Óscar Contardo's Blog, page 201

Constitución de Aladino

ALGUNAS COLUMNAS de los últimos días dejan la impresión que en el tema constitucional el panorama podría ser esperanzador. Quiero argumentar lo contrario y sostener que, por al menos dos razones, el asunto solo ha empeorado.

La primera dice relación con la retórica que envuelve el proceso. El ministro Fernández, que sabe de estos temas, dijo a La Tercera que “casi todos los problemas que se viven diariamente tienen que ver con la Constitución”. El ministro Eyzaguirre, que no es hábil con las analogías, afirmó sin sonrojarse que “el tipo de pan, de techo y de abrigo y a quién le llega, depende del marco constitucional”. Me niego a creer que ambos ministros crean de verdad lo que están diciendo. La historia y el sentido común muestran que los problemas de pan, techo y abrigo se solucionan por medio de políticas públicas acertadas. La Constitución poco aporta en todo eso. Pero el que lo hayan dicho coordinadamente muestra que ese será el discurso oficial.

Por eso no es de extrañar los resultados de la Cadem de ayer. La gran mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución porque, en realidad, nos han vendido que ésta será la “Constitución de Aladino”, esa que hace realidad todos tus sueños. Y mientras todo siga al nivel de las frases simples, como las de los ministros, la adhesión por una nueva Constitución no bajará.

La segunda razón que alimenta el pesimismo es el ninguneo al Congreso. Todo parte en el mensaje que afirma más de una vez que se necesita una reforma “que habilite el total reemplazo de la Constitución vigente”. Por primera vez el gobierno sostiene que la única forma de tener una nueva Constitución es aprobando una reforma habilitante. Así se atrinchera en el maximalismo de una tesis que sostiene que solo habrá cambio total si éste se hace fuera del Congreso. Ello no solo es políticamente extremo sino que jurídicamente erróneo pues en el Congreso reside la potestad constituyente.

Pero el ninguneo ya es brutal cuando el proyecto, como si nada, despoja a los legisladores de la decisión constitucional, una de las más relevantes en el proceso político. Lo hace al proponer una instancia (la Convención Constitucional) que es configurada por el Congreso y luego dejada a su suerte. Es decir, los representantes, ley orgánica mediante (¿la resurrección de las LOC?), se desprenden de la decisión constitucional para transferirla a la nueva convención. ¿Qué virtud democrática tiene ésta por sobre el Congreso? ¿No es esa una forma de seguir deslegitimando la política pues supone que los políticos no son capaces de tomar la decisión constitucional y por ello deben transferirla?

La única esperanza es que nadie haya reflexionado mucho sobre todo esto y solo hayan buscado un objetivo de corto plazo: unir de una vez a la desafectada Nueva Mayoría en torno a algún proyecto. Para hacerlo el gobierno sabía que debía sacar del papel la asamblea constituyente y crear algo bastante parecido pero con otro nombre. Y es ahí donde los cerebros de La Moneda concibieron la Convención Constituyente, sin importar que de paso estén erosionando el rol del Congreso. ¿No es eso algo que debiera criticarse duramente?

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Pretexto

Fundado en razones que he sustentado en columnas, intervenciones públicas y en un par de libros, he planteado que a nuestra Patria le conviene introducir reformas importantes en su ordenamiento constitucional.

Mi posición definida en esta materia no me vuelve ciego ni sordo, sin embargo, a los argumentos plausibles que esgrimen algunos de quienes rechazan la idea de nueva Constitución. Tengo muy claro que ningún bando en esta polémica puede atribuirse algún tipo de monopolio de la sensatez o el patriotismo. Por lo mismo, asumo que existen críticas que no solo son legítimas sino que, además, contienen, razonamientos valiosos que mueven a la reflexión y enriquecen el debate (por ejemplo, las que presenta habitualmente Sebastián Soto, con quien tengo el agrado de compartir página en este diario).

