Óscar Contardo's Blog, page 42

Participación para combatir la incertidumbre

El escenario de incertidumbre que han generado las nuevas normas de campañas,  financiamiento de la política y el nuevo sistema electoral es una oportunidad para que como ciudadanía nos hagamos responsables de los desafíos que enfrenta nuestra democracia.

¿Cómo enfrentamos la baja confianza en nuestras instituciones? ¿Cómo combatimos la sostenida baja en la participación electoral? ¿Cómo elevamos el nivel del debate electoral y contar con representantes más responsables de sus promesas y acciones?

Parte importante de esas respuestas está en nuestras manos y depende de que como ciudadanía seamos capaces de funcionar como un verdadero contrapeso de las autoridades, entregando señales claras y contundentes de lo que esperamos de ellas y del futuro del país.

Para ello es necesario, primero que todo, la confianza en nosotros mismos, en que nuestras preocupaciones inquietudes y planteamientos deben tener un espacio en las decisiones que nos afectan y que no es necesario ser un experto para poder participar e influir en la identificación de los problemas comunes y sus soluciones.

Luego, necesitamos herramientas que faciliten nuestra participación y nos permitan tomar mejores decisiones de forma informada. Para ello desde la Fundación Ciudadano Inteligente hemos puesto a disposición de la ciudadanía dos herramientas que buscan cumplir con esos objetivos.

Por un lado, la plataforma www.votainteligente.cl lleva propuestas generadas por ciudadanos y ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil a todas las candidaturas para que las recojan y se comprometan públicamente con aquellas que les son afines. Hemos generado un espacio en el que cualquier persona, organización, colectivo, movimiento, gremio o grupo puede proponer lo que le parezca desde su propios conocimientos, experiencia e inquietudes.

Por otro, la Media Naranja Política busca que la ciudadanía encuentre quién representa mejor sus posturas entre las candidaturas. Para encontrar su media naranja política, las personas deben responder un simple cuestionario sobre temas como educación, pensiones, migración, género, salud, entre otros. Las respuestas se comparan con los programas de gobierno de las distintas candidaturas, además de los compromisos que han hecho con propuestas ciudadanas en Vota Inteligente.

De esta forma buscamos poner al centro de la deliberación política las preocupaciones ciudadanas y enfrentar de forma innovadora los problemas de representatividad que exhibe nuestra democracia, dañada por la falta de confianza e identificación ciudadana con las instituciones políticas.

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El desafío de la equidad de género en el trabajo

Las mujeres representan más del 50 por ciento de la población en todo el mundo, pero contribuyen solo al 37 por ciento del PIB mundial y representan solo el 39 por ciento de la fuerza de trabajo. Si cada país lograra solamente igualar al país de su región que mejor lo ha hecho en términos de paridad de género en el trabajo, la consultora MacKinsey estima que en 2025 podría incrementarse el PIB mundial en 11% (y el PIB latinoamericano en 14%). Es erróneo, entonces, plantear el desafío de reducir (o cerrar) la brecha de género en el trabajo como un imperativo ético solamente: los gobiernos y las empresas deben comprender que este objetivo es, además, rentable.

Uno de los factores clave a abordar para cerrar o reducir la brecha se refiere a la segmentación horizontal de los mercados laborales. Esta se traduce en la existencia de sectores integrados mayoritariamente por mujeres, donde es común una baja calidad de las ocupaciones. A nivel global, los sectores donde las mujeres están desproporcionadamente representadas son, lamentablemente, sectores de menor productividad, como la agricultura. Asimismo, en los sectores más productivos, como el de servicios comerciales, ellas están sub-representadas. En Chile, el 86,5% de las personas que realizan el trabajo doméstico, el 74% de personas que realizan el trabajo de enseñanza y el 71% quienes realizan servicios sociales y salud son mujeres. Por otro lado solo el 6,6% de quienes realizan trabajos de construcción, 7,2% de quienes realizan el trabajo de minería y 7,7% de quienes realizan trabajo de pesca lo son.

