Óscar Contardo's Blog, page 200

El retiro de Lagos: ¿Fin de la NM?

El rechazo del Partido Socialista(PS) a apoyar la candidatura de Ricardo Lagos representa un hito fundamental en la trayectoria política histórica del país. Atrás quedo la candidatura del único militante cuya doble militancia había sido aprobada por un congreso del partido:  ¿Por qué? Como hecho objetivo, luego de 7 meses de campaña, distintas encuestas le reconocían un apoyo muy bajo y evidenciaban un alto rechazo. En ese sentido, era una candidatura que no terminaba de tomar impulso y el apoyo del PS representaba la única posibilidad de sobrevivencia. La pregunta, en consecuencia, debe ser otra ¿por qué se llegó a este punto?

El novel candidato del PS ha insinuado que el ex – presidente no escuchaba a la gente. Más aún, Guillier usó como slogan para posicionar su candidatura que era necesario oir a la ciudadanía y que el programa de Gobierno debe conversarse con ella.

Está por verse la realidad de semejante slogan, pues la ciudadanía ya ha hablado fuerte (las movilizaciones estudiantiles; las marchas de “No + AFP”, las movilizaciones de las regiones etc.)

El problema parece ser otro: muchas son las voces que escuchar, y aún más numerosas las soluciones. La dificultad es buscar buenas soluciones que pueden concitar un apoyo mayoritario. Ello requiere de conocimiento y de liderazgo para articular las voces y transformarlas en un proyecto y programa político.

Lagos desempeñó un importante liderazgo en la lucha por la recuperación democrática y en la configuración de los primeros 20 años de la Concertación, no así para el presente momento histórico, ya que representa todo lo bueno, pero también particularmente lo malo de la gestión concertacionista. Mientras que los aspectos positivos (recuperación de la democracias, reducción de la pobreza, construcción de las autopistas, el metro, la domesticación de las FFAA, el plan auge) son parte de los activos de la población, y se dan como por dados, la ciudadanía tiene clavados en su retina el Transantiago, el CAE, los abrazos del empresariado y una cierta indiferencia respecto del sistema de pensiones, por nombrar algunos aspectos.

También fue importante la decisión del ex Presidente de constituir un equipo que dejaba en evidencia que muchos de sus colaboradores de hoy (aunque aparecieron importantes personas que sin duda jugaran un papel destacado en la política chilena) eran los mismos colaboradores de antes, algunos de los cuales se han transformado en voceros de las grandes empresas concesionarias de obras públicas, de las grandes mineras, de las empresas del transantiago entre El ex – presidente no pareció entender que una gran mayoría de la NM no reclamaba un programa concienzudo – ya habría tiempo para elaborarlo– sino una mirada empática con importantes demandas de la ciudadanía que mayoritariamente son de centro izquierda. No era suficiente decir que su última propuesta programática era “para conversar”, las palabras requerían acompañarse de gestos audaces.

La caída de Ricardo Lagos no abre perspectivas de triunfo para la centroizquierda. Las diferencias transversales que afectan al centro y a la izquierda son profundas: más allá de los discursos y la simulación ello ha sido evidente durante todo el actual Gobierno. No hay acuerdos sobre el diagnóstico y menos sobre los remedios. Una segunda razón deriva de la ausencia de liderazgos. Los del pasado, particularmente el de Lagos, que fueron decisivos para transitar a la democracia y para construir 20 años de gobiernos concertacionistas no han logrado siquiera entender o aceptar los cuestionamientos. Por su parte, los nuevos liderazgos no terminan de surgir. Han aparecido espejismos propios de los procesos de descomposición de los proyectos políticos, cuando ante “el sálvese quien pueda” los últimos habitantes de una coalición se aferran de lo que pueden para salvar el pellejo, cuando impera el oportunismo y la “democracia meteorológica”, rehén de las encuestas de opinión.

El Partido Socialista aparece sumido en ese proceso. Su Congreso del 2015 definió la consulta para definir el candidato presidencial del partido, procedimiento confirmado por dos reuniones del Comité Central en noviembre 2016 y enero 2017, para finalmente fulminar la consulta. Todos conocimos a los partidarios de Insulza, de Atria y de Lagos… pero fuera de dos o tres dirigentes que desde un principio se declararon partidarios del senador Guillier, nunca fue claro quienes eran sus partidarios. Aunque es dable suponerlo, todavía no sabemos por quién votó el nuevo presidente del partido.

Al principio de la semana cuando se fulminó la consulta a los militantes, se dijo que el PS no estaba dispuesto a dar un cheque en blanco ni a Lagos ni a Guillier, que en el curso de la semana se presentaría las ideas programáticas básicas a los dos candidatos para tener eso como referencia para la decisión. Ello era solo un volador de luces, ya que en una semana no se improvisa una propuesta programática, menos aun cuando  los militantes están discutiendo desde hace meses al respecto. Menos viable era que los precandidatos las definieran en unas pocas horas previas a la reunión del comité central. La “guinda de la torta” fue que la votación en el comité central fuese secreta para evitar que los miembros del Comité Central se sintieran presionados: ¿remilgo presunto ante ¨interferencias”, o miedo a dar cara ahora y en el futuro cuando sean evidentes las consecuencias?