Existiendo esos argumentos de peso, resulta lamentable que al momento de negarse siquiera a discutir el proyecto de reforma que crea la Convención Constitucional, el grueso de la derecha política haya preferido descalificar la oportunidad de esta iniciativa. Denunciando una maniobra electoral del gobierno, han señalado que asuntos como éste no deben discutirse en un año de elecciones.

La verdad es que el argumento del “momento adecuado” para debatir cosas importantes da para mucho. Al factor “año de elecciones”, otros agregan que tampoco puede discutir nada importante cuando la economía está lenta o mala (para no afectar las expectativas, dicen). Otros plantean que los gobiernos muy impopulares o que están terminando tampoco pueden promover debates de fondo.

Tratemos, por un momento, de ver adónde nos lleva este “argumento”. Apliquemos estos singulares criterios a la historia de nuestra democracia posdictadura De entrada, habría que descartar todos los años en que ha habido elecciones (bajo esa peculiar lógica estarían vedados los años 1989, 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016 y 2017). Descartemos luego los años en que habría habido debilidad o incertidumbre económica (aquí se caerían los años 1990, 1994, 1998, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016 y 2017). Saquemos a continuación los años en que los gobiernos respectivos no eran muy populares (fuera, entonces, los años 2002, 2003, 2006, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017).

¿Qué queda después de ese colador? Poquito. Apenas cuatro años (1991, 1995, 2007 y 2010). Esos habrían sido, entonces, los únicos años en los cuales, de acuerdo al criterio de la derecha, habría sido prudente hacer cambios constitucionales importantes. Al analizar lo que ocurrió en esos años, el argumento que estamos examinando se devela como un mero pretexto. En 1991 Aylwin trató y la derecha dijo no. En 1995 Frei trató y la derecha dijo no. En 2007 Bachelet trató y la derecha dijo no. En 2010 Ignacio Walker y Carlos Larraín trataron y la derecha más dura dijo no.

Invito a abandonar el pretexto de la oportunidad y a que discutamos el fondo. Invito a pensar en grandes acuerdos sustantivos. Y si en 2004 y 2005, años de elecciones, se pudo consensuar un cambio constitucional importante, no veo por qué no podamos pensar, ahora, desde el Congreso, en abrir cauces para una decisión constitucional más participativa.

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La empresa privada en la encrucijada

LA RECIENTE elección de Alfredo Moreno como Presidente de la CPC y el inicio de la contienda por la presidencia de la Sofofa entre Bernardo Larraín y Rodrigo Álvarez, parecen traer consigo un buen augurio: la presencia de dirigentes empresariales que parecen tener claridad de que enfrentan una compleja encrucijada. Ésta consiste en que la empresa privada necesita recuperar la confianza ante la ciudadanía, en la actualidad fuertemente deteriorada por los escándalos éticos consecutivos que han golpeado al sector y por el uso político que algunos grupos han efectuado de los mismos. Es posible afirmar que en el transcurso de las últimas décadas la empresa privada se ha logrado ganar una merecida “legitimidad técnico-económica” entre la población, sin embargo no ha acontecido similar cosa respecto a la necesaria “legitimidad ética” que requiere para poder operar (sin grandes dificultades) en la sociedad. Es más, las conductas reñidas con la ley y la moral salidas a la luz pública durante los últimos años han colaborado más bien a devaluar esta última dimensión.

El énfasis que el nuevo presidente de la CPC ha puesto en la necesidad de mejorar en materia de ética como tarea prioritaria para los directivos empresariales pareciera ir por el camino adecuado. Mientras ello no acontezca será imposible que la institución empresarial consiga crecer en reputación y fortalecer su posición para trabajar y proyectar su quehacer sin mayores cortapisas gubernamentales y sociales y, de paso, estar en condiciones de influir positivamente en aquellos ámbitos que las afectan como, por ejemplo, es el caso ostensible de la legislación y las políticas públicas en áreas tales como economía, propiedad privada, normas laborales y medioambientales.