A esto se suma otro fenómeno de segmentación, pero ahora vertical: las mujeres en general ocupan posiciones medias o bajas en la jerarquía y su presencia en cargos directivos es escasa. En nuestro país solo 21% de puestos con toma de decisión relevante son ocupados por mujeres (generalmente en el sector público). En los directorios y gerencias de empresas IPSA la representación es mucho menor: 6,6% y 7,8% respectivamente. Todo esto se da aun un contexto en que las chilenas sobrepasan a los chilenos en lo que se refiere a logros educacionales. Asimismo, nuestro país tiene la triste marca de aparecer en el ranking igualdad de salarios de hombres y mujeres (con trabajos equivalentes) en la posición 131 de 145 . El salario por hora femenino es inferior al masculino en un 17,4%, brecha que se incrementa con la edad, y es especialmente evidente en mujeres con postítulos y maestrías (32,1%).

Las cifras anteriores no son auspiciosas, y no se corregirán solamente mediante iniciativas legislativas. Es importante que la sociedad civil se comprometa a trabajar en pos de un cambio, que las empresas re-evalúen sus políticas de contratación y promoción y que los centros educativos tomen nota y se transformen en impulsores de trayectorias laborales adecuadas para sus alumnas. Para ello, es clave que todos los chilenos, trabajadores, empleadores, actores del mundo político, estatal y privado, se convenzan de que el llamado no es solamente a ser “solidarios” con las mujeres, sino que a hacerse partícipes de una estrategia de desarrollo racional, eficiente y efectiva. Una estrategia que nos beneficiará a todos, hombres y mujeres, por igual.

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Abstención: el todo y las partes

En la antesala de la elección presidencial, parlamentaria y de CORES, nuevamente el fantasma de la abstención deambula por el ambiente político. Como de costumbre, algunas voces plantean solucionar el problema a través de la alquimia institucional, reponiendo el voto obligatorio, como si todos los males y déficits de nuestra democracia se remediaran con el acto de obligar a los ciudadanos a participar. Es razonable plantear algunas objeciones de principios y de resultado en torno al voto voluntario, pero no parece sensato jugar con las instituciones, otorgando derechos para luego, transcurrido tan breve plazo, retractarse de la decisión. Se trata de una forma de esquivar el problema de fondo y desconocer la complejidad del fenómeno abstencionista.

Dicho lo anterior, es preciso aclarar que no existe la abstención como un todo uniforme. Podemos distinguir a lo menos tres tipologías de ella, donde cada una requiere medidas específicas si de re-encantar a la ciudadanía con la oferta política se trata.

En primer lugar, existe un grupo de abstencionistas crónicos o precarizados respecto de sus grados de socialización política. Se trata principalmente de jóvenes de niveles socioeconómicos bajos que descreen de las instituciones de la política formal como herramienta de cambio social. Se trata de una generación huérfana de formación cívica y que -digámoslo también- ha sido expuesta a un ciclo poco virtuoso en relación al prestigio de la actividad pública. Es el grupo más difícil de re-encantar, porque su desafección no es coyuntural, sino que fruto de ciertas condiciones estructurales que han corroído su afecto cívico.

Enseguida, todas las democracias robustas presentan niveles de abstencionismo sofisticado, entendido como el de individuos socializados políticamente y con opinión respecto de los asuntos públicos que evalúan cierta estabilidad dentro de las reglas del juego y la convivencia democrática, que los lleva a considerar como poco decisivo su voto, optando por restarse del juego electoral. Hay también aquí sujetos con diagnósticos y visiones de política que pueden no estar representadas en el abanico de alternativas, que optan por abstraerse o buscar otros canales de participación no convencionales.

Finalmente están los abstencionistas involuntarios. Son aquellos que manifestando algún interés en el proceso político, estarían dispuestos a sufragar, siempre y cuando se generaran condiciones favorables a su participación. En este grupo variables tales como la distancia y accesibilidad del local de votación, tiempos de espera en la fila de la urna, acceso a la información electoral relativa a propuestas y programas de manera clara y oportuna y una campaña efectiva en materia de promoción y relevancia del ejercicio del voto, podrían marcar una diferencia en los márgenes de participación. Acá hay espacio para trabajar e innovar desde la perspectiva de la política pública, sin embargo, a nuestro pesar, parece ser un tema en el que nuestra dirigencia se abstiene de actuar.

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Lunes sin encuestas

Este lunes, ningún medio publicará alguna encuesta que mida resultado electoral o parlamentario. En estricto sentido, no están prohibidas, pero podrán ser conocidas por las candidaturas y partidos políticos pero no por la opinión pública.