La situación actual recuerda lo que hace poco señalaba el filósofo español Daniel Innerarity “Padecemos una forma de configurar nuestras agendas políticas ..porque no acierta a despegarse de la agitación cotidiana. Puede que estemos confundiendo la voluntad general con el pulso diario en una especie de democracia meteorológica, en que las encuestas de  opinión o la opinión publicada son como los mapas del tiempo que nos permiten decidir si salimos hoy a la calle con abrigo, paraguas o manga corta …bien pudiera decirse que nuestro gran desafío consiste en articular una forma de construcción representativa de la voluntad popular que no se convierta en seguidismo de lo más ruidoso e inmediato”

¿Qué viene hacia delante? Si en los últimos meses el centro y la izquierda de la NM han vivido en la incertidumbre, esta se profundizará, ante varios escenarios posibles. El más probable es que la Democracia Cristiana descarte las primarias de la NM y se perfile como una alternativa de centro en la primera vuelta. Habrá que ve cómo Lagos y el sector que lo apoyó buscarán proyectar el movimiento que se generó en los siete meses que sostuvo su candidatura; es poco probable que apoye a Guillier pues las diferencias con quienes lo apoyan son muy sustantivas, y no debería extrañar a nadie que se sumaran a la candidatura de Carolina Goic en la primera vuelta. El problema de fondo es que los partidos de la NM están profundamente divididos y en tal contexto es probable que, más allá de las definiciones formales de los partidos, los distintos grupos dividan sus apoyos en la primera vuelta. El único partido que no presenta estas fisuras es el partido Comunista, que va a apoyar en el curso del mes a Guillier. Este escenario le pone una lápida a la nueva mayoría. El segundo escenario, menos probable y difícil, es que por consideraciones de cálculo electoral en el campo parlamentario, se imponga la idea de una primaria en la NM. Los débiles liderazgos que caracterizan a la coalición de Gobierno hacen poco probable que se estructure un liderazgo capaz de construir un acuerdo programático real. Y parece evidente, que las fuerzas política de la  NM no quieren ni están en condiciones de reproducir el actual gobierno de la coalición. Veremos cómo se sigue exponiendo la pequeña política, la que se escribe con minúscula, a las inclemencias de la meteorología de las encuestas de opinión.

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Por un sistema previsional sin discriminación de género

HOY EL sistema de pensiones tiene un grave problema de legitimidad ante la ciudadanía. Éste se encuentra administrado por un sistema privado basado en la capitalización individual con una ausencia total de solidaridad entre cotizantes, con un bajo aporte del Estado. Todo esto deriva en el pago de bajas pensiones, que han creado una crítica desde la sociedad.

El debate de una reforma al sistema debe tener presente la situación que hoy sufren las mujeres. Las mujeres tenemos una posición desmejorada respecto a los hombres, recibiendo una pensión mucho menor en relación a éstos, lo que da cuenta de un sistema discriminatorio.

Son diversos factores que inciden. Uno de ellos es la menor inserción en el mundo laboral, además de su precarización. En 2015, la tasa de participación de la mujer fue menor al 50%, mientras en los hombres fue de 70,7%. A esto se suma, que en ese año la tasa de desocupación fue mayor para la mujer, con 6,8%, mientras la de los hombres fue de 5,8%.

La segmentación del mercado laboral según género es otro factor. Esto se traduce en el tipo de empleos que tenemos, el cual se encuentra centrado en el área de comercio, servicios e industria.

En promedio, la diferencia entre la hora de trabajo entre hombre y mujer es de 30%, brecha que va en aumento a mayor nivel educacional, lo cual desincentiva el esfuerzo por contar con estudios de post grados. Además, la vida laboral de la mujer solo es de un 40% de sus años de vida activa, mientras que la del hombre es un 74%.

Todas estas cifras influyen en las bajas pensiones, al contar con largas lagunas previsionales.

El problema proviene de una cultura patriarcal existente en la sociedad, que sigue vinculando como principal rol de la mujer el cuidado del hogar y los hijos.

En los últimos años hemos visto cambios culturales en el hogar y la familia. Hoy cada vez más mujeres son jefas de hogar. Además, existe un mayor número de familias monoparentales a cargo de mujeres, por lo cual urge una reforma al sistema que tenga como énfasis la protección de la mujer.

Para reducir esta discriminación, una propuesta previsional debe tener componentes de solidaridad para revertir dicha situación, ya que el sistema de capitalización individual actual, ha ayudado solo a agudizar las brechas. Como Bancada de Senadores hemos propuesto la existencia de un pilar solidario de ahorro colectivo, lo que permite ir en ayuda de las mujeres.

El Ejecutivo también ha adelantado su propuesta, la que elevará en 5% las cotizaciones, siendo carga del empleador. Parte del monto iría en subsidio a las pensiones de las mujeres a través de un “Bono Mujer”, para aumentar dichas pensiones.

Una reforma, además, debe hacerse cargo de la diferencia existente de las tablas de mortalidad, debido a la mayor esperanza de vida que se calcula a la mujer, y que afecta en el monto de sus pensiones, los cuales deben ser uniformes como hoy tienen la mayoría de los países de la OCDE.

