Óscar Contardo's Blog, page 195

Pragmatismo

EL PODER tiene sus códigos y por ellos se rige la política, así como las distintas actividades en que se ejerce alguna cuota importante de poder. Aceptar esas reglas supone lamentablemente un cierto grado de cinismo, ese que viene con la constatación reiterada de que la realidad es como es, porque los seres humanos somos como somos.

El fin de semana pasado la presidenta de la DC manifestó en una entrevista su convicción de ir a primera vuelta, declaración acorde con las voces de su partido que reivindican la condición de partido de centro propia de la falange. Sin la DC una coalición de centroizquierda se convierte simplemente en una coalición de izquierda, dijo Jorge Burgos. Bien pensado, pero tarde.

Los democratacristianos han tomado una serie de decisiones que los hizo ir perdiendo la posición que corresponde a su vocación socialcristiana. En términos estratégicos, la opción de incorporarse a la Nueva Mayoría, apoyando el liderazgo electoral de la Presidenta Bachelet y su programa sin haberlo leído, al decir de un importante dirigente, significó cruzar la línea hacia la izquierda. Ese tránsito es muy rápido en un sentido, pero mucho más lento a la hora de devolverse.

Entonces, la referida afirmación de Jorge Burgos se vuelve irrelevante, porque la Nueva Mayoría es una coalición de izquierda con la DC adentro, no fue necesario que saliera. La DC se enfrenta así con una realidad muy adversa: formando parte de esta coalición y de este gobierno, ya resignó la herramienta de negociación que significaba su papel moderador.

Un golpe de timón requería efectivamente separar aguas de la izquierda y presentar una candidatura presidencial en primera vuelta. Pero la dirigencia DC hizo una mala lectura de lo que pasaba en sus partidos aliados, principalmente en el PS, y creyó que el expresidente Lagos llegaría a la primaria, con lo que ellos podrían rearticular un eje de centroizquierda tras esa opción, aunque fuera derrotada en la primaria. Para ese escenario se prepararon y, por eso, eligieron como abanderada a Carolina Goic y no a Mariana Aylwin, que era la verdadera candidata para primera vuelta.

Hoy la realidad es que no tienen una candidatura con la convicción de alternativa opositora que se requiriría para una primera vuelta, tampoco la senadora Goic cuenta con un mínimo de respaldo electoral y las modelaciones indican que si la DC va directo a noviembre, con una lista parlamentaria propia y en solitario, cuando mucho puede aspirar a 10 u 11 Diputados.

En este escenario solo puede imponerse la fría lógica del poder, los diputados DC no van a resignar sus cargos para defender una identidad que ya está bastante perdida. Hoy la DC está mucho más identificada con Yasna Provoste que con Mariana Aylwin, con Gabriel Silver más que con Gutenberg Martínez.

Parafraseando a Groucho Marx uno podría decir: “Estos son mis principios, pero si los números no dan, también tengo estos otros”. Todos tras Guillier, formaditos y en línea, con la mejor negociación parlamentaria posible. Eso dictan los códigos de la política.

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Mala decisión

EN NOVIEMBRE pasado Ricardo Lagos emplazó al Comité Central (CC) del PS que tomara la decisión de elegir, allí mismo, a su abanderado presidencial. El CC optó por respetar la resolución de su Congreso de enero 2016 de llevar a cabo una elección primaria abierta a la ciudadanía para elegir a su candidato, decisión reiterada en enero 2017. Una decisión correcta, de respeto a la democracia interna y al pueblo socialista. No obstante, el nuevo CC decidió pasar por encima de la resolución congresal y nominó recientemente al senador Alejandro Guiller como su candidato presidencial. Lagos habría tenido más posibilidades en una primaria abierta del PS que en el CC.

Esta decisión del CC es errónea y lamentable. No respetó al pueblo socialista y eligió a su candidato secretamente y sin dar razones políticas de fondo. No hablo desde el despecho, ya que hasta hoy, por diferentes razones, nunca tuve preferencia por alguna de las opciones de candidaturas presidenciales existentes. No obstante, no imaginé, por lo absurdo, que después de pagar todos los costos por haber postergado la decisión de elegir a su candidato hasta abril para respetar la decisión profundamente democrática del pasado Congreso, íbamos a terminar en un escenario tan desastroso como este para el futuro del PS.

