndose al mismo tiempo que se la vive y ejerce.

El presidenciable J. A. Kast -a su manera- entiende el tema cuando plantea “basta de politizar la política”, retomando así el ideario despolitizador gremialista. Esta frase -recibida con sorna- pone en disputa la noción misma de política. En las antípodas, una mirada progresista debería intentar hacer más extensivo y gravitante lo político en la vida de la sociedad y de las personas. Es decir, estar permanentemente “politizando la política”, lo que significa evitar que ésta se convierta en un espacio vacío de sentido, indiferenciado en sus opciones, y en un quehacer desprestigiado en que todo vale lo mismo. La despolitización es el aliado natural del statu quo.

Si buscar “otra política” es esencial e irrenunciable para un proyecto transformador, ¿qué es lo que generó, en este caso, tanto revuelo y pérdida de imagen al FA? El error del FA estuvo en reducir el desafío de la “otra política” a una idea excesivamente moralizante -la política no es el lugar para salvar el alma, diría Weber- cayendo en una prédica que terminó por volverse en su contra. Al final, quedó la impresión de que no solo no podían sostener el estándar moral que se autoimponían (“no serás candidato si te salió mal la alcoholemia” o “si quieres serlo, arrepiéntete y pide perdón por tu pasado concertacionista”), sino que el latiguillo moral parecía estar siendo usado como excusa para sacar adversarios políticos del camino (la acusación inicial de violencia de género contra Mayol, que luego no pudo sostenerse, instaló la sospecha). Envolver rudas acciones de poder bajo un halo de “buenismo” y razones “éticas” es lo que ha generado los efectos más corrosivos de este episodio. Una moraleja podría ser: si vas a hacer alguna cosa “mala” (una decisión difícil de poder, por ejemplo), mejor explícala políticamente y sobre todo evita darles una connotación moral a acciones que no la tienen. Quizás no quedarás siempre como “el bueno de la película”, pero a la larga serás más creíble.

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Imperativo cambio de rumbo

Las cifras de cuentas nacionales dadas a conocer por el Banco Central la semana pasada fueron una mala noticia. De acuerdo al instituto emisor, el crecimiento del PIB del primer semestre de 2017 fue de solo 0,5%, la cifra más baja registrada desde 2009, cuando el país se encontraba en medio del remezón financiero que afectó a los mercados. Sorprendentemente, en un contexto internacional bastante favorable, nuestra economía continúa debilitada, y si la medición se realiza en términos per cápita, lo que las cifras muestran es que estamos retrocediendo.

Pero ésta no fue la única mala noticia. Tan o más preocupante que lo anterior ha sido la estimación del PIB tendencial realizada por el grupo de expertos convocados anualmente para estimar este parámetro, de cara a la elaboración presupuestaria del año 2018, la cual fue ajustada a 2,6%, continuando así la tendencia decreciente que hemos venido observando en los años recientes. Como factores determinantes de esta nueva proyección han influido el débil comportamiento de la inversión y un deterioro adicional en la contribución de la productividad al crecimiento, estimando los expertos una cifra negativa de -1,2% para 2017 por este concepto.

Estas cifras hablan por sí solas, y dejan de manifiesto que las deficiencias de las reformas más emblemáticas impulsadas por el gobierno, unido al cuadro de incertidumbre que han generado, nos han conducido por un rumbo que hoy día tiene a la economía chilena empantanada. Acercándose un nuevo ciclo político, para retomar la senda extraviada será imperativo introducir un golpe de timón que cambie el marco de referencia.

Como primer paso va a ser prioritario elaborar una agenda orientada a reimpulsar el crecimiento económico, reposicionando el rol del emprendimiento y la innovación como motor del desarrollo. Para esto será fundamental remover trabas que están afectando la inversión, corregir los problemas técnicos contenidos en las reformas aprobadas, y cambiar las señales que continúan afectando negativamente las expectativas. Pero ello no será suficiente para darle sustentabilidad al crecimiento económico. Hay que aprovechar esta oportunidad para reforzar las condiciones requeridas para que el país pueda insertarse exitosamente en la nueva revolución industrial que está teniendo lugar, y así lograr mejoras en la productividad que tomen en cuenta este nuevo escenario. Una legislación laboral más flexible, que se haga cargo de la realidad y de las necesidades del siglo XXI; un fortalecimiento de nuestro capital humano, partiendo en los primeros años de educación de nuestros niños, motivándolos con una actitud emprendedora y creativa para que puedan programar soluciones orientadas a resolver desafíos; una capacitación digital efectiva para los trabajadores chilenos; y un esfuerzo decidido para que todas las empresas y especialmente las de menor tamaño- puedan mejorar su competitividad y capacidad de innovación, de manera de posicionarlas para jugar un rol protagónico en este reimpulso al crecimiento, serán los elementos fundamentales requeridos para reencauzarnos al desarrollo.