Otra propuesta es que, durante la vida en común de los cónyuges o convivientes, de las cotizaciones que reciba un hombre por su trabajo, la mujer sea compensada por éste si se encuentra dedicada al hogar.

Llegó el momento de que como sociedad nos hagamos cargo de la discriminación de género que tenemos, para equiparar la situación previsional entre hombres y mujeres, lo cual debe ser un foco de las propuestas previsionales que surjan.

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Priorizar la calidad

EN ESTA semana, el gobierno entregó las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley que reforma la Educación Superior (ES). Dentro de los aspectos a modificar, es crucial que exista un común denominador y un eje conductor de la reforma, el que debe ser priorizar la calidad. Este concepto aparece inseparable de la definición de universidad. El énfasis en la calidad incluye la necesidad de apoyar el proceso de transformación integral de una persona para dar un salto en su formación personal e intelectual. Junto a éste, la creación de nuevo conocimiento y su transferencia a la sociedad, son pilares que sustentan la labor universitaria.

Las universidades son un espacio único y privilegiado de reflexión cultural, investigación científica y debate de ideas. En ellas se cultiva la creación, el nuevo conocimiento, la verdad, el desarrollo del bien y de la belleza, para aportar al mejor crecimiento del país y de sus habitantes. La diversidad de nuestro sistema de ES requiere de una amplia libertad institucional, con el fin de que cada universidad aporte desde su propia misión e identidad. Esto agrega mayor calidad, amplitud de miradas y enfoques en las diferentes temáticas, lo que favorece la consolidación de un país más democrático e integrado.

El actual proyecto de reforma de la ES, si bien presenta algunas innovaciones positivas en el aseguramiento de la calidad, tiende a establecer una normativa excesivamente orientada al control, que posterga la promoción de la calidad y amenaza con restringir la autonomía de las instituciones. Esto afecta de manera negativa la identidad de las universidades, sus planes de desarrollo y el futuro crecimiento de sus proyectos académicos. Dentro de los aspectos a cuidar en la calidad, está la formación de una planta académica de excelencia, atraer a alumnos destacados, un buen gobierno universitario y recursos disponibles y utilizados de manera eficiente para desarrollar el proyecto universitario. Esto se debe traducir en evaluaciones y acreditaciones de calidad externas y objetivas.

La incertidumbre en el financiamiento institucional puede afectar la calidad de las instituciones. En las últimas semanas ha estado presente la discusión del financiamiento y costos de la política pública de gratuidad, focalizada en los estudiantes más vulnerables. La introducción progresiva de la gratuidad, tiene por objetivo avanzar en inclusión e igualdad de oportunidades, lo que se aplaude y apoya desde la UC. Sin embargo, esta política produce un déficit financiero importante a las universidades de mayor calidad.

La gratuidad debe planificarse en base a costos reales de manera de no poner en riesgo la calidad de sus proyectos educativos e impactar de manera negativa en la formación de los estudiantes, en la investigación, generación de nuevo conocimiento y en su entrega a la sociedad. Priorizar la calidad, ampliando la inclusión y nuevas oportunidades para los estudiantes debe ser un desafío del país. Esto es lo que soñamos y por lo que debemos trabajar.

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Aborto e indicaciones

Luego de más de dos años de discusión en el Parlamento en torno al proyecto de institucionalización del aborto del gobierno, al menos dos cuestiones han quedado demostradas. La primera, es que este proyecto no era ni política ni filosóficamente neutro. Su implementación normativa obligaba a abandonar un ethos que, hasta ahora, nos era común a humanistas laicos y cristianos: la dignidad humana e inviolabilidad de la vida de todo ser humano. El proyecto de aborto presentado por el gobierno, al optar valorativamente por la llamada “solución de indicaciones” obligaba al desconocimiento de la titularidad de sus derechos humanos y a la autorización de su instrumentalización. La segunda cuestión que ha quedado clara, es que muchos parlamentarios -a diferencia de los defensores del proyecto – no han mirado el problema social de una manera “binaria” (blanco o negro). Un grupo importante de ellos están empeñándose en buscar soluciones a la posible penalización “no razonable o desproporcionada”.

Un primer fenómeno de estas características se presenta en torno a la primera causal del proyecto, en tanto un grupo de parlamentarios, acoge como solución alternativa al aborto directo, aquella que ya había sido propuesta por un proyecto de Ley (Nº 7.965-11) de los senadores Ignacio Walker, Pizarro, Ruiz-Esquide y Zaldívar. Esta solución -a diferencia de la del proyecto que autoriza legalmente a eliminar directamente a un ser humano como “medio” para lograr el fin de salvar la vida de otro- considera al nonato como sujeto de derechos , de manera que autoriza la acción médica en favor de la madre y solo acepta como legítima la muerte que es consecuencia no querida, aunque prevista de la intervención médica. Esta situación, por lo demás, es la que la lex artis de ginecólogos y obstetras acepta realizar.