Dada la carencia de propuestas que hasta hoy ha mostrado la candidatura del senador Guiller, la decisión del CC no deja de tener un tufillo oportunista, al dejarse guiar más por las encuestas -donde responde solo el 30% de la gente- que por los contenidos programáticos que se nos haya propuesto. Además, no se tuvo en cuenta las amplias repercusiones políticas que, sin duda, tendría tal decisión. Desde luego, no habrá primarias de la NM, es decir, la NM deja de existir y a futuro solo habrá acuerdos para gobernar juntos entre quienes acepten el programa de quien gane la primera vuelta presidencial. Una era acabó. Pero de mala manera.

¿Y qué va a pasar con el PS después de este proceso tan incongruente? No tiendo a tener visiones catastrofistas. Pero cuando un partido no se respeta a sí mismo y a su historia y no promueve sus posiciones y liderazgos, no puede esperar el respeto y apoyo de la ciudadanía.

El PS va a declinar, indefectiblemente. No desaparecerá. Pero se irá desgastando y en unos años pasará a ser un partido del 5% o 6% del electorado. Entraremos en una fase irreversible de “insoportable levedad del ser”; dará lo mismo lo que hagamos o no hagamos, decidamos o no decidamos. Quizás eso termine siendo bueno para la izquierda chilena.

El vacío que irá dejando el PS irá abriendo espacio social a nuevas expresiones de izquierda socialista, ojalá más robustas y coherentes que las que actualmente impulsan diferentes movimientos liderados por las nuevas generaciones.

Pero llevará no poco tiempo para que ellas logren desarrollar fuerza suficiente como para incidir en la historia política del país, como lo hizo el PS por tantas décadas.

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La mejor obra pública la hace la asociación pública y privada

LA EDUCACIÓN es la obra pública más importante en el desarrollo de los países y ni el Estado por sí solo ni las universidades privadas sin un marco regulatorio racional, y justo, que no supedite los objetivos educacionales a ideologías políticas con la excusa ¨técnica” de que funcionan en países cuya cultura, economía y clase política son tan diferentes al nuestro, podrán resolver el problema de la calidad, igualdad de oportunidades y mejora continua en los procesos educativos.

El desarrollo del país se relaciona con las capacidades de conducción de la clase dirigente, con una visión de Estado y no de gobierno, con la vista en mejorar la calidad de la educación con igualdad de oportunidad, con la valentía de tomar decisiones que no le den dividendos políticos en el corto plazo si los beneficios para los chilenos se observarán años después de que hayan dejado el poder como, por ejemplo, invirtiendo en los primeros años de escolaridad en vez de acallar con gratuidad a una generación que será más rica por acceder a estudios superiores, aunque sean de menor calidad a la que se podría entregar.

El desarrollo del país se relaciona también con el aporte colaborativo de los privados, con visión de país y no con intereses meramente económicos de beneficio propio o políticos que pretenden transmitir una ideología. Chile ha visto desaparecer a las universidades privadas que priorizaban los beneficios económicos para los propietarios y, más recientemente, a otra que, lucrando, fue concebida para transmitir una ideología contraria al lucro.

La incapacidad de nuestros dirigentes para definir el camino correcto al desarrollo, está creando las condiciones para un retroceso, al concentrar el análisis en los temas económicos.

A tres años de vendernos el discurso de mejorar la educación, solo vemos trabas para que las universidades privadas de excelencia, tradicionales y nuevas, que muestran una contribución sustancialmente mayor a la de muchas estatales en la formación de calidad de las futuras generaciones, se puedan sumar colaborativamente para lograr un mejor resultado en una educación.

Ante las nuevas elecciones, veo con preocupación la diferencia de calidad entre los análisis y argumentos de nuestras autoridades políticas y la de los rectores de universidades privadas y autoridades académicas que claramente perciben los errores de la improvisación del gobierno.

No deja de llamar a atención que un gobierno tan rechazado como el de Pinochet, sea mencionado a viva voz en proclamaciones de otros candidatos o sea el movimiento político que más firmas haya recolectado para el Servel. ¿No será que el chileno prefiere que lo que estaba funcionando bien sea perfeccionado y no cambiado?

Igual como estuve con el No a Pinochet, hoy estoy, quizás con más fuerza, con el No a la continuidad del populismo, venga del sector que venga. Hoy debemos exigir a los candidatos a que nos digan qué, cómo, con qué, con quiénes, en qué plazos y qué resultados de corto y largo plazo esperan objetivamente cumplir en materias educacionales.

Hacer propuestas concretas ayudará recién a abrir las puertas para retomar la confianza en una clase política con visión de Estado donde permita la colaboración de todos quienes pueden aportar.

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Capacitación: la herramienta que debemos considerar para mejorar la productividad

En estos días se ha abierto un debate sobre la extensa jornada laboral en Chile y se ha planteado, de manera muy liviana, que la reducción de la jornada traerá no solo mejor calidad de vida sino también mejora en la productividad.