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¿Es ésta la reforma que necesitan las universidades estatales?

Las universidades estatales todavía esperan por una reforma a su marco regulatorio. La mayoría es gobernada por los mismos estatutos que les fijó el general Pinochet, cuando el sector era diez veces más pequeño y la profesión académica y las instancias de representación estudiantil eran sujetas a un férreo control gubernamental. El gobierno universitario era ejercido por rectores militares, el financiamiento no había sido diversificado (en múltiples líneas independientes) y la competencia por prestigio no cumplía un papel importante en la operación de estas instituciones. Sin embargo, es útil notar que la reforma de 1981 no sólo definió los estatutos de las universidades estatales, sino que también fijó el tipo de relación que emergería entre el Estado y sus instituciones formativas de nivel superior. Siguiendo la recomendación de Bruce Vogeli, se impuso el criterio que el Estado debía ser muy estricto con sus universidades, para evitar su expansión descontrolada a costa del sector privado y el erario nacional.

La ausencia de una agenda que permitiera reconfigurar esa relación ha sido la constante durante los años siguientes. El último esfuerzo sustantivo de reforma – el proyecto de ley de 1997 – no tuvo ningún destino. En la mirada del ejecutivo, la culpa fue de las universidades: no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre un modelo común de estatutos. Desde entonces, y a falta de un modelo de gobernanza común, los gobiernos han insistido en aplicar un modo de relación con todo el sector que presta poca atención a las universidades estatales a la vez que enfatizan un trato “igualitario” para todas las instituciones de educación superior, dentro del contexto competitivo que han contribuido a crear las políticas públicas. Esa consistencia discursiva, sin embargo, no se aviene bien con los múltiples controles que se imponen a las universidades del Estado.

La administración de la Presidenta Bachelet apuesta hoy por una nueva reforma, pero su avance es incierto pues ella es resistida desde las universidades estatales. Amparadas en la defensa de su autonomía, las comunidades académicas no quieren adecuar su estructura de gobierno a una mayor injerencia externa, en particular, desde el mundo político y la industria. También se oponen a que los funcionarios del gobierno y los partidos tengan mayores atribuciones explícitas para el desarrollo de nuevas políticas universitarias. Por su parte, los rectores y directivos celebran discretamente la posibilidad de ser liberados de los controles burocráticos, tanto administrativos como financieros, que afectan su propia gestión.

Este modo de discusión de la reforma de las instituciones del Estado – que coloca al frente el interés de cada universidad – ha postergado un análisis más global sobre el sentido (y posibilidades) que puede tener esta iniciativa para fortalecer la educación superior pública. Por lo pronto, no define el lugar que las universidades estatales deben ocupar en el sector. Esto es importante porque, en menos de tres décadas, ellas pasaron de tener más del 80% a menos del 20% de la matrícula a nivel nacional a medida que el sistema se expandía de la mano de una provisión privada pobremente regulada. Vale la pena notar que el actual proyecto de ley no aspira a generar nuevas estructuras ni producir recursos, como la renovación y ampliación de las plantas docentes, para expandir la oferta académica estatal.

Por el contrario, la iniciativa legal en trámite en la Cámara de Diputados parece buscar una competencia más justa entre todas las instituciones, aligerando el control administrativo sobre las universidades públicas. Eso, que en el corto plazo puede ser útil para que ellas mejoren su posicionamiento, también conlleva riesgos sistémicos importantes. Exacerbar la competencia en un sector tan competitivo como la educación puede acarrear nuevos problemas de corrupción. Especialmente, cuando la matrícula total se contrae en 2017 por primera vez desde la reforma de 1981, como reporta INDICES del CNED. A su vez, un renovado énfasis en la competencia puede desincentivar la colaboración entre universidades y al interior de ellas, limitando un uso más eficiente de los recursos que el país invierte en educación superior.