La lógica tras dicha disposición legal, atribuida al senador Andrés Zaldívar, es que las encuestas distorsionan la decisión de los votantes, y por eso no deben publicarse. Criterio contradictorio con el propio período de propaganda electoral, cuyo objetivo es justamente influir en los probables electores, y que todavía no ha terminado.

La asimetría de información respecto al público genera daños mayores en la propia reputación de la política, pues no se puede construir evaluación por terceros de las decisiones de los candidatos.  A manera de ejemplo, es imposible saber si el debate Anatel, donde ME-O fue despiadado como nunca con el candidato Guillier declarándolo inhabilitado, generó impacto en quienes lo vieron. Uno de los misterios será si la denuncia sobre vínculos de un alcalde PS con traficantes de drogas y la lenidad de las autoridades de dicho partido para manejar esa crisis afectó o no la candidatura del senador por Antofagasta; pese a que su única culpa es haber tomado, fiel a su estilo, con demasiada calma este asunto.

Alguna sospecha hay de que Enríquez-Ominami destruyó en minutos lo que había ganado en años. Su estrategia de mostrarse como idóneo para gobernar y sucesor devoto de Bachelet se terminó ese día. Por eso se ve desatado como alcohólico anónimo que rompe su promesa de no volver a tomar. Pero no hay manera alguna, más allá de los privilegiados que sí pueden ver encuestas, de corroborar esta tesis.

Tampoco se sabrá si la polémica de Piñera con los funcionarios públicos tiene impacto. Nadie sabrá si el gran público comparte su idea de despedir a los que llama “operadores políticos”, o le parece que se pisó la cola con lo que ocurrió en su gobierno. Pareciera que su comando algo leyó en encuestas que no conoceremos, pues retrocedió con una carta enviada a todos los funcionarios prometiendo fortalecer la alta dirección pública y las condiciones de trabajo de quienes trabajan para el Estado.

Tampoco tenemos cómo saber el origen del deseo de algunos parlamentarios DC de ir rápidamente a hacer las paces con la otra parte de la Nueva Mayoría. Es probable que hayan visto encuestas que muestran que la candidata Goic no logró superar la intrascendencia. Ellos lo saben, pero el gran público no. Ni siquiera los medios pueden reportear si existe tal encuesta, pues no podrían publicar los números.

Bajo esa lógica, hay un pensamiento en muchos políticos, en especial de centroizquierda, de que las encuestas mienten y que están manejadas para crear estados de ánimo. El ejemplo gráfico de esa filosofía es la expresión “a mí nunca me han encuestado”, que representa la creencia de que los encuestadores en Chile inventan los números o manipulan las muestras.

Es cierto que en Chile hay, entre quienes presentan encuestas sobre intenciones electorales, instituciones muy serias y personas irresponsables que buscan más la polémica que entregar datos fiables. Pero es parte de la libertad de expresión la existencia de tal diversidad.

Lo que hicieron los legisladores es alejar a votantes incógnitos de las urnas, y quedarse con los que están en las propias redes electorales y así asegurar a los incumbentes. Quizá fue esa la verdadera intención de prohibir encuestas a 15 días de las elecciones.

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La Antártica chilena

Chile ha jugado un papel protagónico en la consagración del Continente Antártico como territorio para el desarrollo de la ciencia y actividades pacíficas, posicionándolo como un ejemplo de conservación y administración internacional. La vocación antártica de Chile tiene su base en nuestra historia y cercanía geográfica. Hace décadas contamos con una presencia física permanente, desarrollando actividades en el continente blanco, en particular aquellas de orden científico. Estas acciones, sumadas al trabajo serio y progresivo de nuestro país, han generado las condiciones para asumir un claro liderazgo antártico. Entre los hitos históricos, destaca el decreto supemo firmado por el Presidente Pedro Aguirre Cerda y su Canciller Marcial Mora, estableciendo los límites del Territorio Chileno Antártico, el 6 de noviembre de 1940, fecha que conmemoramos como Día Nacional de la Antártica Chilena.