Otra manifestación de este fenómeno por buscar soluciones alternativas a la instrumentalización de seres humanos y más eficientes en la protección de la mujer embarazada, es el conjunto de indicaciones que el senador Zaldívar propone. Estas soluciones se caracterizan por su globalidad, en tanto no solo se orientan a las tres causales y pretenden abarcar posibilidades de prestaciones más amplias, profesionales y humanas. Un grupo de indicaciones del senador- antes propuestas por el penalista Alfredo Etcheberry en su proyecto de Código Penal- que proponen reducir el plazo de prescripción de los delitos de aborto a un año y, en caso de aborto motivado por haber sido antes la madre víctima de violación, propone la posibilidad que el juez pueda atenuar libremente la pena.

Como se puede observar, y más allá de considerar correctas o eficientes algunas de estas indicaciones, lo claro es que la razonabilidad y la búsqueda de alternativas es posible. En lo personal, espero que el Senado tenga la sabiduría de encontrar ese camino alternativo correcto, que no solo se enfoque en una revisión a la intensidad penal, sino que también en una institucionalización de un sistema de acompañamiento integral para la mujer con embarazos complejos, que reconozca la responsabilidad de toda la sociedad para con las madres embarazadas y en la prevención del aborto.

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Ley de inclusión laboral: una nueva discriminación

Esta columna fue escrita junto a Matías Poblete Sandoval , presidente de Fundación Chilena para la Discapacidad

Las dos Cámaras acaban de aprobar en el Congreso la Ley de Inclusión Laboral de personas con discapacidad. Muchos creerán que es motivo de celebración. Pero no: es una ley que nació insuficiente.

Si bien considera un mecanismo de acceso al trabajo en beneficio de las personas con discapacidad, en rigor no propicia la inclusión laboral de estas. Por ejemplo, obliga tanto al sector público como al privado a contratar al menos a un 1 por ciento de personas con discapacidad. Pero en el caso de ministerios, servicios y otras dependencias públicas, dicha obligación se exige cuando son más de cien los funcionarios de planta o de contrata. Así, se excluye a los funcionarios a honorarios, que no son pocos. Muchas reparticiones no se verán, por ende, obligadas.

Asimismo, brinda al sector público causales para no contratar a personas discapacitadas mucho más amplias que las que brinda al sector privado, lo que constituye una abierta discriminación, toda una paradoja en un proyecto como este.

Parece que el Gobierno hubiera querido dar a las reparticiones públicas herramientas para no cumplir con el espíritu de esta ley.

En segundo lugar, esta ley no cambia la norma actual, según la cual una persona con discapacidad que acepta un trabajo en el que le pagarán más de la mitad del sueldo mínimo, pierde automáticamente su condición de beneficiario de un plan de salud familiar. El efecto es negativo: la persona dejará de ser carga y deberá cotizar individualmente, con lo cual su plan costará entre 20 y 25 por ciento más. ¿Tan difícil era cambiar la norma para que ese trabajador no perdiera la condición de beneficiario de asignación familiar y, por tanto, pudiera seguir trabajando sin perder su condición de carga en el plan de salud?

La nueva ley también discrimina por edad, pues el cupo reservado a las personas con discapacidad no regirá para ninguna mujer mayor de 60 años y ningún hombre sobre los 65. Es decir, no podrán trabajar, pues las pensiones de invalidez son incompatibles con las pensiones de vejez. Como sabemos, al cumplir la edad de jubilar, todas las pensiones de invalidez pasan a ser de vejez. Por lo tanto, las mujeres mayores de 60 y los varones mayores de 65 no podrán entrar en ninguna de las cuotas.

La ley aprobada tampoco garantiza una mínima flexibilidad en la jornada de trabajo. Por ejemplo, y dado que se aplicará el Código del Trabajo, alguien que necesite someterse a un tratamiento dos o tres veces por semana, en cualquier centro de rehabilitación, se verá expuesto a que el empleador le diga: “No te puedo contratar porque la normativa laboral no me permite la flexibilidad horaria que me pides”.

Estamos ante una ley que, además, no ha sido acompañada por ningún esfuerzo económico de parte del Estado. Este no ha destinado un solo peso para que las empresas e instituciones puedan adaptar su infraestructura a personas con discapacidad, ni pensó en franquicias tributarias por la contratación de monitores y la incorporación de equipamiento especial.

En definitiva, esta ley impone un sistema de cuotas a instituciones empleadoras pero no les entrega ninguna herramienta humana ni técnica para que dicha cuota se cumpla y se generen empleos dignos, de calidad e inclusivos.

Chile necesita un sistema de inclusión laboral que no se quede en el papel, sino que sea una realidad en cada empresa y que tenga la fuerza para cambiar la excluyente cultura del mercado laboral.

La nueva normativa, como tantos otros proyectos del actual gobierno, se quedó en el papel y el solo anuncio, siendo discriminatoria cuando exime al Estado de responsabilidades. Lo que necesitamos es una ley que no se quede en buenas intenciones y efectivamente contribuya a mejorar la vida de las personas con discapacidad.

 

 

 

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Datos y código abiertos: Planificación urbana participativa

Esta columna fue escrita junto con Lake Sagaris, UC, Centro de Excelencia en BRT y CEDEUS; y Christopher Zegras, MIT, Centro de Excelencia en BRT.