Por otra parte, el proyecto desdibuja la identidad de las universidades estatales y la función que cumplen en el sector. ¿Están llamadas a ser instituciones de referencia, centradas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? ¿Deben ser la guía que oriente el desarrollo de los procesos formativos de las nuevas universidades privadas? Si el objetivo consiste en que las universidades estatales ocupen un nicho de excelencia (aunque acotado) dentro del sector, la principal consecuencia de la normativa propuesta será que el acceso masivo a la educación profesional y técnica quedará reservado para las instituciones privadas de absorción de demanda, sin ningún contrapeso desde lo público. Los gobiernos deberán confiar que la regulación será suficiente para evitar el desbande de la oferta privada. Difícilmente tendrán otra alternativa, aunque la experiencia acumulada por las agencias de evaluación de la calidad sugiera que este resultado es bastante incierto.

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Combatiendo al real enemigo

En la escena más notable de la ya clásica película ‘Crimson Tide’ (Marea Roja, 1995), el comandante de un submarino nuclear estadounidense intenta comprender -sumergido en medio del océano Atlántico y rodeado por su plana mayor- la posición político-moral de su oficial ejecutivo respecto al uso eventual de bombas atómicas frente a un grupo de militares separatistas rusos que se habían adueñado de una parte del arsenal nuclear de dicho país, amenazando con atacar a los Estados Unidos. En medio de la tensión misma de la conversación, el comandante del submarino cita una de las ideas más interesantes del libro ‘De la Guerra’, obra magistral del mariscal prusiano Carl Von Clausewitz: ‘La guerra es la continuación de la política por otros medios’. Independiente de la discusión respecto al real sentido de la afirmación de Clausewitz, la intención del comandante de la embarcación era forzar a su oficial ejecutivo a aceptar que, en tales condiciones, la opción nuclear, además de ser una señal política, podría eliminar por completo la amenaza de enemigos tan complejos. Frente a ese emplazamiento, el oficial ejecutivo responde con prudencia que, en su opinión, lo que Clausewitz quería decir era algo más complejo; que incluso en la actualidad y en medio de una era nuclear, el real enemigo no se podía vencer; en sus palabras, ‘el real enemigo es la guerra en sí misma’.

Hoy, al igual que en este diálogo ficticio, nos enfrentamos a condiciones históricas tremendamente complejas. Los conflictos políticos, sociales y religiosos alrededor del mundo no pueden dejarnos sin opinión ni respuesta. Desde la crisis política en Venezuela y la tragedia derivada del poder del narcotráfico en Méjico hasta la permanente crisis climatológica, sectaria y humanitaria en el África subsahariana. Desde el incipiente nacionalismo radical en los Estados Unidos y sus símiles europeos, hasta la tensión entre Washington y Moscú por la influencia geoestratégica sobre Europa del Este y Oriente Medio. Desde la tragedia siria y la crisis de los refugiados, hasta la movediza frontera del Kurdistán. Desde la explosiva frontera en Cachemira al norte del subcontinente indio, hasta la belicosa retórica del régimen de Pyongyang. El planeta sufre una serie de conflictos que no sólo repercuten en esferas regionales o hemisféricas, sino que los efectos de cada uno de ellos afectan la seguridad global desde una perspectiva unitaria. Estamos en guerra, sí, y uno de los frentes de batalla más importante se juega en el campo de las ideas.

El reciente atentado en la ciudad de Barcelona, reconocido en su autoría por el E.I. (tal como su símil en Londres y antes en Manchester, Berlín, Bruselas, París…) es un ejemplo más de la masificación de las trincheras ideológicas. La radicalización islamista y sus manifestaciones a partir de actos terroristas representan, efectivamente, una de las guerras más importantes de nuestros tiempos. Esto no significa que las guerras convencionales hayan terminado, no es que las teorías liberales hayan prevalecido necesariamente por sobre las realistas, no es que nuestro actual estadio civilizatorio haya superado la natural inclinación humana hacia los conflictos. Al parecer, una posibilidad es que la radicalización ideológica -simplistamente atribuida sólo a islamistas integristas- ha secuestrado la atención de Occidente, poniendo énfasis en una afirmación tremendamente compleja: ‘Europa y Occidente están bajo fuego’.

En la más reciente publicación de Azar Gat, ‘The causes of war and the spread of peace. But will war rebound? (Oxford University Press, 2017), el autor pareciera ser muy asertivo al señalar que esta ola de terrorismo yihadista no pone en riesgo la existencia misma de lo que podríamos definir como el Occidente liberal. Su argumento descansa en que, paradójicamente, la amenaza ideológica del nacionalismo europeo de la primera mitad del siglo pasado infirió un peligro mucho mayor; esto, debido a que corroía desde sus propias instituciones, los fundamentos mismos de dicha estructura civilizatoria. Gat concluye su idea señalando, además, que el peligro del terrorismo islamista radical se profundizaría siempre que estas células coordinadas lograsen tener acceso a armas de destrucción masiva. Esta posibilidad, por el momento y de acuerdo a lo que sabemos, pareciera verse lejana. Que el terrorismo islamista radical es una amenaza, no cabe duda, pero cuidado de no ponderar los riesgos como corresponde.