La adopción de conciencia de la realidad al respecto es un primer paso imprescindible, aunque no suficiente, para avanzar hacia conductas más probas. Se requiere, además, que ésta sea amplia y difundida entre los conductores empresariales y coetáneamente se precisa de una firme determinación entre ellos que los impulse a no cejar en su empeño durante el tiempo. El efecto ejemplar positivo que una posición y acción tenaz en pro de la moralidad en los negocios puede significar puede ser tanto o más efectivo que el negativo que aquellas actividades reñidas con la ética han comportado para el mundo de las empresas. Una tarea de esta trascendencia obliga a los hombres y mujeres de negocios a no callar y estar dispuestos a condenar públicamente las malas conductas de sus pares demandando las correcciones y reparaciones atingentes. El silencio de empresarios y dirigentes empresariales en este tipo de situaciones es entendido por la ciudadanía como complicidad, anuencia o práctica de acciones similares entre ellos.

Desde el punto de vista interno de las organizaciones, para que haya progresos en las conductas se necesita establecer códigos y normas, incorporar éstos a la cultura corporativa, y hacerlos valer toda vez que sean quebrantados. Trabajo que no solo reclama de liderazgos fuertes y convencidos sino que exige también de una tarea formativa permanente dirigida a todos los miembros de las compañías y el establecimiento de los sistemas y procesos de cumplimiento legal y ético correspondientes.

Es de esperar que a las declaraciones de intenciones sigan las acciones. El desarrollo futuro de Chile lo demanda.

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Liderazgo y mérito en la Educación Pública

El año 2016 se cumplió un primer ciclo en la implementación de la Ley 20.501 de la Calidad y Equidad de la Educación, que estableció la selección de directores de escuelas y liceos municipales y de jefes DAEM mediante concursos, con la participación directa e indirecta de la Alta Dirección Pública (ADP).

Desde un inicio, el Servicio Civil diseñó una estrategia de trabajo colaborativo con todos los actores del sistema, muy especialmente con los municipios y en el marco de una relación de pleno respeto a la autonomía de los gobiernos locales. Como resultado, la participación de la ADP en la selección de estos directivos, en su rol garante del mérito, ha sido vista por todos los actores, y en especial por los municipios, como una oportunidad para avanzar hacia mayores y crecientes grados de inclusión y desarrollo en la educación chilena.

Al finalizar este primer ciclo, es relevante valorar el hecho que una política pública promulgada en 2011 tuvo continuidad durante el actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, permitiendo los logros con que contamos al día de hoy.

A la fecha, 2.163 Directores y 173 Jefes de Departamentos de Administración Municipal han sido electos en el marco de la ley 20.501. Esto equivale a que el 77% de la matrícula escolar municipal cuenta en sus comunidades con un directivo electo por Alta Dirección Pública. Sumado a este avance, se reconoce además la impronta renovadora del sistema especialmente en el caso de las escuelas, dado que un 60% de los directores nombrados se desempeña por primera vez en su respectivo cargo.

Reconocemos por cierto la necesidad de abordar las mejoras al sistema para consolidarlo, incorporando modificaciones en su implementación e instrumentos; así como la necesidad de articularlo adecuadamente con el proceso de reforma en marcha.

Entre las principales tareas, en las cuales el Servicio Civil ya se encuentra trabajando, están: potenciar los perfiles de cargos de Directores y DAEM en el marco de los desafíos que exige hoy el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, así como el Marco para la Buena Dirección; perfeccionar los convenios de desempeño para que estos sean una real herramienta de apoyo al desempeño de los directivos; y revisar y apoyar el desarrollo de mejores condiciones institucionales a nivel municipal para el ejercicio de los cargos.