 

Desde la década de 1970, en los países democráticos la planificación urbana se vio obligada a abrirse a una amplia participación, tanto de actores estatales como de organizaciones ciudadanas. El motivo fue integrar, desde el análisis de un problema hasta la selección e implementación de soluciones, todos los conocimientos técnicos y experienciales. En el plano urbano, no es posible una planificación integral, efectiva y eficiente sin este tipo de estrategia.

La planificación del mundo socio-técnico-natural de la ciudad requiere no sólo una propuesta coherente y debidamente estudiada, sino que también un consenso entre diversos actores. En Chile, hemos aprendido eso a través de duros conflictos como los asociados al proyecto de la autopista Costanera Norte a fines de la década de 1990.

Desde entonces el Gobierno ha buscado, con más o menos éxito, una participación que asegure que las personas mejoren los proyectos y valoren los resultados. El sector transporte es frecuentemente criticado por ser demasiado tecnocrático. Los sofisticados modelos matemáticos usados para predecir los cambios en los flujos y actividades son considerados “cajas negras” por la mayoría de la población. Esta aproximación a la planificación requiere integrarse con elementos de diseño que son más propios de arquitectos y urbanistas, y de un entendimiento mayor del mundo social, escalar y espacial, que son propios de las comunidades urbanas, los geógrafos y antropólogos, entre otros. Esta interacción interdisciplinaria es esencial para entender la calle con la delicadeza que el espacio urbano requiere.

En los últimos 20 años, los procesos participativos han demostrado su valía, pasando de una aspiración a una demanda básica de comunidades urbanas cada vez más preparadas para jugar su rol en la planificación. Esto ocurre en paralelo a una revolución tecnológica y computacional que proporciona una cantidad asombrosa de información. En un mundo de “datos y códigos abiertos” la ciudadanía exige una “gobernanza abierta” donde actuar con dignidad y efectividad. La remodelación del eje Alameda-Providencia ha innovado en esta dirección, convocando a actores de diversas instancias ciudadanas y privadas en un proceso amplio de participación ciudadana. Como es de esperar, este proceso ha evidenciado los debates pendientes que son esenciales para consensuar una ciudad sustentable para Chile.

El progreso de las tecnologías de información permite reforzar estas tendencias, proveyendo herramientas que ofrecen una visualización más efectiva de los proyectos y de sus impactos específicos. Utilizan interfaces que nos permiten democratizar y mejorar la capacidad de análisis, enseñándonos relaciones espaciales, despertando la creatividad y cerrando brechas entre puntos de vista en conflicto.

Las condiciones están dadas para una planificación inclusiva: se cuenta con un sector innovador de tecnologías de información (software, apps), abundantes datos abiertos en movilidad urbana, una creciente demanda por parte de la sociedad civil y una ávida necesidad de conocimiento público para mejorar los sistemas de movilidad. Imagínese que en este proceso de participación una persona, por medio de una pantalla ‘touch’ interactiva, pueda examinar distintos escenarios para un eje e incluso crear uno propio. Y es más: podría entender de mejor forma el balance que es necesario hacer entre frecuencia del servicio, tiempos de detención en paradas (producto de estaciones con prepago), aumentos de velocidad (debido a pistas segregadas y adelantamiento) y distintas tecnologías para el eje. El sistema podría generar los distintos impactos para usuarios en distintas zonas, las implicancias en emisiones y uso de energía, la exposición a contaminantes y los costos de operación y capital asociados. Herramientas que puedan generar una visión tan precisa y personalizada de los impactos de un proyecto de transporte permitiría involucrar a la ciudadanía de un modo más transversal, completo, productivo y en definitiva exitoso.

Para que todo esto sea posible, el diseño de las herramientas necesita reconocer el contexto local de cada proyecto y que en ese diseño concurran expertos de distintas disciplinas y de la misma ciudadanía. Siguiendo esta lógica, en el Centro de Excelencia en Bus Rapid Transit, investigadores del MIT y de la UC estamos colaborando en la búsqueda para aumentar la efectividad de la planificación a través de tecnologías de información que usan las abundantes fuentes de datos disponibles en la actualidad. La época de datos abiertos ya está aquí generando granes innovaciones; los procesos ‘abiertos’ para la planificación seguirán sus pasos. Nuestra esperanza es poder contribuir a la creación participativa de mejores sistemas de transporte sustentable ofreciendo un espacio para interactuar, imaginar, aprender e inventar juntos.

 

 

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Bienvenida la Post-Verdad

«Post-verdad» ya empezó a ser un término de uso común. Nuestra época, caracterizada por ella, nos estaría haciendo testigos de una tragedia: lo verídico, «la verdad», ya no tendría el valor ni la relevancia de antes, y nos estaríamos enfrentando a la amenaza constante de que las ideas falsas moldeen nuestra realidad. Ya no serán los hechos reales, sino que las mentiras ―hechos y promesas falsas― las que moverán opiniones y voluntades e, incluso, a los votantes; mentiras que además conectan con lo que la gente quiere escuchar ―sus sentimientos― en lugar de atenerse a la realidad.  Así, editoriales de los medios más importantes del mundo analizan y lloran la aparición de este fenómeno. Tal fue su alcance que incluso el Diccionario Oxford la clasificó como «palabra del año».