Creo que la atención debiera ponerse en la amenaza real. Ésta -sin obviar el hecho que estos innumerables atentados afectan el corazón de la sociedad europea en lo más profundo- se hace fuerte desde la radicalización ideológica y no particularmente desde lo artesanal de sus armas. Es por lo mismo que un atropello indiscriminado, signo de la vanguardia terrorista de esta nueva ola de violencia, genera pavor no sólo en Barcelona, sino que en toda Europa. La respuesta frente a estos radicales debiera fortalecerse entonces no sólo desde los servicios de inteligencia, sino que por sobre cualquier cosa desde las estrategias de de-radicalización. Para ello, lo primero que debemos entender es que este problema no es religioso, sino que ideológico. Es más, es desde una tribuna supuestamente religiosa desde donde los ideólogos radicales conminan a sus soldados a perpetuar actos de violencia en nombre de una idea, generalmente política. El terrorismo sistemático en Oriente Medio opera de la misma forma. La violencia sectaria que atenta contra la vida de decenas de musulmanes de diversas etnias, todos los días, descansa en posiciones ideológicas, no religiosas. Recordemos esto cuando nos quieran convencer que sólo Europa sufre.

Si en una era nuclear el verdadero enemigo es la guerra en sí misma, en un contexto de radicalización, el verdadero enemigo es la sacralización de una idea que justifique la violencia y la muerte. Perseguir, combatir y eliminar a estos radicales no terminará con el problema fundamental. Perseguir y detener las ideas que alimentan a estos violentistas es un camino más certero. El gran problema es que este proceso es lento y, mientras se desarrolla, la facilidad con que el nacionalismo se fortalece es, al menos, preocupante. En suma, no podemos permitir que el miedo y la ansiedad nublen el juicio; esto es, en efecto, lo que los ideólogos del radicalismo esperan de nosotros. No por combatir a los soldados olvidémonos de los generales; no por combatir radicales olvidémonos de las ideas.

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Mejorar perfiles de selección y convenios de desempeño de directores de escuelas

La ley 20.501 de Calidad y Equidad de la educación promulgada el año 2011, estableció que los directores de establecimientos educacionales municipales deben ser elegidos con participación del Sistema de Alta Dirección Pública, basado en el mérito. La elaboración de las bases de estos concursos, que incluye perfil del postulante y convenio de desempeño, es responsabilidad de los municipios. Para apoyarlos en estas tareas, el MINEDUC y el Servicio Civil disponibilizaron modelos de perfiles y de convenios que permitan a los municipios contar con una orientación para realizar una tarea inédita en nuestro sistema escolar. Desde el Servicio Civil, hemos enfrentado esta tarea considerando las definiciones que se han dado en el marco de la Reforma Educacional en marcha, proceso que se verá reflejado en las convocatorias para la selección de Directores a partir del mes de agosto del presente año.

Tres han sido los elementos a considerar en la reformulación de los Perfiles de selección y Convenios de Desempeño, y que dan cuenta de los nuevos desafíos educativos para el Sistema Escolar en su conjunto: el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (MBD), los proyectos de ley de inclusión educativa y la orientación de que cada establecimiento defina su Proyecto Educativo Institucional.

El MBD generado desde el CPEIP en el año 2016 establece una serie de competencias requeridas para un buen director, considerando que la actual Reforma Educacional ha definido que la gestión de los líderes escolares requiere un foco fundamental en la calidad de los procesos que inciden en el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Un segundo elemento que incide en las nuevas orientaciones para el perfil, dice relación con la ley de Inclusión educativa. Esta, conlleva valiosos cambios en la forma de entender el funcionamiento de la comunidad escolar y los principios democráticos y participativos a la base de la reforma.

Un tercer término que requería nuevas directrices era el referido a plasmar en los perfiles, las competencias específicas que un líder debería demostrar en una comunidad en específico. Así, si bien el perfil se orienta por competencias generales que debería poseer cualquier director, es necesario que las mismas se anclen  en las particularidades de cada unidad escolar, con sus sueños, desafíos, historia y cultura comunitaria.

A la fecha, considerando la tarea de asesoría técnica que el Servicio Civil debe brindar a los municipios, se han realizado talleres de capacitación a una parte importante de las regiones de nuestro país, en coordinación con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Educación: 165 comunas han participado de los talleres regionales de capacitación llegando a un total de 287 equipos municipales capacitados para enfrentar los siguientes procesos de selección de Directores con las nuevas orientaciones.