Chile continúa dando pasos importantes para mantener y consolidar su liderazgo en el continente blanco.  A comienzos de este año, el Consejo de Política Antártica aprobó la Nueva Política Antártica Nacional, con el objeto de contar con un documento rector actualizado y a la altura de las exigencias del Sistema del Tratado Antártico (STA), conformado por 53 estados parte, siendo Chile uno de los 12 signatarios originales en 1959.

Por su parte, el Programa Nacional de Ciencia Antártica ha experimentado un crecimiento importante en la última década. La próxima temporada, nuestro país ejecutará, por primera vez, más de 100 proyectos científicos antárticos, todos en sintonía con las tendencias mundiales de investigación y en colaboración con 17 programas extranjeros, fortaleciendo así nuestra posición dentro del STA y la comunidad internacional en general. Además, hace algunas semanas, Chile junto a Argentina presentaron ante la Comisión para la Conservación de Recursos Marinos Vivos Antárticos, una propuesta de Área Marina Protegida en la Antártica, reafirmando el compromiso de este gobierno con nuestos océanos.

En agosto de este año, se aprobó el diseño arquitectónico del Centro Antártico Internacional (CAI) que se construirá en Punta Arenas. El CAI proporcionará más de veinte laboratorios, atendiendo a cerca de 500 científicos anualmente, así como salas climatizadas, exhibiciones y acuarios que revivirán las condiciones polares.

Esta inversión del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet perfilará a Punta Arenas y a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena como un polo de desarrollo científico a nivel internacional, generando conocimiento e ingresos financieros, a través de la prestación de mejores servicios a los más de veinte países que ocupan hoy dicha región como puerta de entrada al Continente Antártico.

Para la Cancillería, la Antártica es una prioridad de nuestra política exterior. Seguiremos redoblando los esfuerzos para mostrar a todos los chilenos y la comunidad internacional la maravilla que es esta vocación polar.

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En vísperas de elecciones

La suerte de los candidatos está echada, salvo que la Fortuna disponga algo distinto. La creencia sobre quién ganará la primera vuelta está tan asentada como el nombre de quien será ungido por el balotage. La alternancia, teóricamente del gusto de todos, en la práctica es aborrecida por quienes anticipan una derrota. En cambio, quienes sienten tener la victoria a la mano, exaltan sus méritos e imaginan tiempos mejores.

Mientras tanto, la llamada sociedad “civil”, a pesar de que una mitad no concurre a ejercer su derecho de votar, se halla menos apasionada por el dilema entre continuidad y alternancia.

No significa que esté poseída por la ideología del egoísmo posesivo. Tampoco que desprecie el voto como un artilugio burgués. Solo que no encuentra motivos suficientes -ni de entusiasmo ni de rechazo- como para involucrarse. Y lejanía frente al fenómeno de circulación de las élites.

Esta difundida actitud de abstinencia se conjuga con una serie de otras señales dadas por la opinión pública encuestada.

Mayoritariamente la gente estima que el país no progresa. Piensa que el gobierno lo hace mal, igual que la oposición. No adhiere a los partidos o coaliciones en pugna, ni considera que la elección comprometa su destino. Al contrario, la gente manifiesta satisfacción con su vida, espera que sus hijos estarán mejor que los padres, y sabe que el futuro depende del propio esfuerzo más que de promesas de redención colectiva.

Por lo mismo, se siente ajena a la retórica de los candidatos. La guerrilla de diatribas entrecruzadas. La insistencia en la mutua destrucción. Las advertencias de que triunfe Piñera o lo haga Guillier representaría un desastre nacional. La inflación de ilusiones. Y la facilidad -rayana en la irresponsabilidad- con que se ofrecen soluciones para enfermedades, delincuencia, abusos y desigualdades.

Con razón estamos rodeados de paradojas. Los candidatos que más prometen reciben el menor apoyo, cercano a cero. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, cuya rebeldía se exalta y se esperaba provocarían un verdadero cambio de marea, menos de la mitad votará y, entre los que sí lo harán, la mitad votará al candidato de centroderecha, en una proporción de cinco a uno en relación con la candidata “natural” de la juventud. A su turno, el desganado abanderado de la continuidad cuenta con escaso apoyo entre los dos quintiles de menores recursos que, se supone, serían su más firme sostén. Por fin, la izquierda alternativa no marca preferencias dentro del 20% más pobre, dando al traste con la teoría revolucionaria.