Chile es uno de los países con las mayores jornadas de trabajo en el mundo. En promedio, el chileno trabaja 1.989 horas al año y, según la última investigación de mercado internacional de Expert Market, el valor de nuestro trabajo está estimado en 11 dólares la hora. Mientras tanto, en Luxemburgo, el país más productivo del mundo, trabajan 1.643 horas anuales y el valor de su trabajo es de 58 dólares.

La productividad es, precisamente, uno de los talones de Aquiles de la economía chilena. Según el mismo estudio estadounidense, y según datos de la OCDE del año 2016, ocupamos el segundo lugar con menor productividad laboral, tras México. Si bien, las industrias y los organismos de Estado comprenden que la productividad es un tema país y es clave para el crecimiento de la economía, son pocas las soluciones a largo plazo que se llevan a cabo, a nivel nacional, para mejorarlas y así lograr un aumento significativo en las cifras de tendencia del Producto Interno Bruto (PIB).

Un tema importante para el aumento en la productividad es la educación, pero no sólo lo que se entiende como educación pre escolar, escolar, técnico-profesional y universitaria, también existe aquella educación que ha quedado fuera en las últimas políticas públicas del área y que tiene una incidencia mucho más efectiva en el corto plazo: la capacitación.

Las capacitaciones, aquellas que entregan las OTEC (Organismos Técnicos de Capacitación) que cumplen con la Norma Chilena 2728, pueden impactar directa y positivamente en la productividad de Chile. Si bien, el Estado, a través de Sence, invierte muchos recursos, aún son pocas las empresas que aprovechan esta inversión y oportunidad para inyectar conocimiento, tecnicismo y especialidad a los trabajadores. En Chile, hay un poco más de un millón de empresas, y sólo 16 mil de ellas utiliza esta franquicia tributaria para capacitar a sus colaboradores. Además, hoy sigue habiendo una inercia cultural de pedir cursos que, realmente, no aportan en la productividad de la organización y, por ende, de la industria.

La mejora en la productividad no tiene una receta secreta, ni puede solucionarse con una varita mágica, pero sí hay ciertos elementos esenciales. Uno de ellos es que las empresas deben comprender y definir los perfiles de los empleados que necesitan, saber su enfoque y su especialidad, y de qué manera ésta me puede beneficiar directamente en mis resultados a final de año. Además, los cursos de capacitación deben estar inmersos en un programa a mediano plazo, que les permita a los trabajadores entender que el primer curso es necesario para el último, tal como lo hace el área de Educación Continua de Duoc UC, donde incluso se permite, en ciertos Diplomados, continuar con los estudios en una carrera técnica o profesional.

Las capacitaciones deben ser comprendidas como un elemento de trayectoria laboral. Es necesario que las empresas aprovechen las oportunidades Sence, y capaciten a sus empleados en OTEC de calidad, con programas que lleven directamente a las habilidades que la industria necesita y, sobre todo, que les permita dar con el perfil curricular que ella precisa.

Para 2015, un poco más del 55% de los jóvenes entró a estudiar a la educación superior al terminar la educación secundaria. Si bien, esta cifra creció en más de 10 puntos porcentuales en 10 años, aún existe un importante número de jóvenes que va directamente al mundo laboral. Esto nos hace pensar el nivel de motivación que podrían tener los trabajadores de cualquier industria, si una capacitación lo puede llevar a un título. Entonces, ¿qué rol cumplen las empresas? ¿sólo buscar al trabajador más apto? No. Las industrias pueden encontrar a un trabajador que cumpla con ciertos requisitos, pero pueden hacerse parte de su capacitación y entrenamiento para que éste entregue las habilidades exactas que la industria necesita, y que así, en un trabajo en conjunto entre los trabajadores, organizaciones, Estado y OTEC, la productividad del país aumente considerablemente, y podamos volver a las importantes cifras que nos situaban en el primer lugar de la región, además de entregar oportunidades de estudios de calidad que parten en un programa de capacitación, pero que puede terminar en un profesionalismo que muchas empresas querrán tener en sus colaboradores. Sobre todo si consideramos que la vida cada vez es más larga y que los avances tecnológicos van creando nuevos puestos de trabajo, para lo que se necesitan trabajadores con competencias distintas.

Aún hay mucho camino por recorrer, y muchas oportunidades por aprovechar. Existen programas de capacitación con sistemas de articulación que le permitirán al país, y por ende, a sus industrias y empresas, contar con trabajadores perfectamente capacitados para enfrentar un mundo competitivo, con necesidades técnicas y laborales específicas, capaces de suplir en cualquier industria.