La segunda etapa de implementación de la ley 20.501 podría darse en el marco de una nueva institucionalidad para la Educación Pública, de aprobarse el proyecto de ley que crea los Servicios Locales de Educación. Desde el inicio de la discusión del proyecto, el Servicio Civil integra una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, que ha permitido establecer las coordinaciones necesarias para que los nuevos servicios sean adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública, en una definición consistente con los criterios que inspiraron el modelo de selección de directivos consagrados por la ley 20.501 y coherente con la ley que fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil y perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública.

Por ahora, en materia educativa, nuestro compromiso como institución es continuar con el esfuerzo para que el sistema de selección esté al servicio de los desafíos que se nos impone, cual es, contar con una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

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La juventud cambió

El pasado viernes fueron entregados los resultados de la Octava Encuesta Nacional de la Juventud, estudio que realiza INJUV cada tres años y el cual desarrolla un diagnóstico sobre los jóvenes en diferentes temáticas como: consumo de drogas, educación, trabajo, familia, salud sexual y reproductiva, participación política, entre otras.

Dejando de lado los detalles del lanzamiento de la encuesta, la contundente información que de ésta surge, invita a reflexionar sobre varios aspectos: ¿Qué tanto han cambiado los jóvenes en los últimos tres años? ¿Con qué se identifican?, ¿Cuáles son las discusiones valóricas que concitan su interés? Podemos referirnos latamente a cada una de estas aristas e incluso buscar puntos de convergencia u oposición con antiguas juventudes, lo cierto es que los jóvenes de hoy son distintos a los del 2012.  

Una de las cifras que más se ha comentado dentro de los distintos medios de comunicación o la que más ha generado repercusiones en la opinión pública, es la que señala que sólo el 26% de los jóvenes manifiesta identificarse con alguna posición política. El dato parece generar preocupación e incluso algunos ya avecinan una baja participación de la población joven en las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Pero lo anterior no significa, bajo ningún punto de vista, que los jóvenes no tengan una opinión política o que no estén interesados en los temas país, si no muy el contrario. Al consultar, por ejemplo, por la interrupción del embarazo, más del 60% señaló estar de acuerdo con alguna de las 3 causales. A esto se suma que un 59% declaró estar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Hoy la juventud abarca casi un cuarto de la población total (4.283.245) y a través de las distintas movilizaciones hemos visto cómo se han transformado en los protagonistas de los grandes cambios de nuestro país. Miles fueron los jóvenes que marcharon durante años exigiendo una educación gratuita y de calidad, sueño que ya es tangible para cientos de familias chilenas.

También observamos su interés por construir una nueva y mejor Constitución a través de su participación activa en el Proceso Constituyente (52,4% de total de consultas individuales fueron contestadas por la población joven).

Los jóvenes sí están debatiendo sobre temas país, sí hay una opinión que trasciende la mera conversación. Se saben actores relevantes en las grandes discusiones, capaces de visibilizar problemáticas y mantenerlas en la palestra; ahora, cómo hacer que ese interés se traduzca en un voto.

La Presidenta Michelle Bachelet dio un gran paso con la promulgación de la ley que introduce nuevamente la educación cívica en los recintos escolares, ya que no solamente debemos ser conscientes de nuestros derechos, sino también de nuestros deberes. Sobre todo, cuando es mucho lo que está en juego.

En lo próximo, son los actores políticos los llamados a seducir a esta masa crítica, desencantada y numerosa, tan numerosa que puede ser decidora al momento de definir un nuevo rumbo.

 

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Después de Escondida, ¿qué?

EN SOLO pocos años -desde los años noventa-, en Chile se construyó el mayor y más moderno parque minero de la industria del cobre en el mundo, con minas extraordinarias como Escondida, Los Pelambres y Collahuasi. Casi tres décadas después, estas minas ya no son “joyas de la corona” sino operaciones maduras que necesitan inversiones crecientes e innovación permanente para mantener su competitividad.