En suma, estamos frente a un cuadro de desapego entre la sociedad y su élite política. Al interior de ésta se libra una intensa batalla discursiva, mientras la gente conduce su vida con normalidad, confiada en su esfuerzo personal más que en la oferta pública de soluciones. Está por verse cuánto más nuestra democracia resistirá esta brecha.

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Lagunas, independientes y pensiones

Esta columna fue escrita junto a Sergio Frías, Tesorero General de la República 2011-2014.

El bajo monto de las pensiones contributivas se debe a varios factores, pero destacan las “lagunas” de cotización. Entre las mujeres que iniciaron su pensión en agosto de 2017, el tiempo mediano (representativo) de cotización fue de solo 10 años, de una carrera de 45 años. Si lo midiéramos en días a jornada completa, sería menor. Esto sigue dañando las pensiones futuras, pues de la población de 20 a 65 años, cerca del 60% no cotizó en cada mes de este año.

La reciente encuesta DESUC- Clapes UC- Fundación Oportunidad Mayor, preguntó sobre si “los independientes coticen también en forma obligatoria, por un sueldo igual al salario mínimo.” Quienes tienen 65 años y más, que saben cuánto importa cotizar, respondieron en 79% estar De Acuerdo o Muy de Acuerdo. Los candidatos al Congreso deben tomar nota.

La ley ha eximido a los ocupados no asalariados, que suman cerca de 2 millones de personas, de la obligación de ahorrar para sus pensiones de vejez. El proyecto de ley del gobierno que crea el nuevo ahorro colectivo cubre solamente el caso de rentas pagadas con boletas de honorarios, omite aumentar la actual retención de 10% para adaptarla a tasas de cotización mayores y elude reparar una ley de 2016 que eliminó la cobranza de cotizaciones adeudadas por independientes. Proponemos corregir estas falencias y desglosar esa parte del proyecto para tramitarla más rápido.

Hay más de 300 mil empleadores independientes que cotizan por sus empleados, pero el 55% de ellos no cotiza para sí mismo. Se propone obligarlos a cotizar para sí, asignándoles una renta presunta. Ella podría ser una cifra basada en la renta personal determinada el año anterior.  

Hay cientos de miles de trabajadores por cuenta propia que están obligados a actualizar periódicamente su inscripción en registros nacionales o regionales vinculados a su actividad laboral. Se propone condicionar esa actualización a la comprobación del pago de cotizaciones por una renta presunta igual al salario mínimo mensual, restando desde luego los tiempos en que comprueben que ya cotizaron como asalariado o como empleador.

Hay 740 mil dependientes sin contrato, según el INE. Esto revela una gruesa falencia de fiscalización de parte de la Dirección del Trabajo. Se propone sumar a las multas una cotización por un salario presunto igual al mínimo.

En caso de evasión y/o de retención de cotizaciones, o no pago, las administradoras hacen una buena labor en la cobranza prejudicial, según muestra la evidencia. Sin embargo, en la instancia judicial su eficacia disminuye. La Tesorería General de la República (TGR) sería más eficaz, gracias a sus facultades y experiencia centenaria. Se propone replicar la práctica de la OCDE y cambiar una línea de la ley para autorizar a la TGR a hacer la cobranza judicial cuando el beneficiario sea un fondo de la seguridad social, incluyendo los fondos de pensiones, y que su administradora ceda a la TGR parte de la comisión eventualmente recaudada. Debe desecharse crear una institución recaudadora paralela a la TGR.

Ningún sistema previsional puede dar pensiones contributivas razonables con lagunas como las que hay. Esta propuesta muestra que se pueden mejorar las pensiones del futuro.

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Desigualdades de género en la Educación Media Técnico Profesional

La desigualdad y la discriminación han estado en el centro del debate de la reforma educacional. Sus medidas más emblemáticas, como el fin a la selección y la gratuidad, buscan de hecho promover un acceso igualitario a la educación.

Sin embargo, hay otras formas de segmentación y desigualdad, distintas a la socioeconómica, que la reforma no ha considerado. Entre éstas, las que se originan en el género de los estudiantes y que repercuten en el acceso diferenciado a oportunidades entre hombres y mujeres.

Para profundizar en el tema, Espacio Público investigó por qué estudiantes de ambos sexos de la educación técnica de nivel medio se distribuyen entre sectores de especialidades de manera tan desigual.