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Reducir, reutilizar y reciclar

Las 3R ecológicas: Reducir, Reutilizar y Reciclar, son estrategias para el manejo y disminución de residuos que buscan contribuir a la protección y conservación del medio ambiente. Reducir, busca disminuir el consumo de bienes materiales pues esta acción está asociada a la generación de residuos. Reutilizar esta asociado a extender la vida útil de un producto en desudo antes de eliminarlos. Cabe destacar que la reducción y la reutilización no solo son para productos manufacturados. Por ejemplo, se puede reducir el consumo de energía o se puede reutilizar el agua. Finalmente, el Reciclaje busca tratar y/o transformar desechos, degradables y no degradables, en nuevos productos.

Hace un año el Congreso de Chile aprobó una Ley de Fomento al Reciclaje. La Ley, a través de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), obliga a los fabricantes o importadores de seis productos prioritarios a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos haciéndose cargo de éstos una vez que terminan su vida útil. Estos productos prioritarios, identificados así por ser de consumo masivo, de volumen significativo y por generar residuos peligrosos son: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes, neumáticos. Con la nueva Ley se espera que al menos un 30% de los residuos se reciclen en el país.

Respecto de los consumidores, la ley solo hace referencia a éstos señalando que su obligación será separar y entregar el residuo de un producto prioritario a un gestor de este producto, los cuales serán las mismas empresas, los recicladores de base y los municipios. Estos últimos serán quienes promoverán la educación ambiental sobre prevención y valorización, a la vez de implementar los puntos para la disposición de dichos residuos.

Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos productos que no son identificados como prioritarios como latas, plásticos, vidrios o residuos vegetales? Si bien la ley no hace referencia explicita a estos residuos, estrategias para fomentar la separación de estos no son nuevas. Hace años existen los puntos limpios para separar los residuos que la población genera, diferenciándolos en plástico, latas, vidrios y papel. Destaca que en los puntos limpios no hay contenedores para depositar residuos orgánicos y vegetales. Claramente, su rápida descomposición y lo que esto conlleva, como malos olores o la presencia de plagas, podría ser la causa de su no tratamiento, terminando estos residuos en cualquier basurero y posteriormente en un relleno sanitario o en un vertedero.

Pero ¿solamente separar en origen o destino es reciclar? La verdad es que no. Separar residuos solo es la primera etapa del reciclaje. El verdadero reciclaje es un proceso mediante el cual los residuos se convierten o transforman en materia prima para fabricar un nuevo producto, igual o distinto al original. Según esta definición la transformación del residuo o su reutilización es el corazón mismo del reciclaje y la separación es la primera acción para un exitoso proceso.

Todas las acciones que se han desarrollado e implementado no apuntan a la transformación misma de los residuos. Si del total de residuos que se generan al año en el país el 41% corresponde a residuos domiciliarios, no debiese existir una estrategia o campaña que apunte directamente a las personas y sus viviendas. La transformación en origen es una medida efectiva de reciclaje, así como de reducción y reutilización de residuos ¿Porqué no fomentar y enseñar a reciclar en la vivienda? Si bien no todos los residuos se pueden transformar en un espacio urbano y reducido, por ejemplo el vidrio o las latas, son innumerables las formas de transformar el papel y los residuos vegetales. Por ejemplo el compostaje, como forma de reciclar vegetales e incluso el papel, no es nuevo y es una medida comprobada, efectiva y ambientalmente sustentable para la transformación y reutilización de dichos residuos.

 

 

 

 

 

 

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Si la ley no lo prohíbe, tampoco lo obliga

La opinión pública se ha visto  conmocionada en los últimos días por la “denuncia” hecha por el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, en torno a las edificaciones que se han emplazado en Estación Central, en el sector de Alameda con General Velásquez. En una ciudad que busca ser el soporte para la vida de la mayor concentración de personas a nivel nacional, se erigen sin mayores complejidades administrativas o legales espacios para la residencia de miles de familias en espacios que no superan las tres o cuatro cuadras, con todas las externalidades negativas que ello implica. Las empresas constructoras se escudan señalando que no existe un plan regulador que prohíba este tipo de construcciones, con estas enormes dimensiones y falta de medidas de mitigación o disponibilidad de servicios básicos proporcionales a esas enormes poblaciones sumamente condensadas.