Chile avanza cada día hacia una educación de mayor calidad y diversidad, por lo mismo, más compleja y desafiante. Esto nos obliga a hacernos cargo de ello, y seleccionar para nuestros establecimientos educativos mejores directores, considerando las particularidades de cada comunidad como una riqueza que se debe potenciar. De esta manera entendemos que el sistema de selección de directores está al servicio de los nuevos desafíos pedagógicos de la educación en Chile.

 

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Nuevo desafío del Sistema de Alta Dirección Pública: mejorar perfiles de selección y convenios de desempeño de directores de escuelas

La ley 20.501 de Calidad y Equidad de la educación promulgada el año 2011, estableció que los directores de establecimientos educacionales municipales deben ser elegidos con participación del Sistema de Alta Dirección Pública, basado en el mérito. La elaboración de las bases de estos concursos, que incluye perfil del postulante y convenio de desempeño, es responsabilidad de los municipios. Para apoyarlos en estas tareas, el MINEDUC y el Servicio Civil disponibilizaron modelos de perfiles y de convenios que permitan a los municipios contar con una orientación para realizar una tarea inédita en nuestro sistema escolar. Desde el Servicio Civil, hemos enfrentado esta tarea considerando las definiciones que se han dado en el marco de la Reforma Educacional en marcha, proceso que se verá reflejado en las convocatorias para la selección de Directores a partir del mes de agosto del presente año.

Tres han sido los elementos a considerar en la reformulación de los Perfiles de selección y Convenios de Desempeño, y que dan cuenta de los nuevos desafíos educativos para el Sistema Escolar en su conjunto: el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (MBD), los proyectos de ley de inclusión educativa y la orientación de que cada establecimiento defina su Proyecto Educativo Institucional.

El MBD generado desde el CPEIP en el año 2016 establece una serie de competencias requeridas para un buen director, considerando que la actual Reforma Educacional ha definido que la gestión de los líderes escolares requiere un foco fundamental en la calidad de los procesos que inciden en el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Un segundo elemento que incide en las nuevas orientaciones para el perfil, dice relación con la ley de Inclusión educativa. Esta, conlleva valiosos cambios en la forma de entender el funcionamiento de la comunidad escolar y los principios democráticos y participativos a la base de la reforma.

Un tercer término que requería nuevas directrices era el referido a plasmar en los perfiles, las competencias específicas que un líder debería demostrar en una comunidad en específico. Así, si bien el perfil se orienta por competencias generales que debería poseer cualquier director, es necesario que las mismas se anclen  en las particularidades de cada unidad escolar, con sus sueños, desafíos, historia y cultura comunitaria.

A la fecha, considerando la tarea de asesoría técnica que el Servicio Civil debe brindar a los municipios, se han realizado talleres de capacitación a una parte importante de las regiones de nuestro país, en coordinación con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Educación: 165 comunas han participado de los talleres regionales de capacitación llegando a un total de 287 equipos municipales capacitados para enfrentar los siguientes procesos de selección de Directores con las nuevas orientaciones.

Chile avanza cada día hacia una educación de mayor calidad y diversidad, por lo mismo, más compleja y desafiante. Esto nos obliga a hacernos cargo de ello, y seleccionar para nuestros establecimientos educativos mejores directores, considerando las particularidades de cada comunidad como una riqueza que se debe potenciar. De esta manera entendemos que el sistema de selección de directores está al servicio de los nuevos desafíos pedagógicos de la educación en Chile.

 

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¡Chile tiene Ministerio de las Culturas!

 Para quienes hemos seguido de cerca la evolución de la institucionalidad cultural en Chile desde el retorno a la democracia, no podemos sino estar contentos hoy.

Se acaba de aprobar la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una deuda histórica que se arrastraba desde los cabildos culturales en los años 90, comisiones presidenciales, seminarios en el Congreso Nacional en Valparaíso, distintos grupos de reflexión, etc. El camino no ha sido fácil, debates de fondo han nutrido todo el recorrido, pero sería injusto no destacar etapas importantes de progreso en la materia. No podemos negar que la creación del actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) fue un avance sustancial en materia de institucionalidad cultural. Lo demuestran todas las cifras de democratización cultural existentes, así como el nivel de participación de la sociedad civil en distintos órganos consultivos y consejeros, aspecto inédito en la administración pública chilena en la época. Las leyes de fomento a distintos sectores del ámbito cultural son otra expresión de evolución en la dirección correcta.