Mientras los hombres copan el 80% de la matrícula de las especialidades industriales (electricidad, construcciones metálicas, mecánica automotriz, etc.), las mujeres representan el 80% de las especialidades técnicas (atención de párvulos, enfermería, hotelería, servicios de alimentación, etc.). A su vez, mientras los retornos de las especialidades industriales en el mercado laboral son positivos (sus egresados tienen mejor empleabilidad e ingresos que quienes se gradúan de la educación media científico-humanista), los retornos de las especialidades técnicas son negativos. En otras palabras, las mujeres tienden a escoger especialidades con menos demanda y peores salarios.

La pregunta que busca resolver esta investigación es por qué.

Si bien no existen restricciones institucionales para la elección de una especialidad, para todos es evidente que existen especialidades femeninas y masculinas. Esto trae aparejadas importantes dificultades para quienes se inclinan por un sector típico del sexo contrario, sobre todo para las mujeres. Los apoderados las desincentivan a escoger especialidades con mejores retornos en base a sus propios sesgos de género, anticipándose a posibles discriminaciones que pudieran sufrir en el mercado laboral o simplemente argumentando que, por ser mujeres, no cuentan con los atributos necesarios para desempeñarse en esos oficios.

En su entorno y a lo largo de su vida, los estudiantes se ven expuestos a distintas dinámicas de reproducción de las desigualdades de género. Al interior de sus hogares, las hijas mujeres enfrentan mayores restricciones que los hombres en sus elecciones. Los padres y ellas mismas son más temerosas que sus hermanos ante la idea de desplazarse por la ciudad hasta liceos que ofrezcan especalidades de su preferencia, limitando  sus opciones a aquellas cercanas a sus casas. La distribución por género de los profesores de las distintas especialidades tiende a reproducir la segmentación por género de las especialidades. Es más dificil para una mujer vislumbrar un futuro como mecánica automotriz que como técnico parvulario, si solo hombres enseñan la primera y mujeres la segunda.

Desde su nacimiento, hombres y mujeres van internalizando como propios los distintos valores y preferencias que, culturalmente, se asocian a cada uno de los sexos. Las mujeres se identifican a si mismas como más empáticas, delicadas y aptas para los oficios relacionados con el cuidado. Los hombres, por su parte, se identifican como más brutos e inclinados por los oficios industriales. Sin embargo, ¿por qué habríamos de nacer con estas diferencias? ¿No serán estas preferencias más bien el resultado de lo que desde niños nos hacen creer es lo adecuado para nuesto género?

Las elecciones de especialidad y de carrera pueden parecer como eminentemente individuales y por ende lejos del alcance de la política pública. Sin embargo, este estudio devela que es la sociedad, sus instituciones, su cultura, sus dinámicas y reglas las que van delimitando diferenciadamente las opciones para hombres y mujeres. Es responsabilidad de los tomadores de decisión el diseñar políticas orientadas a asegurar a todos los estudiantes, mujeres y hombres, una efectiva igualdad de oportunidades.

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Canal “imparcial”

La mayoría oficialista del Senado aprobó una capitalización por US$ 65 millones de TVN, que comprende US$ 47 millones para el canal actual y US$ 18 millones para poner en marcha una señal cultural. Y sin exigir nada concreto a cambio. Una decisión que pudiera sorprender, ya que el aporte se otorga para tapar el hoyo financiero y pérdida de audiencia que ha dejado la mala gestión del canal, lo que tendría que ser inaceptable para senadores que son representantes de los propietarios (nosotros), sin que haya un cambio de administración. Menos aún debiera parecerles que se confíe a esta última la gestión de una nueva señal, la cultural.

Tendría también que sorprender cuando se trata un aporte cuantioso que no se condice con la situación de las finanzas públicas. El Fisco de Chile, otrora superavitario y acreedor neto, presenta actualmente un déficit crónico y un espiral de endeudamiento, que según la última cifra llegaría a unos US$ 61.500 millones. Es decir, no tenemos plata para realizar el aporte y no queda otra que endeudarnos para materializarlo, pero a los senadores de gobierno no les incomoda.