En una opinión públicamente emitida, el representante de la Cámara Chilena de la Construcción señaló que “si está permitido, hay que hacerlo” desatando la ácida crítica del intendente quien apela al sentido ético de las empresas. El intendente esgrime la autorregulación que les impida la construcción de edificios que a todas luces no respetan ni el más mínimo estándar de calidad de vida, en una ciudad que debiese aspirar a poner en el primer lugar de sus prioridades a sus habitantes. Las ciudades inteligentes se planifican para brindar espacios de calidad a quienes las habitan y esto implica acceso a los servicios, tales como transporte, comercio, servicios de salud, policías, entre otros, que por la ubicación de estas moles habitacionales parecen estar disponibles, pero que descuidan de manera abrumadora la calidad de vida intra-familiar.

Un testimonio de una habitante de uno de esos edificios y publicado recientemente en un medio electrónico se refiere al estrés causado por los ruidos molestos por las noches, o el tener que hacer filas de 20 minutos para subir a los ascensores, la existencia de torniquetes para entrar y salir del edificio comparables con el acceso al metro.

Sin duda, estas condiciones son inaceptables cuando hablamos  de la “vivienda”, un espacio que debiese ser un “oasis” de confort dentro de lo agresivo que muchas veces son las urbes. A esto sumemos el caos vehicular en cuanto a la circulación de automóviles como también de estacionamientos, la evidente falta de áreas verdes, la saturación del comercio, el colapso de la estación de metro Padre Hurtado, de los sobrepoblados paraderos del Transantiago, entre otros.

Estamos ante un escenario que por un lado resulta accesible para estar en medio de la ciudad, pero con un costo no monetario incalculable, de estrés, agotamiento y deterioro de la calidad de vida intra-familiar. Se ha argumentado que la carencia de un plan regulador comunal ha permitido este tipo de edificaciones, pero sin duda que la ley permita (o no prohíba) una acción, no implica que obligue a ejecutarla. Y es entonces cuando las empresas deben tener en cuenta no solo el lucro por venta, sino la necesidad de estar conscientes de que también son actores sociales que deben contribuir al bienestar general. Nos referimos precisamente a la ética empresarial tan defendida por algunos gremios, pero también cuestionada en los últimos años en la prensa con la sucesión de diversos casos de colusión, que muchas no converge con las acciones cotidianas. Que la ley no nos impida a ser poco gentiles, no nos obliga a serlo.

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Siria y las dimensiones del conflicto

 Existen muchas dimensiones sobre las cuales podría discutirse la profunda crisis que ha destruido gradualmente la estabilidad política de Siria contemporánea. Esto, en particular desde los inicios de la denominada ‘Primavera Árabe’ hace ya más de seis años. Una de ellas, y por lo demás la más gráfica de todas, se refiere a la catástrofe humanitaria que ha resultado de una cruenta guerra civil, seguida por la emergencia de una diversidad de poderosos grupos islamistas radicales (entre ellos el, autodenominado Estado Islámico de Siria y el Levante, originado en Irak y consolidado en Siria a partir de contextos bastante particulares). La tragedia de la emigración forzada, traducida en el tránsito itinerante de miles de refugiados en busca de auxilio en gran parte de Europa y el mundo, es un ejemplo vivo del sufrimiento cotidiano al cual ha sido sometido gran parte del pueblo sirio. 

Así además, existe una dimensión geoestratégica que determina -obviando muchas veces este constante sufrimiento humano- la acción práctica no sólo de actores políticos regionales, sino que también de los grandes poderes involucrados en la constante inestabilidad geopolítica de Oriente Medio. Sabemos, por lo tanto, que la guerra civil siria es mucho más que una crisis interna. Esta es, por el contrario, un eje central en la mantención o modificación total de los equilibrios de poder entre una diversidad de actores internacionales. Sería apresurado, por lo tanto, afirmar que la guerra civil siria es un mero reflejo de una tortuosa relación política entre Estados Unidos y la Federación Rusa en Oriente Medio; o bien que ésta sólo se entiende a partir de la pugna permanente entre Irán y Arabia Saudita por el control de esferas políticas, ideológicas, económicas y religiosas en gran parte del Levante. En efecto, si cometiéramos el error de centrar nuestro análisis en visiones limitadas, perderíamos de vista la multiplicidad de causas de este conflicto y, por lo tanto, una comprensión más completa de sus múltiples efectos.