La post-verdad entonces habría llegado para quedarse y la noticia resuena en los medios como si nunca hubiese existido antes; como si los políticos y líderes nunca hubiesen mentido ni manipulado la conciencia de las personas. Sin embargo, ya en el siglo XIX, un célebre novelista sajón escribía, «el deseo es el padre del pensamiento». Robert Darnton, por ejemplo, historiador norteamericano contemporáneo, explica cómo Procopio de Cesarea, historiador bizantino del siglo VI, habría escrito su «Anécdota», solo para calumniar la fama del Emperador Justinano, así como también el poeta Pietro Aretino habría intentado manipular la elección del Papa del año 1522 publicando satíricos e irreales Sonetos que dejaba en la estatua Pasquino. ¡El origen del «pasquín»! Quizás antes las calumnias avanzaban más lento, pero avanzaban y llegaban igual de lejos. El fenómeno actual sería su velocidad, el mismo que habría revolucionado Londres cuando «la producción de recortes con noticias falsas o semi-falsas y comprometedoras llegó a un peak a fines del siglo XVIII, junto con la aparición de los diarios».

Asimismo, sostiene Darnton, en Francia «la circulación de rumores falsos, muchos de ellos a través de canciones y poemas tan cortos como los actuales tweets, llevaron a la caída del Conde de Maurepas como Ministro en abril de 1749 y, con ello, a la total transformación del paisaje político». A pesar de todo esto, creo que sí hay algo novedoso que rescatar del fenómeno actual. Primero, uno lamentable: la violencia retórica y segundo, uno encomiable: por primera vez en mucho tiempo se puede decir que alguien está mintiendo. Desde que se inició del virus de lo «políticamente correcto» a fines de los años 60, decir que un hecho era falso, o que alguien estaba mintiendo, estaba simplemente prohibido. Era un insulto, un acto agresivo. Bastaba con organizar un evento o incluso una «seria» Conferencia Académica para que el anfitrión ―cómo si importase algo serlo― pudiese afirmar lo que «tuviera ganas», ya que estaba seguro de que nadie lo iba a refutar con fuerza y menos lo iban a tratar de mentiroso. Esto cambió y al fin ahora se puede tratar de mentiroso y encarar, y bienvenido sea, a quien «falte a la verdad».

 

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2 de abril de 1957: la “batalla de Santiago”

Las protestas estudiantiles de 2011 y las actuales manifestaciones organizadas contra el sistema previsional no son una novedad en la historia de Chile. Desde fines del siglo XIX hasta hoy, las protestas sociales han ocupado un lugar relevante en nuestra trayectoria republicana, influyendo en muchas ocasiones en el desarrollo de los acontecimientos.

En el último siglo, prácticamente todos los Presidentes han debido afrontar las demandas expresadas por las masas organizadas, las que han tenido motivos plurales para manifestarse. Huelgas, marchas, protestas y tomas han sido realizadas con el fin de conseguir alguna reivindicación laboral, reclamar por el alza de precios de la carne y la locomoción colectiva, o demandar gratuidad en los estudios universitarios. También hay otras relacionadas con el orden político del país, como aquella oposición gremial contra el gobierno de Salvador Allende o las manifestaciones en los 80 contra el régimen de Pinochet.

Hace exactamente sesenta años, el 2 de abril de 1957, Chile vivió una de las jornadas de manifestaciones más espectaculares de su historia, en lo que fue conocido como “la Batalla de Santiago”. Para entonces, según ha mostrado el primer tomo de la Historia de Chile 1960-2010 (obra colectiva, bajo la dirección general Alejandro San Francisco), el país vivía tres años decisivos de su historia. Entre 1956 y 1958 una serie de acontecimientos mostraban las tensiones y contradicciones del subdesarrollo político y económico. Eran los últimos años del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y el contexto de pobreza generalizada e inflación alta, sumado a la incapacidad política para resolver esos problemas, establecían un terreno fértil para el surgimiento de movimientos reivindicativos.

A finales de marzo de 1957, el gobierno decretó un alza en las tarifas de la locomoción colectiva, afectando a la ciudadanía en general y especialmente a los estudiantes, que incluso vieron quintuplicarse el valor del pasaje.

Las protestas no tardaron en llegar. A las movilizaciones en Valparaíso y Concepción, que se prolongaron por varios días, se sumaron las de Santiago. La violencia callejera aumentó sostenidamente y, como apunta Pedro Milos en Historia y memoria. 2 de abril de 1957, incluyó llamados a no utilizar el transporte público e impedir el tránsito en las calles, y también apedreos y volcamientos de buses. En Santiago, las protestas contaron con el apoyo del FRAP, la CUT y la FECH.