Pero la discusión sobre cuál era la mejor forma de institucionalidad cultural continuó después de la instalación del CNCA y, lógicamente, con el pasar de los años y al alejarnos de un contexto socio-político que no dio para aprobar nada más robusto, la ciudadanía -y el mundo cultural particularmente-, comenzó a exigir subir el rango de importancia al ente estatal que dedica sus labores al fomento y desarrollo de las expresiones artísticas y de las culturas que habitan el territorio.

Es así como surge el primer proyecto de ministerio de Cultura y Patrimonio, bajo el gobierno de Sebastián Piñera que, luego de no prosperar el debate en el congreso, retoma el segundo gobierno de Michelle Bachelet elaborando una indicación sustitutiva. Todo dejaba pensar que en los 100 primeros días del gobierno de Bachelet veríamos esta indicación en discusión parlamentaria (así se había prometido), pero no contaban con un proceso que, si bien retrasó todo el trámite legislativo, agregó una dimensión fundamental a la discusión: el Estado de Chile estaba obligado a consultar a los pueblos indígenas, puesto que esta era una medida legislativa que podía afectarlos directamente. Siguiendo las obligaciones contraídas al ratificar el Convenio 169 de la OIT, se llama a una consulta previa para discutir y acordar con los pueblos indígenas y los afrodescendientes -que fueron igualmente invitados a participar del proceso- sobre cuáles eran los puntos fundamentales que debía recoger esta nueva institucionalidad.

Luego de realizada la consulta (entre 2014 y 2015) y haber llegado a 14 acuerdos a nivel nacional entre los pueblos y el CNCA (representando al gobierno), en enero de 2017 el ejecutivo ingresa el proyecto y lo somete a discusión en el Congreso Nacional. Entra a la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, pasa a votación en sala y luego se va al Senado, lo revisa Hacienda, hasta llegar hoy a su final aprobación. Todo esto en un año y medio.

Se escucharon discusiones sobre el nivel de participación y representación de los ciudadanos y artistas, sobre los rangos y atribuciones de las distintas subsecretarías, sobre la descentralización efectiva de este nuevo ministerio, así como sobre el rol que le cabía al patrimonio en este nuevo entramado organizacional y sobre la inclusión del carácter multicultural de Chile, donde aparecía viva la discusión (hasta ayer mismo en la votación final) de si nombrarlo Ministerio de la Cultura en singular o de las Culturas en plural.

Todos quienes estamos por reconocer la diversidad de naciones que conviven en Chile y buscamos fortalecer la multiculturalidad y el fomento y desarrollo de las distintas expresiones políticas y culturales que han existido históricamente en este territorio, no podemos desconocer lo logrado en esa consulta indígena. Sin ser ingenuos y saber que no todos los acuerdos suscritos entre los pueblos y el Estado chileno se reflejan en el proyecto de ley, podemos celebrar algunos logros importantes: desde la “pluralidad del título”, el reconocimiento de la preexistencia de pueblos indígenas, pasando por incluir el patrimonio cultural indígena, promover el respeto a la interculturalidad y la diversidad cultural. Esto nos hace reafirmar nuestra convicción que estos procesos –si son realizados adecuadamente, bajo los estándares internacionales- son un claro instrumento de fortalecimiento de la democracia y un mecanismo efectivo de participación y respeto a los derechos indígenas y tribales.

Consulta indígena mediante, se aprueba el Ministerio de las Culturas en Chile, siendo esto otro paso adelante en el desarrollo de la institucionalidad cultural. Quedará ahora seguir alertas y ser vigilantes a la instalación de esta nueva figura y a la posterior implementación de las políticas, planes y programas en materia cultural.

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Las nuevas tecnologías – y la gestión del Estado en el siglo XXI

La semana pasada, el Chief Data Strategist worldwide de IBM, Steven Adler, visitó Chile para compartir lo que ha sido su experiencia con los datos del sector público. Su charla fue organizada por el GobLab de la UAI, IBM y por el Observatorio del Gasto Fiscal. ¿Cuál es la conexión entre la gobernanza de datos y el gasto público? Sea para evitar fraudes o para gestionar un gasto público eficaz y eficiente, es crucial recopilar datos del gasto en conjunto con información acerca de sus procesos, productos y servicios, así como de sus resultados obtenidos. Sin gobernanza integral de datos, no hay control sobre el gasto público.