Por lo tanto, ¿qué rol asume en esta crisis el discurso irredentista de la Turquía de Erdogan? ¿Debe ser el problema del Kurdistán y sus vinculaciones con la inestabilidad fronteriza entre Siria y Turquía un elemento esencial a considerar? ¿Qué papel juega en este contexto la crisis climatológica y el control de los recursos hídricos en Irak y Siria? ¿Cómo entender, bajo esta óptica, el papel de Hezbollah, su apoyo ideológico-militar al régimen de Bashar Al-Assad y la tensión casi insoportable generada entre el autodenominado ‘Partido de Dios’ y el Estado de Israel en la frontera sur del Líbano? ¿Cómo entender el gradual debilitamiento territorial del Estado Islámico de Siria y el Levante bajo la óptica del combate internacional frente al terrorismo jihadista global? ¿Qué rol juega en todo esto la reestructuración de al-Qaeda en Yemen y su presencia en Siria? ¿Cómo ponderamos el rol de la República Islámica de Irán y su Guardia Revolucionaria en la estabilidad regional de Oriente Medio?

      Desafortunadamente, muchas de las respuestas a estas preguntas podrían avizorar un conflicto supra-regional, sobre todo en un escenario de marcada incertidumbre en las relaciones internacionales, bajo el foco de lo que pareciera ser una reacomodación de los paradigmas de política exterior estadounidense de la mano de Donald Trump. Ahora bien, ¿cómo se ha definido la historia del Oriente Medio contemporáneo en contextos similares a este? Tomemos para ello un solo ejemplo.

Existe un cierto grado de acuerdo en el análisis historiográfico respecto a que la Guerra de los Seis Días en 1967 –enfrentamiento que posicionara a Israel frente una confederación de Estados árabes liderados por el Egipto de Nasser- fue un conflicto que todos los actores involucrados intentaron evitar a toda costa. En una era nuclear y en plena Guerra Fría, ni Washington, Moscú, Jerusalén, El Cairo, Damasco o Beirut podían ver en un conflicto militar una posible solución a una escalada insostenible de tensiones políticas. En principio, el sentido estratégico imperante planteaba que un conflicto militar no sólo podía precipitar una crisis regional que afectaría la precaria estabilidad geopolítica del Levante (sobre todo después de la crisis de Suez de 1956), sino que se podría desencadenar el inicio de un enfrentamiento global entre Estados Unidos y la Unión Soviética; ambos alineados con Israel o una variedad de países del mundo árabe, respectivamente.

Hoy sabemos que las tensiones regionales y el rol de las dos superpotencias en este conflicto culminaron con una operación militar que se resolvió en menos de seis días, eclipsando un eventual enfrentamiento global entre Washington y Moscú, y con la consolidación de Israel como el actor militar más importante de Oriente Medio. También sabemos que la guerra de junio de 1967 representó la culminación de una escalada gradual de tensiones particulares, mal manejadas por los actores involucrados en ella y que explicitó el papel esencial de ‘lo imponderable’ en los conflictos internacionales.

¿Estamos entonces en un escenario similar al de 1967? Creo que más allá de las particularidades de cada contexto, es necesario comprender que tal como en aquel conflicto, la sucesión constante de problemáticas puntuales permite, desafortunadamente, profundizar la desconfianza entre los actores involucrados y legitimar la acción militar como un signo de prestigio. El reacomodo de la política exterior estadounidense para con Oriente Medio, el revisionismo ruso de Putin, el alcance del poder regional de Irán, el discurso irredentista turco y la permanente justificación ideológica radical de las insurgencias islamistas, permiten comprender esto con mucha mayor claridad.

Luego del último bombardeo con armas químicas sobre decenas de inocentes, la consiguiente reacción militar de Estados Unidos y las posteriores advertencias rusas e iraníes a Washington, se han vuelto a dibujar líneas rojas que, de cruzarse, podrían significar una escalada militar sin precedentes en nuestra historia reciente. La sobrevivencia del régimen de Al-Asad infiere, por lo tanto, mucho más que un problema regional; representa una posible redefinición de intereses en una diversidad de actores con agendas propias. El problema, como siempre, es como controlar las fronteras de lo impredecible. Hoy por hoy, todo está por verse.

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Nueva Constitución

POR MUCHO que se ha insistido en la necesidad de discutir ya los contenidos que debiera abordar una nueva Constitución, lo cierto es que no hemos podido ir mucho más allá de los mecanismos para la reforma. Resulta natural que solo sea posible justificar el cambio a partir de las deficiencias de fondo del texto actual y que su sola ilegitimidad de origen no resulte suficiente. Sin dudas, la crítica más certera a la Constitución, apunta a las variadas restricciones que incorpora al libre juego democrático al establecer quórums muy altos para legislar en determinadas materias o al entregarle al TC la posibilidad de controlar preventivamente las decisiones del Congreso, limitando con ello la posibilidad de que sean las mayorías las que efectivamente decidan las cuestiones más trascendentales.