Este gran desarrollo minero se dio en el contexto de un Chile con un nivel de desarrollo mucho menor al actual y que recién recuperaba la democracia. ¿Cómo debían plantearse las relaciones laborales en esta nueva y moderna industria, que traía estándares de clase mundial pero que llegaba a un país subdesarrollado y con un esquema laboral afectado por años de autoritarismo? Es posible que las relaciones laborales resultantes hayan sido mayormente paternalistas para dar viabilidad a una industria de este calibre en una realidad difícil.

Las utilidades que generaron los altos precios durante el período de precios altos conocido como súper ciclo (2003-2011), plantearon el dilema de cómo compensar a los trabajadores en este período extremadamente favorable pero temporal. La industria minera sabía que la bonanza sería transitoria y por ende buscó mecanismos de compensación no-permanentes -los grandes bonos-, para evitar aumentar sus costos laborales permanentemente.

Además, la búsqueda por evitar pérdidas de producción en paralizaciones laborales durante el súper ciclo, llevó a consolidar un sistema de compensación laboral “transaccional”, ejemplificado en los bonos de término de conflicto, los cuales se desvirtuaron al pasar a ser un monto a cambio de paz, que se tornó exorbitante y que intensificó el foco de las relaciones laborales en torno al valor de este bono y no a elementos de largo plazo.

Pero la situación que enfrenta la minería y el país es diferente y eso obliga a pensar y actuar de manera distinta. Si bien es posible que los precios del cobre vuelvan a tener ciclos muy positivos, es poco probable que se repita el súper ciclo de 2003 y 2011. Por otro lado, el mayor nivel de desarrollo del país obliga ciertamente a otro nivel de relaciones laborales, con un estándar superior.

El desafío que tiene Chile en cuanto a relaciones laborales en minería es gigantesco. Se debe lograr que trabajadores, empresa y mundo político, tomen conciencia de que existe una nueva etapa en que se requieren mayores esfuerzos para mantener la competitividad de la industria. El más importante es el de lograr que los objetivos de productividad sean la base de las compensaciones laborales, lo cual ocurre hoy solo tímidamente, distorsionando el objetivo final de las negociaciones de contratos laborales.

Y luego de alcanzar esta visión común, se requiere implementar un nuevo marco de relaciones laborales. Sin liderazgos visionarios en los ámbitos sindical, empresarial y político, se corre el riesgo de seguir repitiendo negociaciones transaccionales, con cada vez menos posibilidades de concederlas, y por ende de caer en una espiral de conflictividad y miradas de corto plazo.

Chile se juega mucho en esta partida. Además un nuevo código laboral debutará en pocos días. Liderazgos y mayor capacidad de diálogo y comunicación serán imprescindibles.

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La ciudad que viene

EN UNA sede universitaria en pleno centro de la ciudad, tuvo lugar un interesante debate liderado por el filósofo y antropólogo francés Marcel Hénaff . A diferencia de los habituales seminarios o conferencias de urbanismo y ciudad, en esta oportunidad no se habló de mecanismos, de herramientas, de financiamiento, sino que se conversó del fondo de la materia. El foco estuvo primero en entender la historia de ciudad y las razones que la informaron en sus orígenes y evolución, para luego problematizar acerca de los problemas urbanos actuales y de la ciudad que viene.

La ciudad sin duda es y será un reflejo de la sociedad que la genera y la habita. Lo fue en sus inicios y lo es hoy. Sin embargo, las razones por la cuales los hombres y mujeres se movilizan para implementarlas, ya no se fundan en creencias religiosas, necesidades simbólicas, defensivas, de salubridad, de comercio, etc. Hoy las ciudades dejaron de ser la excepción, ya no son un mundo en sí, sino que el mundo es urbano. Hoy prevalece la red de ciudades antes que la ciudad misma. Sin perjuicio de ello, la ciudad actual le falla cada vez más al hombre en atender esas razones del origen. La ciudad no necesariamente es ordenada, limpia, salubre, saludable, segura, culta, plena de empleo, democrática, integrada, etc. Las personas nos debemos enfrentar con nuevas incertidumbres y problemas, que el avance de la humanidad supuestamente tenía ya superados. Esta “ciudad que viene”, y que menciona el profesor Héenaff, en realidad ya se está cuajando con todas esas preguntas no resueltas.