En esta línea, el mensaje de Steven Adler fue claro: el uso adecuado y la publicación abierta de datos de la esfera pública logran reducir la pobreza, mejorar la gestión pública, combatir el cambio climático y acelerar el crecimiento de los países. Por el contrario, los gobiernos que mantienen sus datos en desorden o reserva –lo que a veces va de la mano- tienden a no utilizarlos tampoco, sino a basar sus decisiones en observaciones particulares. Eso es el caso de Chile.

Existe un problema principal en las políticas públicas que son observacionales y no data-driven. Después de décadas de investigación fue el psicólogo y experto en behavioral economics Daniel Kahneman quien mostró que la toma de decisiones de las personas está influida, mucho más de lo que quisiéramos, por el ambiente del momento. Somos actores ni siempre racionales ni siempre consecuentes, y según las circunstancias, tendemos a tomar decisiones equivocadas. Tampoco logramos entender la complejidad de las situaciones, por lo que nuestra comprensión del mundo consiste en un pequeño y no necesariamente representativo conjunto de observaciones

Las investigaciones de Kahneman están influyendo no solamente el diseño de políticas públicas –especialmente en el ámbito social- sino también están transformándose en un argumento poderoso para la incorporación de las nuevas tecnologías en el sector público, considerando particularmente que su uso sistemático permitirá la extracción de conocimiento desde grandes volúmenes de información que ninguna mente humana es capaz de procesar.

Aparte de su trabajo principal, Adler apoya como Chief Data Officer la ciudad de Medellín. Su objetivo es mostrar cómo el uso inteligente de datos puede revolucionar la gestión pública, en un territorio limitado. Una de las iniciativas que está impulsando es medir la contaminación del aire con 800 sensores, cuyos datos se cruzarán posteriormente con datos de ausentismo escolar, productividad laboral e indicadores y gastos del sector salud. La meta es determinar vía ciencia de datos cuánto daño económico es causado -y será causado- por la contaminación. Con esta información sobre la mesa, se podrán tomar decisiones más inteligentes acerca de su prevención y control.

Vía las nuevas tecnologías, se podrán recopilar y cruzar múltiples datos para entender de forma continua y predictiva fenómenos complejos que los actuales think tanks solo pueden abarcar vía estudios puntuales. Por ejemplo: ¿cuánto daño está causando la mala alimentación sobre nuestro sistema de salud? ¿Podría ser apropiado premiar anualmente a los ciudadanos que se alimentan bien? O, ¿sería económicamente recomendable para la sociedad pagarles a jóvenes desempleados, para enseñarles competencias laborales – tal como ya lo hace McKinsey en su programa “Generation”?

La tecnología actualmente disponible no solamente permite responder estas preguntas, rompiendo eventualmente paradigmas, sino también podría mejorar – y en algunos casos reemplazar- procesos enteros del sector público, por ejemplo vía el Blockchain. Esta tecnología podría cambiar la forma como los ciudadanos se relacionan con el Estado y revolucionar el proceso de fiscalización del gasto público, al permitir trazabilidad a todos los registros que se hacen en el sector público.

Ya hay varios países que están anunciando querer ser líderes mundiales en el uso de las nuevas tecnologías para su gestión; hay múltiples países y regiones que instalan Chief Data Officers en sus centros de Gobierno; también hay varios países de Latinoamérica que están avanzando para mejorar la gestión y rendición de cuentas de su gasto público. ¿Qué le falta a Chile? Pienso que es tiempo que empecemos a soñar en ser líderes mundiales tanto en la gobernanza de datos públicos, como en la gestión de un gasto público eficiente y trazable.

 

 

 

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Sistema electoral y viejos problemas

Se sabe que la política es dura, más aún en estos tiempos de la posverdad y de las redes sociales. Pero sorprende ver que las disputas políticas más intensas no sean hoy con los supuestos enemigos, sino con los propios socios o aliados y antes siquiera de empezar una campaña eleccionaria. Los ejemplos abundan como, la antiestética bajada de Lagos en el PS, la trama Rincón-Goic en la DC, las infructuosas negociaciones de Evópoli con Chile Vamos y el reciente veto a Mayol en el Frente Amplio.