No olvidamos que las constituciones se justifican precisamente para garantizarles a las minorías que sus derechos no se verán avasallados por las mayorías. Pero ello cobra sentido tratándose de los derechos esenciales de la persona humana y en ningún caso puede extenderse a cuestiones en que la política y, por ende, las mayorías, son las que debieran decidir. Por lo mismo, las buenas constituciones debieran limitarse solo a establecer cómo se organiza y se ejerce el poder público y a un catálogo de tales derechos esenciales.

Pero lamentablemente no es eso lo que generalmente sucede. Los momentos constitucionales son vistos como una forma de imponer una cierta visión de cómo debe funcionar la sociedad. Buen ejemplo de ello es la Constitución brasileña del año 1988, la que en sus 245 artículos regula cuestiones tan variadas como los sistemas previsional y tributario o la política urbanística, haciendo todo ello con un increíble nivel de detalle. De seguir ese camino podríamos terminar en una situación peor a la actual, reduciendo enormemente el juego democrático. Hay que recordar que las mayorías que se exigen para cambiar las constituciones son extremadamente altas, más elevadas que las que hoy requieren las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado. Es decir, nuevas mayorías podrían verse más frustradas que las actuales. A lo anterior habría que sumar los riesgos de eterna judicialización que conlleva la transformación de las políticas públicas en una cuestión de derechos.

Pero no todo es negativo, varias de estas nuevas constituciones han profundizado la participación ciudadana desarrollando, entre otras, la institución de la revocatoria de los mandatos populares que, lealmente utilizada, puede ser un eficaz instrumento para resolver crisis políticas. En esa línea una nueva Constitución debiera avanzar en acrecentar los niveles de control y transparencia en el ejercicio de los poderes públicos, dirección contraria a la que se ha venido imponiendo en el último tiempo, en que se han creado organismos constitucionalmente autónomos, es decir, irresponsables políticamente, como se hizo con el Servel y como se ha postulado hacer con el SII, el INE y la Defensoría Penal Pública.

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¿Un Estado compasivo?

CONTRA LA voluntad de sus padres, Charlie Gard, un niño inglés de siete meses, deberá cumplir una orden judicial: ser desconectado.El menor sufre una extraña enfermedad genética, que se traduce en que no se obtiene energía para los músculos, riñones y cerebro, entre otros efectos. Los médicos aseguran que tiene un daño irreversible y que se debe dejar de proporcionarle apoyo vital, para pasar solo a cuidados paliativos. Como los padres se oponen a desconectar a Charlie, el centro médico recurrió a la justicia para que tomara la decisión final.

Los padres de Charlie -que ven con horror la decisión del juez- recibieron desde EE.UU. una oferta para seguir una terapia experimental de un costo superior a US$ 1.5 millones, nunca aplicada a un paciente en fase terminal. La conmoción de este caso hizo que esta historia entrara en el corazón de los británicos. El dinero se recaudó, pero la decisión del juez no cambió. Sus fundamentos fueron científicos y también basados en la compasión que dijo sentir por el niño sin posibilidades de sobrevida.

El caso plantea un complejo panorama ético legal. ¿Hasta qué punto se extiende el contenido del derecho a la vida? Y principalmente, ¿quién es el titular de la decisión, cuando Charlie ni siquiera puede expresar su sentir? Quizás la única seguridad que ofrece el caso, atendido lo terminal del diagnóstico, es que no estamos frente a una situación de eutanasia activa.

Si Charlie hubiese nacido en Chile, ¿podría el Estado forzar un tratamiento médico paliativo destinado a desconectarlo, contra la voluntad de sus padres? Es muy probable que nuestros jueces hubiesen fallado en forma diferente al magistrado de Londres. Nuestros tribunales han profundizado sobre el contenido del derecho a la vida, consagrado en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución, y sobre los límites de la intervención del Estado en relación a un tratamiento médico.

El derecho a la vida no se limita a la mantención de las funciones biológicas. Se extiende también al derecho de llevar una vida digna y humana, bajo parámetros determinados libremente por cada uno. Es por ello que un paciente adulto podría, legítimamente, rechazar un tratamiento médico en condiciones similares a las del pequeño Charlie.

Sin embargo, Charlie en este momento, no tiene posibilidades de “hacer o decidir la vida”. Son sus padres quienes deben decidir cuáles son esos parámetros de humanidad que quieren para su hijo. No existe racionalidad posible en que al Estado le quepa, aun movido por los motivos más nobles, sustituir su voluntad e inmiscuirse dentro de ése ámbito esencial para la dignidad humana.