¿Cómo le devolvemos a la ciudad y al espacio público la razón de ser, la justificación y el lugar, para que contribuyan realmente a la calidad de vida de las personas?¿Cómo hacemos del espacio urbano una “infraestructura para humanizarnos” y no deshumanizarnos? Cuando el intendente Orrego levantaba la alerta la semana pasada por lo que sucede en la comuna de Estación Central, ciertamente apuntaba en ese sentido.

Ojalá las reflexiones que empujasen al cambio pudieren ser las fondo y no solo el ataque a lo sintomático y lo puramente operativo. Los lugares comunes de “esto es elusión”, “falta de planificación”, “esto se da aquí y en otros lugares de Chile”, “esto es el abuso de la norma y los resquicios legales”, “han pasado cuatro años y no se ha hecho nada”, “esta es la sed del lucro de las inmobiliarias”, “esto es culpa del alcalde y su concejo”,son finalmente afirmaciones vacías, con escasa sustancia en la acción y menos aún encaminadas a la solución. Con la lógica de Hénaff, somos la sociedad chilena la que se ve reflejada en sus ciudades, en la forma como las construimos, habitamos o maltratamos. Así como nos descalificamos, nos insultamos, no nos toleramos, nos atrincheramos en el anonimato de las redes sociales para destruir la honra de las personas...la ciudad nos agrede, nos atropella, nos enferma, nos aloja en las colmenas humanas que criticaba el intendente.

No es a la ciudad la a que le falta escala humana… es a la sociedad. La ciudad que viene, la creamos nosotros. Hacerlo de diferente manera implica volver a conversar, mirarse las caras y darle nuevo sentido a los espacios que construimos y habitamos.

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El inicio del ciclo del populismo

El abrumador apoyo del Comité Central del PS a Guillier resulta completamente lógico. Forma parte de un proceso histórico que viene de hace un tiempo en la izquierda, que ha ido abandonando su discurso de responsabilidad y acercándose a los bordes del populismo. En especial porque ha ido comprando ese discurso de un desprecio completo a las élites, el apoyo a líderes carismáticos que tienen una conexión directa con la ciudadanía a través de la TV, más allá de las estructuras tradicionales y, sobre todo, porque ha ido creyendo en una propuesta de país que se basa más en los sueños y los deseos que en la maldita realidad que dan la responsabilidad fiscal, los necesarios acuerdos para construir políticas, la cooperación de diversos sectores de distinto signo y origen y todo aquello que constituye la buena política con la que Chile se ha ganado el respeto en el mundo.

En nuestro país, siempre ha habido populismo. Una revisión de los resultados de las elecciones ocurridas desde 1989 prueba que populistas de derecha o de izquierda e incluso inclasificables, como lo fue (y sigue siendo) el economista Franco Parisi, tienen su nicho de 15 o 20 puntos del electorado. Pero no han logrado tomarse las grandes coaliciones, como fue en EE.UU. Trump que se hizo del Partido Republicano. Eso es hasta ahora. Piñera puede anotarse entre sus éxitos políticos haber arrinconado al populismo de derecha, pero no ha sido la realidad de la izquierda.

El socialismo chileno, en especial después del experimento de apoyar al General Carlos Ibáñez había, a diferencia de otras socialdemocracias latinoamericanas, abandonado completamente el populismo. Tanto en los últimos años de dictadura, como en democracia, la izquierda dio muestra de una conocida responsabilidad política que le llevó incluso a tener que tragarse amargos batracios en la historia reciente. Uno de ellos fue inscribirse en los registros para votar en el plebiscito y, por tanto, aceptar el marco institucional del dictador. Y un segundo, sin duda, fue tener que apoyar al gobierno de Frei en sus gestiones diplomáticas para traer de vuelta a Pinochet y así evitar que enfrentara a la justicia internacional por genocidio.