Los hechos de mayor dramatismo llegaron con la muerte en las calles de la estudiante Alicia Ramírez Patiño, que marcó un punto de inflexión definitivo en las protestas. Tras esto, se desencadenaron hechos de violencia en la capital, que incluyeron asaltos, saqueos a armerías, barricadas, incendios, apedreos masivos y ataques a las sedes de los tres poderes del Estado. El historiador Gabriel Salazar, en La violencia política popular en las “Grandes Alamedas” sostiene que se desencadenó un movimiento de “metódica destrucción” tras el cual “nada quedó entero”. Las fuerzas policiales eran sobrepasadas por los manifestantes, siendo retiradas de las calles, quedando la ciudad sin custodia y a merced de quienes protestaban, hasta que se decretó el Estado de Sitio y con ello la intervención de los militares para resguardar el orden público.

El gobierno consideraba que el movimiento social había sido instrumentalizado por las corrientes de izquierda para crear un levantamiento revolucionario; así también lo pensaba la derecha política. Por el contrario, la izquierda señalaba que éste se trataba de un movimiento espontáneo y que la violencia provenía de “elementos policiales incrustados en las manifestaciones callejeras”. El senador Salvador Allende responsabilizó al Gobierno y al presidente Ibáñez, “a quien el pueblo, por desgracia, dio el Poder legítimo que, a mi juicio, ha sido convertido en ilegítimo, porque es ilegítimo el poder que, no obstante haberse conquistado en las urnas, representa el olvido de las voluntades mayoritarias que lo eligieron”.

Finalmente, el gobierno constituyó una comisión que revisaría las tarifas, las que quedaron congeladas. Numerosos muertos y cientos de heridos fueron el triste saldo de las intensas jornadas de manifestaciones que nuevamente evidenciaron la fragilidad de aquella democracia, en la que los chilenos situaban sus esperanzas, pero también era motivo de frustraciones.

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El adiós de Lagos

Con el misil lanzado por el Comité Central del PS a la candidatura de Ricardo Lagos, terminó de cerrarse una etapa en la historia política del país. Precisamente esa que el ex mandatario llegó a encarnar como ningún otro: la de una izquierda moderna que buscó dejar atrás los atavismos ideológicos de la guerra fría; la que entendió que un proyecto de gobernabilidad viable necesariamente pasaba por una alianza con la DC; y aquella que diseñó cambios graduales para la sociedad, siendo también parte de los acuerdos que hicieron posible la transición.

Pero hay que tenerlo claro: esa izquierda renovada y ajena a las tentaciones populistas no murió el día de ayer. En rigor, había empezado a extinguirse cuando los partidos de la antigua Concertación explicaron su derrota de 2010 culpando al Chile que ellos mismos habían construido durante dos décadas. Esa crítica brutal, demoledora y oportunista, los llevó a abrazar las demandas del movimiento estudiantil sin ponerles un piso mínimo de realidad, haciendo de ellas el trampolín para volver al poder sin el más básico examen respecto a las verdaderas causas de su derrota.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera apostaron por sembrar la división y el resentimiento social; instalaron una imagen de Chile basada sólo en abusos y frustraciones, llenaron su oferta política de derechos y se desestimaron de los deberes, prometieron cambios refundacionales sin haberlos diseñado y sabiendo que algunos -como la gratuidad universal-, eran completamente inviables. En los hechos, apostaron a la demagogia y a la ausencia de límites, y es eso lo que ahora los tiene al borde del precipicio, divididos, sin liderazgo y con niveles de desaprobación enormes.

En septiembre pasado, Ricardo Lagos decidió bajar a la arena para intentar recomponer el proyecto de una centroizquierda moderna, a la que veía amenazada por los desvaríos que enfrentaba el país. Pero era tarde: los vientos sembrados durante estos años ya estaban cosechando tempestades. La centroderecha había logrado reagruparse sin grandes fisuras gracias, entre otras cosas, al masivo rechazo provocado por el Ejecutivo y sus reformas. La Nueva Mayoría vivía a plenitud los embates de su fracaso político y del desplome en la popularidad de Michelle Bachelet. Sin una hoja de ruta común, desgastada por fracturas internas, viendo además como su anhelada polarización ayudaba a reagrupar a la centroderecha y abría un forado interminable hacia el Frente Amplio, la coalición oficialista se quedó sin un piso común para poder recomponerse.

De algún modo, el adiós de Lagos fue ayer el símbolo de una centroizquierda herida de muerte. Abducida sin remedio por este extraño cóctel de oportunismo político, levedad técnica e irresponsabilidad adolescente, que define a la Nueva Mayoría. Así, resulta del todo coherente que el tiro de gracia a Ricardo Lagos no lo haya disparado la derecha sino su propio partido. Símbolo perfecto de una coalición de gobierno cuya razón de existir fue desde el comienzo un profundo rechazo a todo lo que el ex Mandatario representaba.

La Nueva Mayoría siente cada vez con más fuerza el vértigo de la derrota. La DC enfrenta ahora el dilema de ir en solitario a la primaria para competir con un Alejandro Guillier apoyado por todo el resto de la coalición. O llegar hasta la primera vuelta y ser ella la que termine de matar al bloque. O quizás, hacer como el PS, optar por el más frío pragmatismo y simplemente respaldar a Guillier. En rigor, los socialistas acaban de demostrar cuánto valen hoy día la historia, la identidad y las convicciones.