Frente a una situación así, son los padres quienes deben decidir la forma en que transcurrirá lo que queda de vida al hijo sin que pueda el Estado desviar su decisión con el uso de la fuerza, ni ordenar su desconexión. Bajo esas circunstancias, cobran pleno valor las creencias personales de los padres. Por algo el nacimiento se llama dar a luz. No será el Estado quien la apague ni a quien le competa el sentimiento de la compasión.

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El magnífico libro de Alejandro Guillier

EN EL prólogo de De cara al país, el recién publicado libro de conversaciones entre Alejandro Guillier y Raúl Sohr, el entrevistador nos entrega un dato biográfico de Guillier que a él le resulta grandilocuente y anticipador de todo lo que vendría luego: “Las inquietudes políticas lo asaltaron desde temprano. Fue presidente del Centro de Alumnos de su liceo antofagastino”. Un poco más adelante, Sohr da fe del impecable manejo del candidato presidencial del PS para enfrentar y vencer la adversidad: “En una oportunidad en que él conducía el noticiero y yo abordaba un tema internacional, se presentaron imágenes ajenas a la materia en cuestión. Al percatarse de la situación pasó a entrevistarme con absoluta naturalidad. Las cámaras se enfocaron en nosotros”. Y si se trata de probar el coraje y el arrojo de Guillier ante los poderosos, no hay como la frase que sigue: “Digamos las cosas como son. En este país los empresarios se coluden hasta con los pañales”.

Es tal la admiración que despierta en Sohr la figura de Guillier, tal la amabilidad que manifiesta con sus preguntas obsecuentes (hay momentos en que incluso el entrevistador le completa las frases al entrevistado), que lo que pudo haber sido un libro serio, no digo iluminador pero medianamente serio, termina siendo un documento que debiera estudiarse en las facultades de Comunicación como modelo de entrevista farsesca. Curiosamente, los dos son enfáticos en defender la objetividad en el periodismo, un concepto bastante pasado de moda y mediocre que no es del caso discutir ahora, aunque, bajo estas circunstancias, es imposible no reparar en algo que salta a la vista: ambos no han leído ni una sola página del excelente periodismo que se ha escrito en el mundo durante los últimos 50 años.

En octubre del año pasado, en una columna publicada aquí mismo, me pregunté quién es Alejandro Guillier. Sobre la base de la información disponible no fue muy difícil concluir que el hombre ama el poder y que, valiéndose del oportunismo, y muchas veces de la mentira y del abuso de esa objetividad dudosa que tanto pregona defender, ha conseguido grandiosos objetivos. De cara al país aspira a responder la misma pregunta y, tal vez involuntariamente, entrega datos que ayudan a completar el retrato siempre difuso de Alejandro Guillier. Un ejemplo: la falta de opinión del comunicador, su notable explotación de lo melifluo y lo acomodaticio, quedan muy bien explicadas con la siguiente declaración: “Lucía Castellón, mi jefa en la universidad, dice de mí (incluso lo dijo en El Mercurio en una entrevista) que le encanta que sea así, porque siempre que había una sesión de trabajo todo el mundo opinaba y yo sólo tomaba nota. Una vez que todos habían hablado, yo recogía y hacía la síntesis”.

Más datos del libro: Guillier le tiene mucho cariño a Juan Emilio Cheyre, militar acusado de violaciones a los Derechos Humanos. Guillier, el candidato presidencial del Partido Socialista, sostiene ser un hombre “no tan vinculado a la cultura de izquierda”. Guillier relata que llegó a vivir a Santiago en calidad de Carmela de San Rosendo (“No tenía abrigo. Me acuerdo de que me ponía como tres suéteres para ir a trabajar; después me conseguí un chaquetón viejo”), lo que hace que el lector se pregunte: ¿desde cuándo que el provincialismo quejica es una virtud? Guillier pretende descentralizar Chile (Raúl Sohr estima que su propuesta al respecto “es modesta pero bastante ambiciosa”). Guillier asegura que en Chile no existen ni el Estado ni el mercado. Y en cuanto a la representación política del pueblo mapuche, nuestro hombre admite que “todavía no me atrevo a tener ninguna opinión”.

Releo lo recién escrito y me doy cuenta de algo grave: he sido sumamente mezquino con De cara al país. Sin que siquiera lo pidiésemos, todo lo que nos faltaba saber acerca de Alejandro Guillier está entre sus páginas. Pero ya es tarde para enmendarme, razón por la que, al menos, le haré justicia al documento con el título de esta columna.

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