Es curioso, pero se pensaba que el cambio del sistema electoral del binominal al proporcional iba a modificar este panorama. Más allá de que las intenciones de los creadores del sistema electoral de la Constitución del 80 fueran asegurarse la mitad de los cupos con solo un tercio de los votos, los estudios indican que los resultados obtenidos durante su vigencia guardaban bastante relación con los sufragios efectivamente obtenidos por cada uno de los conglomerados. Realmente, la crítica más certera al binominal no era por su carácter mayoritario, característica que comparte con otros sistemas, como el inglés, de los que nadie pone en duda su carácter democrático. El problema más serio era otro: forzaba la constitución de alianzas políticas para poder competir con posibilidades de éxito, subrepresentando así a los independientes y a los candidatos de los partidos pequeños. Peor aún, en muchos casos bastaba con ser incluido en la planilla para así prácticamente asegurar el ser electo (Jackson es ejemplo de ello) y, cuando ello no era así, la pelea se centraba no en el rival político sino en el compañero de lista pues, a menos que hubiese unas muy improbables posibilidades de doblaje, era al supuesto compañero al que había que derrotar para ganar. Este carácter fratricida de las elecciones supuestamente iba a cambiar con un sistema proporcional con distritos más grandes, más cargos y mayor número de candidatos.

Pero las peleas internas más que reducirse se han intensificado. Sin desconocer que en esto contribuyen muy diversas razones, como la actual crisis de la política y de los partidos políticos, hay cuestiones del diseño normativo que han resultado ser claves. En vez de elaborar un sistema electoral simple, nuestros parlamentarios se encargaron de confeccionar uno lleno de artificios que fuerzan a hacer precisamente lo que se quería evitar. Así, por ejemplo, no solo se admiten los pactos electorales, cuestión razonable, sino también los subpactos, lo que implica que la pelea ya no es por ser candidato sino por acceder a cierto subpacto (que es lo que explica el caso Mayol). Además, hay normas que conminan a la generación de alianzas, como la que establece que los partidos deben ir en un pacto para poder llevar independientes, lo que obligó a la DC a pactar con la IC y el MAS aunque no tengan casi nada en común. La misma ley de cuotas genera incentivos en esa dirección. Es una lástima que pese a todo lo que costó cambiar el sistema electoral, hayamos terminado conservando muchos de los problemas del antiguo.

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Proyecto Dominga

El Comité de Ministros rechazó, en votación dividida, el proyecto minero-portuario Dominga. El voto de mayoría, suscrito por los ministerios de Medio Ambiente, Salud y Agricultura se basó en que dicho proyecto no es suficiente en sus medidas de mitigación, compensación y reparación frente a los eventuales impactos al medio ambiente y la salud de las personas.

El ministro de Medio Ambiente se explayó sobre diversos riesgos relativos a la contaminación, accidentes y derrames en la operación portuaria y la probabilidad de que ello pudiera afectar una zona ecológica única en el mundo, habitada por el pingüino de Humboldt y otras especies. Finalmente, la autoridad agregó que cree firmemente en el desarrollo, pero que este no puede materializarse a costa del patrimonio ambiental, ni acarrear riesgos a la salud de las personas o ejecutarse en zonas de alto valor ecológico.

Ciertamente, un razonamiento como éste parece de una lógica incontrarrestable y hasta demasiado obvia para que un proyecto de la envergadura y costo de Dominga (US$ 2.500 millones) se hubiese pensado en dicha zona. Fuera de ello, ¿por qué razón la decisión del Comité no fue unánime ni participó el señor ministro de Economía?

A nuestro entender, el Comité de Ministros es un órgano de naturaleza confusa, más político que técnico, y por ello no responde adecuadamente a la protección que la Constitución asegura a la libertad económica. De acuerdo con los principios que conforman el denominado “Orden Público Económico”, las garantías establecidas por la Carta Fundamental son posibles de satisfacer en la medida que existan acciones o recursos destinados de manera eficaz a salvaguardar dichas libertades y, además, siempre que exista respeto irrestricto a tales principios por parte de los órganos del Estado que intervienen, como en este caso, en la aplicación de la ley.

La cuestión planteada ante el comité responde a un conflicto de naturaleza muy específica en que existen intereses contrapuestos. Por ello, lo que este órgano decide es un reclamo contra otra autoridad administrativa y actúa como instancia superior. Por ello, es lícito preguntarse cuán técnica es su decisión, si están suficientemente preparados y si administran el proceso a su cargo con racionalidad y eficiencia, esto es, a la altura de lo que las garantías constitucionales de libertad económica y derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación esperan de ellos.

Frente a este mandato, que corresponde al deber y derecho a decidir, se observa que los ministros son agentes del Estado y, por consiguiente, no resultan totalmente independientes de la autoridad que los designa sino que deben responder a las directrices gubernamentales. Luego de leer las declaraciones del Comité de Ministros, resulta demasiado evidente que la decisión adoptada contra este proyecto es de naturaleza política. A ratos se tiene la impresión de que el problema de los empresarios pasó de la incertidumbre al abandono de deberes por la autoridad.

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