Tampoco les preocupó que la televisión abierta esté en crisis, aquí y en todas partes, tanto que muchos anticipan su desaparición en el formato actual. ¿Tendrá el Estado la flexibilidad para enfrentarla y adoptar los cambios necesarios? Pretextan una explicación para mantener una señal comercial estatal que compite con otras privadas, cuyas pérdidas son asumidas por sus dueños y no por todos nosotros: velar por el carácter público de la televisión. Pero, ¿alguien puede explicar en qué se diferencia este carácter público de lo que hace un canal cultural? Porque si habrá esta señal, entonces ya poco se justifica mantener la señal comercial, compitiendo en noticias (que están en todas partes, incluido internet), telenovelas, realities y matinales.

¿Por qué omitieron esto, que es evidente, y aprobaron el financiamiento solicitado? Se puede ensayar una explicación ideológica: son estatistas; creen en el Estado y punto. Ciertamente, pero tengo otra hipótesis: es que saben que la agenda de TVN los ha favorecido y seguirá favoreciendo.

¿Que estoy equivocado? Veamos. TVN teóricamente tiene un modelo de gobierno de “cuoteo político” del directorio. Si este cuoteo fuera realmente efectivo, entonces algo cercano a la mitad de los “rostros” del canal debieran ser de centroderecha. Le propongo una prueba simple: cierre los ojos, revise mentalmente la lista y honestamente respóndase a usted mismo cuántos de aquéllos identifica con la centroderecha. Y no me salga que no importa ya que de hecho son políticamente imparciales, pues lo que garantiza el pluralismo no es la supuesta bondad de las personas, sino que haya visiones alternativas.

Los políticos oficialistas suelen demandar más pluralismo en la televisión chilena. Pido lo mismo, al menos en la que nos pertenece a todos y que ahora, además, financiaremos todos.

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¿La casa de todos?

Mucho se ha especulado en torno a la participación que se registrará en las próximas elecciones presidenciales. En efecto, durante las últimas dos décadas hemos experimentado un sostenida baja en el interés por los procesos electorales. Y para esta ocasión en particular, hay dos fuerzas políticas que están observando con especial atención este fenómeno.

La primera es Chile Vamos, pues aunque las preferencias de las abstenciones no se reparten de manera muy diferente a la de quienes concurren a sufragar, es esperable que una mayor abstención pueda afectar a las huestes de centroizquierda. Una segura derrota, sumado a profundas divisiones, y para qué decir del deterioro experimentado en el oficialismo, contribuyen a la desesperanza y frustración de los electores que tradicionalmente han preferido a dicho sector. De esa manera, una mayor caída en el interés por estas elecciones, podría acercar a la derecha a un triunfo en la primera vuelta electoral.

La otra fuerza política que mira con especial atención a esta variable es el Frente Amplio. Detrás de su apuesta inicial, y de su génesis podríamos decir, está el objetivo de seducir y convocar a un conjunto de electores que tradicionalmente se han mantenido fuera de los procesos electorales. La convocatoria de este sector para las pasadas primarias no fue un buen augurio, y nada hace indicar que las cifras vayan a modificarse sustancialmente. La verdad sea dicha, es que resulta contradictorio haber construido un relato que deslegitima la densidad de nuestra democracia, para ahora, cuando ellos participan en el proceso, pretender que los ciudadanos sí validen un sistema que tradicionalmente han cuestionado.

Puestas así las cosas, a días de resolver esta incógnita, y más allá del específico efecto sobre algún partido, coalición o fuerza política, creo que deberemos revisar más profundamente las causas que han contribuido a que los ciudadanos se retiren del espacio institucional y, cada vez más, dejen en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. Vendrá quizás una nueva discusión sobre la voluntariedad del sufragio, debate donde muchos de los que hicieron oídos sordos al clamor de quienes nos opusimos a tan absurda reforma, tendrán que no solo reconocer que estaban equivocados; sino, cosa más difícil todavía, viabilizar una vuelta atrás en este proceso.

Pero la discusión pendiente, y quizás la más relevante, no es la que atañe a la demanda electoral. El problema fundamental es la calidad de la oferta política que se le hace a los ciudadanos, la que sumada a un descrédito en la solvencia de nuestras instituciones y a una arraigada convicción de que nuestra democracia no representa de manera equitativa los intereses de todos los ciudadanos, solo se profundizará a menos que hagamos algo radical.

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