Lo ocurrido en el PS es un fenómeno más global y el acto de cierre de un ciclo y el inicio del populismo de izquierda. El apoyo a Guillier es plenamente lógico en un escenario donde desde los intelectuales del segundo piso se transmite que en Chile hay un malestar instalado y que la gente quiere castigar y purificar a los políticos. Si desde La Moneda ese el mensaje, ¿por qué extrañarse si el PS vota por quien se ha hecho popular criticando a los políticos tradicionales, incluyendo a la propia Presidenta de la República? Desde el propio comando de Lagos el canto del populismo no ha encontrado oídos sordos. Hay que recordar que una de sus voceras suele pontificar como consigna contra la transición de la que es partícipe el propio ex presidente. Si los propios partidarios de Lagos reniegan de la política de estos años, ¿por qué alarmarse ahora que en el PS gane quien se declara el nuevo Martín Rivas y alejado de los políticos de la transición?

Se requiere coraje político para no ceder ante las ensoñaciones de la droga del populismo. Y sin duda que ese valor no está hoy en quienes dirigen el PS. Esa es la razón por la que, de manera inédita, decidieron elegir con votación secreta al candidato del populismo. Así podrán negarlo cuando mañana se desplome con la misma rapidez que ascendió.

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Errores imperdonables

Dentro de los recuerdos que tengo de la infancia, y en particular de mi infancia ligada al fútbol y sus circunstancias, el puesto del arquero estaba lejos de ser un territorio envidiado. En las pichangas del barrio y en las del colegio, bajo los tres palos solían ubicar al que no tenía talento alguno para manejar la pelota con los pies. Y ahí en el arco hacía lo que podía soportando los pelotazos que llovían con intensidad y alevosía. De esos días de la niñez no tengo en la memoria a nadie que eligiera de puro gusto jugar al arco, pero sí recuerdo a muchos que se peleaban por ser el centro delantero del equipo, el “10” o incluso el líbero.

Y aunque con el correr del tiempo la idea que tenía del puesto del arquero evolucionó, siempre me ha parecido una función ingrata y con una carga de responsabilidad mayor a cualquier otra dentro del campo de juego. Porque un error puede perdonársele al goleador -al fin y al cabo, a la siguiente jugada puede embocarla dentro y ya nadie recordará el gol que no pudo convertir-, pero no al arquero. El error del arquero es un gol y nada de lo que haga luego podrá borrar ese tanto en contra.

Ejemplos sobran. El caso del arquero del Brasil del ’50, Moacir Barbosa, es archisabido, al punto que el escritor mexicano Juan Villoro aseguró que había muerto dos veces: la primera el día en que Brasil perdió la final contra Uruguay en el Maracaná, tras un grueso error de Barbosa; la otra, cuando murió de manera definitiva, el 7 de abril de 2000.

Otro ejemplo es el del arquero peruano Eusebio Acasuzo, quien en el repechaje de las Eliminatorias para México 86 sufrió un revés que le cambió la vida. Nadie dudaba que Acasuzo era prenda de garantía para el arco peruano -había salvado invicta la valla peruana en Lima ante Argentina, y luego, en Buenos Aires, Perú había rescatado un empate 2-2, lo que le daba cartel de favorito en el repechaje-. A sus 33 años estaba en el mejor momento de su carrera. Y, sin embargo, en ese primer tiempo en el estadio Nacional, cuando enfrentó a Chile, en poco más de veinte minutos Acasuzo recibió tres goles, situación que fue agravada porque el técnico de los del Rímac, Roberto Challe, decidió sustituirlo luego de tan estrepitosa actuación.