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La renuncia de Ricardo Lagos

Como una persona que  no pertenece ya al Partido Socialista  ni a la Nueva Mayoría, no me corresponde opinar sobre las decisiones a propósito de la frustrada candidatura a la presidencia de Ricardo Lagos, candidatura que en todo caso no apoyé porque me pareció que no correspondía a los tiempos.

Como ex compañero y colaborador suyo desde 1980, aunque nunca incondicional, me parece en cambio necesario resaltar elementos de su personalidad y de su trayectoria que algunos livianamente han puesto en tela de juicio. Contrariamente a una percepción difundida, Lagos construyó un liderazgo basado no en el autoritarismo sino en la energía de las convicciones y en el diálogo, y desde luego con personas que no piensan como él. Puedo testimoniar que durante su trayectoria en la lucha contra la dictadura, en la transición y en su gobierno, se podía discutir y discrepar abierta y claramente con él en un espíritu de libertad y de intercambio leal, lo que no es fácil con nadie en un país como el nuestro con un sustrato cultural autoritario y de sumisión tan extendido. Está claro que es una persona de opiniones constituidas y fuertes, pero siempre dispuesto a someterlas al intercambio y a la modificación racional.

En su gobierno, Lagos destinó una enorme cantidad de horas a discutir con sus colaboradores de todos los niveles, buscando expresamente la diversidad de opiniones para sopesarlas y evaluarlas, lo que como coordinador interministerial y subsecretario de la presidencia y luego como presidente de un partido de gobierno  me tocó apreciar cercanamente. Ninguna reforma de política pública y ningún proyecto de presupuesto dejó de tener su impronta área por área, convenciendo y dejándose convencer. Pero, además, Lagos siempre tuvo una ventaja sobre sus colaboradores, además de su capacidad e inteligencia: se autoimpuso la disciplina de salir todos los días de La Moneda a actividades variadas en las que pudiera apreciar la realidad de la percepción de la gestión de gobierno y el pulso de la opinión en la calle.

Hay además una apreciación muy injusta sobre el sello de su gobierno. Que un adulador de los que nunca faltan haya dicho al terminar su período que los empresarios lo  amaban, no quita la actitud de desconfianza y controversia que el empresariado predominantemente mantuvo durante su gobierno. Basta recordar su duro intercambio epistolar con Agustín Edwards y leer la prensa pro empresarial de la época para constatarlo, empezando por su primera ley, la del seguro de cesantía, siguiendo con los cambios tributarios, de salud, educacionales y laborales que impulsó, incluyendo la política fiscal contracíclica que hoy nadie discute. Por si alguien no lo recuerda, le recomiendo revisar las declaraciones de los gremios empresariales a propósito del royalty minero, o de las Isapres cuando su reforma a la Salud y el Plan Auge. No debe olvidarse por un segundo que Lagos no disponía de mayoría parlamentaria y que casi todas sus iniciativas económico-sociales progresistas fueron cercenadas por el veto parlamentario de la derecha. Hoy es muy fácil pontificar, pero gobernar con sentido progresista, después de una dictadura militar y de dos gobiernos democratacristianos,  en medio de una crisis económica, con alto desempleo  y sin mayoría parlamentaria, no es un asunto de niños.

En materia política, bajo su gobierno se suprimió la pena de muerte, los tribunales pudieron someter a juicio y condenar a muchos violadores a los derechos humanos, y a Pinochet hasta que los jueces lo declararon demente, mientras se mantuvo independencia de Estados Unidos en el tema de la invasión a Irak, y así un largo etcétera. Pero, sobre todo, se crearon las condiciones para la plena subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, consagrada en las reformas de 2005. Desde entonces, Chile ha vivido uno de los más prolongados períodos de su historia independiente sin intervención militar en política y con altos oficiales de las fuerzas armadas condenados por los tribunales a largas penas por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos. Son muy pocos los que pueden mostrar un récord semejante en esta materia. Se trata de un “intangible” que la historia le debe a Ricardo Lagos.

Lagos cometió errores, desde luego. Como darle a las importantes transformaciones de la constitución en 2005 una trascendencia que no tienen, como concebir y firmar contratos para una transformación del transporte público mal preparada, buscar el acceso de más jóvenes de bajos ingresos a la educación superior mediante un caro endeudamiento y, recientemente, mantener un lenguaje de prudencia centrista y diagnosticar una gran crisis que no existe, y otro largo etcétera.

Así son los hechos en tiempos difíciles y los personajes que los simbolizan no pueden desprenderse de las  circunstancias complejas y contradictorias que tuvieron que enfrentar. Y sobre todo hay tiempos para personalidades fuertes, como Lagos, cuando son muy grandes las dificultades para avanzar en cambios de estructura e incluso para no retroceder en materia de conquistas sociales, dado el inmenso poder que recuperaron las oligarquías tradicionales en Chile. Por ello no era tan fácil que quien fuera protagonista de tiempos duros y se expresa con cierta distancia pudiera ser igualmente valorado hoy, en tiempos de empatía y de demanda de horizontalidad, al menos en el espacio del progresismo y en los jóvenes.

Aunque suene a frase consagrada, el balance, sin perjuicio del aporte que Lagos está llamado a seguir haciendo al país desde distintos ángulos, debe entregarse al juicio de la historia.

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