Ni hablar de la situación por la que atraviesa el propio Claudio Bravo. Arquero de condiciones excepcionales por donde se le mire. Golero y capitán indiscutido de la selección nacional. Hoy vive una situación especial dentro del Manchester City, no sólo porque ha sido suplente durante largas fechas sino porque además ha recibido una crítica impía de parte de la prensa, la que dentro de sus últimos ataques lo ha sindicado como el segundo peor refuerzo de la temporada después del marfileño Wilfried Bony, quien llegó como carta goleadora al Stoke City y apenas ha jugado diez partidos y marcado dos goles. Es cierto que Bravo puede haber tenido actuaciones irregulares, pero de ahí a ser el peor segundo refuerzo de la liga hay casi un abismo.

De cualquier modo, son parte de los costos que deben pagar los arqueros. Sin ir más lejos, en el clásico del sábado los grandes responsables de que sus equipos no hayan ganado, según la prensa, fueron Paulo Garcés y Johnny Herrera. Más allá de los enojos circunstanciales de los hinchas, los errores de uno y otro no pueden echar por tierra la trayectoria de ambos. Es cierto, para muchos los únicos que no se pueden equivocar en la cancha son los arqueros. El tema es que nos olvidamos que también son humanos.

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Nueva Constitución

Esta columna fue escrita junto a Gloria de la Fuente.

HACE ALGUNOS días el gobierno presentó el proyecto de reforma al actual capítulo XV de la Constitución para que el Congreso Nacional habilite un procedimiento que haga posible dictar una nueva Carta Fundamental. Con esto se da un nuevo paso en el itinerario constitucional comprometido por la Presidenta Bachelet, clave para darle un cauce institucional a este debate y viabilizar esta aspiración de tantos chilenos y chilenas.

Esta no es una discusión baladí ni que convoque solo a la elite política. El sentido profundo de una nueva Constitución es también buscar un nuevo pacto social, que nos permita construir entre todos los cimientos y la legitimidad de una democracia que requiere fortalecerse y hacerse inclusiva. Ello tiene la mayor urgencia y requiere un compromiso de todos los actores políticos y sociales, porque no solo el punto de llegada es importante, sino que también el proceso para alcanzar la máxima legitimidad a un orden político, económico y social que requiere reconciliarse con sus ciudadanos.

Desde la candidatura de Ricardo Lagos no solo hemos hecho explícito nuestro compromiso con este proceso constituyente, sino que las conclusiones de los diálogos ciudadanos (2016) y la propia experiencia de “tú” y “nuestra Constitución”, iniciativas lideradas por el expresidente Lagos en los últimos años, fundamentan los cuatro ejes de nuestro programa.

Nuestro país requiere articular un gran consenso constitucional que permita superar el actual Estado subsidiario, fuente de los abusos y la pérdida de legitimidad de la política para avanzar en un Estado participativo, pluralista y solidario, que promueva la inclusión de las minorías en las políticas públicas y proteja sus derechos. Un Estado que garantice derechos y deberes ciudadanos, desarrolle una gestión eficiente en materia de servicios y fomento, y compatibilice la acción público privada en la economía.

Debemos dedicar todas nuestras fuerzas para unir a Chile en un esfuerzo común, que incluya a los adversarios políticos. Para que el abuso no quede impune y el dinero no determine en la política, para poner fin a las arbitrariedades y proteger al ciudadano, para crear un Estado eficiente, probo y abierto a la participación ciudadana, para fortalecer la legitimidad de las instituciones y detener el poder del dinero. Construir acuerdos en este ámbito es un imperativo ético de la política, pues solo así podremos avanzar de manera inequívoca hacia un nuevo contrato social.

Creemos que es imprescindible generar esta discusión en el marco de la actual elección presidencial y parlamentaria, porque estamos frente a la imperiosa necesidad de combatir la desesperanza y la falta de credibilidad en la política con herramientas concretas que nos permitan renovar votos con nuestra democracia que tanto ha costado construir. Los lamentables sucesos ocurridos en nuestros países vecinos en el último tiempo nos muestran que es preciso redoblar los esfuerzos por cuidar nuestro sistema político y, sin lugar a dudas, eso es algo que nos debe convocar a todos.

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